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REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE RETIRO EXCEPCIONAL DE FONDOS ACUMULADOS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no es habitual que los trabajadores deban recurrir a sus ahorros previsionales para satisfacer necesidades inmediatas. Y también debemos concordar en que esta es, sin lugar a dudas, la crisis más severa que ha vivido nuestro país desde el retorno de la democracia.
Una gran mayoría de chilenos están sufriendo los efectos económicos y sociales de esta pandemia, sin que el Gobierno haya logrado llegar a ellos con ayuda oportuna y cobertura suficiente.
Probablemente, no estaríamos discutiendo este proyecto, que es una medida de emergencia, si el Ejecutivo hubiese reaccionado oportunamente. Pero no lo hizo, ni antes ni ahora.
¡Esa es la magnitud de la crisis que vivimos! Eso es lo que la hace única y lo que justifica adoptar medidas extraordinarias.
Ni las cajas de mercadería mal distribuidas, ni los bonos exiguos, ni el cuestionable Ingreso Familiar de Emergencia resultaron suficientes para contener la necesidad de millones de personas que en estos pocos meses han sido víctimas impotentes de la reducción de sus ingresos, de la pérdida de sus trabajos, de la enfermedad, de la precarización de sus vidas y, en algunos casos también, del hambre y la desesperación.
Podría haber sido otro el escenario; podría haber acudido el Estado en auxilio de las personas con orden, con apoyos sustanciales, en forma simple, privilegiando que las ayudas lleguen efectivamente a todo aquel que lo necesite. Pero en vez de tender la mano en un momento difícil, el Gobierno les pone requisitos, los llama a inscribirse y a postular; les ofrece créditos que no podrán pagar; los obliga a hacer filas, los selecciona, les aplica tablas y los conmina a demostrar que, en efecto, sí tienen necesidades.
Por eso hemos llegado a la situación actual. Sin lugar a dudas, este es el mayor fracaso del Estado en las últimas décadas. No es un fracaso causado solo por la voluntad del Gobierno, la inexperiencia de sus tecnócratas o la reconocida habilidad de nuestro Presidente para eludir o escatimar beneficios para la gente. ¡No! Las causas de este fracaso son más de fondo y estructurales: se encuentran en la debilitada idea de los derechos sociales establecidos en la Constitución, que no consagra una verdadera seguridad social, sino que ofrece un paquete de seguros individuales, de acuerdo con la capacidad de pago de cada cual. Como resultado de ello, la gran mayoría de los chilenos solo puede acceder a una pensión magra y a una atención de salud precaria.
Fue preciso una pandemia mundial para revelar lo que por años estuvo escondido bajo las alfombras de los encuentros empresariales y los rankings internacionales: nuestra precariedad económica, nuestras deficiencias sanitarias y la inexistencia de un sistema de seguridad social capaz de hacerse cargo de las demandas de la gente.
El Estado, que debía dar protección, ha optado por estar ausente de las necesidades esenciales de las personas. La Oposición le dijo al Gobierno una y otra vez que las ayudas no estaban llegando y que la crisis golpeaba más fuerte de lo presupuestado. Le señalaron aquello incluso personeros de su propio sector: parlamentarios, alcaldes y técnicos. Pero prefirió no escuchar.
Lo mismo pasa en materia sanitaria.
Ahora ya es tarde, como también fue tarde el 18 de octubre. Los muertos se cuentan por miles, y los empobrecidos, por millones. Nos dicen que la pandemia no la trajo el Gobierno; pero es el Gobierno quien nos ha conducido por un camino largo y sobre todo equivocado.
Las soluciones ofrecidas -voy a emplear todo mi tiempo, señora Presidenta- no han sido tales. Y, en ese contexto, nace la idea de que, por una vez, los trabajadores puedan acceder a parte de sus fondos de retiro. Y al plantearlo, nadie en este Congreso está faltando a su juramento de respetar la Constitución y la ley, como insiste el Primer Mandatario. Tampoco queremos incendiar el país, ni apropiarnos de las pensiones de los chilenos, como argumenta un sector radicalizado de la Derecha, más preocupado de cuidar los intereses de los grandes empresarios que de intentar resolver los requerimientos de la mayoría. Los hemos escuchado en sus medios mintiendo y alarmando a la población, muy lejos del patriotismo que tanto suelen pregonar.
Y a propósito de ello, señora Presidenta, un Senador que se caracteriza por su elocuencia, pero que se excede, se ha permitido acusar a parlamentarios de estar autoasignándose un beneficio. Además, este mismo Senador, que en cada discusión de reformas tributarias defiende las rebajas de impuestos para los más ricos, ahora reclama por los impuestos que dejarán de pagar los que retiran. Por su intermedio, señora Presidenta, le digo que ¡no acepto sus calumnias! Yo no estoy afiliado a ninguna AFP, y quienes lo están, no se hallan votando en virtud de sus intereses particulares. Tenemos que cuidar este espacio de debate. La desesperación que le producen sus posiciones aisladas y minoritarias no lo pueden llevar a afectar la honra de los demás.
Lo que estamos haciendo hoy se encuentra dentro del ordenamiento vigente, y a ello nos ha obligado la inacción del Gobierno frente a las acuciantes urgencias de los chilenos.
Señora Presidenta, es posible que la medida que estamos tomando no sea una solución mágica a todos los problemas, pero tampoco es la catástrofe que algunos auguran. Sin duda tiene costos y deficiencias. Personalmente prefiero que el mecanismo de retiro de fondos sea universal y parejo para todos, y que de esa manera no existan obstáculos para que todo el que lo necesite pueda recurrir a él.
Solo espero que, a pesar de la abierta confusión en que ha caído el Gobierno, no nos arrastre a una crisis política e institucional aún más seria y acate la decisión mayoritaria de este Congreso Nacional, que cuenta además con el amplio respaldo de nuestra población.
El debate sobre el retiro del 10 por ciento tiene un valor adicional, porque permite abrir la discusión acerca del sistema de pensiones que el país precisa. Ha quedado ampliamente demostrado que las AFP no garantizan la seguridad social y que debemos avanzar hacia un nuevo modelo que priorice la seguridad de los pensionados y no las ganancias de las administradoras de los fondos.
El Estado debe tener un rol más activo en la protección de las personas; en garantizar el acceso a una salud digna, eficiente y oportuna; en asegurar una vejez tranquila y económicamente estable; en ofrecer certezas y confianza frente a tiempos aciagos como los que estamos viviendo.
¡Esas tareas no pueden seguir en manos de privados!
El mercado ha demostrado ampliamente su incompetencia para resolver los problemas sociales; ni siquiera ha sido capaz de salvarse solo, porque ante el primer contratiempo los grandes empresarios no dudaron en pedirle ayuda al Gobierno, y, por supuesto, este no dudó en ofrecer su apoyo.
El modelo no resiste más remiendo. Hoy más que nunca requerimos un nuevo marco de convivencia que se haga cargo de las deudas pendientes del Estado con la gente, que le ponga freno al modelo neoliberal y que establezca un nuevo paradigma de convivencia.
Todo ello debe plasmarse en una nueva Constitución.
El derecho a retirar el 10 por ciento de las AFP es... (falla de audio en transmisión telemática)... y existe.
He dicho.