FORTALECIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DE ROBO Y HURTO DE MADERA EN TROZA

El señor QUINTEROS.- ¡Perdón!

Decía, Presidenta, que votaré en contra de la idea de legislar de este proyecto. Lo hago, en primer lugar, porque la discusión en general en la que nos encontramos nos obliga a debatir sobre sus fundamentos, antecedentes y objetivos; es decir, sobre su conveniencia o plausibilidad en un momento determinado.

Pues bien, el informe de la Comisión señala que el objetivo de este proyecto es brindar protección a la industria forestal, por lo que la primera pregunta resulta muy evidente: ¿Es plausible en este momento que vive el país dar protección especial, adicional a la industria forestal? ¿Es lógico, es racional considerar que dentro de la complejidad de problemas que enfrenta la zona donde se efectúan estos ilícitos la prioridad sea proteger los intereses de una industria en particular? De nada sirve cerrar los ojos ante la evidencia.

La actividad forestal desarrollada en las últimas décadas sobre buena parte del territorio reivindicado por comunidades indígenas es parte del conflicto mapuche. No digo que la industria forestal sea la principal responsable o que sea responsable. No amparo ni defiendo los ataques que sufre, pero es indudable que si queremos abrir paso a una solución de fondo para el conflicto mapuche debemos enfrentarlo en su integridad, desde todas sus aristas y no solo desde algunas. En este caso, desde los intereses particulares de uno de los actores, como lo declara expresamente el mensaje del Ejecutivo. Este es un defecto insalvable de este proyecto.

¿Por qué es conveniente legislar hoy sobre los delitos que afectan a los propietarios actuales de estos terrenos y no sobre los delitos que afectaron ayer a sus propietarios originales? ¿Por qué unos derechos de propiedad son más importantes que otros?

Las visiones parciales no sirven; solo prolongarán el conflicto.

Este proyecto, que puede ser correcto si evaluamos aisladamente sus disposiciones, no lo es cuando lo apreciamos en su contexto, que da cuenta de una acción desequilibrada, parcial del Estado en defensa de unos intereses particulares y no del interés general, como reclama hoy el extenso conflicto mapuche.

Puedo estar de acuerdo en entregar más atribuciones a las policías para perseguir determinados delitos; pero ¿es prudente plantearlo cuando aún no se esclarecen las responsabilidades del caso "Huracán", cuando aún está pendiente la reforma de la policía uniformada?

¡Qué pasa con los compromisos asumidos por el Estado con los pueblos originarios, que se encuentran sin respuesta desde hace años!

¡Qué pasa con el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios!

¡Qué ha pasado con el compromiso de constituir una nueva institucionalidad indígena!

¡Qué ha pasado con el proyecto sobre el Consejo de Pueblos Indígenas!

Son muchas las deudas de muchas administraciones, y no soy partidario de seguir acumulándolas.

Este Gobierno debe tomar una iniciativa política para dar una solución definitiva al conflicto mapuche, en todas sus aristas, con todos sus actores. No valen para mí las iniciativas aisladas.

Por otro lado, la misma falta de una visión integral del proyecto asoma en cuanto a uno de sus contenidos centrales, y me refiero a la norma por la cual se transfieren atribuciones de fiscalización a la Corporación Nacional Forestal, en circunstancias de que aún no se ha legislado sobre el nuevo servicio forestal. El propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado en este punto objetando las competencias públicas que se le asignan a la que hasta hoy es una mera corporación de derecho privado. Esta es otra falla del proyecto que pone en evidencia que se privilegian las soluciones parciales y no las soluciones de fondo que nuestra realidad e institucionalidad reclaman a gritos desde hace bastante tiempo.

Insisto: condeno toda acción delictual, no solo el robo de madera, sino que especialmente los atentados a las personas y bienes que ocurren en el marco de este mismo conflicto. Pero las omisiones de este Gobierno a la larga lista de temas pendientes me impiden en este momento aprobar la idea de legislar.

He dicho.