REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 369ª
Sesión 49ª, en martes 29 de junio de 2021
Ordinaria
(Celebrada presencial y telemáticamente, de 16:18 a 20:05)
PRESIDENCIA DE SEÑORA YASNA PROVOSTE CAMPILLAY, PRESIDENTA
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR,
Y EL SEÑOR JULIO CÁMARA OYARZO, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron presencialmente las señoras y los señores:
--Alvarado Andrade, Claudio
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Carvajal Ambiado, Loreto
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Insulza Salinas, José Miguel
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Asistieron telemáticamente las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Araya Guerrero, Pedro
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Montes Cisternas, Carlos
--Navarro Brain, Alejandro
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Sabat Fernández, Marcela
--Soria Quiroga, Jorge
Concurrieron, además, telemáticamente los Ministros de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández; del Trabajo y Previsión Social, señor Patricio Melero Abaroa, y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés Chadwick.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Máximo Pavez Cantillano, y del Trabajo, señor Fernando Arab Verdugo, y la Directora del Trabajo, señora Lilia Jerez Arévalo.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Secretario y Prosecretario subrogante, el señor Julio Cámara Oyarzo.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:18, en presencia de 16 señoras Senadoras y señores Senadores.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 85ª a 88ª, en septiembre de 2020, y 41ª a 44ª, en junio de 2021, que no han sido observadas.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez (boletín N° 14.445-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el segundo inicia un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín N° 14.446-09).
--Pasa a la Comisión de Obras Públicas, Recursos Hídricos y Hacienda, en su caso.
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario, de terminación de arrendamiento y de comodato (Boletín No 12.809-07).
2.-
El que introduce diversas modificaciones al Código Penal referidas al delito de incendio (Boletines Nos 13.716-07 y 13.719-07, refundidos).
3.-
El que reforma la Constitución Política para regular el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (boletín N° 13.086-07).
4.-
El que Modifica artículo 476 del Código Penal, para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso (boletín N° 13.889-07).
5.-
El que modifica las leyes Nos 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático (boletín N° 9.715-07).
6.-
El que modifica la ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Boletín Nº 14.077-18).
7.-
El que modifica la ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica (boletín N° 8.466-07).
8.-
El que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica (Boletín Nº 12.212-13).
9.-
El que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (Boletines Nºs 13.588-07, 11.915-07, 12.668-07 y 12.776-07, refundidos).
10.-
El que modifica las sanciones del delito de usurpación y las equipara con las de otros delitos a la propiedad (Boletines Nos 13.657-07 y 14.015-07, refundidos).
11.-
El que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley N° 20.720, y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas (boletín N° 13.802-03).
Con los tres siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para el despacho de las siguientes iniciativas:
1.-
La que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado (boletín N° 14.137).
2.-
La que crea un Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones del Tránsito y modifica las leyes N° 18.287 y N° 18.290 (Boletín Nº 9.252-15).
3.-
La que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (boletín N° 12.192-25).
4.-
La que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín Nº 12.589-07).
5.-
La que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos, y entregar prioridad en la admisión a estudiantes bajo cuidado alternativo del Servicio Nacional de Menores y aquellos con necesidades educativas especiales permanentes (Boletín Nº 12.486-04).
6.-
La que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (Boletín Nº 13.565-07).
7.-
La que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (boletín N° 12.195-10).
8.-
La que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia (Boletín Nº 12.436-04).
9.-
Sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín Nº 12.507-11).
10.-
La que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad (Boletín Nº 12.467-15).
11.-
El que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (Boletines Nos 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos).
12.-
El que tipifica la utilización de menores para la comisión de crímenes o delitos (boletín N° 11.985-07).
13.-
La que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín Nº 12.092-07).
14.-
El que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín N° 8.335-24).
15.-
El que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación (Boletín Nº 13.982-25).
16.-
El que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial (Boletín Nº 12.979-04).
17.-
El que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile (Boletín Nº 13.124-07).
18.-
El que promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor (Boletín Nº 13.822-07).
19.-
El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados (Boletín Nº 12.065-15).
20.-
Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín Nº 11.077-07).
21.-
El que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín Nº 13.191-12).
22.-
El que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios (Boletín Nº 13.740-07).
23.-
El que perfecciona la ley N° 19.657 sobre concesiones de energía geotérmica para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero de energía geotérmica (Boletín Nº 12.546-08).
24.-
Sobre modernización de la franquicia tributaria y modificación de fondos públicos que indica (Boletín Nº 12.487-05).
25.-
El que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal (Boletín Nº 12.699-07).
26.-
El que crea un beneficio transitorio para el pago del crédito con garantía estatal establecido en la ley N° 20.027 (Boletín Nº 13.758-05).
27.-
El que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a ésta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín Nº 12.229-02).
28.-
El que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, sancionando el porte e ingreso de armas en lugares de acceso público (Boletín Nº 999325).
29.-
El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín Nº 11.174-07).
30.-
El que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de Educación Parvularia (Boletín Nº 12.118-04).
31.-
El que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín Nº 12.250-25).
32.-
El que modifica la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Boletín Nº 12.100-07).
33.-
Sobre nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria (Boletín Nº 11.540-14).
34.-
El que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad (boletín N° 13.046-25).
35.-
El que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales (boletín N° 12.826-13).
36.-
El que modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales, por motivos de seguridad (Boletín Nº 13.885-06).
37.-
El que establece la obligación de las personas sin fines de lucro de informar acerca de los aportes que reciban (Boletín Nº 12.679-07).
38.-
El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín 12.288-14).
39.-
El que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos, y modifica los cuerpos legales que indica (boletín N° 14.446-09).
Con el último hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente (Boletín Nº 13.869-29).
2.-
El que autoriza erigir un monumento, en el Aeródromo Cañal Bajo Carlos Hott Siebert, de la comuna de Osorno, región de Los Lagos, en memoria de Carlos Hott Siebert (Boletín Nº 12.369-24).
--Se toma conocimiento de las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados
Con el primero comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares", adoptado en Nueva York, el 7 de julio de 2017." (boletín N° 14.007-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Hacienda, en su caso.
Con el siguiente informa que ha aprobado el proyecto de ley que establece fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en contexto de estado de excepción constitucional por pandemia de COVID-19, en las condiciones y con los efectos y excepciones que señala (boletín N° 13.778-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Con el último, señala que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del COVID-19 (boletín N° 14.225-13).
--Queda para tabla.
Informes
De la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre endoso o transferencia del pasaje de transporte aéreo, del titular a un tercero (boletines N°s 9.509-15, 12.285-15, 9.980-03, 12.773-19, 12.825-15, refundidos).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional:
-El que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Nairobi, el 11 de diciembre de 2018 (Boletín Nº 14.184-10).
-El que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Mancomunidad de las Bahamas, suscrito en Nairobi, el 12 de diciembre de 2018 (Boletín Nº 14.185-10).
-El que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo de Servicios Aéreos, suscrito en Nueva York, el 26 de septiembre de 2019 (Boletín Nº 14.187-10).
-El que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Ruanda, suscrito en Áqaba, Reino Hachemita de Jordania, el 4 de diciembre de 2019 (Boletín Nº 14.188-10).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua el Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (boletín Nº 13.907-13).
Mociones
De los Honorables Senadores señoras Goic, Muñoz y Van Rysselberghe y señores Galilea y Letelier, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad (boletín N° 14.449-13).
--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
De los Honorables Senadores señoras Aravena y Carvajal, y señores Durana, Elizalde y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que protege los derechos del deudor y facilita su incorporación al sistema financiero por medio de la contratación de productos y servicios financieros una vez terminados los procedimientos concursales de la ley N° 20.720 (boletín N° 14.447-03).
De los Honorables Senadores señoras Aravena y Carvajal, y señores Durana, Elizalde y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496 y fija un estándar de comunicación para el comercio electrónico (boletín N° 14.448-03).
--Pasan a la Comisión de Economía.
El señor CÁMARA (Prosecretario subrogante).-
Eso es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Gracias, señor Prosecretario.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Hemos recibido la solicitud del Presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Senador Carlos Montes, y adoptada por la unanimidad de sus miembros, por medio de la cual solicitan la autorización de la Sala a fin de que el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (boletín N° 12.288-14), que vence el próximo viernes, se amplíe hasta el 15 de julio del año en curso, a las 12 horas.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
Hay un proyecto de ley que otorga un bono al personal de la salud, que, en su caso, debiera pasar por la Comisión de Hacienda también.
Eso, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Le parece a la Sala?
Muy bien.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Gracias, Presidenta.
Entiendo que se dio cuenta de un proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos y se habría enviado a la Comisión de Obras Públicas.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No. Fue enviado a la Comisión de Obras Públicas, a Recursos Hídricos y a la de Hacienda, en su caso.
La señora MUÑOZ.-
¡Ah!
Muy bien.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Presidenta, en la misma línea de la pregunta que ha hecho la Senadora Muñoz, el proyecto que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, más que un cambio en el régimen, establece una institucionalidad.
Como Presidente de la Comisión de Obras Públicas, me parece importante ver la institucionalidad, pero aquellos aspectos que puedan modificar o establecer situaciones con relación al recurso propiamente tal o los derechos de aprovechamiento, tiene que estudiarlos la Comisión de Recursos Hídricos.
Me parece bien la solución, estableciendo ese orden: la institucionalidad primero y el tema de fondo, posterior.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Efectivamente, tal como se dio lectura en la Cuenta, el orden es así: pasa a la Comisión de Obras Públicas, luego a la de Recursos Hídricos y a la de Hacienda, en su caso.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Presidenta, quiero confirmar si llegó en la Cuenta una petición que se le había hecho al señor Ministro de Hacienda.
Entiendo que este es un tema de interés para todos.
Impuestos Internos ha fijado hasta hoy el plazo para que todos los municipios de Chile informen quiénes son los feriantes o los posibles beneficiarios del bono correspondiente.
Demoró la Contraloría General de la República un tiempo para definir un criterio -y entiendo que lo definió-, pero como los alcaldes y las alcaldesas de Chile recién asumieron ayer y hoy es su primer día de funciones, creo que es medio breve el plazo para que ellos puedan recaudar esa información y remitirla adecuadamente a Impuestos Internos.
Y si aún no hay un informe en esa materia -se lo pedí al señor Ministro de Hacienda; ayer tomé contacto con él-, me gustaría que en la Sala nos podamos pronunciar en el sentido de que el Gobierno aplace una semana, de forma tal que los alcaldes y las alcaldesas puedan, con sus unidades de renta o el departamento que corresponda, pedir la información a fin de enviarla debidamente.
¿Cuál es la inquietud, señora Presidenta? No es justo que un alcalde o una alcaldesa recién asumida tenga después toda la presión de la comunidad por un mal trabajo, porque no les enviaron adecuadamente la información de Impuestos Internos y no sabían de este plazo de doce horas, desde que asumieron, para enviar la información.
Por eso consulto si llegó la información de Hacienda o si podemos pedir unánimemente una prórroga al plazo que ha fijado Impuestos Internos.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
La Secretaría está chequeando si ha llegado una información por escrito, porque, tal como recuerda el Senador Letelier, en la discusión del bono a las empresas de menor tamaño el Ministerio de Hacienda comprometió entregar, formalmente y por escrito, la información de aquellos que habían hecho convenios antes de la ley, en condiciones bastante más desmejoradas que las que disponía ese propio cuerpo normativo.
La Secretaría está revisando y al parecer inicialmente no ha habido respuesta.
Entonces, si la Sala está de acuerdo, podríamos reiterar dicha solicitud como Senado.
¿Le parece a la Sala?
Acordado.
La segunda solicitud que hace el Senador Letelier consiste en que podamos enviar un oficio al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que el plazo que tienen las respectivas municipalidades para mandar la información de todos aquellos trabajadores y trabajadoras de ferias libres que tienen sus permisos municipales al día se prorrogue por una semana.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón, sobre el punto.
El señor SANDOVAL.-
Yo había pedido la palabra, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador, estamos conscientes de que usted había solicitado la palabra primero.
Pero sobre el punto le voy a dar la palabra a la Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Gracias, Presidenta.
Por eso le estaba pidiendo la palabra.
Este tema fue abordado hoy día en la Comisión de Hacienda no solo por el tema de los feriantes, por el plazo que, tal como señala el Senador Letelier, vence ahora y por los alcaldes que han asumido, sino, además, por todo lo que significó el tema de la interpretación de la que usted ya ha dado cuenta.
Y no solo el Ministro de Economía, que es el que ve estos temas, sino también la Comisión de Hacienda ya oficiamos al Servicio de Impuestos Internos, porque, primero, el plazo no está en la ley, y, segundo, porque se requiere ampliar, por criterio, el mismo para la información desde los municipios.
En consecuencia, para que sepa la Sala, este tema ya lo abordamos hoy día con la autoridad, quien se comprometió a verlo, y además nosotros también acordamos oficiar, lo que no obsta a que el Senado también pueda hacerlo.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, dado que el Servicio de Impuestos Internos es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, sugiero que oficiemos como Senado al Ministro de Hacienda, solicitando un plazo adicional para los feriantes.
Así se acuerda.
Muchas gracias.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval sobre la Cuenta.
El señor SANDOVAL.-
Gracias, Presidenta.
Lo que pasa es que el Ejecutivo le pone urgencia "suma" al proyecto que promueve el envejecimiento positivo y el cuidado integral de las personas mayores (boletín N° 13.822-07).
En realidad, en la Comisión se presentaron sendas indicaciones al proyecto, pero ha faltado un poquito de proactividad también desde el otro lado. O sea, nos están poniendo urgencia "suma", pero el Ejecutivo no se activa en lo que respecta a las indicaciones para el trabajo a nivel de las Comisiones técnicas.
Por ello, a lo mejor podríamos oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para que acelere el procedimiento de encuentro y avancemos en esa importante ley, que apunta fundamentalmente al cuidado integral de los adultos mayores.
Ellos nos fijan la "suma", la urgencia de tramitación, pero ha faltado la corresponsabilidad de la contraparte, del propio Ejecutivo, para avanzar en los detalles de ese proyecto.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Si le parece a la Sala, accederemos a la solicitud del Senador David Sandoval para oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Así se acuerda.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Gracias, Presidenta.
Sé que es un punto que ya tratamos, pero creo que hay algo que aclarar en relación con el planteamiento del Senador Letelier, al cual le encuentro toda la razón.
Mi preocupación no es solamente que se informe hasta el día 30 el hecho de que no hay deuda vinculada al pago de patentes, sino también que se extienda el plazo de repactación. De lo contrario, vamos a tener un segundo problema: todos pueden acceder, pero un porcentaje importante de gente no pudo repactar porque no tuvo los recursos.
A mí me da la impresión de que, tal como dijo el Senador Letelier, recién se supo el viernes la resolución de Contraloría y, por tanto, no hubo tiempo para repactar, pues el lunes fue feriado en los municipios.
Entonces, Presidenta, yo le pido que también nos hagamos cargo de que ese plazo permita que los feriantes repacten, de tal manera que abarquemos el mayor número de personas. Si no, de nuevo vamos a tener que ver esta normativa acá.
Eso solamente.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, señora Senadora.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le damos la bienvenida al Senador Alejandro Navarro, quien todavía está en una residencia sanitaria.
¿Quiere hacer uso de la palabra, Senador?
El señor NAVARRO.-
Sí, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muy bien.
Puede intervenir.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, pienso que fue extraordinaria la inclusión de las ferias libres en los beneficios que ha entregado el Gobierno.
Sin embargo, diversos dirigentes del circo tradicional chileno me han dicho -en Chile no son más de cien circos- que ellos quedaron fuera.
Y creo que también hay que tener presente, con ocasión de facilitar el trámite de acceso a las ferias libres, al sector del accionar cultural y artístico de Chile, que quedó marginado.
Espero que esto podamos corregirlo lo más pronto posible.
El circo tradicional chileno no son más de cien en todo el país.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muy bien.
Muchas gracias, Senador Navarro.
Tiene la palabra el Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Aprovechó de saludarla a usted y también a todos.
Quiero hacerme parte de la preocupación del Senador Navarro. Me han llamado muchas personas vinculadas a los circos, que han quedado fuera de este beneficio.
Para ellos, sin duda, esta ha sido una situación bastante compleja y se encuentran paralizados hace mucho mucho tiempo, prácticamente más de un año y medio.
Entonces, ojalá pudiéramos oficiar al Ejecutivo con el fin de que los circos sean incorporados lo antes posible, porque si hay un sector que ha sufrido este también ha sido el de la actividad circense.
Eso se lo agradecería.
En segundo lugar, la semana pasada se aprobó la prórroga del estado de excepción, pero ojalá que el Gobierno anuncie lo antes posible -¡lo antes posible!- cuáles serán las nuevas condiciones del Paso a Paso, porque hay situaciones incomprensibles.
Como bien decían, en Isla de Pascua ya no tiene sentido estar con toque de queda. El tema de los aforos en la zona sur no tiene nada que ver con la realidad del norte ni con la zona nuestra, la central.
Y en general hay personas que tienen problemas para salir del país. No es posible que estén pidiendo permiso para eso. Pueden hacerlo perfectamente. ¡Si el problema es la entrada!
Entonces, hay una serie de situaciones que ojalá el Ejecutivo las anuncie lo antes posible, porque están afectando seriamente la vida.
Y me parece importante relevar, sobre todo, la salud mental de mucha gente que hoy día está sufriendo, pues no tiene las condiciones para vivir de la mejor forma, especialmente sus hijos.
Por lo tanto, Presidenta, ojalá el Ejecutivo nos escuche en esto, que tanto se planteó cuando se aprobó la prórroga del estado de excepción, entre otras tantas inquietudes que tenían los Parlamentarios.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, accederíamos a la solicitud del Senador García-Huidobro en cuanto a oficiar al Ministerio de Salud para que dé a conocer las modificaciones de la estrategia del plan Paso a Paso.
--Se accede a la solicitud.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Agradecemos también su adhesión a lo que planteó el Senador Navarro respecto de los trabajadores circenses.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Con mucho respeto por todos mis colegas, estoy de acuerdo en los temas que se han expuesto aquí; estoy a favor de todos ellos y también de los oficios que se han solicitado, pero creo que estamos traspasando la hora de Incidentes para el comienzo de la sesión.
Yo me atrevería a sugerir, no a usted en realidad, Presidenta, porque no corresponde -la Mesa no tiene ninguna responsabilidad en esto-, pero sí a los Comités, que realmente usemos la hora de Incidentes para plantear los problemas del plan Paso a Paso y los otros puntos, de modo que en la Cuenta y el Orden del Día nos aboquemos a los asuntos propios de esas partes de la sesión, porque, si no, vamos a dejar de ver al menos un proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador José Miguel Insulza.
ACUERDOS DE COMITÉS
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario, para que dé lectura a los acuerdos de Comités.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta, buenas tardes.
Los Comités, en sesión celebrada el viernes 25 de junio recién pasado, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar en tabla de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria del martes 29 de junio en curso, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 29 de junio de cada año como Día del Folclor Urbano Roberto Parra (boletín N° 14.214-24).
2.-
Considerar en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 29 de junio, las siguientes iniciativas:
-Primero, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletines N°s. 13.115-06 y 13.565-07, refundidos).
-Segundo, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales (boletín N° 12.826-13).
-Tercero, proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Chahuán y Quinteros, en primer trámite constitucional, que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlos públicamente (boletín N° 13.892-11).
3.-
Tratar en tabla de Fácil Despacho, en la sesión ordinaria del miércoles 30 de junio del presente año, los siguientes asuntos, siempre que, en todos los casos que se indican, se hubieren recibido los respectivos informes de la Comisión de Relaciones Exteriores:
-Primero, proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Chile y la República Checa, suscrito en Nairobi el 11 de diciembre de 2018 (boletín N° 14.184-10).
-Segundo, proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la Mancomunidad de Las Bahamas, suscrito en Nairobi el 12 de diciembre de 2018 (boletín N° 14.185-10).
-Tercero, proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo de Servicios Aéreos, suscrito en Nueva York el 26 de septiembre de 2019 (boletín N° 14.187-10).
-Cuarto, proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la República de Chile y el Gobierno de Ruanda, suscrito en Áqaba, Reino Hachemita de Jordania, el 4 de diciembre de 2019 (boletín Nº 14.188-10).
4.-
Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 30 de junio del presente año, las siguientes iniciativas:
-Primero, informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, y otorga ayudas extraordinarias para las familias en contexto del COVID-19 (boletín N° 14.225-13), siempre que fuere despachado por la Cámara de Diputados y se hubiere recibido el oficio respectivo.
-Segundo, proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988 y suscrito por Chile el 5 de junio de 2001 (boletín N° 4.087-10).
-Tercero, informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que establece modificaciones a la legislación sobre expendio, comercialización y producción de bebidas alcohólicas (boletines N°s 2.973-11, 4.181-11, 4.192-11 y 4.379-11, refundidos).
-Cuarto, informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (boletín N° 12.188-04).
5.-
Citar a sesión especial para el próximo jueves 1 de julio, de 9:30 a 12 horas, para tratar en primer, segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, del Orden del Día, las siguientes iniciativas:
-Primero, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, y la ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celíaca y al gluten como su principal causante en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas (boletín Nº 12.906-11).
-Segundo, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.296 en lo relativo a las acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de los ascensores (boletín N° 11.584-14).
-Tercero, proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señor Insulza, señora Muñoz y señores Elizalde, Guillier y Latorre, en primer trámite constitucional, que modifica y fortalece la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación (boletín N° 12.748-17).
-Cuarto, proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura (boletín N° 14.178-21), siempre que fuere despachado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
6.-
Encargar a la Secretaría del Senado la elaboración de una nómina de iniciativas legales que proponen la celebración de días nacionales, en homenaje o conmemoración a distintas actividades o acontecimientos, indicando la fecha desde la cual se encuentran en estado de tabla.
7.-
Se tomó conocimiento del informe relativo a la situación sanitaria de la Corporación, indicando el número de controles de test de antígenos efectuados y los controles aplicados al personal de las empresas externas que concurren al Senado. Asimismo, se dio a conocer el número de nuevos casos de coronavirus entre funcionarios de la Corporación.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Se ofrece la palabra sobre los acuerdos de Comités.
Se ofrece la palabra.
La tiene el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Presidenta, tengo entendido que mañana se va a realizar la votación de un día en particular en el primer punto de la tabla.
Existe una solicitud, desde hace largo tiempo, para el "Día del Manejo del Recurso Hídrico" en el mes de septiembre. Es una fecha pedida por los distintos comités de agua potable rural para el manejo sustentable del agua. Y es una fecha bien simbólica.
Entonces, si se van a agrupar proyectos de esa naturaleza para reconocer con un día a determinada actividad, pido que aquel también sea considerado.
Puedo adjuntar el boletín y poder zanjar el mismo concepto de lo que se tiene en consideración para la votación de mañana como primer punto de la tabla.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Senador.
Por eso en el punto 6 de los acuerdos de Comités, leídos por el señor Secretario, precisamente se le solicita a la Secretaría realizar un consolidado de todos los proyectos pendientes de llegar a la Sala, de manera que el criterio de la oportunidad y el tiempo que han estado esperando sea igualmente parte de la decisión y las prioridades que establezcan los Comités para que sean vistos por la Sala.
Pero, señor Senador, se acoge el punto y su preocupación.
Sigue ofrecida la palabra.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Hay una solicitud para que ingrese el Subsecretario General de la Presidencia, Máximo Pavez.
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se autoriza el ingreso.
ESTABLECIMIENTO DE 29 DE JUNIO COMO DÍA NACIONAL DEL FOLCLOR URBANO ROBERTO PARRA
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Vamos a iniciar, entonces, de acuerdo con la tabla y los acuerdos de Comités leídos por el señor Secretario, en Fácil Despacho, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 29 de junio de cada año (precisamente un día como hoy) como Día Nacional del Folclor Urbano Roberto Parra, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 14.214-24) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Saludamos a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés, que ha solicitado la palabra sobre este proyecto.
Si le pareciera a la Sala, haríamos una gran excepción con usted, pues en los asuntos de Fácil Despacho, en general, no hay intervenciones. Pero, si no hubiera objeción, le permitiríamos a la Ministra, excepcionalmente, referirse a esta moción parlamentaria.
¿Habría acuerdo?
Señora Ministra, tiene usted la palabra.
La señora VALDÉS (Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio).-
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, señora Presidenta, Senadora Yasna Provoste. Saludo también, por su intermedio, a las Senadoras y Senadores que concurren a esta sesión, así como a quienes integran los respectivos equipos de trabajo.
Agradezco la excepción que han hecho.
La verdad es que durante las últimas etapas de la tramitación de este proyecto diversas voces nos hemos referido a las numerosas y reconocidas razones por las cuales Roberto Parra Sandoval merece el honor de que se declare el 29 de junio como Día del Folclor Urbano Roberto Parra. ¡Y qué más oportuno que hacerlo como una forma de relevar su centenario!
Hago propios aquellos argumentos que vienen a destacar, ante todo, su valor como creador y artista, pero también como poeta, en el más profundo sentido de la palabra, como el que reinventa y nos encanta con un lenguaje que está vivo en lo cotidiano.
Quisiera destacar el trabajo de las Diputadas Carolina Marzán y Camila Rojas, autoras e impulsoras de este proyecto, así como la labor que realizan gestoras y gestores desde los territorios, especialmente desde el puerto de San Antonio, por darle sentido y seguir difundiendo esa identidad urbana y tan genuina que él nos legó.
Desde nuestro Ministerio, esperamos que esta iniciativa sea votada favorablemente, para así entregarle un merecido homenaje e instar a que su nombre sea recordado por medio de todas las acciones y sea valorado como un pilar clave en el patrimonio cultural del país.
En tal sentido, quisiera compartir con ustedes que el Consejo de Fomento de la Música Nacional, en su última sesión, el 18 de junio, acordó la creación de un concurso que llevará el nombre de Roberto Parra, como una manera de reconocer su aporte a la música popular chilena y de transmitir su legado entre las nuevas generaciones. Esta convocatoria busca premiar a aquellos músicos y músicas que cultivan el folclor urbano, fomentando así este estilo musical en su recuerdo.
Muchísimas gracias, señora Presidenta y distinguidas Senadoras y Senadores.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Le voy a ofrecer de inmediato la palabra al señor Secretario, para que haga una relación del proyecto de ley; a continuación, se la voy a otorgar al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Senador Jaime Quintana, para que rinda informe a la Sala, y luego vamos a proceder a abrir la votación.
Les recuerdo a los y las colegas que se encuentran de manera telemática que vamos a funcionar también con el voto electrónico.
Señor Secretario, tiene la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 29 de junio de cada año como Día del Folclor Urbano Roberto Parra, iniciativa que tiene el boletín N° 14.214-24.
El objetivo de la iniciativa es, tal como lo indica su denominación, declarar el 29 de junio de cada año como Día del Folclor Urbano Roberto Parra.
Con tal finalidad, se dispone que durante ese día se promoverá toda clase de acciones educativas, de difusión, comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con la referida declaratoria.
La Comisión de Educación y Cultura hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular la iniciativa, por tratarse de un proyecto de artículo único, y acordó, unánimemente, proponer a la Sala que utilice el mismo procedimiento para su discusión.
La referida Comisión aprobó en general y en particular el proyecto de ley por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Provoste y señores García, Montes y Quintana, en los mismos términos en que fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la página 5 del informe de la Comisión de Educación y Cultura y también se encuentra disponible en la plataforma de esta sesión remota o telemática y ha sido remitido a los correos de todas las señoras y señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Le ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Educación, Senador Jaime Quintana, para que rinda el respectivo informe a la Sala.
El señor QUINTANA.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Como se ha dicho, nos corresponde entregar un informe de este proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece el 29 de junio, precisamente hoy, como Día Nacional del Folclor Urbano Roberto Parra.
La Comisión de Educación y Cultura trató, en su sesión del 14 de junio recién pasado, el proyecto en debate, iniciado en moción de las Diputadas Carolina Marzán, Camila Rojas, Marisela Santibáñez y los Diputados Jorge Brito, Andrés Celis, Marcelo Díaz, Amaro Labra, Víctor Torres, Renzo Trisotti y Daniel Verdessi.
Cabe consignar que para la discusión de esta iniciativa legal la Comisión contó con la participación de la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, a quien acabamos de escuchar en la Sala.
El objetivo del proyecto, como se señaló en la relación, es declarar el 29 de junio de cada año como Día Nacional del Folclor Urbano Roberto Parra. Con tal finalidad, se dispone que durante ese día se promoverán toda clase de acciones educativas, de difusión, comunicacionales, culturales y artísticas relacionadas con la referida declaración.
La moción parlamentaria da cuenta de la vida de un artista multifacético; nacido en una familia de marcado linaje folclórico, como la de los Parra; vinculado al arte popular en virtud de una formación autodidacta; de un excepcional talento volcado al canto, la poesía y el teatro; polivalente en la expresión de lo popular, y cultor de las décimas que dan vida a la mítica Negra Ester.
En relación con esta última, la moción recuerda que se estrenó en 1988 y que su éxito obligó a más de 25 temporadas en Chile y cinco giras internacionales. Este éxito lo llevó, a comienzos de los años noventa, a recorrer Europa junto al Gran Circo Teatro.
Su prestigio como dramaturgo se acrecentó con el estreno, en 1993, de El desquite, otra obra de su autoría llevada a las tablas por la compañía Sombrero Verde. Seis años después de su estreno, llegaría al cine bajo la dirección de Andrés Wood y con la música de Álvaro Henríquez. Este último, sin embargo, sería un tributo póstumo, puesto que Roberto Parra, como saben, murió en abril de 1995, a los setenta y tres años de edad.
Asimismo, los autores de la iniciativa destacan que Roberto Parra Sandoval, definido por su irrefrenable pasión hacia los sitios que nutrieron su inspiración en lo cotidiano, como ferias, caletas, mercados, bares y un sinfín de chincheles donde se jugaba el genio y la picardía del pueblo chileno, y respirando esa atmósfera, resolvió la esencia de aquello en décimas, dichos, cuecas choras, jazz guachaca, historias para el cine y un acentuado aroma de chilenidad en su propio personaje.
En esta línea -agregan los autores-, su obra es una constatación del hecho conocido, nacionalmente al menos, de que chilenos y chilenas reímos de nuestra propia desgracia; disfrutamos de la compañía del compadre y la comadre; aplaudimos la talla espontánea, y somos solidarios cuando golpea la vida, rozando el mito epopéyico de la tragedia de un pueblo esculpido a base de golpes telúricos. En ese mundo, rico en cultura y precario en la sobrevivencia, Roberto Parra absorbió el genio popular, lo cual lo transforma en un artista imposible de etiquetar.
Los y las mocionantes sostienen que su obra da cuenta de mundos populares aplaudidos por toda la sociedad chilena, pero que aún no obtiene el reconocimiento que le corresponde en el canon de la cultura nacional, lo cual se pretende lograr a través de este proyecto de ley.
Luego, la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, puso de relieve la figura de Roberto Parra para el desarrollo del folclor urbano en el país y el justo reconocimiento a su extensa trayectoria y labor realizada que constituye la iniciativa legal en informe. En ese sentido, añadió que en los fundamentos de la moción que dio inicio a este proyecto de ley, ya reseñados, es posible advertir todo lo que significó quien se pretende homenajear para el desarrollo cultural del país.
En esa virtud, la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión compartió a plenitud los fundamentos de este proyecto de ley y el texto que se propone, reconociendo que el día de su nacimiento, 29 de junio, que corresponde además a la festividad de San Pedro y San Pablo, es un justo reconocimiento al extenso trabajo desarrollado por el folclorista en su vasta y fructífera trayectoria artística.
Puesto en votación en general y en particular el proyecto en informe, como se ha señalado, resultó aprobado por la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión, la Senadora señora Provoste y los Senadores señores García, Montes y Quintana.
Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias.
Quiero reiterar que el acuerdo de los Comités es que esta iniciativa sea tramitada en Fácil Despacho, por lo que ahora corresponde abrir la votación.
En los próximos segundos se encontrará abierta la votación para todos y todas, de manera simultánea.
La señora EBENSPERGER.-
¡Si pide la unanimidad, Presidenta!
El señor SANDOVAL.-
¡Por unanimidad, Presidenta!
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Nos puede resultar hasta más rápido, Senadora, si es que los colegas que se encuentran participando de manera telemática votan electrónicamente.
Bueno, tal vez puede resultar más rápido recabar la unanimidad, porque estamos con algunos problemas...
En votación.
--(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Está abierta la votación en la Sala.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Estimados colegas, se encuentra abierta ya la votación electrónica.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Como se indicó, se encuentra abierta la votación electrónica, para que puedan pronunciarse quienes estén participando en la sesión de manera remota. Hasta este momento no se han registrado votos electrónicos.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se encuentra abierta la votación electrónica. Me gustaría que los colegas indicaran con la mano si les ha llegado o no.
Por favor, le solicito a Informática que pueda verlo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Hemos registrado los votos electrónicos del Senador señor Huenchumilla, el Senador señor Soria y el Senador señor Lagos hasta este momento.
Si pueden votar electrónicamente los demás Senadores y Senadoras...
La Senadora señora Sabat acaba también de registrar su voto electrónico.
Bien, vamos a hacer la consulta nominalmente, para efectos de que no registren el voto electrónico y evitar así la duplicidad de votos.
Acaba de votar también el Senador señor Quinteros.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
El Senador señor Huenchumilla votó electrónicamente.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
El Senador señor Quinteros votó, la Senadora señora Sabat votó y el Senador señor Soria votó.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (35 votos a favor), y queda, por tanto, despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senador Guillier, usted quiere consignar su voto a favor, ¿verdad?
El señor GUILLIER.-
Así es, señora Presidenta.
Lo que ocurre es que pasaron muy apurados. ¡Entonces, me dejaron en el paradero...!
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Guillier y del Senador señor Chahuán.
Aprobada la iniciativa de ley que establece el 29 de junio como el Día Nacional del Folclor Urbano Roberto Parra.
A continuación, pasaremos al primer proyecto del Orden del Día.
NUEVO ESTATUTO DE PROTECCIÓN EN FAVOR DE DENUNCIANTE DE ACTOS CONTRA LA PROBIDAD ADMINISTRATIVA
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde discutir en general el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 13.115-06 y 13.565-07, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que haga la relación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
La iniciativa individualizada precedentemente corresponde a los boletines N°s 13.115-06 y 13.565-07, refundidos.
Cabe recordar que en la sesión del 22 de junio en curso la Sala del Senado inició el tratamiento de este proyecto de ley, quedando pendiente su discusión. A su respecto, es dable reiterar además lo siguiente.
Los objetivos de la iniciativa son establecer un nuevo sistema de recepción de denuncias, a cargo de la Contraloría General de la República; y reforzar las medidas de protección para el denunciante de actos contra la probidad administrativa.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió esta iniciativa de ley solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Bianchi y Ossandón.
La referida Comisión asimismo consignó en su informe que el artículo 7 y el número 1 del artículo 19 del proyecto de ley corresponden a normas de quorum calificado, por lo que requieren para su aprobación 22 votos favorables. En tanto que la letra a) del artículo 1, los artículos 3, 5, 9, 10, 12 y 13, y el número 2 del artículo 19 de la iniciativa, corresponden a normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren 24 votos a favor para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 37 y siguientes del primer informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala, y está disponible también en la plataforma de esta sesión remota o telemática y ha sido remitido a los correos electrónicos de todas las señoras y los señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Tal como lo ha señalado el señor Secretario, estamos reanudando esta discusión. Le damos la más cordial bienvenida al señor Ministro de Justicia, Hernán Larraín, que se encuentra con nosotros. Ya habíamos tenido la posibilidad de escuchar el informe del Presidente de la Comisión, así como también habíamos escuchado al propio Ministro de Justicia, quien dio a conocer la posición del Ejecutivo en relación con este proyecto de nuevo estatuto de protección en favor del denunciante.
Solo quiero recordar que el Senador Francisco Huenchumilla, en momentos en que estábamos terminando ya el Orden del Día, solicitó que dejáramos esta discusión para la sesión siguiente, cuestión que ha sido acordada así por los Comités.
Queremos ofrecer la palabra, si hay algún Senador o Senadora que requiera hacer uso de ella. Estamos en la discusión en general del proyecto.
Se ofrece la palabra.
Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra.
La señora EBENSPERGER.-
Gracias, Presidenta.
Como lo habíamos dicho la vez anterior, cuando me tocó informar el proyecto en reemplazo del Presidente de la Comisión, el Senador Bianchi, esta iniciativa crea un canal de denuncias en una plataforma electrónica administrada por la Contraloría General de la República para que cualquier persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o faltas administrativas, incluyendo también hechos constitutivos de corrupción o que afecten o puedan afectar bienes o recursos públicos en los que tenga participación el personal de la Administración del Estado, y también de otros organismos de ella, lo que es nuevo.
En la denuncia, que deberá iniciarse cumpliendo con todos los requisitos que generalmente se exigen para ello, el denunciante deberá manifestar si debe o no tener el carácter de reservada, es decir, si debe dársele este tratamiento o no.
Esta reserva, en el caso de los antecedentes, va a durar todo el tiempo que sea necesario para sustanciar los procedimientos administrativos que resulten indispensables para la investigación y para poner la denuncia en conocimiento de las instituciones o servicios públicos respectivos, y más allá también. Pero podrá cesar cuando sea necesario para la sustentación del proceso, sin perjuicio de lo cual existen ciertas medidas para resguardar al denunciante que ha pedido la reserva.
Recibida la denuncia, la Contraloría podrá ordenar al servicio público afectado la realización del sumario correspondiente o podrá llevarlo a cabo ella directamente, lo que también es una innovación, porque cabe recordar que hasta ahora la Contraloría, por regla general y por su ley orgánica, solo podía realizar ciertos sumarios administrativos que dicen relación generalmente con el uso indebido de vehículos públicos.
Una vez establecida la responsabilidad, cuando los procesos administrativos los sigue la Contraloría General, esto se pondrá en conocimiento de la autoridad competente para que imponga, como superior jerárquico, las sanciones que la Contraloría propone.
Acá también hay algo nuevo, porque esto se hace hoy día, pero la Contraloría no tiene cómo, una vez que lleva a cabo un sumario y propone sanciones, obligar al servicio público a hacer efectivas esas sanciones. Y en esta normativa se crea una figura o una sanción para el jefe superior del servicio que no ha hecho nada pasados los treinta días desde que ha sido notificado por la Contraloría el resultado de la investigación.
Quiero recordar que el jefe superior del servicio no es que esté obligado a imponer la sanción de la Contraloría, pero sí tiene que manifestarse respecto a lo que esta resuelva, aplicando la sanción propuesta o rebajándola, o incluso proponiendo en algunos casos sobreseer cuando haya nuevos antecedentes.
Como circunstancias atenuantes de la responsabilidad administrativa, la Contraloría General puede reconocer la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados.
Asimismo, se establece la obligación de denunciar del personal de la Administración del Estado ante los órganos administrativos o judiciales hechos de los que tome conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que sean constitutivos de delito o de faltas administrativas o infracciones disciplinarias.
Cabe recordar que hoy día esa obligación existe solo para los funcionarios de planta de los servicios públicos, y con este proyecto se incluiría a los funcionarios a contrata, a honorarios y bajo el Código del Trabajo. La denuncia pasaría a ser para estos también una obligación.
El personal que efectúa esta denuncia por medio del canal que corresponde podrá solicitar, como dijimos, o con posterioridad -aquí hay una especie de contradicción; será necesario ver cómo se soluciona-, ciertas medidas de protección.
En seguida, se hace una enumeración de muchas medidas de protección. Para hacer efectivas las primeras de ellas, el denunciante no tendría que haber hecho solicitud de reserva de su identidad, porque, si no, sería imposible aplicarlas, como son el que no sea trasladado, el que no se le precalifique, el que no se le aplique una medida disciplinaria, etcétera. En este caso, el denunciante no es anónimo; lo que hay es un denunciante con reserva de identidad. Pero, si hay un denunciante con reserva de identidad, mal podría alegar, por otro lado, o solicitar que se hagan efectivas en su resguardo este tipo de medidas preventivas o de protección, porque para ello tendría que levantar la solicitud de reserva de identidad.
El denunciante también, cuando ha levantado esta reserva, o habiendo hecho la denuncia, ha sido objeto de represalias, va a tener el plazo de diez días hábiles para dar a conocer y pedir la debida protección.
Se establece, en materia penal, el beneficio de la delación, de manera que el funcionario público que sea coautor, cómplice o encubridor de alguna conducta susceptible de ser sancionada penalmente podrá obtener una reducción de la sanción descrita en la ley ante el tribunal competente, para lo cual debe reunir una serie de requisitos, como haber cesado en la conducta sancionada, ser el primero en proporcionar los antecedentes, abstenerse de divulgar esto y no haber sido beneficiado anteriormente con algo similar.
Quiero señalar, Presidenta, que, si bien este proyecto es necesario, hay bastantes cosas que mejorar durante la discusión en particular. Debemos prestar especial atención a que dicho incentivo, esta protección que se pretende establecer para lograr que haya menos hechos de corrupción, de manera que los funcionarios puedan, cuando conocen hechos de esas características, denunciarlos tranquilamente, sin ser objeto de represalias, no se utilice mal, por lo que deben considerarse sanciones claras, tanto administrativas como penales, para las denuncias temerarias o falsas.
Porque lo que no se puede permitir es que se utilice esta ley, estas denuncias con reserva de identidad para resolver conflictos personales, políticos o, incluso, para evadir el ser calificado o el ser trasladado, cuando uno es un mal funcionario y quiere, de alguna manera, evitar las consecuencias que ello puede tener por la vía de hacer denuncias falsas.
Se requiere, también, tener claramente, diría yo, una atención al perímetro de las nuevas atribuciones de la Contraloría General de la República, porque con este proyecto, la verdad es que ella pasa a tener mucho mucho poder.
Yo estoy de acuerdo en que sea ella la que lleve los sumarios, en fin, pero, de verdad, se va a convertir en un organismo con un número importante de facultades y atribuciones, y debemos tener cuidado de que al ejercerlas respete la autonomía de ciertos servicios, ya que la ley en este país le ha entregado la facultad a la Contraloría General de la República de revisar la legalidad de todos los actos administrativos.
No tiene la atribución de revisar el mérito de tales actos. ¡No la tiene! Pero muchas veces dicho organismo, al ejercer sus funciones, transgrede ese límite y, en vez de revisar la legalidad de los actos administrativos, emite una opinión sobre el mérito. Esto no corresponde, sobre todo en organismos autónomos, porque se invade esa autonomía para tomar decisiones propias.
Presidenta, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto en general y esperamos que estas dudas y eventuales peligros de abusos futuros puedan resolverse en su discusión en particular.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Ha solicitado la palabra nuevamente el Senador Francisco Huenchumilla.
Tiene la palabra.
El señor HUENCHUMILLA.-
Muchas gracias, Presidenta.
En la sesión pasada yo solicité que pudiéramos discutir y darle una mirada a este proyecto, por la sencilla razón de que es muy importante y abarca toda la Administración del Estado, a miles de funcionarios a lo largo del país. Por eso era bueno echarle un vistazo a esto.
Por cierto, encuentro que este proyecto fue muy bien tramitado en la Comisión. Se escuchó a todos los dirigentes de los funcionarios y también, por supuesto, a las autoridades. Por tanto, tengo una visión positiva de esta propuesta, que tiende a regular un aspecto tan esencial como es la probidad pública en la burocracia estatal.
Sin embargo, y aprovechando que está aquí el señor Ministro de Justicia, tengo tres observaciones, y me gustaría que el Gobierno pudiera darles una vuelta.
La primera es que la burocracia estatal no involucra solamente una cuestión de legalidad, porque la Administración Pública es una organización que tiene una estructura, una finalidad, un procedimiento interno, y está formada por seres humanos. Se crean relaciones de trabajo, relaciones de amistad; las personas pasan ahí la mayor parte de su vida; hay distintas interrelaciones. Entonces, existe un elemento cultural que es fundamental en las relaciones humanas para un clima adecuado. Por lo tanto, se debe atender no solamente a la mera cuestión de facultades legales y de procedimientos administrativos, sino también al sentido de pertenencia a la organización, de identidad, de capacitación, de buenas relaciones humanas, por cuanto lo ideal es que haya la menor cantidad de conflictos posibles.
Por eso, me parece fundamental tener un proceso de capacitación y crear un clima laboral que permita a la Administración Pública funcionar a favor de la probidad, de las buenas reglas, de los procedimientos, y en contra de las irregularidades y de las infracciones, con el fin de dar cuenta de una cultura de organización dentro de la Administración Pública de manera positiva.
Ese es el primer punto que echo de menos. No debemos quedarnos solamente en la mera formalidad de los procedimientos.
El segundo tema, señora Presidenta, es qué pasa con los jefes, con todos ellos, en todas las direcciones y departamentos. A mí me parece que son los primeros responsables en velar por la legalidad de los procedimientos, en fiscalizar el trabajo de los subordinados y en evitar, en la medida de lo posible, la ocurrencia no solo de irregularidades, infracciones y faltas, sino también de delitos.
Entonces, en vez de cimentar toda la responsabilidad en cualquier funcionario para que haga una suerte de delación de sus compañeros, me parece que habría que poner énfasis también en la responsabilidad de la estructura jerárquica, para que ella sea la primera en velar para que se dé un clima de cumplimiento adecuado de lo que significa la probidad al servicio de las personas, al servicio del país. De esta forma, se evitarían acciones dañosas en contra de un bien tan preciado como es la probidad en la Administración Pública.
Y la última inquietud que tengo, señora Presidenta y señor Ministro, es que me dio la impresión de que la fórmula de cooperación eficaz que se da en el proceso penal se estaría replicando también en los procedimientos administrativos. Mi duda es si esa cooperación eficaz en las faltas, en las infracciones, en las irregularidades, que va por sede administrativa y no por sede penal, podría producir en algún momento un efecto perverso, en el sentido de servir de incentivo para que alguien, luego de cometer una infracción administrativa, piense que recurriendo a la cooperación eficaz podría aminorar un hecho que realizó, a lo mejor, intencionalmente. Me gustaría aclarar esta duda.
Dejo planteada estas tres inquietudes, señora Presidenta, respecto de un proyecto que, en general, desde el punto de vista adjetivo y sustantivo, lo encuentro bastante pertinente y significa un avance en favor de la probidad.
Es cuanto quería decir sobre el tema, y naturalmente voy a votar a favor de la idea de legislar.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Francisco Huenchumilla.
A lo mejor el señor Ministro podría hacerse cargo de las inquietudes planteadas tanto por la Senadora Luz Ebensperger como por el Senador Francisco Huenchumilla, que acaba de intervenir en la Sala.
Pero antes podríamos escuchar al Senador Claudio Alvarado, quien tal vez incremente el nivel de consultas al señor Ministro.
Senador Alvarado, tiene usted la palabra.
El señor ALVARADO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Por cierto, comparto el objetivo general de este proyecto, que tiende a reforzar las normas de probidad, de transparencia en el actuar público y permite, de alguna u otra manera, prevenir situaciones indeseadas, al advertir determinados riesgos. Sin duda, todo eso es positivo.
Ello se logra a través de un canal de denuncias centralizado, administrado por la Contraloría. Además, se proporcionan incentivos para que aquellos hechos eventualmente constitutivos de delito o de faltas administrativas, disciplinarias, puedan ser puestos en conocimiento de la autoridad fiscalizadora correspondiente, y se establece como contrapartida una protección a quien hace la denuncia.
Son todos objetivos loables, que complementan las normas actualmente vigentes en esta materia.
Pero en el debate en particular creo que debemos preocuparnos, de alguna u otra manera, de prevenir cierto mal uso de las facultades que se entregan en este proyecto de ley.
¿Qué pasa si una persona, simplemente porque tiene una mala relación con una jefatura determinada, procede a hacer una serie de denuncias sin fundamento, que van generando un clima organizacional complejo, dificultoso, y ello no tiene sanción?
Entonces, creo que, de alguna u otra forma, deberíamos preocuparnos en la discusión en particular de prevenir este tipo de situaciones.
¿Qué pasa, por ejemplo, si dentro de una determinada institución o servicio muchas personas, por diversas razones, se ponen de acuerdo o se coluden en contra de una jefatura determinada y realizan una multiplicidad de denuncias sin fundamento?
También estaríamos con un problema, porque se iniciarían investigaciones que conllevan una carga administrativa. Pero eso al final es lo de menos, pues, al concluir esas investigaciones, se determinará que tales denuncias en contra de determinadas personas o jefatura no tienen razón, no tienen fundamento, no tienen propiedad. Pero se generará un problema interno de clima organizacional complejo y difícil, porque, si se presentan muchas denuncias en contra de una persona, de manera continua y seguida, indudablemente que va a existir una presión para que deje su cargo, para que lo suspendan o para que, de alguna u otra forma, no pueda continuar ejerciendo su labor.
Insisto, señora Presidenta, en que comparto los objetivos del proyecto. Me parece que van en la línea correcta, adecuada, pues complementan las normas sobre probidad y transparencia que hoy día nos rigen y facilitan la realización de las denuncias. Pero tenemos que preocuparnos también de corregir algunos elementos, como los que acabo de señalar: que quien utilice este procedimiento, este mecanismo, sin ningún tipo de razón o fundamento reciba, como contrapartida, una sanción.
En caso contrario, esta será una situación compleja y difícil de administrar, cuando efectivamente algunos pretendan, por esta vía, generarles problemas a quienes dirigen determinados servicios o instituciones.
He dicho, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Claudio Alvarado.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
Quiero manifestar que este proyecto de ley, que crea un nuevo estatuto para la protección del denunciante de actos contra la probidad administrativa, va a generar una herramienta eficaz para poder detectar, investigar y, finalmente, sancionar cualquier conducta realizada bajo la esfera de la corrupción pública y privada.
El principal objetivo es fortalecer la probidad administrativa mediante el perfeccionamiento de los mecanismos legales existentes, para promover que no solo los funcionarios públicos, sino todas las personas que desempeñan funciones en la Administración del Estado puedan denunciar hechos de que tomen conocimiento al interior de la Administración y que pudieren estimarse constitutivos de infracciones a las obligaciones o deberes ministeriales previstos en el ordenamiento jurídico.
Es fundamental, para que esta norma sea adecuadamente utilizada, dejar establecido que los actos objeto de la denuncia que se realice deben tener suficiente grado de veracidad. Si no, estaríamos frente a acciones de revanchismo, como muy bien ha expresado el Senador Claudio Alvarado. Debemos lograr la objetividad necesaria frente a este tipo de acciones y tener tomadas todas las precauciones para que esto finalmente no genere revanchismo o situaciones similares que siempre existen al interior del servicio público. Por lo tanto, se requiere suficiente grado de veracidad en estas acciones para erradicar la posibilidad de que esta sea una fuente de denuncias falsas y tendenciosas, destinadas a afectar a funcionarios públicos en el normal desempeño de sus funciones.
Además -y es lo que más rescato de este proyecto-, para la debida protección del denunciante, la nueva norma permite requerir ante la autoridad penal competente la reserva de su identidad, del contenido de la denuncia y de los demás antecedentes de respaldo, al tiempo de presentar la denuncia. Asimismo, podrá requerir al Ministerio Público que se dicten medidas de protección a su favor, cuando por el hecho de realizar la denuncia se cree una situación de riesgo para la persona denunciada o su familia.
Considero importante destacar que, en caso de ser necesario, el denunciante va a tener el auxilio de acogerse al proceso de tutela laboral contemplado en el artículo 485 del Código del Trabajo, el cual, conjuntamente con lo establecido en la ley Nº 21.280, proporcionan un importante mecanismo de protección integral a los denunciantes.
Para operativizar el mecanismo de denuncias sobre hechos que puedan afectar bienes o recursos públicos, con participación de personal de la Administración del Estado, la norma establece un canal para que estas puedan ser efectuadas, el cual será administrado por la Contraloría General de la República en su plataforma electrónica.
Creo que este canal es importante y va a generar condiciones objetivas para hacer las denuncias, en la medida que se respete la autonomía de las instituciones. En ese marco, se busca que las denuncias produzcan actos de certeza jurídica y de certeza administrativa que garanticen la objetividad necesaria en instituciones de estas características.
Por lo tanto, Presidenta, voto a favor de este proyecto en general -es lo que estamos planteando-, el cual se encamina hacia el interés superior de tener un Estado con condiciones y actos de probidad de altos estándares.
Ojalá en la discusión en particular vayamos generando todas las seguridades y oportunidades que necesitan todos los funcionarios públicos para que las actuaciones sean de la manera más objetiva y transparente posible, cuidando a los buenos funcionarios públicos que existen y a aquellos que hacen las denuncias con su debida protección, tal como está en la línea general al menos del proyecto.
Voto a favor, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Durana.
Le ofrezco la palabra, en la Sala, al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Muchas gracias, Presidenta.
Yo creo que tenía razón el Senador Huenchumilla cuando pidió en la sesión pasada que no viéramos sin debate la idea general de este estatuto del denunciante en la Administración Pública, pues esta materia requería una profundización mayor, sobre todo porque es una cuestión bien grande dado el número de personas que involucra. Esta ley va a influir en cientos de miles de personas.
Y además de la completa exposición que hizo el Ministro Larraín la semana anterior, estimo que las reflexiones que uno ha hecho durante esta semana ayudan a darse una idea de la envergadura de este proyecto. De alguna manera uno puede verlo como uno más, pero en realidad es de un potencial de influencia bien decisivo.
La idea es cómo hacer una ecuación entre dos elementos muy importantes que se dan crecientemente en las obligaciones de la Administración Pública.
Lo primero -y es el gran objetivo del proyecto- es ver cómo velar por mejorar la transparencia y la probidad en el país. En este punto el Ministro Larraín ha hecho una tarea durante muchos años de su vida, y se lo reconozco. No siempre hemos estado de acuerdo, pero muchas de las acciones realizadas me parece que apuntan en un sentido correcto.
Y también se busca dar facilidades para que el funcionario que observe alguna transgresión, no solamente delictual -a ello hoy día está obligado-, sino de falta administrativa que genere un daño para algo que es común a todos, como es el funcionamiento del Estado, pueda contar con las condiciones para realizar la denuncia.
Y el Ministro nos decía cuáles son las complicaciones prácticas.
Primero, obviamente, las represalias. Debemos ver cómo generar una estructura que garantice al denunciante que no será objeto de medidas disciplinarias, como destitución, suspensión del empleo, término anticipado de su designación, no ser trasladado de localidad o dependencia, o no ser objeto de precalificación anual, si fuera el superior. En este ámbito, yo creo que el proyecto, en forma bastante novedosa, estructura un buen camino al establecer que ese denunciante, que está actuando por el bien del país, por una sanidad de la Administración Pública, tenga garantías nuevas, distintas de las actuales.
Para ello, se plantea la opción de generar un canal de denuncia y lógicas de reserva de la denuncia en función de determinados actos. Creo que eso apunta a un sentido correcto y ayuda, más que a andar buscando que en la Administración Pública haya miles de denunciantes, a dar las garantías adecuadas, cuando proceda, para que la persona pueda operar de una manera segura y serena, a fin de generar las investigaciones correspondientes. Al final, esto se trata, justamente, de impedir abusos, y a veces el temor hace que estos se puedan ir manteniendo en el tiempo, generando un daño muy severo a la Administración Pública.
Y yo decía que es la ecuación justa entre este y otro bien, pues también hay que tener cuidado de no generar, a propósito de esto, una política de denuncias temerarias o de hacer la vida imposible a quien pueda, por último, no gustarle a alguien por razones distintas de la probidad, que es lo que al final se trata de resguardar.
Obviamente, creo que en una discusión particular -lo decían bien algunos Senadores y algunas Senadoras- hay que desarrollar esto de una manera complementaria, potente, en términos de evitar la denuncia temeraria o que haya sanciones a quienes se coludan para denunciar a alguien. La idea es que esa misma probidad que se busca al momento de transparentar a aquel que está haciendo mal uso de ella también se sienta y se pueda plantear en el sentido contrario.
Si un grupo de personas se colude o alguien por razones distintas denuncia administrativamente y genera un conjunto de efectos y al final se descubre que ello era falso o temerario o malintencionado, tiene que haber un correlato, a mi juicio, más explícito en esa materia en esta misma ley, cosa que es perfectamente posible por la estructura que se plantea.
A propósito de esto, entra un concepto respecto del cual yo voy a hacer cierta reserva, no solamente por este proyecto sino también por otros, en el sentido de que se ha ido extendiendo la figura de la delación compensada. Esta, que era propia de lo criminal y de algunos delitos específicos, se ha ido extendiendo crecientemente a distintos campos. A mi juicio, hay que tener un poquito más de excepcionalidad respecto a su utilización. No lo digo a propósito de este proyecto, sino de otros que probablemente el Ministro no sabe que se están tramitando en el ámbito económico -puede saberlo, pero no necesariamente han pasado por su estudio-, como el que tiene por objeto generar lógicas de delaciones compensadas, o remuneradas incluso, respecto de una ley que hace poco tiempo se pudo ver.
Señalo esto, Presidenta, para marcar un poco la complejidad propia de este tipo de proyectos. Nadie podría pretender modificar las normas de la Administración Pública, más aún siendo la denuncia, sin entender que esto va a estar inserto en un escenario bien exigente, en lógicas de buscar la probidad, pero también de evitar los abusos que en función de ella en un momento dado se pueden generar.
Así que, desde mi perspectiva, yo voy a aprobar la idea de legislar, porque creo que es bueno que haya un conjunto de garantías adicionales a las que hoy día existen respecto de determinadas denuncias, y particularmente en este caso en materias administrativas que pueden ser a veces no constitutivas de delito, pero sí muy severas respecto de los efectos que eso genera en la misma Administración.
Esperamos que en la discusión particular algunos de estos temas se puedan compensar de buena manera, como las sanciones a quienes se exceden o a quienes usan indebidamente este tipo de facultades. Y yo voy a revisar en lo particular el tema de la compensación de la delación, figura que siempre fue muy excepcional, generada para algún tipo de delito, pero respecto de la cual veo que hay una práctica de ir extendiéndola, algo que no necesariamente comparto.
En general, creo que hay un esfuerzo grande. Pienso que el Ministro ha hecho un esfuerzo muy significativo por generar un cambio en esta materia, en temas en que es difícil hacerlo.
Así que ojalá que podamos llegar a esa justa ecuación de velar por la transparencia y la probidad con grados de privacidad, de intimidad y de legítimo derecho a no ser acusado indebidamente. Creo que es posible conseguir eso; pienso que hay un buen espíritu para que sea finalmente lo que se logre despachar.
Voto a favor, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Coloma.
Ha solicitado la palabra en la Sala la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señora Presidenta, la verdad es que esta es una moción y un mensaje -porque se han refundido- tremendamente importante para el desarrollo de nuestro país desde el punto de vista de transparencia y también, por cierto, de buena administración.
Es importante señalar que el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por Chile en 1998, establecía la necesidad de actualizar nuestra legislación. Y el año 2017 recomendó al Estado de Chile: "Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno".
Cuando uno revisa el informe y mira lo que ha sido la tramitación de este proyecto, echa de menos, Presidenta, que no haya pasado por la Comisión de Hacienda, pues se establece que es necesario crear una plataforma digital donde se puedan efectuar y gestionar las denuncias. Por lo tanto, yo espero que en el trámite en particular sea visto por la Comisión de Hacienda.
Sin perjuicio de aquello, en sus intervenciones el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez; el Fiscal Nacional, Jorge Abbott; la abogada asesora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Yelica Lusic; el Presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez; el Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, Ramón Chanqueo, y el Presidente de la Unión Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, Miguel Ángel Gómez, todos y cada uno hablan de la importancia de esta legislación.
Creo que los colegas, a través de la Presidenta de la Comisión de Gobierno y del Senador Coloma, dan cuenta de lo relevante que es esta iniciativa.
Por lo tanto, en la discusión en particular tendremos que tomar todos los resguardos para proteger no solo a los denunciantes, sino también, como lo decía un colega, a los funcionarios, para que esto no se transforme en un arma de doble filo. Pero lo importante es que cumpla su rol, que es proteger la administración, proteger los recursos del Estado y evitar que existan tráfico de influencias y, por cierto, corrupción.
En consecuencia, apruebo en general este proyecto, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
La intervención de la Senadora Ximena Rincón era la última.
Nos dicen que el Senador Navarro se acaba de inscribir.
Tiene usted la palabra, Senador.
El señor NAVARRO.-
Señora Presidenta, hace ya unos cuatro años ingresé un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad del delito de cohecho. Por lo que he escuchado, hay una modificación de norma interna en el ámbito de la Contraloría. Sería bueno establecer si hay imprescriptibilidad allí de esos procedimientos administrativos, y si no bastaría poder ingresar como una indicación aquello, porque lo que se quiere es más bien disuadir. El objetivo respecto a enfrentar la comisión de algún delito que altere la ley, más que la persecución, que siempre es posible, es la disuasión. Creo que la imprescriptibilidad ante el delito de cohecho, sea un particular o funcionario público, debiera ser una norma que desaliente la comisión de estos hechos.
¿Este proyecto de ley solo considera denuncias que afecten a funcionarios públicos o involucra la acción de privados frente a funcionarios públicos? Porque en materia de la acción de los Ministerios que tienen que ver con recursos puede haber, por cierto, actos ilegales, delitos en el manejo interno, pero también en el manejo externo, de las licitaciones, las adjudicaciones o de cualquier tipo de relación que algún funcionario público en potestad de su cargo y autoridad ejerza.
Me gustaría preguntarle al Ministro o al Presidente de la Comisión si esta circunstancia de hacer imprescriptible estos delitos -no tengo el proyecto a la vista, Presidenta, para poder detallar aquello- afecta solo a los hechos entre funcionarios públicos o involucra también los actos de un funcionario público con un privado.
Si la imprescriptibilidad involucra también la acción de los funcionarios públicos con los privados, es decir, que puedan ser perseguidos siempre, que se pueda iniciar proceso cualquiera sea la oportunidad o el tiempo que transcurra, sería un objetivo deseable. Yo al menos voy a evaluar el ingreso de una indicación en ese sentido, dado que el proyecto no ha logrado avanzar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que debe tener más de quinientos proyectos acumulados, y este es un tema que se arrastra por mucho tiempo.
Presidenta, entiendo que vamos a votar en general. Votaré a favor del proyecto, haciendo la observación de que voy a presentar una indicación en el sentido señalado, sobre la imprescriptibilidad de los delitos denunciados en el ámbito de la acción de un funcionario público con respecto a un tercero del sector privado.
He dicho, Presidenta.
Voy a votar a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Alejandro Navarro.
Le ofrezco la palabra al Ministro de Justicia para que pueda referirse a las diversas consultas que han surgido en el debate en general de este proyecto de ley.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Muchas gracias, Presidenta.
Junto con saludarla, aprovecho de hacer extensivo el saludo a todos los Senadores y las Senadoras que están participando de esta sesión.
Agradezco el interés que ha suscitado este tema, porque efectivamente para nosotros tiene una gran relevancia. Ustedes recordarán que en el primer año de gestión de este Gobierno trabajamos con mucha intensidad la idea de tener un Estatuto Anticorrupción. Allí se agravaron y ampliaron los delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos, ya sea solos o con privados -a propósito de la inquietud que recién planteaba el Senador Navarro-. Incluso, se incorporó la corrupción en el ámbito privado, y por cierto, no solo de las personas naturales, sino también de las personas jurídicas.
De esta manera, hemos generado un paso muy potente en este campo, fundamentalmente, porque es nuestra convicción, pero también porque estamos cumpliendo con obligaciones internacionales.
La Senadora Rincón con razón se refería a los acuerdos del grupo de trabajo del Mesicic, es decir, del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que en varios informes ha hecho referencia a la obligación que tiene Chile de ir mejorando su legislación en este tema. Y una de las recomendaciones realizadas es precisamente la de establecer estatutos de protección al denunciante. Lo mismo ocurre con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y con la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE, que también ha sido una de las instituciones que nos plantean la obligatoriedad de ir avanzando en estas materias.
El Estatuto Anticorrupción -al que me refería-, que se aprobó en noviembre de 2018, correspondía a una obligación del Estado de Chile, que se comenzó a elaborar durante la Administración de la Presidenta Bachelet, pero luego nosotros, como Ejecutivo, le introdujimos una serie de modificaciones en la Comisión Mixta, al igual que Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras, generando un estatuto robusto en esa materia. Pero el aprobar el estatuto en la Comisión Mixta ese año nos obligó a incorporar, en cumplimiento de la fase siguiente que nos correspondía, un estatuto de protección del denunciante. Esto es lo que hemos hecho y creemos que con este proyecto estamos cumpliendo con esa obligación. Lo digo para poner el marco dentro del cual se da este procedimiento, que busca avanzar en el compromiso que tenemos de fortalecer realmente las instancias de combate contra la corrupción en nuestro país.
Uno de los temas más complejos que existen respecto de la corrupción es precisamente ver cómo avanzar en su conocimiento, porque la persecución penal se ve limitada, dado que todos los que participan en este delito, en cualquier calidad, lo hacen de forma reservada, secreta, clandestina y, por lo tanto, las investigaciones son muy difíciles de efectuar; y quienes pueden hacer las denuncias muchas veces no se atreven porque, aun teniendo conocimientos de que existe un acto de corrupción en algún ámbito de la Administración Pública o en su correlación en el sector privado, temen a las represalias. Precisamente por eso este estatuto busca proteger la identidad del denunciante de manera que este pueda hacer uso de esa garantía, porque de lo contrario es difícil combatir la corrupción.
Aquí no se trata de hacer una caza de brujas al interior del sector público. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos, en cualquier modalidad de trabajo, son gente honesta, servidores públicos que muchas veces están ahí por vocación. Quienes hemos trabajado con ellos, como me ha tocado ahora verlo en forma más directa en la Administración Pública o de manera cercana en el ámbito parlamentario, sabemos que es así. Sin embargo, también conocemos y vemos cómo han ido creciendo los niveles de corrupción en nuestro país, no obstante el combate que hemos dado por la transparencia y la probidad, que -a propósito del comentario que hacía el Senador Coloma- creo que todavía ha sido poco.
Sé que hay algunos que tienen temores de avanzar demasiado en la transparencia y la probidad, pero ambas son esenciales para modernizar el Estado, para que la gente recupere y renueve su confianza en el ámbito público. Su ausencia es una de las razones por las cuales la gente no cree ni confía en el sector público.
Pues bien, en este caso nosotros hemos planteado, cumpliendo con los mandatos y nuestra propia convicción, la necesidad de establecer un sistema que favorezca la denuncia de hechos irregulares en un sentido amplio, no el delito de corrupción o aquellos que están tipificados en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, sino en un sentido general las irregularidades tanto administrativas como penales. Ciertamente, hoy día existe el deber funcionario de hacerlo, y preciso -a propósito de un comentario que se hizo- que este deber no es solo respecto de los delitos, de cuestiones del ámbito penal, sino también acerca de las irregularidades administrativas.
En el proyecto estamos precisando que también puedan hacer denuncias todos los particulares y funcionarios que tengan conocimiento de alguna irregularidad, porque esto nos permitirá avanzar en conocer estas situaciones y poder investigarlas. Lo que estamos haciendo es que la Contraloría General de la República actúe dentro del marco en el cual le corresponde hacerlo, es decir, en un ámbito limitado. Lo señalo a propósito del comentario de la Senadora Luz Ebensperger, quien mostró preocupación de que estuviéramos aumentando las facultades de la Contraloría. No es eso: mantenemos el mismo ámbito de acción que tiene la Ley de la Contraloría respecto de los órganos, instituciones y personas que pueden ser objeto de una investigación por parte de ella, pero establecemos una plataforma para que en dicha institución se produzca el canal de denuncia, que permitirá, precisamente, que cualquier particular o funcionario público que lo solicite vea protegida su identidad. Aquí de lo que se trata es de favorecer la presentación de denuncias, pero también de proteger al denunciante de las represalias o actos de hostigamiento que pueda sufrir particularmente él o sus familiares si están dentro del ámbito del Estado. En ese sentido, esto es muy importante.
También estamos extendiendo el deber de la denuncia. Hoy día está circunscrito fundamentalmente a los funcionarios de planta, y lo que estamos señalando es que todos los que de alguna forma trabajan en el Estado tienen este deber, lo que incluye, desde luego, a los funcionarios de planta, pero también a quienes están a contrata, a honorarios (sirviendo en alguna función pública o en un órgano público) e incluso a aquellos que se encuentran bajo contrato de trabajo en la Administración del Estado. Ahora todos tendrán el deber funcionario de denunciar cuando llegue a su conocimiento alguna irregularidad administrativa o algún delito cometido por un funcionario público y todos van a tener las respectivas protecciones cuando corresponda. Este proyecto busca precisamente entregarles distintos tipos de protecciones frente a las reclamaciones, una vez que se solicita la identidad.
En cuanto a la operación del sistema, si son irregularidades administrativas, la Contraloría podrá definir si ella hace la investigación sumaria o si la deriva al servicio respectivo para que este asegure que se investigarán los casos. Una de las inquietudes que se plantearon en el debate que hubo en la Cámara de Diputados era que, una vez que llega a conocimiento de los servicios la investigación que requiere o que ha hecho la Contraloría en que pide una sanción, los jefes, cuando tienen una amistad o quieren proteger al denunciado, no toman decisiones, y no hay obligación de plazo para que adopten una resolución.
Lo que hemos hecho en este proyecto para evitar eso, y precisamente a sugerencia de la Contraloría en una indicación que presentamos durante el primer trámite, apunta a que cuando el Órgano Contralor realice un sumario y se lo transmita al servicio para que tome las medidas, el jefe correspondiente tendrá que resolver dentro de treinta días. Con ello terminamos con esta suerte de derecho consuetudinario a no pronunciarse sin que haya consecuencias, y, por lo tanto, dejando esas situaciones en la impunidad.
Reitero: tiene treinta días para eso.
Si bien aquello es algo que resuelve el jefe del servicio, la decisión, si es que cambia la sanción propuesta por la Contraloría, debe ser mediante resolución fundada. En tal sentido, estamos asegurando que el que tome la decisión sea el servicio; pero si va a cambiar lo resuelto por el Órgano Contralor, ha de tener razones fundadas. No es que le estemos dando más atribuciones a la Contraloría, sino que estamos ordenando el proceso para garantizar los resultados.
En cuanto a otras inquietudes, debo señalar que el Senador Huenchumilla planteó un tema bien complejo. Él, con razón, dijo: "Bueno, la Administración Pública no es solamente un conjunto de instituciones sujetas a reglas formales, sino que además es una institución hecha por personas que reflejan un modo de hacer, un modo de actuar y, por lo tanto, cierta cultura organizacional".
Eso es absolutamente efectivo.
Este proyecto, sin embargo, no está asumiendo labores de capacitación y educación a ese respecto, las que ciertamente bien pudieran incorporarse quizás en una norma transitoria que, en el tiempo en que se pone en vigencia, generara instancias de información y preparación para la aplicación de esta normativa. Pero esto no está dentro de su objetivo, el cual tiene que ver con establecer un mecanismo que sea eficaz en proteger la identidad de las personas que hacen las denuncias; en evitar las medidas de hostilidad, de represalias de distinto tipo que puedan aplicarse en su contra, y en sancionar a aquellas autoridades que abusen del derecho a denunciar de la forma que voy a exponer a continuación.
En seguida, respecto de otra observación del Senador Huenchumilla, debo manifestar que él señala con razón que el primer responsable de hacer las denuncias es la autoridad, no los funcionarios, que son sus subalternos. Sin embargo, el problema es que muchas veces puede ocurrir que, claro, si aquella es parte de la irregularidad, no va a hacer ningún esfuerzo por denunciar; pero si no conoce la irregularidad, mal se le podría adjudicar alguna obligación en tal sentido. Ahora, si está en conocimiento de ese hecho, ciertamente tiene el deber funcionario de formular la denuncia; de no hacerlo, pesarán sobre ella las consecuencias, porque es una falta grave a la probidad no efectuar las denuncias, aparte de los efectos que tiene desde el punto de vista del ilícito que está cometiendo.
Pero además aquí hay algo importante.
Lo que estamos haciendo en verdad no es solamente pensar en la situación interna, pues, por las razones que yo decía, muchas veces hay una suerte de autoprotección en los ámbitos donde se cometen las corrupciones. Por eso, lo que necesitamos es abrir no solo la reserva de identidad para los funcionarios que se atrevan a denunciar en el ámbito interno, sino también un canal externo que permita asegurar que por cualquier vía que alguien tenga tal conocimiento esta información llegue de manera seria a la Contraloría y que esta pueda arbitrar medidas para proteger a quien hace la denuncia y derivar: si es de tipo penal, se irá a los tribunales de justicia, a los juzgados de garantía, al Ministerio Público con la reserva de identidad incluida; o al servicio correspondiente, si es que la Contraloría no toma directamente la investigación de la denuncia realizada. En tal sentido, el canal externo complementa lo que aquí se está haciendo.
En lo tocante a la otra inquietud que planteó el Senador Huenchumilla, relacionada con la cooperación eficaz, hay un tema que efectivamente es abordado por nuestra propuesta. En el artículo 5, inciso final, del texto de la ley en proyecto se establece lo siguiente: "En el contexto de los procedimientos disciplinarios a que pueda dar lugar la interposición de la denuncia a que refiere el artículo 3, se considerará circunstancia atenuante la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de los hechos denunciados.". Y después se explica lo que se entiende por cooperación eficaz, esto es, cuando se suministran datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, etcétera. Este concepto es una incorporación que se repite también en los estatutos para los empleados de la Administración Pública y para los funcionarios municipales, y como tal, es un criterio razonable que genera la posibilidad de tener como una circunstancia atenuante el haber previsto esa situación.
Hasta ahí nosotros no creemos que aquello sea objetable. Sin embargo, cuando se entra al tema de la delación compensada, que a eso pienso se refiere específicamente la observación del Senador Huenchumilla, cuestión que también levanta el Senador Coloma, hay un punto en que tenemos cierta inquietud. Porque en el esquema la cooperación eficaz y la delación compensada en el ámbito penal están reguladas y nosotros no cambiamos eso; y en el ámbito administrativo se incorpora en los términos que acabo de mencionar. Sin embargo, durante la discusión en la Cámara de Diputados se agregó una norma, el artículo 14, que habla del beneficio por delación. Dice: "El funcionario público que sea coautor, cómplice o encubridor de alguna conducta susceptible de ser sancionada penalmente podrá obtener una reducción de la sanción descrita en esta ley cuando aporte al tribunal competente antecedentes que conduzcan a la acreditación de dicha conducta y a la determinación de los demás responsables.". Nosotros creemos que esta disposición, sobre delación compensada, de alguna manera no es enteramente compatible con la de la cooperación eficaz en los términos que recién he descrito. Y, por lo tanto, pienso que esto es algo que debemos revisar en la discusión en particular para lograr una perfecta armonía en estas disposiciones y así evitar una suerte de contradicción que podría surgir.
En tal sentido, la cooperación eficaz que nosotros planteamos en el ámbito administrativo no tiene la intensidad que se observa en el ámbito penal, pero colabora, porque es una manera de ayudar a que esta caja negra se abra, lo que es muy difícil. Por consiguiente, no solamente la denuncia externa protegida, sino también esa suerte de cooperación que se pudiera dar por quienes han sido partícipes de un hecho en la esfera de la Administración Pública puede ser útil. En lo penal, sigue allá. Pero este beneficio por delación nos parece en cierto modo contradictorio, y por eso no lo propiciamos.
En seguida, respecto de algunas intervenciones que se han referido al mal uso que pudiera hacerse de esta atribución, como la del Senador Alvarado, de alguna manera la del Senador Durana y también la del Senador Coloma, creo que todos somos conscientes del problema de un eventual mal uso, porque podría prestarse para que, por las razones más variadas, cualquiera empezara a denunciar a tajo y destajo en los respectivos organismos. Sin embargo, por ese mismo motivo, nosotros estamos introduciendo en el Código Penal dos consideraciones importantes: una en el artículo 211 del Código Penal y que busca sancionar la denuncia falsa, calumniosa, fortaleciendo las sanciones para quienes maliciosamente hagan denuncias falsas, porque nos parece que eso constituye un daño importante.
Por lo tanto, queremos generar ahí un freno de responsabilidad para que las que se realicen correspondan a denuncias que tengan sustancia, que sean veraces, que sean efectivas y que no haya aprovechamientos, por razones políticas, de enemistades personales, religiosas o de cualquier otro tipo, que puedan significar acusaciones discriminatorias e injustificadas. Por eso hemos agravado las sanciones penales para quienes utilicen este camino en forma inadecuada. La denuncia calumniosa, por estos motivos, se ve fortalecida para evitar precisamente el mal uso o el abuso que se pueda hacer de este canal.
Por otro lado, también es importante manifestar que el artículo 246 bis es el que se refiere a agravar las sanciones de la autoridad que viole su deber de reserva, es decir, la violación del secreto, la entrega de quien tiene la información, de quien es el denunciante. Para protegerlo no solo están esas medidas: también si alguna autoridad quiere perjudicar al que hizo la denuncia y dejarlo en evidencia violando el deber de reserva, es objeto de sanciones para evitar que se abuse de esa prerrogativa, que es tener acceso a información que ha de mantenerse reservada.
Señora Presidenta, aquí están -así lo espero- esclarecidas las principales inquietudes que han manifestado quienes han hecho uso de la palabra.
Nosotros creemos que el camino que hemos planteado no solo mejora la legislación que hoy día existe, que es dispersa, que es insuficiente, que está restringida, que se aplica solo a ciertos organismos, a determinados servidores, en fin: la ampliación como un canal de denuncia abierto no solo a los funcionarios públicos, sino también al mundo privado; la posibilidad de tener verdadera protección para todos ellos, constituyen un cambio sustantivo, un antes y un después en el avance para los efectos de lograr denuncias que permitan evitar al máximo posible la corrupción.
No estamos incorporando la imprescriptibilidad de esos delitos, como ha solicitado el Senador Navarro. Nos parece que lo que importa aquí, más que se prolonguen indefinidamente en el tiempo, es que haya posibilidades de denunciarlos y que haya sanciones fuertes para quienes cometan estos delitos. Todo el marco jurídico contra el cohecho y todo el Estatuto Anticorrupción garantizan lo primero con mucha fuerza.
Yo les recuerdo aquello, porque uno se olvida de estas decisiones.
Aquí quienes son miembros de la Comisión de Constitución y que participaron en la Comisión Mixta recordarán cómo se mejoraron muy sustantivamente las sanciones de los delitos, y particularmente, las sanciones de las autoridades que cometen estos delitos de corrupción, que incluyen, en los términos de hoy día, pena efectiva, porque son delitos que tienen sanciones de más de cinco años y un día de presidio. Son crímenes, no simples delitos, y, por lo tanto, eso va a asegurar que se cumplan.
Lo que importa es que se puedan investigar. Hoy día ello no se hace, pues las posibilidades de denuncia se ven disminuidas, debilitadas por el temor que tiene quien pueda presentar este tipo de investigaciones.
Creemos que el hecho de que la Contraloría sea el camino para esto, el canal de denuncia es perfectamente posible.
Finalmente, quiero señalar que este proyecto y los recursos, que si bien no son cuantiosos, ayudan a implementarlo, sí fueron revisados en el caso de la Cámara de Diputados por la Comisión de Hacienda, quien también le entregó su apoyo favorable y unánime a esta proposición. Y lo mismo ocurrirá aquí, en el Senado, una vez que en particular lo despache la Comisión que preside el Senador Bianchi y luego pase, como corresponde, a la Comisión de Hacienda.
Es cuanto puedo informar respecto de las inquietudes manifestadas por los Senadores, a quienes agradezco el interés, porque obviamente todos nos damos cuenta de que esta es una materia muy crucial para que el Estado pueda funcionar en forma proba y transparente.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Finalizada la intervención del señor Ministro, le solicito al Secretario que abra la votación.
De la misma forma, los Senadores y las Senadoras que se encuentren participando de esta sesión de manera telemática podrán pronunciarse a través del voto electrónico. Para aquellos que tengan dificultad para hacerlo vamos a continuar igual con el llamado a viva voz de parte del señor Secretario.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Se abre la votación, haciendo presente que existen normas de quorum especial, el cual debe alcanzarse.
Está abierta la votación en la Sala.
Se ha abierto la votación de manera electrónica, y hasta el momento han votado el Senador señor Durana, la Senadora señora Sabat, el Senador señor Lagos, el Senador señor Araya, el Senador señor Soria, el Senador señor Huenchumilla y el Senador señor Guillier.
Vamos a proceder a efectuar la consulta de opción de voto de manera nominal a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que no han votado electrónicamente.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
También ha votado de forma electrónica el Senador señor Quinteros.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.-
A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (31 votos a favor), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Alvarado, Araya, Castro, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador Insulza.
Por haber alcanzado el quorum constitucional requerido, se aprueba en general el proyecto. Y el plazo sugerido para la presentación de indicaciones es hasta el jueves 29 de julio, a las 12.
Así se acuerda.
Agradecemos al Ministro de Justicia su participación en este proyecto de ley.
A continuación, corresponde...
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Están pidiendo la palabra el Senador señor Huenchumilla, el Senador señor De Urresti y el señor Ministro.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Punto de reglamento, Senador Huenchumilla, Senador De Urresti?
¿No?
Senador Huenchumilla, ¿usted solicitó la palabra?
El señor HUENCHUMILLA.-
No, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
De nada.
Senador De Urresti, ¿usted solicitó la palabra para consignar su intención de voto?
El señor DE URRESTI.-
Sí, Presidenta, por favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Quedará consignada.
A favor, ¿verdad?
El señor DE URRESTI.-
Sí.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
¿Me permite, señora Presidenta?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Ministro, brevemente, porque tenemos que pasar al segundo proyecto de ley.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Solamente quiero agradecer a la Sala por esta aprobación. Y ver si es posible acortar el plazo de indicaciones al 15 de julio.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Nos indica la Secretaría que el plazo sugerido para presentar indicaciones fue propuesto por la propia Comisión. Por tanto, si se quiere hacer algún cambio, vamos a esperar a que el requerimiento venga desde dicho órgano técnico.
Entonces, hasta las 12 horas del día 29 de julio nos solicita la Secretaría que quede consignado. Cualquier diferencia será sometida al parecer de la Sala, y a petición de la Comisión respectiva.
Muchísimas gracias, Ministro, por su presencia y su activa participación en la tramitación del proyecto de ley.
ADECUACIÓN DE CÓDIGO DEL TRABAJO EN MATERIA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS LABORALES
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A continuación, corresponde pronunciarnos respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 12.826-13) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que haga la relación de la iniciativa. Y a continuación, la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadora Carolina Goic, rendirá el informe a la Sala.
Tiene la palabra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Muchas gracias.
La señora Presidenta pone en discusión el proyecto de ley a que ha hecho referencia, que se encuentra en segundo trámite constitucional y que fue iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, correspondiente al boletín N° 12.826-13.
Esta iniciativa legal tiene los siguientes objetivos:
-Regular en el Código del Trabajo el finiquito electrónico, para lo cual se establece la obligación del empleador de informar en el aviso de término del contrato de trabajo el otorgamiento y pago del finiquito laboral en forma presencial o electrónica. La ratificación electrónica también se extiende a la renuncia y al mutuo acuerdo.
-El empleador deberá indicar que la fórmula de finiquito electrónico es voluntaria para el trabajador, el que podrá concurrir ante un ministro de fe, pudiendo formular reserva específica de derechos tanto presencial como electrónicamente.
-Considerar como ratificado ante el inspector del trabajo el finiquito otorgado por el empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo y que sea firmado a su vez de manera electrónica por el trabajador.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley, por tratarse de un proyecto de artículo único, y acordó unánimemente proponer a la Presidenta del Senado que en la Sala sea considerada del mismo modo.
La referida Comisión aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadores señoras Goic y Muñoz y señores Galilea y Letelier. Y la aprobó en particular con las modificaciones y votaciones unánimes que se consignan en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 18 y 19 del informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala y en la plataforma remota o telemática de la presente sesión y que también ha sido remitido al correo electrónico de todos los señores y señoras Senadoras.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
En discusión general y particular la iniciativa.
Le ofrezco la palabra a la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadora Carolina Goic, para que rinda el informe a la Sala.
La señora GOIC.-
Muchas gracias, Presidenta.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó tanto en general como en particular este proyecto de ley, como se ha señalado en la relación, por la unanimidad de sus integrantes. Su objetivo es considerar en el Código del Trabajo la forma en que ingresamos a la modernidad en el uso de medios electrónicos en una materia tan importante dentro de las relaciones laborales como es el otorgamiento del finiquito una vez terminado el contrato de trabajo.
La iniciativa también incluye la ratificación de la renuncia y del mutuo acuerdo en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo.
Al texto despachado por la Cámara de Diputados se le efectuaron una serie de modificaciones con la finalidad de proteger de mejor manera los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Las principales enmiendas introducidas son las siguientes.
Primero, en cuanto al aviso del empleador, se agregó un inciso nuevo al artículo 162 del Código del Trabajo, que regula la terminación del contrato de trabajo y la obligación del empleador de comunicarlo por escrito al trabajador, incorporando la figura del finiquito electrónico. Para ello el empleador, en el aviso de término del contrato, deberá informar si otorgará y pagará el finiquito laboral en forma presencial o electrónica. Además, el empleador deberá indicar expresamente que es voluntario para el trabajador aceptar, firmar y recibir el pago de manera electrónica y que siempre podrá hacerlo de forma presencial ante un ministro de fe. A ello se suma que el aviso del empleador debe indicar que al momento de suscribir el finiquito el trabajador podrá formular reserva de derechos.
Lo segundo es que respecto del finiquito propiamente tal, en el artículo 177 del Código del Trabajo, que regula la escrituración del finiquito, la renuncia y el mutuo acuerdo, se agregan seis incisos nuevos para reglamentar las actuaciones en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo.
Acerca del finiquito, se dispone que al menos deba dar cuenta de la causal de terminación del contrato, los pagos a que hubiere lugar y, cuando correspondan, las sumas que hubiesen quedado pendientes, como también consignar la reserva de derechos que el trabajador haya formulado.
Asimismo, se regula la obligación de la Dirección del Trabajo de establecer el procedimiento aplicable para el funcionamiento de la ratificación del finiquito electrónico, el modo por el cual se le exigirá al empleador el pago y el cumplimiento oportuno e íntegro de las obligaciones que emanen del finiquito y determinar la regulación aplicable para el caso de reserva de derechos del trabajador.
Respecto de la mencionada reserva de derechos, tanto si fuere en forma electrónica como presencial, se dispone que tal acción no impedirá en ningún caso el pago de las sumas no disputadas entre el trabajador y el empleador, lo que deberá ser exigido al empleador por la Dirección del Trabajo.
Además, se consigna expresamente que el trabajador que haya aceptado la suscripción del finiquito podrá dejar constancia de que se reserva el derecho a accionar judicialmente contra su exempleador, y que en caso de que considere que a su respecto ha existido error, fuerza o dolo podrá reclamarlo judicialmente.
Por último, se agrega un inciso final al artículo 177 del Código del Trabajo, el cual, en concordancia con las anteriores modificaciones, establece que el poder liberatorio del finiquito se restringirá solo a aquello en que las partes concuerden expresamente y no se extenderá a los aspectos en que el consentimiento no se forme.
Señora Presidenta, ingresar a la modernidad del finiquito electrónico no significa desconocer el ejercicio de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por lo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social realizó las modificaciones ya explicitadas al texto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados y que se ocupan de asegurar el respeto y ejercicio de dichos derechos. Asimismo, el texto deja claramente consignado que los trabajadores y trabajadoras son los que elegirán entre el finiquito electrónico o la actuación presencial, pudiendo siempre formular reserva de derechos si lo estiman necesario.
En consecuencia, solicitamos y proponemos a la Sala aprobar el proyecto, el cual, además, creemos que tiene que ver con dos procesos que se juntan hoy día: lo que ha significado la pandemia en la mayor utilización de los medios electrónicos, sin que se requiera muchas veces la asistencia a lugares donde se puedan producir aglomeraciones y riesgos de contagio y el establecimiento de una ley que ya está en vigencia y que tramitamos en este Parlamento: la modernización de la Dirección del Trabajo.
Solamente quiero agregar, para no fundamentar después mi voto favorable, que en todas las modificaciones que introdujimos acá, en el Senado, lo que nos guió fue que en la actuación electrónica los trabajadores quedaran en las mismas condiciones de resguardo que en la tramitación de manera presencial. Y también respecto de la formulación de reservas y en que se pueda exigir el pago de las sumas no disputadas.
Creemos que con esta tramitación hemos logrado que la tecnología juegue a favor de la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, lo que finalmente se tradujo en la aprobación unánime del proyecto y en la incorporación de indicaciones que fueron consensuadas con el Ejecutivo.
Por tanto -reitero-, lo que sugerimos a la Sala es aprobar el proyecto.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra en la Sala a la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Muchas gracias, Presidenta.
Tal como señaló en su informe la Presidenta de la Comisión, el presente proyecto, que corresponde a una buena iniciativa y que se trabajó en conjunto con el Ejecutivo, permite la modernización del Estado al agilizar trámites que, en general, son engorrosos, y además resguarda los derechos de los trabajadores.
Considero que es la dirección correcta hacia la cual tiene que orientarse el Estado: una modernización y facilitación de los trámites administrativos.
Además, quiero destacar el ánimo que hubo en su negociación dentro de la Comisión y con el Ejecutivo. En algunas cosas había miradas distintas, pero se tuvo la capacidad de buscar la mejor alternativa que permitiera avanzar.
El resultado de todo este proceso finalmente fue el buen proyecto que hoy día tenemos, el cual, por una parte, permite resguardar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, desburocratizar el Estado.
Como dije: hacia allá tenemos que avanzar. Y ojalá que el ánimo con que se trabajó la actual iniciativa sea el mismo con el que afrontemos cada uno de los siguientes proyectos de ley. En la discusión no hubo una polarización, sino, muy por el contrario, una búsqueda de aquellas ideas que nos acercaran y con las cuales pudiéramos avanzar.
Así que agradezco a cada uno de los miembros de la Comisión, en particular a su Presidenta, quien fue la que lideró la discusión; al Subsecretario, quien siempre estuvo disponible para buscar los puntos de encuentro, y a cada uno de los funcionarios y asesores que ayudaron a que finalmente obtuviésemos un resultado que ayuda a evitar trámites que conducen nada más que a burocratizar el sistema.
Por consiguiente, felicito a todos quienes ayudaron a que esto sucediera. Y espero que el mismo ánimo siga reinando en cada una de las discusiones que acometamos en este Parlamento.
Muchísimas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
¿Punto de reglamento, Senador?
Senador Galilea, tiene la palabra.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidenta.
Dos cuestiones: una, solicito la autorización para que pueda participar en esta sesión el Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab; y dos, si fuera posible abrir la votación del proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Si le parece a la Sala, acogeríamos ambos puntos?
El señor GALILEA.-
Yo se lo agradecería.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Así se acuerda.
Se autoriza el ingreso del Subsecretario del Trabajo y se abre la votación.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se encuentra abierta la votación en la Sala y, de la misma forma, habilitada la votación electrónica para los colegas que se encuentran participando de manera telemática.
Senador Kenneth Pugh, tiene la palabra.
El señor PUGH.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin lugar a dudas, este proyecto constituye un notable avance, especialmente en pandemia, respecto a cómo los trámites se pueden agilizar y facilitar. Pero no solamente deseo centrar mi intervención en aquello que se regula para reducir los tiempos y los costos de algunos trámites, sino que también para entender el problema completo de la transformación digital del Estado.
El finiquito electrónico es uno de los cientos, por no decir miles, de trámites que se pueden estar haciendo en este momento y que requieren un sistema transaccional y contar con confianza digital. Vale decir, que exista certeza jurídica en los actos digitales del Estado y de las personas naturales y jurídicas que van a generar el finiquito en materia laboral, y también que haya dispositivos que se puedan conectar.
Lo anterior se logra solamente si un Estado es capaz de tener alguna forma de interoperabilidad. Y el Estado de Chile no la tiene. Si no funcionamos en cuanto a la entrega de datos transaccionales entre los diferentes organismos del Estado, menos podremos hacerlo con terceras partes.
Para remediar aquello se requiere que la normativa que se acaba de aprobar, la Ley de Transformación Digital, empiece a entrar en vigencia.
Quiero recordar que la ley N° 21.180, que aprobamos el año pasado, establece un plazo de 180 días desde que sean dictados los reglamentos pertinentes para entrar en vigencia. Y el último de los reglamentos, de los cuatro especificados, fue aprobado el 22 de abril.
Por lo tanto, espero que a contar del 22 de octubre todos los trámites se empiecen a pensar digitalmente. Y el sistema no solo está orientado a emitir determinado certificado, sino que se requiere algo mucho más poderoso: una transacción segura, tal como operan las transacciones bancarias, para aquellos que manejan cartolas, donde existe la certeza de que el movimiento ocurrió así.
Sin embargo, señora Presidenta, esta modalidad no es factible, porque hasta el momento no contamos con una ley que hable de la gobernanza de la interoperabilidad.
Son al menos cuatro capas que deben conversar entre ellas.
Una, la capa técnica, que asegure trazabilidad e integridad de la información, el que no vaya a ser cambiada por nadie. Y aquí toma mucha relevancia la ciberseguridad, porque hablamos de un trámite digital, donde se ha de comprobar la identidad digital de quienes están actuando, porque cualquiera podría suplantar una de estas cuentas y generarle una desvinculación, un finiquito electrónico a alguien. Y eso, obviamente, no queremos que ocurra.
Lo segundo, una capa semántica, para que conversen los diferentes lenguajes.
La tercera es la capa organizacional: cómo las instituciones del Estado se entienden con otras organizaciones. Yo, por ejemplo, podría perfectamente, con la capacidad digital adecuada, comunicar el Ministerio del Trabajo, las inspectorías, con las entidades previsionales. Y se trata de un tema que no está tratado aquí. Por tanto, se puede avanzar mucho más.
Finalmente, una capa jurídica que dé sustento. Todas nuestras leyes actuales están pensadas para trámites en papel, y deberemos revisar cada una de ellas.
Me alegro de que estemos viendo hoy este finiquito electrónico, que obviamente facilitará el trámite correspondiente, pero tiene que ser mucho más grande y más profundo el cambio, e incluso concebido como uno de los principios de nuestra Constitución: el principio de la "república digital". Se debe entender que la convergencia del mundo físico con el mundo digital requiere normativa adaptada al siglo XXI y dejar de usar el computador como si fuera una máquina de escribir e integrarlo, con la ciberseguridad necesaria, a sistemas de confianza digital que harán que el procedimiento sea mucho más fácil y más rápido.
Señora Presidenta, el proyecto que estamos viendo ahora significa una gran oportunidad. Y felicito que se haya podido alcanzar este acuerdo, pero quiero advertir que solo con la clave única, sin segundos y terceros factores de autenticación, se pone en riesgo el sistema. Y no podemos hacer transformación digital sin ciberseguridad.
Yo espero que los candidatos o las candidatas presidenciales tomen este asunto en cuenta en sus planes de gobierno, para que propongan medidas para enfrentar una verdadera modernización del Estado, a los efectos de generar un Estado digital, un Estado capaz de proveer soluciones.
Los datos se tienen que entregar una vez y después el Estado debe usar esos datos para optimizar los servicios. El objetivo de agregar valor público significa precisamente mejorar nuestra legislación y los servicios digitales, para que tales elementos contribuyan a que las personas estén mejor.
Hoy vamos a avanzar, sin duda, pero es un paso pequeño. Tenemos que dar pasos mucho más grandes, más profundos y, probablemente, revisar toda nuestra legislación.
Ese es el desafío.
Voto a favor.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Kenneth Pugh.
Ya se ha consignado el voto electrónico de la Senadora Isabel Allende.
Ha solicitado la palabra el Senador José Miguel Durana. Y como usted ya está familiarizado con la votación electrónica, le pedimos que marque su preferencia por dicho sistema. Estaríamos muy agradecidos.
Tiene usted la palabra.
El señor DURANA.-
Gracias, Presidenta.
Así lo haré al término de mi exposición, ¡siempre y cuando resulte, pues...!
Presidenta, esta importante iniciativa busca facilitar la realización de ciertas gestiones cotidianas en el mundo del trabajo y permitir a trabajadores y empleadores ahorrar tiempo y recursos en el ejercicio de sus labores.
El proyecto va a posibilitar que, al momento de poner término a una relación laboral, tanto el trabajador como el empleador puedan acceder a una mayor celeridad en beneficio de ambas partes. De esta forma, se podrán realizar finiquitos laborales y otros trámites de manera electrónica, utilizando para ello la clave única que entrega el Servicio de Registro Civil e Identificación, que es de fácil acceso para todos los ciudadanos.
Destaco la intervención del Senador Pugh. Obviamente es muy importante ir acelerando los procesos de ciberseguridad para tomar los respectivos resguardos. Y es relevante que los trabajadores dispongan de toda la certeza jurídica en el trámite a realizar.
A su vez, que quienes no tengan acceso a medios adecuados para la suscripción de documentos laborales electrónicos, bueno, que puedan hacerlo de manera presencial, lo que va a constituir un pleno resguardo de su parte.
Este proyecto hay que destacarlo: innova respecto a las causales de impugnación establecidas por el Código del Trabajo; resguarda adecuadamente que el contrato de trabajo haya sido revocado por aplicación de alguna causal de terminación legal; que las cotizaciones previsionales hayan sido declaradas y pagadas oportunamente, y que las prestaciones adeudadas hayan sido correctamente calculadas.
Esta innovación, en materia laboral, no hace otra cosa que incorporar la tecnología en la realización de actos que son esenciales a la hora de proteger los derechos de los trabajadores en cuanto a sus relaciones laborales.
Para ello, es la Dirección del Trabajo la que va a tener que adaptar la prestación de sus servicios a esta nueva modalidad. Y tal es así, que esta ley solo va a entrar en vigencia luego de publicada la resolución del Director del Trabajo mediante la cual establece el procedimiento aplicable para el adecuado funcionamiento de la ratificación del finiquito, la que deberá ser dictada dentro de noventa días después de publicada la ley.
La medida va a ser muy beneficiosa especialmente para aquellos casos en los cuales los montos involucrados son muy bajos, por lo que el trabajador muchas veces cree que no vale la pena ir presencialmente a obtener este pago. En muchos casos los costos de traslado, de tiempo, más la movilización, van a ser mucho menores.
Otro tema sumamente importante se refiere a la ratificación del finiquito ante el inspector del trabajo, el cual tiene que ser otorgado por el empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, cumpliendo con la normativa legal correspondiente y firmado electrónicamente por el mismo trabajador en el mismo sitio.
Yo agradezco y saludo al Ministro del Trabajo, al Subsecretario del ramo, por esta iniciativa que ha sido respaldada por la Comisión de Trabajo del Senado.
Votaré a favor digitalmente, a través de la plataforma, señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, señor Senador.
Ha solicitado la palabra el Ministro del Trabajo, señor Patricio Melero.
Tiene usted la palabra, Ministro.
El señor MELERO (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Honorable Senado, me encuentro acá telemáticamente, como ustedes pueden ver, acompañado por el Subsecretario Fernando Arab y por la Directora del Trabajo, señora Lilia Jerez, al objeto de que cualquier consulta que las señoras Senadoras y Senadores tengan pueda ser resuelta.
En primer lugar, quise intervenir para resaltar la importancia de este proyecto de ley, que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, como un avance que refleja la capacidad mayor que el Estado ha ganado a la luz de la recientemente aprobada Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo.
Recordemos que dicho cuerpo legal, que ya entró en vigencia, incorpora procedimientos digitales y facilidades para que los trabajadores y las trabajadoras puedan tramitar sus finiquitos, así como también sus cartas de renuncia.
Solamente para ilustrar una cifra, las normas que hoy día se están tramitando, dada la importancia que tienen, ya están disponibles tecnológicamente y, en pos de la protección del trabajador, se hace necesario incorporar expresamente estos documentos electrónicos y así, que es lo que se procura ahora, darles validez legal en nuestro ordenamiento jurídico laboral.
Con todo, sí, es importante aclarar que el trabajador siempre podrá optar por la posibilidad de suscribir dichos documentos de forma presencial, lo que será una facultad exclusiva de su parte.
Reitero esto porque cuando vimos en la Cámara de Diputados este proyecto -yo era aún parlamentario- fue una solicitud muy importante de Senadores que representan zonas rurales del país, quienes expresaron las dificultades que podrían tener esos trabajadores para acceder por internet o por vía digital.
Es por eso que esta futura ley no obliga a nadie a utilizar el procedimiento digital y, si algún trabajador quiere hacerlo de forma presencial, está en su facultad exclusiva.
Con todo, tras una mirada rápida a cifras recientes, nos damos cuenta de que, transcurrido casi un año, de octubre del año pasado a la fecha, se han cursado setenta mil finiquitos por la vía digital y doscientas mil cartas de renuncia en lo que va transcurrido del año 2021.
Eso deja en evidencia que la incorporación de la era digital en las labores propias de las relaciones de trabajadores con sus empleadores, está dando luces y podemos seguir avanzando en la dirección correcta.
Este proyecto de ley, sin duda, va a facilitar realizaciones y actuaciones claves en el mundo del trabajo, a través de estos medios electrónicos, y permitirá a los trabajadores y empleadores no solamente ahorrar recursos, sino que también tiempo, específicamente en lo que respecta a la suscripción, porque los empleadores tenían que recurrir a notarías para hacer muchos de estos trámites y pagar el costo de un notario. Sin embargo, al hacerlos por la vía digital, como estamos aprobando en este proyecto de ley, eso ya no va a ser necesario, lo cual también... (falla de audio en transmisión telemática)... hace mucho más económico el procedimiento.
Asimismo, señora Presidenta, quiero resaltar un hecho muy importante: el trabajo que realizó el Senado en el segundo trámite constitucional, a través de los cambios que introdujo. Y desde luego agradezco a la Comisión del Trabajo, en particular al Subsecretario Fernando Arab, a quien le tocó llevar día a día el trabajo en el proceso legislativo.
En primer término, el finiquito que se suscriba electrónicamente dará cuenta, en su caso, de la reserva de derechos que el trabajador hubiere formulado. Esta fue una propuesta de los Senadores y, por consiguiente, el trabajador podrá hacer esa reserva de forma online o a través del sistema. Esta reserva de derechos es un elemento que no había sido considerado en la Cámara y que se incorporó de muy buena forma en el aporte del Senado.
También se establece -y lo quisiéramos destacar- que la formulación de reserva de derechos por parte del trabajador al suscribir el finiquito no impide el pago de las sumas no disputadas y la Dirección del Trabajo deberá exigírselo al empleador. Muchas veces les pasaba a los trabajadores, en el sistema no digital, que cuando había un reclamo o una reserva en esa materia no se les pagaba la parte no cuestionada durante mucho tiempo, lo cual obviamente significaba una pérdida para ellos.
Según la fórmula que se ha establecido, la formulación de reserva del derecho al suscribir el finiquito no impide el pago de las sumas no disputadas.
Por otro lado, quiero poner de relieve que, entre los cambios que ha introducido el Senado, en el caso de que el trabajador considere que en la suscripción del finiquito, renuncia o mutuo acuerdo ha existido un error, fuerza o dolo, podrá reclamarlo judicialmente dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 168 del Código del Trabajo, es decir, sesenta días desde la separación de ese trabajador.
Y, finalmente, Presidenta, si me permite, una consideración política.
El proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y también en la Sala de dicha rama legislativa por una amplísima mayoría, y ha habido un gran consenso en la necesidad de facilitar y avanzar en esta ley.
Por su parte, durante la revisión del proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, se invitó a exponer al Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile (Anfuntch), la que manifestó su apoyo a la iniciativa, destacando la necesidad de avanzar y legislar en esta materia.
Asimismo, durante el segundo trámite constitucional en la Comisión del Senado, el proyecto contó con un alto respaldo de los Senadores y Senadoras que formaron parte de la discusión en esta materia.
En consecuencia, el Ejecutivo agradece el respaldo a esta iniciativa, la cual, ¡qué duda cabe!, será un elemento más para acercar las relaciones entre trabajadores y empleadores, y facilitar el buen trabajo de fiscalización que sobre estos contratos ejerce la Dirección del Trabajo.
Quedan disponibles el Subsecretario Arab y la Directora del Trabajo para enfatizar o responder preguntas, si usted así lo permite en su momento.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted, señor Ministro.
Están inscritos el Senador Juan Antonio Coloma y, posteriormente, el Senador Rodrigo Galilea.
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Gracias, Presidenta.
Yo de verdad siento que nuevamente estamos ante uno de esos proyectos que aparecen como medio rápido, pero que -y el Ministro lo ha señalado bien- son muy importantes desde un punto de vista humano.
Si observamos en cualquiera de las regiones lo que está ocurriendo en momentos donde los trabajos son más inestables producto de la pandemia, al igual que en todas partes del mundo, uno no deja de impresionarse de las filas gigantescas que se producen en muchos lugares para los efectos de certificar situaciones que en el mundo moderno están completamente pasadas al ámbito tecnológico.
Dijo muy bien el Senador Pugh, y también con una muy notable maestría el Senador Durana, que hoy día estamos tratando de salir de la época de las cavernas en materia de relaciones humanas, y entender que lo digital tiene un objetivo positivo -a veces complejo, pero positivo- en términos de ayudar a la vida de las personas.
Y el Senador Pugh nos ilustraba cómo o nos subimos como Estado a la lógica informática y a este carro rápido, o simplemente después no vamos a ver venir cómo nos dejó el paso de los tiempos. Y el Senador Durana dijo que él estaba votando telemáticamente para que lo mismo pudieran hacer miles o millones de trabajadores en función de generar un finiquito electrónico, que es de alto sentido.
Hace algún tiempo presenté un proyecto de ley en una línea parecida, pero se optó por una fórmula diferente. Porque si hay algo que en los momentos duros de pandemia se ha planteado -y no necesariamente en pandemia, sino también como una norma general-, es la necesidad de ayudar a hacerles la vida más fácil a las personas, particularmente en situaciones complejas como son los finiquitos.
Entonces, la verdad es que lo que más sorprende en la perspectiva del tiempo es que nos hayamos demorado quizás en dar curso a estos pasos, que son muy decisivos para generar mucha más velocidad de respuesta y complejizar menos la vida de unos y otros en las relaciones laborales.
Adicionalmente, en este caso particular, el proyecto en debate permite modernizar a la Dirección del Trabajo en cuanto a elementos que incorporan mecanismos tecnológicos de gestión y que posibilitan al servicio adaptarse a los nuevos tiempos y a otros organismos del Estado exactamente en la misma línea.
En consecuencia, aquí el tema de fondo radica en cómo generar las confianzas adecuadas que la tecnología entrega al servicio de la ciudadanía para evitar -y creo que jurídicamente así se ha hecho- cualquier desconfianza que una mala utilización de este tipo de instrumentos pueda generar.
Pero si no damos el avance, vamos a vivir en esa desconfianza que nos impedirá generar escenarios que obviamente están llamados por los nuevos sistemas a ir en mucha mejor ayuda de las personas.
Afortunadamente, más allá de una discusión que no fue menor en la Comisión -estuve viéndola-, al final se produjeron acuerdos y modificaciones importantes. En la Cámara de Diputados también se produjo un acuerdo relevante.
Yo siento que este es el tipo de avances que debiéramos investigar en otros servicios públicos, y cómo podemos adicionalmente avanzar en esta digitalización.
Y no me cabe duda de que usted, Presidenta, ha visto las filas enormes que se producen en un momento determinado para certificar que el trabajador que está firmando es esa persona -eso es al final- y que está generando las condiciones que suponen un término de la relación laboral, facultándose además a la Tesorería para disponer, en el caso de que sea necesario, la liberación de recursos con ese fin.
Esta es la parte positiva de las tecnologías en la que yo a veces echo de menos que avancemos con más decisión. Hay otras cosas vinculadas a la tecnología con las que debemos tener mucho cuidado, que son todas aquellas referidas a la invasión de la información privada.
Y en eso hay otra línea de proyectos en que estamos avanzando. Lo vimos hoy día en la Comisión de Hacienda. Ahí tenemos que ir.
Pero, en lo otro, tenemos que tratar de ayudar a las personas a que con los resguardos del caso -y para eso está la inteligencia digital adecuada- puedan sentir que les estamos dando un beneficio, una ayuda, un estímulo, una colaboración, especialmente en momentos complejos como supone este tipo de acciones.
Por eso, valoro el proyecto que se nos ha presentado.
Valoro también al Ministro y al Subsecretario, a quien le tocó hace un tiempo más largo ya preocuparse de estos temas, porque creo que esto nos ayuda a ser un país más justo.
Esto tiene que ver con una capacidad de entender la tecnología para todos y exige ciertas innovaciones legislativas correctas, pues es lo que permite hacer un país más justo.
Voto a favor.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Coloma.
Señor Secretario, tenemos una solicitud del Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Así es, señora Presidenta.
El Senador señor García-Huidobro ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Senador García-Huidobro?
Le ofrecemos la palabra en la Sala, entonces, al Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Gracias, Presidenta.
Este proyecto sobre finiquito electrónico viene, en la práctica, a facilitar, modernizar y, en términos generales, a hacer más fácil el término de la relación laboral entre empleador y trabajador.
Siendo bien honesto en este debate, me parece que en algunos miembros de la Comisión esta iniciativa generaba un cierto resquemor, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en la experiencia de muchos la asesoría de la Inspección del Trabajo en el trámite presencial muchas veces resultaba o resulta de gran utilidad para el trabajador que está viviendo la etapa del despido y del finiquito.
Por lo tanto, para varios de los que opinaron existía ahí un valor que se debía intentar salvaguardar para que nunca, frente a una notificación, una carta de despedido o la firma del finiquito, se expusiera más de la cuenta al trabajador en una negociación que podía ser algo dispar.
Eso es lo que se tuvo en cuenta en la redacción y en las propuestas que se fueron haciendo en el seno de la Comisión de Trabajo.
Cuando decimos que en esta nueva normativa el empleador debe enviar una carta en la que le debe decir todo al trabajador, "todo" significa cuándo termina la relación laboral y si quiere que el finiquito sea electrónico o no. Además, tiene que darle todas las opciones; decirle expresamente que puede hacer reserva de sus derechos, y en ese primer trámite, en el de la notificación por escrito, explicitarle todas y cada una de las cosas.
Después, si el trabajador optara por el finiquito electrónico, debe firmar, por supuesto, en una plataforma que depende de la Dirección del Trabajo, no en cualquier lugar.
Y ahí nuevamente se puede hacer reserva de derechos. Todo lo que tiene que ver con los pagos se puede hacer en la Tesorería o en sistemas análogos que den completa fe y fiabilidad de que las cuotas de los pagos o la retención de los dineros, etcétera, se van a hacer sin que el trabajador tenga que soportar algún cargo por ello, ni menos verse sujeto a que eventualmente esas platas tomen otro camino y no lleguen donde deben llegar en la fecha oportuna.
Aun así, si después de firmados y pagados todos los documentos el trabajador se diera cuenta de que cometió un error o de que hubo dolo o fuerza en la firma del finiquito electrónico, la ley en proyecto le permitirá recurrir a los tribunales para revisar -por supuesto luego de probar y demostrar que hubo error, fuerza o dolo en el otorgamiento del finiquito electrónico- el término de esa relación laboral.
En líneas generales, y por eso hubo votación me parece unánime en la Comisión de Trabajo, nos formamos la convicción de que esto era lo que correspondía hacer en el actual momento de nuestro desarrollo tecnológico y en el de las relaciones laborales.
Este paso al finiquito electrónico no genera en nada un menoscabo a los derechos laborales; no genera en nada una situación de mayor fragilidad para el trabajador, sino que simplemente es una manera eficiente y moderna de dar seguridad a los derechos laborales, de tramitar un finiquito de forma mucho más expedita y de resguardar los dineros con los cuales se van a pagar todas las sumas que por distintos ítems deban cancelarse al momento del finiquito.
Así es que, por esa razón, Presidenta, porque estamos dando un paso positivo para la relación laboral y también para los trabajadores que viven esta situación de término de su vínculo de trabajo, voy a votar a favor de la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
A usted.
No hay más palabras solicitadas en la Sala.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Han votado de manera electrónica el Senador señor Guillier, el Senador señor Quinteros, el Senador señor Soria, la Senadora señora Allende y el Senador señor Durana.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Antes de proceder a las solicitudes de los colegas que aún no han votado electrónicamente, le voy a ofrecer la palabra al Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, esto nos adentra en la modernización del Estado, en la modernización de la Dirección del Trabajo, y en una facilitación de los trámites entre trabajador y empleador. Sin embargo, tenemos que considerar que en Chile ha existido toda una cultura respecto del rol de las inspecciones del trabajo, en virtud de la cual se juntaba el trabajador y el empleador, de manera presencial, y podían llegar a un acuerdo en cuanto a posibles diferencias en numerosos temas pendientes cuando se quiere finiquitar una relación laboral. Ahí era muy importante el rol que cumplía el inspector del trabajo, como una suerte de árbitro, de amigable componedor, que facilitaba el entendimiento entre las partes y, en consecuencia, la firma del finiquito, que no es otra cosa que la constancia de que ellas, de común acuerdo, dan por terminado, con todas sus relaciones pendientes, el respectivo contrato de trabajo.
El finiquito electrónico parte de la base de que existe acuerdo en los términos del finiquito. No habrá una interposición personal de la Dirección del Trabajo, pues se supone que lo que aparece digitalmente ahí corresponde al acuerdo de las partes respecto de los términos del finiquito. Ahora, si hubiera diferencias entre el empleador y el trabajador en cuanto al documento digital que figurará en la plataforma de la Dirección del Trabajo, me imagino que habrá una instancia para conversar y ver cómo resolver la situación. No sé si el proyecto prevé tal posibilidad. Tengo la duda, porque -vuelvo a repetir- un documento electrónico supone acuerdo total para que el trabajador lo firme conforme.
La segunda duda que tengo es el rol de la Tesorería General de la República en los pagos. La Tesorería recoge los impuestos y cumple funciones muy importantes en todo lo que es el aspecto financiero del Estado. Ahora va a recibir una función lateral, menor, dentro del conjunto de platas que maneja. ¿No estaremos introduciendo, en este caso, un trámite más? Porque el trabajador, cuando firmaba en la Inspección, se iba con su finiquito y con su plata, y ahora lo estamos mandando a la otra esquina a comprar huevos y a esperar que la Tesorería le gire los dineros que le corresponden.
El Senador Pugh habla de interoperabilidad, de coordinación. ¿Existe ese mecanismo entre la Dirección del Trabajo y la Tesorería General de la República para los efectos de los fondos de los finiquitos?
Una manera de solucionar el problema puede ser la vía reglamentaria, de ejecución, donde se establezca claramente cuál será la coordinación entre ambos servicios, por cuanto sería malo que la Tesorería se demorara un mes en mandarle la plata al trabajador a su cuentaRUT, supongo yo. Tendrá que haber un mecanismo rápido, expedito, en virtud del cual el trabajador le dé su confianza al Estado para firmar un finiquito por medios electrónicos en la certeza de que recibirá su dinero al día siguiente o en los días venideros, porque no puede estar esperando. Y peor aún sería que el trabajador tuviera que ir a las oficinas de Tesorería, ya que con eso estaríamos incrementando la burocracia.
Finalmente, tengo una duda en cuanto a la posibilidad de recurrir judicialmente cuando exista error, fuerza o dolo. Debo entender que esta categoría viene del Código Civil, específicamente de su artículo 1451, referido a los vicios del consentimiento. Creo que la fuerza y el dolo ameritan una acción judicial; son algo más complejo. Pero, si solamente hablamos de un error, a lo mejor este se podría resolver en la propia Inspección del Trabajo, sin necesidad de que el trabajador tuviera que accionar judicialmente, por tratarse de un error que quizás puede solucionarse a través de otra vía.
Planteo esas dudas, aprovechando la presencia del señor Ministro del Trabajo y de otras autoridades del Ministerio.
Por lo tanto, voy a votar a favor, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Señor Ministro, se han planteado dudas por parte del Senador Francisco Huenchumilla, particularmente acerca del rol que va a jugar la Tesorería General de la República y de cómo se garantiza al trabajador o trabajadora que, una vez suscrito el finiquito electrónico, va a recibir sus recursos.
Nos parecen dudas muy legítimas, así que le pediría hacer una clarificación al respecto.
El señor MELERO (Ministro del Trabajo y Previsión Social).-
Presidenta, si la Sala y usted asienten, me gustaría que el Subsecretario Fernando Arab se hiciera cargo de las inquietudes del Senador Huenchumilla.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No hay dificultad.
Tiene la palabra el señor Subsecretario.
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).-
Muchas gracias, Presidenta.
Un saludo para usted y, por su intermedio, a los Senadores y Senadoras presentes, ya sea de manera presencial o telemática.
Son tres las consultas, muy importantes, que el Senador Huenchumilla realizó y que pasamos a responder para ir aclarando las dudas que se han ido generando.
En primer lugar, con respecto al trámite de conciliación, plantea en qué momento el trabajador y el empleador van a tener la opción de ponerse de acuerdo considerando que ahora el mecanismo se llevará a cabo de manera electrónica. Sobre el particular, le respondo al señor Senador -por su intermedio, Presidenta- que dicho trámite se mantiene, de manera que los comparendos de conciliación ante la Dirección del Trabajo se van a seguir efectuando como hasta la fecha, en forma presencial, por lo que la opción de llegar a acuerdo entre empleador y trabajador ante los funcionarios de la Dirección del Trabajo continúa tal cual, lo mismo que el rol insustituible de los inspectores del trabajo.
El proyecto se refiere solo al trámite del finiquito, en el que muchas veces ni siquiera coincidían en un mismo espacio empleador y trabajador. No son pocos los casos en que los empleadores enviaban los finiquitos ya firmados a notaría para que el trabajador concurriera en un tiempo posterior, o incluso en la Inspección del Trabajo para el mismo efecto. Por lo tanto, en ocasiones ni siquiera coincidían.
Ese es el trámite que hoy día estamos planteando hacer de manera electrónica, y como lo explicaba muy bien la Senadora Carolina Goic, Presidenta de la Comisión del Trabajo del Senado -a quien aprovecho de agradecer, al igual que a los otros integrantes del organismo, por la labor realizada-, los derechos de los trabajadores están garantizados.
En segundo lugar, Presidenta, el Senador Huenchumilla planteaba una inquietud con respecto al rol de la Tesorería General de la República. La verdad, Presidenta, es que esto ya viene funcionando. El finiquito electrónico, como usted sabe, Presidenta -a lo mejor los miembros de la Sala no lo conocían en detalle-, ha venido operando, de manera administrativa, desde el 2019. Lo que aquí estamos haciendo es darle sustento legal para una mejor protección de los trabajadores. Por consiguiente, ya desde ese año la Tesorería General de la República ha venido cumpliendo este rol y lo ha venido cumpliendo en muy buena forma, sin problemas.
Yo acojo la inquietud del Senador Huenchumilla en términos de que esto no puede significar mayor burocracia y que el trabajador tenga que ir a golpear otra puerta, pero -repito- esto ha venido funcionando de muy buena manera y ha existido sincronización entre la Dirección del Trabajo y la Tesorería General de la República, que actúa como agente retenedor. Esa es otra ventaja del proyecto, porque no habrá autorización del finiquito por parte de la Dirección del Trabajo si los fondos no están ya depositados. No eran pocos los casos en que el empleador le decía al trabajador "vaya a notaría, firme el finiquito y me lo trae" y después recibía el finiquito firmado y no le pagaba nada al trabajador o no le pagaba la suma íntegra.
Aquello no podrá ocurrir ahora, pues los fondos ya van a estar consignados y retenidos en Tesorería. Por lo tanto, casos de trabajadores que autoricen finiquitos y después no reciban su pago no seguirán dándose, como de hecho no está sucediendo con el finiquito electrónico. Por lo tanto, también es una buena noticia.
El Ministro dio una cifra que a lo mejor pasó un poco desapercibida, pero que es importante. Ya son 70 mil los finiquitos electrónicos que se han suscrito hasta la fecha. Y la verdad es que hasta el momento la Dirección del Trabajo no ha tenido ningún juicio en contra por algún problema que pudiera haber habido en ellos. Por ende, es una buena herramienta, y lo que hace este proyecto de ley, trabajado en conjunto con la Comisión de Trabajo del Senado y ya aprobado por la Cámara, es darle sustento y respaldo legal en favor de los trabajadores, para evitar cualquier tipo de abuso.
Por último, Presidenta, la tercera consulta decía relación con el error, la fuerza y el dolo. Como muy bien lo dijo el Senador Huenchumilla, el error, la fuerza y el dolo son vicios del consentimiento.
¿Qué hace la iniciativa? Pasa estos vicios, de materia civil, al tribunal laboral, con los plazos del tribunal laboral. ¿Qué gana el trabajador? Mayor inmediatez en la resolución. Por lo tanto, cuando exista error, fuerza o dolo, que son vicios del consentimiento, se deberán acreditar, pero en un juicio laboral, el cual, como sabemos, tiene una extensión mucho menor que la de un juicio civil. Un juicio civil por error, fuerza o dolo puede tardar años; un juicio laboral, evidentemente, tiene plazos menores y, por consiguiente, la respuesta al trabajador también es más inmediata.
Esto corresponde, en verdad, a una indicación presentada por algunos Senadores, que nosotros, como Ejecutivo, respaldamos en atención a que nos parece que va en el sentido correcto, como es otorgar mayores derechos a los trabajadores y así garantizar, sin duda, que el finiquito suscrito cuente con toda la certeza legal que permita al trabajador ejercer sus derechos.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla, y luego, el Senador Navarro.
El señor HUENCHUMILLA.-
Gracias, Presidenta.
Con respecto a lo último, yo entiendo que la fuerza y el dolo puedan ser objeto de reclamo judicial, pero me parece como mucho que pueda serlo el error, que es simplemente una cuestión de hecho, porque entiendo que el margen de error, dentro de las normas laborales, es mínimo, y que no puede asimilarse al error reglamentado en los artículos 1452 y siguientes del Código Civil para otras materias y que se coloca en otras hipótesis.
El error acá puede ser mucho menor y podría arreglarse no en sede judicial, sino ante la Dirección del Trabajo, lo cual sería más rápido, dejando el reclamo judicial solamente para la fuerza y el dolo, que son vicios del consentimiento mayores y de otra naturaleza.
Esa era mi duda, señor Subsecretario.
Les agradezco al Ministro y a usted, por la respuesta, pero mi punto específico en cuanto a los vicios del consentimiento era el que acabo de indicar.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Huenchumilla.
En la Sala, ha solicitado la palabra el Senador Claudio Alvarado. Luego se la otorgaré al Senador Alejandro Navarro.
El señor ALVARADO.-
Muchas gracias, Presidenta.
Primero, manifiesto mi voto favorable a esta iniciativa, que va en la línea de modernizar la gestión tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Tal como han indicado el señor Ministro y el señor Subsecretario, establece un sistema que ya viene operando. Se han realizado más de 60 mil finiquitos por la vía electrónica, sin que hayan existido inconvenientes. Y de esta forma vamos facilitando la acción del empleador respecto del trabajador y viceversa.
Además, siempre existirá la posibilidad de que, si el trabajador no quiere optar por la vía electrónica, solicite el finiquito de manera presencial ante un ministro de fe. Por lo tanto, los derechos de los trabajadores quedan debidamente resguardados y, de un modo u otro, vamos incorporando la tecnología al servicio de las instituciones, en este caso de la Dirección del Trabajo, y también en el ámbito de las empresas.
Muchas veces cuestionamos por qué tal o cual trámite no se hace en forma digital o por qué no tiene una respuesta más inmediata. Y aquí, en este proyecto, se está colocando la tecnología al servicio de las personas, al servicio de las instituciones y al servicio de los trabajadores.
Voto a favor, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Alvarado.
Le ofrecemos la palabra al Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, Presidenta.
No he tenido a la vista el informe para saber si la Comisión escuchó a abogados laboralistas, a notarios y también a organizaciones sindicales, porque la experiencia me indica que en muchos casos el tránsito del papel a lo digital puede resultar tortuoso en algunos momentos y debilitar los derechos fundamentales de los trabajadores.
Se hace una excepción con el finiquito, pero un trabajador puede recibirlo y decir "me cobro porque necesito la plata, pero quedan pendientes tales y cuales términos". ¿En qué momento se hará aquello? ¿Lo dificulta el proyecto?
Se señala que ya se han realizado 60 mil finiquitos. Yo quisiera tener un informe de la Dirección del Trabajo acerca de los reclamos que se han producido y de los problemas que han surgido, porque entre los empleadores y los trabajadores no hay una relación simétrica, sino asimétrica. Los empleadores tienen equipos contables, equipos administrativos y laborales que efectúan toda esta tarea; los trabajadores tienen que empezar a sacar cuentas y calcular si les están pagando todo.
Por lo tanto, en esta materia, creo que se debe garantizar absolutamente que el trabajador estará debidamente informado y tendrá la ocasión de reclamar por su finiquito.
No sé cuál va a ser el mecanismo de pago y dónde está la ganancia concreta de tiempo, salvo en la fila en el notario, que muchas veces congrega a todos los trabajadores, que así tienen tiempo suficiente para revisar lo que la empresa les ha enviado.
Yo tengo dudas y me hubiera gustado contar con un informe de abogados laboralistas y también, no sé, de la CUT y de otras organizaciones sindicales sobre esta propuesta y su velocidad de implementación. La necesidad de ir a lo digital parece ser cierta, pero ello debe ir acompañado de capacitación para los trabajadores.
Yo tengo reservas con este proyecto, Presidenta, en cuanto a los temas que he planteado. No sé si el señor Ministro o un miembro de la Comisión puede clarificarlos, para dejarme tranquilo al momento de votar, pues, si no hay nitidez en tales aspectos, voy a tener que abstenerme.
Aquí hay que favorecer y proteger al trabajador. Los empleadores mayoritariamente tienen equipos que los acompañan; los trabajadores, si no hay sindicato en su empresa -en el 90 por ciento de los casos no los hay en nuestro país; la sindicalización no supera el 10 por ciento-, quedan a la libre, sin una entidad que los pueda asesorar.
No sé si el señor Ministro o alguien de la Comisión me pudiera responder estas inquietudes antes de la votación, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Senador Alejandro Navarro.
Antes de ofrecerle la palabra al Ministro, para que pueda clarificar las dudas planteadas por usted, se la voy a otorgar, en la Sala, a la Senadora Ena von Baer.
El señor NAVARRO.-
¡Vale! Gracias.
La señora VON BAER.-
Gracias, Presidenta.
La verdad es que yo quiero felicitar este proyecto, que parece muy simple, pero que es de aquellos que pueden facilitarles mucho la vida a las personas. Y además creo que nos muestra hacia dónde tenemos que avanzar, no solamente en el ámbito del trabajo, sino en los distintos campos de funcionamiento de nuestra sociedad.
Si algo bueno nos ha dejado esta terrible pandemia es mostrarnos que muchas cosas que antes necesariamente hacíamos de manera presencial ya no es importante ni relevante realizarlas así. Por lo tanto, espero que ganemos más tiempo para hacer otras cosas en nuestra vida. Vamos a perder menos tiempo en trámites que, de verdad, no necesitan que nos desplacemos dentro de la ciudad; que inclusive en regiones como la mía significan un viaje del sector rural al sector urbano o de una comuna a otra.
Este proyecto de ley también reconoce una práctica que ya se encuentra establecida. Y facilita, entonces, la realización de algunas actuaciones, que son claves en el mundo del trabajo, a través de medios electrónicos: permitirá a trabajadores y empleadores realizar el finiquito laboral, la renuncia del trabajador y el mutuo acuerdo celebrado por las partes a través del correo electrónico. Y eso, empleando una tecnología que ya existe y con la cual la mayoría de los chilenos estamos bastante familiarizados, que es la clave única del Servicio de Registro Civil, la que ha resultado ser una tremenda herramienta para realizar distintos trámites. Y espero que sigamos ampliando la cantidad de trámites que se pueden realizar con la clave única, tal como hace este proyecto.
Lo relevante, señora Presidenta, es que esto ya se realiza y que, como decía el Subsecretario, estamos ante una iniciativa de ley que busca proteger al trabajador. Por ello, resulta necesario que se incorpore de manera expresa al texto, para darle validez legal a los documentos laborales electrónicos en nuestro ordenamiento jurídico.
Señora Presidenta, también es importante decir, respecto a lo que planteaba el Senador Navarro, que este trámite se va poder seguir efectuando de manera presencial; si el trabajador no lo quiere hacer de manera electrónica, va a poder decir "no", manifestarlo, porque es una facultad exclusiva de su parte el no querer realizar este trámite de manera electrónica.
Por lo tanto, este proyecto no solo se pone a la altura de los tiempos que estamos viviendo, sino que también protege de mejor manera al trabajador. Y, obviamente, siempre le deja espacio para que diga: "No quiero hacerlo de manera electrónica; quiero hacerlo de manera presencial".
Señora Presidenta, insisto: esta es una iniciativa de ley que va en la dirección correcta. Y espero que el Estado avance y que todos los trámites se puedan realizar de manera electrónica.
Así que, en ese sentido, voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Señor Ministro o señor Subsecretario, ¿pueden responder las dudas del Senador Navarro?
A continuación, le ofreceré la palabra al Senador Alfonso de Urresti.
Perdón, Senador, ¿usted también quiere plantear una duda o inquietud al respecto?
El señor DE URRESTI.-
Sí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Entonces, le ofrezco primero la palabra a usted, para que luego el Ministro o el Subsecretario pueda dar respuesta a todas las inquietudes.
El señor DE URRESTI- Gracias, Presidenta.
Mire, estos proyectos siempre están bien inspirados, pero la realidad es distinta. Lo único que protege de abusos a los trabajadores es su organización; es la capacidad de que tengan sindicatos, de que cuenten con igual información, de que exista una simetría en materia de recursos.
Con relación al manejo de las tecnologías muchas veces la distancia juega en favor del empleador, permite cansar al trabajador, hacerle la vida complicada o simplemente obligarlo a desplazarse. En las regiones tenemos muchísimos casos de empresas constructoras que dejan botados a los trabajadores, que son de distintos lugares. Por ende, concurrir a las oficinas de la Inspección del Trabajo resulta agotador para ellos; existe un problema en el desplazamiento, una necesidad que no siempre corre en favor del trabajador.
Entonces, la situación en su contra es clara. Si el trabajador no acepta este finiquito por vía electrónica, ¿cómo debe hacerlo? Estamos en presencia, por ejemplo, de trabajadores agrícolas. ¿De qué manera va a quedar expresamente manifestada esa situación, cuando muchas veces ellos no tienen acceso a internet, no hay conexión o no poseen los conocimientos para utilizar medios electrónicos?
Por lo tanto, frente a esa diferencia, esa incertidumbre, no puede generarse una situación en contra del trabajador.
Pregunto al Ministro y al Subsecretario: ¿cómo evitamos esa situación, para que por defecto opere siempre la realización del trámite en forma presencial? Yo entiendo que se facilitan estos trámites, pero eso es factible cuando existe una organización, cuando hay pleno conocimiento de los derechos. Pero, ¿qué ocurre con un trabajador viejo que es despedido de una faena forestal en la cordillera, y el finiquito se hace de esta manera? ¿En qué momento tiene la posibilidad de negarse?
¡Seamos claros! El abuso y la informalidad existen muchas veces en empleadores que simplemente son intermediarios, terceristas respecto de la relación laboral, como ocurre frecuentemente en el mundo de la construcción, donde se emplean los multirrut, y un trabajador no sabe quién es su empleador, pudiendo encontrar dentro de un mismo proyecto cuatro, cinco o hasta diez razones sociales.
¿Cómo evitamos esa situación? Porque hay una asimetría en la información: el empleador tiene más conocimiento. Y esto no puede significar una trampa, un cazabobos para vulnerar los derechos de los trabajadores.
Yo quiero que exista claridad en esto, como también en qué sanción habrá en caso del uso fraudulento de este trámite por parte del empleador. Porque puede haber un fraude, puede haber precisamente la posibilidad de establecer notificaciones a través de esta fórmula, finiquitos electrónicos, simplemente para operar en favor del empleador, aunque se diga que el proyecto permite "facilitar" -entre comillas- y simplificar dicho trámite. Pero, cuando se simplifica en contra de los derechos de los trabajadores, creo que no es correcto.
La pregunta concreta es esa: ¿qué ocurre con el mal uso de este trámite por parte del empleador?, ¿cuál será la sanción?, y si eso se encuentra establecido. Si no es así, establezcámoslo efectivamente como un uso doloso de este mecanismo de notificación para eludir las responsabilidades laborales.
Esa es mi consulta, Presidenta. Agradecería al Ministerio del Trabajo poder contestarla.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador.
Le ofrecemos la palabra al Ministerio para que pueda hacerse cargo de las dudas que han surgido durante este debate en la Sala por parte del Senador Navarro y del Senador De Urresti recientemente.
Ministro o Subsecretario, cualquiera de los dos.
Tiene la palabra, señor Subsecretario.
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).-
Gracias, Presidenta.
Por su intermedio, voy a responder las inquietudes planteadas tanto por el Senador Navarro como por el Senador De Urresti.
En primer lugar, comenzaré por la inquietud del Senador Navarro. Al respecto, algo recién señalaba en su intervención la Senadora Von Baer.
Hay que partir de la premisa de que el finiquito electrónico es siempre voluntario para el trabajador. Por lo tanto, si cualquier trabajador de nuestro país no quiere o no está en condiciones, por los motivos que sea, de disponer el finiquito electrónico, la alternativa presencial es siempre viable; es cosa de que rechace la alternativa electrónica de manera digital o bien plantee ante la Inspección del Trabajo que él desea firmar el finiquito de manera presencial. Por lo tanto, eso siempre está resguardado; y en conjunto con la Comisión de Trabajo nos preocupamos de que esto quedara en el texto de manera expresa.
En segundo lugar, Presidenta, también por su intermedio, sobre la reserva de derecho. Lo que plantea el Senador Navarro es muy importante. Efectivamente, los trabajadores deben siempre tener garantizado el derecho de poder hacer reserva de acciones, ya sea de manera digital o de manera presencial.
El finiquito online lo permite, y la plataforma está habilitada para que el trabajador que quiere reservar derechos lo pueda hacer. Es más, con esto estamos yendo más allá de lo que existe hoy día. Hoy día, si el trabajador se reserva derechos, puede que el empleador le diga: "Okay, te reservaste derechos; pero discutamos todos los montos, los reconocidos y los no reconocidos, en sede judicial". Por tanto, se va a discutir la suma total a tribunales. ¿Qué estamos estableciendo acá? Que los montos que el empleador ya reconoció debe pagarlos sí o sí; es decir, la Dirección del Trabajo lo va a obligar a pagarlos. Y, por lo tanto, solo podrá recurrirse a sede judicial respecto de los montos no reconocidos.
En seguida, se establece otra innovación que también es en favor de los trabajadores: el finiquito va a tener que indicar de manera expresa todas aquellas materias por las cuales el empleador queda liberado; no basta un finiquito general. Por lo tanto, se va a tener que señalar de manera expresa que no se adeudan vacaciones, que no se adeudan indemnizaciones, que no hubo vulneración de derechos, etcétera. Si algo no se dice, esa omisión corre a favor del trabajador, cosa que no sucede hoy día.
Por lo tanto, esos son dos cambios superimportantes en beneficio de los trabajadores.
En tercer lugar, Presidenta, el Senador Navarro -por su intermedio- preguntaba cuántos reclamos ha tenido la Dirección del Trabajo por este finiquito electrónico que ya viene funcionando, como les decía, de manera administrativa, y esperamos que este proyecto le dé un sustento legal que lo robustezca mucho más. Como señalé hace algunos minutos atrás, ninguna demanda ha recibido la Dirección del Trabajo por parte de trabajadores que aleguen que no están siendo respetados sus derechos con el finiquito electrónico. Creo que esa es una buena señal de que esta herramienta viene funcionando en forma adecuada.
Por último, Presidenta, el Senador Navarro planteaba cuál era el ahorro aquí. Hay un ahorro de tiempo que es evidente. Y lo decía muy bien el Senador De Urresti: ocurre que puede haber casos de empleadores que ponen el finiquito a disposición del trabajador en una notaría lejana, o en un lugar que a lo mejor para el trabajador es más complejo. Él decía que no le hacen la vida fácil al trabajador. Precisamente, este finiquito electrónico le va a hacer la vida más fácil al trabajador, porque donde esté va a poder acceder a él. Y no solo con ahorro de tiempo, que evidentemente es importante, sino que también con ahorro de recursos. Hoy día no son pocos los casos en que los empleadores -evidentemente, no en la Dirección del Trabajo, porque no tiene costo- ponen el finiquito en la notaría y el costo de la autorización de ese finiquito a veces es traspasado al trabajador.
Recordemos que hoy día es el empleador el que decide dónde pone el finiquito a disposición de los trabajadores, ya sea en la Inspección del Trabajo o en una notaría. Y a veces en la notaría el costo de ese finiquito, para qué decir el costo de la carta renuncia, es asumido por los trabajadores. Hoy día esos trabajadores podrán suscribir o la carta de renuncia o el mutuo acuerdo o el finiquito, sin ningún costo. Por lo tanto, además del ahorro de tiempo, hay un ahorro de recursos que también consideramos importante, especialmente de cara a los trabajadores.
Respecto de la consulta del Senador De Urresti, yo comparto lo que él decía: "aquí tenemos que hacerle la vida fácil al trabajador". Nosotros estamos convencidos de que este finiquito electrónico le va a hacer la vida más fácil a los trabajadores. Y aquellos trabajadores que no tengan acceso o que no deseen, porque tal vez -lo decía muy bien el Senador De Urresti- quieran asesorarse con su organización sindical, van a poder seguir haciéndolo. Aquí no se reemplaza el rol de las organizaciones sindicales ni ninguna otra decisión.
Hoy día, el acto de finiquito ante la notaría o ante la inspección del trabajo es un acto individual, pero el trabajador puede asesorarse con su sindicato. Con esta modalidad va a poder seguir haciéndolo; no hay ninguna innovación en ese sentido. Y el trabajador que desee seguir asesorándose, obviamente, lo puede hacer.
No sé si respondí, Presidenta, las consultas de los Senadores.
¡Ah!, perdón, me faltó una: lo de las sanciones que planteó el Senador De Urresti.
Hoy día, para el caso de que el empleador no cumpla con el finiquito y con la puesta a disposición, la ley contempla sanciones importantes, incluso de recargos, que pueden llegar, no me recuerdo bien, pero hasta más allá del cien por ciento, si no me equivoco, del monto del finiquito cuando el empleador no lo pone a disposición del trabajador. Por lo tanto, esa misma lógica, esas mismas sanciones que hoy día ya contempla el Código del Trabajo se hacen extensivas también a la omisión de los plazos o al abuso en caso de que el empleador no cumpla con su obligación legal.
En consecuencia, los trabajadores también quedan salvaguardados, protegidos de este empleador que no cumplió con su obligación.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchísimas gracias.
Senador Navarro, tiene la palabra.
El señor NAVARRO.-
Presidenta, dos puntos.
Uno, ¿por qué el finiquito tiene que ser de costo del trabajador si el que está otorgando el despido es el empleador? Yo creo que esa es una situación que hay que ver. Si existe un costo notarial, en mi opinión, el finiquito no voluntario, es decir, el finiquito que corresponde por el fin de obra o faena, o por un despido, debiera ser de cargo del empleador. Si hay una renuncia voluntaria, muy bien, o será compartido o será de cargo del trabajador, pero el término de la faena, o el término por vencimiento del contrato o por despido, debiera ser de costo del empleador.
En segundo término, pregunté a los miembros de la Comisión: ¿se escuchó al abogado laboralista y también a los sindicatos, los pocos sindicatos que tenemos? ¿Cuál es la opinión del mundo sindical frente a esto? Porque tienen la experiencia práctica, es decir, saben cómo está funcionando de verdad.
Yo quiero decir que cuando existe una diferencia en un finiquito de ochocientos mil, y hay diez, cinco, veinte, treinta, cincuenta, cien lucas, cuando hay que trasladarse de ciudad, la gente no reclama no porque esté de acuerdo con el finiquito, sino porque el procedimiento que genera es muy engorroso, oneroso, complejo. Y la empresa sabe, hasta ahora al menos, cómo hacer más engorroso ese procedimiento y desincentiva a que los trabajadores puedan reclamar. La famosa "cortada de cola": les cortan la cola a los administrativos, les cortan la cola a los viejos, y la verdad es que ir a reclamar por una colita no se hace sostenible.
En tercer lugar, ¿dónde se les paga? Este proyecto innova en decir que si hay finiquito electrónico, y el trabajador era de Antofagasta y está en Coronel, o en Lota, o en Penco, el envío de ese dinero ¿cómo se hace y se garantiza que pueda ser retirado? No me queda claro, porque muchas de estas empresas pueden tener domicilio centralizado, particularmente las constructoras, en otros lugares.
Y respecto de las multas y desincentivos, lo he planteado otras veces, Presidenta: yo voté en contra del listado para los que evadían el Metro. Querían un Dicom de los que evadían el pago del Metro. No sé si hay, Subsecretario, Ministro, un Dicom de los empleadores que no cumplen con el pago de los finiquitos o tienen incumplimiento laboral o prácticas antisindicales. ¿Puedo yo meterme a internet y buscar esas faltas?
Porque yo creo que hay buenos y malos empleadores. No todos son malos empleadores. Y las empresas más grandes, en general, siempre cumplen. Pero hay sectores, segmentos empresariales donde existen estas prácticas persecutorias. O sea, si hay un despido de sesenta viejos y uno no quiere el finiquito electrónico, la verdad es que la presión que se va a ejercer para él no tiene equilibrio. Es una relación, como decía el Senador De Urresti, ampliamente asimétrica.
Entonces, quiero preguntar cómo se efectúa el pago, porque lo más interesante, partiendo del hecho de que hay consenso y voluntades compartidas de que el finiquito está bien calculado, es que se dé la facilidad no de firmar el finiquito, sino de recibir el pago oportuno. La pregunta es dónde y cómo se realiza el pago, salvaguardando siempre la reserva respecto del trabajador de aquellos aspectos que el finiquito no considere o que considere faltantes.
Eso es, Presidenta.
¡Ah!, y me hubiera gustado saber si hubo opinión de los sindicatos y los abogados laboralistas. E insisto en el punto de las audiencias ciudadanas en estas materias, que son siempre controvertibles.
Eso es, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Subsecretario, finalmente, para responder las consultas.
Puede activar su micrófono.
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).-
¿Ahí sí?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ahora lo estamos escuchando.
El señor ARAB (Subsecretario del Trabajo).-
Gracias, Presidenta.
Muy brevemente, voy a responder las dos consultas del Senador Navarro, por su intermedio, Presidenta.
Primero, la pregunta sobre dónde se le paga al trabajador de manera electrónica. Donde el trabajador quiera. Es decir, el trabajador, cuando firma el finiquito electrónico va a señalar la cuenta corriente, la cuentaRUT o la cuenta vista donde se le transfiera, y, por lo tanto, va a ser el trabajador el que va a señalar dónde quiere que esos dineros estén depositados. En consecuencia, el tema que planteaba muy bien el Senador Navarro de distancia, de diferencia, si uno estaba en Copiapó y el otro, no sé, en mi comuna, Ovalle, por ejemplo, no va a ser impedimento, porque va a ser en la cuenta corriente, cuentaRUT o cuenta vista que el propio trabajador defina.
Y respecto de la segunda pregunta que hacía el Senador Navarro -por su intermedio, Presidenta-, si existe un registro de aquellos empleadores que hayan cometido prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales, la respuesta es que sí. Hay un registro y lo publica la Dirección del Trabajo de manera semestral.
Efectivamente, para aquellas infracciones laborales que el legislador ha considerado que son más graves, como las prácticas antisindicales y la vulneración de derechos fundamentales, hoy día opera un registro, que publica la Dirección del Trabajo semestralmente, en el que figuran los empleadores que han sido sancionados por tales motivos.
Eso sería.
Espero haber respondido las dos preguntas del Senador Navarro, por su intermedio, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Senador Navarro, tiene la palabra por última vez, porque vamos a terminar la votación.
Se la concedemos solo porque está en una residencia sanitaria, Senador.
El señor NAVARRO.-
Gracias, por su comprensión, Presidenta.
¿Qué pasa si no se efectúa el depósito del finiquito y está firmado?
Esta es una votación compleja.
Solo digo que me habría gustado escuchar a la CUT, a los sindicatos, a los abogados laboralistas respecto de aquello.
Yo confío en la buena fe de los Senadores que han planteado apoyo irrestricto al proyecto; escucho al Subsecretario, al Ministro, y creo que no tendría sentido hacer una legislación para perjudicar al trabajador. Pero después, en la praxis, cuando operan estos mecanismos, si estos fallan, en general la gente no dice: "¡Qué malo el Ministro!", sino "¡Ustedes votaron esto!", o bien, "¡Por qué el Senador o la Senadora aprobó esto sin considerar que me perjudica!
Entonces, la pregunta concreta es: ¿Qué pasa si no está depositado el finiquito y el trabajador firma a través del trámite digital? ¿Acaso no debiera haber primero una ratificación de que el finiquito fue depositado? El trabajador debiera tener la certeza de que esa plata ya está en su cuenta antes de firmar.
Todo ello está relacionado con generar la certeza de que no lo harán peregrinar, habiendo firmado el finiquito, sin que pueda acceder de manera expedita a los recursos, a su dinero.
Con esto termino, Presidenta.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señora Presidenta.
Han votado de manera electrónica el Senador señor Durana, el Senador señor Guillier, el Senador señor Huenchumilla, el Senador señor Quinteros, el Senador señor Soria, la Senadora señora Allende y el Senador señor Girardi.
Vamos a efectuar la consulta de votos a las señoras y los señores Senadores que no han votado electrónicamente y se encuentran conectados por vía telemática.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias.
A favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.-
A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
A favor.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
Está pareado con la Senadora Sabat.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.-
Entiendo que estamos en un trámite que permite la presentación de indicaciones.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
No, Senador.
Quiero aclararle que está votación es en general y particular, porque el proyecto es de artículo único.
Se lo digo por si quiere rectificar su voto.
El señor NAVARRO.-
Me abstengo, entonces, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
¿Perdón?
El señor NAVARRO.-
Me abstengo.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
O sea, una vez aprobado el proyecto ahora en la Sala, ¿se va a la Cámara de Diputados?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
La iniciativa no fue aprobada en los mismos términos; por tanto, como estamos en el segundo trámite constitucional, vuelve a la Cámara.
El señor NAVARRO.-
Ya.
Entonces me abstengo, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Correcto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El Senador señor Navarro se abstiene.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (32 votos a favor, 1 abstención y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Carvajal, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Alvarado, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Navarro.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
No votaron, por estar pareados, el señor Lagos y la señora Sabat.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Por aprobarse el proyecto con modificaciones en este segundo trámite, se envía a la Cámara de Diputados para su tercer trámite.
INFORMACIÓN Y REGULACIÓN DE PRECIO DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DE APOYO DIAGNÓSTICO Y CLÍNICO
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Pasamos, a continuación, a la discusión en general del proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Goic y señores Chahuán y Quinteros, en primer trámite constitucional, que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente (boletín N° 13.892-11).
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.892-11) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrezco la palabra al señor Secretario, para que haga una relación de esta iniciativa de ley.
El señor CÁMARA (Secretario General subrogante).-
La señora Presidenta ha puesto en discusión la idea de legislar del proyecto que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico, así como la obligatoriedad de informarlo públicamente (boletín N° 13.892-11).
Esta iniciativa tiene por objeto establecer un porcentaje máximo adicional a los establecidos por Fonasa para los exámenes y otras prestaciones del área de la salud, ofrecidos por todas las instituciones prestadoras de atención médica. A su vez, se dispone la obligatoriedad de publicitar estos precios, por medio de un listado que debe estar a la vista de los pacientes y que pueda ser solicitado por ellos en cualquier momento.
Finalmente, se crea un observatorio, cuya función será registrar las cifras estadísticas, indicadores, estudios, análisis y otros temas de interés relativos a la variación de precios de exámenes y procedimientos médicos.
La Comisión de Salud hace presente que el texto que propone en su informe se estructura en un artículo permanente, el cual no contiene normas que requieran un quorum especial de aprobación ni afecta la organización o atribuciones de los tribunales de justicia.
Asimismo, la Comisión consigna que, pese a tratarse de un proyecto de artículo único, discutió esta iniciativa solamente en general, con el objeto de perfeccionar su texto con posterioridad, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 16 y 17 del informe de la Comisión de Salud y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Eso es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias.
Le ofrezco la palabra, a continuación, al Presidente de la Comisión de Salud, Senador Rabindranath Quinteros, para que dé cuenta del informe a esta Sala.
El señor QUINTEROS.-
Gracias, Presidenta.
El Secretario dio a conocer el objetivo de este proyecto, pero, además de eso, debo decir que el año 2020 la Comisión de Salud del Senado envió un oficio a la Superintendencia de Salud con el objeto de obtener información sobre los valores asignados por diferentes prestadores de salud del sector privado a algunos exámenes de mayor demanda, considerando incluso la variación de los mismos en el caso de que la prestación se otorgue en días hábiles o inhábiles.
La Superintendencia de Salud elaboró un informe, comparando los valores de distintos prestadores de salud privados en las Regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Biobío y de La Araucanía. En el análisis, la fuente de datos fue el Archivo Maestro de Prestaciones Bonificadas de las Instituciones de Salud Previsional del año 2020, entre enero y junio de ese año. Sobre la base de estos datos, es posible estimar los precios promedios cobrados por los prestadores privados de salud para aquellos exámenes de mayor demanda, considerando también la variación de ellos cuando la atención ocurre en horario hábil o inhábil.
El estudio comparativo señala los precios para exámenes de laboratorio, para exámenes de imagenología y, finalmente, para los días de cama. En dicha comparación de los valores mínimos y máximos de los exámenes más demandados entre distintos prestadores de salud privados, se aprecian diferencias drásticas entre los valores de exámenes de laboratorio en distintas clínicas, sobrepasando en la mayoría de los casos el 200 por ciento del valor mínimo.
En resumen, las prestaciones de salud presentan significativas diferencias, dependiendo del lugar al que se acuda.
Este proyecto de ley surge luego de conocer la enorme disparidad de precios que existen en exámenes y otras prestaciones del área de la salud, por considerar inaceptable e injustificada la diferencia dramática de precios, realizadas con la misma tecnología y muchas veces con la misma calidad de equipamiento.
En Chile, los valores de prestaciones médicas, como los exámenes u otro tipo de procedimientos, poseen como valor de referencia el fijado para Fonasa. Sin embargo, las instituciones prestadoras de servicio de salud privadas tienden a establecer sus precios en atención al mercado, al no haber una legislación que regule los valores de las prestaciones ofrecidas, salvo el examen PCR para el COVID-19.
Este proyecto establece que "El precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico realizados ambulatoriamente, de urgencia o electiva, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 50% del valor asignado en el Arancel Modalidad Institucional del Fondo Nacional de Salud, regulado en el Libro II del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud". "Por su parte, el precio de estas prestaciones realizadas en atención cerrada, tanto en horario hábil como inhábil, no podrá ser superior al 40% del referido arancel.
En la votación en general, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi y Quinteros.
Eso es todo, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias, Presidente de la Comisión de Salud.
Le ofrezco la palabra a la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
No soy de la Comisión de Salud. ¿No importa?
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Como está inscrita.
La señora EBENSPERGER.-
Estoy inscrita, sí.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si le parece, le voy a ofrecer primero la palabra a la Senadora Carolina Goic.
La señora EBENSPERGER.-
Sí, no hay problema.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Senadora Goic.
La señora GOIC.-
Gracias, Presidenta.
Yo quiero justificar mi voto a favor en general de este proyecto y también valorar el espíritu que hay detrás.
Sé que esta es una iniciativa que ha generado ruido. Tenemos varias solicitudes para participar en la Comisión. Ello, porque se hace cargo de algo que es escandaloso. Y permítame, Presidenta, decirlo con todas sus letras: ¡Escandaloso!
Lo señaló el Senador Quinteros, Presidente de la Comisión: este proyecto nació a raíz de una solicitud que hicimos al Superintendente de Salud para que revisara las diferencias de precios de los exámenes, a propósito de ciertos casos donde la diferencia, entre horario hábil y horario inhábil, era abismante.
Y nos dimos cuenta de que hay diferencias que no se justifican, desde ningún punto de vista, y también que estas se acentúan si se trata de atención ambulatoria u hospitalización en el mismo recinto. ¡En tales situaciones no podemos dejar al arbitrio del mercado la salud de las personas!
Yo no tengo ningún problema con la provisión privada de servicios en salud. ¡Pero no a cualquier costo!
Lo decimos acá: el Estado tiene que jugar su rol como regulador. Hicimos algo parecido en el caso de las alzas de precio a los planes de las isapres, cuando al fin zanjamos el problema fortaleciendo a la Superintendencia de Salud para que norme cuánto pueden aumentar tales planes, en lugar de que haya un alza unilateral. Me parece que acá hay algo muy similar. Estamos hablando de diferencias de 1.800 por ciento: ¡1.800 por ciento! Un análisis de glucosa en la sangre puede costar 1.400 pesos en un establecimiento y 27.000, en otro. ¿Qué puede justificar eso?
En un estudio que consideró a dieciocho clínicas, catorce exámenes de imagenología y diez laboratorios, se observan casos como el de un urocultivo, que en la Clínica Red Salud, en Providencia, cuesta casi 4.000 pesos, pero en la Clínica Alemana, casi 31.000 pesos. Uno puede pensar que en este último lugar hay mejor tecnología, ¡pero ocho veces! ¡Ocho veces! ¡Es a costa de qué!
A mí me da vergüenza ver las diferencias de precios en una mamografía: en algunos casos superan los 100.000 pesos. ¡El mismo examen!
Entonces, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Es lo que hemos hecho quienes hemos suscrito esta moción. ¡La salud no puede ser un negocio lucrativo a costa de las personas!
Establezcamos cuáles son los criterios. Nosotros propusimos uno que es absolutamente perfectible: que haya una relación con el costo de la modalidad institucional de Fonasa, para la misma prestación, el mismo examen. Quizás es mejor -probablemente va a ser parte del análisis en particular- utilizar como referencia la modalidad de libre elección. Se asimila. En este punto hay una discusión pendiente también, que es cuánto se paga en un hospital público por una prestación y la subvaloración que hay, lo cual nos lleva habitualmente a la deuda hospitalaria. Pero, en fin, eso es parte de la discusión que vamos a dar.
Y sabemos que hay diferencias regionales. Por supuesto, es más caro llevar un reactivo a Magallanes que el mismo examen en Santiago. Es parte de los criterios que hay que considerar; pero no hay duda de que en esto tenemos que establecer una banda de precio.
Además, han surgido otros temas que yo quiero dejar aquí enunciados.
A cuántos les ha pasado o cuántos han escuchado a alguien decir: "Ah, no; ese examen, señora, que se hizo en Punta Arenas no sirve; tiene que hacérselo acá, en la clínica". Eso es inaceptable, ¡inaceptable! Si una persona se realiza un examen que está codificado, que está reconocido, lo lógico es que tenga certeza de su calidad. ¡No puede ser!
Hemos sabido, incluso, de situaciones donde hay indicadores o metas respecto de cuántos exámenes se deben hacer en un establecimiento de salud. ¿En qué minuto dejamos que la salud sea un negocio y no algo dentro de la razonable competencia entre distintas instituciones? Uno entiende esto último.
Entonces, habrá que regular en este ámbito las garantías del paciente, de la persona enferma muchas veces, para que el examen que se está haciendo sea de una calidad determinada. ¿Y cuál es el rol de la Superintendencia en esto?
Y no vaya a ser que, por bajar los precios, se generen prácticas inaceptables desde el punto de vista laboral, por ejemplo.
Eso es parte de lo que queremos discutir acá.
A quienes están preocupados por el avance de este proyecto los invito a ponerse del lado correcto, que es el de las personas, el de las cosas que hoy día constituyen mínimos éticos, ¡éticos!, en nuestro país. Hemos permitido, insisto, que el mercado opere en áreas donde no puede ser la regla, lo que tienen que ver con el bienestar de las personas.
Establezcamos categorías, establezcamos rangos. No puede ser que tengamos una situación de tanta opacidad. Parte de lo que planteamos en el proyecto es que existan comparadores de precio y que esto sea conocido.
¿Puede alguien entender por qué, si una persona se hace un examen cuando está hospitalizada, se lo cubren completo muchas veces y le sale más barato que si se lo realiza de forma ambulatoria, cuando a todas luces el costo es menor? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? ¡Finalmente son las personas; no nos engañemos!
Todos esos vicios del sistema queremos poner sobre la mesa.
Y en esto invitamos a los prestadores a ser parte, a ayudarnos a pensar cuál es la mejor forma de que el Estado cumpla su rol de protección de las personas, cumpla su rol regulador.
Fonasa lo ha demostrado de muy buena manera en esta pandemia: ha sido posible entregar tratamientos de muy buena calidad, con distintos prestadores, de modo ordenado y regulado por el ente público. Esto también requiere un Fonasa fortalecido, lo cual es parte de las discusiones que yo espero que avancen.
Queremos que el Estado cumpla su rol de garantizar que lo que está comprando -digámoslo así- o pagando una persona por un examen tiene un criterio de calidad; que no se generen situaciones de abuso, y que avancemos en transparencia.
Esta iniciativa apunta, Presidenta -y con esto termino mi intervención-, a que la salud sea efectivamente un derecho y a que tengamos provisión pública y privada, pero siempre poniendo por delante los intereses de las personas.
He dicho, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias a la Senadora Carolina Goic.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Ha solicitado la palabra el Senador Guido Girardi, pero antes tenemos una solicitud de reglamento.
Tiene la palabra, Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Gracias, Presidenta.
Por acuerdo de la Comisión de Economía, quiero pedir que se reabra el plazo para presentar indicaciones al proyecto que moderniza los procedimientos concursales contemplados en la ley N° 20.720 y crea nuevos procedimientos para micro y pequeñas empresas. Corresponde al boletín N° 13.802-03.
Hacemos esta solicitud conforme a un acuerdo adoptado unánimemente por la Comisión de Economía. El plazo propuesto es este viernes a las 12 horas.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si le parece a la Sala, se accede a lo solicitado.
Acordado.
Las indicaciones tienen que remitirse a la Secretaría de la Comisión.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Le ofrecemos la palabra al Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señora Presidenta, este es un proyecto muy importante. Muchas veces se genera un debate cuando nosotros señalamos que en salud no funciona el mercado y que por eso tienen que haber normas de ética que resguarden el derecho de las personas.
¿Por qué no funciona el mercado? Porque para que haya mercado tiene que haber una decisión de un consumidor. En el caso de la salud hay un paciente que no decide nada, porque este no decide ni el tratamiento que va a recibir, ni los medicamentos y menos los exámenes. Quien determina los exámenes es un actor separado del paciente, que es el médico, el terapeuta o la doctora y, por lo tanto, eso pone en cuestión la idea de que el mercado pueda regular.
Luego, la persona está obligada a tomarse el examen, porque se encuentra en juego su vida. No es como cuando se va a comprar ropa, zapatos, en que si no los compra puede tener un problema, eventualmente, de inaccesibilidad a determinado bien, pero ese bien no determina la posibilidad de la vida y la muerte. En cambio, un examen puede ser fundamental para la vida, y la persona no puede evitarlo; si tiene un cáncer o una diabetes, está obligada a tomarse ese examen.
Y cuando va a una clínica, evidentemente, el paciente es rehén, mucho más si está hospitalizado. Imaginen qué posibilidades tiene un paciente que está hospitalizado de vitrinear exámenes. O si alguien va a atenderse a cualquiera de las clínicas, como ocurre normalmente -puede ser la Clínica Dávila, la Clínica Las Condes, la Clínica Alemana-, va a entrar a la clínica, va a ver al médico y se tendrá que realizar en la clínica el examen que el médico le pide. Sabemos muy bien que los incentivos mayores que las clínicas tienen hacia los médicos es por la toma de exámenes. Es ahí donde está el gran negocio de las clínicas, que tiene que ver con la toma de exámenes.
¿Y qué es lo que ocurre acá? Que a partir de casos que nos fueron llegando a la Comisión, que eran muy dramáticos, le pedimos a la Superintendencia de Salud que hiciera un estudio, como lo hicimos nosotros mismos.
¿Qué nos señaló el estudio de la Superintendencia?
Nos planteó que había precios -como indicó la Senadora Goic- tremendamente abusivos e incomprensibles. Es decir, entre las propias clínicas privadas -no estábamos comparando con Fonasa- había diferencias.
En una clínica, por ejemplo, el urocultivo vale 4 mil pesos y en otra el mismo urocultivo vale casi 31 mil pesos. No hay ninguna razón que pueda justificar que con los mismos reactivos, con los mismos procedimientos, un examen pueda valer casi un 700 por ciento más en una clínica respecto de otra. Hablo de dos clínicas privadas, donde la que lo vende a 4 mil pesos también obtiene una rentabilidad, pero seguramente una rentabilidad ética. ¿Qué razón tiene la Clínica Alemana, por ejemplo, para vender ese examen a 31 mil pesos, en circunstancias de que ya teniendo rentabilidad en otra clínica vale 4 mil pesos?
Lo mismo sucede, por ejemplo, con una resonancia de columna: en una clínica vale cerca de 200 mil pesos, y con la misma tecnología, con equipos de resonadores equivalentes, con especialistas acreditados equivalentes, en otra clínica vale más de 700 mil pesos. ¿Cómo enfrenta esto un paciente que está hospitalizado?
Además, está el tema de los horarios no hábiles, es decir, si te lo toman el fin de semana, te levantan el precio, que puede ser hasta un 50 por ciento más caro.
Yo considero que son situaciones tremendamente lesivas, porque los pacientes no tienen cómo defenderse. Y el paciente que va a ver a su médico, a su doctora a una clínica privada normalmente se va a tener que hacer el examen ahí, porque, como señalaba Carolina Goic, le van a decir: "Si se lo toma en otra parte, no confiamos en su examen y el médico no se lo va a ver; solo lo hará si usted se lo hace en la misma clínica".
Entonces, tenemos situaciones que son increíblemente lesivas en el sentido de la transparencia. Yo creo que esto hay que regularlo porque afecta la credibilidad del sector privado. Muchos no tenemos problemas con que existan prestadores privados. Pero si los prestadores privados van a tener tal magnitud de abuso, yo pienso que ponen en cuestión la confianza y la posibilidad de que en Chile existan prestadores privados. Por eso debe haber normas éticas.
Tenemos otro tipo de temas, que habría que aprovechar de incorporar, que son los exámenes no arancelados. Como Fonasa, por razones de ahorro, no arancela todos los exámenes, ¿qué sucede con las clínicas privadas? Uno se va a tomar un examen a la clínica privada y, como no tiene arancel, lo cobran en forma privada y con precios que son gigantescos y totalmente abusivos. También deberíamos regular estos temas.
Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que se haga una discusión. Y por eso este proyecto se está votando en general. Además, esta iniciativa es transversal. Fue autor también, junto con Rabindranath Quinteros, Carolina Goic, el Senador Chahuán. Lo que nosotros queremos es que este proyecto se vote en general, para buscar mecanismos con las universidades, porque hay universidades que tienen hospitales privados, como son el de la Universidad Católica y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y la idea es que hagamos esto en un sentido de bien común.
Nosotros no estamos en contra de que la salud pueda tener una renta, pero que sea ética, es decir, que las utilidades que se obtengan sean razonables. Pero estas no son razonables, son atentatorias, son de verdad vergonzosas. Y estamos hablando de salud, no de otros bienes. Como decía, es muy importante regular esto, porque en este ámbito no funciona el mercado, no opera el mercado, no hay transparencia, pues los pacientes no tienen idea del precio que le van a cobrar, salvo al momento que llegan a la clínica a tomarse el examen, y ahí están contra la pared, ya no pueden retroceder y están obligados a tomárselo en esas clínicas. Esto resulta más grave, como he señalado, cuando el paciente además está hospitalizado.
Y esto es más grave cuando sabemos -y quiero reiterarlo, porque así es- que el mayor incentivo que tienen las clínicas para obtener utilidades son los exámenes. Es ahí donde obtienen las mayores ganancias, y por eso hay un incentivo muy directo a pedir muchas veces más exámenes de los que se necesitan. Eso, evidentemente, cuesta más regularlo. Pero si más encima esos exámenes tienen este sobreprecio, estas rentas sobrenormales, yo creo que estamos en una situación de indefensión.
Por eso la idea es poder generar un marco muy amplio, de conversar con todos los especialistas, con todas las instituciones, para ver el mejor mecanismo que establezca una regulación ética, de rentas éticas de estos exámenes, porque hoy día no lo son, hoy día es abuso, son rentas sobrenormales que están afectando el acceso de la población a la salud.
Esto no solo afecta al sector privado. ¿Por qué? Porque como los pacientes de Fonasa tienen listas de espera gigantescas y para tomarse una mamografía o una resonancia tienen que esperar años, muchos pacientes de Fonasa, haciendo un esfuerzo gigantesco, terminan yendo al sistema privado. Con apoyo de los amigos, de la familia, logran financiar sus exámenes. Pero esto está afectando el acceso de los pacientes Fonasa, que no tienen prestación por limitación de oferta en el sistema público por la lista de espera y terminan haciéndose estos exámenes en el sistema privado a precios que son altísimos
Por eso, es muy importante que este proyecto sea aprobado en general -ojalá que haya unanimidad en una iniciativa tan significativa como esta-, para después, como hemos dicho, discutir en particular cuáles son los mejores mecanismos, los más transparentes, los más claros, para poder generar una regulación ética del precio de los exámenes. Lo mismo estamos haciendo en la Ley de Fármacos II con los medicamentos. Esto ocurre en todos los rincones del planeta civilizado; en todas partes del mundo esto está regulado, salvo en Chile, en un ámbito donde, además, no existe mercado, como hemos dicho.
De todas maneras yo voto a favor, y agradezco el interés de nuestra Mesa por este proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Muchas gracias al Senador Girardi.
Está solicitando la palabra en la Sala el Subsecretario de la Segprés. Pero deseo hacer presente que ya hemos llegado al término del Orden del Día. Por lo tanto, quiero recabar el acuerdo para prorrogar la sesión.
La señora EBENSPERGER.-
No.
La señor PROVOSTE (Presidenta).-
No hay acuerdo.
Senador Insulza, tiene la palabra.
El señor INSULZA.-
Señora Presidenta, este es un proyecto de una discusión bastante más extensa que la que estamos teniendo aquí. Seguramente, todos quieren hacer uso de la palabra.
Quiero decir con toda franqueza que creo que es bueno votarlo en general; por eso quería proponer que abriéramos la votación. Porque, como se dijo aquí, después en la discusión en particular se podrán estudiar los mecanismos y las formas de lograr el objetivo del proyecto.
El señor COLOMA.-
No.
El señor INSULZA.-
Entonces, le pido, Presidenta, que definamos si abrimos la votación ahora o dejamos el debate para la próxima sesión.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Si les parece, continuamos con la discusión en general del proyecto en la próxima sesión.
El señor INSULZA.-
De acuerdo, Presidenta.
El señor COLOMA.-
De acuerdo.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Por haberse cumplido su objeto, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a los oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, requiriéndole información sobre PROCESO DE RECUPERACIÓN, REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ASCENSORES DE COMUNA DE VALPARAÍSO.
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Obras Públicas y al Director de Obras Hidráulicas, planteándoles PRIORIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO DE ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA COMITÉ DE AGUA LOS MAITENES (COMUNA DE VALDIVIA); DE DISEÑOS DE INGENIERÍA DE APR REUMÉN (COMUNA DE PAILLACO) Y PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ACTUAL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ANCACOMOE (COMUNA DE PANGUIPULLI), y consultándoles sobre MODIFICACIONES SUFRIDAS POR PROYECTO DE APR LAS QUEMAS (COMUNA DE LOS LAGOS).
Al Ministro de Obras Públicas, al Director de Obras Hidráulicas y al Director General de Aguas, consultándoles respecto de POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA NUEVA ETAPA DE FUTURO PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE COMITÉ LA PALOMA (COMUNA DE PAILLACO).
Al Ministro de Salud, para que remita información sobre SOLICITUD DE APR DE SECTOR LA HUELLA (COMUNA DE LOS LAGOS) PARA OBTENER RESOLUCIÓN SANITARIA RESPECTIVA, ESPECIFICANDO PROCEDIMIENTOS REALIZADOS, ETAPAS FALTANTES Y FECHA APROXIMADA DE OTORGAMIENTO.
Y al Superintendente de Pensiones, solicitando antecedentes relacionados con CUMPLIMIENTO DE CAUSA RITZ-122-2020, RUC 2021954652-2, SOBRE RETENCIÓN DE FONDOS RETIRADOS DESDE AFP CAPITAL ORDENADA POR JUZGADO DE LETRAS Y GARANTÍA DE PAILLACO POR DEUDA DE PENSIONES DE ALIMENTOS EN FAVOR DE DOÑA PATRICIA ELENA FOITZICK AGUILAR.
Del señor KAST:
A la Fiscal Regional de Valparaíso, pidiéndole RÁPIDA TRAMITACIÓN A QUERELLA POR DELITO DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE EDAD (CAUSA RUC 2010033630-9).
Y a la Defensora de los Derechos de la Niñez, para que evalúe hacerse parte en QUERELLA POR DELITO DE ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE EDAD (CAUSA RUC 2010033630-9).
De la señora RINCÓN:
Al Ministro de Obras Públicas, solicitándole CUMPLIMIENTO DE ACUERDO SUSCRITO CON DIRIGENTES VECINALES DE LONGAVÍ, REGIÓN DEL MAULE, EN LO REFERENTE A OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, y pidiéndole realizar DILIGENCIAS PARA PROTEGER LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS EN RIESGO DEBIDO A SERIAS PROBLEMÁTICAS VIALES EXISTENTES EN LOCALIDAD DE PARRONAL, COMUNA DE HUALAÑÉ.
De la señora SABAT:
Al Contralor General de la República, pidiéndole instruir a las corporaciones municipales y a las Fuerzas Armadas respecto de APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LEY N° 21.351, RELATIVA A PRESTACIONES EXCEPCIONALES A TRABAJADORES INDEPENDIENTES QUE HAN HECHO USO DE UNA O MÁS LICENCIAS MÉDICAS PREVENTIVAS PARENTALES.
Al Contralor General de la República y al Director del Servicio de Impuestos Internos, con la finalidad de que informen respecto de PLAZOS DE REGULARIZACIÓN DE PATENTES MUNICIPALES TANTO PARA AGRUPACIONES DE FERIAS LIBRES COMO PARA SUPLEMENTEROS, A EFECTOS DE ACCEDER A BONO DE ALIVIO PYME.
Y al Director Nacional del Instituto de Previsión Social, solicitándole instruir a sus unidades con relación a APLICACIÓN DE LEY Nº 21.351, RELATIVA A PRESTACIONES EXCEPCIONALES A TRABAJADORES INDEPENDIENTES QUE HAN HECHO USO DE UNA O MÁS LICENCIAS MÉDICAS PREVENTIVAS PARENTALES.
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La señora PROVOSTE (Presidenta).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:05.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción suplente