POSTERGACIÓN DE COBRO Y DE CORTE DE SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS DOMICILIARIOS POR DEUDAS DURANTE ALERTAS SANITARIAS O EPIDEMIOLÓGICAS
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, en primer lugar, es necesario señalar que el contenido de las modificaciones introducidas por la Comisión de Economía a este proyecto, que tuvo su origen en diversas mociones de Diputados, que fueron refundidas, es el mismo que aprobó el Senado respecto de una iniciativa que se originó en varias mociones de Senadores.
Los Diputados plantearon que este proyecto debía ser tramitado por una lógica de reciprocidad, pues ellos han dado trámite a iniciativas de similar naturaleza provenientes del Senado. Por lo mismo, solicitamos en su oportunidad que el proyecto fuera discutido en general y en particular en la Comisión de Economía.
En los hechos, el texto que se aprobó como indicación a la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados es exactamente igual al contenido acogido en el proyecto que fue conocido en su oportunidad por el Senado. De manera tal que la discusión que se dio en la Comisión trató sobre la forma de regular esa materia. Y, adicionalmente, se incorporaron todas las indicaciones que fueron votadas favorablemente en la Sala del Senado cuando se tramitó la otra iniciativa. Es decir, las modificaciones introducidas comprenden tanto lo que se había acordado en la Comisión de Economía respecto del proyecto que tuvo origen en el Senado, como las indicaciones que fueron aprobadas por la Sala en su oportunidad.
Por tanto, el texto es exactamente el mismo.
En rigor, esta iniciativa establece que no serán permitidos los cortes de suministro eléctrico para determinadas personas e instituciones. También se dispone que quienes estén en condiciones complejas, producto del drama económico que se está viviendo, podrán no pagar las respectivas cuentas durante los noventa días posteriores y los treinta días anteriores a la publicación de esta ley y podrán repactarlas en los doce meses siguientes, sin que tengan que pagar multas o intereses.
De esa manera se pretende ayudar a las familias chilenas, ante el drama que están viviendo, porque están afectadas en sus ingresos, lo que no les permite cumplir con el pago de los suministros básicos. Ese es el sentido de este proyecto.
Adicionalmente, respecto de las telecomunicaciones y, particularmente, de los planes de telefonía e internet, se establece un plan básico gratuito que deberá ser presentado por las empresas. De este modo se va a permitir mantener la conectividad respecto de personas que no están en condiciones de pagar sus cuentas.
En su oportunidad, cuando se debatió en el Senado el otro proyecto, yo di un informe detallado de su contenido. Creo que esta iniciativa debería ser de fácil despacho, porque ya se votó una igual. Obviamente, entonces hubo Senadores que votaron a favor y otros, en contra; pero en la que nos ocupa no hay una modificación respecto de lo que ya se discutió cuando se vio el proyecto que tuvo origen en el Senado.
Creo que es importante su tramitación. Obviamente, yo voy a votar a favor. Espero que se apruebe este proyecto y que sea despachado por el Senado, obviamente sobre la base de la decisión democrática que tomen los distintos Senadores. Sería una señal que le estamos dando a la Cámara de Diputados respecto de tramitar con celeridad sus iniciativas; mantener una buena relación entre ambas Cámaras, y establecer una lógica de reciprocidad, que me parece fundamental.
Respecto de las personas, que son lo más relevante, este proyecto obviamente las protege y les da un alivio ante la situación compleja que estamos viviendo.
Es evidente que la situación de pandemia se encuentra en momentos especialmente complejos. Los contagios van a aumentar en los próximos días, de acuerdo a las proyecciones que ya se han señalado. Las cifras son muy preocupantes. Ello ha paralizado, obviamente, determinadas actividades económicas y ha obligado a la autoridad a adoptar medidas de carácter sanitario, particularmente las que tienen por objeto fortalecer las iniciativas de aislamiento físico.
Ese contexto va a generar un impacto enorme en el ingreso de las familias. Por tanto, este proyecto viene a complementar las iniciativas que ya han sido aprobadas por el Congreso Nacional con relación a los beneficios que ha planteado el Gobierno y que han contado con el respaldo de ambas Cámaras.
En cuanto al tema de la inconstitucionalidad que se discutió en su momento, cabe precisar que este proyecto no hace referencia a un estado de excepción constitucional, sino a un plazo contado desde la publicación de la ley. Si alguien considerara que esta es una materia propia de una ley orgánica constitucional por regular un estado de excepción, entonces debería haberse aplicado la misma lógica a todos los proyectos que ha presentado el Gobierno en el contexto de la emergencia, lo que resultaría a todas luces absurdo.
Con esa lógica, por ejemplo, los proyectos que fueron aprobados sobre ingreso familiar de emergencia o protección al empleo, aplicando disposiciones del Seguro de Cesantía, debieran ser considerados como parte del estado de excepción constitucional y, por tanto, haber sido regulados con quorum de ley orgánica constitucional. Eso resulta a todas luces absurdo.
En rigor, lo que requiere quorum de ley orgánica constitucional es el estatuto permanente de los estados de excepción constitucional.
En todo caso, en este proyecto en particular no se hace ninguna referencia al estado de calamidad que ha declarado el Presidente de la República. Por tanto, para aprobar sus normas, se necesita quorum de ley simple.
Obviamente espero que cuente con el respaldo de todos los Senadores que forman parte de esta Corporación.
Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, creo que es muy pertinente la duda que expone el Senador Coloma.
Ahora, vamos por parte.
Efectivamente, el Gobierno ha establecido acuerdos voluntarios con las empresas, los que tienen una magnitud más acotada que la de este proyecto pero que va en una lógica muy similar.
Y de acuerdo con esos entendimientos, tienen carácter obligatorio una vez que son suscritos por las empresas y, por tanto, son fiscalizables. Y eventualmente pueden ser sancionadas si no los cumplen.
Pero el Senador Coloma hace referencia a otra hipótesis: que la ley modifique efectivamente las condiciones en las cuales se están prestando estos servicios, particularmente, cómo se realiza el cobro.
El punto es que si la tesis del Senador Coloma fuera efectiva, el proyecto que presentó el Gobierno en su oportunidad para congelar las tarifas eléctricas, que tiene un impacto obviamente en las empresas, porque es una especie de crédito con tasa cero, generaría también la obligación de indemnizar. Y esa es una iniciativa que fue promovida con entusiasmo por parte del Ejecutivo.
Yo creo que en este caso no existe la posibilidad que se plantea, porque se trata de servicios regulados. Y, por tanto, obviamente, es la ley la que los regula y se pueden realizar las modificaciones correspondientes.
Eso no obsta a que la regulación debe ser pertinente desde el punto de vista de su impacto financiero, porque las empresas requieren cierta viabilidad para seguir prestando sus servicios.
Por eso este es un proyecto acotado a noventa días para delante y treinta días para atrás. No hay un perdonazo -es muy importante precisar esto-, no es que las personas no vayan a pagar su cuenta. Lo que hay es una repactación en el pago de la cuenta en los doce meses siguientes a estos noventa días. Además, una persona incluso podría perfectamente pactar en un plazo inferior, si está en condiciones de pagar con mayor celeridad.
Esta iniciativa es equivalente al proyecto que presentó el propio Gobierno del Presidente Piñera y que establecía el congelamiento de tarifas. Por tanto, como lo he señalado, esta es una especie de préstamo a tasa cero. El proyecto del Ejecutivo sí tenía un impacto en dólar, y por eso el aumento del precio del dólar no ha sido positivo respecto a la implementación de esa iniciativa, pero implicaba una carga financiera para las empresas.
El costo que pudiera tener la iniciativa en análisis incluso es mucho menor. El universo al cual se aplica es mucho más acotado. Estamos hablando de las personas que realmente lo necesitan. Y reitero: lo único que se establece es una repactación en los doce meses siguientes a los noventa días, con cuotas fijas y sin pago de multas o intereses.
Por lo tanto, de todas maneras las personas van a tener que pagar la cuenta, por decirlo de alguna manera, y no se va a estar proveyendo el servicio de manera gratuita.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, quiero hacer dos comentarios muy simples.
Escuché la intervención de la Senadora Von Baer, quien se refirió a algo que me parece muy pertinente considerar: la situación en que quedan los servicios sanitarios rurales, conocidos como "agua potable rural" (APR), que efectivamente no están contemplados en este proyecto de ley.
El Gobierno no ha participado formalmente en el debate de esta iniciativa; sin embargo, la ha estado observando. En ese contexto, se informó a la Comisión de Economía que se presentaría una propuesta para proteger precisamente a los usuarios de los proyectos de agua potable rural, pero a través de una metodología distinta, mediante algún tipo de subsidio del Ministerio de Obras Públicas, pues la forma en que funcionan esos servicios sanitarios rurales es completamente diferente de la de los servicios que están regulados en esta iniciativa.
Ahí tenemos un desafío. Hay que hacerse cargo, adicionalmente, de esa situación, porque estamos hablando de usuarios que, en la mayoría de los casos, tienen una condición socioeconómica más baja que la de quienes son clientes de los servicios sanitarios ordinarios o comunes, por decirlos de alguna manera. Desde esa perspectiva, es necesario, obviamente, protegerlos de alguna forma.
El propio Gobierno anunció que la metodología para proteger a los usuarios de los servicios de agua potable rural iba a ser distinta: a través de una fórmula de subsidio del Ministerio de Obras Públicas.
Eso es lo primero que quiero plantear.
Lo segundo es que me parece importante que el Gobierno se haga parte de este debate, porque hasta ahora solo ha estado observando, y puede pasar algo similar a lo que aconteció con los permisos de circulación, cuando al final el Presidente tuvo que presentar un veto, en circunstancias de que, si hubiera participado anticipadamente en esa discusión, se habría aprobado la ley con el mismo contenido; no habría habido cuestionamiento respecto de la visibilidad de algunas de las indicaciones, y por cierto, se habría podido anunciar su aplicación, sin importar que estuviera pendiente la promulgación, antes de que venciera el plazo de los permisos de circulación y de que se produjeran esos grandes atochamientos que hubo a raíz de que muchos propietarios de automóviles concurrieron a los distintos municipios especialmente para renovarlos.
Por eso, esperamos que, una vez que se constituya la Comisión Mixta para ver el proyecto que vamos a votar después y también esta iniciativa, que previo a ello debe ser tramitada en tercer trámite por la Cámara de Diputados, el Gobierno tenga un rol mucho más activo, a efectos de dar a conocer sus puntos de vista y, de esa forma, contribuir a que el proceso de tramitación de esta iniciativa sea más rápido, sobre todo considerando que todas las herramientas de que dispone el Ejecutivo son muy superiores a las que maneja el Parlamento en forma aislada.
Gracias, señora Presidenta.