REGULACIÓN DE MEDIDAS DE RETENCIÓN JUDICIAL DE FONDOS PREVISIONALES Y SUSPENSIÓN DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE RETIRO DE FONDOS EN RAZÓN DE DEUDAS POR OBLIGACIONES ALIMENTARIAS
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Conforme al acuerdo adoptado por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, para incorporar disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en razón de deudas por obligaciones alimentarias, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.682-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 63ª, en 5 de agosto de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 66ª, en 12 de agosto de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Este proyecto tiene por objeto establecer mecanismos tutelares especiales tendientes a fortalecer la cautela de los derechos derivados de pensiones alimenticias, invocados por medio de los procedimientos de los juzgados con competencia en materias de familia, a través de la retención de los fondos previsionales, cuyo retiro ha sido facultado por la reforma constitucional aprobada por la ley N° 21.248.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, por tratarse de un proyecto con urgencia calificada de "discusión inmediata" y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.
Además, hace presente el acuerdo de la Comisión para que el proyecto sea informado mediante certificado, sin perjuicio de que posteriormente se elabore el informe que detallará en extenso las consideraciones que tuvo presentes la Comisión para aprobarlo.
La referida Comisión aprobó en general el proyecto por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señoras Ebensperger y Órdenes y señores De Urresti, Galilea y Huenchumilla.
En particular, lo aprobó en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, con las votaciones que se consignan en el certificado.
El texto que se propone aprobar se registra en las páginas 12 y siguientes del certificado de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, el cual también se encuentra en la plataforma informática de esta sesión y fue remitido en su oportunidad.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
En discusión el proyecto.
Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti, para que entregue el informe de la Comisión de Constitución.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, Honorable Sala, la iniciativa que se sometió a la discusión de nuestra Comisión es de la máxima importancia.
Corresponde iniciar el estudio del proyecto que modifica la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia, para incorporar las disposiciones transitorias de regulación de medidas de retención judicial de fondos previsionales y de suspensión de la tramitación de la solicitud de retiro de fondos en razón de las deudas por obligaciones alimentarias (boletín Nº 13.682-07).
Esta iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional y tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Su objetivo es establecer mecanismos tutelares especiales tendientes a fortalecer la cautela de los derechos derivados de pensiones alimenticias invocados por medio de los procedimientos de los juzgados con competencia en materias de familia, a través de la retención de los fondos previsionales cuyo retiro ha sido facultado por la reforma constitucional aprobada por la ley N° 21.248.
Cabe recordar que esta ley agregó una disposición transitoria trigésima novena a la Constitución Política de la República, mediante la cual se autoriza excepcionalmente a los afiliados del sistema privado de pensiones regido por el decreto ley Nº 3.500, de 1980, así como a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, de forma voluntaria y por única vez, para retirar un porcentaje de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, a objeto de mitigar los efectos sociales derivados del estado de catástrofe por calamidad pública decretado a causa del COVID-19.
Esta norma dispone que los fondos retirados se considerarán intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención alguna, descuento, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa, ni podrá rebajarse del monto ya decretado de la compensación económica en el juicio de divorcio, con la salvedad de las deudas originadas por obligaciones alimentarias.
Para facilitar la aplicación de las disposiciones legales y órdenes judiciales tendientes a la retención de fondos previsionales en razón de deudas por obligaciones alimentarias, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que ahora analizamos.
Sus principales características son las siguientes.
Primero, confiere mayor eficacia a la medida cautelar de retención de los fondos, generando mecanismos que, tratándose de obligaciones alimentarias, permitan, en la práctica, salvar dificultades con las notificaciones de resoluciones judiciales.
Segundo, agiliza la resolución de solicitudes judiciales de medidas de retención de los fondos previsionales mediante la regulación de una tramitación expedita, en plazos brevísimos y aprovechando el uso de las vías electrónicas.
Tercero, otorga la eficacia tutelar que temporalmente se requiera para que la medida cautelar de retención de los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias se prolongue por todo el tiempo en que se mantengan las causas que motivan las medidas decretadas.
Cuarto, establece un mecanismo tutelar especial destinado a permitir una retención de fondos previsionales, cuyo retiro ha sido facultado mediante la reforma constitucional aprobada por la ley N° 21.248, que se activará periódicamente, por disposición legal, a fin de cautelar las deudas derivadas de pensiones alimenticias invocadas ante los juzgados con competencia en materias de familia y que se encuentren devengadas.
La iniciativa, aprobada por la Honorable Cámara de Diputados por 149 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, consta de un artículo único dividido en cuatro numerales, los cuales incorporan cuatro artículos transitorios a la ley Nº 19.968, que crea los tribunales de familia.
Señora Presidenta, Honorable Sala, la Comisión que presido, luego de escuchar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a la Ministra de la Excelentísima Corte Suprema señora Gloria Ana Chevesich, y a la magistrada de familia señora Mónica Jeldres, aprobó en general esta iniciativa por la unanimidad de sus integrantes, Senadoras señoras Ebensperger y Órdenes y Senadores señores De Urresti, Galilea y Huenchumilla.
A continuación, la Comisión examinó en particular cada uno de los cuatro números del artículo único del proyecto.
Durante su estudio, las Senadoras Allende y Rincón presentaron una serie de indicaciones tendientes a incorporar nuevos preceptos al proyecto, a la luz de los antecedentes que habían planteado las mencionadas autoridades judiciales.
Luego de un amplio debate en la Comisión y con el fin de aprobar con la mayor prontitud este proyecto y de facilitar que los alimentarios pudieran hacer efectivos, en el más corto plazo y en plenitud, sus derechos para el cobro de los alimentos que se les adeudan, de conformidad con la reciente reforma constitucional que aprobó el Congreso Nacional, las señoras Senadoras resolvieron retirar la mayor parte de sus indicaciones, dejando constancia en la historia de la ley de los argumentos tenidos en vista para su presentación.
Quiero, en nombre de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, agradecer el gesto de ambas Senadoras, quienes contribuyeron a la pronta tramitación de la iniciativa en la mañana, lo cual nos permite que se convierta prontamente en ley.
Quedan pendientes el tratamiento de otras medidas y mecanismos que en el futuro deberemos analizar para perseguir el efectivo cumplimiento de las sentencias de los tribunales de familia en materia de cobros de pensiones de alimentos.
Asimismo, se acordó con el Ministerio de Justicia hacer un profundo debate y formar una mesa de trabajo, atendido el alto porcentaje de incumplimiento de pensiones alimenticias en nuestro país.
Por estas razones, la Comisión que presido propone a la Sala aprobar en general y en particular este proyecto de ley.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Senador.
Se encuentra el señor Ministro Hernán Larraín, a quien le entrego la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Gracias, Presidenta.
Además de saludarla a usted, por su intermedio aprovecho de saludar a las Senadoras y los Senadores presentes en la Sala y a los que están conectados vía remota.
Hubiese querido asistir, pero, por lo rápido que ha sido todo esto, cosa que desde ya agradezco, me resultó imposible hacerlo.
La verdad es que este proyecto busca que a través de la reforma previsional que autorizó el retiro, por una sola vez, de hasta el 10 por ciento de los fondos previsionales, se puedan retener los fondos de un afiliado para cumplir las deudas alimentarias que ese afiliado tuviere.
Como todos sabemos, la deuda alimentaria es una deuda inmensa que existe en el país y afecta a cientos de miles de niños, niñas y adolescentes y, ciertamente, en su inmensa mayoría, a mujeres. Y la verdad es que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho a través de distintos caminos legislativos, ha sido siempre muy difícil conseguir su pago. Las cifras indican que del orden del 15 o 16 por ciento de las personas con estos compromisos cumple con el pago de dicha deuda, y que el resto no lo hace.
Según estadísticas obtenidas hace un tiempo, cuando presentamos ante este Senado el proyecto que crea en el boletín comercial (Dicom) un registro para los deudores alimentarios, son 180 mil millones de pesos los que se deben por concepto de deudas alimentarias no pagadas.
Por lo tanto, Presidenta, la reforma constitucional aprobada, que tuvo una larga y apasionada discusión, abrió una ventana que ha logrado, en este caso, un gran consenso para permitir, a través de esta vía, que se paguen, a lo mejor en forma íntegra o al menos en una buena parte, las deudas alimentarias que aún se encuentran pendientes.
Lo que el Gobierno ha hecho, al igual que el Poder Judicial, es crear mecanismos efectivos que hagan posible que esa ventana que abrió la reforma constitucional se cumpla y sea efectiva. Los tribunales han generado protocolos y procedimientos de rápida comunicación con las AFP para asegurar que se realice la retención. Y lo que esta iniciativa busca es asegurar que con los mecanismos expuestos en buena parte por el Presidente de la Comisión de Constitución, el Senador De Urresti, sea posible que aquel objetivo se cumpla y no se burle o se evite el pago.
La celeridad de este proyecto resulta indispensable porque, según la información con que contamos, 3 millones de cotizantes ya han retirado sus fondos y es probable que muchos de ellos posean deudas alimentarias y no se haya podido retener esos dineros, pues, no obstante el esfuerzo de los tribunales, el proceso ha sido un poco lento. Siempre existe alguna limitación y faltan algunas medidas, que son las que precisamente incorpora esta iniciativa para asegurar que la retención sea efectiva y resuelva el problema.
Cabe destacar que este proyecto fue aprobado por unanimidad tanto por la Cámara de Diputados como por la Comisión de Constitución del Senado al pronunciarse sobre la idea de legislar.
En particular, quisiera destacar una situación que se produjo hoy en la discusión en ese organismo.
Este proyecto, como todos los proyectos, es perfectible. Hubo parlamentarios que presentaron indicaciones, particularmente las Senadoras Allende y Rincón, que buscaban mejorar el texto. Y la verdad es que nosotros también hubiésemos querido perfeccionar algunos aspectos, si hubiese habido tiempo para la tramitación de esta futura ley. Pero, al final, se entendió que los temas centrales que se buscaba corregir o perfeccionar estaban de alguna manera comprendidos en la legislación vigente y que con una buena acción judicial se podían resolver. En definitiva, no se insistió en las indicaciones, con el propósito central de asegurar el más rápido despacho de esta iniciativa.
Lo destaco porque el Senado, como Cámara revisora, no solo tiene el derecho sino probablemente el deber de corregir siempre los proyectos. En este caso, no es que el texto presente errores graves -no tiene ninguno-, pero las cosas siempre se pueden perfeccionar. Y es parte de lo que hace esta Corporación. Todas las obras humanas son perfectibles.
Sin embargo, en la medida en que la iniciativa cumple sus objetivos, se depuso aquello, lo cual ha permitido, Presidenta y Senadoras y Senadores, lograr un proyecto aprobado, en lo fundamental, por unanimidad, que espero que el Senado despache esta tarde, para tenerlo como ley vigente, ojalá, dentro de esta semana y publicado en el Diario Oficial no después del sábado. Vamos a hacer el máximo esfuerzo en ese sentido.
Como se ha dicho, lo que hace la iniciativa es, básicamente, instalar en forma transitoria una medida cautelar en la Ley de Tribunales de Familia, destinada a asegurar la retención de los fondos para garantizar, por esta vía, el pago de las pensiones alimenticias adeudadas.
Establece también una consulta a los solicitantes de los retiros respecto de si tienen o no deudas impagas; una nómina de las deudas liquidadas en los juzgados con competencia, para asegurar que por esta vía se retengan también las deudas ya liquidadas en conocimiento de los tribunales, y un informe de los retiros efectuados para cuando la retención llegue con posterioridad, para verificar algunas consecuencias.
Respecto de la cautelar de retención, esta puede decretarse, o a solicitud del alimentario, o de oficio por parte del juez cuando la deuda ya esté devengada. Esto ayuda a que exista una proactividad judicial para avanzar con la mayor rapidez en la definición de la retención. La retención debe decretarse de plano por el juez en el más breve plazo, que no puede pasar de 48 horas, cuando sea solicitada por el alimentario, y surte efectos antes de la notificación al deudor, cuestión fundamental, pues, de lo contrario, podrían pasar muchos días, los suficientes para que se produjera el retiro y la medida de retención resultara inútil.
Dicha resolución se notifica a la AFP por medios electrónicos y en el más breve plazo posible. Y, si no se sabe cuál es la administradora del deudor, se notifica a todas las AFP, para evitar cualquier complicación.
Al mismo tiempo, la notificación de la medida de retención al deudor se hace como un encargo a la AFP, para que la realice al domicilio que el afiliado tenga registrado. Esto es crucial, porque normalmente las notificaciones son la parte débil en los juicios de alimentos, ya que no se logra ubicar a los deudores y los juicios muchas veces o no proceden o se demoran enormemente en materializar las gestiones judiciales que deben certificarse vía notificación.
Otro aspecto muy central es que la medida de retención no requiere renovación, por tener valor indefinido durante todo el tiempo en que se mantenga decretada y durante el período en que la ley se halle vigente, es decir, un año desde la promulgación de la reforma constitucional.
Un segundo elemento es el envío, en forma periódica por parte de los tribunales, de las nóminas de las deudas liquidadas, con el propósito de informar de inmediato a las AFP cada vez que se produzcan estas liquidaciones, de modo que las administradoras retengan las sumas liquidadas en las cuentas de los solicitantes que quieran retirar sus fondos. Así aseguramos, de nuevo, que se pague y se cumpla con esta obligación.
Se establece, en tercer lugar, una consulta a los solicitantes: "Dígame: ¿tiene o no usted deudas alimentarias?". Porque, si las tiene, el proceso obliga a las AFP a retener el retiro que desea efectuar el afiliado hasta que acredite ante el tribunal que pagó o caucionó de forma suficiente la deuda registrada en su declaración y que consta en un proceso determinado. Esto es muy importante, porque nos ayuda a que el afiliado se obligue a cumplir con su obligación.
En un cuarto punto, la AFP se encuentra obligada a informar al tribunal de todos los retiros realizados antes de llegar la orden de retención, para así conocer los antecedentes de la persona. Como ya decía, esta situación ya se está produciendo con 3 millones de cotizantes. Y, en tales circunstancias, se obliga a la administradora a informar el domicilio del solicitante, por las razones ya indicadas, así como el monto retirado, la fecha de solicitud del retiro y la fecha de entrega de los fondos. Y, adicionalmente, deberá informar también si el afiliado, antes de que le fuera entregado el dinero, declaró si tenía o no deudas alimentarias. Si las tenía y la AFP le pagó, esta se hará responsable de las consecuencias de ese acto y será perseguida por la Superintendencia y ante los tribunales, por lo que corresponda. Ahora, si el afiliado no declaró las deudas, la AFP tendrá que poner todos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para que este persiga en los tribunales de justicia las responsabilidades penales que pudieran existir.
Con esto, Presidenta, se cierra el diseño que hemos hecho para asegurar de una manera efectiva este derecho que le ha surgido a los alimentarios para poder cobrar sus deudas dentro del retiro de los fondos que autorizó la correspondiente reforma constitucional.
Creemos que nuestra responsabilidad es, en estos casos, ejecutar efectivamente las decisiones que adopta el Congreso cuando estas requieren de una bajada especial, de una aplicación, de una implementación que haga posible el cumplimiento de su objetivo.
Consideramos que aquí hay un trabajo muy bien hecho. La Cámara de Diputados discutió y despachó con rapidez esta iniciativa, y el Senado hizo realmente lo propio en muy pocos días.
Así que, junto con reiterar mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Constitución por la labor realizada, como también a las Senadoras y los Senadores que se incorporaron al estudio de este proyecto precisamente por el interés que tiene esta materia, quisiera agradecerles también la celeridad con que se ha tramitado esta iniciativa, que espero contribuya efectivamente a que este derecho a poder cobrar la deuda alimentaria antes de que el afiliado retire el 10 por ciento de los fondos previsionales que les fueron autorizados por la reforma constitucional pueda servir para hacer justicia a niñas, niños y adolescentes y a muchas mamás que llevan años, ¡años!, esperando una solución a su problema.
No olvidemos que en Chile un porcentaje muy alto de la población tiene a mujeres jefas de hogar, y son ellas las que afrontan esta situación. Y la inmensa mayoría de los deudores son, lamentablemente, hombres que en forma irresponsable no cumplen con su deber frente a sus propios hijos o frente a su mujer, o en ambos casos, lo que nos parece muy deplorable, muy triste, una muy mala señal social.
Esta reforma da una señal concreta para avanzar en esa dirección, a cuyo respecto hemos querido colaborar a que se haga efectiva.
Termino, Presidenta, manifestando que estamos trabajando, sin perjuicio de estas normas, en la presentación de una indicación sustitutiva a los muchos proyectos que han presentado parlamentarios y parlamentarias en este último tiempo para mejorar el régimen de pensiones alimentarias; ello, sumado al hecho -como señalaba- de instalar este boletín comercial, este Dicom, con el propósito de que cada vez que alguien incumpla sus deudas, transcurridos ciertos plazos razonables para que pueda ponerse al día, pase a esa página como deudor moroso, en forma pública, y tenga las consecuencias del caso.
Esperamos que ese conjunto de normas pueda ser un paso más para asegurar que esta obligación se cumpla.
Por ahora, aprovechando esta ventana de oportunidades que abrió la reforma constitucional, contribuimos, colaboramos a que en alguna medida se haga justicia a todas esas mujeres y niños que hace años llevan esperando una respuesta.
Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, Senadoras y Senadores.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias a usted, señor Ministro.
El Senador Coloma ha solicitado la palabra para un punto de Reglamento.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor COLOMA.- Presidenta, después de oír al Ministro, de ver además las explicaciones que se han dado, y por la urgencia, yo quiero pedirle, particularmente, que se pueda abrir la votación, con la reserva, por cierto, de los tiempos propios que amerita este tipo de debate.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Recabo el acuerdo de la Sala en ese sentido.
Acordado.
Tal como lo hemos hecho en sesiones anteriores, los cinco minutos que se entregan para la discusión se pueden sumar a los tres minutos de la fundamentación del voto.
Les concederé inicialmente la palabra a los señores Senadores que la han pedido acá, en forma presencial.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.- Gracias, Presidenta.
Estimados y estimadas colegas, el presente proyecto del Ejecutivo, sin lugar a dudas, es un avance en un asunto de la mayor necesidad.
Las deudas de pensiones de alimentos son un tema muchas veces invisibilizado y hasta minimizado por la sociedad. Se habla de los deudores de alimentos como "papitos corazón". Esto no es más que caricaturizar un tema complejo, minimizar el drama que viven 70 mil niños, niñas y adolescentes, cuyas deudas en pensiones alimenticias suman más de 180 mil millones de pesos y con una morosidad superior al 84 por ciento.
Lo digo y lo mantengo: señora Presidenta, no son "papitos corazón"; son infractores de ley, y de "papitos" tienen solo el nombre.
El 90 por ciento de los deudores son hombres, y el 10 por ciento, mujeres. Sí, nueve de cada diez deudores son hombres, agravando la situación desmejorada de la mujer en el tema económico y laboral. Pero también sabemos que son miles los padres que efectivamente cumplen sus obligaciones y, sin embargo, se les impide ver a sus hijos.
Por ello, hay que enfocar este problema desde la perspectiva de los niños, niñas y adolescentes. No es un tema de hombres o de mujeres, ni de madres o de padres. Es un asunto de la infancia, y como sociedad, señora Presidenta, debemos darle la importancia que corresponde.
El Estado, como sabemos, está al debe con la infancia. Lo digo porque esto no corresponde exclusivamente a un tema relacionado con las familias, sino que es un tema social, y el Estado debe involucrarse.
Vimos cómo el caso de Ámbar le puso rostro a la situación de vulnerabilidad en que viven miles de niños y jóvenes: esa menor fue a buscar el dinero de la pensión alimenticia que le envió el padre y, trágicamente, su vida le fue arrebatada a manos de la pareja de su madre.
Allí fallaron todas las alarmas y medidas preventivas que como Estado debiéramos tener, por lo que debemos establecer otras, como aumentar facultades cautelares al juez en casos de vulnerabilidad y permitir que cuidadores de hecho reciban pensiones en sus cuentas o a través del tribunal.
Como Presidenta de la Comisión de Infancia, me ha tocado ver el drama en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y una ayuda imprescindible para lograr concretar los tan conocidos derechos de los niños es contar con recursos materiales para su desarrollo. De ahí la importancia de tener recursos económicos permanentes con los que los niños, niñas y adolescentes puedan subsistir.
Señora Presidenta, al tratar esto solo como un tema privado de la familia, el Estado está incumpliendo su deber de protección a la infancia. Así que deben establecerse varias medidas para evitar que se eluda el pago de pensiones. Y por ello celebro la conformación de una comisión amplia, a la que se me ha invitado como Presidenta de la Comisión de Infancia por parte de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Una de las principales modificaciones tiene que ser el establecimiento de un fondo solidario de pensiones alimenticias, de carácter estatal y subsidiario, en donde el Estado cuente con reservas para proveer a los niños, niñas y adolescentes vulnerados de nuestro país, que son abandonados económicamente por uno de sus padres. Además, el Estado debe perseguir con mano firme a los deudores, de tal manera que el fondo no se transforme en un incentivo al incumplimiento, sino que se complemente con medidas efectivas de retención de salarios y de devolución de impuestos, con aumento de las penas a los empleadores que se coludan con los deudores para falsear ingresos, con información de deudas en el Boletín Comercial y con la imposibilidad de que los deudores puedan acceder a beneficios estatales.
Esto ya existe en países como Francia y España, donde los estándares de protección a la niñez son altos y acordes a la importancia que tienen.
Señora Presidenta, cuando introdujimos la indicación que permite la retención del 10 por ciento a los deudores de pensiones de alimentos en la discusión del proyecto de reforma constitucional sobre retiro del 10 por ciento, nuestra intención fue saldar la deuda histórica que tenemos con la infancia. Y digo "tenemos" porque, como señalé, esto debe ser un tema de Estado: trasciende a los gobiernos.
Frente a eso, yo espero que el Gobierno honre el compromiso que dice tener con la infancia y le ponga urgencia a los proyectos de reforma constitucional que este Senado ha presentado mediante iniciativas de la Senadora Allende y nuestra, para que los padres que se niegan a hacer el retiro de los fondos puedan ser obligados por el juez a realizar aquello, aunque, como nos han informado esta mañana, la Cámara de Diputados avanzará más rápido en estas materias.
Por lo tanto, ese tema lo veremos de todas maneras.
Finalmente, debo señalar que apruebo este proyecto de ley. Y, tal como se ha dicho aquí, con la Senadora Allende retiramos la mayoría de nuestras indicaciones para avanzar con rapidez, aunque creo que lamentablemente hay cosas que no van a quedar suficientemente claras.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, la posibilidad de retirar el 10 por ciento de los fondos acumulados en las AFP es una decisión personal, una opción que se dio de manera extraordinaria y para tiempos difíciles, muy difíciles, que debe ser tomada de manera responsable.
Con mayor razón la paternidad es un hecho que implica una de las más grandes responsabilidades que tiene la persona: dar vida y formar a un ser humano. Que más del 80 por ciento de los padres que tienen causas en tribunales lo sean por deudas de pensión de alimentos no es solo un tema entre privados, sino también de bienestar público y de salud pública.
Además, que se puedan pagar los alimentos adeudados con el 10 por ciento para aquellos que soliciten el retiro es de toda justicia y se asemeja a la devolución a través de la retención de impuestos, que se hace todos los años en abril, que ya está permitido por la Ley de Alimentos.
Para aquellos casos en que el padre o la madre deudor que efectivamente no ha podido pagar, porque sus medios son escasos o porque simplemente no los tiene, ocupar parte o el total del 10 por ciento constituye una oportunidad de regularizar su situación, de ponerse al día, en definitiva, de hacer lo correcto.
En el caso de aquellos infractores, porque esos son infractores de la ley, que conscientemente han demorado el pago de su obligación, para aquellos denominados "papitos corazón", que deliberadamente buscan escaparse de su responsabilidad, este proyecto constituye una sanción muy ejemplarizadora y una esperanza de alivio y de ayuda para todas aquellas madres o padres que han quedado con el cuidado personal de los hijos en común.
Si fuimos capaces de romper paradigmas con el retiro del 10 por ciento de las AFP, pudiendo ayudar a 7 millones de personas que no solamente lo han pasado mal, sino que muy mal por la pandemia, con mayor razón es justo que también vayamos en ayuda de todas aquellas familias que llevan meses, años, esperando el pago de alimentos.
Por ello, con mucha convicción, con la misma con que voté el retiro del 10 por ciento de las AFP, hoy día lo hago con este proyecto de ley que hace justicia a muchas familias y a muchas mamás.
De tal manera que esto contribuye a seguir priorizando el rol de la niñez, el rol de las madres, y es una demostración más de que somos capaces de ponernos en el lugar del otro y contribuir a beneficiar a muchas familias.
La pensión alimenticia no es para la madre, la pensión alimenticia es para los hijos, para aquellos hijos que necesitan mantenerse, estudiar, sobrevivir, comer.
Por eso, señora Presidenta, mientras menos hablemos y mientras más rápido votemos, mejor será la ejecución de esta iniciativa de ley.
Voto "sí".
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, a mí me parece muy importante y valioso poder avanzar en que aquellos padres o madres que no han pagado la pensión de alimentos tengan que cumplir con ello. Pero a mí me gustaría clarificar algunos puntos.
Cerca del 80 por ciento de los que no pagan son hombres. Yo creo que hay una actitud muy distinta de hombres y mujeres respecto a la responsabilidad para con los hijos y las hijas. Pero tenemos otro antecedente: cerca del 70 por ciento de los jefes de hogar en Chile son jefas de hogar.
Y, si bien yo estoy de acuerdo con la retención del 10 por ciento para aquellos padres que no han cumplido con su obligación, me preocupa que no abordemos integralmente esto. Por ello, creo que tenemos un pendiente, porque qué pasa con aquel padre que, justamente, para no cumplir con el mandato de la pensión de alimentos decide simplemente no retirar su 10 por ciento.
A mi juicio, es importante señalar que las más de las veces son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de los hijos y las hijas. Y las mujeres son las que deben alimentarlos, vestirlos, conseguir sus medicamentos, hacerse cargo de ellos. Es algo de lo cual ellas no pueden evadirse, y tienen una responsabilidad. Son las mujeres las que se endeudan, y en ocasiones por años, teniendo que trabajar en condiciones muchas veces dramáticas para poder sostener a los hijos y a las hijas.
Y no solamente eso. En varias ocasiones no se otorga una debida acción de la justicia ni de las policías. Los hombres pueden evadir durante años, durante décadas la responsabilidad del pago de pensiones de alimentos, porque no son notificados, porque se cambian de casa, porque prefieren no tener contrato de trabajo, justamente, para evadir esto.
Y muchas veces las mujeres deben tener, además, el rol de suplantar a las policías: ellas tienen que andar persiguiendo a los hombres para ver de qué manera se los puede notificar.
Entonces, señora Presidenta, creo que aquí hay un tema que está mal planteado. Los hombres o las mujeres, pero fundamentalmente los hombres que no pagan su pensión de alimentos ¡violan derechos humanos! Por ello debieran tener una sanción penal. Y no es aceptable que puedan evadir esto de por vida, usando subterfugios.
Y quiero poner un elemento comparativo.
Yo soy autor de la Ley Cholito, y cuando una persona deja de alimentar a un animal, se considera maltrato y tiene una sanción penal. Me parece muy bien que se haga cuando existe un maltrato a los animales, pero es incomprensible que hayamos sido tan permisivos tratándose de hombres, mayoritariamente, que violan los derechos humanos de sus hijos y sus hijas no alimentándolos, no cumpliendo con requisitos mínimos, que debieran estar establecidos claramente como derechos humanos fundamentales porque lo son, y que dan la espalda a sus hijos y a sus hijas.
Señora Presidenta, si bien apoyo con mucho entusiasmo este proyecto, porque es algo de reparación, algo de justicia, me parece que tenemos que hacer una modificación más profunda para que no sean las mujeres las que tengan que andar persiguiendo y viendo dónde está viviendo su expareja, dónde se la puede notificar, qué trabajo tiene.
Como se ha señalado acá, no puede ser que en Chile no se cumplan los derechos fundamentales de alimentación.
Si un hombre o una mujer deciden tener un hijo o una hija, es una responsabilidad ineludible que se le entreguen los recursos necesarios básicos para su alimentación. Eso debe ser considerado un tema de derechos humanos.
Y así como lo hicimos con la Ley Cholito para los animales, más aún debiéramos hacerlo con los seres humanos.
Entonces, señora Presidenta, creo que esto es un avance, pero tenemos que ir todavía mucho más allá y regularlo de una vez por todas para que se termine con esa situación, que es inmoral, que es poco ética y que de verdad se sancione a los violadores de derechos humanos, que actúan de manera muy grave, porque más aún, más encima, se trata de sus hijos o sus hijas.
Yo propongo a este Senado que podamos avanzar en esa dirección.
He dicho.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senadora Goic, punto de reglamento.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, solicito la autorización de la Sala para que podamos discutir en general y en particular a la vez un proyecto en la Comisión de Trabajo (esta es una solicitud de la Senadora Sabat), el boletín N° 13.553-13, que modifica el Código del Trabajo para posibilitar el trabajo a distancia o teletrabajo de las trabajadoras embarazadas, en caso de alerta sanitaria por causa de pandemia de una enfermedad contagiosa.
Dado que es un proyecto que tiene que ver con el COVID y que busca proteger, sobre todo en la etapa de embarazo, solicito que lo podamos tramitar en general y en particular a la vez.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala para tratar dicho proyecto en general y particular a la vez?
Acordado.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Antes de seguir entregando el uso de la palabra, quiero recordar que tenemos urgencia para discutir el proyecto de reforma constitucional sobre el plebiscito, el cual requiere quorum especial de aprobación.
Pero ya no contamos con él, porque hay problemas de tránsito hoy día. Dejo consignado que, pese a la urgencia de dicha iniciativa, no hay posibilidad de tramitarlo ahora.
Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.- Presidenta, estamos citados para mañana por acuerdo de la Sala y, más allá de que sea una sesión especial, podemos votar ese proyecto a primera hora.
Creo que es lo más razonable.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En una sesión especial no se pueden incorporar proyectos de tramitación legislativa.
El señor PIZARRO.- Entonces, cite a una sesión especial media hora antes o media hora después.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, eso es lo que quería proponer: sesionar de 10 a 12 en una sesión extraordinaria,...
El señor PIZARRO.- O después, de 14 a 15.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-... y luego vendría la sesión especial de 12 a 14.
¿Habría acuerdo de 10 a 12?
Acordado.
¡La barra de la Sala dice que sí...!
El señor INSULZA.- Pido la palabra, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
El señor INSULZA.- Pedí la palabra por reglamento.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Por reglamento, Senador Insulza?
El señor INSULZA.- Sí, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.
El señor INSULZA.- Usted acaba de proponer y aprobar, sin que alguien alcanzara a decir nada -yo, por lo menos-, un nuevo trámite expedito para otro proyecto de ley.
Si el mecanismo a seguir va a ser otra "discusión inmediata" u otro tratamiento en Fácil Despacho de treinta minutos, en el cual ni siquiera podremos opinar sobre algo que nos parece muy controvertible, yo no voy a dar el acuerdo para la discusión en general y en particular que se ha pedido. Que sea en general primero y después, en particular.
Así no podemos seguir legislando, Presidenta.
Por tanto, yo no estoy de acuerdo con la discusión en general y en particular a la vez del proyecto que usted señaló recién.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Insulza, lo que acordamos fue autorizar a discutir en general y en particular un proyecto de ley que está en la Comisión de Trabajo.
Es una iniciativa que no ha llegado a la Sala, que aún está en trámite de Comisión.
El señor INSULZA.- Es que la situación que sigue a eso, Presidenta -y lo hemos visto varias veces-, es que los mismos miembros de la Comisión son los únicos que hablan, y los demás votamos solamente.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien, se registra su reclamo.
El tema es otro.
El señor INSULZA.- Presidenta, por lo menos debiéramos tener la oportunidad de dar una opinión sobre esto y no repetir lo que hicimos ahora: nadie quería votar en contra del proyecto, pero lo votamos negativamente o nos abstuvimos porque no hubo posibilidad alguna de discutir siquiera lo que la iniciativa decía.
Entonces, yo no voy a aprobar lo que se pidió.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Insulza, esos reclamos son para la reunión de Comités. Todo lo que aquí hacemos es con acuerdo de los Comités.
Hay dificultades en la tramitación de los proyectos, por cierto, porque son muy largas las votaciones, por los inconvenientes propios del trabajo remoto.
Pero vamos a considerar lo relativo a las discusiones en Fácil Despacho, pues efectivamente no duran media hora, sino mucho más.
El acuerdo que hemos tomado es sesionar mañana, de 10 a 12, para tramitar el proyecto de reforma constitucional sobre el plebiscito, cuyo informe lo dará la Comisión de Constitución.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Vamos a seguir con las intervenciones sobre el proyecto en estudio.
Senador Sandoval, tiene la palabra.
El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.
Cuando hablamos del pago de pensión alimenticia para un hijo o una hija, estamos refiriéndonos a un ámbito respecto del cual parece increíble tener que estar legislando.
¿Cómo alguien no puede responsablemente hacerse cargo de algo tan esencial y básico, tan propio de una corresponsabilidad que tanto se quiere hoy día en materia de paternidad-maternidad?
Que el 85 por ciento de las personas con la obligación de cubrir pensiones alimenticias para la manutención de sus propios hijos o hijas sean deudores y no las estén pagando resulta, desde todo punto de vista, absoluta y totalmente condenable, por lo que ello implica.
¡Cómo es posible que a alguien se le tenga que obligar!
Y, para ello, es preciso hacer uso hoy día de una norma que está en desarrollo. Me refiero a la ley que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales.
Tenemos que buscar alambicadamente un camino a través del cual revertir en parte el problema que generan estas deudas con los hijos o hijas.
¿De qué culpa humana se trata? ¿De qué valor psicológico y social de responsabilidad estamos hablando aquí?
El Ministro señalaba una deuda superior a los 180 mil millones de pesos por concepto de pensiones alimenticias impagas. Pero, más allá del valor, más allá de la cifra, uno piensa en qué hay detrás de esas familias, de esas madres que tienen que hacerse cargo de la manutención de sus propios hijos, sin participación de quien también fue parte de ese ámbito tan particular que significa tener un hijo.
Se ha señalado acá que esta no es una solución integral. Sin duda no lo es, porque esta iniciativa se enmarca en determinada circunstancia que vivimos, en la que un número no menor de cotizantes están haciendo retiro de su 10 por ciento. Por tanto, evidentemente esto se requiere realizar con premura.
Por eso me quedo con las palabras del Ejecutivo ante la duda. Alguien preguntó: ¿Qué pasa con aquella persona que no retira el 10 por ciento? No se le puede hacer efectivo el cobro. Pero tenemos el compromiso formal del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, ¡gran Ministro de Justicia!, en el sentido de ingresar una reforma constitucional -la idea es que no se produzca un choque con la iniciativa en esta materia-, con el objeto de hacer exigible esta retención a quienes no han hecho el retiro por diversas razones -posibilidad a la que obviamente no van a estar sujetos con el presente proyecto-, para que las madres puedan recibir las pensiones alimenticias adeudadas.
Cuando hablamos de tal irresponsabilidad en nuestra sociedad, debemos remecernos en lo profundo. No es lógico que alguien quiera eludir su corresponsabilidad frente a sus propios hijos, a sus propias hijas. Eso no habla bien de nosotros como sociedad.
Esta no es una solución definitiva, porque va a depender de lo que hoy día está aconteciendo con relación a quienes hacen retiro de parte de su ahorro previsionales. Aún queda un cúmulo enorme de personas que, sin duda, va a estar ajeno a esta situación.
Por eso me quedo con el compromiso manifestado por el Ministro de Justicia respecto de ingresar una modificación para complementar esta propuesta y hacerla más eficiente.
Todas las medidas que se han adoptado y las disposiciones que regulan esta materia no han sido efectivas; por algo el 85 por ciento no ha cumplido con este aspecto tan esencial, tan básico, de su corresponsabilidad humana frente a sus propios hijos. Habrá que corregir y perfeccionar la normativa, porque esto no debería estar pasando.
La Senadora Rincón me invitó a ser parte de una moción en este sentido. Me alegro de que el Ejecutivo haya presentado una indicación sustitutiva para hacerse cargo más integralmente del problema que se está presentando en este minuto.
Voto absolutamente a favor, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Sandoval.
Tiene la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.- Gracias, Presidenta.
Las vueltas que da la vida: hace pocos días o semanas escuchábamos al Gobierno, al Presidente, al Ministro Briones, señalar que era una pésima idea, una muy mala idea, el retiro del 10 por ciento. Cuando presentamos ese proyecto de reforma constitucional, nos dijeron que iba a ser catastrófico, caótico para el país y para la economía. Sin embargo, hoy hemos escuchado al propio Ministro de Economía manifestar que el retiro de esos fondos ha significado una inyección económica.
Y ahora, de manera muy especial, lo que estamos realizando a partir de aquella ley, es hacer justicia con respecto al pago de las pensiones de alimentos.
El proyecto que hoy discutimos, Presidenta, y que vamos a aprobar, no es más que la respuesta natural y obvia de las políticas que hemos implementado para asegurar el derecho de alimentos, en beneficio de nuestras niñas y niños, lo que obviamente es insuficiente.
Tras la aprobación de la ley sobre el retiro del 10 por ciento, donde impulsamos la inembargabilidad del dinero retirado, se estableció solo la excepción de retener por pago de alimentos, siendo esta una realidad mayoritariamente de madres e hijos.
Hemos llegado a este punto porque las medidas, como ya señalé, siguen siendo insuficientes. Por ejemplo, desde la academia, investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile identificaron graves inconvenientes que son utilizados por quienes están obligados a pagar una pensión, pero que optan por eludir tal responsabilidad. Entre ellos, están los procesos de mediación mal implementados; las dificultades prácticas para notificar al padre renuente a pagar una pensión; los problemas para determinar la capacidad económica real del deudor, y los plazos incompletos en la legislación para iniciar el proceso de cobro de la deuda.
Analizando esos puntos, queda claramente demostrado que el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales se transformó no solo en una ayuda para los afiliados, sino además en una gran oportunidad para cumplir en casos de deuda por pensiones de alimentos.
Proteger a niños y niñas no es un interés jurídico cualquiera, sino uno superior, lo que implica que ha de prevalecer sobre otros intereses jurídicos en caso de haber conflicto entre el primero y los segundos, específicamente cuando estos últimos sean los de los progenitores o, en general, los de cualquier otra persona o de la sociedad toda.
Me alegra mucho estar votando este proyecto de ley y hacer justicia con estos retiros de fondos.
La Ministra del Trabajo en algún momento hizo una declaración respecto al indebido uso de los dineros. En ese entonces le dijimos: "Ministra, el dinero es de las personas".
Pero, cuando discutíamos el retiro del 10 por ciento, efectivamente se hizo la salvedad de permitir hacer justicia con respecto a las deudas que mantienen los padres con sus hijos, mayoritariamente.
Voto favorablemente, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Bianchi vota a favor.
Vamos a proceder a consultar la opción de voto de los Senadores que se encuentran participando en forma remota.
Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
Ahí está el Senador señor Quinteros.
Senador, tiene que activar su micrófono.
El señor QUINTEROS.- ¿Ahora?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora sí.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, el Ejecutivo pudo haber incorporado esta materia en la discusión del proyecto sobre el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. No lo hizo, porque ello significaba respaldar una idea con la que no estaba de acuerdo.
Esta iniciativa aspira a complementar lo ya dispuesto en la ley de retiro de fondos de la AFP, en lo que respecta a las deudas por pensiones de alimentos.
En este punto, aprovechando la presencia del señor Ministro, quiero detenerme en una reflexión que apunta al fondo del problema.
Hemos escuchado cifras bastante preocupantes respecto del nivel de incumplimiento de esta obligación. Se señala que el 84 por ciento de los demandados en causas de alimentos, principalmente hombres, no paga la pensión fijada por el tribunal. Estamos hablando de una deuda que bordea más o menos los 200 mil millones de pesos.
Medios de comunicación y algunos colegas parlamentarios han indicado que son unos setenta mil niños, niñas y adolescentes los afectados por esta deuda. Pero es necesario hacer una precisión para dimensionar el problema en su real magnitud.
Cuando se habla de 70 mil personas, se alude al promedio de los últimos cinco años: el 2015 se decretó el pago de 79 mil pensiones, y 71 mil de ellas no fueron cumplidas; el 2016 se decretaron 76 mil pagos, y 67 mil no fueron cubiertos, y así sucesivamente.
Para un 85 por ciento de los deudores se han emitido órdenes de arresto. Solo 300 cumplen con detención nocturna. ¡Y no es que el resto haya pagado su deuda! Algunos lo hacen parcialmente; otros se comprometen a hacerlo, y muchos ni siquiera logran ser ubicados por las policías. Esto explica por qué entre el 28 y 31 de julio del presente año presenciamos largas filas de mujeres en los tribunales de familia solicitando la retención del 10 por ciento de los progenitores deudores. ¡Solo durante esos cuatro días se ingresaron 210.104 solicitudes de retención!
Podríamos seguir revisando datos, que solo permitirán ratificar la percepción de que el sistema de cobros de pensiones alimenticias es altamente ineficiente. Aquí fallan cuestiones muy particulares: se produce el desapego y la falta de compromiso de quien debe pagar la pensión, y falta efectividad en los procedimientos institucionales para ubicar, perseguir y sancionar a quienes no cumplen con su obligación.
¿De qué sirve tener leyes que pocos respetan y menos cumplen?
Por mucho tiempo hemos visto el cuidado personal de los hijos y la pensión de alimentos como asuntos que deben ser resueltos entre particulares. Las cifras hoy, una vez más, nos demuestran que estos problemas son de carácter social y requieren de la intervención del Estado.
Un estudio realizado el año 2014 por investigadores de la Universidad Católica identificó siete nudos críticos que favorecen la elusión del pago de pensiones: entre ellos, procesos de mediación mal implementados; dificultades en las prácticas para notificar al padre renuente a pagar la pensión; problemas para determinar la capacidad económica real del deudor, y dificultades para hacer efectivos los apremios personales que la ley contempla para persuadir a los deudores de alimentos.
El Ministro de Justicia dijo que se estaba estudiando una legislación. Yo le quiero recordar, con el mayor respeto que me merece el señor Ministro, que en mayo de este año el Gobierno ingresó un proyecto que busca incorporar a los deudores de pensiones alimenticias al boletín comercial. Pero, aunque no nos cansamos de afirmar que los niños están primero, a dicha iniciativa no se le ha dado ningún tipo de urgencia.
El proyecto que votamos hoy allana en cierto modo el pago de la obligación por alimentos y demuestra que se pueden establecer ciertas coordinaciones entre la justicia y, en este caso, las administradoras de tales fondos para ubicar a los progenitores deudores. Curiosamente, en este aspecto las AFP resultan ser más eficientes que la policía para encontrar a los infractores. No obstante, sigue siendo solo una medida circunstancial que no termina de resolver el serio problema de la morosidad. Hubiera sido más efectivo que la retención tuviera carácter obligatorio, incluso sin mediar la solicitud de retiro de fondos.
Lamentablemente, una vez más queda de manifiesto la vulnerabilidad de los niños, las niñas y adolescentes frente a un sistema que hasta ahora no ha logrado conseguir que sus padres cumplan con el deber mínimo de pagar mensualmente una pensión alimenticia.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Quinteros vota a favor.
Han solicitado adelantar su voto, sin derecho a fundamentar, los Senadores señores Ossandón y García-Huidobro.
Senador señor Ossandón, ¿cómo vota?
El señor OSSANDÓN.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Gracias, Presidenta.
Lo han dicho varios de los Senadores que me antecedieron: tenemos un grave problema de fondo, que es la falta de compromiso de muchos padres chilenos para pagar las pensiones de alimentos que los tribunales han decretado en favor de sus hijos o de otras personas.
Es una realidad que existe hace mucho tiempo, pero que hoy día, a la luz de la discusión de este asunto, toma visibilidad.
Por eso, yo aplaudo la iniciativa del Gobierno, que nos informara hoy día el Ministro de Justicia, de conformar una mesa de trabajo para abordar la cuestión de fondo que aquí ha quedado al descubierto, aunque ya todos conocíamos de su existencia, para mejorar la legislación respectiva.
Y aprovecho de recordar lo que señaló el Ministro -situación a la que aludía el Senador que me antecedió- respecto del proyecto que presentó el Gobierno para que los deudores de pensión alimenticia ingresen al Boletín Comercial. Efectivamente, la iniciativa no ha seguido su tramitación porque se decidió, para tener una sola legislación, que sería abordada en conjunto con todas las medidas a que llegue como conclusión la mesa que está trabajando y que esperamos que asuma su cometido con el sentido de urgencia que el asunto requiere.
Señora Presidenta, yo soy una de las parlamentarias que no le dieron su voto favorable al retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, por los argumentos que esgrimí cuando vimos ese proyecto.
Sin perjuicio de ello, soy absolutamente respetuosa de las leyes vigentes en nuestro país. Y hoy día esa reforma constitucional constituye una legislación válida y, por lo tanto, hay que buscar cómo solucionar el problema que hemos visto para que, con la excepción establecida en esa reforma, los deudores de pensiones alimenticias no retiren su 10 por ciento y evadan el pago de la pensión correspondiente.
Y a raíz de esa situación, se presenta este proyecto del Gobierno, que de alguna manera viene a establecer medidas cautelares para resguardar que eso no suceda.
Son varias las medidas cautelares, particularmente dos.
Una establece que los acreedores de pensiones de alimentos pueden solicitar de oficio que se informe por parte de los tribunales a las AFP para que retengan el 10 por ciento.
Y, de la misma manera, se les impone una obligación a los tribunales de familia para que en forma periódica informen de oficio, aun cuando no haya sido solicitado, el listado de todas las pensiones pendientes que se encuentren devengadas o ejecutoriadas, que ya estén líquidamente determinadas.
Creo que la urgencia de este proyecto queda de manifiesto por el hecho de que ya se han retirado muchos fondos de pensiones, y algunos han recibido el dinero en una sola cuota o ya les han pagado la primera cuota. Y de no aprobarse rápidamente esta iniciativa, va a significar el correspondiente perjuicio para aquellas personas que ven en esta medida una forma de poder pagarse de las pensiones adeudadas.
Por eso, y entendiendo la urgencia que requiere la ley en proyecto -como decía el Ministro, ojalá fuera publicada antes del sábado-, agradezco el trabajo de la Senadora Allende y de la Senadora Rincón, quienes presentaron indicaciones. Y con el ánimo de no retardar la entrada en vigencia de la ley y porque su discusión no generaba acuerdo y nos ocasionaba dudas a unos y otros, que manifestábamos opiniones distintas, retiraron la mayoría de sus indicaciones, con lo cual hicieron posible que hoy día estemos votando el proyecto. Reconozco su trabajo y su permanente compromiso con niños, niñas y adolescentes -como lo tenemos la mayoría de los Senadores y las Senadoras-, compromiso que ellas demostraron hoy día en la Comisión. Y eso también hay que relevarlo y reconocerlo.
Señora Presidenta, este es un buen proyecto, que logra su objetivo. Todo siempre puede...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Un minuto, Senadora.
La señora EBENSPERGER.- Todo siempre puede ser mejor, pero creo que esta iniciativa cumple con la finalidad de resguardar que aquellos que van a retirar el 10 por ciento de sus ahorros previsionales y que sean deudores alimentarios paguen con cargo a ese beneficio dichas pensiones de alimentos.
Voto a favor del proyecto, al igual como lo hice en la Comisión de Constitución.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señora Presidenta, han solicitado adelantar su voto, sin fundamentación, los Senadores señores Harboe y Guillier, la Senadora señora Van Rysselberghe y el Senador señor Kast.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- De acuerdo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
El señor GUILLIER.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
La señora VAN RYSSELBERGHE.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senador señor Kast, ¿cómo vota?
El señor KAST.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senadora señora Sabat, ¿cómo vota?
La señora SABAT.- A favor, por supuesto, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
El Senador señor Insulza ha solicitado adelantar su voto sin fundamentación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.- Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Vota a favor.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- ¿Señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.
La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, voy a fundamentar mi voto.
Quiero partir por señalar que la reforma constitucional que logramos aprobar, que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales -tan ampliamente criticada por el Gobierno-, ha mostrado que a pocos días de su entrada en vigencia más de siete millones de afiliados han realizado el trámite. Por lo tanto, esto nos está demostrando lo que expresamos en algún momento: la necesidad de la población de contar con esos recursos.
Pero más allá de ese hecho, afortunadamente era una excepción a la inembargabilidad de los recursos el caso de las pensiones alimenticias, a fin de asegurar su pago.
Y por eso es tremendamente necesario lo que estamos discutiendo en este momento.
Porque, desgraciadamente, como aquí se ha expresado, más del 84, 86 por ciento de los padres -y digo "padres" porque más del 90 por ciento son hombres- no cumplen esa responsabilidad con sus hijos, lo que es extraordinariamente doloroso y les ha significado a cientos de miles de mujeres la humillante situación de desfilar por los tribunales de familia tratando de conseguir que ese padre cumpla con sus compromisos.
No solo aquello: hemos firmado la Convención sobre los Derechos del Niño y hablamos de un derecho humano que tenemos que garantizar.
Y más adelante sería bueno que el Ministro de Justicia, quien ha anunciado la implementación de una mesa técnica al respecto, considere incluso una participación más activa del Estado. Porque está demostrado que las medidas que hasta ahora se han tomado, que van desde la reclusión nocturna, pasando por la no devolución de los impuestos y la no renovación de la licencia de conducir hasta el arraigo nacional han resultado absolutamente insuficientes.
Por lo tanto, tenemos un problema mayor. No podemos seguir permitiendo esta cultura de impunidad por el no pago, a veces con complicidad de empleadores.
Y repito: la humillación para las mujeres, y lo que es más grave... (falla de audio en transmisión telemática)... y las consecuencias que significan para esos niños, niñas y adolescentes.
No es posible que digamos tan fácilmente: "Mire, se deben 180 mil millones de pesos en pensiones de alimentos". Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que tendrían que haberse visto favorecidos con las medidas decretadas de liquidaciones de las pensiones alimenticias.
Lo que se ha suscitado -ha sido impactante- con el retiro voluntario de fondos previsionales, en que una gran cantidad de mujeres ha solicitado que de ese dinero se les considere la pensión alimenticia, motivó una rápida respuesta, por un lado, del Gobierno -y lo reconozco: aquí está el Ministro de Justicia presente-, y también de parte de la Corte Suprema.
Tal como explica el Ministro de Justicia, este proyecto busca cumplir con el pago de esa deuda alimentaria, facilitándolo a través de estas medidas cautelares.
Y creo que esto es tremendamente importante.
Por eso reconocemos y apoyamos que se haga todo lo posible por acelerar el procedimiento de retención a través de esta medida cautelar especial, que tiene efecto desde la notificación en los medios electrónicos a las AFP; que establece la obligación de estas de consultar a los afiliados, como hoy día ocurre, si tienen o no deuda por alimentos para que se suspenda el retiro; que dispone que los tribunales envíen periódicamente la nómina de los deudores de pensiones a las AFP para suspender los pagos, y a su vez estas últimas deberán informar a los tribunales la nómina de quienes ya hayan efectuado el retiro y sean deudores de alimentos, entregando, además, toda la información de su domicilio, la cuenta donde se les depositó, etcétera.
Junto con la Senadora Rincón, con quien participamos activamente en la Comisión, como se ha dicho, formulamos una serie de indicaciones, recogiendo observaciones que nos hicieron presente tanto la vocera de la Corte Suprema, Ministra Chevesich, como la jueza de familia Mónica Jeldres. Nosotros recogimos esas observaciones a través de estas indicaciones.
Sin embargo, como se mencionó, en aras de acelerar la tramitación del proyecto para que lo pudiésemos aprobar y de que sea ley lo antes posible este mecanismo para lograr que se cumpla -con una proactividad del proceso judicial- con esta deuda alimentaria, decidimos retirar nuestras indicaciones.
Pero queremos señalar que sí esperamos que efectivamente en este procedimiento... (falla de audio en transmisión telemática)... Poder Judicial puedan hacerlo cumplir.
Una última observación, señora Presidenta, que es muy importante.
Esto solo tiene aplicación para aquel afiliado que retira voluntariamente sus fondos. Así como el Ministro reconoció nuestra disposición de retirar las indicaciones para que se le diera celeridad al tratamiento de esta iniciativa, también reconoce que van a estudiar la reforma constitucional que hemos propuesto junto con la Senadora Rincón y otros parlamentarios a fin de que la retención de los fondos para conseguir que esa madre recupere lo que se le debe se aplique no solo a aquellos que retiran voluntariamente el dinero, sino incluso a quienes no tienen la voluntad de sacar sus fondos.
Esto es extraordinariamente importante porque amplía el universo e impide que muchos padres, con tal de que no se les cobre esa pensión adeudada, prefieran no retirar los fondos.
Aquí estábamos entregando un instrumento.
Espero, como dijo el Ministro, que también se le dé celeridad al estudio de la otra iniciativa.
Yo convoco a nuestros compañeros y compañeras Senadores a poder tratar esta reforma constitucional, porque nos va a permitir ampliar este universo y lograr algo. Todos estos son meros instrumentos, porque aquí hay una cultura de no pago, de impunidad, de complicidad con empleadores, de no registrar los cambios de domicilio, en fin, las mil argucias que se emplean para no cumplir con este deber, con esta responsabilidad como padre, que, además, afecta tanto a las mujeres, porque este es un tema de género. En la gran mayoría de estos hogares son mujeres las jefas de hogar, las cuales tienen que valerse por sí solas y salir adelante.
Aquí, y se lo digo al señor Ministro, el Estado también debe jugar un rol más activo.
Espero que en la mesa técnica que él ha anunciado tenga en consideración eso. Hay otros países en donde el Estado suplementa cuando existen estas deudas, y después el Estado se cobra. Yo no sé si es el mejor método. Lo que quiero es que se termine con esta cultura de impunidad. Y deseo también un rol activo del Estado.
Pero, sobre todo, quiero que aprobemos también la reforma constitucional, que la veo como complementaria. Permite llegar a un mayor universo. Hace posible que muchas mujeres consigan a través del retiro del 10 por ciento que se les pague esta pensión alimenticia sin tener que esperar que sea el afiliado el que lo haga voluntariamente, constituyéndose en un instrumento que permita de manera forzosa que esas mujeres accedan a su pensión alimenticia.
Por lo expuesto, señora Presidenta, me alegro mucho de que vayamos a aprobar este proyecto, me imagino que unánimemente. Es un tremendo paso.
Yo felicito...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora Allende.
La señora ALLENDE.- Voto a favor, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Allende vota a favor.
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- Señora Presidenta, voy a fundamentar brevemente mi voto, porque es muy difícil, pues somos pocas mujeres en el Senado, que representamos a muchas más que hoy día están esperanzadas con este proyecto de ley.
De las 5,5 millones de familias que hay en este país, el 40 por ciento, más de dos millones, tienen lo que uno llamaría "jefas de hogar", es decir, mamás que están solas criando a sus hijos.
Solo quiero hacer una reflexión que es mucho más profunda que únicamente pensar en por qué no hemos sido capaces como Estado de resolver un tema que lleva tantos años.
La pregunta es por qué en esta sociedad chilena consideramos que son las madres las responsables finales de los hijos. El 85 por ciento de deuda de pensión alimenticia es mucho más que los 180 mil millones de pesos. Tiene que ver con el desamparo de muchas mujeres y de muchos hijos, pero, sobre todo, con cómo entendemos la familia, cómo entendemos que cuando se procrea a un hijo hay un padre y una madre.
Entonces, se trata de un tema mucho más profundo. E implica un cambio cultural en que el Estado evidentemente debe proteger a los niños y a sus madres.
Pero, más allá de lo legal, hay algo que nos debiera cuestionar: el cómo hemos educado, porque finalmente si un padre evita pagar la pensión que en legítimo derecho tienen los hijos lo más probable es que también de alguna manera ese niño, que fue víctima de ese padre, termine replicando las conductas. Este es otro tipo de violencia, violencia -yo diría- económica. Porque no todos los padres que no pagan pensión carecen de recursos; hay muchos que los poseen, pero una forma de castigar a esa mujer que hoy día ya no es su pareja es justamente negándole la pensión de alimentos.
Hace dos años, con la Senadora Muñoz, el Senador Huenchumilla y el Senador Kast presentamos un proyecto -lo comentamos con el Ministro de Justicia y la Ministra de la Mujer de esa época- que establecía la obligación, como lo dijo recién el Senador Letelier, de informar el domicilio al Estado a través, por ejemplo, de la página del Registro Civil.
Pedimos varias veces que nos acogieran este proyecto, que lo vieran. Porque muchas personas vinculadas al tema de familia nos indicaron que uno de los grandes problemas es la notificación: las direcciones no son las correctas y, finalmente, es muy difícil que las causas avancen.
Sé que hoy día el Ministro ha manifestado su preocupación por implementar una mesa de trabajo en torno a esta materia. Yo les pediría que vuelvan a revisar nuestro planteamiento. Sé que eso puede implicar una pestaña más en el sistema del Registro Civil. Pero hay tanta preocupación muchas veces por pagar deudas universitarias, la cuenta de la luz, la cuenta del teléfono, cuando probablemente la cuenta que más debiera preocuparnos es la de las deudas de pensión de alimentos. Esa es la que moralmente más duele a una sociedad, que efectivamente tiene un porcentaje altísimo de mujeres empobrecidas, con dos o tres trabajos, que hoy día lo han pasado pésimo debido a que, además, no les pagan una pensión de alimentos, y a veces pasan una vida entera esperando algo que jamás va a llegar. Quien no tiene abogado para perseguir estas causas, que es la mayoría, simplemente se pierde en el olvido de una cifra más, que es altísima.
Yo voy a aprobar este proyecto.
Y le quiero agradecer a la Senadora Allende que me haya invitado a patrocinar una iniciativa que tiene que ver con la obligatoriedad. Porque lo que va a ocurrir ahora es que probablemente muchos deudores no van a retirar su 10 por ciento, pues se verán tentados a no hacerlo puesto que retirarlo va a significar para ellos que no reciban el total que esperaban. Si bien se ha planteado que es inconstitucional, creo que el Gobierno tiene que verlo o explorar otra alternativa.
Es escandaloso que, a partir de esta situación puntual de la pandemia, tengamos que darnos cuenta de una deuda que es gigantesca.
Muchos de los problemas que hoy día sufren los niños, de temas sociales, de las mismas situaciones de violencia infantil, del Sename y muchas cosas más, tienen que ver con el hecho de que las madres, para poder darles de comer a sus hijos, deben trabajar en extensos horarios y dejarlos solos, porque no tienen otra manera de sobrevivir.
Entonces, esta no es una deuda solo de aquellos que deben, que son muchos, sino también nuestra como sociedad, que no hemos sido capaces de instalar valores que impliquen un concepto de responsabilidad con algo tan importante como son los niños y la familia.
Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Aravena vota a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, por supuesto que es un motivo de envergadura establecer a través de este procedimiento, que involucra la retención judicial de los fondos previsionales, la posibilidad del pago de las pensiones de alimentos.
Digo aquello porque hemos visto una verdadera avalancha en los juzgados de familia originada por la necesidad de retener el 10 por ciento de los fondos previsionales para el pago de las obligaciones alimentarias que muchos trabajadores chilenos tienen con sus niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, por supuesto que vamos a aprobar este proyecto de ley.
Pero, además, con las Senadoras Ximena Rincón, Carmen Aravena e Isabel Allende presentamos proyectos de ley que van en la dirección de establecer la subrogación. Porque puede ocurrir aquí que haya un desincentivo para que los trabajadores soliciten el 10 por ciento de sus fondos previsionales, pues finalmente mantienen deudas atrasadas con sus alimentarios.
Ese es el primer tema.
El segundo tiene que ver con el Ministro de Justicia.
No sé si todavía está en línea, pero quiero mencionarle que existe un proyecto de ley sobre facilitación del pago de las pensiones de alimentos en tiempos de normalidad, del cual soy coautor, y que fue despachado del Senado y ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Hubo un trabajo legislativo extraordinariamente potente con la presencia de jueces, de los Ministros del ramo; que logró finalmente zafar el primer trámite en nuestra Corporación y que llegó a la Cámara de Diputados, pero no ha habido mayor urgencia legislativa para sacarlo adelante.
Quiero decir también que uno de los que colaboraron, en su calidad de Senador de la República y miembro de la Comisión de Constitución, para los efectos de llegar a un buen articulado en ese proyecto de ley fue justamente el actual Ministro de Justicia, señor Hernán Larraín.
En consecuencia, por intermedio de la Mesa, quiero pedirle al Ministro de Justicia -y con esto termino- que le dé continuidad a la tramitación de esos proyectos, porque cuando logramos zafar o sacar una iniciativa de tal envergadura del primer trámite constitucional finalmente se le pierde la pista. Por tanto, es muy importante que el Ejecutivo siga el trámite de dichos proyectos.
Tenemos iniciativas como la de etiquetado de bebidas alcohólicas que está desde hace seis años -¡seis años!- en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, sin ningún tipo de urgencia legislativa.
Lo mismo ocurre con el proyecto de ley que señalo, sobre facilitación del pago de las pensiones alimenticias, que después de muchas sesiones en su proceso legislativo logró sortear el primer trámite constitucional.
Por lo tanto, por supuesto que comparto la iniciativa que ahora estamos votando.
Felicito a las Senadoras Aravena y Allende; a la Senadora Ximena Rincón, quien me permitió acompañarla en la presentación de un proyecto de igual naturaleza, el cual además viene en segundo trámite; a los Diputados y a las Diputadas que contribuyeron en ello, y al resto de las Senadoras y de los Senadores que trabajaron en esta materia, entre los cuales se halla la Senadora Ximena Órdenes.
Sin lugar a dudas, estamos disponibles para seguir empujando proyectos de ley de esta naturaleza, porque con esto empezamos a generar espacios e instrumentos que harán justicia con los alimentarios, con los niños, niñas y adolescentes, respecto de los cuales existen deudas impagas en materia de pensiones de alimentos.
Voto favorablemente.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Huenchumilla ha solicitado adelantar su voto sin fundamento.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Muchas gracias.
El Senador señor Huenchumilla vota a favor.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- Señor Secretario, voy a fundamentar mi voto.
Como ya lo han dicho varios colegas, el proyecto que permitió el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, sin duda, fue una ayuda para muchas familias chilenas, pero también vino a revelar la enorme dificultad existente en el cobro de las pensiones de alimento.
Hemos visto cómo se mantiene una deuda importante por el no pago de ellas, y queda claro que necesitamos modificar el sistema por medio del cual se hacen efectivos este tipo de obligaciones.
Nuestro sistema está absolutamente obsoleto frente al nivel de morosidad que mantienen muchos padres que no entienden su responsabilidad con respecto a sus hijos.
No cabe duda de que el proyecto que hoy día estamos discutiendo viene en alguna medida a entregar una herramienta para lograr el cobro de las pensiones alimenticias.
Yo voy a votarlo a favor, pero, sin perjuicio de ello, quiero hacer dos prevenciones que mencioné esta mañana en la Comisión de Constitución y que me gustaría que quedaran para la historia de la ley. En el afán de que este proyecto saliera rápidamente y evitáramos un tercer trámite no se corrigieron a mi juicio dos situaciones que no podemos dejar pasar.
La primera es que la iniciativa discurre sobre un plazo de 48 horas para que los tribunales de familias resuelvan las solicitudes sobre retención del 10 por ciento que se presenten. Al respecto, recordé en la mañana en la Comisión de Constitución que los plazos en nuestra legislación tanto en materia civil como en materia procesal son de días (no existe el plazo de horas), y, además, de días hábiles.
Como consecuencia de ello, acá se está estableciendo una nueva forma de computar los plazos, en que los tribunales de familia, que funcionan en días hábiles, esto es, de lunes a sábado, teóricamente van a tener que trabajar días festivos o domingos si el término del plazo coincide con la solicitud que han hecho los demandantes.
La segunda situación tiene que ver con qué ocurre cuando un alimentante es objeto de varias demandas de alimentos.
Al contrario de lo que se sostuvo esta mañana, creo que esta situación no se encuentra resuelta en nuestra legislación, dado que la ley que regula los tribunales de familia, así como también las normas relacionadas con el pago de pensiones alimenticias, no discurren en la situación de qué sucede cuando a un mismo deudor se le están cobrando varias pensiones de alimentos a la vez.
Por esa razón en la Comisión de Constitución se rechazó por 3 votos contra 2 una propuesta que a mí me parecía correcta, presentada por las Senadoras Rincón y Allende, cuyo propósito era establecer que en tal caso debía acumularse en el tribunal que estuviera conociendo de la primera solicitud de retención, es decir, el más antiguo, el resto de las solicitudes, y, a partir de ello, producirse el pago.
Hago esta prevención porque, como decía, la ley sobre tribunales de familia, como asimismo la legislación civil, no contemplan normas especiales para determinar qué ocurre, por ejemplo, con las preferencias del pago cuando existen varias pensiones de alimentos respecto de un mismo deudor, lo que obviamente en este caso puntual puede generar un problema, dado que no está resuelto qué sucede con la primera retención: por ejemplo, si el que logra retener primero se paga antes del que llega segundo, en fin.
Ese tema a mi juicio no quedó bien resuelto en la ley.
No hicimos mayor cuestión de esto, porque entendimos los argumentos del Ministro de Justicia en orden a que querían que este proyecto saliera luego a fin de poder darles una herramienta eficaz a muchas mujeres que necesitan cobrar sus pensiones de alimentos.
Queda pendiente también, como se ha dicho, qué pasa en aquellos casos en que el titular de la deuda de pensión alimenticia no quiere solicitar el retiro del 10 por ciento de sus fondos previsionales.
Nosotros esperamos que el Gobierno recoja lo que se ha presentado en el Senado a través de una reforma constitucional en cuanto a permitir una suerte de subrogación en el cobro para que los alimentarios puedan exigir el pago de la pensión de alimentos.
Dicho todo lo anterior, señora Presidenta, voto a favor de esta iniciativa.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Araya vota a favor.
Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Castro vota a favor.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- Voy a fundamentar el voto, señor Secretario.
Quiero consignar lo que son las vueltas de la vida.
Resulta muy paradójico que ahora exista absoluta unanimidad en torno a una iniciativa que hace cuánto, ¿tres semanas?, dividió tremendamente al Parlamento, al Gobierno (hubo cambio de gabinete después de ello), producto de una reforma constitucional que impulsamos para retirar el 10 por ciento de los fondos previsionales.
A diferencia de los discursos catastrofistas, apocalípticos en el sentido de que esto iba a provocar el caos económico, la caída de la bolsa y decenas de situaciones poco halagüeñas, hoy día vemos cómo el Ministro de Economía señala que se nota una reactivación económica, que hay mayor consumo y, con ello, una mejoría en distintos rubros.
¿Y qué tenemos en este proyecto? Unanimidad para fijar la retención de recursos respecto de las pensiones de alimentos.
Esto también debiera llevarnos a una reflexión mucho mayor: que cuando las discusiones se hacen desde las trincheras ideológicas, de asentarse en que era una situación imposible, que no correspondía bajo ninguna naturaleza disponer del 10 por ciento de los fondos previsionales, es simplemente tener la mente estrecha, una visión cerrada para no querer entender la magnitud del problema.
Lo que ocurre en Chile, además de la pandemia y de la cesantía, es que tenemos un país tremendamente desigual, en el cual se ocultan y se invisibilizan situaciones brutales como el no pago de las pensiones de alimentos. Así como durante mucho tiempo se invisibilizaron, por ejemplo, aspectos del abuso contra menores, de abusos sexuales en la iglesia o en otras instituciones, creo que aquí también ha quedado en evidencia, a propósito del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, de esa indicación que se introdujo al proyecto de ley que determinaba que no eran sujeto a retenciones salvo en materia de pensiones de alimentos, una situación que era evidente.
Entonces, hoy día surgen tribunales colapsados por la cantidad de demandas que se están presentando; vemos a empleadores que están mirando para el techo, y se convoca a una mesa de trabajo, que me parece bien. Pero, ¿sabe, Ministro Larraín? Con todo respeto se lo señalo: ¡estamos llenos de mesas en este país para cuanta cosa hay!
Hagamos una legislación efectiva, y no solo por el 10 por ciento, si esa es una medida pasajera. Aquí debe haber un cambio de fondo. Y digámoslo con toda franqueza, ojalá que nadie se enoje: cuando nosotros hablamos de esta cantidad de deudores, debe de haber gente bastante cercana a uno también que tiene adeudado el pago de ese tipo de pensiones.
Y nos hacemos los lesos; como que esto fuera un problema de otros. ¡No! Este es un problema de miles de personas. La cantidad de gente, de mujeres principalmente, que a uno se le acerca planteando asuntos de esta índole es enorme. Nos cuentan casos dramáticos de padres de alimentantes que ya no existen, que ya los borraron de su mente porque el cansancio, el agotamiento de tener que bregar todas las semanas, todos los meses por la pensión de alimentos es algo que se torna insostenible.
Esa mujer principalmente, esa jefa de hogar asume una situación dolorosa y ha de vivir estirando el presupuesto, echando mano a sus redes familiares, los abuelos, los papás, o empleando alguna fórmula de ese tipo. ¡Y la sociedad se hace la lesa ante ello!
No seamos hipócritas, porque seguramente en el entorno donde uno trabaja también se dan ese tipo de situaciones. Y si nos vamos a la Administración Pública, deben de haber muchos actores también, funcionarios y funcionarias, que se encuentran en ese caso.
Pero invisibilizamos el problema, y realizamos mesas de trabajo, generamos iniciativas grandilocuentes que no van al fondo del asunto. El fondo del asunto es que debe haber un registro de deudores; tiene que existir un trabajo más eficiente de los tribunales de familia. Conversamos sobre el particular con las magistradas, y nos contaban casos conmovedores. Además, en esto uno no tiene que recurrir a la literatura ni a la academia: simplemente debe preguntarles a vecinos, a nuestros electores en el territorio que representamos, porque son cosas realmente dramáticas.
Ahí yo pongo en el centro a la jefa de hogar, a esa mujer que ha tenido que enfrentar con dignidad, pero muchas veces con dolor y con un sobretrabajo tremendo la economía familiar, principalmente la educación y la alimentación de sus hijos. Por lo tanto, obviamente, qué bueno que estemos todos votando a favor de esta iniciativa. Pero veamos cuál es el origen de esto.
El origen fue precisamente un proyecto que forzamos majaderamente hasta poder conseguir el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales. Y eso ha destapado una realidad. El retiro del 10 por ciento es excepcional, por una sola vez, producto del estado de catástrofe. Lo que nosotros necesitamos -por favor, deme da un minuto más, señora Presidenta- es contar con una política permanente; que esta legislación se despache lo antes posibles y se coordine con un buen trabajo. El Poder Judicial ha estado a la altura, generando iniciativas, avanzando y anticipando medidas para los efectos de hacer las liquidaciones y las retenciones correspondientes.
Ello me parece muy bien.
Sin embargo, debemos establecer una legislación de fondo, porque el 10 por ciento se va a acabar ahora o en un año, y lo que nosotros precisamos son políticas permanentes.
Así como abordamos los abusos en materia de la iglesia o lo relativo a los hijos legítimos e ilegítimos, situaciones en las cuales el país se hacía el leso; las nulidades de matrimonio, en que establecimos el divorcio, y también legislamos en materia del aborto, creo que es tiempo también de enfrentar de fondo y de manera mucho más sistémica el pago efectivo de las pensiones de alimentos.
Voto absolutamente a favor de este proyecto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor De Urresti vota a favor.
Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- Voy a justificar el voto, señora Presidenta.
La iniciativa que estamos votando establece que se podrá decretar la medida de retención del retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales con el fin de cautelar los derechos derivados de pensiones de alimentos y la necesaria satisfacción de los requerimientos de salud, educación, vestuario, transportes, entre otros, porque constituyen un derecho humano fundamental. Y, en consecuencia, el no pago de las pensiones de alimentos por parte de padres y madres constituye un atentado contra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Lamentablemente, las estadísticas del incumplimiento de las resoluciones judiciales que establecen el pago de pensiones de alimentos son realmente vergonzosas. De acuerdo con las cifras que figuran en el sistema, el 84 por ciento de los demandados por este tipo de pensiones simplemente no las pagan, pese a tratarse, como se indica, se difunde y se reconoce, de un derecho humano.
El pago de alimentos es precisamente una responsabilidad del deudor; pero existen normas y herramientas que obligan al Estado a garantizar el cumplimiento de este derecho en beneficio fundamental de menores de edad. Ese es el beneficio por el cual hoy día estamos todos legislando y trabajando.
Esta medida implica permitir que dichas obligaciones se paguen con el porcentaje de fondos previsionales cuyo retiro ha sido autorizado extraordinariamente producto de la pandemia del COVID-19 que nos afecta a todos, y que obviamente también está perjudicando a menores de edad que hoy día no reciben ninguna ayuda, ningún beneficio de parte de quienes son deudores de pensiones alimenticias.
Por lo tanto, esta norma se encuentra plenamente justificada, así como la medida cautelar, pronta y oportuna, a través de medios de notificación electrónica, que permitan efectivamente que se notifique y, por supuesto, que el deudor se ponga al día en el pago de estas cuentas, que al no ser canceladas perjudican a niños, niñas, jóvenes menores de edad indefensos, quienes también sufren producto de la pandemia.
Al 11 de agosto había 421.892 solicitudes en tramitación. Por eso manifiesto mi aprobación al presente proyecto de ley. Ojalá que un Poder del Estado como el Judicial pueda llegar a cada una de estas personas a fin de lograr finalmente que los menores de edad, los beneficiarios, tengan también un mejor destino en esta pandemia que nos perjudica a todos los chilenos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo vota, señor Senador?
El señor DURANA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Durana vota a favor.
Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
El señor GALILEA.- Voy a fundamentar el voto, señora Presidenta.
El hecho de que estemos discutiendo hoy este proyecto de ley no se debe a otra cosa sino que al total fracaso de nuestra legislación para cobrar las pensiones de alimentos.
Ya lo han dicho muchos de mis antecesores: el 85 por ciento de quienes deben pagar dichas pensiones simplemente no lo hacen. Más allá de todas las medidas que existen en la ley (eventuales retenciones de sueldos, órdenes de arresto, de arraigo, en fin), el hecho es que la inmensa mayoría de aquellos que deben pagar pensiones de alimentos no cumplen con esta obligación.
Esto no solo es el 85 por ciento de pensiones alimenticias impagas, sino que significa una enorme cantidad de dinero: más de 180 mil millones de pesos. Creo que algunos decían 200 mil. Cualquiera que sea el monto, es impresionante.
Y, frente a este total fracaso, estamos buscando una medida un poco desesperada, si se quiere, en virtud de una modificación constitucional que es muy particular y que permite un eventual retiro del 10 por ciento de los fondos ahorrados para pensiones.
El fracaso de esto viene por muchas razones. A mí me ha tocado vivir de cerca situaciones relacionadas con intentar cobrar alimentos y que, para variar, han fracasado normalmente. Ello tiene que ver con que no hay buenas normas de acumulación de causas; con que el procedimiento de liquidación de deudas de alimentos es sumamente lento y engorroso; con que las medidas de apremio finalmente se entregan, y si transcurren 15, 20 días -ya no me acuerdo-, ellas pierden su validez y, por lo tanto, nadie sigue persiguiendo al deudor.
Por eso, veo que las madres al final sucumben frente a una selva de burocracia, a un procedimiento que resulta caro, engorroso, muchas veces humillante y que no llega a ningún sitio.
Así que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en el sentido de dar la posibilidad de esta retención a mí me parece valioso. Hay que recordar que se trata de una ¡retención!, y se han tomado varias medidas: una notificación muy rápida a las AFP; un periodo extraordinariamente breve del tribunal para enviar la solicitud de retención a la administradora de fondos de pensiones; la obligación de mantener informadas a las AFP, durante esta ventana de un año que se ha abierto, de que tienen alguna situación de alimentos quienes están retirando recursos; el deber de la administradora de preguntarle a la persona que retira si tiene o no alguna deuda alimentaria, en fin. Hay una serie de medidas que de alguna u otra manera ayudan a resolver una situación que históricamente ha sido grave y que yo creo que nos obliga a reflexionar, porque -ya lo decía el Senador Chahuán- hace varios años que salió del propio Senado una modificación que, se suponía, venía a arreglar muchos de los problemas que se han observado y en la que participaron expertos -entre ellos, el propio Ministro Larraín cuando era Senador-, pero la cosa simplemente quedó durmiendo en la Cámara de Diputados.
Esa poca consistencia en la tramitación de proyectos tan importantes es, a mi juicio, lo que al final nos pasa la cuenta frente a la ciudadanía.
En la Comisión de Constitución hoy día en la mañana se dio una discusión muy interesante respecto de este proyecto, y yo diría que se centró en tres órdenes de cosas: en el tema de acumulación de causas; en lo relativo a criterios de repartición -es decir, qué pasa si hay muchos alimentarios distintos para un mismo alimentante-, y también en lo concerniente a una eventual subrogación del deudor de alimentos.
Cada uno de esos temas tuvo su discusión, y finalmente fueron resueltos por la Comisión.
A mi entender, el criterio de repartición frente a diferentes tipos de alimentarios figura en una norma sustantiva del Código Civil, que tiene que ver con la fijación de los alimentos. Y creo que se debiera ocupar también a la hora de resolver la situación cuando existen varios alimentarios distintos.
En lo que respecta a la acumulación de causas, tuvimos la duda en la Comisión de si era conveniente o no hacer eso. Es cierto lo que dijo el Senador Araya, de que no existe un procedimiento de acumulación de causas en alimentos. Pero nos bajó la duda de si en este caso ayuda o no eventualmente la acumulación de causas para obtener el pago o la retención de los fondos en la AFP.
Y, finalmente, le dimos también vueltas a la subrogación, que es la parte principal de los proyectos de reforma constitucional que han presentado otros Senadores.
La subrogación -y quiero detenerme aquí un momento- es una figura muy muy especial, y normalmente viene dada respecto de subrogarse en acreencias. Hay subrogaciones legales y subrogaciones voluntarias. Pero es una figura que yo creo que, llegado el momento de discutirla, será sumamente compleja de resolver. ¿Y por qué? Porque aquí técnicamente no existe una acreencia; hay un retiro voluntario, una potencialidad de acreencia. Y, por lo tanto, el hecho de que, bajo una modificación constitucional, una alimentaria pueda subrogarse en el alimentante para expresar su voluntad de retirar fondos previsionales que a lo mejor el alimentante no quiere retirar, la verdad es que es una figura que yo anticipo que va a ser sumamente compleja de tratar. Es muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero muy difícil de resolver correctamente.
Así que, habiendo dicho esto, Presidenta, naturalmente voy a votar a favor. Y abogo por que este drama, que se arrastra desde hace mucho tiempo y que persigue a tantos niños y madres, logremos resolverlo razonablemente.
No es para nada entendible que algo tan masivo como el no pago de alimentos no lo hayamos resuelto bien en tantos años.
Por lo tanto, con ese espíritu, voto a favor, Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Galilea vota a favor.
Senador señor Lagos, ¿cómo vota?
El señor LAGOS.- ¿Ahí sí?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahí tiene audio, señor Senador.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, voy a votar favorablemente este proyecto. Creo que huelga decir las razones.
Esto implica, si usted quiere, un efecto colateral del retiro del 10 por ciento que no se previó en ninguna parte y que creo que va a constituir una tremenda buena noticia para muchas madres en particular, para esa gran mayoría que tiene una batalla diaria respecto de los padres que no cumplen con sus hijos.
Pienso que los argumentos jurídicos que he escuchado en esta discusión hay que mirarlos con atención. Lo que señaló el Senador Araya y, recientemente, el Senador Galilea sobre el tema de cómo tratar esto jurídica y procesalmente no es evidente. Recuerden ustedes que lo de las pensiones de alimentos en los tribunales de familia tiene características jurídicas distintas a los procedimientos más ordinarios o conocidos: no hay juicio ejecutivo, ni existe cosa juzgada en la pensión de alimentos.
Entonces, es una complejidad diferente el tema de tener pensiones de alimentos en relación con un número mayor de hijos y tal vez con distintas familias. Eso también agrega un elemento que, a mi juicio, se hace bien complejo de tratar: la acumulación de causas, si se establece o no una prelación a la hora de pagar, en fin. Lo concreto es que, entendiendo que están todas esas vicisitudes y elementos que hay que ir afinando, el Gobierno va enviar un proyecto para ver qué hacemos con respecto a aquellos que no solamente no se ponen con su mínima obligación como padres de colaborar a la manutención de sus hijos, sino que además se pueden resistir a retirar el 10 por ciento a objeto de que esos recursos no vayan en ayuda de sus hijos o de su exfamilia.
Yo entiendo que ese proyecto se va a enviar y que este otro lo vamos a aprobar.
En ese contexto, considero que debemos hacerlo, y es un efecto no deseado.
Presidenta, quiero hacer un alcance en estos dos minutos que me quedan, y ojalá se entienda bien y no de manera equivocada.
Escuché a varios de nuestros colegas -y les encuentro razón- hablar respecto a la insensibilidad, a la falta de cariño, a la falta de afecto, a la falta de responsabilidad de la paternidad. Pero quiero recordar -y no es una justificación- que el contexto es más amplio, porque ahí hay ciertamente una irresponsabilidad, una falta de sensibilidad, de cariño, de afecto, etcétera, pero también una liviandad con la cual se toman las paternidades. Y eso tiene que ver además con nuestra realidad nacional, con el número creciente de jóvenes chilenas -bueno, también pueden ser extranjeras- que tienen hijos siendo menores de edad. O sea, estamos hablando de padres involucrados en esas relaciones y que también tienen inmadurez para enfrentar estos procesos.
Entonces, eso tiene una dimensión mayor que solamente la pensión de alimentos. ¿Se le va a exigir una pensión de alimentos o hablar del retiro del 10 por ciento a alguien que seguramente ni siquiera trabaja ni cotiza en una AFP?
Por tanto, lo que tenemos es una situación de sociedad más compleja en la cual creo que nos falta mucho en el tema de la educación, de transmitir los valores correctos. Me parece que nuestra educación pública, la educación particular subvencionada en eso han fallado y que también hemos fallado como sociedad al inducir los valores incorrectos.
Por cierto, sí, aquí vamos a abordar algo bien delicado y se va a hacer justicia a centenares de miles de mujeres, de madres, ¡a centenares de miles! Porque esos son los números de las demandas que hay para retener el 10 por ciento. Y yo creo que esa es una tremenda noticia.
Nos va a presentar algunos temas jurídicos; habrá que abordarlos. Pero me parece que nos sigue quedando pendiente saber qué pasa en el subconsciente de muchos de mis compañeros de género que al final del día no cumplen con sus obligaciones mínimas, que no tienen por qué ser jurídicas.
A eso súmele usted el número importante de padres adolescentes que hay, los cuales tienen completa irresponsabilidad o inconsciencia respecto a lo que genera tener hijos.
Voto contento este proyecto de ley, señora Presidenta, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Entendemos que el Senador señor Lagos vota a favor, como lo señaló al principio de su intervención.
Senador señor Latorre, ¿cómo vota?
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, señor Secretario, voy a fundamentar brevemente el voto.
Obviamente, este proyecto ayuda a reparar una situación de injusticia, de abandono, de irresponsabilidad, poniendo por delante el interés superior de niños, niñas y adolescentes y, sobre todo, también haciendo justicia en la gran mayoría de los casos a mujeres jefas de hogar, quienes deben lidiar con esta realidad y con esta -insisto- situación de abandono.
La iniciativa claramente ayuda a paliar una emergencia, a reparar una deuda, pero queda pendiente cuál será la política permanente. En eso estoy de acuerdo con los argumentos que se han dado.
Pondría, sí, un ojo, una especial atención en no solo aplicar la mirada punitivista. Es necesario aprender a distinguir los casos. Porque efectivamente hay personas que, teniendo los recursos, no cumplen con sus responsabilidades, sus obligaciones con sus hijos e hijas, lo cual amerita una sanción especial, medidas más de corte punitivo, pero tal vez se presentan muchas situaciones.
Con esto no estoy justificando, sino que tratando de entender la complejidad del problema social que hay detrás. Muchas veces, por precariedad laboral, por bajos salarios, por endeudamiento, no se puede cumplir. Como se decía anteriormente, está el caso de padres jóvenes, adolescentes, que no tienen ningún tipo de estabilidad laboral, de ingresos permanentes, y no pueden cumplir esas obligaciones.
Entonces, ahí hay una realidad social mucho más profunda, mucho más compleja, y la pura medida punitivista no soluciona nada.
Por lo tanto, es preciso buscar otros mecanismos o ver, de alguna manera, estos fondos sociales en que se presenta algún tipo de retención al momento de generar ingresos que puedan servir para pagar la pensión de alimentos, porque lo que está en juego es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Eso es lo que debiera prevalecer. Es necesario buscar mecanismos sociales, solidarios para ir en apoyo a esas familias y no favorecer la precariedad. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes no debe depender exclusivamente del bolsillo del papá.
Claro, cuando el papá tiene ingresos estables, una buena situación económica, obviamente hay que exigir que cumpla, pero eso es probablemente una minoría de la población en nuestro país. La gran mayoría vive una situación de bajos salarios, de precariedad y ahora, por la pandemia y la crisis, de alto desempleo, por lo que estos problemas se agudizan.
Yo invito, en estas mesas de trabajo, desde el Ministerio de Justicia, a incorporar ciertamente la visión de la Defensoría de la Niñez, pero también una mirada más social, más compleja respecto de un problema que es mucho más profundo.
Insisto: obviamente, en el caso de aquellos que tienen los recursos y no cumplen por negligencia, por abandono, por irresponsabilidad, debe haber una sanción mayor. Y este tipo de medidas más restrictivas, más punitivas van en la dirección correcta, pero no sé si sirven para el conjunto de los casos.
Voto a favor, insistiendo en que esto ayuda en lo inmediato, pero queda pendiente la política permanente.
Gracias.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Latorre vota a favor.
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- Señora Presidenta, llevo años de parlamentario. Hay temas que me hacen cuestionar mucho lo que he hecho, lo que hemos hecho. Y este es uno de ellos.
No hacerse cargo de los hijos y no pagar la pensión alimenticia es un abuso inaceptable, cualquiera que sea la condición, le diría al colega que me antecedió.
Estamos ante un problema social, político y cultural. Que haya 84 por ciento de demandados que no paguen, miles de hombres que no pagan, es una vergüenza para el género masculino, muy fuerte; es una vergüenza por la incapacidad de todos por no haber resuelto esto, particularmente del Congreso, particularmente de quienes tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de temas nacionales como este.
O sea, también hay toda una incapacidad del sistema político, cultural, porque a los partidos tampoco se los ve con esto en la agenda muy fuerte; tampoco a los Gobiernos; y tampoco a los abogados, quienes supuestamente deberían ser un factor para resolver este tipo de situaciones con mucho más agudeza. Y para qué hablar de los medios de comunicación, que también sería bueno que se autoreflexionaran frente a temas de esta envergadura.
Creo que es muy importante aprobar lo que se nos propone: que del retiro se descuente lo que se deba. Pero, sin lugar a dudas, como muchos lo han dicho, aquí se requiere una solución más de fondo en el plano social, político y valórico, porque son cuestiones como que se toleran. A todos nosotros nos van llegando permanentemente casos, situaciones. Y la verdad es que pasa a ser parte de la realidad y no un desafío por superar.
Quiero decir que me da mucha vergüenza por mi propio desempeño en estos años en esta materia.
Yo voy a respaldar el proyecto, pero ojalá que el Ministro de Justicia actual, quien ha tenido una sensibilidad y un trabajo particular en el tema, ponga una línea de solución más profunda y permanente y que realmente garantice que los padres, los hombres particularmente, se van a hacer cargo de sus hijos en lo que se refiere a las pensiones.
Voto a favor, Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Montes vota a favor.
Senador señor Navarro, ¿cómo vota?
El señor NAVARRO.- Señor Secretario; señora Presidenta, seré muy breve.
Bueno, al final del día el 10 por ciento no era una mala idea, como ha dicho Lucas Palacios, quien ha reconocido lo que Briones negó. Preguntamos innumerables veces en la Sala: "Ministro, ¿cuál es el efecto en la economía del retiro del 10 por ciento?". El Ministro guardó silencio.
Lysette Henríquez, economista, nos dio mucha claridad al decirnos que solo en recaudación de IVA esto va a generar para el Estado entre 2.600 y 3.400 millones de dólares, más el impacto en el empleo. Y si se retiran y se gastan 14.600 millones de dólares, vamos a tener 4,5 millones de meses hombre de empleo si se establece que se destina un 25 por ciento a remuneraciones.
Por tanto, hay un efecto positivo en la economía. Y el resultado más brutal es que si se retiran 20 mil millones serán los ciudadanos los que van a poner más dinero que el propio Estado en la reactivación de la economía. ¡La paradoja: los ciudadanos poniendo más dinero que el Gobierno!
Y esta avalancha de solicitudes de retención de pensiones alimenticias nos dice algo que algunos Senadores y algunas Senadoras han señalado -entre ellos, el Senador Galilea-: ha fallado el Estado, ¡ha fallado el Estado!
El Poder Judicial es insuficiente para cautelar los derechos del niño. Es decir, no basta con una orden judicial si no hay posibilidad efectiva de hacer el cobro. Tal como ha dicho Carlos Montes, es un sentimiento de vergüenza el que debiéramos tener por que esta situación se desnude por el 10 por ciento, cuando existía de manera brutal y sigue existiendo hoy, debido a que el Poder Judicial no es efectivo a la hora de ejercer los cobros. Los empleadores muchas veces se coluden, en complicidad con los hombres, para no dar cuenta del lugar de trabajo o de la realidad de los ingresos para pagar la pensión alimenticia.
Pero si de innovación se trata, la verdad es que la solución no está solo en la retención del 10 por ciento que posibilita el proyecto aprobado. Por ejemplo, en Suecia los niños están primero y el Estado paga la pensión alimenticia y luego le cobra al hombre, o a la mujer -el 90 por ciento de los hombres la deben en Chile-, por diversos mecanismos (juicios de cuentas), a través de todas las actividades económicas que dicho proveedor desarrolle para poder proceder al pago de la pensión alimenticia.
Por lo tanto, creo que debemos innovar. Porque, ¿qué pasa al final en nuestro país? Que el Estado termina subsidiando a la madre a través de una pensión básica solidaria o, en subsidio, a través de los municipios. En definitiva, el Estado igual pone el dinero y no lo recupera.
En consecuencia, la legislación de Suecia y de otras partes del mundo, que dan al Estado la facultad de pagar la pensión alimenticia y después cobrarle al padre, al proveedor, me parece una idea que bien vale la pena discutir. Debemos avanzar en ese sentido, para que el alimentario siempre tenga su pensión, si es verdad que los niños están primero. No es excusa no tener trabajo, porque los niños comen todos los días.
El Estado no puede decir que los niños están primero y, en una materia tan esencial para las madres y sus hijos, no actuar de manera decidida, positiva, eficaz y eficiente.
Voy a votar a favor, señora Presidenta, por cuanto este es un proyecto que avanza un poco en la búsqueda de justicia para las madres que cobran pensión alimenticia.
Yo espero que quienes han realizado llamados de amedrentamiento o de amenaza hacia sus parejas para evitar que pidan la retención de parte del 10 por ciento sean sancionados y denunciados. Ni una sola madre debe sentirse amedrentada por un llamado de su expareja amenazándola por si hace efectivo el cobro del 10 por ciento. Los tribunales de justicia y el Ministro, si todavía está en la reunión, deben tomar nota porque dicha situación debe ser denunciada y sancionada.
Voto a favor, señora Presidenta, señor Secretario, teniendo en cuenta que el paso que damos es insuficiente y que la deuda del Estado y de este Congreso se mantiene con las madres que han debido asumir la tuición de sus hijos y su alimentación, sin el apoyo de los padres, aunque ahora hayamos logrado sacarles a estos parte de lo que adeudan, pues el problema no se va resolver totalmente con este proyecto de ley.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Navarro vota a favor.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Presidenta, voy a fundamentar mi voto.
Primero, quiero valorar el efecto colateral que ha tenido la aprobación de la reforma constitucional que permitió el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.
Al principio, ese debate se instaló como una cuestión bien dicotómica -aquellos que estaban a favor versus quienes estaban en contra-, pero hoy día la realidad nos ha mostrado que, en menos de una semana, más de 7 millones de afiliados solicitaron el retiro de su 10 por ciento y que, a la fecha, 8,5 millones de afiliados han comenzado dicho trámite... (falla de audio en transmisión telemática)... económico que, sin duda, ha entregado mayor dinamismo a las economías locales. Además, habrá un retorno a través de los impuestos, particularmente del IVA, hacia el Estado.
Fue una política de carácter universal que, a mi juicio, superó cualquier otra diseñada desde el Gobierno con esta lógica de parcialidades, con exceso de requisitos y, finalmente, generando más frustración que beneficios.
Es una reflexión que quería compartir, porque la considero importante teniendo en cuenta que la crisis se mantiene y que, evidentemente, estará presente mientras no bajemos los niveles en la curva de contagios. Por eso son tan relevantes el testeo, la trazabilidad y el aislamiento de los casos positivos.
Dicho lo anterior, debo agregar que esta pandemia generó una crisis económica importante que hizo necesario aprobar el retiro del 10 por ciento, que provocó un debate que quiero valorar, pues, evidentemente, no estaba en el contexto de la agenda de pandemia por el COVID-19.
Y me parece importante porque los datos manifiestan una realidad que a ratos, como país, como que estuviera bajo la alfombra, muy invisibilizada, en circunstancias de que el hecho de que el 84 por ciento de las pensiones alimenticias se encuentren impagas nos debería llamar la atención a todos.
Como chilenos, pareciéramos estar más preocupados de la cuota que tenemos con el banco, a partir de algún crédito, o con alguna tienda del retail, que de los derechos de alimentos de niños, niñas y adolescentes. Pareciera no ser tema, pero las cifras no son casuales, a pesar de que también tiene que haber un tema cultural en la base que hace que existan tantos deudores que se desliguen de una responsabilidad tan importante como el pago de alimentos.
En dos semanas las demandas por este motivo superaron en 53 por ciento a todas las tramitadas durante el año 2019. Son 72 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes los afectados porque su alimentante no paga las respectivas pensiones.
Me parecen datos muy relevantes que reflejan la magnitud del problema que estamos abordando.
Ahora se ha presentado esta iniciativa del Ejecutivo, aunque hay que reconocer que previamente ya había mociones sobre la materia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en este caso lideradas por las Senadoras Ximena Rincón e Isabel Allende: dos mociones, una de las cuales ayudé a patrocinar.
Este es un debate que no podemos dejar... (falla de audio en transmisión telemática)... como efecto colateral del retiro del 10 por ciento.
No se puede seguir naturalizando, normalizando, la situación de que un porcentaje muy importante de deudores, que en general son padres -porque acá también hay un tema de género-, no se haga cargo de algo tan fundamental como el pago de alimentos.
Y aquí debíamos actuar con celeridad dado que ya se están pagando las primeras cuotas del retiro del 10 por ciento. Por eso finalmente voy a votar a favor. Creo que se hizo un muy buen trabajo, que valoro, con el Ministerio de Justicia, en el cual se recogieron aportes de las magistradas de tribunales de familia, como Mónica Jeldres, y de la Ministra Gloria Ana Chevesich. Pienso que se levantaron muy buenos puntos.
Evidentemente, queda pendiente el retiro forzoso del 10 por ciento, el cual hoy día queda a la discreción del deudor. Si más del 80 por ciento no ha pagado alimentos, bien vale la pena plantear la hipótesis de que no van a retirar su 10 por ciento, que dejarán en sus fondos de capitalización individual, por lo cual seguirán incumpliendo con su deber y su responsabilidad para con sus hijos.
Me parece que ese es un tema importante.
Por otro lado, hay quienes tienen más de una demanda de pensión de alimentos.
Sin embargo, considero un avance el proyecto, el cual va a permitir sortear la crisis a muchas familias que tienen jefaturas de hogar femeninas que quedaron a cargo de sus hijos. Pero este tema no puede quedar como un efecto colateral ni en la mesa de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, sino que debe ser una materia que nos comprometa a todos y que podamos sacar adelante.
Voto a favor, esperando que podamos continuar con esta conversación.
Muchas gracias, Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Órdenes vota a favor.
Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.- Presidenta, voy a fundamentar mi voto y, por cierto, voy a votar a favor.
Sin duda, el COVID ha develado la precariedad de la vida en nuestro país. Y es más: ante esto, hace poco tiempo, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, planteaba que nuestro país y América Latina están asistiendo a una crisis de bienestar, ya que los Estados poseen escasas capacidades institucionales para enfrentar con respuestas satisfactorias no solo esta crisis, sino también problemas que se vienen arrastrando desde hace largo tiempo, como la deuda en pensiones de alimentos a tantos niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
Esta crisis, claramente, tiene rostro de mujer. Las mujeres son las primeras que salen del mercado laboral y pasan a engrosar las altas tasas de desempleo que hoy tenemos,
Esta pandemia, además, Presidenta, ha evidenciado falta de perspectiva de género en distintas iniciativas.
Quiero llamar la atención en esto, que se da no solo a propósito del retiro del 10 por ciento. También lo vimos en la mal llamada "Ley de Protección al Empleo", que hace que los trabajadores y trabajadoras tengan que, a partir de la decisión de la suspensión temporal, pagarse ellos mismos, con sus recursos de la cuenta individual en la AFC, las remuneraciones mientras dure aquella circunstancia.
En esa ley también se olvidaron los casos de niños, niñas y adolescentes con sentencias ejecutoriadas no obstante que el empleador ya no iba a ser quien efectuara los depósitos. El Ejecutivo no se acordó de esa situación. No fue sino a partir de una indicación que presenté junto a las Senadoras Ximena Órdenes, Adriana Muñoz, Isabel Allende y Carmen Gloria Aravena, entre otras, que el Gobierno recordó que era necesario resguardar a quienes estaban quedando en completa indefensión. Y ahí no estábamos hablando de personas que adeudaban pensiones de alimentos, sino de aquellas que las estaban pagando regularmente tras una sentencia ejecutoriada del sistema judicial. Sin embargo, el sistema de protección al empleo desprotegía a niños, niñas y adolescentes.
Entonces, señora Presidenta, vemos que aquí se incumplen derechos de alimentos que están reconocidos en varios instrumentos internacionales vigentes en Chile y especialmente regulados por nuestra legislación interna.
Creo que debemos ser capaces de pensar en una disposición distinta de las que hemos venido estableciendo; porque, cuando nos enfrentamos a esta dramática realidad, donde más del 84 por ciento de los padres no paga derechos de alimentos a niños, niñas y adolescentes, uno se pregunta: ¿qué más?
Ya existe pena de prisión, en cualquiera de sus grados, para quienes oculten las fuentes de ingresos del demandado en juicio; prisión y multa para quien no acompañe todos los documentos requeridos; reclusión nocturna para el tercero que colabore en el ocultamiento del paradero del demandado; obligación de este último de informar al tribunal de todo cambio de domicilio; obligación del deudor de alimentos, sancionado ya dos veces por alguno de los apremios señalados en la ley N° 14.908, de contar con autorización para la salida del país de sus hijos menores de edad; suspensión de licencia de conducir de vehículos motorizados. Nada de eso, ¡nada de eso! ha permitido cumplir con el propósito de garantizar el derecho de alimentación de niños, niñas y adolescentes.
Por eso me parece conveniente recordar que este debate, como bien lo señalaban los Senadores De Urresti y Navarro, se da a propósito del retiro del 10 por ciento, al que el Gobierno se opuso tenazmente y al cual el Ministro de Economía se refería como una decisión que nos ponía a la altura de un país bananero. Hoy sí que hemos escuchado declaraciones propias de autoridades bananeras que dicen: "Estamos muy contentos porque este retiro ha significado reactivación económica".
De ahí, señora Presidenta, que hoy debemos sacudirnos las lógicas en las cuales hemos estado durante años, tratando de poner parches a un sistema que no funciona.
Y esto es lo mismo que nos ocurrirá con el régimen de pensiones. Si nosotros colocamos parchecitos a un sistema que está fracasado, no tendremos una respuesta adecuada para contar con pensiones dignas. Si somos capaces de pensar una forma distinta y no seguir colocando parchecitos a un modelo que ha fracasado en materia de pensión de alimentos, vamos a tener una sociedad que realmente se hace cargo del bienestar y el cumplimiento del derecho de alimentación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Pero, para eso, se requiere pensar en otro sistema, donde el Estado juegue un rol como el que cumplen sociedades que efectivamente ponen a los niños primero y no los utilizan como un eslogan barato para ganar una campaña presidencial.
Voto a favor, señora Presidenta, con la esperanza de que realmente logremos una reforma sustancial al sistema de pensiones de alimentos de nuestro país.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Provoste vota a favor.
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (41 votos favorables), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Sabat, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.