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NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA


El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, sobre migración y extranjería, con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.
Gobierno, Descentralización y Regionalización (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (segundo): sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.
Hacienda: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.
Discusión:
Sesiones 40ª, en 13 de agosto de 2019 (se aprueba en general); 70ª, en 19 de agosto de 2020 (queda pendiente su discusión en particular).
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe recordar que el Senado, en sesión de 19 de agosto, inició el tratamiento de esta iniciativa con un debate sobre la generalidad de las modificaciones propuestas, quedando pendiente su discusión, junto con las solicitudes de uso de palabra de los Senadores señores Quinteros, Navarro, Insulza, Alvarado, Bianchi, señora Órdenes, señores Quintana, Sandoval, Latorre, señora Von Baer, señores Durana y Moreira y señora Ebensperger.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- El Orden del Día termina a las 19:30 horas.
Entonces, obviamente, lo deseable es que todos alcancen a hacer uso de la palabra, en la medida que se rebajen los tiempos.
Esa es la petición que les hacemos.
¿Están considerados tiempos de tres o de cinco minutos?
El señor COLOMA.- Son cinco.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Cinco minutos.
Cada uno dispone de ese tiempo. Pero, les repito, la hora de término es a las 19:30. Así que ojalá podamos alcanzar todos a hacer uso de la palabra.
Continúa la discusión particular.
Tiene la palabra el Senador Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, estamos entrando a la discusión en particular de este proyecto sobre migraciones, que ha tenido una accidentada tramitación en más de siete años. En este plazo, se han sucedido importantes flujos migratorios de distinto origen, desconocidos en Chile, que de ser un país emisor ha pasado a ser un país receptor de población migrante.
Nuestra realidad y la del mundo son muy diferentes. Hace pocos años se advertía escasez de mano de obra en diferentes sectores de nuestra economía, mientras hoy tenemos las cifras más altas de cesantía de los últimos cuarenta años.
Ningún país pudo prever la crisis venezolana, sin precedente en nuestra región latinoamericana. No existía el discurso xenófobo y populista de Trump y de Bolsonaro, que ha calado hondo en diversas sociedades. Es natural, entonces, que no sea fácil la discusión sobre este tema. Existen fundadas aprensiones de unos y de otros.
Pero a veces, lamentablemente, algunos se dejan dominar por los prejuicios, tendencia que alcanza incluso a ciertas autoridades. Lo que se espera de un Gobierno es que promueva las confianzas y no los miedos.
Y lo que esperamos de la ley en proyecto son algunas cosas básicas:
Una ley de migraciones equilibrada, que estimule el ingreso regular y desincentive el ingreso irregular. ¿De qué sirve un sistema que disminuya los ingresos regulares, pero que aumente los irregulares? La suma total puede ser la misma, pero es muy diferente gestionar una población regular que una irregular.
Una ley sin ingenuidad, pero sí con pragmatismo, que dé facilidades para regularizar a quienes ya se han insertado en el mundo laboral.
Una ley que reconozca derechos, al menos los mismos que quisiéramos les fueran reconocidos a los chilenos que decidieron hacer sus vidas en el extranjero.
Una ley que sancione duramente a los inescrupulosos que lucran con el tráfico de personas, y que también sancione a los infractores, pero no a sus familias, y mucho menos a los niños.
Una ley que promueva el reconocimiento de los estudios y títulos universitarios, de manera que los profesionales y técnicos extranjeros puedan incorporarse rápidamente al mundo laboral, especialmente en salud, donde en estos últimos meses hemos constatado dramáticamente las carencias que existen.
-Un nuevo Servicio de Migraciones, moderno, que ponga fin a la tramitación innecesaria e indigna que enfrentan las personas que desean regularizar su permanencia.
-Una ley que también reconozca las facultades que debe tener cualquier gobierno para abordar eficazmente los cambios que se van produciendo en la economía o en el contexto internacional.
La pandemia nos ha dejado claro, una vez más, que nuestra suerte está ligada indisolublemente a la de nuestros vecinos. Nadie se salva solo. Tarde o temprano, así como promovemos la apertura de las fronteras para el libre tránsito de las mercaderías, también deberemos regular el libre tránsito de las personas, al menos el de quienes pertenecen a nuestra comunidad latinoamericana. Es la única manera de proyectarnos eficazmente en el actual contexto internacional. El mundo que viene es de mayor integración, aunque el camino para llegar a eso no será sin retrocesos parciales o temporales.
Nuestro país lo ha hecho muy bien en materia comercial, logrando una profunda inserción en el mundo. ¿Por qué no podría efectuarlo del mismo modo en la integración de extranjeros en Chile y de chilenos en el mundo? Hay todo un camino por recorrer en el ámbito de los tratados internacionales en esta materia.
Confío en que podremos llegar a acuerdos en esta discusión en particular. Se puede hacer sin prejuicios, pero también sin ingenuidad y sin miedos.
He dicho.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Alejandro Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, 1975, plena dictadura: decreto ley para regular la migración y también la expulsión, pues ese decreto ley permite hasta el día de hoy que el Subsecretario del Interior, el Ministerio del Interior, el Gobierno, pueda expulsar del país a quien se le dé la gana sin notificar causa ni mediar ningún recurso de apelación a dicha medida.
Por cierto, eran tiempos de dictadura, donde el exilio se constituía en la tónica para los disidentes, y, por tanto, se trataba de una legislación que solo obedecía a un Gobierno autoritario que quería concentrar todo el poder sobre la permanencia en territorio nacional. Si era capaz de exiliar a un millón de chilenos, por cierto que tenía una herramienta jurídica para expulsar a quien quisiera.
¡No hay política migratoria en nuestro país!
Y coincidimos con el Ejecutivo: todos los gobiernos de Chile requieren una política migratoria regulatoria, protectora, pero particularmente constante y permanente que no quede al arbitrio de la Administración de turno.
Por lo tanto, tenemos una primera gran coincidencia con el Gobierno: la legislación actual está añeja, obsoleta y requiere ser actualizada.
En segundo lugar, claramente los flujos migratorios que ha tenido Chile nos han hecho pasar del 2,3 por ciento de migrantes a principios del 2010 a más del 6 por ciento. Dos grandes oleadas migratorias: los haitianos, Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, gran crítica del Presidente Piñera, entonces candidato, respecto de la permisividad para el ingreso de 100 mil a 120 mil haitianos; segundo Gobierno del Presidente Piñera, visa de responsabilidad democrática para los venezolanos, 454 mil en Chile, la colonia más grande -¡lejos!, más del 30 por ciento de la migración del millón seiscientos mil extranjeros que hoy día están en nuestro país.
¡Flujo migratorio!
Por tanto, no se trata, en la discusión de este proyecto de ley migratorio, de que determinemos qué gobierno fue más permisivo o cuál se convirtió en el más protector.
Está claro que hemos sufrido un ciclo migratorio violento que, de no ponérsele regulación, amenaza a los más débiles, que son los migrantes, que ya están en precaria situación -y usted lo sabe, Presidente-, hacinados en comunas como Quilicura, Recoleta, Independencia o en regiones como la de Antofagasta, sin contar con la debida protección en el margen estricto de los derechos humanos.
¡Protección a los niños!
Hasta hace poco los niños no tenían derecho a alimentación en los colegios por parte de la Junaeb ni a la subvención escolar, nos decían la entonces Alcaldesa de Antofagasta y Juan Carrasco, Alcalde de Quilicura.
Claramente, se requiere un estándar mínimo, y este proyecto avanza de manera decidida a proteger a los niños migrantes: ellos quedarán resguardados.
¿Cuál es el debate de fondo y que ha contrariado y alborotado todas las aguas? Por cierto, la participación de las organizaciones que defienden a los migrantes, que han enfrentado a todos los gobiernos, no solo a este. No son organismos de Izquierda. El Servicio Jesuita a Migrantes, que no es una entidad que pueda ser catalogada ideológicamente, ha planteado observaciones. ¡Abordémoslas!
Lo que necesitamos resolver dentro, en medio de una cesantía de dos millones cien mil chilenos, es cómo hacemos la regularización de aquellos que vinieron a nuestro país, que están trabajando, que poseen contrato y que quieren cambiar su estatus de residencia. El debate está entre si lo pueden hacer dentro de nuestro territorio, habiendo ingresado con una visa laboral, o ello lo deben efectuar en la frontera o en el consulado de Chile en su país de origen.
Hay dos situaciones distintas que hay que abordar, y estoy yendo al corazón del debate. Avancemos en regular a quienes están dentro y trabajando, porque efectivamente cuentan con contrato laboral y, porque llevan dos, tres, cuatro, cinco y más años en nuestra nación, tienen derecho consagrado por pactos internacionales a pedir la residencia transitoria a permanente, y luego a aquellos que van a venir a buscar trabajo.
Chile ya no es atractivo laboralmente, no solo por la pandemia, sino por su alicaída economía y su gran cesantía.
Creo que a este proyecto hay que quitarle ideología y ponerle más derechos humanos. Por eso pienso que esta iniciativa debe ser aprobada en general, para entrar al debate de las indicaciones sin ningún tipo de ideologismo y preconcepción entre buenos y malos, entre quienes quieren expulsar a los migrantes y aquellos que desean dejarlos en Chile, pues queremos que ellos estén mejor.
He dicho.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Les recuerdo a Sus Señorías que el Orden del Día termina a las 19:30 horas. Veremos quiénes alcanzan a usar de la palabra, y quienes no, quedarán pendientes para la sesión del próximo martes.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.


El señor INSULZA.- ¿Me abre el micrófono?
Muchas gracias.
Señor Presidente, estamos en la discusión particular; ya aprobamos el proyecto en general.
Sin embargo, se trata de una iniciativa con un texto muy complejo, bastante complicado; su comparado tiene casi trescientas páginas y hay cuatro versiones algo distintas: la de la Cámara de Diputados, la de la Comisión de Gobierno, la de la Comisión de Derechos Humanos y la de la Comisión de Hacienda. Y seguramente después habrá que enfrentar una Comisión Mixta, porque creo que a la Cámara de Diputados algunas de las cosas que nosotros aprobemos no le van a gustar.
Ahora bien, esto no es extraño; no es raro, no hay que asustarse por ello, porque recién en pleno siglo XXI este país tomó conciencia por primera vez de que necesitaba una ley marco sobre migraciones.
En verdad, la normativa que dictó Pinochet en 1975 tiene que ver con los ingresos o egresos; la mayor parte de las cuestiones que se tratan en acá ni siquiera están.
La razón de aquello es porque en los últimos cinco años Chile pasó de ser el país con menor flujo de inmigrantes a uno de los que registra la mayor inmigración en Sudamérica.
La avalancha migratoria trajo a Chile más de un millón de nuevos habitantes, y parecía que no se iba a detener, hasta el inicio de la pandemia. De alrededor de 250 mil inmigrantes en 2015 llegamos a un millón 250 mil a fines del año 2018. Y actualmente, según la última estimación del INE, son 1.492.522 inmigrantes, o sea, el 8 por ciento de la población nacional.
Entonces, no nos critiquemos entre nosotros. Nadie imaginó que iba a pasar una cosa de este tamaño, y lo que les debemos al país y a sus habitantes, chilenos y extranjeros, es una legislación acorde con esta nueva realidad.
Perdimos la oportunidad de suscribir el Pacto de Naciones Unidas para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Intentemos ahora una normativa que refleje de la mejor manera posible estos mismos valores.
En este debate, señor Presidente, inciden tres factores.
Primero, se vincula con experiencias de vida.
Seguramente en esta Sala soy el que más tiempo ha vivido fuera del país: 26 de los últimos 50 años: como estudiante, como exiliado, como inmigrante y como funcionario.
El viernes 28 de agosto se cumplen 47 años desde mi salida del país en una comisión de servicio que iba a durar 12 días, pero que se prolongó por 15 años.
Sé lo que es vivir fuera de mi tierra en distintas circunstancias, e incluso en condiciones difíciles. Agradezco a los cuatro países que me acogieron: Argentina, Italia, México y Estados Unidos. Mis cuatro hijos nacieron en el extranjero. Ello también ha influido en mí, por cierto, y en mi deseo de que a quienes vinieran a vivir a Chile a buscar las mejores condiciones posibles pudiéramos ayudarlos en esto.
Valoro la inmigración como un proceso positivo y bueno para el país, y a mi juicio esa idea es avalada por casi todos los estudios serios que existen sobre esta materia.
Claro, hay falsas percepciones que a algunos les encanta propagar para fomentar la xenofobia y el racismo. Siempre son recursos útiles del populismo.
Para comenzar a despejarlas, digamos solamente que los extranjeros en Chile no disfrutan de mayores oportunidades que los chilenos: su acceso al trabajo es igual al de nuestros compatriotas, y, sobre todo, para que no se repita esta falsedad, la tasa de delitos cometidos por extranjeros es visiblemente menor que la de los ilícitos perpetrados por chilenos.
Pero también influye en nosotros, y esto tiene que ser objeto de nuestra mayor consideración, el cumplimiento de nuestros deberes como mandatarios del pueblo. Hay una realidad nacional difícil que debemos comprender y reflejar en nuestras decisiones. Y aquí me refiero sobre todo a la alta tasa de desempleo que hoy existe en nuestro país y que afecta a nacionales y a inmigrantes.
Nuestro primer deber es con quienes están en Chile. Nuestra legislación debe favorecer a todos a fin de asegurarles las mejores condiciones de vida.
Sobre la base de esas consideraciones, señor Presidente, quiero mencionar brevemente tres aspectos.
En primer lugar, debemos lograr que todos los habitantes del país, incluidos los nuevos, se integren de manera plena a la vida nacional, con los mismos derechos que establece la Constitución para sus ciudadanos. Y ello, en el menor plazo posible.
Negar o condicionar tales derechos significa consagrar la noción de ciudadanos de segunda categoría, lo cual es inaceptable en cualquier democracia.
Por lo tanto, voy a aprobar toda propuesta que mejore las condiciones en que esas personas se desarrollan en la sociedad chilena.
En segundo lugar, nuestro deber de protección dice relación con todos los...
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear la idea.
Al parecer el Senador Insulza no está escuchando.
Senador Insulza, estamos todos atentos a sus palabras, y dispone de un minuto más para que pueda finalizar su intervención.
El señor INSULZA.- Un minuto más, Presidente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Sí, señor Senador, lo tiene.
El señor INSULZA.- Gracias.
Señor Presidente, considero importante decir que no puedo aceptar, en este caso, la creación del artículo 56 bis, que establece la figura de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, la cual se entregará al ingresar al país.
El debate del proyecto sobre Ley de Migración y Extranjería no puede aislarse del contexto mundial, regional y nacional que se vive en el marco de la pandemia del COVID-19. Es de público conocimiento la situación de desempleo: se han perdido 2,3 millones de puestos de trabajo, lo que significa una caída del 25 por ciento, y la cifra va a seguir aumentando. Y los demás países de la región viven la misma situación que la nuestra.
En tales condiciones, es poco prudente colgar un letrero en la puerta que diga: "Aquí, en Chile, se ofrecen oportunidades laborales".
Creo que hay que conversar sobre ese punto.
No se deben fijar visas de ningún tipo en el proyecto. Ello debe hacerse en la política migratoria. Ahí corresponde establecerlas y no en la iniciativa que ahora estamos discutiendo.
Tengo otros asuntos que mencionar, señor Presidente, pero desgraciadamente no alcanzo a plantearlos. Estarán incluidos en los planteamientos que haré al...
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Muchas gracias, Senador Insulza, por su intervención.
A continuación, tiene la palabra el Senador Alvarado, originario de la Región de Los Lagos.


El señor ALVARADO.- Gracias, señor Presidente, oriundo de la Región de Magallanes.
Creo que no hay dos opiniones en orden a que este es un buen proyecto de ley, en el sentido de que estamos legislando sobre la materia durante mucho tiempo: prácticamente hace siete años que ingresó a la Cámara de Diputados.
¿Y qué persigue? Básicamente el establecimiento de una regulación migratoria moderna que se haga cargo del fenómeno migratorio que ha vivido Chile desde el 2015 y del que vivirá en el futuro.
También se busca una política migratoria que apunte a una migración ordenada, segura y regular. Esos son los conceptos fundamentales: migración ordenada, segura y regular. Y, por supuesto, se plantea crear una institucionalidad migratoria que no solo pueda tramitar documentos, sino también avanzar hacia una política integradora e inclusiva.
El proyecto además cumple con todos los tratados internacionales ratificados por Chile en su oportunidad. Por lo tanto, podemos señalar que se trata de una iniciativa con altos estándares de cumplimiento en materia de derechos humanos.
¿Cuáles son los puntos que han concentrado el debate? Indudablemente han sido dos, y los hemos escuchado plantear con mucha pasión fundamentalmente en la sesión anterior.
El primero tiene que ver con qué modelo es mejor para los extranjeros que vengan a nuestro país a buscar trabajo: llegar como turistas y cambiar su condición migratoria en la frontera de Chile o que arriben ya con visa consular, con su RUT y con todos los antecedentes previamente verificados.
El segundo se relaciona con si debe existir un mecanismo para regularizar automáticamente a quienes se encuentran en el país de manera clandestina.
Sin embargo, debemos considerar los siguientes elementos cuando hacemos la reflexión con respecto a estos dos temas que acabo de señalar.
En primer lugar, que al año 2019 tenemos 1.492.522 extranjeros en Chile, y que en tan solo cinco años, entre el 2014 y el 2019, han llegado a nuestro país más de un millón de extranjeros, de los cuales el 90 por ciento al menos vino como turista.
En consecuencia, cabe preguntarse si es válido contemplar la opción de llegar a Chile como turista y cambiar la condición en la frontera.
Claramente, los números nos indican que ahí hay una alerta de la cual debemos preocuparnos, ya que podemos tener un problema.
En segundo lugar, más de 2 millones de chilenos han perdido sus empleos por efecto del estallido social y de la pandemia. Por lo tanto, también son elementos a tener presentes en los flujos migratorios, más aún, cuando estos pueden verse incrementados de manera importante por lo que están viviendo los países vecinos.
Dicho aquello, señor Presidente, a mi juicio queda claro que permitir que los extranjeros vengan a nuestro país como turistas y que cambien su condición migratoria a su ingreso es una mala política pública.
¿Y por qué? Porque significa aumentar la migración y fomentar la llegada de personas en precarias condiciones, dificultando tanto su inclusión en nuestro país, con altas posibilidades de abuso laboral, como la regularización posterior de su situación; asimismo, promueve el desorden migratorio, expandiendo la situación ya ocurrida respecto de los haitianos a otras nacionalidades, y, por supuesto, conlleva también el riesgo de pérdida de empleo para muchos chilenos.
En consecuencia, dados el contexto actual y la búsqueda de una política pública ordenada desde el punto de vista de las migraciones, hace que sea una mala decisión aprobar la indicación que plantea que se puede ingresar como turista y cambiar esa condición en la frontera de nuestro país.
Del mismo modo, hemos discutido acerca de la regularización de aquellos que se encuentran de manera clandestina en nuestro país, cuestión que también considero una mala política pública. Porque incentivar la migración irregular permite que cualquier extranjero que ingrese a nuestro país, aunque sea de manera irregular, pueda normalizar su situación por un plazo de hasta noventa días desde la entrada en vigencia de la ley, lo que genera un incentivo perverso; además, puede someter al inmigrante a potenciales abusos y a tratos poco dignos, y tampoco estaríamos haciéndonos cargo de la situación actual que vive nuestro país en época de pandemia.
Finalmente, quiero señalar que en una legislación en esta materia es fundamental la regularidad y que el proceso sea seguro, ordenado y regular.
Por ello, lo responsable es que los extranjeros soliciten su residencia fuera de Chile y que una vez que obtengan su visa ingresen al país con su cédula de identidad en la mano. Eso va a facilitar su inserción. Permite diseñar mejores políticas públicas para nacionales y extranjeros, y trabajar con los territorios y gobiernos locales para recibirlos.
He dicho.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Gracias, Senador Alvarado.
Tiene, a continuación, la palabra el Senador don Jaime Quintana.
Senador, lo escuchamos.


El señor QUINTANA.- Gracias, Presidente.
Tal como han manifestado otros colegas, hay algunos aspectos de este proyecto que son transversales y compartidos, como, por ejemplo, el que se establezca el deber del Estado de proteger los derechos de todos los migrantes, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes; el que se fije un catálogo de derechos y obligaciones hoy inexistente; el que se cree una nueva institucionalidad -actualmente la política migratoria se aloja, como sabemos, en el Departamento de Extranjería de la Subsecretaría del Interior-, con un Consejo de Política Migratoria y un servicio; el que se señale que el Ejecutivo debe fijar periódicamente una política nacional de migración; el que se creen, por ejemplo, nuevas categorías de ingreso al país: titular de permiso de permanencia transitoria, o residente oficial temporal o definitivo; el que se simplifiquen los procedimientos de reconocimiento, convalidación y homologación de títulos profesionales y técnicos obtenidos en el extranjero, discusiones que hemos tenido en este Senado.
Dicho lo anterior, Presidente, no hay duda de que Chile necesita una ley de migración moderna y discutida democráticamente. El decreto ley N° 1.094, de 1975, tiene 45 años de antigüedad; es, por lejos, la reglamentación más antigua de Sudamérica en esta materia.
Hace pocos años, un estudio del Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional alertaba que esta norma está lejos de responder al respeto de los derechos humanos de los extranjeros que residen en Chile, tal como lo señalaron las Comisiones de este Senado.
Macarena Machín, coordinadora del Equipo de Migración, Refugio y Solicitud de Asilo de Amnistía Internacional, y autora del informe mencionado, ha señalado que Chile cuenta con la Ley de Extranjería, que tiene muchos de sus artículos en desuso y obsoletos, y que está centrada básicamente en aspectos relativos al otorgamiento de visas y al ingreso o expulsión de extranjeros del país.
Un aspecto central del proyecto es la creación del Servicio Nacional de Migraciones, pues el actual departamento claramente no da el ancho para una realidad que, como han dicho varios colegas, tiene una magnitud de 1,5 millones de personas.
Asimismo, cabe mencionar el establecimiento de un catálogo de derechos y obligaciones para los migrantes que recalca la protección de sus derechos humanos.
Es que no es trivial el cómo nos referimos a los migrantes, Presidente. La decisión de buscar un mejor pasar, de perseguir mayores oportunidades, de escapar de una guerra, de una dictadura, de la muerte, del peligro e inestabilidad no puede recibir la connotación negativa de una, comillas, "ola de inmigrantes", de una "marea de inmigrantes", de una "avalancha de inmigrantes", pues aquello se asocia a una acción adversa, una acción que dañará, que arrasará nuestra propiedad y nos arrebatará nuestros sueños y objetos más preciados.
¡Sabemos que no es así! De hecho, distintos estudios, entre ellos, uno del BID/CEP, y los de política monetaria del Banco Central, que este Senado conoce en detalle, han demostrado el valioso aporte de la migración para dinamizar la economía, aumentar el producto interno bruto potencial y fortalecer la matrícula en la educación pública, entre otros aspectos.
En cuanto al debate por la permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales, que algunos han denominado peyorativamente como "turismo laboral", es importante recordar que en la inmensa mayoría de los casos la migración justamente tiene motivos laborales. Lo que una norma como esa busca es regular algo que siempre va a ocurrir, que es consustancial a la especie humana, y que en lo personal prefiero que ocurra de manera controlada, sabiendo quiénes vienen a buscar esas oportunidades, y no de forma camuflada a través de visas de turismo, o de manera clandestina por pasos ilegales, poniendo en riesgo la vida de familias enteras, tal como lo señalaba el Senador Insulza.
Zygmunt Bauman lo expuso con mucha claridad en su ensayo Extraños Llamando a la Puerta: los inmigrantes tienden a causar inquietud por el solo hecho de ser distintos a las personas con las que interactuamos a diario. Por eso, es bastante común la tentación que tienen determinados políticos y autoridades de culpar al migrante, al desconocido, al extraño, al otro de todos los males de la sociedad, aun cuando la evidencia diga otra cosa.
El Gobierno, lamentablemente, ha caído en esa tentación. Recordemos las deportaciones selectivas para nacionales de determinados países, con transmisión en vivo, en directo desde el aeropuerto, no nos olvidemos, hace menos de dos años. Eso es lo más cercano al populismo; el mismo populismo de candidatos conservadores que ahora se visten de socialdemócratas y que, al mismo tiempo, proponen cerrar fronteras a la migración.
Las fronteras en los hechos no las pueden cerrar los Estados.
Regulemos, normemos y protejamos los derechos de todas las personas que eligen Chile para desarrollar su proyecto de vida, tal como alguna vez lo hicieron los antepasados de todos los que estamos sentados aquí.
Muchas gracias, Presidente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Gracias, Senador Quintana.
A ver, quedan cuatro solicitudes de uso de la palabra dentro del tiempo que nos queda hasta las 19:30. Son la Senadora Ximena Órdenes, el Senador Sandoval, el Senador Latorre y la Senadora Ena von Baer.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
Senadora, la escuchamos.


La señora ÓRDENES.- Muchas gracias, Presidente.
Claramente, no es sencillo el desafío de reemplazar una Ley de Extranjería por una verdadera ley de migración, pero es algo en lo que tenemos que trabajar.
Ya han transcurrido siete años. Esta iniciativa ha pasado por tres Comisiones dentro del Senado: Gobierno, Derechos Humanos y, por último, Hacienda. Y con visiones distintas también. Por lo tanto, es tarea de la Sala llegar a un buen puerto respecto al resultado final, y qué significará una ley de migración en Chile.
Las cifras a mí me parece que son bien importantes, como han detallado algunos de mis colegas anteriormente. Al 2019, la cantidad total de migrantes llegó a aproximadamente un millón y medio de personas. Ese año se registró prácticamente un 20 por ciento de aumento respecto del año anterior.
Es decir, a Chile está llegando un número significativo de personas que están buscando una nueva oportunidad, un nuevo horizonte, más allá de las razones de la partida, que pueden ser temas laborales; de cambio climático (la sequía está provocando fenómenos de migración); o de índole político. Pero, más allá de eso, el ingreso, cuando no es regular, se realiza bajo la figura de la visa de turista. Y muchos de los inmigrantes terminan quedándose en el país en una situación irregular.
Yo diría que es ahí donde tenemos el principal desafío: cómo vamos a regularizar la situación de aproximadamente 300 mil extranjeros que se encuentran indocumentados. Lo digo porque a ellos los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, sobre todo en materia laboral, pero también habitacional. Hemos visto imágenes que nos emplazan claramente, de hacinamiento, e incluso -diría- de explotación de personas que han llegado a Chile.
También se incrementan delitos como el de trata de personas y el tráfico ilícito de personas, y tenemos que abordarlos con seriedad. Por eso, esta nueva ley tiene que dar ciertas garantías. La idea es que, obviamente, no se genere ningún tipo de abusos.
Ese es el gran desafío del proyecto de ley.
Para nosotros, la normativa vigente del año 75 no da el ancho, no da respuesta a las actuales necesidades.
Quiero hacer una referencia. A mí me tocó participar en representación del Senado en la reunión de la Unión Interparlamentaria de Naciones Unidas en el marco de la firma del Pacto Global sobre Migración. En ese sentido, quiero lamentar que el Gobierno de Chile no haya suscrito el Pacto de Migración. Es más, nosotros abandonamos Rabat en diciembre del año 2018 sin tener ningún tipo de conocimiento de que eso iba a ocurrir. Nos enteramos, la verdad, llegando a la ciudad de Santiago.
Pero, más allá de lo anterior, este pacto era importante, porque es un acuerdo no vinculante cuyo objetivo es gestionar de manera integral el fenómeno de la migración. Este es un fenómeno... (falla de audio en transmisión telemática)...
Entonces, si no conocemos los datos oficiales, y tomamos decisiones sobre la base de evidencia empírica respecto de quiénes son los migrantes, cuáles son los flujos migratorios, cuáles son los países de origen, hacia dónde se están dirigiendo, no vamos a evitar la situación de precariedad, los delitos o los abusos a los cuales están sometidos muchas veces.
Si queremos -muchos lo han dicho- una migración segura, ordenada y regular, espero que hagamos ese ejercicio en Sala, porque hoy día tengo la impresión de que hemos llegado a dos alternativas que pueden parecer muy extremas.
Por eso, veamos cuál es la experiencia de otros países. Se trata de garantizar a aquellos que ya han ingresado al país el poder regularizar su situación y obtener derechos, porque esto hay que enfocarlo desde una perspectiva de derechos humanos, y no desde la lógica de las encuestas.
En este punto hay que hacer un llamado. Espero que al menos en este ejercicio no nos ocurra lo que al Estado de Chile, que dejó de firmar el Pacto Global de Migración, a fin de que logremos sacar una legislación que les dé garantías a todos, que nos permita avanzar en un debate que deje fuera la xenofobia, la discriminación, para que demos una respuesta legal adecuada a los tiempos y entendamos que en la migración hay una oportunidad para todas y todos.
Muchas gracias, Presidente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A usted, señora Senadora.
A continuación, tiene la palabra el Senador David Sandoval.


El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, señor Presidente; vecino magallánico.
Me tocó el ingreso a tramitación de este proyecto en la Cámara de Diputados durante el primer Gobierno del Presidente Piñera y su análisis en la Comisión de Gobierno Interior a partir del 4 de junio de 2013.
En el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet este proyecto detuvo toda su tramitación y se incorporó un nuevo texto, presentado por el Gobierno de la Nueva Mayoría, que, dicho sea de paso, contó con el rechazo mayoritario de los propios organismos vinculados al mundo de las migraciones a nivel nacional e internacional. Incluso, muchas organizaciones manifestaron sus reparos a dicho proyecto en las amplias audiencias que se realizaron sobre el particular.
Posteriormente, se ha retomado la discusión del proyecto anterior: 17 títulos, 191 artículos. Esto evidentemente habla de una política nueva.
Yo creo que nosotros debemos sacar de nuestras premisas la creencia de que con la migración tenemos ciertos sesgos, ciertos recelos o ciertos cuidados. Me parece que en Chile la ciudadanía, la población hoy día está hiperconectada con el proceso migratorio que se ha desarrollado en los últimos años.
El tema está en cómo lo hacemos.
Todos los países del mundo tienen mecanismos regulatorios para establecer ciertas líneas básicas de lo que significan las migraciones en términos generales.
En los últimos años 300 mil extranjeros indocumentados han ingresado a Chile a través del mecanismo de la visa de turista.
Aún más. Eso desgraciadamente se ha asociado, como bien se ha señalado acá, a la precariedad habitacional, los abusos laborales, la trata de personas, o sea, sendos problemas que nadie quiere y que debemos resolver y procurar ordenar.
Hay un estudio reciente, realizado por Aninat y Vergara en 2019, sobre la inmigración en Chile, el cual indica que pasamos de 150 mil migrantes en el año 2006 a más de un millón en el 2018, y las proyecciones del INE hoy día son cercanas a un millón y medio de inmigrantes.
¿Qué decía dicho estudio? Que la ola inmigratoria reciente en Chile no tiene parangón en la historia del país, y que en la actualidad la inmigración constituye prácticamente el 8 por ciento de la población total.
¿Y cuáles son las causas que sustentan este fenómeno? El éxito económico del país -¡ojo!, lo dicen Aninat y Vergara-, las mejores oportunidades, los altos indicadores sociales y el nivel de seguridad.
Eso es lo que dice el reciente estudio de Aninat y Vergara del 2019.
¿Y de dónde proviene la inmensa mayoría? De Haití, Venezuela y, evidentemente, de otros países de América Latina.
A nuestro amigo Navarro, que siempre propicia el "paraíso venezolano", quiero decirle que la inmensa mayoría de los inmigrantes que vienen a nuestro país salen, curiosamente, de este "paraíso venezolano" para radicarse en nuestro país.
Y lo que nosotros queremos y necesitamos es desarrollar la migración con un carácter totalmente institucional, ordenado. Como bien dice el propio texto del proyecto de ley del Presidente Piñera, se trata de tener una inmigración "ordenada, segura y regulada".
Fíjese que en la Patagonia chilena, señor Presidente -la Patagonia que entendemos nosotros: Palena, Aysén y Magallanes-, viven 300 mil compatriotas. En la provincia de Chubut y en la provincia de Santa Cruz, al otro lado, en Argentina, viven cerca de 500 mil chilenos.
Esa es una relación que nosotros conocemos históricamente y no tenemos esos dramas de que se pregunte "de dónde vienes tú, de dónde eres". Hay una vinculación histórica permanente.
Y nosotros creemos que estos marcos regulatorios básicos de una migración ordenada, con igualdad de derechos y obligaciones, donde exista una adecuada integración y donde se respeten los derechos fundamentales, están contenidos en este proyecto de ley.
Además, comparto absolutamente lo que decía el Senador José Miguel Insulza de que esta visa de oportunidad laboral o, como se le ha querido denominar, "visa de turismo laboral" es verdaderamente impresentable.
Estimamos que es imprescindible establecer mecanismos de regulación. No queremos repetir lo que pasó con el vergonzoso proceso migratorio de haitianos, donde a la entrada en el aeropuerto de Santiago se les entregaban sendas carpetas de turistas en circunstancias de que todos sabían que no era así.
Soy partidario de establecer un ordenamiento, un proceso adecuado que asegure mecanismos de residencia y las condiciones mínimas para que...
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Concluyó su tiempo, Senador Sandoval.
Le vamos a dar un minuto más.
El señor SANDOVAL.- Mucho menos, Presidente.
Para cerrar el capítulo, solo quiero agregar que tenemos el legítimo derecho -y esto lo hacen todos los países- de establecer rayados básicos que nos permitan contar con una migración bajo niveles que aseguren la integración, el respeto a los derechos fundamentales. Esto evidentemente rige para los chilenos que salen al exterior y, en el mismo sentido, debiera operar para quienes vienen de fuera y buscan en nuestro país el desarrollo de mejores oportunidades de vida.
Creo que ordenadamente, reguladamente tenemos todas las opciones y las posibilidades de desarrollar estos mecanismos, y no una migración sin una estructura básica, orgánica, sin un marco regulatorio elemental que asegure a quienes vienen de afuera los legítimos derechos que les posibiliten desarrollar en plenitud no solamente sus anhelos y sus sueños, sino también sus oportunidades.
Por lo tanto, Presidente, este proyecto me parece absolutamente razonable y haremos todas estas prevenciones con ocasión de la discusión particular.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Finalmente, tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
El resto de los Senadores y las Senadoras que han solicitado la palabra quedarán para la discusión del próximo día miércoles.
Senador Latorre, tiene la palabra.


El señor LATORRE.- Gracias, Presidente.
Yo quisiera fundamentar mi posición sobre la base del Pacto Mundial sobre Migración, de Naciones Unidas, que lamentablemente el Gobierno de Piñera no quiso firmar el 2018.
El Pacto Mundial sobre Migración es el primer acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y, al mismo tiempo, proteger a los inmigrantes indocumentados. Se trata del primer intento de gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional.
Dicho instrumento internacional refleja el entendimiento común de los gobiernos en el sentido de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria una cooperación que amplíe el impacto positivo para todos, tal como argumentaba el Secretario General de Naciones Unidas.
Este pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre ellos, hay algunas metas genéricas, como la cooperación para abordar las causas que motivan la migración o para mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas para evitar la trata y el tráfico de personas, la separación de las familias; usar la detención de migrantes solo como la última opción o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.
Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario.
Además, los Gobiernos se comprometen a garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.
Yo me pregunto por qué el Gobierno de Piñera no quiso firmar este Pacto Mundial sobre Migración de Naciones Unidas. Y mi hipótesis es que una parte de la Derecha chilena -para no meterlos a todos en el mismo saco- quiere seguir el mismo guion que la Derecha internacional, la extrema Derecha europea -Vox, por ejemplo, en España-, la Derecha neopopulista de Trump en Estados Unidos y de Bolsonaro en Brasil, las que aprovechan y usan la migración, el racismo, la xenofobia para sacar provecho político.
Lo hizo de alguna manera Piñera en su campaña el 2017 y lo siguen haciendo ahora en este contexto de crisis y de pandemia.
Yo tengo la convicción de que una política y una futura ley migratoria del siglo XXI tienen que estar basadas en estándares y principios de derechos humanos; en buenas prácticas de políticas migratorias, como recomienda Naciones Unidas: mecanismos de regularización transitorios; principio de no devolución; un consejo de migraciones abierto a la ciudadanía y a la sociedad civil; garantizar derechos políticos de los migrantes; que la misma ley no produzca más irregularidad.
En los Gobiernos de Piñera ha aumentado la migración irregular. Recordemos el show de Cúcuta, cómo generó una ola de llamada... (falla de audio en transmisión telemática)... pero después aumentó la migración irregular, por ejemplo de la población venezolana.
Con esto termino, señor Presidente.
El Banco Central ha dicho que en un período normal los migrantes aportan 4 mil millones de dólares al año a Chile y reciben mucho menos a cambio.
Yo llamo a mis colegas a generar una cultura de la hospitalidad, y a tratar a los migrantes como nos gustaría que los chilenos fueran tratados en el extranjero.
Gracias.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A usted, señor Senador.
--Queda pendiente la discusión particular del proyecto.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Terminado el Orden del Día.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.