MARCO FUNCIONAL EFECTIVO PARA NUEVOS GOBIERNOS REGIONALES
El señor QUINTEROS.- Gracias, Presidenta.
Tal como lo ha dicho el ex Presidente de la Comisión de Hacienda, hay que señalar que este no es un proyecto de ley de rentas regionales. Acá no hay nuevos recursos de inversión, ni un piso, ni una promesa para futuros aportes. Ni siquiera hay una señal, como podría haber sido establecer que el crecimiento anual de los presupuestos sería equivalente al porcentaje de aumento del gasto público. Ni hablar de los impuestos que graven actividades de impacto regional. Nada de eso se contempla en este proyecto.
De esta manera, la paupérrima participación del gasto subnacional dentro del gasto público total de Chile continuará siendo una de las más bajas a nivel latinoamericano o de la OECD.
Se trata, en lo fundamental, de un proyecto de mera administración financiera de los gobiernos regionales. Pero ni siquiera acotándolo a este objetivo satisface los estándares de autonomía mínimos que podrían esperarse tomando en cuenta que ahora los gobiernos regionales serán encabezados por un gobernador electo popularmente.
Al revés, yo creo que este proyecto fortalece el control de la Dirección de Presupuestos y de la Subdere sobre el presupuesto regional, sobre las inversiones y las modificaciones. A pesar de que en la introducción del mensaje se indica que este proyecto cumple la promesa, abro comillas: "De definir una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional" e "Introducir mayor transparencia y menor discrecionalidad en la asignación de recursos de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo".
El proyecto prácticamente no innova en los procesos y etapas actualmente vigentes en relación con el manejo de los presupuestos regionales. Desde el principio se indica que el estado nacional se organiza bajo una sola administración central de ingresos y gastos, y los gobiernos regionales son considerados como cualquier servicio público, quedando sometidos a las normas establecidas en la administración financiera de la nación, aunque los gobernadores regionales no dependan directamente del Presidente de la República.
Se avanza, eso sí, puntualmente, autorizando el uso de saldos presupuestarios. Pero esto puede ser letra muerta, porque las normas de autoridad fiscal que pueda dictar el o la Presidenta de la República afectarán también a los gobiernos regionales.
No se consideró la posibilidad de acercarse a la autonomía financiera de que gozan los municipios. De esta manera, una municipalidad correspondiente a una comuna de 200 mil habitantes tendrá más autonomía que un Gobierno regional con competencia sobre una población de 1 millón de habitantes.
El presupuesto regional, una vez aprobado por el CORE y despachado por el gobernador regional, tendrá ahora como intermediario a la Subdere, que será la responsable de enviarlo a la Dirección de Presupuestos, lo que no tiene ninguna justificación, sino seguir manteniendo una suerte de control del Gobierno central sobre el accionar de las instituciones descentralizadas.
No hay flexibilidad presupuestaria, un asunto de vital importancia para generar agilidad y velocidad en los gastos.
Los gobiernos regionales siguen atados a la Dirección de Presupuestos para la identificación de proyectos de inversión, lo que seguramente generará mucha frustración en las regiones. Un mejoramiento de una posta rural, en un remoto rincón de Chiloé o de la provincia de Palena, seguirá sujeto al celoso control de la autoridad central.
En definitiva, señora Presidenta, es un proyecto pobre. No hay aumento de recursos ni mayor ampliación de la autonomía. Y la disminución de la discrecionalidad de la autoridad central es limitada.
Con razón la idea de legislar fue aprobada con tres abstenciones en la Comisión de Hacienda.
Como ha ocurrido con tantos otros mensajes, nos enfrentamos a la disyuntiva de mantener simplemente la situación actual, postergando una reforma más de fondo para futuros gobiernos, una vez que contemos con nuevas reglas constitucionales, o bien posibilitar desde ya la entrada en vigencia de algunos modestos mejoramientos.
Yo voy a votar a favor de este proyecto. No obstante, sinceramente espero que el Gobierno pueda abrirse a modificaciones sustanciales en la discusión en particular. Ello es indispensable para una instalación más fluida y menos traumática de los nuevos gobernadores regionales, electos por las comunidades de cada territorio. De lo contrario, se pondrán en riesgo el proceso descentralizador, largamente anhelado por las regiones, y hasta el mismo proceso de profundización de nuestra democracia, que la ciudadanía ha impulsado incansablemente a través de movilizaciones y una voluntad mayoritaria manifestada en un plebiscito.
Voto a favor, Presidenta.
He dicho.