CREACIÓN DE FONDO DE EMERGENCIA TRANSITORIO COVID-19
El señor QUINTEROS.- Voy a ocupar mis cinco minutos para intervenir en general, y si me falta tiempo, haré uso también de los minutos de fundamentación de voto para las dos o tres votaciones que se van a realizar.
Estimada Presidenta, tengo serias dudas respecto de la utilidad de legislar a estas alturas sobre este Fondo Transitorio COVID-19. Y mis dudas no provienen de una actitud meramente opositora, inclinada de forma natural a la crítica de las propuestas gubernamentales. No es esa mi motivación ni la ha sido en cada uno de los proyectos del Ejecutivo que hemos aprobado en el Senado desde que comenzó esta emergencia sanitaria en marzo pasado y que devino muy pronto en una grave crisis económica y social.
Mis aprensiones sobre la real necesidad de crear un fondo extrapresupuestario surgen a partir del planteamiento del propio Consejo Fiscal Autónomo, que en su exposición ante la Comisión de Hacienda básicamente se limitó a enumerar de manera objetiva las ventajas y desventajas de esta fórmula en comparación con el uso del presupuesto regular.
Existen otros fondos fuera de la Ley de Presupuestos en educación, en salud, en Fuerzas Armadas y en otros ámbitos; pero ninguno de ellos tiene el alcance de este, ni afecta o es ejecutado por tal cantidad de Ministerios, constituyendo en la práctica un presupuesto general paralelo.
Se dice que este instrumento permitirá una mayor flexibilidad en el gasto; sin embargo, no está claro que después de toda su reglamentación efectivamente haya una ganancia real en este aspecto.
Además, en el tiempo en que se encuentre operando este Fondo, hasta el primer semestre del año 2022, se habrán desarrollado siete u ocho procesos electorales y habrá asumido un nuevo gobierno. En este clima electoral y en el marco de profunda desconfianza que ha penetrado en todos los ámbitos de la sociedad y que marca nuestra contingencia, no creo que sea prudente ni oportuno alterar los mecanismos normales a través de los cuales se despliega la acción del Estado. Esto solo será fuente de más suspicacias.
Por otro lado, este Fondo comenzaría a operar con efecto retroactivo, comprendiendo una serie de gastos ya aprobados. De hecho, según información de prensa, de los 12 mil millones de dólares que constituyen este Fondo COVID, ya se encuentran comprometidos 10 mil millones, por lo que solo estaría disponible una suma de 2 mil millones.
Me pregunto: ¿qué sentido tiene establecer una serie de condiciones a ese gasto si ya está mayoritariamente comprometido?
Se dice que el Fondo permitirá reforzar el carácter transitorio de este gasto y evitar la inercia que lo puede transformar en permanente. Pero la verdad es que han fallado todas las proyecciones iniciales de esta crisis, que hablaban de un shock de unos tres meses y de una rápida recuperación. Por lo tanto, no es claro que al 30 de junio del 2022 podamos prescindir de recursos extraordinarios y comenzar a confluir a un nivel más ajustado de gasto fiscal.
Por último, se hace hincapié en la necesidad de transparencia, control y rendición de cuentas. Pero la verdad es que estos mismos objetivos son válidos para todo el gasto público, y no hay ni más ni menos razones para asegurarlos, especialmente con ocasión de la emergencia.
Lamentablemente, el atraso en esta materia es generalizado. La información sobre el gasto público no es todo lo completa y clara que se necesita. Y dudo que en las condiciones de trabajo especiales con las que el sector público ha estado operando estos meses, marcadas por el teletrabajo, podamos dar un salto en este propósito.
Basta citar en el último tiempo lo sucedido con los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales. No hay explicación suficiente sobre las rebajas sufridas por varios gobiernos regionales hace pocas semanas, más aún en momentos en que la inversión debiera incrementarse para compensar así la disminución del sector privado. Pero no existe un detalle suficiente del listado y el estado de los proyectos de inversión para poder advertir el origen de los problemas.
El Presidente de la República anunció un paquete de inversiones por más de 4 mil 500 millones de dólares. Pero el propio Director de Presupuestos, según consigna el informe de la Comisión, comentó que nada asegura que se puedan ejecutar.
En definitiva, señora Presidenta, no se advierte el real sentido de legislar en esta materia. No sé cuál es el afán, más allá de autorizar el mayor endeudamiento fiscal, lo que se pudo incorporar en cualquiera de los proyectos de ley enviados.
Por cierto, valoré -y valoro- el marco de entendimiento que se suscribió en julio pasado y que incluyó este fondo; pero a estas alturas me parece más importante y urgente legislar prontamente y definir los términos del subsidio al empleo; de la ampliación y continuidad de las ayudas o de las medidas de reactivación y financiamiento para las pymes, que aún están pendientes, especialmente en aquellos rubros más afectados, como el turismo, la gastronomía, la cultura y el transporte.
Es allí donde debiera estar centrado el debate, en los sectores y personas que aún no reciben apoyo, y no en esta discusión teórica y extemporánea sobre los mejores instrumentos de política fiscal.
El Gobierno, como ha sido la tónica desde que comenzó esta crisis, llega mal y tarde con las ayudas. Y ahora impulsa un proyecto que pudo haber tenido sentido en el comienzo de la crisis, pero que a estas alturas creo que no se justifica especialmente, más aún cuando no agrega ni un solo beneficio a la gente.
Por estas razones, me abstendré, señora Presidenta.