Click acá para ir directamente al contenido
MODIFICACIÓN A LEY SOBRE REGULACIÓN DE ENTREVISTAS GRABADAS EN VIDEOS Y OTRAS MEDIDAS DE RESGUARDO A MENORES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES.


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, en los términos que indica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.630-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 53ª, en 23 de julio de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 65ª, en 11 de agosto de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto tiene por objeto actualizar las referencias normativas del inciso primero del artículo 1° de la ley Nº 21.057, que regula entrevistas grabadas en videos y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, a fin de concordar esta disposición con los cambios introducidos por la ley Nº 21.212 en el articulado del Código Penal, en relación con el delito de femicidio.
Asimismo, se modifica el cronograma para la implementación de la segunda y tercera etapas de la ley N° 21.057, establecido en su artículo primero transitorio.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata", discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.
La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Honorables Senadores señora Ebensperger y señores Araya, De Urresti, Galilea y Huenchumilla. Con idéntica votación, unánime, aprobó en particular la iniciativa en los mismos términos en que fue despachada por la Cámara de Diputados.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 26 y 27 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a sus disposición tanto en la Sala como también en la sesión virtual y en sus correos electrónicos.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En discusión general.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Alfonso de Urresti.


El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, este proyecto de ley, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, se originó precisamente en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República presentado en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento procedió a su discusión en general y en particular, dado que se trata de un proyecto de artículo único y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.
Esta iniciativa tiene dos objetivos, que paso a señalar.
El primero es actualizar las referencias normativas del inciso primero del artículo 1º de la ley Nº 21.057, con el propósito de concordar esta disposición con los cambios introducidos por la ley Nº 21.212 en el articulado del Código Penal con relación al delito de femicidio.
El segundo es modificar el cronograma para la implementación de la segunda y tercera etapas de la ley N° 21.057, establecido en el artículo primero transitorio de la misma norma.
En los fundamentos del mensaje se explica que la ley Nº 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, fue publicada en el Diario Oficial el día 20 de enero de 2018.
Dicho cuerpo normativo tiene por objeto regular la realización de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales por intermedio de entrevistadores especialmente capacitados y en instalaciones equipadas al efecto, con el objeto de prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de delitos sexuales y otros delitos graves, con ocasión de su interacción con los intervinientes en el proceso penal.
Según lo previsto en el artículo primero transitorio de la ley Nº 21.057, esta comenzaría a regir en forma gradual, de conformidad con el inciso final del artículo 77 de la Constitución y de acuerdo al cronograma establecido en la referida disposición transitoria.
De esta forma, la primera etapa de la ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales entró en vigencia el 3 de octubre del 2019, comprendiendo esta fase las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, del Maule, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena.
A su vez, la segunda y la tercera etapas entrarían en vigencia transcurridos 18 y 30 meses, respectivamente, después de publicado en el Diario Oficial el referido reglamento, esto es, el 3 de octubre del 2020 para la segunda etapa, y el 3 de octubre del 2021 para la tercera.
En el escenario de crisis actual, la creciente afectación de la vida social que está produciendo la expansión del coronavirus, con la consecuente dictación de medidas de carácter de salud pública y de control sanitario, ha producido una serie de restricciones y afectaciones que limitan el desarrollo de las actividades de las personas e instituciones, alterando radicalmente su normal desenvolvimiento.
En este contexto, la inminente puesta en marcha de la segunda y la tercera etapa de implementación de la ley Nº 21.057 se ha visto seriamente impactada por la emergencia asociada a la irrupción del COVID-19 en la contingencia nacional, particularmente en lo que atañe a la imposibilidad de cumplir con el cronograma dispuesto para los cursos iniciales de formación especializada y la habilitación de las salas en que se van a realizar las entrevistas.
En vista de todas las consideraciones antedichas, del diagnóstico compartido entre las distintas instituciones y organizaciones involucradas en tan importante reforma, como la establecida por la ley N° 21.057, y teniendo presente especialmente que la prevención de la victimización secundaria, el resguardo de la dignidad y el interés superior de niños, niñas y adolescentes son objetivos primordiales a resguardar, la imposibilidad de su puesta en marcha conforme a los estándares exigidos por la ley constituye un riesgo que debe ser evitado y que pugna con la voluntad del Estado de trabajar firmemente en la preparación del camino hacia una cobertura total dentro del territorio nacional de este tipo de entrevistas.
Por otra parte, el 4 de marzo de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la ley Nº 21.212, que modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley Nº 18.216, en materia de tipificación del femicidio. En dicho contexto, se suprimió el inciso segundo del artículo 390 del Código Penal, que hasta esa fecha tipificaba el delito de femicidio, pasando a regularse esta materia en los nuevos artículos 390 bis a 390 quinquies de este Código. Dichas modificaciones no fueron plasmadas en el texto vigente de la ley Nº 21.057, en circunstancias de que el inciso primero del artículo 1° de este cuerpo legal contempló, desde su origen, al delito de femicidio dentro del catálogo de ilícitos de aplicación de la ley, mediante la referencia al artículo 390 del Código Penal.
Para el estudio pormenorizado de la iniciativa, la Comisión escuchó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín; a la Jueza del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago señora Nora Rosati, y a la Gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, señora Erika Maira.
Así, el artículo único del proyecto sometido al conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone en su numeral 1 intercalar, en el inciso primero del artículo 1º de la ley N° 21.057, a continuación de la expresión "390;", lo siguiente: "390 bis; 390 ter;".
El objetivo de esta enmienda es otorgar el amparo del sistema de entrevistas videograbadas a niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de delitos contemplados en los referidos artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. El primer precepto sanciona con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado al "hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con quien tiene o ha tenido un hijo en común" y al "hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia". La segunda disposición, en tanto, castiga con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo al "hombre que matare a una mujer en razón de su género".
Luego el numeral 2 del artículo único del proyecto efectúa tres enmiendas en el artículo primero transitorio de la ley Nº 21.057.
Primeramente, la letra a) sustituye en el inciso tercero la expresión "dieciocho meses" por "veintiséis meses", lo que, en los hechos, aumenta el plazo en el cual entrará en vigencia la ley N° 21.057 en las Regiones de Atacama, de Coquimbo, de Ñuble, del Biobío, de La Araucanía y de Los Ríos.
La letra b), por su parte, reemplaza en el inciso cuarto la expresión "treinta meses" por "cuarenta y dos meses", incidiendo en el plazo dispuesto para la entrada en vigor de dicha preceptiva en las Regiones de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, de Los Lagos y Metropolitana.
Por último, la letra c) agrega el siguiente inciso final: "La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal deberá informar mensualmente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y a la Defensoría de la Niñez, acerca del cronograma y estado de avance de la implementación de la ley N° 21.057.".
Honorable Sala, la Comisión, una vez analizadas las disposiciones propuestas, aprobó por la unanimidad de sus miembros la idea de legislar en esta materia. Seguidamente, durante la fase de discusión en particular, se aprobaron en su integridad las disposiciones contenidas en el texto despachado por la Cámara de Diputados.
Señora Presidenta, la Comisión que presido concordó con la idea de otorgar la mayor celeridad posible a esta iniciativa, con el fin de configurar el nuevo cronograma de implementación de la ley Nº 21.057, en razón de la pandemia que vive el país, y así cumplir plenamente con el objetivo de dar protección a los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas o testigos de delitos muy graves.
He dicho, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador De Urresti.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia, don Hernán Larraín.
Señor Ministro, tiene que activar el micrófono desde su equipo, por favor.


El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Ahora sí.
Gracias, Presidenta.
Junto con saludarla a usted, por su intermedio, saludo a las Senadoras y los Senadores que nos acompañan en esta sesión en forma remota o presencial en la Sala de la Corporación, en Valparaíso.
Quisiera agradecer esta oportunidad para dirigirme brevemente a ustedes en esta materia. La intervención que ha hecho el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador Alfonso de Urresti, me permite hacer comentarios más breves.
Efectivamente, como ustedes recordarán, la ley Nº 21.057 reguló las entrevistas videograbadas con el propósito de resguardar a las niñas, niños y adolescentes (los menores de edad) que tuvieran que declarar por haber sido víctimas de delitos sexuales. Por esta vía se evitaba la revictimización que suponían todas las investigaciones judiciales anteriores en esta materia, las cuales, por implicar entrevistas una y otra vez a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes, se les hacía recrear, volver a sufrir las consecuencias de ese acto deleznable, que, además, debía ayudar a esclarecer.
Por ese motivo, dicha ley, que siguió un trámite bastante activo, fue publicada el 20 de enero del 2018 y, para poder funcionar, requirió la dictación de un reglamento, el cual se aprobó el 2 de abril del 2019.
Su puesta en marcha supuso un ingreso gradual en tres etapas, como se ha recordado, seis meses después de publicado el reglamento: primero, el 3 de octubre del 2019, se aplicó en un grupo de regiones del norte y del extremo sur, más el Maule; durante el 2020 ingresaron las Regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos, y, finalmente, el 3 de octubre del 2021 lo hizo el resto de las regiones, que era el grueso, pues correspondía al 61 por ciento de la población.
El monitoreo y la puesta en marcha ha sido supervisada por la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que preside el Ministro de Justica y que integran el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional, el Defensor Penal Público, el General Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones, el Presidente del Colegio de Abogados y distintos otros organismos. Uno de los subcomités que ha creado esta Comisión es el que ha estado a cargo de supervisar y coordinar la puesta en marcha de este sistema.
¿Por qué es tan complejo este sistema, Presidenta? Porque exige la operatividad de diversos elementos, que son los que hacen el cambio, la diferencia.
Uno de ellos es tener entrevistadores especialistas, preparados y capacitados para desarrollar las entrevistas con los menores, que es una situación compleja y difícil.
En seguida, se requieren salas especializadas, adecuadas a quienes van a ser entrevistados; que cuenten con las facilidades para grabar y que no tengan a todas las personas enfrente de los niños, sino detrás de vidrios espejo, permitiendo así la privacidad y, al mismo tiempo, la información y la transparencia.
También se necesita capacitar a los operadores, hacer difusión, en fin.
Hay un conjunto de elementos que posibilitan que este proceso funcione, y funcione bien.
De hecho, el trabajo que se hizo permitió que la primera etapa, prevista para el 3 de octubre de 2019, entrara en vigencia con esta coordinación que se dio entre todas las instituciones. En este punto ha habido bastante integración, aprovechamiento de los recursos y de los propios entrevistadores entre las distintas instituciones. Por eso creemos que se ha dado un buen ejemplo del uso de los recursos.
Sin embargo, la puesta en marcha de la segunda etapa, prevista para el 3 de octubre de este año, ha tenido dificultades. Como bien señalaba el Presidente de la Comisión, Senador De Urresti, la situación producto de la actual contingencia sanitaria ha obligado a suspender buena parte de estas actividades. Se impidió la construcción adecuada y oportuna de las salas especializadas; se dificultó y paralizó la capacitación de entrevistadores, de intermediadores, en fin. No obstante que se alcanzaron a formar varios, una cantidad apreciable, aproximadamente la mitad en algunos casos, el número de capacitados sigue siendo insuficiente, y la preocupación es que se produzca un rebote para la tercera etapa, la que debe empezar a funcionar el 3 de octubre del 2021.
Todo esto hizo que la Comisión Coordinadora, a través del subcomité respectivo, encendiera las alarmas en su momento y, luego del estudio de la medida, decidiera solicitar la prórroga de la entrada en vigencia a través de una norma, ya que el calendario para ello está establecido en la propia ley que creó este sistema, la N° 21.057.
Quiero decir que no ha sido una decisión fácil, porque uno advierte la necesidad de este sistema.
Este mecanismo realmente ha servido para evitar, como decía, la revictimización de niños, niñas y adolescentes, y postergarlo significa que no podremos seguir avanzando con la rapidez que se requiere, con lo cual niños o niñas víctimas de abusos sexuales seguirán declarando bajo el sistema antiguo.
Pero la verdad es que tampoco se puede instalar un nuevo sistema a medias, con salas que no están construidas, con entrevistadores que no están capacitados, con un equipo que no entiende cómo funciona el proceso. Por lo tanto, la recomendación que hizo el referido subcomité fue prorrogar en los términos que aquí se señalan.
De hecho, la prórroga era mayor. El proyecto originalmente proponía retrasar en doce y quince meses la entrada en vigencia de la segunda y la tercera etapa, respectivamente, pero en la discusión que tuvimos en la Cámara de Diputados se pidió hacer un esfuerzo adicional para que entrara en vigor con antelación.
En resumen, este es el proyecto que se aprobó en la Cámara y, también, en la Comisión de Constitución del Senado, como dijo su Presidente.
La prórroga de la segunda etapa se hace por ocho meses: en lugar del 3 de octubre del 2020, comenzará el 3 de junio del 2021. Y la prórroga de la tercera etapa -y última- se hace por doce meses: en lugar del 3 de octubre del 2021, entrará a regir el 3 de octubre del 2022. Con eso, es posible cumplir con las metas y que este sistema entre en funcionamiento en la forma debida.
Adicionalmente a esta propuesta, que es la modificación central que promueve el proyecto, y dado que entremedio hubo una nueva legislación en relación con la tipificación del delito de femicidio, que contempla en ciertas situaciones a menores de edad, se decidió que el femicidio -básicamente los tipos que se incorporaron en la ley N° 21.212, con los nuevos artículos 390 bis y 390 ter, que tipifican el femicidio de distintas maneras- también fuera incorporado al catálogo de delitos que están llamados a utilizar entrevistas videograbadas. Por tanto, se actualizan esas normas, dándoles mayor seguridad en estos casos a quienes vayan a ser entrevistados en los procesos judiciales que lleven adelante el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
En ese sentido, aprovechamos para hacer una actualización de los delitos que estarán en el catálogo, incorporando los que se establecieron en la ley referida, que se aprobó durante la tramitación de esta iniciativa.
En dos palabras, señora Presidenta, queremos pedir la aprobación del Senado para el proyecto que busca prorrogar la puesta en marcha de las etapas dos y tres de la ley que estableció las entrevistas videograbadas para los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad, de manera de asegurar que entren en vigencia de forma adecuada, con la calidad y seguridad que requiere una materia tan delicada.
Es lamentable tener que hacerlo, pero son las consecuencias que ha impuesto esta crisis sanitaria, que ha complicado en todos los sentidos nuestra vida. En esta área hemos recibido un golpe muy duro, pues nos obliga a solicitar esta prórroga, que gracias a Dios ha tenido la comprensión de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Constitución y esperamos que también de esta Sala.
Y aprovechamos de completar el catálogo con el delito de femicidio en los términos en que lo despachó este Congreso.
Con estos antecedentes, señora Presidenta, ojalá podamos contar con la aprobación de la Sala y despachar el proyecto para asegurar que la prórroga se realice, ya que estamos a días del plazo en que debería entrar a regir la próxima etapa, de conformidad con el cronograma original.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Ministro Larraín.
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.


El señor BIANCHI.- Gracias, Presidenta.
Escuché atentamente al Ministro Larraín, a quien, por su intermedio, aprovecho de saludar.
Efectivamente, es doloroso hacer esta constatación.
Este proyecto busca prorrogar la concreción de las etapas dos y tres de la ley que regula las entrevistas videograbadas en casos de niños que han sido abusados. El objetivo, tal como lo ha explicado el propio Ministro, es evitar la revictimización de esas niñas y esos niños.
Esta situación es muy compleja, porque entiendo que hay una baja en el presupuesto para esta actividad, además de la prórroga en la contratación de profesionales, que son tremendamente necesarios para proteger a estos niños.
Entonces, no es fácil votar favorablemente este proyecto. La Cámara así lo hizo.
No dudo de los esfuerzos que está haciendo el Ministerio en esta materia; no dudo de la sensibilidad que esto provoca, fundamentalmente, en quien lidera dicha Cartera, el propio Ministro, y en todas y todos nosotros.
Solo me queda solicitar que estas etapas puedan ser concretadas lo antes posible, porque no es fácil votar la prórroga de un mecanismo que evita la revictimización de los menores abusados.
Por lo tanto, en la medida que esto se prolongue más, se sigue manteniendo el brutal brutal daño a estos menores de edad.
Solo por lo que ha dicho el Ministro, que para llevar a cabo todo este proceso hay que prorrogar un par de meses su entrada en vigencia con el objeto de lograr implementar este tipo de entrevistas para no volver a hacerles daño a estos menores de edad, yo votaré favorablemente este proyecto. Yo no aprobaría una prórroga si efectivamente no fuera tal como se ha explicitado, porque aquí tenemos que encargarnos precisamente de evitar el doble sufrimiento de estos niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, en esa condición, Presidenta, respaldaré esta prórroga, pero pidiendo que pueda ser revertida lo antes posible. Aquí estamos ante un profundo daño histórico a estos menores de edad, y precisamente este tipo de programas y acciones intentan contribuir a evitarles más daños.
Gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Bianchi.
Senadora Luz Ebensperger, tiene la palabra.


La señora EBENSPERGER.- Señora Presidenta, como acá se ha señalado, la ley N° 21.057, publicada el año 2018, regula la realización de entrevistas investigativas videograbadas y la declaración judicial de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de los delitos que contempla esa ley.
Como indica el propio artículo 1°, "Mediante la prevención de la victimización secundaria se busca evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados" en la propia ley.
La implementación de la ley requiere la formación de especialistas en metodologías y técnicas de entrevistas investigativas videograbadas y declaración judicial de niños, niñas y adolescentes, además de la provisión de instalaciones físicas y salas acondicionadas para el efecto, de manera de proteger la privacidad y seguridad de los menores de edad, a los efectos de controlar la presencia de los participantes, asegurar la fidelidad del testimonio de los menores y el control de los métodos utilizados en las entrevistas de que se trate.
Los requerimientos de capacitación son aplicables al personal y a los procedimientos llevados a cabo por el Ministerio Público, por ambas Policías (tanto Carabineros como la PDI), por el Ministerio del Interior y por el Poder Judicial. En particular, se requiere capacitar a jueces en el nuevo procedimiento que se aplica conforme al principio de especialidad, con preferencia el Código de Procedimiento Penal.
De ahí que, pese al esfuerzo tanto del Ejecutivo como de todos los entes involucrados en la implementación de esta ley, y a consecuencia no solo del estallido social de octubre del 2019, sino además de la pandemia del COVID, todo el proceso se ha visto alterado, se han producido postergaciones y no se ha podido cumplir con la calendarización.
Por lo tanto, se requiere la modificación legal propuesta porque, de lo contrario, una mala implementación podría ocasionar un efecto negativo. Así lo señalaba la propia jueza de familia que nos acompañó en la Comisión de Constitución, quien explicaba que una mala implementación podía no solo vulnerar una vez más los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que también causarles un mayor daño.
Y explicaba, asimismo, que se habían tratado de realizar las capacitaciones mediante videoconferencias, pero que son tan especializadas que debían impartirse de preferencia de manera personal; además, si realizarlas de forma presencial significaba una semana, al hacerlas telemáticamente o a distancia el proceso demoraba un par de meses.
Por lo tanto, la postergación que se está solicitando a través de este proyecto se encuentra plenamente justificada, es necesaria y urgente.
Se había consensuado postergar la implementación de la segunda etapa, pasando de dieciocho a veintiséis meses, como he señalado, posponiendo su implementación al año 2021, y la tercera etapa al año 2022. Les recuerdo que la primera etapa ya se encuentra en ejecución.
Lamentando, como todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, que tenga que postergarse su entrada en vigor, considero ampliamente justificada la solicitud, porque la implementación de esta ley debe hacerse de manera correcta.
Esperamos que todos los entes que participan en su implementación se aboquen prontamente para que el plazo establecido se cumpla, por el bien de los niños, niñas y adolescentes, pero que se haga de la forma correcta.
Nosotros vamos a votar a favor del proyecto, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Ebensperger.
Tiene la palabra el Senador Galilea.


El señor GALILEA.- Señora Presidenta, abundando en lo que ya han señalado el Presidente de la Comisión de Constitución y el Ministro de Justicia, el proyecto de ley que estamos votando no es fruto de una improvisación, ni tampoco de menos presupuesto (de hecho, se está poniendo toda la plata posible para avanzar en esta materia), sino que simplemente es una muy mala consecuencia de lo que estamos viviendo a raíz de esta pandemia.
Tal como se ha dicho, la ley N° 21.057, que se refiere a las entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes que fueran víctimas de abuso, se estaba implementando en Chile en tres etapas.
La primera, que empezó en octubre del año pasado, involucró a algunas regiones que más o menos equivalían a cerca del 14, 15 por ciento del total de la población nacional.
En octubre de este año tocaba iniciar la segunda etapa, que abordaba más o menos a un 25 por ciento de la población nacional.
Y finalmente, en octubre del 2021, se sumaba el resto del territorio, en una gran etapa que abarcaba al 60 por ciento de la población del país, incluida, por supuesto, la Región Metropolitana.
Pero hay que observar la realidad y ver lo que ha ocurrido.
La subcomisión de implementación de esta ley, en la que participan el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, PDI, llegó a la total certeza de que era absolutamente imposible estar listos para implementar la etapa que comenzaba ahora en octubre, en poco más de un mes, y también que iba a ser imposible abarcar lo que faltaba, que es más de la mitad de Chile, dentro de un año.
Por eso que esta situación se empezó a trabajar, se discutieron distintos tipos de prórrogas y finalmente se llegó a la conclusión de que, si bien van a ser plazos ajustados, ocho meses más para la segunda etapa y un año adicional para la tercera etapa era lo que aparecía como más razonable y como más prudente.
En este punto hay que tener bien claro que la implementación no solo considera la construcción de espacios físicos, cosa que es necesaria, como salas especiales de escucha y de entrevista. Lo más relevante es tener preparados a los entrevistadores. Y su especialización no implica un curso que se imparte online, no es simplemente una cosa telemática. No. Es una formación muy muy delicada, que abarca una gran preparación psicológica para saber hacer que los niños digan la verdad de manera genuina, no manipulada, que obtengan lo que efectivamente sucedió respecto de una eventual situación de abuso.
Por eso que se debe preparar a muchos entrevistadores y se les tiene que preparar muy bien. Para la segunda etapa, que se iba a iniciar ahora, se requerían 144 entrevistadores y también unos 48 jueces especialmente preparados.
Al final del día, la preparación de los entrevistadores va más o menos en un 50 por ciento. Y el Poder Judicial, por lo que todos sabemos, ha tenido que suspender completamente el proceso y ninguno de estos teóricos 48 jueces ha podido realizar sus respectivas capacitaciones.
Así que, vuelvo a reiterar, el proyecto de ley que estamos votando obedece a una imposición de la realidad. Por desgracia, no hemos podido avanzar a la velocidad que quisiéramos, por la pandemia.
Y el asunto es particularmente dramático. Hace algunas semanas, la Fiscalía informaba que la atención psicológica y la reubicación de víctimas de violencia intrafamiliar habían subido un 50 por ciento durante la pandemia.
Por lo tanto, el tema es particularmente delicado.
Por consiguiente, además de aprobar la iniciativa, le pido al Ministro de Justicia, al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, a Carabineros, a la PDI, que, independiente de que tengan más plazo, ojalá puedan casi adelantar el proceso, porque la situación de violencia intrafamiliar que ha generado la pandemia se ha puesto aguda aguda, y eso no podemos obviarlo de ninguna manera.
Quiero terminar agradeciendo la participación de las juezas de familia que asistieron a la Comisión y también a Erika Maira, quien participó por parte de la Fiscalía, que estuvo muy pero muy a cargo de que este proyecto de ley viera la luz.
Así es que voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Galilea.
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.


El señor ARAYA.- Señora Presidenta, sumándome a lo que ya han señalado los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, quiero manifestar que voy a votar a favor de esta iniciativa.
Este proyecto tiene dos puntos principales.
Primero, actualizar la normativa de la ley N° 21.057, que regula las entrevistas videograbadas, dado que cuando esta se dictó no existía en Chile la figura penal del femicidio contemplada en los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. En razón de eso, se aprovechó este proyecto de ley a fin de incorporar estas dos figuras penales dentro de aquellas respecto de las cuales puede realizarse entrevista videograbada a menores, a fin de evitar la victimización secundaria.
En segundo lugar, como ya muy bien lo han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra, la ley originalmente había fijado un plazo para su entrada en vigencia, pero distintos acontecimientos, como el estallido social de octubre del año pasado y principalmente la pandemia del coronavirus, han impedido llevar adelante las diversas tareas que se tenían en carpeta para que la ley pudiera implementarse. Entre otras, por ejemplo, la construcción de las distintas salas en los tribunales del país, así como en las dependencias de la Fiscalía, para tomar las entrevistas videograbadas a los niños.
Y lo que ha resultado más complejo es que no se ha podido preparar a los entrevistadores y a los jueces especializados que deben hacerse cargo de tomar este tipo de entrevistas.
Se nos comentó en la Comisión, y lo compartimos, que justamente, dada la especial preparación que han de tener los entrevistadores y los jueces, no fue posible realizar de forma remota los cursos de capacitación, porque se requiere que sean de carácter presencial.
Por esa razón, como una forma de que esta ley pueda ser aplicada eficazmente, se ha pedido una postergación, en un plazo que a mi juicio es del todo razonable, dado que responde al tiempo que no se ha podido utilizar en la preparación de aquellas personas que lo necesitan para cumplir con los distintos roles que plantea la ley.
En el caso de aquellas regiones donde hoy día están funcionando las entrevistas videograbadas, hay una experiencia bastante buena.
Por eso, esperamos que esto se replique en el resto del país y que podamos contar con un sistema eficaz, que evite la victimización secundaria, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Creo que este proyecto debiera ser aprobado en forma unánime, porque busca dar un mayor plazo a fin de poder implementar el sistema en forma adecuada en aquellas regiones donde todavía no comienza a regir la ley.
Por esa razón, Presidenta, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Araya.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, nosotros examinamos este proyecto en la Comisión de Constitución y estimamos que existen todos los presupuestos positivos para acceder a la prórroga que pide el mensaje, y que en su exposición solicitó el señor Ministro de Justicia, en orden a que este sistema, implementado por la ley N° 21.057, de enero de 2018, y que entró en funcionamiento en forma gradual en distintos territorios de la república, pudiera sufrir una postergación, una prórroga en sus etapas segunda y tercera.
Estamos hablando de un sistema innovador, que tiene por objeto proteger a los menores que han sufrido abusos por determinados delitos, para que cuando ellos presten su testimonio lo hagan en condiciones de tranquilidad, de respeto, por todos los efectos psicológicos que implica el haber sido abusado y más encima volver a revivir en los interrogatorios todos esos nefastos hechos ocurridos en su niñez.
Nosotros examinamos si esta prórroga se justificaba o no y si no había aquí alguna causal de tipo presupuestario o alguna negligencia de parte del Ejecutivo. Y pudimos comprobar que todo está en regla y en orden y que simplemente la fuerza mayor que ha significado la crisis social y sanitaria que tenemos hace indispensable acceder a esta prórroga de unos cuantos meses más para los efectos de que se puedan llevar adelante las implementaciones físicas necesarias y también para que los entrevistadores, que son personas con una especial formación psicológica para el tratamiento de los menores, también puedan cumplir adecuadamente con ese ciclo de formación, al igual que los jueces.
Por lo tanto, señora Presidenta, quiero decirle a la Sala que se justifica plenamente la petición planteada en este mensaje presidencial.
En consecuencia, llamo a que lo aprobemos.
De esa manera, este sistema puede tener el tiempo necesario para una adecuada y correcta implementación.
Por eso, votaremos a favor.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Huenchumilla.
Se ha solicitado abrir la votación.
Vamos, entonces, a iniciar la votación con la Senadora Isabel Allende, que estaba inscrita anteriormente, y después seguiremos el orden alfabético que tiene el Secretario.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senadora Allende, tiene la palabra.


La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, efectivamente, tal como lo han expresado todos los que hasta este momento han hablado en la Sala, estamos ante un proyecto que debiera tener una aprobación unánime.
Todos entendemos que la ley que consagra la entrevista videograbada ha sido un gran avance para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, se cumple a cabalidad con el interés superior del niño, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Todos sabíamos que antes de que se aplicara esta ley había una revictimización de los niños, que podían ser o víctimas o testigos de delitos graves, dada la repetición de su testimonio, que obviamente significa un detrimento psicológico, físico y la trasgresión del rol protector que debe cumplir, por supuesto, el propio Estado con ellos.
Además, no existía mayor exigencia -esto es muy importante- respecto de la idoneidad y la capacitación que debían tener las personas que hacían esas interrogaciones.
En tal sentido, con esta ley, que se aplica a cualquier menor que deba actuar en un juicio, sea como víctima o testigo, tenemos que evitar esa revictimización, contando con un personal suficientemente capacitado y con las salas y las condiciones adecuadas para que este sistema se aplique de la mejor forma.
Y es muy importante, dadas las condiciones y la situación que ha vivido nuestro país, que el Ministerio de Justicia, como lo ha expresado honestamente, plantee que es imposible aplicar el sistema en los plazos que se habían concebido.
Por lo tanto, es preferible darnos un nuevo plazo, más razonable, que permita esa preparación presencial, contar con todo ese personal idóneo capacitado, y que no ocurra lo que justamente queremos evitar: la revictimización y el daño consecuente que les generamos a estos niños, niñas y adolescentes.
Solo ha habido un avance de 47 por ciento respecto de los entrevistadores. Y existe una brecha de las capacitaciones que alcanza hasta un 100 por ciento.
También, como decíamos, se encuentra pendiente la construcción de las salas.
Espero que se pueda avanzar más en ese sentido, porque estamos todavía muy lejos de cumplir las metas que nos habíamos propuesto.
A mí me preocupa, y se lo quiero decir -por su intermedio, Presidenta- al señor Ministro, no saber exactamente qué ocurre en Valparaíso, pues se habla de un aumento entre treinta y cuarenta y dos meses. Me gustaría saber con más precisión cuándo se pueden cumplir esos plazos.
También es muy importante lo relativo a la incorporación a la ley de la entrevista videograbada a niños y niñas víctimas o testigos de femicidio. Hicimos una adecuación con la "Ley Gabriela", normativa en estos tipos penales, creando incluso un nuevo tipo de femicidio, por razón de género, con lo cual es absolutamente necesario hacer una actualización.
Presidenta, quiero destacar el avance que han significado estas modificaciones. Porque en el caso que ha provocado tanta conmoción en Villa Alemana y en la Región de Valparaíso se ha podido por lo menos formalizar al asesino, o presunto asesino, de Ámbar por violación con femicidio. Y esperamos que reciba una de las penas más duras, que la ley no permitía al no haber vínculos familiares.
Yo votaré a favor. Existen todos los argumentos para conceder esta ampliación de plazo y prepararnos de la mejor manera, siempre pensando en el interés superior del niño.
He dicho, Presidenta.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Allende vota a favor.
Ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar la Senadora señora Aravena.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
Se le apagó el micrófono.
Ahí sí.
La señora ARAVENA.- Voto a favor del proyecto.
Muchas gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
La Senadora señora Sabat igualmente ha solicitado adelantar su voto.
¿Cómo vota, Su Señoría?
La señora SABAT.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
El Senador señor Prohens también ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.
¿Cómo vota, Su Señoría?
El señor PROHENS.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?


El señor DURANA.- Voy a justificar mi voto, señor Secretario.
El proyecto busca actualizar algunas normas y reformar el itinerario que fija la ley N° 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales.
Todos los procesos de capacitación, de acuerdo a la planificación proyectada, se realizaron con antelación a la publicación de la ley. Sin embargo, desde el inicio de la emergencia sanitaria se han visto retrasados o impedidos, situación que hace necesario adecuar la normativa para cumplir con la segunda y tercera etapas, incluyendo a instituciones vinculadas con esta ley, como lo son el Ministerio Público, el Poder Judicial, Investigaciones, Carabineros de Chile y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
La ley en proyecto busca hacer frente a la llamada "victimización secundaria", que consiste en el sufrimiento que experimenta la víctima en su paso por las diferentes instancias del sistema procesal penal y por las reacciones de su entorno social.
La incorporación de estos delitos a la modalidad de entrevistas videograbadas y declaraciones judiciales es una medida acorde con el pleno respeto de las víctimas, lo cual, sin duda, es un elemento eficaz para combatir la impunidad en estos casos.
No obstante manifestar mi aprobación a este proyecto, hago un llamado al Ministerio de Justicia para que considere las 17 mil denuncias anuales que se producen por delitos sexuales contra menores de edad, con el objetivo de acortar los plazos en su implementación.
Esta normativa, que beneficia principalmente a nuestros niños, niñas, jóvenes y familias en general, no puede seguir esperando y necesita el esfuerzo y la colaboración de todos nosotros.
Voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Durana vota a favor.
Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
El señor GALILEA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El Senador señor Castro ha solicitado adelantar su voto sin fundamentar.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor había dicho, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Insulza, ¿cómo vota?


El señor INSULZA.- Señora Presidenta, realmente es difícil hablar de hechos tan lamentables como estos.
Esta mañana leía una noticia acerca de la cantidad de delitos sexuales que se habían cometido durante este período, de las denuncias que existían, y la mayor parte de ellos son perpetrados por familiares o por gente cercana a los niños, niñas y adolescentes, que -entre paréntesis- son más de las tres cuartas partes de los delitos sexuales que se consuman en nuestro país.
Creo que debemos aprobar esta normativa y examinar -estamos hablando de decenas de miles de delitos de este tipo- si estamos trabajando adecuadamente para prevenirlos y sancionarlos duramente.
A mi juicio es muy triste tener que hablar de esto. Pero nuevamente deseo recordar que si hay una cosa que le falta a Chile es una legislación o una política de salud mental infantil, que ciertamente sería muy necesaria para estos niños tan abusados y maltratados al comienzo de su vida y que llevarán las huellas de estos hechos durante toda su existencia.
Voto a favor, diciendo que este no es un buen día; es un día triste tener que aprobar un proyecto de ley sabiendo cuánta cantidad de niños, niñas y adolescentes son víctimas de estas brutalidades.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Insulza vota a favor.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?


El señor KAST.- Señor Secretario, tal como decía el Senador Insulza, quien acaba de hacer uso de la palabra, me parece que este es uno de los temas en que muchas veces hemos llegado tarde. Son heridas abiertas invisibles de nuestra sociedad y donde el proyecto de hoy día realmente es muy relevante.
Por eso no solo me voy a pronunciar favorablemente, sino además considero muy necesario que sigamos avanzando en iniciativas como esta.
Hay otro proyecto muy importante que lo ha venido pidiendo la Fundación para la Confianza desde hace mucho tiempo y que busca pedirles a los colegios que cuenten con protocolos de detección de abusos sexuales.
Fue una iniciativa que ingresamos en su minuto en la Cámara Alta cuando yo era Diputado junto a la actual Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, y que tiene el concepto de que muchas veces, aunque uno no lo crea, es el colegio el lugar donde uno puede finalmente detectar los abusos que, por desgracia, ocurren mayormente en la casa.
El colegio puede ser la tabla de salvación para miles de niños, niñas y adolescentes, si efectivamente tienen un protocolo para identificar los abusos que pueden estar sucediendo en sus hogares.
Esto es especialmente relevante por lo que decía recién el Senador Insulza, en el sentido de que, en medio de la pandemia, cuando no hay colegios ni jardines infantiles funcionando, se presta mucho más para que puedan acontecer casos como estos.
Por eso me alegra que estemos avanzando en esta línea, pero nos queda un largo camino por recorrer.
Así que voto a favor, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Kast vota a favor.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
Senador señor Latorre, ¿cómo vota?


El señor LATORRE.- Voy a fundamentar brevemente mi voto, Secretario.
Soy consciente de que la implementación de la ley en proyecto exige la creación de salas especiales, la formación de entrevistadores, intermediarios; la conformación de una estructura de soporte tecnológico, de custodia de las entrevistas investigativas; la capacitación general y la incorporación de nuevos trámites, como la evaluación previa a los funcionarios de las unidades de víctimas para verificar que los niños, niñas y adolescentes estén en condiciones de participar en una entrevista videograbada, lo cual facilita el respeto a sus derechos humanos y evita la revictimización, en fin, todo lo que se ha argumentado anteriormente.
Obviamente, respaldaré esta iniciativa. Pero me llama la atención que un Gobierno que tiene como eslogan "Los niños primero", cuando llevamos más de seis meses de pandemia, en que se han adecuado todas las modalidades de teletrabajo... (falla de audio en transmisión telemática)... organizaciones, no seamos capaces de invertir, de poner los presupuestos ahí donde se dice que hay prioridades.
O sea, si de verdad nos interesa poner en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes, respetar sus derechos humanos, particularmente los de aquellos que han sido amenazados y vulnerados, eso implica establecer los presupuestos; determinar los gastos y las prioridades administrativas, colocar los recursos para tal propósito.
A veces se ocupan muchos recursos, por ejemplo, para comprar nuevos artefactos policiales destinados a reprimir a la gente, pero acá falta poner los medios para implementar adecuadamente esta legislación.
Voto a favor; sin embargo, lamento que nuevamente tengamos que postergar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Latorre vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?


El señor NAVARRO.- Señor Secretario, lo cierto es que este proyecto de ley es una vieja aspiración, una sentida aspiración de quienes han luchado por la causa de la defensa de los niños, niñas y adolescentes.
Yo espero que los recursos económicos estén disponibles para que el Poder Judicial o quien corresponda los tenga y esto se haga efectivo. Ello va a depender del señor Ministro de Justicia, del señor Ministro de Hacienda. Ojalá que en el Presupuesto para el próximo año, que ya ha comenzado a discutirse, los fondos pertinentes estén considerados.
De no ser así, la agonía va a ser más larga.
Me pronunciaré favorablemente, pues considero que es un extraordinario avance en la defensa de los niños vulnerados, de los niños abusados. Solo espero que el Gobierno esté a la altura con su eslogan "Los niños están primero", y eso significa destinar ahora, en el Presupuesto del 2021 que discutimos en el 2020, los recursos económicos necesarios para su implementación.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Navarro vota a favor.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?


La señora ÓRDENES.- Señora Presidenta, quiero valorar esta iniciativa, porque efectivamente está enfocada en las víctimas, que son niños, niñas y adolescentes.
El hecho de haber sido alguna vez víctimas de delitos sexuales es una experiencia que después cruza toda su vida, y por eso también existe una ley de imprescriptibilidad de este tipo de ilícitos.
En este caso, las víctimas tienen que contar su testimonio en distintas instancias: desde el lugar donde hacen la denuncia, que puede ser un recinto policial, una oficina dentro de la red de asistencia judicial, hasta en los establecimientos hospitalarios; o sea, a veces han llegado a consultarles siete veces con respecto a la experiencia traumática de la cual han sido víctimas o del delito en sí mismo.
Por lo tanto, el gran valor que tiene este proyecto de ley es que neutraliza la victimización secundaria, pues a veces es el sistema el que termina vulnerando aún más a las víctimas.
Y creo que esta es una buena señal.
Algunos han hablado de este proyecto como la ley "No me preguntes más". Y deseo valorarla.
Espero que tenga visibilidad dentro del Presupuesto y podamos contar al menos en todas las regiones con los expertos para las entrevistas videograbadas y también con las salas, con los dispositivos y con el equipamiento que corresponde.
A mí me parece un gran avance, porque durante años niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales finalmente terminan siendo vulnerados tanto por el sistema como por el propio victimario.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Órdenes vota a favor.
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?


La señora PROVOSTE.- Voy a fundamentar mi voto, señora Presidenta.
Pareciera que aquí se está hablando como si recién fuéramos a despachar una ley en circunstancias de que ya fue aprobada y promulgada en enero del año 2018.
Esta ley tuvo una larga tramitación en que fue convocada la sociedad civil y donde participó hace prácticamente ya más de una década todo un equipo intersectorial -reitero: incluida la sociedad civil- que estuvo trabajando en ella, y que terminó en este anteproyecto de ley el año 2012, el cual además incorporó el estudio de costos respectivo.
Durante el 2017 sacamos adelante esta ley y fue promulgada en enero del 2018 por la Presidenta Bachelet.
Sin embargo, este Gobierno, que utilizó como eslogan a los niños y niñas, hoy día los posterga, porque el objetivo de esta ley era precisamente no volver a preguntarles más a los niños, no seguir revictimizándolos.
¡Y hoy día esta es una mala noticia! ¡No tratemos de poner como una buena noticia el que se posterga la aplicación de una ley tan anhelada en nuestra sociedad!
Insisto: esta ley fue promulgada en enero del 2018; es decir, no es producto de la pandemia el que aquí no se haya organizado toda la estructura judicial para capacitar, para disponer de la infraestructura, las salas y no seguir repitiendo la victimización de los niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de delitos sexuales graves.
Por otra parte, en lo que dice relación con la ley N° 21.212, yo también lamento que se postergue una iniciativa que costó tanto sacar adelante, con la generosidad que puso a disposición la familia de Gabriela, con todo su dolor, para que estas situaciones no siguieran ocurriendo en materia de femicidios, de maltrato y de delitos contra la mujer.
Yo no puedo votar a favor de un proyecto que posterga la tan anhelada búsqueda de justicia y que, más allá del reconocimiento que el Gobierno ha señalado, no ha recibido la disposición ni los recursos financieros para llevar adelante esta iniciativa.
Lo lamento por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Lo lamento por las mujeres.
Esta es una mala noticia.
Yo me abstengo, señora Presidenta, pues no puedo concurrir con mi voto favorable para que se siga postergando la implementación de una iniciativa que, insisto, no es de ahora: fue promulgada en enero del año 2018. Porque ha habido tiempo suficiente para que este Gobierno, que utilizó a los niños como un eslogan, no los siga postergando y revictimizando ante una situación tan compleja.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Provoste se abstiene.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
El señor QUINTEROS.- ¿Ahora sí?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí.


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, tiene razón la Senadora Provoste.
Este ha sido uno de los avances más importantes en los últimos años en cuanto a protección y no revictimización de menores de edad víctimas de delitos sexuales.
La ley N° 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, ha exigido la creación de salas especiales; el soporte tecnológico necesario; la formación de entrevistadores y de intermediarios, y también la capacitación de todos los actores intervinientes en el proceso.
Nos dicen que su implementación se ha visto interrumpida por la emergencia sanitaria, lo que hace necesaria una prórroga para las siguientes etapas.
La verdad es que yo podría justificar esta medida, pero debo insistir en la necesidad de perfeccionar todos los instrumentos para prevenir y perseguir eficazmente delitos tan graves como los cometidos contra la integridad de menores de edad.
Hace pocas semanas -nos recordaba la Senadora Allende- el país se ha conmovido nuevamente, y esta vez por el crimen que costó la vida a una adolescente. Lo sucedido es inaceptable. Falló todo el sistema y todo el sistema debe reaccionar: el Sename, que aún está vigente, y también el Gobierno, las policías, los tribunales, el Ministerio Público deben agotar todos los recursos para evitar una nueva tragedia.
Lo que más se necesita es erradicar la pasividad, el conformismo y la burocracia cuando se trata de atender a niños, niñas y adolescentes que están siendo afectados en su integridad o que corren riesgo de ello.
Espero que el nuevo Servicio de Protección de la Niñez no solo pueda cumplir eficazmente sus funciones propias, sino también le inyecte el sentido de urgencia y prioridad que este tema debe tener en todos los organismos que juegan algún rol en esta materia.
Me voy a pronunciar favorablemente, señora Presidenta, porque con la pandemia a lo mejor podrían tener algo de razón.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Quinteros vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
Puede activar su micrófono, Senador.
Ahí sí.
El señor SORIA.- ¿Ahí estoy cerca? ¿Ahí?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¡Ahí sí!


El señor SORIA.- Escuché a mi colega la Senadora Provoste y le encuentro toda la razón. Yo le pido al Gobierno que apure esto y no espere lo que hoy día le estamos tramitando, por esto de la pandemia y por los problemas que hubo, para que ponga a los niños en primera prioridad. Porque no es posible que a un menor lo estén llamando para que conteste respecto de las atrocidades que hicieron con él.
Yo creo que aquí hay que ponerse la mano en el corazón. Está bien que nos demoremos mucho en las leyes, pero llamar a propuesta pública en la calle... Bueno, llevo cincuenta y cinco años, cuarenta y tantos fui alcalde, y cuando se quieren sacar rápido las cosas se sacan.
Le pido al Gobierno que saque rápido el proyecto, y no haga sufrir a los niños chilenos.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Soria vota a favor.
¿Senador señor García-Huidobro?
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?


El señor HARBOE.- Gracias, Secretario.
Seré muy breve.
Esta ley, como bien decía la Senadora Provoste, es del 2018; se promulgó en enero de ese año. La trabajamos en la Comisión de Constitución de entonces, e invitamos a todas las organizaciones. El objetivo justamente era evitar la revictimización o victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes a quienes les preguntan una y otra vez, dentro del marco del proceso investigativo y judicial, cómo fueron victimizados; cómo fueron abusados sexualmente, generando un doble, triple o cuádruple trauma; lo que los lleva a revivir en cada ocasión la dramática situación de haber sido abusados sexualmente.
Se nos dice hoy día, dos años después de la entrada en vigencia de esta ley, que producto de la pandemia no se puede implementar, y que habría que postergarla.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Fíjese usted: el año 2020 se asignaron 242 mil millones de pesos a programas que la propia Dirección de Presupuestos evaluó mal. ¡Fueron mal evaluados y contaron con recursos!
Y la verdad es que uno dice: "Bueno; pero, a ver, momento, ¿cómo se están financiando programas mal evaluados, y, en paralelo, no existen recursos para implementar esto?". No me parece que sea adecuado.
En consecuencia, creo que es altamente inconveniente que estemos aprobando un proyecto que va a postergar nuevamente la entrada en vigencia de esta ley, porque en la práctica esto no es solo su postergación: es decirles a los niños, niñas y adolescentes que han sido abusados, o que lamentablemente serán abusados dentro de los próximos meses, que van a seguir siendo revictimizados; y les van a preguntar una y otra vez todo de nuevo.
Entonces, yo no puedo concurrir con mi voto favorable, porque creo que tuvieron dos años en los que no hubo pandemia para haber hecho lo que debía hacerse. Por tanto, yo no voy a votar a favor.
Me abstengo, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Harboe se abstiene.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senadora Rincón, tiene la palabra.


La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.
La verdad es que no iba a intervenir durante el debate de este proyecto. Pero después de escuchar a algunos colegas y de hablar con otros que participaron en su discusión en la Comisión, y al revisar el informe, creo que tenemos que ser capaces de compatibilizar el sentido de la ley con su pertinencia.
Y no podemos obviar lo que ha pasado en nuestro país.
Cuando consideramos, Presidenta, que la primera etapa de esta ley se inició el 3 octubre del 2019 y que incorporaba un 14 por ciento del territorio de nuestro país, incluida la Región del Maule, que yo represento; que la segunda comenzará en octubre próximo, y la tercera, en octubre del próximo año; y cuando vemos lo que han sido las capacitaciones para esto, la preparación del personal en medio de la pandemia, sencillamente uno no puede obligar a lo imposible.
Creo que esta ley posee dos virtudes. En primer lugar, incorpora ciertas situaciones que no estaban consideradas, para quedar dentro del amparo del sistema de las entrevistas videograbadas; esto es, incorpora a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas o testigos de los delitos contemplados en los artículos 390 bis y 390 ter del Código Penal. Y, en segundo término, prorroga en cuatro meses -de 18 a 22 meses- la entrada en vigencia de la ley, y de 30 a 42 meses la tercera etapa de ella.
Entonces, Presidenta, no es que no se vaya a cumplir con la ley; no es que estemos vulnerando su espíritu; sino que lo que nos está pidiendo el legislador, y entiendo que ha habido unanimidad en la Comisión de Constitución al respecto, es que esto lo hagamos bien. Y que además nos situemos en la realidad que tenemos hoy día como país. Quizá lo que debiéramos pedirle al Ejecutivo es un detalle de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de esta normativa.
Yo creo, Presidenta, y lo digo porque nos faltan tribunales especializados en materia de infancia, y en otras áreas, por cierto, que debemos tender a eso. Debemos tender a que exista equidad territorial en los tribunales, equidad territorial en distintas materias. Pero negarse a una realidad que ha ocurrido, y que hace imposible ir a la velocidad que el legislador se propuso cuando se aprobó esta normativa, no es correcto.
Por mi parte, lamento que se tenga que postergar o diferir en algunos meses la implementación gradual que el legislador consignó. Pero considero que eso recoge también la necesidad de establecer una adecuación a la realidad. Y hoy día la realidad nos ha tocado; y debiéramos aprovechar lo que la pandemia nos deja para discutir sobre la inequidad profunda que existe en nuestro país y sobre cómo hacemos para corregirla.
Yo voy a aprobar lo que han informado unánimemente en la Comisión de Constitución. Y obviamente voy a pedir al Ministerio de Justicia, a través de la Mesa del Senado, un informe respecto de qué ha pasado con las implementaciones que ya se han hecho y los presupuestos que se han ejecutado.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, Presidenta.
Es importante recalcar lo que ha dicho la Senadora Rincón. Básicamente, esta postergación ha sido solicitada por las instituciones del sistema penal, los tribunales, el Ministerio Público, Carabineros y la PDI; por el impacto del estallido social y la pandemia. No es el Gobierno el que la pidió. Ella ha sido producto de la imposibilidad de formar entrevistadores y hacer las salas. Por lo tanto, no existe un problema de presupuesto; la primera etapa ya se cumplió.
En consecuencia, es importante aclarar esa situación, y ojalá que el Ministro pudiera insistir en esto, porque creo que va en el camino correcto.
Así que yo voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor García-Huidobro vota a favor.
Senador señor Bianchi, ¿cómo vota?


El señor BIANCHI.- Gracias, señor Secretario.
Seré breve.
Mire, en mi intervención señalé que era muy complejo votar a favor de una prórroga. Me hizo mucho mucho sentido la intervención de la Senadora Yasna Provoste. Y obviamente no voy a entrar a realizar el juicio de si el Gobierno lo hizo mal o bien; ¡no! Aquí estamos efectivamente defendiendo el sufrimiento de niños, niñas y adolescentes.
Por lo tanto, yo me voy a abstener en esta votación, estimado Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Bianchi se abstiene.
Ha solicitado la palabra en la Sala, para fundamentar su voto, el Senador señor Elizalde.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador.


El señor ELIZALDE.- Gracias, Presidenta.
Efectivamente, la Senadora Provoste ha hecho un punto que era importante precisar al momento de argumentar respecto de cómo se vota este proyecto de ley.
Porque en las intervenciones anteriores se hacía referencia a un avance legislativo que ya fue consagrado en una reforma legal, que es la establecida en la ley N° 21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales en los términos que indica.
Por tanto, esta normativa ya fue aprobada por el Congreso Nacional. La disposición que estamos votando ahora se refiere a dos aspectos que son fundamentales: el primero, a mi entender del todo justificable, es actualizar la referencia normativa del artículo 1° de la ley N° 21.057, a la cual aludí, incorporando la mención de los artículos 390 bis y 390 ter, que tienen que ver con la figura del femicidio. Y, por tanto, hace aplicable la normativa que ya aprobó el Congreso Nacional también respecto de las entrevistas vinculadas a estos delitos. Obviamente, cuando se trata de menores de edad.
Ese es un primer punto que hay que destacar.
Y yo suscribo plenamente la necesidad de actualización de dicha referencia normativa, precisamente incorporando modificaciones al Código Penal, aprobadas también por este Congreso Nacional con posterioridad a la ley N° 21.057, en la figura del femicidio.
Lo segundo a lo cual se refiere esta iniciativa es la postergación de la entrada en vigencia o de la segunda y tercera etapas de la aplicación de la ley N° 21.057. En este sentido, el Gobierno ha utilizado como argumento particularmente la necesidad de formar monitores o a quienes son los encargados de implementar esta ley, en lo relativo al sistema de entrevistas, que se habría visto interrumpido o imposibilitado de ser realizado con motivo de los hechos acontecidos en nuestro país a contar del mes de octubre.
Yo creo que es bastante debatible este argumento -en eso quiero ser preciso-; no obstante, voy a votar a favor del proyecto, esperando, obviamente, que se cumpla con el plazo propuesto, el que se amplía en ocho meses, es decir, de 18 meses a 26 meses. Y en el caso de la segunda etapa, ahí sí hay una ampliación más significativa, porque se modifica la referencia de 30 meses a 42 meses, esto es, en un año.
Pienso que es bastante discutible si es necesaria o no una ampliación en estos términos, pero yo voy a confiar en lo que han planteado las autoridades del Ejecutivo en esta materia para una implementación adecuada.
Por eso, votaré a favor de este proyecto de ley y, sobre todo, por la actualización de la referencia normativa considerada en el numeral 1 del artículo único. Eso no obsta a que yo estime efectivamente necesario que el Gobierno exprese un compromiso más nítido con la implementación de estas iniciativas.
Por tanto, me parece que la crítica que aquí se ha formulado debe ser tomada en cuenta para efectos de la evaluación de las políticas públicas destinadas a la protección de los menores.
Dicho lo anterior, voto a favor de esta iniciativa.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Elizalde.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Vota a favor?
El señor ARAYA.- Sí, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (35 votos a favor y 3 pareos), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Rincón, Sabat y Von Baer, y los señores Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
No votaron, por estar pareados, la señora Provoste y los señores Bianchi y Harboe.