INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DE NORMAS PARA RECONOCIMIENTO EFECTIVO DE DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Corresponde tratar en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Latorre, Chahuán y Montes y la Senadora señora Provoste, en primer trámite constitucional, que interpreta la ley Nº 19.496 y modifica otras normas legales, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletín 13.053-04) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para entregar la relación del proyecto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
La iniciativa tiene por finalidad fijar normas interpretativas de algunas de las disposiciones de la ley 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y de la ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (de quiebras), para establecer nuevas reglas respecto del sentido de las mismas y su aplicación a quienes están acogidos al sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE), y modifica otras normas legales respecto a los procedimientos de cobro.
La Comisión de Educación y Cultura discutió este proyecto de ley solamente en general.
Al respecto, el citado órgano técnico deja constancia de que, cerrado el debate y sometida a votación la iniciativa, se produjo doble empate en el resultado, con lo cual, de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, el proyecto fue puesto en votación en la sesión siguiente, oportunidad en la cual dicha instancia aprobó la idea de legislar por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los Senadores señora Provoste y señor Latorre; votó en contra el Senador señor García.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 14 y 15 del informe de la Comisión de Educación y Cultura, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición en la Sala, que se encuentra disponible en la plataforma informática de la sesión remota y ha sido remitido a los correos electrónicos de todas las señoras y señores Senadores.
Es todo, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
En discusión la idea de legislar.
Rendirá el informe a la Sala el Senador Juan Ignacio Latorre, quien se desempeñaba como Presidente de la Comisión de Educación en el momento en que este proyecto se discutió en la Comisión.
Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.
Si bien en la actualidad no integro la Comisión de Educación, quiero hacer presente que soy autor del proyecto junto con la Presidenta de la Corporación, Senadora Yasna Provoste, y los Senadores Francisco Chahuán y Carlos Montes, y me tocó tramitarlo cuando presidí dicha instancia, en la cual aprobamos la idea de legislar.
Me han pedido que rinda el informe de la Comisión; después yo daré mi opinión personal del proyecto.
Para la discusión de esta iniciativa la Comisión contó con la participación de los Senadores Montes y Navarro, y del Subsecretario de Educación Superior, Juan Ignacio Vargas.
Asimismo, colaboraron para el estudio de esta iniciativa y fueron recibidos en audiencia los siguientes invitados: de la Acción Educar, su Directora Ejecutiva, señora Magdalena Vergara; de Nodo XXI, el investigador José Miguel Sanhueza; de la Fundación Ingresa, su director, señor Tomás Bayón; el profesor de Derecho Mauricio Tapia; de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el Jefe del Departamento de Derecho Económico, profesor Agustín Barroilhet; y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), su presidenta Emilia Schneider.
La Comisión discutió en general este proyecto de ley en sesiones celebradas los días 4 y 8 de diciembre de 2019, y 8, 15 y 22 de enero de 2020.
El objetivo del proyecto es fijar normas interpretativas de alguna de las normas de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, y de la ley N° 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo (de quiebras), con la finalidad de hacer aplicables sus disposiciones al sistema del Crédito con Aval del Estado (CAE) y modificar otras normas legales para modificar los procedimientos de cobro.
Luego de escuchar las distintas exposiciones que los invitados precedentemente señalados hicieron en la Comisión y de conocer los argumentos de los integrantes de la misma, se dio por concluida la discusión general de esta iniciativa.
Dado que el Secretario ya señaló cómo fue la votación, quiero mencionar algunos aspectos relevantes que se expusieron durante la discusión general para que la Sala se forme opinión sobre el particular.
Al momento de fundamentar, la Senadora Ena von Baer y el Senador José García Ruminot opinaron que la iniciativa en comento es inadmisible por tratar materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, esto es, aquellas que dicen relación con la administración financiera del Estado. Por esta razón, además de votar en contra, hicieron expresa reserva de constitucionalidad sobre la materia.
Asimismo, el Senador García Ruminot solicitó dejar constancia de que en su opinión esta iniciativa no es de carácter interpretativo, sino que introduce enmiendas en diversos cuerpos legales, razón que debe tenerse presente para estimar además que la iniciativa es inadmisible.
Por su parte, el Senador que habla indicó que en su oportunidad se hicieron las consultas pertinentes y se modificó el proyecto con el objeto de salvar las cuestiones de admisibilidad -consultas que también se le hicieron a la Secretaría-, razón por la cual considero que la iniciativa en informe cumple con los requisitos de admisibilidad para continuar su tramitación.
En lo que respecta al mérito del proyecto, se señaló que esta normativa es una señal para comenzar el estudio del sistema de financiamiento de educación superior en el país, el que hoy día está entregado a instrumentos de mercado que, tal como quedó demostrado en algunas de las exposiciones, constituyen un abuso para quienes se han acogido al CAE.
La intención del proyecto es interpretar y aplicar a dichos créditos las normas de la Ley de Protección al Consumidor, cosa que hoy día no ocurre, sobre todo si consideramos especialmente que los estudiantes que han optado por tales instrumentos se encuentran en desventaja con respecto a otros deudores bancarios.
Por esa razón se hace necesario nivelar las exigencias y los estándares para luego debatir el tema de fondo, que es el cambio del sistema de financiamiento de la educación superior y la condonación del CAE.
Esos serían los temas de fondo, aun cuando sabemos que ellos deben ser materia de otra legislación.
Es cuanto puedo informar.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Juan Ignacio Latorre.
Tiene la palabra el Senador José García Ruminot.
El señor GARCÍA.- Muchas gracias, señora Presidenta.
En lo formal yo tengo la convicción de que este proyecto es inadmisible, por cuanto, aun cuando se presentó usando la fórmula de interpretar otras disposiciones legales, lo que hace es plantear alternativas distintas que afectan la responsabilidad financiera del Estado. Y eso obviamente es iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Por lo tanto, en lo formal yo mantengo mi objeción, pues creo que el proyecto es inadmisible y que debiera contar con el patrocinio del Ejecutivo.
Ahora, en cuanto al tema de fondo, quiero recordar que nosotros en la Comisión de Hacienda tenemos un proyecto de ley que sustituye el actual CAE por un sistema solidario de financiamiento de la educación superior.
Me parece que ese proyecto, tanto el Ejecutivo como nosotros aquí en el Senado, debiéramos trabajarlo -ya lleva un buen tiempo paralizado en su tramitación y debiéramos activarlo- para construir los acuerdos necesarios y entregar una normativa clara sobre financiamiento de la educación superior.
Por una parte, tenemos que ver, de acuerdo con la realidad fiscal del país, cuánto más podemos aumentar la gratuidad y, por otra, para aquellos estudiantes que no pueden acceder a la gratuidad, establecer un sistema de crédito con condiciones que sean muy muy fáciles de pagar.
Además de eso, por supuesto, tenemos que hacernos cargo del enorme stock de deuda. Hoy día son aproximadamente un millón de estudiantes; muchos de ellos mantienen sus deudas y la gran mayoría ya está con deuda vencida.
Por lo tanto, también debemos estudiar y analizar una fórmula que permita dar a esas familias un alivio, sobre todo cuando se trata de jóvenes que no han podido encontrar trabajo, de deudores cuyas remuneraciones son muy bajas o que han enfrentado, más ahora en pandemia, una serie de dificultades que probablemente les han impedido cumplir con el compromiso que asumieron en el momento de tomar la actual modalidad de financiamiento de sus estudios superiores.
No tengo ninguna duda de que el proyecto fue presentado con la mejor disposición, con la mejor buena intención: poner este tema sobre la mesa.
Sin embargo, tengo la convicción de que esta no es la mejor fórmula.
Por eso, lo que debemos hacer cuanto antes -y en eso hago un llamado al Ministro de Educación, al Presidente de la República- es retomar la tramitación del proyecto de ley que crea el nuevo sistema de crédito solidario para el financiamiento de la educación superior y nos hagamos cargo de los temas que, por supuesto, están pendientes.
Yo mantengo mi análisis en cuanto a la inadmisibilidad del proyecto y, por lo tanto, anuncio mi voto en contra.
Muchas gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador José García Ruminot.
Tiene la palabra en la Sala el Senador Francisco Chahuán, quien también es autor de esta moción.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, frente a la poca acción proactiva del Ministerio de Educación en términos de ofrecer una alternativa ante los altos niveles de endeudamiento de las familias chilenas causados por el CAE, conversamos con la actual Presidenta de la Corporación, Senadora Yasna Provoste, y con el Senador Latorre, y dijimos: "Hay que buscar y poner en discusión en el Parlamento una fórmula que nos permita resolver los altos endeudamientos ocasionados por el CAE a la familia chilena".
A mí me habría gustado que el Ministerio de Educación hubiese estado presente en la discusión, que hubiese empujado el debate, que le hubiese puesto "discusión inmediata" a esta moción y que hubiese fusionado el proyecto que el mismo Ejecutivo tiene en la Comisión de Hacienda con aquel que nosotros presentáramos en la Comisión de Educación.
Quiero contarles, además, que esta moción forma parte de la acción que hemos tomado algunos parlamentarios después de haber visto la realidad de miles de familias chilenas que sufren con el endeudamiento originado por el CAE, con las altas tasas de interés bancario, con sus deudas vencidas e, incluso, con el remate de propiedades de las propias familias de los estudiantes frente a un Ministerio ausente en la discusión, que envía un proyecto al Parlamento que queda embancado en la Comisión de Hacienda, sin que constituya una prioridad para el Gobierno.
¿Qué busca esta iniciativa, entonces? Busca interpretar la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de establecer que esta ley es aplicable a los contratos de crédito para financiar estudios de educación superior.
¿Qué más busca? Modificar las leyes Nos 19.287 y 20.027, con el propósito de terminar con una serie de condiciones que permiten eventuales situaciones de indefensión de los estudiantes. Que a un estudiante, a su familia, le generen una carga, una mochila imposible de resolver durante su carrera profesional, es un costo enorme; pero que, además, la banca le intente hipotecar su vivienda, es contrario a lo que entendemos como un derecho social de los estudiantes a desarrollar sus estudios de educación superior.
Y tercero, se busca interpretar la ley N° 20.720, con el objeto de establecer que las deudas adquiridas para estudiar en la educación superior se sujetarán a los procedimientos regulados en la citada normativa.
Yo, Presidenta, les quiero preguntar a los distinguidos Senadores y Senadoras si este Congreso va a tomar cartas en el asunto. No sé si el Ministerio de Educación está conectado a esta sesión, porque estuvo muy ausente en la discusión en la Comisión de Educación y el proyecto de ley alternativo anunciado en La Moneda por el propio Presidente Piñera se halla en la Comisión de Hacienda y sin trámite. Pareciera que a veces los árboles no dejan ver el bosque.
Por lo tanto acá, o tomamos la acción decidida de avanzar para reducir el endeudamiento y la mochila que hoy aflige a los estudiantes de educación superior con el CAE, o finalmente el Gobierno se involucra.
Y yo quiero interpelar a mi propio Gobierno.
Mire, o se fusionan los proyectos, o se buscan alternativas, o se pone la urgencia que corresponde, pues pareciera que cuando los temas dejan de estar en los medios de comunicación, o en los diarios, o los estudiantes ya no pueden manifestarse, desaparecen. ¡No!
Quiero decir que, efectivamente, esta fue una buena alternativa en su momento, el año 2006, para ampliar las coberturas. Pero las condiciones cambiaron. Las altas tasas de interés son una vergüenza nacional. ¡Las altas tasas de interés son una vergüenza nacional! No es posible que dejemos a los estudiantes que egresan de una carrera completamente desnudos y con una mochila que deben cargar durante muchos años.
En cambio, si fuésemos capaces de aplicar el propio proyecto del Gobierno y reducir las tasas de interés, habríamos disminuido la deuda vencida y, finalmente, logrado que los propios estudiantes aportaran para que otros pudieran ejercer su derecho social a estudiar.
Por eso, Presidenta, quiero interpelar a mi Gobierno, quiero interpelar al Ministro de Educación. ¿Dónde está el Ministro de Educación? ¿Dónde está?
Entonces, o nos hacemos cargo de los problemas, o después no nos quejemos.
Gracias, Presidenta.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Francisco Chahuán.
Le ofrecemos la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.- Gracias, Presidenta.
Hace un momento me tocó informar el proyecto. Ahora voy a dar mi opinión muy brevemente.
Ayer se cumplieron diez años de la primera marcha estudiantil masiva del año 2011. Varios de mis compañeros y compañeras que dirigían las distintas federaciones de estudiantes en el país, algunos de los cuales hoy son Diputados de la República, como Giorgio Jackson, Camila Vallejos, Gabriel Boric, Camila Rojas, Juan Santana, estuvieron en esa primera marcha. Y uno de los temas que movilizaban ese año era, efectivamente, avanzar hacia un sistema de educación pública gratuita y de calidad, donde el tema del endeudamiento estaba en el centro; esta lógica de mercantilización de la educación superior, de cómo la entendemos. Recordemos que el mismo Presidente Piñera lo dijo en su primer Gobierno: la educación es un bien de consumo.
Ello incluso provocó que más gente saliera a la calle, y que más familias solidarizaran con esta demanda, que no tenía que ver con una cuestión individual, sino con algo colectivo: los cientos de miles de estudiantes que tenían que endeudarse con la banca, con el sistema financiero, para la promesa de un título que después, por el propio mercado del trabajo, generaba desilusión y frustración. Esos mismos alumnos no pueden trabajar en lo que estudiaron y se hallan en una situación de precarización del empleo, con bajos salarios y con muchas dificultades para insertarse en el mercado laboral, y sin embargo cargan con una deuda o una mochila educativa a largo plazo.
Entonces, el CAE, el Fondo Solidario de Crédito Universitario, han sido muy buenos instrumentos de financiamiento, un muy buen negocio para la banca, por un lado, y un muy buen instrumento para estas instituciones masivo-lucrativas, que han puesto el foco más bien en el financiamiento de su quehacer a partir del volumen de estudiantes-clientes. Mientras más volumen tengo, más puedo financiar a esta institución, insisto, masivo-lucrativa. Hay toda una investigación al respecto. No voy a profundizar en los problemas de todas las instituciones cuestionadas que se dicen legal o formalmente "sin fines de lucro", pero que operan como empresas privadas "con" fines de lucro y una serie de irregularidades.
Tampoco voy a profundizar en todos los problemas de corrupción que hubo en su momento con el Sistema Nacional de Acreditación, donde instituciones educativas pagaron y corrompieron a algunos de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación para obtener más acreditación, y así poder vender mejor sus productos en el mercado educativo.
Esa lógica neoliberal estalló no solo el 2011; estalló también el 18 de octubre de 2019, pues una de las demandas fundamentales de la gente era terminar con los abusos y con estas mochilas. Algunos decían: "Estoy pagando tres veces el valor de la carrera"; "ni siquiera tengo un empleo estable"; "no puedo generar procesos de independencia o tener otros créditos (hipotecarios, de consumo, etcétera)"; "me encuentro con una serie de dificultades".
Por eso nosotros avanzamos en su momento con la ley "chao Dicom", para sacar las deudas educativas de los boletines comerciales. Ya es ley de la república, y este proyecto avanza en la misma dirección. Pero, obviamente, los temas de fondo siguen ahí.
Valoro lo que expresó el Senador Chahuán, quien se ha comprometido con esta iniciativa. Juntos fuimos a La Moneda, en momentos en que estaba de Ministra de Educación Marcela Cubillos. Generamos una conversación. Y el conjunto de Senadores de Oposición, sus veinticuatro Senadores, sacamos una carta, una declaración pública con propuestas de mejora para el proyecto que el Gobierno ingresó el 2018 con miras a reemplazar el CAE y establecer un nuevo crédito que no compitiera con la gratuidad y que tampoco generara incentivos perversos. Pero eso no fue escuchado, no fue acogido; se interrumpieron las conversaciones, y lamentablemente ese proyecto está congelado.
Ahí están las propuestas que -insisto- veinticuatro Senadores de Oposición firmamos, muy detalladas, para reemplazar o terminar con el CAE y avanzar hacia la condonación de las deudas educativas lo más que podamos, para acabar con esta lógica de financiarización de la educación, que es lo más neoliberal que hay; significa entrar, con las lógicas del mercado, a un ámbito que debería ser regulado como un bien público, como un derecho social.
Yo llamo nuevamente al Gobierno, dentro del tiempo que le queda para gobernar, y al Senado, a buscar esos entendimientos para superar el CAE.
Y cierro con lo siguiente, Presidenta.
Creo que esta es una deuda pendiente, más allá de izquierdas y derechas y más allá de las autocriticas que también se pudieran hacer desde la Centroizquierda, que impulsó estas medidas en sus gobiernos. No quiero entrar en ese debate hoy día, pero este es un tema país que sigue doliendo y del cual tenemos que hacernos cargo.
Voto a favor.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- A usted.
No tenemos más palabras solicitadas en la Sala.
Perdón, tenemos.
Senador Alejandro Navarro, le ofrezco la palabra, y luego al Senador Carlos Bianchi, que está vía telemática.
El señor NAVARRO.- Presidenta, me acuerdo perfectamente del año 2005, 2006, cuando la única salida para concretar el sueño de las familias del primer hijo en la universidad, para romper una estructura de clase, era la educación.
La educación es un mecanismo de ascenso social, de promoción de la igualdad, de establecimiento de una sociedad democrática donde todos los hombres y mujeres sean valorados por lo que son, no por lo que tienen; es decir, estudiar, salir adelante en la vida, no porque hay una familia pudiente, no porque se afirmen en el bolsillo del papá, sino por sus propias capacidades.
Ese es el tema central de la gratuidad.
En el 2005, 2006, no existían esas condiciones. Yo presidía la Comisión de Educación del Senado cuando se sostenía que había que fiscalizar a las universidades privadas respecto de la acreditación. La UDI se oponía completamente; no quería acreditar ni universidades, ni carreras, y afirmaba que los estudiantes, efectivamente, tenían que cargar su propio peso. ¡Filosofía neoliberal!
La UDI, la Derecha, resistió la gratuidad, a la luz de un mecanismo de segregación social que concentra el poder, el poder de la educación, el poder del saber, la sabiduría, el conocimiento, en unos pocos, como también lo hace en la distribución, concentrando los bienes.
En ese entonces, Mariana Aylwin, más neoliberal que los neoliberales que defienden hoy día la educación, decía: lo que sucede es que el problema de la educación es pedagógico. En un debate en Punta Arenas, le repliqué: el problema de la educación no es pedagógico, es ideológico. El tipo de ciudadano que quieres formar y el tipo de sociedad que quieres construir, ¡eso es la educación!
Y mientras la educación se concentre en instituciones que legítimamente tienen una visión de la sociedad y de la vida, como la Católica de la Santísima Concepción -de los veinticuatro ministros, cerca del 80 por ciento proviene de esa institución-, habrá una visión de vida, una visión ideológica. No es neutral. ¡La educación no es neutral! Por eso en Chile existe libertad de educación, y hay laica, confesional, privada, pública, subvencionada.
Lo que nos tiene debatiendo aquí es qué vamos a hacer con 976 mil deudores del CAE a los cuales les dijimos "sí, tendrán su oportunidad". Lo dijo el Presidente Lagos: "Puedes estudiar; tú eres capaz". ¡Y están endeudados hasta el tuétano! El 44.9 está estudiando y no va a poder pagar. ¿Por qué no? Porque la verdad es que el efecto del ingreso masivo de estudiantes hizo caer las remuneraciones, que muchos abandonaran su carrera y comenzaran a trabajar, y sin embargo les siguen descontando de impuestos, oprimiéndolos y persiguiéndolos.
El tema de fondo, en mi opinión, no es regular cómo se defienden los estudiantes de una ley injusta.
Presidenta, aquí solo cabe condonar el CAE. Y si no lo hace Piñera antes de irse, lo hará el próximo Gobierno, de centroizquierda, lo hará un próximo Gobierno con sensibilidad.
Aquellos que pusimos la gratuidad en la educación tenemos que hacernos cargo de los errores que cometimos, cuando éramos Gobierno, creando este nefasto instrumento. Esta ley es un paso que permite discutir. Pero yo me sumo al grito de auxilio de Francisco Chahuán: ¿dónde está el Ministro?
El Ministro está preocupado de que los estudiantes vuelvan a clase ¡en pandemia! El Ministro está preocupado de defender un sistema educacional que no le gusta, al igual que a Marcela Cubillos. Lo único que han hecho es intentar destruir lo que se avanzó con la Presidenta Bachelet.
¿Dónde está el Ministro, entonces?
¿Qué dijo Juan Ignacio Vargas en la Comisión? "Valoro la iniciativa en debate". ¡Falso! "Merece ser estudiado". ¡Falso! "Estudiar con mayor detención". ¡Falso!
¿Dónde están?
¡No les interesa! ¡No quieren adentrarse en este camino!
Yo voy a votar a favor de este proyecto de ley, porque establece un camino que permite abrir el debate y buscar, dentro del marco jurídico, una salida provisional mientras esperamos la llegada del nuevo Gobierno que le ponga término, ¡por Dios, por fin!, al actual, que tanto daño le ha hecho a los chilenos, con el peor Presidente en la historia de Chile: un Presidente insensible, indolente e irresponsable, junto a sus Ministros, también irresponsables.
Voto a favor, señora Presidenta.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
Se ha solicitado en la Sala abrir la votación.
Tenemos palabras pedidas de los colegas que están telemáticamente.
Vamos a respetar los tiempos.
Aquellos Senadores que deseen votar sin fundamento pueden inscribirse en el chat.
Se abre la votación.
--(Durante la votación).
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Le vamos a ofrecer la palabra de inmediato al Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.- Gracias.
Presidenta, Secretario, colegas, si hay un tema que debe ser prioritario dentro de la discusión de la Nueva Constitución es, precisamente, la educación.
Parto felicitando a los autores de este proyecto y señalando que, en efecto, aquí ha habido históricos abusos con respecto a la forma en que han debido hacerse cargo económicamente de los pagos quienes han tenido la posibilidad de acceder a la educación superior. Los intereses son brutalmente abusivos.
Entonces, yo no me quedaría en la lógica de si esto es admisible o no es admisible.
¿Dónde está el Gobierno en esta materia? ¿Dónde está, como se reclama, de manera justa? ¿Dónde está el Ministro?
El Gobierno no está, porque este asunto no le interesa.
Y es por eso que, frente a esta insensibilidad, frente a este enorme abuso, yo, Presidenta, voy a votar favorablemente el proyecto.
Pero también quiero referirme a lo siguiente.
Algunos de quienes intervinieron señalaron que hay figuras que representan lo que es la deuda del CAE, como Gabriel Boric.
¡Perdón!
Yo creo que en esto hay que ser tremendamente transparente. En el caso particular de Boric, este estudió gratis porque efectivamente a su padre, al pertenecer a una empresa como la ENAP, la educación le resultaba absolutamente gratis. De hecho, yo me haría la siguiente pregunta: ¿cuántos de quienes hoy día son diputados y estuvieron al frente en estas materias tienen deuda con el CAE? No sé si alguien tiene deuda con el CAE de quienes hoy día están efectivamente en el Congreso, pero sí sé que, en el caso particular de Gabriel Boric, este tuvo la suerte de contar con financiamiento completo para su educación.
Entonces, Presidenta, aquí estamos frente a jóvenes, mujeres y hombres, afectados por el abuso de esta maquinaria económica y con imposibilidad de pagar. Por eso, este Gobierno debiera dejar resuelta esta materia. Pero, al parecer, no es un tema que le importe, no es un tema de su prioridad. Y por eso es que, además, los futuros constituyentes van a tener que resolver, sin duda alguna, sobre la educación que queremos en Chile y, de manera especial, la educación superior técnica que queremos y necesitamos como país.
Voy a votar favorablemente este proyecto.
Felicito a sus autores, que lo han llevado adelante y se han atrevido en esta materia, y fundamentalmente a usted, Presidenta, porque en este ámbito ha dado una larga lucha para hacer más justicia.
Voto favorablemente.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Carlos Bianchi,
Ya ha manifestado su opción de voto y así ha quedado registrado en la Secretaría.
Le ofrezco la palabra al Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Gracias, Presidenta.
Honorable Sala, no me voy a extender mayormente porque creo que los argumentos han sido contundentes.
Un proyecto que busca a través de una vía interpretativa despenalizar las deudas de educación, principalmente del CAE, lo que es un alivio, una ayuda a millones... no a millones, a miles de personas, debiera ser una prioridad de cualquier gobierno; debiera ser una bandera que asuman el Ministro, el Subsecretario de Educación; debiera ser una prioridad de cualquier administración que esté preocupada efectivamente de esos deudores -y no de la banca o de otros intereses- y que no opte por darles la espalda.
Creo que esta negativa -y lo digo con angustia, no con sorna respecto del Gobierno- demuestra la distorsión de las prioridades que ha puesto esta Administración, cuando aquí tendríamos que estar trabajando, en medio de esta crisis sanitaria y económica, en aliviar la carga financiera de cientos de miles de familias, buscando condonaciones, plazos o fórmulas efectivas de ayuda. Sin embargo, lo que vemos es absoluta insensibilidad.
Yo valoro a cada uno de los autores de este proyecto, entre los cuales la incorporo obviamente a usted, Yasna, Presidenta hoy día del Senado, al Senador Latorre, a algún otro que se me escapa y a Francisco Chahuán.
Escucho también el planteamiento de Francisco Chahuán, a quien conozco, y siento la desazón de ver a su Gobierno, al Ministro de Educación absolutamente ausentes. No se envía ni al Subsecretario ni a algún jefe de división a esta sesión para decir: "Estamos buscamos una fórmula que, en estos momentos tan duros de la economía nacional, de la economía familiar, de angustia, pueda ayudar".
Entonces, el llamado, la reflexión tiene que ser al fondo: ¿qué sociedad estamos construyendo?, ¿qué es lo que buscan quienes nos gobiernan?
Yo entiendo las visiones ideológicas; no tenemos que estar de acuerdo, pero sabemos que hay más de 900 mil personas con una tremenda mochila de carga que no se puede enfrentar porque las condiciones laborales y económicas lo impiden; y eso, precisamente, lastra su desarrollo, la capacidad de emprender, incluso la capacidad de hacer familia. Me he reunido y he podido compartir con muchos jóvenes que quedaron con esta deuda y que señalan la imposibilidad de iniciar una vida adulta, de vivir solos, porque no cuentan con la capacidad económica para concretar un proceso de independencia, de arrendar o comprar un departamento. Esta es una situación que va calando en la sociedad, y esas son las muestras del descontento. Aquí está la gente que desde el 2011 y durante muchas jornadas ha estado protestando, manifestando su bronca. Y no solo es -en este punto es donde yo creo que la reflexión tiene que ser profunda- de ese estudiante que quedó endeudado: ahí también está el aval o la situación económica de sus padres, o de sus abuelos, que muchas veces son los que ponen la cara, o, mejor dicho, la billetera para pagar, para asumir esa deuda.
Esto va contaminando, va lastrando la capacidad económica de toda una generación, además de proyectarse en sus padres o abuelos.
Realmente es desolador ver la insensibilidad del Ministerio de Educación para enfrentar este tipo de situaciones.
Yo voy a votar a favor con muchas ganas. Ojalá que los autores del proyecto y la Comisión de Educación sigan avanzando en fórmulas para ayudar a estas familias y que tengamos la capacidad de salir de la trinchera, desde la posición de simplemente defender al Gobierno, porque cuando lo hace mal hay que criticarlo, señalar lo que no está haciendo bien, y creo que en esta iniciativa esa circunstancia existe.
Vamos a apoyar este proyecto y ojalá que pueda convertirse en ley, por lo menos para aliviar, desde el punto de vista de la ejecución de estas deudas, de salir de ellas, a miles de personas.
Voto a favor, Presidenta.
Y, nuevamente, la felicito a usted y a los colegas que han impulsado esta iniciativa.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Alfonso de Urresti.
Han pedido adelantar su voto, sin fundamentar, la Senadora Ximena Órdenes y la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
Señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
La Senadora señora Órdenes ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Van Rysselberghe ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Voto en contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Ha solicitado la palabra el Presidente de la Comisión de Educación, el Senador Jaime Quintana.
Senador Quintana.
El señor QUINTANA.- Muchas gracias, Presidenta.
Este debate es bien central y de alguna manera lo echábamos de menos, porque, lamentablemente, hace ya varios meses que estos temas no están ni en la agenda política ni en la agenda sectorial.
En la agenda política, claro, a veces hay quienes pretenden gobernar con una sola idea, basados en conceptos populistas, de rápido alcance comunicacional. Pero gobernar también significa hacerse cargo de temas sustantivos, como es la educación en su conjunto.
Un Senador de las bancas del frente, el Senador Chahuán, lo decía hace muy pocos minutos: ¿dónde está el Ministro? Y la verdad es que esa ausencia es una cuestión bastante sintomática, que evidenciamos en la Comisión de Educación en todos los ámbitos.
En educación prescolar no está pasando nada. Y quisiéramos avanzar en muchas materias, pero todos sabemos que la prerrogativa presidencial -la cual espero que también sea parte de la discusión de la próxima Convención Constitucional- en muchas materias nos impide tomar un camino, una iniciativa.
La excepción son situaciones como esta, que sí es constitucional y en la que sí se puede avanzar, donde se abre un pequeño camino, por así decirlo, una pequeña ventana para hacerse cargo de la despenalización de la deuda de los estudiantes, de evitar los embargos, entre muchas otras situaciones que terminan afectando a las familias, y no solo en el vínculo con la casa de estudios superiores. Y estamos hablando de cientos de miles que tienen este problema. Ahí es donde surgen las interrogantes: ¿dónde está el Ministro?, ¿dónde está el Ministerio en esto?
Particularmente, todos recordarán, Presidenta -lo conversamos muchas veces en la Comisión de Educación-, cuando el Gobierno nos hizo una propuesta el 2018 -también se refería a ella el Senador Latorre-, que se anunció, como todas las cosas en este Gobierno, con mucha pompa, con mucha pirotecnia: el nuevo proyecto de crédito universitario. Rimbombantes fueron los anuncios del propio Presidente, de sucesivos Ministros de Educación, y, en definitiva, ¿qué era lo que contenía esa propuesta? Letra chica, beneficiar a instituciones privadas; por sobre el interés de los estudiantes estaba beneficiar a distintas instituciones.
Era tan así, Presidenta, que lo que se buscaba era competir con la gratuidad. Y, por otro lado, había una Ministra que decía: "Vamos a implementar todas aquellas reformas que el gobierno anterior dejó establecidas; entre ellas, la gratuidad". Pero en este proyecto, particularmente en esta única solución que se intentó esbozar para resolver los problemas del crédito y las deudas que genera, lo que se buscaba era sencillamente perforar la gratuidad, terminar con ella por la vía indirecta, al igual que en otros proyectos que hemos visto hace pocos días, donde se insiste en aferrarse a un modelo ideológico fracasado en el mundo y rechazado completamente por lo chilenos.
Entonces, no quiero entrar en la discusión del CAE, porque probablemente esa discusión, desprejuiciadamente, en otro contexto -no este año, probablemente-, debiera ser objeto de un análisis más ponderado. Es cosa de ver cómo está votando gran parte de la Derecha en este proyecto para preguntarnos cuáles eran las alternativas reales que tenían otros gobiernos hace década y media atrás, si hoy día, en un proyecto sencillo como este, de despenalización de las deudas, nos dicen: "No, es que por la Constitución no se puede, no lo permite, no es facultad nuestra", y votan en contra.
Solo lo pongo como contexto, pues a veces es muy fácil echarles la culpa a los gobiernos anteriores -yo tengo muchas críticas a los Gobiernos de la Concertación, ¡muchísimas!-, pero sumar esta, cuando efectivamente en esos tiempos se podían lograr ciertos avances y muchas cosas... Seguramente el CAE se hubiera hecho de una manera distinta, pero no se pudo, en fin.
Simplemente, quiero decir que no se puede seguir descuidando la educación. Aquí tenemos un Gobierno completamente ausente en todas las materias; lo señalaba -reitero- el propio Senador Chahuán. Respecto de educación prescolar -ya lo decía yo-, quieren volver a la discusión del kínder obligatorio, Presidenta. Han enviado un documento para retomar un debate que ya hicimos en dos o tres sesiones de Sala, muy extensas, donde quedaron marcadas las posiciones. Y los chilenos hablaron con claridad el 25 de octubre también sobre estos temas, sobre el modelo de educación.
En educación escolar, ¿qué es lo que pretenden hacer? Pretenden que aprobemos una ley SEP para que puedan integrarse colegios particulares subvencionados que no están recibiendo esos recursos, que son cuantiosos. ¡La subvención escolar es la segunda gran provisión que tiene el Ministerio de Educación!
Entonces, francamente, frente a la pregunta del Senador Chahuán: ¿en qué está el Ministerio de Educación?, bueno, yo le quiero decir que hace dos días estuvimos a 27 de abril. Y el 27 de abril del año pasado, comenzando la pandemia, sin tener para cuándo llegar a la primera ola, es el día en que el Ministro Figueroa vino...
Termino, Presidenta.
Nos hemos pasado todo este tiempo únicamente tratando de volver a clases a como dé lugar, sin preocuparnos de manera efectiva de que los procesos de aprendizaje también pueden llevarse adelante en las casas. Se descuidó el proceso de aprendizaje en los hogares. Más allá del tremendo esfuerzo que han hecho los profesores con sus guías, con su fragilidad en el internet muchas veces, el proyecto de la SEP que viene ahora en absoluto contempla una mejora en la posibilidad de conectarse a internet, solo insiste en que un número importante de establecimientos que están fuera de la SEP puedan recibirla.
Entonces, francamente, yo siento que el balance, también en educación, va a ser bien desastroso, y no se va a poder atribuir esto a la pandemia, porque, efectivamente, se dieron todas las alarmas a tiempo. Otros países en el mundo entendieron rápidamente que sí podía haber proceso formativo, valórico, pedagógico al interior de los hogares, y eso podía ser apoyado, pero aquí hubo una obsesión desde el minuto uno por en qué momento se volvía a clases. Y, por lo tanto, se perdieron todos los otros objetivos.
Voto, por supuesto, a favor de este tema, que es un pequeño alivio en lo que algunos han dicho: la mochila que representa esta deuda estudiantil.
Eso, Presidenta.
Gracias.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Jaime Quintana.
Tenemos también dos Senadoras que han pedido adelantar su voto sin fundamento, y luego le entregamos la palabra al Senador José Miguel Insulza. Son la Senadora María Loreto Carvajal y la Senadora Ena von Baer.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Carvajal, ¿cómo vota?
La señora CARVAJAL.- Voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.- Voto en contra, por inadmisible, Secretario.
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Le ofrecemos la palabra al Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.- Gracias, Presidenta.
Yo creo que la ausencia de los Ministros tiene un detalle que es importante considerar. Ellos no vienen cuando se presentan mociones; ellos consideran que tienen que venir nada más que cuando los proyectos son de ellos. Y ahora tenemos un proyecto muy importante, muy sustantivo, pero, como es una moción, los señores Ministros parecen no interesarse.
Ya nos pasó hace un par de semanas, cuando solo gracias a la buena voluntad de la Senadora Allende y de otros miembros de esta Sala el Ministro Larraín pudo reabrir un debate sobre un proyecto que se había discutido durante años sin que se hiciera presente jamás, pues. Esa es la verdad.
Entonces, yo creo que habría que oficiar, Presidenta, al Ejecutivo, a través del Ministro Ossa, no sé, para decirle que las mociones parlamentarias también generan leyes, y que ellos tienen que estar atentos a eso, porque esto no es aceptable.
Este es un proyecto demasiado importante, Presidenta. Versa sobre un instrumento que tuvo por objeto, ciertamente, permitir a los estudiantes acceder a la educación superior en nuestro país. Pero ha terminado siendo una evidencia profunda de desigualdad social. El CAE tiene hoy día cerca de un millón de personas regidas por él: 976 mil. Solo un 55 por ciento se encuentra en estado de pago y un 45 por ciento está aún estudiando. Ahora, de los que se hallan en estado de pago, Presidenta, el 57 por ciento está al día y el 43 por ciento, en mora.
Y no es menor que de los morosos muchos no terminaron la carrera: más de un 40 por ciento. Esto deja de manifiesto que exigir el pago después de dos años de haber egresado, se esté o no en posesión de un título profesional, es una cosa muy tremenda. Nadie gana lo suficiente como para empezar a pagar esas deudas cuando recién salió de la universidad, mucho menos cuando tuvo que abandonarla, Presidenta.
Entonces, pienso que hay que revisar si los proyectos educativos tienen resultados en este sentido también. Nosotros no tenemos cifras acerca de cómo les ha ido en la carrera a los estudiantes que contrajeron el CAE y cómo se profundiza ese daño respecto de ellos.
Está claro, Presidenta, que el CAE debe ser reformado absolutamente, cambiado. Aquí perdieron los estudiantes y perdió el Estado. El estudiante, porque paga altos intereses y porque las condiciones en que contrajo su deuda y las condiciones de pago son muy negativas; y el Estado, porque es el aval, pues.
Aquí los que ganan son los bancos. A los bancos les cayó del cielo esto. Yo no sé si habrán hecho algún lobby en esta materia, porque la verdad es que les cayó del cielo. Había que pedirles préstamos, ellos daban los préstamos a interés, se ganaban los intereses y, además, el Estado tenía que pagarles si el estudiante no pagaba.
Por lo tanto, es indispensable que revisemos esto. Y este es un proyecto que, como lo decía un Senador antes, realmente inicia una discusión; es una buena cosa que se presente, es necesario.
Estos temas de admisibilidad que los Senadores del Oficialismo presentan respecto de cada cosa constructiva que se plantea acá, creo que tienen que reconsiderarlos en realidad. Aquí tenemos que reparar un instrumento, el Crédito con Aval del Estado, que afecta a una inmensa mayoría de chilenas y chilenos, a sus padres, a sus hijos, a los sectores de menos recursos, que querían estudiar, se endeudaron e hipotecaron con eso los ingresos de sus primeros años de vida laboral. ¿Cómo no va a ser importante eso? ¿Cómo no va a ser importante?
Yo voto a favor del proyecto, Presidenta, y felicito a sus autores, porque creo que es una gran idea, y ojalá que realmente alivie en alguna medida la condición de compatriotas cuyo único pecado parece haber sido querer entrar a la universidad, cuando probablemente eran los primeros que entraban de su familia.
Voto a favor, Presidenta.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador José Miguel Insulza.
Le ofrezco la palabra en la Sala al Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.- Gracias, Presidenta.
El proyecto de ley que hoy votamos en general fija normas interpretativas de algunas de las disposiciones de la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, y de la ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, conocida como "Ley de Quiebras", para establecer nuevas reglas respecto de su sentido y su aplicación a quienes están acogidos al sistema del Crédito con Aval del Estado.
La educación superior ha sido uno de los ejes más valorados durante los últimos años, por su impacto en la posibilidad de superación que conlleva para quienes tengan acceso a ella. Por eso, dentro del marco de la discusión debemos reconocer los enormes avances del país en la materia, avances que han permitido aumentar el número de matriculados en educación superior durante las últimas décadas.
Los desafíos institucionales asumidos por el país en educación obligan a buscar siempre nuevas y mejores iniciativas, para mejorar la cobertura de los mecanismos de financiamiento. El proyecto deroga la disposición que consigna "Los créditos objeto de garantía estatal no podrán ser otorgados por el Fisco", lo cual es contradictorio en sí mismo, puesto que es ilógico pensar que un crédito otorgado por el Fisco sea garantizado a su propio favor por el Fisco mismo.
En lo que respecta al contenido del proyecto, es valorable que exista una interpretación que favorezca a los deudores de estos créditos en otros aspectos de la vida civil, como lo son un proceso de liquidación o el marco de la ley de protección al consumidor. No obstante, no consideramos que sea razonable modificar la lógica de los créditos universitarios en cuanto a su garantía, dado que la situación fiscal que enfrenta el Estado está presionada por la crisis económica que afecta a todo el mundo, crisis cuyos efectos se desconocen en cuanto a su duración, y es obvio que quienes tienen la posibilidad de cancelar, deben hacerlo.
En consecuencia, señora Presidenta, no obstante los aspectos que son rescatables del proyecto, como el hecho de que la prescripción sea aplicable a este tipo de obligaciones; la no estigmatización de los deudores por estar dentro de listas de crédito universitario impago; el permitir que estas deudas sean consideradas en procesos concursales; el buscar todas las fórmulas necesarias para ayudar a quienes hoy día no están en condición de pago y lo están pasando mal; es importante no dar una señal de que las actuales deudas que se encuentran impagas son simplemente incobrables, puesto que existen miles de estudiantes que han cumplido oportuna y responsablemente sus obligaciones, y ello no puede ser alterado.
Una cosa distinta -reitero- es que establezcamos todas las medidas de ayuda, que se incorpore efectivamente el Ministerio de Educación y que generemos todas las condiciones para apoyar a quienes no pudieron o no pueden pagar. Pero esa es una materia distinta que debemos analizar.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
Han solicitado adelantar su voto, sin fundamentar, el Senador Rabindranath Quinteros y el Senador Juan Pablo Letelier.
Luego les vamos a ofrecer la palabra al Senador Carlos Montes y, posteriormente, a la Senadora Luz Ebensperger.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Senador Quinteros?
El señor QUINTEROS.- A favor.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El Senador Quinteros vota a favor.
¿Senador Letelier?
El señor LETELIER.- A favor, Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El Senador Letelier vota a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
Senador Carlos Montes, tiene la palabra.
El señor MONTES.- Gracias, Presidenta.
Yo soy uno de los que suscribieron esta moción, al igual que usted, el Senador Latorre y ¡el autor de casi todos los proyectos del Congreso...!: el Senador Chahuán.
Bueno, esta es una iniciativa muy sencilla, que busca dotar de mayores derechos a los deudores del CAE, para que tengan la posibilidad de usar un conjunto de mecanismos que establece la ley para los deudores en general. De eso se trata el proyecto. Y, para ello, se plantea una interpretación de la norma general.
El objetivo político detrás de esto es lo que está ocurriendo ahora: poner la situación de los deudores del CAE de nuevo como un tema político de relevancia dentro del conjunto de cosas en debate.
Y quiero recordar el contexto en que surgió el CAE, porque aquí algunos lo olvidan.
Cuando discutimos la ley de acreditación de la educación superior, la UDI sostuvo en la Sala que la acreditación no requería norma legal, pues la hacía el mercado; por tanto, no era necesario regular nada.
Ese era el contexto en aquella época.
¿Cómo logramos aprobar esa ley? Gracias a la Oposición y a seis Diputados de Renovación Nacional, encabezados por uno que representaba a La Araucanía, quien fue muy destacado. Si no fuera por eso, ¡ni siquiera tendríamos ley de acreditación!
Esa era la posición de la Derecha, que hoy día ha cambiado mucho, afortunadamente, pues por lo menos se ha abierto a que en esta materia el Estado tenga un rol.
Bueno, este crédito CAE quedó, sin lugar a dudas, con bastantes problemas de diseño, que alguna vez hay que terminar de clarificar. Contenía muchas cosas adicionales que no han funcionado.
Pero ¿cuál es el problema hoy día? Que tenemos un acumulado de deuda bastante grande.
¿Quiénes son los titulares de la deuda en la actualidad? Más de la mitad de la deuda -para los que no saben- es de la Tesorería General de la República, que ya se la compró a los bancos; o sea, la contraparte es estatal. Habrá que ver cómo enfrentamos eso.
Aquí no hay un problema de gasto público. ¡Por favor! Se lo digo al Senador que me antecedió. Se trata de subir sobre la línea una deuda que está bajo la línea; o sea, se busca establecer un procedimiento de condonación gradual.
Los bancos hacen de esto un negocio seguro. ¡Ahí lo tienen! Entonces, el problema es con el resto, con ese poquito menos de la mitad, que ellos siguen manejando.
¿Quiénes se favorecieron con este crédito? Nunca hay que olvidar que resultaron beneficiadas instituciones bastante débiles, ¡bastante débiles! Se creó una oferta, una matrícula en planteles que no eran muy fuertes. Algunos ya se han potenciado y tuvieron un crecimiento exponencial. Si no hubiera sido por el CAE, esas instituciones carecerían de la matrícula que tienen hoy día. ¡Hubo un tremendo crecimiento!
Bueno, aquí se ha discutido qué hacer frente a todo esto.
Claramente, los deudores CAE, que corresponden a la gratuidad actual, deberían tener un tratamiento de condonación serio y rápido, y con plata que ya el Estado gastó. Eso debería ser para quienes están dentro de los conceptos actuales de la gratuidad. Y también para los de las universidades estatales. De una vez por todas, el Estado debiera financiar sus propias universidades y colegios. No vivimos en un mercado; hay un rol de lo público que debe ser destacado y fortalecido.
Por eso considero muy importante que se dé este debate.
Ahora bien, este es un tema donde el Ministro de Educación no pincha ni corta, pues es un asunto que pasa por Hacienda, y esta Cartera ha tirado muchos problemas para los lados y no se hace cargo.
Yo he sostenido reuniones con la Asociación de Bancos, y he preguntado qué piensan de esto. Ellos no tienen problemas con la condonación; lo único que piden es que sea gradual, dado que la parte que ellos manejan tiene un impacto en sus finanzas y en todo. Por tanto, debe ser gradual, a medida que las distintas cuotas van venciendo. En esta materia hay un conjunto de cosas técnicas que no viene al caso plantear.
En definitiva, es posible una solución para la historia, para atrás; la cuestión es ponerse de acuerdo para ver cómo organizar un sistema de financiamiento, de créditos, además de la gratuidad, para otro tipo de instituciones. Debe haber un sistema de crédito mejor que el actual, aunque este ha mejorado, no tiene las mismas características que al comienzo. Pero hay que hacer aquello.
Desgraciadamente, este es un debate que en el actual Gobierno se acabó. Hay candidaturas que ya han hecho proposiciones con fuerza. Paula Narváez ha sostenido una posición clarísima al respecto, y hay estudios muy detallados de cómo enfrentarlo.
Creo que, de una vez por todas, este debe ser un tema del futuro, enfrentado con la mayor seriedad y la mayor solidez.
Voto a favor de esta iniciativa, porque da derechos a los deudores y porque pone el tema en el debate.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Carlos Montes.
Le ofrecemos la palabra, en la Sala, a la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.
Respecto a este proyecto, creo que su nombre induce a error, toda vez que la interpretación de la ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se va a aplicar solo a los nuevos contratos y no a los ya celebrados, conforme al principio de la intangibilidad de estos, garantizados por la propiedad sobre los derechos que emanan de dichos contratos, según lo establece nuestra propia Constitución, y el efecto acotado de las leyes interpretativas, conforme al cual no se pueden modificar sentencias y tampoco los derechos adquiridos que forman parte de un patrimonio o de situaciones jurídicas consolidadas.
Además, el efecto práctico de la misma declaración puede verse afectado por el principio de especialidad de la ley, puesto que la legislación sobre protección de los derechos de los consumidores reviste el carácter de general respecto de las leyes sobre financiamiento de la educación superior que se modifican.
También quiero llamar la atención sobre lo incongruente, creo yo, que resulta criticar el rol de los privados en la educación y el lucro y hacer aplicable al Estado las normas del Sernac financiero. Esa interpretación incluye, desde luego, darle al Estado la calidad de comerciante y proveedor del servicio financiero. Nunca está de más recordar que esa ley aplica a los actos mixtos y de doble carácter, donde precisamente interviene un comerciante, lo cual podría tener interesantes, importantes o preocupantes consecuencias prácticas, respecto de los procedimientos para hacer efectiva la responsabilidad del Estado, la indemnización de perjuicios en favor de los particulares, las acciones colectivas contra el Estado y el estándar de los servicios que se les podría exigir al proveedor denominado "Estado" y a sus organismos.
El proyecto, asimismo, compromete el crédito y la responsabilidad financiera del Estado, toda vez que reduce y modifica obligaciones y cargas financieras establecidas en favor del Fisco o de los organismos del Estado, vulnerando con ello el número 3 del inciso cuarto del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
En efecto, cambiar las normas sobre las exigencias de los créditos o las exigencias, términos y condiciones para su cobro a los particulares hace exigible la responsabilidad del Estado, por intermedio del Fisco, que ha garantizado los créditos destinados a financiar estudios de educación superior. Las instituciones financieras, en la imposibilidad de obtener el pago de los principales deudores, impetrarán la garantía del Fisco, que se obligó también a ese pago.
Por los mismos argumentos, el proyecto tiene una clara incidencia en la administración financiera y presupuestaria del Estado, por lo que, conforme al inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República, corresponde a una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Además de lo dicho, por ejemplo, el número 5 del artículo 2º del proyecto propone la supresión del inciso segundo del artículo 13 de la ley Nº 20.027, en orden a declarar prescriptible las cuotas impagas de la deuda en el plazo de tres años, conforme a las reglas generales. Ello también tiene un claro efecto en la administración financiera del Estado.
Podría seguir señalando normas que hacen inadmisible este proyecto, Presidenta, pero el tiempo no me va a alcanzar.
Yo creo que aquí hay dos cosas distintas: una es el fondo y otra, la forma. Quiero saber si vamos a respetar o no las normas que nos hemos dado o vamos a seguir presentando y aprobando proyectos que son inadmisibles, basados en muy buenas intenciones por lo que se quiere lograr en el fondo. Porque todos podemos compartir los problemas que hay detrás del CAE y lo que aquí se busca solucionar, pero esta no es la forma. Al menos yo no la comparto.
Este claramente es un proyecto inadmisible.
Yo puedo compartir con ustedes que hay problemas graves detrás; que aquí está ausente el Gobierno; que aquí debería estar el Ministerio de Educación, en fin. Pero eso no es suficiente para aprobar esta iniciativa y pasar a llevar las propias normas que ha aprobado este Poder Legislativo. ¡Eso no puede seguir ocurriendo! No es posible que este Poder Legislativo, por un lado, apruebe normas y, por otro, basado en objetivos que pueden ser muy loables, las pase a llevar.
Presidenta, esa no es forma de legislar seriamente. No estoy de acuerdo con eso.
Lamentablemente, voto en contra de este proyecto por ser inadmisible.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
Le ofrecemos la palabra a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Muchas gracias, Presidenta.
Voy a ser bien breve.
Ya se han dado varios argumentos que compartimos. Habría sido importante contar con la presencia hoy día del Ministro de Educación, porque este es un tema complejo y que debemos resolver como Parlamento y como sociedad.
Por otro lado, quiero hacer una mención a la ley de insolvencia o "de quiebras", como se le conoce, respecto de la cual estamos trabajando justamente en su modificación. La preocupación que manifiesto es que, cuando sea ley el proyecto que ahora estamos viendo, probablemente habrá una ley de insolvencia muy distinta de la actual.
Lo que se quería era que las personas reemprendieran sus negocios, y eso no ocurrió. Al contrario, mucha gente se acogió a quiebra, que no es lo ideal.
Hoy día se está trabajando precisamente para evitar que las empresas -sobre todo, las micro y pequeñas- quiebren. Por lo tanto, en la iniciativa que estamos votando se plantea una vinculación con una ley que probablemente va a tener ajustes importantes; de hecho, el proyecto respectivo es muy grande. Entonces, estamos hablando de una normativa que va a ser muy distinta a la que se propone hoy día acudir.
Solo eso.
Yo comparto el fondo absolutamente, pero, dados los argumentos de inconstitucionalidad y, principalmente, lo que estoy planteando sobre la ley de insolvencia, voy a abstenerme en esta votación, a la espera de que podamos llegar a un acuerdo con el Ejecutivo.
Gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
Le ofrezco la palabra, en la Sala, al Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero hacer tres comentarios respecto de este proyecto.
En primer lugar, deseo ratificar lo que ha planteado la Senadora Ebensperger. Ya esto pasa a ser una cierta costumbre. Respecto de los proyectos que se conocen en el Parlamento, el apego a la norma constitucional parece ser hoy día un tema completamente secundario, y casi no hay comentarios cuando se plantea que una iniciativa es claramente inconstitucional. Algunos simplemente mueven los hombros; otros dicen: "Bueno, será". Pero, al final, nadie se hace cargo de una obligación tan relevante como es velar siempre por que todos los proyectos se adecúen a las normas que todos juramos respetar.
Y no he visto a nadie que diga que esta iniciativa es constitucional. Claramente tiene que ver con un pacto financiero, cuya materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. ¡Así lo ha sido siempre!
Pero algunos, tratando de conseguir ciertos efectos políticos adicionales, aprovechan proyectos de este tipo para denigrar a la autoridad, como decir que los Ministros "no pinchan ni cortan", o simplemente para pedir el reemplazo de la autoridad, cuando se dice que el Gobierno se acaba. Aquí la imaginación es inagotable y, a veces, la odiosidad anda de paso.
Lo primero es lamentar ese efecto.
Segundo, no deja de sorprenderme la forma en que los Senadores de Oposición, en este caso, están enfrentando lo que ellos mismos construyeron en otro momento de sus vidas. Lo irónico de todo esto es que el sistema en cuestión fue ideado por los Senadores que están al frente. Y les quiero decir una cosa: no fue una mala política pública, porque permitió el acceso a la educación superior a mucha gente que, en otras circunstancias, no habría podido ingresar. Y quiero agregar que, en lo personal, colaboré con distintas indicaciones pues me parecía que era muy noble que más personas tuvieran acceso a la educación superior.
Y el sistema fue ideado por el Gobierno de los Senadores que ahora son de Oposición. Los miro y estaban todos. Algunos se fueron de esa coalición después, como el Senador Navarro; pero entonces era parte de ese Gobierno. Y hablaban de ello con entusiasmo, con pasión: "Este sistema contempla una garantía del Estado, y eso va a permitir que el esquema funcione".
Y después -para más ironía- se establece el CAE, otro producto directo de los Gobiernos de la Nueva Mayoría o de la Concertación. Hay que tener cuidado de repente con el léxico que generan estas denominaciones. Y vino el Ministro Bitar en su momento al Congreso. Yo estaba acá y me acuerdo perfectamente cuando trataba de convencernos -no lo logró con todos- de que esta era la gran solución para los problemas de la educación.
Ahora ven los efectos de las leyes que imaginan y dicen: "¡No, esto es un desastre!". Y hacen una maniobra bien notable: le echan la culpa al actual Ministro de Educación, que no está. Él no tuvo nada que ver en la génesis del sistema. Fueron los parlamentarios de Oposición los que lo discurrieron, los votaron y lo aplaudieron. Pero ahora son los primeros en colocarse en la fila de enfrente y lo pifian, lo defenestran y lo destruyen.
Esa es una fórmula rara. No sé, yo por lo menos no tengo tendencia a acostumbrarme a esos actos de incoherencia. Me importa plantearlo con serenidad, pero con total claridad.
Y, lo último, tampoco es cierto que esto no tenga ningún impacto fiscal. Se señala que cambiar de abajo a arriba de la línea no genera efecto financiero. Pero, ¡por favor, claro que sí! Esto debió haberlo visto Hacienda. Y no tiene informe financiero porque es una iniciativa parlamentaria. ¡Solo por eso! En cualquier escenario normal, obviamente debería haberlo tenido.
Pero tampoco importa, parece. Se da por asumido nomás.
¡A mí me importa!
Esto debió pasar por Hacienda, Presidenta. Es otro efecto inconstitucional de este proyecto.
Además, se plantea que el tema de fondo es ver cómo resolver hacia delante los problemas que se puedan generar. Este es un motivo obvio de discusión. Cómo mejorar las condiciones es una materia de debate, evidentemente. Nosotros siempre hemos estado abiertos a ello, pero no por la vía de plantear aspectos inconstitucionales, indebidos y que, a mi juicio, van en contra de lo que debe ser una recta forma de enfrentar todos los problemas, sean estos institucionales, constitucionales, educacionales, laborales, pandémicos. Se requiere voluntad para llegar a acuerdo, voluntad para plantear los problemas, sin tratar simplemente de borrar rápidamente con el codo todo lo que se escribió con la mano.
No me parece que esa sea la forma.
Siendo inconstitucional la iniciativa, no la puedo aprobar.
Hago un llamado a que temas de esta naturaleza se planteen y se discutan con amplitud de miras y no tratando de imponer una mayoría. Obviamente la pueden tener y la han usado en otras ocasiones. Ya veremos cuáles son los efectos de esto en el país.
Creo que nos estamos nuevamente equivocando en la forma de determinar y hacer los diagnósticos, y de resolver los problemas.
Por lo tanto, Presidenta, más allá de lo que cada uno piense acerca de lo que dijo antes y dice ahora, y si hay coherencia o no en ello, no me parece que este proyecto sea constitucional, razón por la cual no lo puedo apoyar.
Gracias, Presidenta.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Juan Antonio Coloma.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Gracias, señora Presidenta.
La verdad es que quería escuchar a mis colegas respecto de esta moción.
Señora Presidenta, nos encontramos estudiando este proyecto de ley, que busca modificar la normativa de protección a los derechos del consumidor y la ley de régimen concursal, con el fin de establecer una nueva regulación para las personas que están acogidas al crédito con aval del Estado.
El endeudamiento en Chile no es un tema nuevo. Con más de once millones de deudores, somos uno de los países que concentra la mayor deuda privada en función de los ingresos. Ayer se lo preguntábamos al Consejo Fiscal Autónomo.
Las familias de nuestro país gastan el 70 por ciento de sus ingresos anuales en resolver las deudas. Una de las primeras prioridades de las familias ha sido utilizar los fondos retirados del 10 por ciento en el pago de deudas, algo que cuesta mucho reconocer.
Entendemos que existe la libertad económica privada y la libertad de las personas de adquirir obligaciones financieras y de tomar créditos. Lo que no está bien es que dicha lógica se traspase a bienes esenciales como la salud y, en particular, la educación.
Desde hace varios años, desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, hemos tomado el compromiso como país de avanzar hacia una educación más igualitaria, sin barreras de acceso, y en especial de dejar de considerar a la educación como un bien de consumo. Y es precisamente esto, que la educación no es un bien de consumo, lo que debe guiar nuestras acciones; y el que una sociedad sea cada día más educada y más preparada no beneficie solo a la persona que adquiere dicha formación, sino a la sociedad en su conjunto.
El instrumento del crédito con aval del Estado se formuló con reglas excepcionalísimas en materia crediticia, como el establecimiento de mandato de un banco, títulos ejecutivos especiales, retención de impuestos, todo bajo la lógica de lograr cobrar dichos créditos. Sin embargo, todas esas prácticas, todos esos instrumentos son ajenos al sistema crediticio normal y enfrentaron a los estudiantes a una mochila de deudas que los acompañan no solo hasta el término de su formación universitaria, sino que coartarían sus posibilidades en el mercado financiero, para adquirir nuevos créditos, acceder a la casa propia, entre otros.
Y debo decirle, señora Presidenta, que ningún Senador, ¡ninguno!, que discutió esa ley en aquel minuto votó en contra: todos a favor, fue unánime. Yo no participé en esa discusión, pero me tocó revisarla con posterioridad. Y creo que es importante que hagamos todos un mea culpa respecto de cómo aprobamos ciertas cosas en el Parlamento. ¿Era la solución en el minuto? Probablemente. ¿Las condiciones eran las adecuadas? Claramente, no.
Hoy las deudas educativas son un problema social real. Tenemos la convicción de que en la próxima Constitución debemos asegurar de mejor manera el derecho a la educación, para que sea un derecho social garantizado por el Estado, que no dependa de los ingresos o la capacidad socioeconómica de los padres. Sin embargo, por el momento, debemos dar urgencia a las iniciativas que solucionan problemas que hasta ahora miles de estudiantes padecen en sus vidas.
El Estado tiene la obligación de dar una solución rápida a los estudiantes que hoy están endeudados. Proponer una condonación a los actuales créditos con aval del Estado es una opción. Pero aquí ni siquiera están el Ministro, la Subsecretaria, nadie. Nadie se hace cargo de esto.
La reforma de la regulación de este crédito provocó diferentes manifestaciones y malestares en la ciudadanía. Especialmente recordadas son las del año 2011, cuando los estudiantes expresaron su disconformidad con que la educación fuera transada en el mercado.
Los estudiantes que tomaron el crédito con aval del Estado actualmente buscan resquicios legales y fórmulas grises para poder zafar de una mochila de deudas con las que cargan hace más de una década.
Los objetivos de esta iniciativa nos parecen del todo necesarios, ya que extienden la protección de la ley Nº 19.496, sobre derechos de los consumidores, a los créditos con aval del Estado; modifica las leyes números 19.287 y 20.027, que permitirá sacar de la indefensión a los estudiantes; y finalmente hace aplicable la ley Nº 20.720, sobre procedimientos concursales, a los créditos con aval del Estado.
Señora Presidenta, voy a apoyar esta moción, porque creo que no puede el Gobierno seguir guardando silencio; no puede un Presidente de la República no entender que tiene que gobernar y debe dar salida y resolución a este tipo de problemas; porque me asiste la convicción de que la educación no es un bien que deba ser susceptible de ser comprado. Tenemos que dar a nuestros estudiantes, a nuestras familias herramientas de acceso igualitarias a la educación. Ya iniciamos ese camino con la gratuidad de la educación universitaria y con la reforma del acceso a la educación escolar. Podemos haber cometido muchos errores, qué duda cabe, pero lo importante es que entendamos que estamos en un momento crucial de la historia del mundo, de la historia de nuestro país y, por cierto, todos y todas tenemos que ser capaces de buscar soluciones. Y quien gobierna es el primero que debiera estar aquí discutiendo el camino para resolver los problemas.
Gracias, Presidenta.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias a la Senadora Ximena Rincón.
El Senador Pedro Araya solicitó adelantar su voto sin fundamentar.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Senador Araya, ¿cuál es su voto?
El señor ARAYA.- Gracias, Presidenta.
Voto a favor de esta iniciativa.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Muy bien.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias.
Senadora Isabel Allende, tiene usted la palabra.
La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, yo quiero partir por reconocer a quienes plantearon esta moción, que por lo menos nos está permitiendo volver a poner un tema que nos ha acompañado y que de tanto en tanto parece desaparecer de nuestro escenario, pero evidentemente que eso está ahí: la deuda existe, esas familias atribuladas están ahí.
Por eso, yo creo que esta moción simplemente trata, a través de esta vía -de los derechos de los deudores, de los consumidores, en fin, de quienes firman un contrato-, de defender en parte, sobre todo respecto de las penalizaciones. Yo pienso que no resuelve el tema de fondo, pero es un instrumento más y por lo menos está permitiendo que volvamos a tomar un tema que nos ha acompañado, que, como dije, de tanto en tanto parece desaparecer.
Decimos que es una lástima que no esté el Ministro de Educación. Como señala el Senador Coloma, este fue un tema que se originó, por supuesto, en otro Gobierno, ¡en nuestros Gobiernos!, no partió en el primer Gobierno del Presidente Piñera. Pero lo que parece olvidar el Senador Coloma es que cuando una persona es Jefe de Estado o encabeza un Gobierno se hace cargo de los problemas, se hayan originado o no dentro de su coalición o en anteriores Gobiernos. Y eso es básico.
Lo que nosotros tenemos que hacer es ir al fondo. Y en esta ocasión no veremos el fondo, porque aquí vamos a aprobar un proyecto relativamente sencillo, que intenta defender los derechos de esos estudiantes y de esas familias.
Además, hay que señalar que es la Tesorería en gran medida hoy día la titular de las deudas, ya que las compró a los bancos. Ni qué decir que ha sido un buen negocio para los bancos. Sí, es cierto que se hizo en un momento en que no había mayor regulación; era un instrumento que permitía acceder a la universidad. Pero hubo, efectivamente, errores en su concepción, y hoy día nos tenemos que hacer cargo de eso.
Y lo importante es cómo avanzamos en esa condonación, sobre todo si todavía los bancos -algunos tienen aún este instrumento- están disponibles. Y la Tesorería deberá avanzar también gradualmente en esta condonación. Pero creemos que no es legítimo dejar a las familias con esta carga. Muchos de estos estudiantes ni siquiera terminaron sus carreras, siguen teniendo estas deudas y ello les ha impedido, por supuesto, poder desarrollarse, como es lo normal, a medida que van creciendo.
Entonces, lo importante aquí es avanzar un paso, pero sobre todo visibilizar esta discusión y señalar que seguiremos bregando para que haya un modelo radicalmente distinto en cuanto a la concepción de la educación.
Yo me alegro de que muchos hayan ido cambiando. Desde la época, como recordaba el Senador Montes, en que ni siquiera querían acreditación de universidades, porque el mercado lo resolvería, hasta hoy día, en que incluso un Senador de Renovación Nacional reclama que haya una solución, que el Gobierno se haga cargo, que debiera estar el Ministro, creo que hay un gran paso.
Y yo espero que muchos más sigan entendiendo que la educación -como se ha dicho aquí- no puede ser un bien que se resuelve vía mercado: es un derecho; tiene que estar garantizado. La educación pública debe avanzar, tiene que estar garantizada y sobre todo mejorar su calidad. Y eso implica inversión, ¡inversión! No es un gasto, es una inversión necesaria para un país que cree y que necesita que efectivamente avancemos en mejorar esa educación pública.
Prefiero ni recordar la triste pasada de la ex Ministra de Educación Marcela Cubillos, porque lo que yo recuerdo, por lo menos lo que a mí me dejó claro, es que lo único que le importaba era su Aula Segura y cómo penalizar determinadas manifestaciones de los estudiantes. ¡No avanzamos nada!, y yo lo lamento profundamente. Por eso digo que un Gobierno se hace cargo de los temas; y si no se quiere hacer cargo de los temas, bueno, las consecuencias están a la vista.
Es importante que avancemos. Ojalá en la próxima Constitución, con los responsables de redactarla, efectivamente logremos poner como principio la educación pública. Y, por cierto, tiene que ser de calidad. Y debemos avanzar hacia la gratuidad. No se justifica, no se comprende, no se entiende cómo otros países sí lo logran y nosotros queremos seguir haciendo de la educación un modelo en el cual las familias tienen que seguir pagando, endeudándose, cuando ya sabemos el nivel de ingresos de este país, las deudas que acumulan las familias. Y, por cierto, porque es un principio, y nosotros...
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Senadora Allende, puede hacer uso de un tiempo adicional.
La señora ALLENDE.- Gracias, Presidenta.
Estaba terminando.
Quiero decir que para nosotros la educación pública es un principio fundamental y, por lo tanto, hay que velar por su calidad, por su gratuidad. Como ya lo he dicho, este es el tema de fondo.
Pero tenemos que encontrar una salida para estos estudiantes. Y por ahora, en lo inmediato, apoyo este proyecto, que al menos intenta no agravar la situación de penalización de esas familias que están endeudadas por la vía de sus estudiantes.
Voto a favor, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias a la Senadora Isabel Allende.
Le solicito a la señora Secretaria que consulte por la opción de voto de quienes se encuentran telemáticamente.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Senador Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- Voto a favor, señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El Senador Soria vota a favor.
¿Senador Alvarado?
¿Senador Alvarado?
¿Senador Castro?
El señor CASTRO.- Gracias, Secretaria, Presidenta.
Después de escuchar la intervención del Senador Chahuán, muy encendida, muy fuerte, voto a favor.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El Senador Castro vota a favor.
¿Senador Galilea?
¿Senador Galilea?
¿Senador García-Huidobro?
¿Senador Galilea?
El señor GALILEA.- En contra.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El Senador Galilea vota en contra.
¿Senador García-Huidobro?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Me puede dar la palabra?
Ahí sí.
Gracias.
Entendiendo el fondo, sin duda que es muy loable la intencionalidad. Este ha sido un tema que se ha solicitado durante bastante tiempo, no solamente en este Gobierno, sino mucho antes también. Pero nosotros tenemos que respetar las normas que juramos -algunos las prometieron- cuando asumimos nuestros cargos. Yo, comprendiendo que esto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, no puedo votar a favor, porque creo que estaría faltando a mi compromiso, y muchos de ustedes posiblemente también. Me habría gustado que hubiese estado el Ministerio de Hacienda, porque esto más que un tema de Educación es de Hacienda.
Reitero que yo no puedo votar a favor de un proyecto que, en el fondo, busca una solución, pero respecto de lo cual no tenemos las atribuciones.
Así que yo voto en contra.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El Senador García-Huidobro vota en contra.
¿Senador Guillier?
El señor GUILLIER.- Muchas gracias, señorita Secretaria.
Permítame una breve fundamentación.
Yo estoy en la línea del Tribunal Constitucional. Una cosa es la ley, pero en situaciones de catástrofe prevalecen las necesidades de la gente, decía alguno de los constitucionalistas. Por cierto, señalaron más cosas que esta, pero es una actitud y una disposición.
Si frente a una situación en que hay evidencia de que las cosas se están deteriorando y se requiere actuar y la autoridad, que debería ser prioritariamente la preocupada, no lo hace con oportunidad, el Congreso Nacional tiene que suplir ese vacío. Nosotros estamos viviendo una crisis de gobernabilidad, una falta de definiciones, una falta de visión estratégica para Chile.
Uno ve cómo se está deteriorando todo día a día. Y debemos salir desesperadamente a ayudar a todas las personas que están tratando de promover el desarrollo, también desde proyectos e iniciativas más puntuales, más concretas, quizás no de grandes dimensiones, pero que están ahí, en la vida cotidiana, tratando de sobrevivir, hacer un aporte al país, y no se les puede dar la espalda refugiándose simplemente en un argumento que vale en tiempos de normalidad. Pero como el propio Gobierno definió, y nosotros lo ratificamos, estamos en una catástrofe. Y cuando alguien se está ahogando uno le tira -no es que sea el rol necesariamente de uno- el salvavidas o le trata de acercar un brazo para sacarlo.
Yo creo que hay que asumir lo que es una catástrofe, que parece que para algunos fuera una cosa menor o meramente formal, ¡y no es formal! Y por esa razón yo apoyo este proyecto, y voy a apoyar muchos que podrán estar al filo de la constitucionalidad; pero la gente está primero, y las leyes son para favorecer a la gente, para cuidar a la gente, no al revés.
Yo creo, y respetando a los que piensen distinto -ojo, no estoy haciendo un reproche, pero sí planteando una argumentación-, que tiempos de catástrofe requieren medidas urgentes. Y si la autoridad, que debería ser la que prioritariamente estuviese resolviendo esto, no lo hace, el Congreso no puede pasar de largo y escudarse en que no tiene todas las atribuciones. Además, yo creo que en este caso estamos bastante al límite, es verdad, pero tenemos atribuciones, y yo pienso que hay que jugársela.
Voto a favor, señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El senador Guillier vota a favor.
¿Senador Huenchumilla?
¿Senador Huenchumilla?
¿Senador Kast?
¿Senador Kast?
¿Senador Prohens?
El señor PROHENS.- En contra, Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El Senador Prohens vota en contra.
¿Senadora Sabat?
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
Presidenta, el Senador Elizalde está pidiendo la palabra.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Le ofrecemos la palabra en la Sala al Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, junto con afirmar mi voto a favor de esta iniciativa, quisiera señalar que a mi entender se abusa recurrentemente del argumento de la admisibilidad, con una interpretación tan extensiva que prácticamente imposibilita que el Congreso Nacional pueda abordar temas de interés público y leyes que generan, sin duda, impacto social. Y creo que ese es un precedente muy complejo para los desafíos que tenemos por delante.
Solo deseo mencionar que la ley en proyecto no impone, sino que autoriza, y, desde esa perspectiva, no compromete gasto. Obviamente, es el Gobierno el que tendrá que decidir si utiliza el instrumento que se está otorgando a través de esta normativa. Y, desde esa perspectiva, en absoluto se podría considerar que es inadmisible. Pero tiene que abrirse una puerta para que se cuente con un instrumento a fin de proteger de mejor forma a las personas. Y lo que hace el Congreso es abrir esa puerta, o más bien otorgar la llave para que quien tiene que abrirla la pueda abrir. Por cierto, hay otras normas, por ejemplo, respecto de prescripción, que aplican el régimen general y no una norma excepcional de imprescriptibilidad, o cuestiones por el estilo. Pero en absoluto uno podría señalar que aquí estamos ante un proyecto inadmisible. Así que creo que se ha abusado permanentemente de este argumento.
Y quiero felicitar a los autores de la iniciativa, a los mocionantes, por la creatividad que han tenido para abordar adecuadamente este tema y, sobre todo, para hacerse cargo de una problemática que requiere solución.
Voto a favor.
La señora PROVOSTE (Presidenta).- Muchas gracias al Senador Elizalde.
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (25 votos a favor, 9 en contra, 3 abstenciones y 2 pareos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 20 de mayo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Carvajal, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Galilea, García, García-Huidobro, Prohens y Pugh.
Se abstuvieron la señora Aravena y los señores Durana y Moreira.
No votaron, por estar pareados, los señores Lagos y Sandoval.