TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD PARA CONTROL DE COVID-19

El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, seré muy breve.

Es inevitable hacer referencia a la oportunidad en que estamos legislando sobre esta materia, a seis meses de declarada la alerta sanitaria.

Y desde un comienzo -aquí se ha dicho-, y con razón, los alcaldes reclamaron una mayor participación de la atención primaria de salud en la estrategia del combate a esta enfermedad, especialmente en cuanto a la trazabilidad de los contagios. La respuesta de la autoridad fue que legalmente no se podían entregar datos sensibles a los municipios. Así se dijo públicamente y en la Mesa Social.

Sin duda, se perdió tiempo en esta inútil polémica.

Al cabo de un período, y sin que haya mediado ninguna ley, la política oficial cambió y constituyó a la atención primaria en el eje de las acciones de trazabilidad en todo el territorio nacional, como debió haber sido desde un comienzo.

Espero que el Gobierno tome nota de esto, porque la grave situación sanitaria, social y económica requiere, como lo hemos dicho, respuestas oportunas.

Algo similar ha pasado con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que llevan varios meses fiscalizando el cumplimiento de las medidas sanitarias, lo que no podrían haber hecho sin contar con la información respectiva.

Por estas razones, yo manifesté en la Comisión mis dudas respecto de la utilidad de una norma de este tipo y, en particular, con el texto del proyecto original, que hacía recaer en los alcaldes toda la responsabilidad en el tratamiento de la información de datos sensibles, en circunstancias de que los municipios cuentan con unidades, que se pueden llamar "direcciones" o "departamentos", que usualmente manejan este tipo de información.

Felizmente, el Ejecutivo acordó una indicación que regula adecuadamente el acceso, tratamiento y eliminación de datos sensibles con ocasión de una pandemia, estableciendo, como lo decía el Senador Girardi, sanciones específicas en caso de un mal uso de ellos. De esta forma, se salvaguarda debidamente la protección de los datos personales, que está garantizada en la propia Constitución, y los objetivos de la salud pública, que constituyen una prioridad siempre, y especialmente en las actuales circunstancias.

Por eso, voto a favor, señora Presidenta.