PROHIBICIÓN A COLEGIOS SUBVENCIONADOS Y PARTICULARES PAGADOS PARA NEGAR MATRÍCULA 2021 A ESTUDIANTES CON DEUDA
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que prohíbe a los establecimientos educacionales subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda, en el contexto de la crisis económica producto de la pandemia COVID-19, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.585-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 69ª, en 18 de agosto de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 104ª, en 13 de octubre de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La iniciativa tiene por objeto disponer la obligación de los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados de elaborar un plan de medidas extraordinarias que tengan por objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, asegurando a los alumnos que se acojan a dicho plan la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021, sin que se les pueda cancelar o impedir la renovación de la matrícula.
La Comisión de Educación y Cultura hace presente que, conforme al inciso primero del artículo 127 del Reglamento, discutió este proyecto de ley en general y particular a la vez. Agrega que, sin perjuicio de lo anterior, la Sala del Senado, con fecha 23 de septiembre de 2020, autorizó a la Comisión para debatirlo en la forma señalada.
La referida Comisión aprobó en general la iniciativa, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Provoste y señores Alvarado, García, Montes y Quintana.
En particular, aprobó el proyecto con las modificaciones y las votaciones unánimes que se registran en su informe.
El texto que se propone aprobar se transcribe en las páginas 18 y 19 del informe de la Comisión de Educación y Cultura y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a disposición tanto en la Sala como en la plataforma de la sesión telemática, y ha sido remitido a los correos electrónicos de todas las señoras y los señores Senadores.
Cabe señalar que han sido presentadas las siguientes indicaciones:
Dos indicaciones del Senador señor Quinteros: la primera, recaída en el inciso segundo del artículo único de la iniciativa, para reemplazar la frase "cuya situación económica se ha visto menoscaba producto de la emergencia sanitaria" por "que así lo soliciten por escrito al establecimiento"; y la segunda, para eliminar el inciso tercero del artículo único del proyecto.
Una indicación de la Senadora señora Sabat, para agregar un inciso quinto, nuevo, con el siguiente texto: "Asimismo, tanto los planes, como la reprogramación de obligaciones morosas que formen parte de aquellos, deberán ceñirse a un criterio de racionalidad y proporcionalidad en el pago de lo adeudado. En consecuencia, toda reprogramación estimada por el sostenedor educacional no podrá significar en caso alguno un sobrecargo financiero para el apoderado deudor que sea demasiado oneroso o difícil de solventar. Se entenderá que la reprogramación no cumple con el criterio señalado cuando signifique un aumento igual o superior al doble del pago mensual que originalmente corresponda al mes en que inicia el pago de la deuda, así como en relación con cualquiera de los meses venideros, lo que podrá producirse sólo con expresa aceptación del apoderado deudor para alguno, algunos o todos los meses en que deba pagar cuotas adeudadas en adición a las cuotas periódicas no vencidas.".
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión.
Ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Educación, Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, quiero advertir que estoy con una comunicación bastante inestable. Por lo tanto, si se corta la transmisión, les pediría a algunos de los miembros de la Comisión que puedan continuar con el informe.
Paso, entonces, a entregar el informe de la Comisión de Educación recaído en el proyecto de ley contenido en el boletín N° 13.585-04, en segundo trámite constitucional, que prohíbe a los establecimientos educacionales subvencionados y particulares pagados negar la matrícula para el año 2021 a estudiantes que presentan deuda en el contexto, por supuesto, de la crisis derivada del COVID-19.
El proyecto de la referencia -tal como lo indicó el Secretario- tiene su origen en una moción de los Honorables Diputados señora Cristina Girardi, Camila Rojas y Camila Vallejo y señores Rodrigo González, Juan Santana y Gonzalo Winter.
A la discusión de esta iniciativa concurrieron, además de sus miembros, las Diputadas señoras Girardi y Rojas y los Senadores señora Órdenes y señores De Urresti y Navarro.
Asimismo, se escucharon los planteamientos que formularon: el Ministerio de Educación, a través de su coordinador legislativo, don José Pablo Núñez; Acción Educar, mediante la abogada señora Tania Villarroel; Conacep, por intermedio de su Presidente, señor Hernán Herrera, y la Conferencia Episcopal de Chile, que estuvo representada por el abogado señor Leonardo Jaña.
La Comisión discutió en general y particular a la vez este proyecto de ley en sesiones celebradas el 21 y el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2020.
En cuanto a su objetivo, dispone la obligación de los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados de establecer un plan de medidas extraordinarias que tenga como objeto propender a garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, asegurando a los alumnos que se acojan a dicho plan la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021, sin que se les pueda cancelar o impedir la renovación de la matrícula.
Luego de escuchar las exposiciones y argumentos de los invitados a la Comisión precedentemente señalados; de conocer los argumentos de sus integrantes y de las Diputadas y Senadores asistentes, y de acordar abrir un plazo para presentar indicaciones, la iniciativa de ley fue aprobada en general por la unanimidad de sus miembros, Senadores Yasna Provoste, Alvarado, García Ruminot, Montes y Quintana.
En lo que respecta a la discusión en particular, de conformidad con el acuerdo adoptado en relación con la apertura de un plazo para presentar indicaciones al texto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados que recojan las observaciones formuladas durante el debate, la Comisión recibió distintas indicaciones, básicamente del Senador señor García Ruminot, las que fueron aprobadas -algunas con modificaciones- por la unanimidad de sus integrantes.
De esta forma, las enmiendas que se introdujeron en dicha instancia al texto despachado por la Cámara de Diputados consideran los siguientes aspectos:
a) Disponer que el plan de medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes, con énfasis en medidas cuyo objeto sea enfrentar las consecuencias económicas producto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, deberá contener y explicitar medidas extraordinarias, entre las cuales tendrá que considerarse al menos la reprogramación de cuotas de colegiatura pactadas para el presente año escolar 2020 y el pago de colegiaturas reprogramadas con anterioridad al mes de marzo de 2020, para aquellos padres, madres y apoderados cuya situación económica se ha visto menoscabada producto de la emergencia sanitaria.
b) Precisar que para establecer que la situación económica de padres, madres y apoderados se ha visto menoscabada, los establecimientos deberán atender especialmente a la situación de aquellas familias en que la disminución representa al menos el 30 por ciento de los ingresos percibidos en promedio durante el año 2019; y en el caso de padres, madres o apoderados que vivan en el mismo hogar, la disminución de los ingresos percibidos se calculará sobre la base de la suma de dichos ingresos.
c) Como norma transitoria se dispone que los alumnos que se acojan a estos planes tendrán asegurada la continuidad escolar en el mismo establecimiento para el año 2021 sin que se les pueda cancelar o impedir la renovación de la matrícula. Los sostenedores de los establecimientos educacionales indicados en el inciso primero del artículo único podrán ejercer las acciones de cobro conforme a lo establecido por los incisos tercero y cuarto del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 2 del año 2009 del Ministerio de Educación una vez que cese la declaración de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por brote del COVID.
Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Quintana.
Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, cuando nos preguntábamos si era posible o aceptable que se suspendiera el suministro de agua o de luz por falta de pago en condiciones de una emergencia, la respuesta prácticamente unánime fue que no.
Hoy las preguntas son las mismas: ¿Qué derecho es más importante, el derecho básico a la educación que tienen los niños y jóvenes matriculados en colegios particulares o particulares subvencionados o el derecho a una retribución económica que tienen los dueños de estos establecimientos? ¿Es aceptable que el sostenedor margine y deje fuera sin derecho a matrícula para el próximo año a estudiantes cuyas familias se han visto afectadas por la crisis?
Como lo hemos repetido insistentemente cada vez que hemos debatido sobre ayudas para las familias, la situación de emergencia que vive nuestro país amerita adoptar medidas extraordinarias en diferentes ámbitos: no pueden aplicarse las mismas reglas de una condición de normalidad.
Hoy la ley nada dice sobre este tema: solo prohíbe la pérdida de matrícula una vez iniciado el año escolar; sin embargo, nada dice de los años siguientes. Y, en este vacío, los dueños de los establecimientos se han basado para sostener la práctica usual de negar la matrícula a quien mantiene la morosidad, pero que ha sido cuestionada por sentencia de las cortes superiores, las que han dado preeminencia al derecho de los niños y jóvenes a la educación.
Los dueños de colegios sostienen que el deber de proveer la educación en estos casos es del Estado. No obstante, esto es solo una verdad a medias. No basta con disponer de un cupo en una escuela pública para asegurar la continuidad de los estudios. Los estudiantes son miembros de una comunidad por largos años, a veces hasta por quince años, de la cual son abruptamente excluidos; es decir, hay un interés superior del niño que debe ser considerado.
En los casos de los servicios de agua y de luz se trata de concesiones de servicios públicos. Aquí también existe una especie de concesión que los habilita para prestar el servicio y los transforma en un servicio regulado que no está entregado completamente a la voluntad de las partes, que, como sabemos, es un eufemismo para referirse normalmente a la voluntad de la parte más poderosa.
Según denuncia la Anacep, asociación que reúne a padres y apoderados del sector, muchos de estos establecimientos no han ajustado el valor de los aranceles a las condiciones en que prestan el servicio educacional hoy día: sin clases presenciales prácticamente por todo el año, en que han bajado sus costos, incluso reduciendo su personal. Pero aun algunos de ellos han anunciado un alza de la matrícula y aranceles para el próximo año más allá del IPC.
Cabe señalar, además, que en buena parte de estos colegios se cobra una cuota de incorporación que no tiene ninguna contraprestación clara y directa y que no es reembolsada ni siquiera parcialmente después de negarse la matrícula.
Asimismo, la Anacep plantea que todos los estudiantes deben estar cubiertos por esta protección, que prohíbe negar la matrícula para el próximo año, independientemente de su situación económica familiar derivada de la pandemia.
¿Porque qué pasa cuando el apoderado no ha disminuido sus ingresos, pero su cónyuge u otros miembros de la familia sí los han perdido? ¿Qué pasa cuando se recibe una pensión alimenticia que ha dejado de pagarse? Además, muchos padres tienen actividades independientes que han quedado fuera de toda ayuda social y hoy están enfrentando la insolvencia.
Muchos de ellos lograrán volver a levantarse, pero hay que darles tiempo.
Limitar la protección solo a un restringido número de estudiantes solo se prestará para abusos de los sostenedores, que deberán terminar en los tribunales... (falla de audio en transmisión telemática). Por eso he presentado la indicación correspondiente, para que todos los padres y apoderados tengan derecho a solucionar los problemas que les afligen.
Lamentablemente, una vez más debemos denunciar que el Gobierno está ausente, no participa del problema, ni siquiera se hace presente en el Congreso. Es como si la situación de los padres y apoderados no le importara y le fuera ajeno.
Aquí debiera estar el Ejecutivo proponiendo fórmulas de solución. Para eso tiene facultades exclusivas. Y luego acusan al Congreso de sobrepasar la Constitución.
Señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto. Y espero que se aprueben las indicaciones para hacer extensiva esta normativa, que prohíbe negar la matrícula por razones de morosidad a todas las familias, y no solo a aquellas que cumplan determinados requisitos.
No olvidemos que los colegios subvencionados han seguido recibiendo sus subvenciones sin problemas; los establecimientos particulares pagados cuentan con espaldas suficientes para soportar una disminución de sus ingresos, y para aquellos que efectivamente tienen problemas, debiera habilitarse líneas de crédito con aval del Estado como el Fogape, destinada a asegurar su supervivencia.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señora Presidenta, tal como señaló el Senador informante, el colega Quintana, este proyecto durante su tramitación recibió diversas indicaciones que fueron perfeccionando su contenido.
En tal sentido, quiero manifestar que las indicaciones introducidas en el Senado se despacharon por unanimidad. Y ahora corresponde hacer presente algunas consideraciones respecto de esta iniciativa.
No obstante la idea matriz de este proyecto de ley, es necesario señalar que de los 1.036 establecimientos educacionales particulares subvencionados con financiamiento compartido y particulares pagados, aproximadamente... (falla de audio en transmisión telemática)... por ciento de los colegios que están atendiendo la disminución de ingresos de las familias que están con matrículas vigentes.
También acabo de escuchar la intervención del Senador Quinteros, en que se indica que por efecto de la pandemia los costos disminuyen; pero debemos tener siempre en consideración que aproximadamente el 70 por ciento de los costos de los colegios son fijos, y que, adicionalmente, estos han debido implementar una serie de iniciativas tendientes a incorporar dentro de sus mecanismos de enseñanza elementos que les permitan llegar a los hogares, lo cual significa disponer sistemas, procedimientos, tecnología que igualmente llevan asociados gastos adicionales.
La discusión en particular llevada a cabo en la Comisión de Educación del Senado tuvo como propósito dejar claramente establecidas las condiciones sobre las cuales atender los requerimientos de las familias que han visto disminuidos sus ingresos.
En tal sentido, en el inciso tercero del artículo único se colocaron una serie de elementos a tener en cuenta, entre ellos, que al menos el 30 por ciento de los ingresos percibidos en una familia haya caído. Esto, como una manera de tener a la vista esa situación e ir en ayuda de quienes efectivamente lo requieren.
Sin embargo, señora Presidenta, me pareció escuchar que hay una indicación que pretende eliminar ese inciso tercero. Creo que eso nos genera una dificultad, porque todas las normas relacionadas con los factores a considerar para la reprogramación de las cuotas de aquellas familias que han presentado problemas quedan sin ningún marco de referencia, y no podemos pasar a llevar la autonomía que tienen los colegios para ir definiendo dentro de ciertos parámetros el acceso a este tipo de beneficios.
Para concluir debo señalar que este proyecto se analizó en detalle en la Comisión de Educación; fue perfeccionado con el propósito de que existan parámetros claros y definitivos sobre los cuales decidir esta reprogramación en conjunto entre el colegio y las familias.
Asimismo deseo manifestar que a mi juicio las indicaciones deberían ser tratadas en dicha instancia, por lo que solicito que el proyecto vuelva a la Comisión técnica para un nuevo primer informe.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, siguiendo con la lógica del Senador por Ñuble, el colega Alvarado, quisiera manifestar que en lo que respecta a nuestra Región, a mi Región de Los Lagos, cuya capital regional es Puerto Montt, ya arrastra por cuatro meses una prolongada cuarentena debido a la expansión del COVID; lleva cuatro meses en una situación extrema que impide el normal funcionamiento del comercio y la industria no esenciales, así como del sector de educación.
Lo cierto es que todos se han visto afectados, aunque, por supuesto, de distinta manera.
Los ciudadanos de clase media, dedicados al sector servicio, comercio, profesionales independientes, agricultura, han sufrido una merma significativa en sus ingresos al no tener ni siquiera la red básica de protección con que cuentan los sectores de menores ingresos, y se ven obligados a rascarse con sus propias uñas -lo digo en chileno: a rascarse con sus propias uñas-, a autoayudarse en medio de una pandemia y de necesidades cada vez de marca mayor.
Para ellos la educación no es opcional, sino una obligación; no es gasto, sino inversión en un mejor futuro para sus hijos. En busca de ese futuro trabajan y se desviven por proveerles a sus hijos el acceso a la mejor educación posible y a su alcance.
Pero también los colegios tienen gastos mensuales no menores para cubrir todas las funciones que un establecimiento educacional debe cumplir, especialmente aquellos que no reciben aportes del Estado, los cuales en su mayoría se mantienen inalterables a pesar de la pandemia.
Por lo mismo, esta es una iniciativa esperada por los apoderados y necesaria para las comunidades escolares: proyecto que prohíbe cancelar matrícula a alumnos de colegios particulares pagados o particulares subvencionados.
Los colegios no quedan imposibilitados de cobrar por sus servicios, pero deben otorgar algún tipo de facilidades de reprogramación para los padres y apoderados que hayan visto disminuidos sus ingresos, sin impedir la matrícula para el 2021.
La ley en proyecto puntualiza los casos en que el establecimiento está obligado a otorgar facilidades, y aunque indica la reprogramación de mensualidades como alternativa, deja espacios a otras soluciones que puedan nacer de los establecimientos, pero sin la opción de cobrar intereses.
Las provincias de Chiloé, de Palena, de Llanquihue y de Osorno están pasando por un momento particularmente difícil con sus negocios cerrados y un aumento galopante de la cesantía. Los gremios han solicitado de manera insistente fin a las cuarentenas. Las cuarentenas no han funcionado y las cifras de contagios se mantienen altas, en especial, en Puerto Montt. Para ellos este proyecto constituye un alivio; y para los colegios es una oportunidad a fin de mantener a sus alumnos y de mejorar su planificación financiera.
Por lo mismo, este proyecto en general y en particular es muy importante; pero aquí tenemos que buscar el justo equilibrio entre la necesidad de proteger a los niños y a las familias que están pasando por un mal momento económico y el deber de atender también a los colegios particulares y subvencionados. No podemos de la noche a la mañana cargar la balanza para un solo lado: debemos encontrar el equilibrio.
Eso persigue esta iniciativa en general.
Por eso algunas de las indicaciones, como señaló el Senador de Ñuble, el colega Alvarado, son relevantes; y ello, en el contexto de que pueden entorpecer el objetivo supremo de este significativo y "aliviante" (para usar esta palabra) proyecto de ley para muchos padres y apoderados...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Concluyó, Senador?
El señor MOREIRA.- Sí.
Gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Ofrezco la palabra a la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, Presidenta.
Quiero partir felicitando a las Diputadas Camila Rojas, Camila Vallejo, Cristina Girardi y a los Diputados Juan Rubén Santana y Gonzalo Winter, autores de esta moción que, tal como aquí se ha señalado, ha contado con el apoyo unánime de los integrantes de la Comisión de Educación del Senado, donde se acogieron también indicaciones que formuló en un momento el Diputado José García Ruminot.
El señor PIZARRO.- El Senador...
La señora PROVOSTE.- Sí, el Senador García.
Muchas gracias, Senador Pizarro.
Presidenta, quisiera reiterar que hoy más que nunca se requiere establecer legislativamente iniciativas que den respuesta a las problemáticas que enfrentan nuestros estudiantes, con un enfoque de derechos, de asegurar el acceso a la educación y de no discriminación.
En ese sentido, el proyecto de ley que se presenta y que busca impedir a los establecimientos educacionales particulares subvencionados y particulares pagados la cancelación de la matrícula para el año 2021 de aquellos estudiantes que presenten deudas por el no pago de las mensualidades en el actual contexto de crisis económica producto del COVID-19 ha tenido un apoyo en la Comisión de Educación del Senado, porque compartimos el principio de garantizar el acceso a la educación y de la no discriminación. Nos parece que ese debe ser el enfoque en materia legislativa.
Quiero señalar que, tal como lo dice la propia moción, hay elementos que son anteriores inclusive a este proyecto de ley. Solo quiero recordar que el año 2016, cuando aprobamos la ley de fin al lucro, fin a la selección y fin al copago, llamada posteriormente "Ley de inclusión", ya se establecieron en esa oportunidad un conjunto de exigencias para establecimientos que, aunque no reciben remuneraciones de subvenciones por parte del Estado, sí tienen un compromiso claro con la política educativa, que es lo que nos interesa resguardar.
Y ese ha sido el ánimo que ha estado presente en las mocionantes cuando se plantea qué es lo que va a ocurrir con aquellos estudiantes cuyas familias, por distintas razones, porque han perdido el empleo, porque han tenido una disminución en sus ingresos, porque se encuentran acogidos a la suspensión laboral del empleo, no han podido cubrir las mensualidades. La idea es que eso no signifique un impedimento para poder continuar en esos establecimientos el año 2021.
Lo anterior en ningún caso es una condonación de las deudas. Y es importante señalarlo. Acá no existe una condonación. Se trata de garantizar el derecho a la educación de esos estudiantes en esas unidades educativas, de manera que las familias puedan posteriormente definir, a partir de un plan con el establecimiento educacional, la forma como van a realizar los pagos adeudados, sumados a los que se deben asumir durante el año calendario escolar 2021.
Es decir, el único propósito que tiene este proyecto es garantizar la continuidad de los estudiantes desde un objetivo que nos parece muy importante poder resguardar: que efectivamente la educación sea considerada un derecho y no un bien de mercado.
Y creemos que esta moción presentada por las Diputadas y los Diputados va en el propósito de lograr dar una respuesta a las problemáticas que hoy vive nuestro país, pero basada en un enfoque de derechos.
Por lo tanto, esperamos que esta iniciativa, que -insisto- ha sido aprobada de forma unánime en la Comisión, incluidas las indicaciones presentadas por el Senador García con el propósito de dar cuenta de que este no es un proyecto universal, sino uno destinado a apoyar la problemática que enfrentan determinadas familias producto de la crisis económica que se está viviendo, sea respaldada por la Sala. Y la oportunidad en la que este Senado se pronuncie es muy importante, porque ha comenzado precisamente el período de renovación de matrículas.
Voto a favor, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.- Gracias, Presidenta.
Este proyecto de ley busca que los establecimientos educacionales subvencionados con financiamiento compartido deban adoptar medidas extraordinarias relativas a la reprogramación de las colegiaturas de aquellas deudas que a marzo del año 2020 se encontraban reprogramadas.
Es obvio que los beneficiarios de esta norma extraordinaria y motivada por la pandemia son los alumnos y sus familiares que han visto o pueden ver afectada su situación económica, de forma tal que resulte amenazada la continuidad de los estudios de sus hijos. Esta ley concede especial atención a aquellas familias cuyos ingresos hayan caído respecto del año 2019 en más de un 30 por ciento.
Para todos los casos, la reprogramación de las deudas deberá ser realizada sin intereses, sin multas por la mora producida, en un plazo de un mes desde la publicación de la ley, asegurándose la continuidad educacional a través de la renovación de la matrícula.
Este va a ser un importante alivio para muchas familias chilenas, en especial de la región que yo represento: Arica y Parinacota. Pero también es importante que, como es de financiamiento compartido, el Estado siga cumpliendo con la subvención, porque es de absoluta necesidad que los establecimientos educacionales puedan cumplir con cada uno de los compromisos que han asumido.
Voto a favor, Presidenta.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Quisiera señalar a los colegas que hay una solicitud del Senador Alvarado para que el proyecto vuelva a Comisión. Tenemos que hacernos cargo de eso.
Yo quiero proponer que lo enviemos a la Comisión para un nuevo primer informe, con las indicaciones que acá se han recibido, y para que lo tramite en general y particular.
Por cierto, es necesario dar un tiempo para que vuelva nuevamente a la Sala, dada la urgencia de la situación que están viviendo miles de alumnas y alumnos por no poder matricularse debido a una deuda contraída por sus padres como resultado de la situación económica que está viviendo el país.
Quisiera decirles a los colegas que es un proyecto de suma importancia. Pensábamos que sería de fácil despacho porque había sido unánime en la Comisión. Lamentablemente, a pesar de la urgencia de cara a los apoderados y a los alumnos, hemos recibido dos indicaciones que retardan la tramitación.
Entonces, tenemos que hacernos cargo de la solicitud que ha hecho el Senador Alvarado, asumiendo que esto retarda, por cierto, una respuesta del Senado y del Parlamento a la situación que están viviendo estas familias.
Senador Quinteros, tiene la palabra.
El señor QUINTEROS.- Presidenta, yo estoy en disposición de retirar mis dos indicaciones con la condición de que el Senador Alvarado retire su solicitud.
Yo entiendo la urgencia de este proyecto. Y me imagino que una vez legislado los dueños de los establecimientos les darán facilidades a todos los apoderados y no solamente a los que han tenido problemas con el COVID.
Por tanto, retiro las dos indicaciones para que esto sea tramitado y despachado hoy día mismo. Y le pido al Senador Alvarado que él también baje su petición.
Si es así, retiro mis dos indicaciones.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Pero hay más indicaciones, de la Senadora Sabat y de varios otros colegas.
Senador García, tiene la palabra.
El señor QUINTEROS.- No. Entonces...
El señor GARCÍA.- Presidenta, a ver. Yo quería sugerir que aceptáramos su propuesta en el entendido de que durante la próxima semana vamos a hacer un espacio para el despacho de este proyecto.
El Senador Quintana, Presidente de la Comisión de Educación, nos tiene convocados para este viernes en otra iniciativa de ley. No he tenido oportunidad de conversarlo con él, pero creo que perfectamente bien podríamos agregar este proyecto y despacharlo ese mismo día, de tal manera de que el informe esté aquí, en la Sala, el próximo lunes.
Pero, insisto: tendría que ser con el compromiso de que lo vamos a despachar de Sala la próxima semana. Porque, si no, el proyecto pierde todo sentido de oportunidad.
Los colegios ya están matriculando. Y, por lo tanto, garantizar la matrícula de aquellos alumnos cuyos padres han enfrentado dificultades como consecuencia de la pandemia que vive el mundo y que, por supuesto, también nos afecta a nosotros es algo indispensable de hacer, y yo creo que no debiéramos despachar esta iniciativa más allá de la próxima semana.
Presidenta, estábamos conversando recién con la Senadora Yasna Provoste. No la veo en este momento a ella, pero nuestra idea era ojalá despachar hoy día. Si eso no es posible y tenemos que volver a la Comisión de Educación, bueno, lo haremos el próximo viernes -me estoy tomando aquí una atribución que corresponde al Presidente Quintana, pero estoy seguro de que él no va a tener inconveniente-, para que el informe esté disponible la próxima semana, de manera que podamos despachar el proyecto de Sala la próxima semana.
Gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Nosotros tenemos una agenda muy recargada la próxima semana, Senador García. El lunes debemos abocarnos enteramente a la acusación constitucional; el martes y el miércoles vemos escaños reservados. Tenemos muchos proyectos de ley.
El informe de la Comisión Mixta de COVID estaba para hoy día, pero esta sesión dura hasta las 6 de la tarde, por lo que nos queda solo media hora de trabajo en Sala.
Entonces, yo creo que de verdad estamos dejando pasar la oportunidad, como decía el Senador García, de dar una respuesta a familias que están esperando una posibilidad real de matricular a sus hijos, a sus hijas para el próximo año.
Parece increíble que un proyecto, que era unánime, hoy día se haya entrabado de esta manera con el debate que se ha abierto.
Senadora Sabat, tiene la palabra.
La señora SABAT.- Gracias, Presidenta.
El proyecto que discutimos en este minuto persigue un fin necesario en el actual contexto de pandemia y de recesión económica en que se mueve el país. Somos testigos de cómo, año a año, para padres y madres el matricular a sus hijos en un establecimiento educacional es un verdadero dolor de cabeza: incertidumbre, pocos cupos, un angustiante peregrinar para buscar la mejor formación de sus hijos.
Pues bien, el contexto actual ha hecho que muchas de esas familias, que pasaron este proceso y que creían haber asegurado ese tan ansiado cupo, corran peligro de perderlo por la evidente merma en sus ingresos, ya sea por la pérdida del trabajo, la reducción de remuneraciones o muchas otras causas que explican el que hoy estén teniendo dificultades para pagar las mensualidades escolares.
También sabemos, Presidenta, que una de las actividades más golpeadas por esta pandemia ha sido la educación parvularia, escolar y media. Estos establecimientos han debido seguir con el pago de sus obligaciones, sus arriendos, sus remuneraciones. Incluso, muchos de ellos han tenido que hacer inversiones importantes para sustituir en gran medida la manera en que se desarrolla el proceso educativo, iniciando mecanismos de educación a distancia.
Es imposible que alguna de las partes quede libre de afectación. Por lo mismo, se deben hacer esfuerzos adicionales y buscar puntos de encuentro. La negociación de estas deudas, a través de un plan y una repactación, apunta en la dirección correcta, por cierto, y es completamente necesaria, pues tiende a que los sostenedores escolares y los padres o apoderados lleguen a un acuerdo sobre el pago de los montos adeudados y a impedir que las matrículas sean canceladas para el año 2021 por existir dichas obligaciones impagas.
Ahora, el proyecto está al debe en regular con mayor detalle cómo serán exigidas esas obligaciones morosas, ya que al imponerse al sostenedor solo el deber de presentar un plan de repactación no hay detalles sobre los plazos y sobre cómo se exigirá el pago, por lo que bien podría ocurrir que el sostenedor requiera a la comunidad escolar el pago en el más breve lapso posible.
Por lo anterior, en conversaciones que hemos sostenido con el Diputado Frank Sauerbaum, quien ha liderado esta preocupación que establezco recién, y otros Diputados de Renovación Nacional, trabajamos una indicación que hoy estamos presentando con Senadores de ese mismo Partido, por considerar que para el próximo año es altamente probable que la situación de pandemia continúe vigente e, incluso, vuelva a niveles más complejos que los actuales y que la situación económica de las familias tenga un repunte más bien lento, lamentablemente. Ello hace necesario establecer puntos y principios de racionalidad y proporcionalidad en el cobro de las obligaciones adeudadas, de manera tal que el sostenedor exija al padre o al apoderado deudor según sus capacidades y sin que ello signifique una sobrecarga financiera.
En consecuencia, la indicación que hemos presentado junto a Senadores de Renovación Nacional introduce esos principios en el plan que deberá acordarse e impide que se exija a un padre o un apoderado más allá del doble de lo que paga regularmente por concepto de escolaridad, por lo que si regularmente cancela, por ejemplo, 50 mil pesos, no podrá aumentarse esa cifra más allá de 100 mil pesos al sumar las obligaciones morosas, salvo que expresamente consienta en ello, por cierto, según sus capacidades.
Presidenta, esta indicación está muy lejos de querer retrasar el proyecto. Lo que ella permite es una gradualidad en la renegociación de las deudas, asegurando un acuerdo que garantice la estabilidad financiera de los hogares y dé confianza a los sostenedores de percibir los montos que se les adeudan. Lo que busca es regular en mayor detalle cómo serán exigidas las cuotas morosas, con principios de racionalidad y proporcionalidad en el cobro de ellas.
Por tanto, nuestra solicitud es, claramente, que podamos votarla en el marco de esta sesión, y, si no, que se acepte la petición del Senador García, pues apunta al objetivo que buscamos: que esta ley salga lo antes posible, para poder otorgarles la facilidad a tantos apoderados de matricular a sus hijos e hijas.
Muchas gracias, Presidenta.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Bueno, vamos a tomar una decisión como Mesa, porque tenemos que tratar a continuación algo muy importante: el informe de la Comisión Mixta sobre el Fondo COVID.
Hay una solicitud del Senador Alvarado de que esto vuelva a Comisión para un nuevo primer informe. La Mesa acoge esa solicitud. De esa forma, el proyecto vuelve a la Comisión de Educación, con las indicaciones presentadas, para que lo discuta en general y en particular, a fin de que ojalá, señor Presidente Quintana, el día martes lo podamos tramitar acá, ya resuelto el tema de las indicaciones presentadas por el Senador Quinteros y la Senadora Sabat.
Tenemos media hora para ver Fondo COVID.
Yo hago esa propuesta, que creo que recoge las inquietudes...
El señor MOREIRA.- Está pidiendo la palabra el Senador Alvarado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No quiero seguir dando la palabra, porque ya hemos hecho el debate. Hay una solicitud; el proyecto va a volver a la Comisión para un nuevo primer informe, con las indicaciones que aquí se han resuelto.
Senador Alvarado, le voy a dar la palabra, porque usted hizo la propuesta, y vamos a seguir con el otro punto de la tabla.
El señor ALVARADO.- Presidenta, gracias.
En realidad, había pedido la palabra inmediatamente después de la última intervención del Senador Quinteros, porque si existe el ánimo y la disposición de despachar el proyecto en los términos en que fue aprobado en la Comisión, indudablemente que yo me hago cargo de ese planteamiento y retiro mi petición. Pero, tengo entendido que hay otras indicaciones, y para eso requerimos la voluntad de los Senadores que las presentaron.
Por lo tanto, yo no tengo dificultad en acceder al requerimiento que me hace el Senador Quinteros, en la medida en que el proyecto lo despachemos en los términos en que salió de la Comisión, porque todos estamos conscientes de la necesidad de que avance y de que los apoderados de los establecimientos tengan un marco de referencia sobre el cual ponerse de acuerdo en estas reprogramaciones.
Eso es lo que quería decir.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Alvarado, el problema es que también está la indicación que acaba de anunciar la Senadora Sabat, de cinco Senadores de Renovación Nacional. Entonces, si ella no la retira, estamos en el mismo punto.
El señor ALVARADO.- Perfecto.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Le consulto a la Senadora Sabat si ella está disponible, con los cinco o cuatro otros Senadores, para retirar la indicación, porque, si no, no tiene sentido la propuesta.
La señora SABAT.- Presidenta, a mí me gustaría reconsiderar la posibilidad de que se vote ahora en la Sala. Es una indicación muy importante, que ayuda a los apoderados.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Entonces, el proyecto vuelve para nuevo primer informe a la Comisión de Educación, con las indicaciones presentadas, y solicitamos al señor Presidente que, como va a sesionar el día viernes, según informó el Senador José García, pudiéramos tener este proyecto en Sala el martes próximo.
La idea es que lo vean en general y en particular, para que lo podamos despachar ese mismo día.
Senador Quintana, tiene la palabra.
El señor QUINTANA.- Sí, Presidenta. No habría ningún inconveniente en poner en tabla y despachar el proyecto en la Comisión, con la voluntad de todos los miembros, el próximo viernes.
De hecho, ese día vamos a escuchar también a la Anacep, porque yo me temo que nos estamos quedando cortos solo con lo que tenemos acá, con el tema de la matrícula. Hoy día están surgiendo muchas otras inquietudes, como, por ejemplo, la modificación en las cláusulas de los contratos de los establecimientos particulares pagados y también de los particulares subvencionados con copago.
Por lo tanto, yo creo que la solución que propone la Presidenta es la mejor, porque permite mirar en su mérito cada una de las indicaciones.
Sí pediría, por un fair play de todos los colegas y también de los miembros de la Comisión, que hicieron todo el esfuerzo por despachar el proyecto hasta llegar a este punto, darnos al menos veinticuatro horas más de plazo para presentar otras indicaciones.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se pueden presentar en la Comisión, Senador, porque eso nos obliga a más plazo, lo que va contra el deseo que aquí se plantea de que la iniciativa sea tramitada y despachada con urgencia.
Entonces, ustedes la ven en general y en particular, y en la misma Comisión se pueden presentar nuevas indicaciones, procesar las diferencias en ese trámite, y llegar a la Sala el día martes con un texto ya gestionado en la Comisión de Educación.
Muy bien.
--El proyecto vuelve a la Comisión de Educación para un nuevo informe.