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REGULACIÓN SOBRE USO DE AGUA DE MAR PARA DESALINIZACIÓN


El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidente.
La verdad es que este proyecto apunta a resolver de mejor manera cómo utilizar el agua de mar, ya sea para el consumo doméstico o para contribuir a definir los límites de su uso en labores industriales, sean estas mineras o agrícolas; especialmente, como se ha dicho, en el norte del país, donde cada día es más escaso este recurso.
Existen, por cierto, algunas dudas, y algo de ello se ha planteado. Quizá una de las más evidentes se refiere al costo que alcanzaría producir cada metro cúbico de agua desalinizada y el valor final a los usuarios y consumidores.
Pero hay una cuestión de fondo que no podemos soslayar. En un país que todavía no termina de resolver la propiedad del agua, es imprescindible, creo yo, que este proyecto deje establecido que el agua resultante del proceso de desalinización es un bien nacional de uso público, y no un producto de propiedad de aquel que se encarga de desalinizar.
Es cierto que los proyectos de este tipo requieren inversión privada, un plan de concesiones bien delimitado y, probablemente, subsidios estatales.
Por lo mismo, y tal como se ha señalado en discusiones previas, existe una evidente necesidad de que el Estado pueda tutelar la función pública, social y ambiental del recurso hídrico por sobre la función privada. Ello, en el entendido de que aspiramos a resolver la necesidad creciente de contar con agua, sobre todo en aquellos territorios más afectados por el déficit hídrico, y de paliar los problemas generados por el cambio climático, incluso en las zonas australes, como las de mi región.
Sería impresentable que el espíritu de esta iniciativa quedara supeditado a los intereses privados y que la desalinización terminase convertida en otro gran negocio para beneficio directo de unos pocos.
En ese contexto, también es necesario contar con un exhaustivo proceso de evaluación de impacto ambiental en los proyectos, tanto por el efecto que puedan generar en los ecosistemas marinos, desde donde se extraerá el agua salada, como por las potenciales consecuencias de incorporar estas aguas tratadas a fuentes de agua dulce.
Algo similar, Presidente, puede decirse respecto del uso de agua de mar para actividades mineras y su acumulación en las tortas de relave, con el consiguiente decantamiento de sustancias salobres en el subsuelo.
El proyecto que estamos viendo contempla la creación de una estrategia nacional para la desalinización, pero no identifica a la institución responsable de llevar adelante esta tarea. Podría ser el Ministerio de Obras Públicas, el de Medio Ambiente u otro organismo, pero es necesario aclarar este aspecto.
Estoy seguro de que Chile necesita soluciones de este tipo para resolver el déficit hídrico que lo aqueja. Pero, por lo mismo, creo que debemos ser especialmente cuidadosos a la hora de elaborar una legislación que se haga cargo de las implicancias jurídicas, políticas, económicas, ambientales, ideológicas para su correcta implementación.
No podemos limitarnos a definir un modelo de concesión para instalar plantas desalinizadoras y sus sistemas de distribución. La idea es resolver un problema, no solo generar otra oportunidad de negocios a costa de nuestros recursos naturales. Porque, ante el déficit hídrico que presentan muchas regiones de nuestro país por la falta de precipitaciones y por el acelerado consumo de los acuíferos y pozos para actividades agrícolas, mineras y urbanas, no tengo dudas de que la desalinización aparece como una alternativa para suplir la carencia de agua potable, si no totalmente, por lo menos en una parte importante.
Gracias, Presidente.