OTORGAMIENTO DE INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que concede un ingreso familiar de emergencia, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.461-31) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 19ª, en 30 de abril de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 22ª, en 6 de mayo de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa tiene por finalidad entregar un apoyo económico denominado "Ingreso Familiar de Emergencia" durante los meses que se prevé serán los más complejos de la pandemia, que busca beneficiar a los hogares que probablemente serán los más afectados por los efectos económicos que está produciendo la enfermedad COVID-19, que son aquellos cuyos ingresos son mayoritariamente informales.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento del Senado, por tratarse de una iniciativa con urgencia calificada de "discusión inmediata", y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
En particular, la Comisión aprobó el proyecto en los mismos términos en que fuera despachado por la Cámara de Diputados, tras rechazar todas las indicaciones presentadas.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 47 y siguientes del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Hago presente a Sus Señorías que con esta fecha el Ejecutivo ha renovado las indicaciones al proyecto de ley del rubro, a fin de que sean consideradas durante la discusión en esta Sala.
Las indicaciones que se renovaron son las siguientes:
-Al artículo 1, para reemplazar en el inciso primero, literal iii), la frase "artículo 3", por la expresión "artículo 5".
-Al artículo 2, para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: "Mediante resolución exenta dictada por la Subsecretaría de Evaluación Social, visada por la Dirección de Presupuestos
, se fijará el procedimiento y metodología para determinar quienes pertenecen al 40 por ciento más vulnerable de la población nacional, y a más del 40 por ciento hasta el 60 por ciento según el Indicador Socioeconómico de Emergencia, y la forma de verificación de los demás requisitos establecidos en esta ley.".
-Para agregar el siguiente artículo 3, nuevo, pasando el actual 3 a ser artículo 4, y así sucesivamente.
"Artículo 3.- El hogar que, cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 1°, pertenezca al 40 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia señalado en
el artículo anterior, tendrá derecho al Ingreso Familiar de Emergencia, de acuerdo al aporte que le corresponda según la época en que efectúe la solicitud, según lo establecido en el artículo 7°, cuyos montos serán los siguientes:
Número de integrantes del Hogar
Monto del aporte extraordinario
Primer aporte
Segundo aporte
Tercer aporte
Hogar integrado por 1 persona
$65.000
$55.250
$45.500
Hogar integrado por 2 personas
$130.000
$110.500
$91.000
Hogar integrado por 3 personas
$195.000
$165.750
$136.500
Hogar integrado por 4 personas
$260.000
$221.000
$182.000
Hogar integrado por 5 personas
$304.000
$258.400
$212.800
Hogar integrado por 6 personas
$345.000
$293.250
$241.500
Hogar integrado por 7 personas
$385.000
$327.250
$269.500
Hogar integrado por 8 personas
$422.000
$358.700
$295.400
Hogar integrado por 9 personas
$459.000
$390.150
$321.300
Hogar integrado por 10 o más personas
$494.000
$419.900
$345.800
-Para agregar el siguiente artículo 4, nuevo, pasando el actual artículo 4 a ser artículo 6, y así sucesivamente:
"Artículo 4.- Para aquellos hogares que, cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 1, se encuentren sobre el 40 por ciento y hasta el 60 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia señalado en el artículo 2, el monto de cada aporte del Ingreso Familiar de Emergencia será equivalente a dos tercios de las cantidades establecidas en el artículo 3 para cada uno de ellos, de acuerdo al aporte que le corresponda según la época en que efectúe su solicitud, según lo establecido en el artículo 7.".
-Al artículo 3 actual, 5 nuevo, para reemplazar el párrafo que viene a continuación de la frase "el siguiente requisito:", hasta el punto aparte, por el siguiente:
"(i) que la suma de dichos ingresos sean inferiores al primer aporte que le correspondería conforme al artículo 3; (ii) que pertenezcan al 90 por ciento más vulnerable de la población nacional, de conformidad al Instrumento de Caracterización Socioeconómica a que se refiere el artículo 5 de la ley N° 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social; y (iii) que pertenezcan al 40 por ciento más vulnerable de la población nacional, de acuerdo al Indicador Socioeconómico de Emergencia a que se refiere el artículo 2. En este caso, el monto de cada aporte del Ingreso Familiar de Emergencia será equivalente a la mitad de las cantidades establecidas en el artículo 3 para cada uno de ellos, de acuerdo a la época en que efectúe su solicitud, según lo establecido en el artículo 7.".
-Al artículo 8 actual, 10 nuevo, para modificar el inciso segundo de la siguiente forma:
a) Reemplázase la frase "inciso segundo del artículo 5" por la expresión "inciso segundo del artículo 7".
b) Reemplázase la frase "en el numeral (i) del artículo 3" por la expresión "en el numeral primero del artículo 5".
-Al artículo 10 actual, 12 nuevo, para reemplazar, en el inciso primero, el número "3" por "5".
-Al artículo segundo transitorio, para reemplazar la frase "artículo 5" por la expresión "artículo 7".
-Al artículo tercero transitorio, para reemplazar los números "11" y "12" por "13" y "14", respectivamente.
Esas son las indicaciones que ha renovado el Ejecutivo el día de hoy.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
En discusión el proyecto.
Ofrezco la palabra al Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, parto dándole las gracias al señor Secretario por haber hecho una relación de las indicaciones que fueron rechazadas ayer en la Comisión y que hoy nuevamente presenta el Ejecutivo.
Voy a entregar un resumen del informe de la Comisión y del debate que tuvimos al interior de dicha instancia.
Sobre el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que concede un ingreso familiar de emergencia, la Comisión de Hacienda sesionó los días 30 de abril y 4 y 5 de mayo. Debido a la urgencia calificada de "discusión inmediata" que estableció el Ejecutivo, se discutió la iniciativa en general y en particular a la vez.
A las sesiones concurrieron el Ministro de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaria de Evaluación Social, el Subsecretario de Servicios Sociales y los Ministros de Hacienda y Secretario General de la Presidencia.
Además, tuvimos la oportunidad de escuchar las opiniones de la Coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, señora María Paz Arzola; del Presidente y el Director de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Rodrigo Jordán y Leonardo Moreno, respectivamente, y del ex Presidente del Banco Central don Rodrigo Vergara.
El objetivo del proyecto es entregar un apoyo económico, denominado "ingreso familiar de emergencia", durante los meses que se prevé que serán los más complejos de la pandemia, buscando beneficiar a los hogares que, probablemente, se verán más afectados por los efectos económicos que está produciendo la enfermedad COVID-19, que son aquellos cuyos ingresos son mayoritariamente informales.
El señor Ministro de Desarrollo Social y Familia, don Sebastián Sichel, explicó que el único límite inicial para acceder al beneficio es que se debe pertenecer al 90 por ciento más vulnerable de la población nacional, de conformidad al instrumento de Caracterización Socioeconómica-Registro Social de Hogares. Dentro de ese 90 por ciento, al 60 por ciento más vulnerable se le paga automáticamente y el otro 30 por ciento debe solicitarlo.
Observó, además, que el 40 por ciento inicial y más vulnerable tiene ingresos considerados totalmente informales. Dicho grupo es absolutamente prioritario y corresponde a 1.238.000 hogares. Aquellos contemplados entre el 40 y el 60 por ciento de vulnerabilidad corresponden a unos 150 mil hogares, y los que están entre el 60 y el 90 por ciento, a unos 110 mil, llegando a 1.500.000 hogares. A ello se suman 200 mil solicitudes de recalificación ya efectuadas, lo que establece un universo potencial de 1.700.000 hogares, aproximadamente.
Respecto del segmento que va del 60 al 90 por ciento, el Ministro explicó que, a pesar de encontrarse en una situación muy desmejorada de ingresos, aparece en una posición distinta por diversos factores, como contar con una situación e ingresos muy diferentes doce meses atrás, haber percibido ingresos de fuentes ilegales o vivir de actividades de la llamada "nueva economía", como choferes de aplicación Uber, por ejemplo.
Dentro de este resumen, cabe señalar lo que dijo el señor Ministro de Hacienda en su exposición.
Él manifestó que era necesario poner en contexto la forma en que se está enfrentando el tema desde el punto de vista fiscal y señaló que la situación fiscal del país es compleja. De hecho, recordó que se proyecta un déficit de 8 por ciento del producto interno bruto.
Apuntó que parece que se piensa que se está haciendo poco y que el margen de acción es infinito, pero planteó que la realidad indica que eso no es así.
Observó que, para evaluar el esfuerzo fiscal de los distintos países, es útil atender a los déficits fiscales corrientes. Holanda, Alemania y Nueva Zelandia tienen déficits fiscales de alrededor de 5 por ciento; Inglaterra, de 8 por ciento; Canadá, de 10 por ciento. Por lo tanto, puntualizó que Chile, con su 8 por ciento, se encuentra en la parte alta de la tabla.
Expresó que, en materia de esfuerzo fiscal, los países tienen diferentes métodos de contabilidad fiscal y afirmó que en Chile las medidas fiscales sobre la línea son de 4,6 por ciento del producto de interno bruto; o sea, más que en Alemania (4,4 por ciento), Reino Unido (3,1 por ciento); Perú (2,6 por ciento) y Corea (1,5 por ciento).
Por lo tanto, recalcó que, en materia fiscal, no hay espacios infinitos para actuar.
Puso de relieve que, así como se creó un fondo de 2 mil millones de dólares, del cual se están utilizando en el proyecto en discusión alrededor de 800 millones, en el futuro cercano se requerirá adoptar otras medidas, por lo que es imprescindible contar con flexibilidad para ir operando en la materia. Recordó, además, que en la discusión del "bono COVID" su postura fue precisamente la de que existiera flexibilidad.
Aseguró que, en el beneficio que se crea en la iniciativa, se contempla una dimensión de vulnerabilidad transitoria, que permite contar con un instrumento de calidad superior.
También afirmó que es necesario poner en perspectiva el monto que el proyecto involucra. Precisó que se considera el doble de recursos que en el "bono COVID" y que, no obstante eso, hay quienes lo consideran insuficiente.
Sobre el costo fiscal asociado a la iniciativa, de 802 millones de dólares, recordó que la nómina de beneficiarios puede crecer en los meses venideros.
Después de las exposiciones iniciales, en el informe se consigna el debate que se desarrolló en las primeras sesiones y, luego, en la discusión en particular.
Frente a la consulta del Presidente de la Comisión respecto de si existe disponibilidad del Gobierno para efectuar una revisión del contenido del proyecto de ley, el señor Ministro de Hacienda señaló que el monto contemplado para la iniciativa es el definitivo y no existe espacio para aumentarlo. Resaltó que se trata de un proyecto complejo, en cuya elaboración participaron expertos y académicos, lo que llevó a incorporar grupos que no estaban considerados con anterioridad.
Se generó un debate, señora Presidenta, a partir del planteamiento del Gobierno y la inquietud de los distintos colegas.
Posteriormente, los Senadores Lagos, García, Montes, Coloma y el Presidente de la Comisión escuchamos la exposición de la Subsecretaria de Evaluación Social, doña Alejandra Candia, quien, a propósito de algunas consultas, expuso que no existe discriminación hacia quienes cuentan con un ingreso formal y que, más bien, es una novedad incluirlos dentro del grupo que se busca apoyar, lo que surge a partir de una recomendación del consejo de expertos que los asesoró. Además, señaló que se debe considerar que otros proyectos de ley se han dirigido a quienes cuentan con dichos ingresos, como ha sido el que se refiere a los créditos garantizados por el Fogape y el relativo al subsidio para el ingreso mínimo garantizado. Por lo mismo, se contempla un umbral, buscando también no desincentivar el acceso a ingresos formales.
El proyecto, como manifestó el señor Secretario, se sometió a votación en general y fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
En la discusión en particular el Ejecutivo presentó un conjunto de indicaciones -son las que leyó el señor Secretario-, con el objeto de reponer los artículos que habían sido rechazados en la Sala de la Cámara de Diputados.
En el debate que está consignado en el informe que Sus Señorías tienen a disposición, tanto de Gobierno como de Oposición, hicieron consultas y expresaron opiniones, luego de lo cual se procedió a la votación de tales indicaciones en su conjunto, producto de la petición hecha por la Presidencia de la Comisión. El sentido de ello es que se iba a expresar un rechazo a estas indicaciones, que buscaban reponer lo que fue rechazado en la Cámara Baja, como una forma de manifestar la necesidad de buscar un acuerdo distinto en la materia.
Voy a hacer un resumen, señora Presidenta, de lo que se dijo durante la votación. Espero interpretar bien lo manifestado por los señores Senadores. Es importante, a efectos del debate que vamos a tener a continuación.
Puestas en votación todas las indicaciones, se registraron las siguientes fundamentaciones:
El Honorable Senador García manifestó su voto a favor de las indicaciones, dado que existe consenso de la necesidad del beneficio contemplado por la iniciativa, llegando al 60 por ciento más vulnerable de la población e, incluso, al 90 por ciento más vulnerable si se recalifican conforme a su nueva situación y quedan dentro del mencionado primer segmento.
Asimismo, indicó que existe un sentido de urgencia que atender para poder pagar en mayo a la gran mayoría de los beneficiarios.
Expresó que comprende que se señale que el ingreso familiar es insuficiente, todos quisieran que fuera superior, pero existen restricciones presupuestarias evidentes, con un déficit fiscal que superará el 8 por ciento, más tomando en cuenta la caída del producto de 3,5 del mes de marzo. A mayor déficit, mayor endeudamiento se requerirá. Y la reasignación, como origen de los recursos, resulta solo una fórmula contable, porque de todos modos se tendrán que buscar nuevos fondos, y subirá el endeudamiento, encontrándonos ya en el borde de un equivalente al 40 por ciento del Producto Interno Bruto.
El Honorable Senador Coloma lamentó el camino adoptado por la mayoría opositora al Gobierno en la Comisión y asumió la misma decisión de la Cámara de Diputados.
Estimó que la iniciativa de ley forma parte de un conjunto de proyectos para enfrentar la pandemia y que efectivamente siempre es posible considerar insuficiente lo que se entrega. Recordó que se trata de montos diez veces superiores a los que se han dado en otras crisis, los que suman a lo menos 802 millones de dólares, que probablemente aumentarán.
Respecto de los montos decrecientes que se entregan cada mes, señaló que el expositor Rodrigo Jordán, además de mencionar que se requerían montos algo superiores, afirmó con claridad que se necesitaba que el primer mes se entregara un importe mayor.
Observó que siempre existe espacio para negociar, pero en su opinión es preferible un Ejecutivo que no apueste a proponer montos inferiores a los que estima posibles solo para hacer concesiones durante la tramitación de las medidas. Hizo presente que en el año 2009, gozando de una reciente mayoría circunstancial en el Senado, la Oposición de aquel entonces aprobó las propuestas del Ejecutivo sin exigir cambios sustanciales, porque consideraron que era relevante para el país.
Por las consideraciones expuestas, votó a favor de las indicaciones.
El Honorable Senador Montes planteó que las comparaciones del presente ingreso familiar con otros bonos o subsidios requieren mucho detalle y antecedentes para ser válidas, más atendiendo la situación única, por lo excepcional, que se enfrenta.
Expuso que debió tratarse de un proyecto de unidad, que constituya un logro de todos, pero no fue así.
Señaló que había que aprobarlo en general para reconocer el cambio de enfoque y el hecho de que constituye algo mejor que el llamado "bono COVID". No obstante, presenta defectos en la forma de asignar y de excluir a hogares pertenecientes al 40 por ciento de mayor vulnerabilidad con situaciones similares a hogares que sí se incluyen, siendo el caso de las discapacidades los más evidentes.
Mencionó que no se tiene claro si subsidios como el del trabajo juvenil o de la mujer se encuentran como ingresos formales.
Agregó que también consideraba que se debe mejorar el monto y que el beneficio se entregase en forma directa y automática.
Respecto de la gradual rebaja del monto mes a mes, manifestó que no tiene real justificación, y si la tuviese, surgiría la interrogante de por qué no se hizo lo mismo respecto de beneficios entregados relacionados con empresas.
Observó que la situación es incierta para todos y en todos los ámbitos, y que el segundo trimestre será lo peor de la crisis.
Por lo anteriormente expuesto, votó en contra de las indicaciones.
El Senador Lagos coincidió en la necesidad de votar a favor en general el proyecto, y lo hizo con entusiasmo, porque se trata de recursos que se requieren para un número grande de hogares, especialmente pensando en que las personas se queden en sus casas por la cuarentena.
Lamentó el cambio de actitud del Ejecutivo, ya que desde el llamado "estallido social", iniciado el 18 de octubre del año pasado, el Gobierno solicitó la ayuda y colaboración del Congreso Nacional. Pero pareciese que esa actitud duró solo mientras se sintió al límite de sus posibilidades. En ese lapso se aprobó una reforma tributaria distinta de la proyectada y una Ley de Presupuestos con numerosas mejoras, ambas compartidas por Gobierno y Oposición. Esa mirada común se extendió al inicio de esta severa crisis sanitaria y económica. Pero ahora que el miedo se ha extendido entre la población, generando el apoyo a las decisiones que toma la autoridad, esta cree no necesitar del rol colaborador del Congreso Nacional.
Subrayó que en la Comisión de Hacienda del Senado los integrantes de Oposición no pidieron 3.600 millones de dólares. No obstante, aseveró que, respecto de una iniciativa que contempla 802 millones de dólares, no se pudo aceptar una propuesta justificada para hacer el monto similar al del primer mes por todo el período (65 mil pesos por tres meses), lo que significaba un aumento de 130 millones de dólares dentro de un fondo por 2 mil millones, en circunstancias de que los grandes números muestran que aprobaron 3 mil millones de dólares para aumentar el Fogape y atender las necesidades de empresas de todos los tamaños.
Asimismo, se preguntó si realmente se cree que los meses de mayo y junio serán diferentes entre sí como para justificar una diferencia de montos.
Además de expresar su rechazo a las indicaciones en votación, finalizó señalando que ahora el Gobierno contará con 802 millones de dólares para distribuirlos como quiera, pero habiendo quebrado una relación de colaboración con la Comisión y con el Senado.
El Senador Pizarro fundamentó su voto de rechazo a las indicaciones, expresando que lamenta lo que se ha generado en el Senado, tratándose de un proyecto fundamental para la gente que más sufre, y que no esperaba la intransigencia con la que ha actuado el Gobierno.
Manifestó que hicieron una propuesta seria para alcanzar acuerdo, con un aumento del beneficio a 80 mil pesos per cápita por tres meses, lo que daría 320 mil pesos para una familia de cuatro integrantes, una cifra muy próxima al ingreso mínimo mensual, lo que sería de especial relevancia para todas las comunas populares, que son las que se están viendo más afectadas por los efectos de la pandemia.
Especificó que implicaba pasar de 800 a 1.200 millones de dólares, dentro de un total de 2 mil para paliar la situación de extrema gravedad en la que viven los trabajadores con ingresos informales por cuenta propia, tales como jardineros, transportistas, pescadores, vendedores, etcétera.
Señaló que el Gobierno es el responsable de la caja fiscal y del Tesoro Público, pero en ese entendido es el que efectúa propuestas y construye leyes escuchando las necesidades más urgentes que se le plantean. Como no ha sido así, agrega que como Senadores no pueden hacerse parte de iniciativas que no cumplirán lo prometido por los anuncios.
Expuso que con la decisión que adoptan cumplen con la estrategia y el deseo del Ejecutivo de acelerar la tramitación del proyecto de ley, que contará con un beneficio y un subsidio, pero que es menor a lo que se necesita y a lo que prometió, con torpes discriminaciones y reducción sin justificación mes a mes. Por ello, señala que vota en contra.
Todas las indicaciones fueron rechazadas por mayoría de votos. Votaron a favor de las indicaciones los Senadores Coloma y García. Lo hicieron en contra los Senadores Lagos, Montes y Pizarro. Por ende, el proyecto fue aprobado en particular en los mismos términos en que había sido despachado por la Cámara de Diputados.
Es cuanto puedo informar, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.- Señora Presidenta, y, por su intermedio, al señor Ministro.
La verdad es que no nos gusta este proyecto. Es una mala iniciativa y una gran desilusión: es mezquino, discriminatorio y burocrático.
Es mezquino porque considera un tope en la mitad de lo que gana una persona en condición de extrema pobreza en Chile.
Es discriminatorio porque, además, castiga a aquellas familias pobres que perciben un pequeño ingreso formal, reduciendo el monto a la mitad de lo que habrían recibido si no lo tuvieran. Y, al mismo tiempo, es discriminatorio porque excluye, como se acaba de señalar aquí, a una cantidad muy grande de trabajadores independientes, de transportistas, de obreros, de trabajadores que no poseen un ingreso formal.
Y es burocrático porque se pretende distribuir este beneficio a través de la creación de un indicador socioeconómico de emergencia que elaborará la Subsecretaría de Evaluación Social junto con la Subsecretaría de Hacienda. Por lo tanto, probablemente, quién sabe cuánto se demorarían en terminar eso, además de las colas que veremos en las calles para inscribirse de nuevo. Ello, en lugar de recurrir, como se había indicado antes, al Registro Social de Hogares, que a nosotros nos parecía que era algo casi obvio.
Señor Ministro, nosotros pedimos que se suba el aporte de 65 mil pesos. Finalmente, están repartiendo 802 millones, cuando dijeron que tenían 2 mil.
Nosotros solicitamos que se eliminen las diferencias odiosas entre unos pobres y otros dentro de nuestro país; entre unos que no tienen con qué comer y otros que no tienen con qué comer; que no le pidan a la gente que haga colas y nuevos registros, cuando todos saben dónde se encuentran los registros de pobres en Chile.
Son peticiones bastante simples, señor Ministro.
Estamos solicitando que se use la plata que está en el proyecto. Los dos mil millones que anunció el señor Ministro de Hacienda. ¿Qué harán con los otros mil doscientos? ¿A qué los van a destinar? ¿Por qué no aceptan ninguna indicación? ¿Por qué vinieron los señores Ministros a la Comisión y a la Cámara de Diputados antes a decir que no habría ningún cambio ni en quienes recibían este beneficio, ni tampoco en el monto?
Sin embargo, sí cambiaron el Registro Social de Hogares, inventando un indicador socioeconómico de emergencia que seguramente retardará más todavía el pago para las personas, como sucedió con el bono anterior.
No entendemos por qué el Gobierno ahora se niega a hablar de este tema. Nosotros mantenemos una actitud constructiva. Se presentaron propuestas por parte de los Senadores de Oposición que estaban dentro del rango de dinero que el Gobierno estaba planteando. Sin embargo, todas fueron rechazadas y no hubo diálogo.
Nosotros pedimos que se reconsidere esto y que, de una vez por todas, el Gobierno favorezca a quienes realmente no tienen un centavo para darles de comer a sus familias, mientras otros se reparten las utilidades de sus empresas a vista y paciencia de todo el país.
Este es un mal proyecto, señora Presidenta. Y espero que el Gobierno lo corrija.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, Honorable Sala, el hecho de que todos en la Comisión de Hacienda hayamos votado favorablemente la idea de legislar revela con claridad que estamos de acuerdo en que es necesario contar con un instrumento como este, tener un bono que permita ir en apoyo de las familias para hacer frente a las dificultades económicas que deben resolver como consecuencia de la pandemia que está viviendo el mundo y que, por supuesto, también afecta a nuestro país.
Ese es el sentido de la votación en general: todos estamos de acuerdo en que este beneficio es necesario.
Y si bien se producen diferencias respecto del monto y del hecho de que vaya disminuyendo en los meses siguientes, en general, hemos considerado que es una iniciativa que está bien focalizada. Por eso no comparto las expresiones que ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que este proyecto sería egoísta, discriminatorio, etcétera.
Esta no es una iniciativa discriminatoria, porque, contrariamente a lo que menciona el Senador Insulza, no excluye a nadie. Y precisamente se establece un indicador socioeconómico de emergencia para permitir que aquellas familias que en estas últimas semanas han perdido sus ingresos o los han visto disminuir significativamente, pero que se encuentren sobre el 60 por ciento más vulnerable de la población, puedan incorporarse.
Por eso es que cuando señalamos si están incluidos los transportistas escolares, los que manejan taxis colectivos, los pescadores artesanales o los pequeños comerciantes, bueno, dependerá de la situación que esté viviendo cada uno de ellos. Porque en la medida en que hayan perdido sus ingresos, que su situación socioeconómica haya cambiado, rápidamente, usando los sistemas virtuales que existen hoy, en la mayoría de los casos podrán tener este indicador de emergencia, que les permitirá acceder al beneficio.
Además, esta iniciativa tiene un sentido de urgencia, porque hoy ya se anunció que son muchas más las comunas que están entrando en cuarentena. Por supuesto, esta medida dificulta que las personas que obtienen sus ingresos básicamente a través de medios informales puedan salir a trabajar. Deben quedarse en sus casas y cuidarse. Y ello significará que muchos de ellos no podrán generar los ingresos que normalmente sí llevaban hasta su hogar.
Por lo tanto, necesitamos pagar el bono dentro del mes de mayo y, por supuesto, en junio y en julio, como está previsto. Pero claramente existe un sentido de urgencia.
Durante la discusión de la iniciativa le solicitamos al Ejecutivo -por lo demás, es una propuesta que tiene un amplio consenso- que no hubiera diferenciación entre los beneficiarios al entregarse un monto a quienes pertenecen hasta el 40 por ciento más vulnerable y un monto distinto para quienes se encuentran entre el segmento que está algo más arriba del 40 y debajo del 60 por ciento más vulnerable. Es decir, planteamos que no tuviéramos dos tramos y que se garantizara que todas aquellas personas que pertenecen al 60 por ciento más vulnerable y que tienen ingresos provenientes de actividades informales puedan acceder a este bono.
Y el Ejecutivo aceptó aquello. Lamentablemente, eso no se pudo concretar en el informe que se está entregando porque, como el proyecto está aprobado sin especificar un monto, no hay cómo presentar las indicaciones. Pero nosotros, los Senadores de Renovación Nacional, insistimos en nuestra propuesta, y así se lo pedimos al Gobierno, en el sentido de que haya un solo tramo, que se garantice que el beneficio sea parejo hasta el 60 por ciento más vulnerable de todas aquellas familias con ingresos a través de sistemas informales.
Ayer en la mañana, cuando la Comisión de Hacienda analizó el proyecto, escuchamos a varios especialistas. Y tengo que señalar que hubo opiniones distintas en muchos casos. Pero la iniciativa concita bastante acuerdo en sus líneas generales.
Y hubo una propuesta que a mí me pareció bien interesante y que nosotros también la debiéramos considerar: como esto tiene sentido de urgencia y hay que despacharlo en estos días, pero como no sabemos lo que va a ocurrir en las próximas semanas, ni cómo se va a ir desarrollando la pandemia ni tampoco cómo va a continuar afectando los ingresos de las familias, creo que los montos van a tener que revisarse. Y no solo los montos de este bono para los meses de junio y julio, sino además los montos ya acordados en el Seguro de Desempleo, cuando se usa alguno de los dos sistemas, ya sea el de reducción de la jornada de trabajo o el de suspensión de la relación laboral, proyecto que terminamos de revisar ayer.
Porque, de verdad, no sabemos hoy día, no tenemos la certeza de cómo se va a ir desarrollando todo. Y estamos frente a la situación real de que los recursos fiscales son limitados y de que este año el déficit fiscal ya alcanza a lo menos el 8 por ciento del producto interno bruto, es decir, un déficit del orden de los 24 mil millones de dólares. Y si la situación de contagio se sigue ampliando, es probable que tengamos incluso un déficit mayor. Ya la cifra del Imacec (índice mensual de actividad económica) correspondiente al mes de marzo nos señala una caída de 3,5 por ciento. Se espera una caída mucho más brutal, mucho más fuerte para el mes de abril. Y cuando hablamos de una disminución en la actividad económica también estamos hablando de una repercusión directa en los ingresos fiscales, en los ingresos tributarios. Entonces, no sería nada de raro que tuviéramos un déficit incluso superior a 8 puntos del producto interno bruto.
Por eso todos los especialistas que expusieron ayer señalaban que era prudente que no se dispusiera en este proyecto de ley de los 2 mil millones de dólares que se anunciaron hace un par de semanas por parte del Presidente de la República, que es bueno, que es conveniente guardar parte de esos recursos y tenerlos a mano para ver cómo vamos en apoyo de las familias en las semanas siguientes.
Señora Presidenta, yo anuncio nuestro voto favorable a la idea de legislar, reiterando que este bono de apoyo para las familias más vulnerables es indispensable, y en muchos casos es vital. Y reiteramos el sentido de urgencia que tiene este proyecto, pues necesitamos que los primeros bonos se paguen durante los próximos días del mes de mayo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, en verdad, este tema lo conversamos largamente junto a la Mesa del Senado y a los Comités de Oposición. Y escuchamos atentamente al Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Jorge Pizarro, quien ha entregado el informe sobre lo que fue el trabajo de dicha Comisión.
Señora Presidenta, colegas, creo que estamos atravesando el principal desafío que como país nos ha tocado enfrentar; una situación, de verdad, extrema y compleja para hombres y mujeres en nuestro territorio.
Y como lo han dicho distintos expertos, asesores y técnicos, necesitamos medidas extremas, necesitamos afinar la puntería. Y es preciso que el Gobierno entienda que no se puede dejar a nadie fuera del apoyo del Estado; que no es posible hacer recortes a los territorios del país; que no podemos dejar sin recursos a instituciones que son fundamentales para nuestro desarrollo con disminuciones que representan casi un 8 por ciento de su presupuesto, como es el caso de Bomberos de Chile.
En esa línea, hay que entender que este proyecto, que busca apoyar a las familias que más lo necesitan en nuestro país con un ingreso familiar de emergencia, no puede considerar limitaciones en el monto ni en los beneficiarios.
Por ello, lo que ha planteado el Senador José Miguel Insulza es de toda lógica.
Por eso lo que nos señalaban los Senadores Pizarro, Montes y Lagos Weber cuando analizaban el proyecto nos hace sentido.
Hace pocos días leíamos una intervención del Ministro de Hacienda en que señalaba que las fallas en el proyecto sobre el Seguro de Desempleo eran compartidas, porque lo habíamos aprobado aquí, en el Parlamento. La verdad es que en estas materias quien tiene la posibilidad de establecer normas y reglas a través de artículos e incisos es el Ejecutivo. Y no compartimos que se le traspasen al Parlamento los errores que se cometen en la tramitación de estas leyes.
En esa línea, no podemos avalar que se deje fuera del beneficio a un porcentaje de quienes van a necesitar estos recursos -y que ya los necesitan- y que se hagan recortes a expensas de ellos.
Señora Presidenta, el Gobierno ha dicho en más de una oportunidad que la cantidad de recursos que se están destinando para enfrentar esta pandemia es la más grande y la más importante entre los países de América Latina e incluso del mundo, cuando lo que se está haciendo es recortar y reasignar recursos, es hacer fanfarria con la noticia, pero no llegar con fuerza, con decisión a quienes lo necesitan.
Esta pandemia va a empezar a tocar con mayor fuerza a la gente que más ayuda requiere: el hacinamiento, la vulnerabilidad, las condiciones de salud de las personas más necesitadas las hacen estar más expuestas a sufrir la inclemencia del COVID-19.
De ahí la necesidad de no ser mezquinos; de ahí la urgencia de llegar en tiempo, en oportunidad y en suficiencia.
Por eso en nuestra bancada decidimos respaldar lo que nos planteó el Presidente de la Comisión de Hacienda: aprobar la idea de legislar, pero no apoyar la solicitud del Gobierno de insistir en lo que en la Cámara le dijeron que no era posible respaldar.
Pienso que el Gobierno tiene que definir qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y no nos puede traspasar a nosotros la responsabilidad por decisiones que dejan a muchos y a muchas fuera de este importante apoyo que están esperando en las familias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, cuando yo escucho de la Oposición los calificativos y las afirmaciones que hace aquí, yo decido que voy a contestar de la misma manera: a mí me gustaría que el mismo entusiasmo que tienen para pedirle al Gobierno más y más recursos lo demostraran para aprobar luego, no retrasar, no buscar excusas, la rebaja de la dieta; la reducción del número de parlamentarios; el límite a la reelección de autoridades.
Ese mismo entusiasmo quisiéramos verlo en otros proyectos de ley.
Entonces, tengo que refrescarles la memoria, porque observamos a una Oposición -porque esto es político- totalmente disminuida, sin liderazgo alguno, por lo que busca una excusa para atacar al Gobierno. ¡Y le da duro!
Existe una gran diferencia entre aquellos populistas y la gente seria que vemos en la Nueva Mayoría y que uno puede respetar, porque muchas veces caemos, o en caricaturizar -y lo hacemos todos- o en generalizar. Porque dentro de la Oposición hay personas serias con las que uno puede dialogar, aun estando en desacuerdo.
En los medios de comunicación y en todas partes escucho a gente que se opone a todo, que todo lo encuentra malo.
Al respecto, puedo señalar que cuando fuimos Oposición a los gobiernos de la Nueva Mayoría, de la Concertación, siempre actuamos de manera responsable con el país, sin populismo, como lo vemos hoy día.
Aquí la Oposición y los sectores de Izquierda piden lo imposible, y el Gobierno está haciendo lo imposible. Ya el Senador García se refirió a ello, y nos hablaba de que habrá un déficit de 24 mil millones de dólares.
Ahora bien, señora Presidenta, se dice que este proyecto es mezquino; que es discriminatorio; que se necesitan medidas extremas, en fin.
¡Pero por supuesto que habrá medidas extremas, las que obviamente deberán establecerse en los meses de junio, julio, agosto!
Esta no es pandemia que va a durar un mes, o dos, o tres ¡Tendrá efectos colaterales gravísimos! Y no es responsabilidad de esta Administración que haya una pandemia: es una situación que se ha debido enfrentar. Y tanto la opinión pública como diversos órganos internacionales han reconocido -y lo señalo sin ningún ánimo de triunfalismo- que en Chile hemos enfrentado, haciendo un esfuerzo muy grande, los efectos de esta pandemia.
Quiero recordarle a la Oposición -esto ya lo señalé- que durante los años 2008 y 2009 hubo dos bonos, y nos demoramos 48 horas en aprobarlos. Y muchos de nosotros jamás dijimos que un bono de 20 mil pesos o un bono de 40 mil pesos eran mezquinos, porque entendíamos la realidad del país. Y en esa época no existía pandemia, y había un Gobierno que tenía mayoría, como casi siempre, en el Congreso.
Por eso, cuando se señala que hay que afinar la puntería, quiero decir que hemos estado haciendo precisamente aquello. Porque la Oposición apunta al Gobierno por la supuesta falta de medidas para enfrentar la crisis sanitaria y económica que ha producido la pandemia del COVID-19. Se nos señala, incluso, la falta de diálogo y la incapacidad para tomar medidas que favorezcan a los sectores más vulnerables de la sociedad; una y otra vez se menciona la indolencia frente a la situación que estamos viviendo.
Por lo mismo, vuelvo a recordar, y no es afinar la puntería: un bono de emergencia COVID-19 que beneficia a más de cuatro millones de personas; un ingreso mínimo garantizado; un beneficio que otorgarán las medidas respecto de servicios sanitarios, de electricidad, de internet y de telefonía; suspensión del contrato de trabajo; pacto de reducción temporal de la jornada laboral; ley sobre teletrabajo; suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos tres meses; postergación del pago del IVA de los próximos tres meses; anticipación de la devolución del impuesto a la renta que corresponde a las pymes; todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario; reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas; aceleración de pagos a proveedores del Estado; fondo solidario para enfrentar la crisis de más de 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales, administrado por las municipalidades; nueva capitalización del Banco del Estado por 500 millones de dólares; plan de protección de la actividad económica; capitalización de la garantía Fogape.
Asimismo, se ingresó esta semana un proyecto que establece beneficios para trabajadores que entregan boletas de honorarios.
Una y otra vez el Gobierno ha manifestado que estas medidas deben ser coordinadas y escalonadas, pues esta pandemia no se acaba en mayo, como se señaló, ni en junio, ni en julio. Lo ha dicho hasta el cansancio: el esfuerzo debe ser proporcional y estratégico.
Esto de exigir todo ahora es pan para hoy día, pero mucha hambre para mañana.
Creo que debemos ser responsables con los recursos del Estado. Van a venir otros beneficios según las circunstancias.
Sería fácil para este Gobierno aumentar el déficit de 24 mil millones de dólares a 50 mil millones, total la Administración que venga tendrá que hacerse cargo, para no quedar mal con la ciudadanía.
Esa es una actitud muy práctica, bastante cómoda. Sin embargo, debemos ser responsables en estas cosas.
El próximo año habrá elecciones. Y sería refácil para nosotros como Gobierno, y sobre todo para los parlamentarios de nuestro sector, decir: "¡Aumenten al doble!". Pero ello no es factible. Ahora es el momento en que tenemos que actuar de la manera más responsable posible.
Entonces, el planteamiento de la Oposición en el sentido de señalar "Bueno, legislemos, pero nos negamos al proyecto de ley" sí que me parece una respuesta mezquina, porque ello significa que los recursos demorarán más en llegarle a la gente, cuestión que es responsabilidad de todos.
Acá se habla de negociar.
¡Pero, por favor! ¡La Oposición en la mayoría de los proyectos anteriores ha negociado, ha buscado acuerdos! ¡Todos quisiéramos que se aumentaran los beneficios; pero no hay recursos, de dónde los sacamos!
El Gobierno por supuesto debe tener un as debajo de la manga cuando vengan junio, julio y agosto: no podemos gastarnos todo. ¡Por eso es un plan de acción estratégico y responsable!
Sin embargo, hoy se niegan a una iniciativa de esta naturaleza, y solo dicen: "Estoy de acuerdo en legislar nomás, no en el monto de los recursos". Evidentemente, no hay recursos para toda la gente en la cantidad que deseamos. Por supuesto que queremos mayores recursos, pero por ahora no se puede. En uno o en dos meses más, bueno, se abrirán ventanas y puertas, dependiendo de las circunstancias.
Si ahora -reitero- nos estamos endeudando en 24 mil millones de dólares, yo creo que vamos a terminar en los 40 mil o 50 mil millones. No nos ha pasado lo que les ha ocurrido a países europeos; a Estados Unidos, a otras naciones que miramos de lejos. Todos pensábamos que iban a tener un control total de toda esta situación, y no ha sido así.
Chile va por buen camino para afrontar una crisis fatal. Por eso creo que debemos actuar con responsabilidad y por ello estimo que lo que está haciendo el Gobierno es lo correcto.
Después, según las circunstancias, por supuesto que podemos llegar a exigir medidas extremas. Pero hoy día me parece que ellas no corresponden.
Por esa razón, señora Presidenta, señor Vicepresidente, quien está muy atento a lo que estoy señalando, voy a votar favorablemente.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS.- Señora Presidenta, lo primero que deseo señalar, para despejar alguna inquietud, es que el mecanismo del ingreso familiar de emergencia está aprobado en general y también será despachado en particular; o sea, los 800 millones de dólares que el Gobierno quiere los tiene, y los puede usar como desee: la Oposición aprobó eso.
Lo que rechazamos fueron aspectos del proyecto que no nos parecieron adecuados.
Entonces, decir que la Oposición está negando los recursos es mentira, una falta de comprensión de lectura o una forma de entender la realidad rayana en la preocupación por la ignorancia o en la mala fe.
¡Así lo digo, señora Presidenta, primero que nada!
La Comisión de Hacienda aprobó la política pública del ingreso familiar de emergencia. Eso está aprobado. Lo que rechazamos fue lo relativo a los tres tramos...
La señora EBENSPERGER.- ¡Rechazaron el guarismo!
El señor LAGOS.- No. Los 802 millones de dólares están aprobados. Le señalo esto por intermedio de la Mesa a la señora Senadora: ¡están aprobados!
Y lo reitero tres veces: ¡están aprobados!
Ahora bien, ¿cuál es la discusión de fondo que hemos tenido? Si la forma como se están asignando los recursos es la más conveniente y si era factible mejorar el proyecto.
Es cierto que hubo propuestas que sí nos parecían muy sustantivas desde el punto de vista de los recursos y que nos gustaban, como la renta única universal, que tiene un valor de 3 mil millones de dólares aproximadamente. Pero también hubo otras proposiciones, y una de ellas fue a la Cámara de Diputados.
Lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda del Senado, que es en lo que me voy a concentrar, se traduce en mejoras mucho más acotadas, en el rango de los 1.200 millones de dólares: subir 400 millones, esto es, de 800 a 1.200 millones de dólares. Y muy importante, de un fondo de 2 mil millones de dólares.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, a comienzos de abril señaló que había un fondo de 2 mil millones de dólares, coma: no recursos frescos, sino sacados del Presupuesto que ya aprobamos.
¡Bien por eso! Y si es necesario, se hace. ¡No hay para qué quitarle a Bomberos...!
Pero dejemos eso de lado.
Están los 2 mil millones de dólares, y pone 800 millones sobre la mesa en este proyecto.
¿Qué dijimos como Oposición? ¿Le dijimos "Gástese los 2 mil"? ¡No! ¿Le dijimos "Gaste cinco mil"? ¡No! Le dijimos: ¿"Es posible aumentar esos 800 millones dentro del fondo de los 2 mil millones de dólares que el propio Presidente señaló"?
Yo leí esta mañana las declaraciones del Primer Mandatario: nunca indicó que creó un fondo para gastarlo de aquí a diciembre.
Eso no lo manifestó.
Nos señaló a nosotros y a todos los chilenos: "Voy a tener 2 mil millones de dólares para apoyar a las familias vulnerables ante la pandemia". ¡Y eso es ahora!
Ahora, según indican las últimas cifras, por segundo día consecutivo -róchense esta-, ¿qué tenemos en cifras? Que el número de contagiados activos es superior al de recuperados. Durante doce días había sido al revés y el Gobierno sacó cuentas alegres, y habló de la "nueva normalidad", del retorno seguro, de volver a clases, de abrir los centros comerciales; el Alcalde Lavín hizo aquello y tuvo que desdecirse. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, no está ganada la batalla contra la pandemia. ¡No está ganada!
¿Y qué nos señalan todos los especialistas internacionales? Leí a Jeffrey Frankel, un economista connotado. Dijo: "Hay que evitar dos errores que la historia nos ha enseñado: retirar las medidas de salud prematuramente y quitar los estímulos económicos prematuramente".
Entonces, ¿ahora qué tenemos? ¿Cuántas comunas se hallan en cuarentena hoy día en Chile? ¿Saben cuántas comunas se van a sumar el próximo viernes? Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Renca, Peñalolén, San Joaquín, San Miguel, Puente Alto completo, San Bernardo, San Ramón, La Pintana. Y a eso hay que agregarle las comunas de Victoria, Angol, San Bernardo, El Bosque, Estación Central, Puente Alto, La Pintana, Quilicura, Cerrillos, San Ramón, Recoleta, Santiago, Mejillones, Antofagasta, Arica, etcétera.
O sea, la pandemia no ha pasado.
Por eso le planteamos al Gobierno algo bastante más sencillo y económico que lo que nos señalan los Ministros y la caricatura. Le dijimos: "Ese apoyo que usted está dando, que lo va a entregar en tres cuotas mensuales y decreciente en el tiempo, hágalo parejo". ¿Por qué razón? Porque este no es un seguro de cesantía en que, cuando un trabajador queda desempleado, cada vez recibe menos plata como estímulo para que salga a buscar pega.
¿Qué estamos haciendo acá? Como está la tendalada con este problema de salud, les decimos a los chilenos: "Quédense en sus casas, no salgan. No es que ustedes sean flojos y no quieran buscar pega. Como no van a tener ingresos, porque hay cuarentena, yo voy a mantenerles un nivel de recursos parejo".
¿Y saben cuál era el costo de eso? Manteniendo los 65 mil del Gobierno, ni siquiera los estoy aumentando: ¡130 millones de dólares!
Volvamos, pues, a los grandes números.
¿Cuál es nuestra irresponsabilidad? Que de un fondo de 2 mil millones de dólares que el propio Presidente constituye, se gastan solamente 800 millones, o sea, el 40 por ciento; y cuando le decimos "Sume 130 millones de dólares para dar un apoyo parejo", nos responden que no.
Siento que es ahora cuando hay que gastar, señora Presidenta.
Pero como dicen que en la Oposición somos populistas, voy a hacer dos comentarios.
Esto de gastar ahora para enfrentar la crisis ha sido avalado por el mismo Gobierno. ¿Cuál es su argumento para señalar que el bono más alto tiene que ser el primero y no el tercero? Es que ahora se necesita.
¡Por favor! Si me acaban de informar que el próximo viernes entran dieciséis comunas más en régimen de cuarentena total es porque la crisis es ahora, y ahora hay que gastar.
En consecuencia, si tengo 2 mil millones de dólares y estoy gastando solo 800 millones, ¿cuándo tendré que gastar según ese criterio? ¡Ahora hay que gastar, pues, al principio! ¡Ahora hay que poner los recursos! ¡Ahora hay que hacerlo!
Y ello lo plantean economistas como José de Gregorio, Luis Felipe Céspedes, Rodrigo Valdés, Andrea Repetto. Me faltan nombres para recordar a todos los expertos que consideran posible hacerlo dentro del marco presupuestario que se dio el Gobierno.
No estamos pidiendo cifras siderales. Y podríamos tener ese debate genuino.
Por último, señora Presidenta, un tema: la Oposición y -yo diría- el Gobierno.
Aquí mismo le dijimos al Ministro Briones cuando aprobamos el "bono COVID-19" que esta crisis va a ser tan grande, no solamente la sanitaria sino también la económica, que el Gobierno no será "capi" de sortearla solo y que se tornará imprescindible actuar conjuntamente. Para eso nos eligieron.
Y créanme que es ahora cuando nos van a mirar los chilenos: ¿qué estamos haciendo nosotros para enfrentar eso?
¿Y qué siento? Que el Gobierno, cuando se hallaba atorado por la crisis del estallido social, corrió al Parlamento a pedir ayuda. Y ahí estuvimos apoyándolo con la reforma tributaria, ¿o no? Y lo apoyamos con el Presupuesto, ¿o no? Y apoyamos el Fogape, ¿o no? Y apoyamos el "bono COVID-19" ahora ¿o no? Y aprobamos la protección del empleo, ¿o no?
O sea, hemos aprobado todo, no para el Gobierno, sino porque creíamos que era bueno.
Entonces, cuando pedimos una mejora menor en un proyecto de esta naturaleza, no me pueden venir a decir que no hemos querido colaborar con esta Administración.
Mi sensación es la siguiente: porque el Gobierno subió en las encuestas y saltó de un dígito de aprobación a dos ahora cree que tiene un respaldo ciudadano. Pienso que está haciendo una lectura equivocada. ¿Saben por qué? Porque la crisis que estamos viviendo hoy día asusta a la ciudadanía. Y las sociedades cuando tienen miedo ante una pandemia hacen lo correcto: siguen a la autoridad, porque es la única que tiene el liderazgo para decirles qué hay que hacer, que es obedecer a quienes están al mando de la salud y seguir sus recomendaciones.
Eso hace que los gobiernos -todos- suban su aprobación en las crisis. Eso es natural.
Pero pensar que ello le da espaldas al Gobierno para prescindir del diálogo con la Oposición, me parece miope.
Esa es la sensación que me deja el Gobierno con su decisión.
Por eso señalé en la Comisión de Hacienda que lo que han hecho con no abrirse a modificar nada de este proyecto, es quebrar una relación con parte del Senado, si no, con la Oposición completa.
El mismo Gobierno dice: "Todos en la Oposición no son iguales". Pues bien, a la Oposición toda le dijeron: "No se modifica un ápice de este proyecto".
¡Y no se modificó nada!
En consecuencia, asuman que el Gobierno va a implementar su proyecto, con sus planteamientos. La plata está: los 802 millones de dólares que, según ustedes, son suficientes. Nosotros sabemos que no es así.
Por último, va a venir una discusión bien compleja. Ya tuvimos una pista de lo que puede ocurrir con las grandes empresas. Yo les digo: para entrar a regular medidas de apoyo para las grandes empresas, lo cual puede ser necesario, hay que tener la legitimidad de que se hizo lo suficiente para el resto de los chilenos.
Siento que en eso estamos fallando, y considero que en esta materia el Gobierno se equivocó en enfocar la relación con el Parlamento, y sobre todo con el Senado: 130 millones de dólares para haber dado un beneficio parejo a mi juicio no descuadraban la caja fiscal cuando se dispone de un fondo de 2 mil millones de dólares y solo se están usando 800 millones.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, creo que el Senador que me antecedió en el uso de la palabra fue claro.
El Senador Lagos ha señalado que el actuar del Gobierno y la intransigencia para llevar adelante este proyecto nos están colocando en una situación imposible.
El Gobierno no ha querido modificar los tramos. Está excluyendo a gente, está imposibilitando el acceso a este beneficio.
Parece que no se entendiera que hay decenas de comunas en cuarentena y que muchas personas se hallan imposibilitadas de trasladarse a su municipio o de hacer trámites para actualizar su Registro Social de Hogares a través de internet.
Tenemos a las municipalidades colapsadas.
Entonces, aquí hay una miopía, una ceguera por parte del Ministerio.
Parece que la arrogancia que vimos en un Ministro de Hacienda, quien, aparte de retirarse de la Sala, ha protegido a las grandes empresas, que hoy día han retirado los montos, hará que la ley lleve el nombre de "Ley Briones", de manera permanente. Es una normativa que, por el afán de sacarla rápido, terminó favoreciendo a los grandes empresarios. Y el retiro de utilidades a costa del resto de la ciudadanía no lo vamos a repetir acá.
Vamos a apoyar absolutamente la idea de legislar; nadie está en contra de eso. Lo ha dicho muy bien -reitero- el Senador Lagos Weber: están ahí los 800 millones. Pero se debe hacer una mejora para lograr una universalidad, para que exista un conjunto de ciudadanos que puedan acceder de manera que no sufran una discriminación porque alguien en la familia tiene un ingreso o una pensión, lo que genera una discriminación entre personas que están en la misma condición.
El error del primer proyecto del bono COVID y el gran error de la Ley Briones, de terminar favoreciendo a las grandes empresas para retirar utilidades, no los queremos cometer ahora.
Me comunicaba con el Presidente Nacional de Bomberos -acabo de hablar con él- a propósito de lo que estábamos discutiendo al inicio de esta sesión. El Gobierno llegó y suprimió 3.700 millones a Bomberos en distintos aspectos, sin considerar su política de desarrollo, de compra de equipos, de perfeccionamiento, la academia de formación.
Ahora, al parecer comienza a haber un poquito de humo blanco cuando se sale de la arrogancia, cuando se sale de ese prejuicio, de esa condición de creer que lo saben todo. El Ministro Briones seguramente no tenía experiencia en el Parlamento. Por su intermedio, Presidenta, está ahí el Ministro Sichel; me imagino que él conoce más del Parlamento y tendrá un respeto a la posibilidad de disentir, de mejorar un proyecto. Nosotros hemos visto que el Ministro Sichel se trata de mantener en una posición, no flexibiliza. Lo entendemos. Él es un Ministro que no tiene el respaldo financiero, a diferencia del Ministro Briones. Pero aquí, claro y preciso: ¡No vamos a aceptar más este tipo de proyectos en los cuales se reduce, se complejiza, se burocratiza el pago de beneficios!
Nosotros estábamos con la idea de establecer un ingreso garantizado para todos los habitantes de Chile. Mire: ¿por qué una familia -y esto hay que hablarlo con peras y manzanas- que tiene el mismo número de integrantes, que tiene el mismo nivel de pobreza, que tiene el mismo problema hoy día de no percibir ingresos, por el solo hecho de que uno de sus componentes recibe una beca o algún beneficio, va a quedar excluida? Y me dicen que va a tener que ir a actualizar su ficha o lo que ustedes inventaron ahora, este nuevo registro familiar, a la municipalidad... ¡Es algo realmente inadmisible!
Cuando el Presidente informó con bombos y platillos que había 2 mil millones disponibles, y aquí estamos hablando de 800 millones, incorporar 130 millones adicionales para poder tener una mayor universalidad y evitar la discriminación es por tratar de contribuir al proyecto, es por tratar de perfeccionarlo; no por obstruir.
Insisto, señora Presidenta: yo no estoy disponible para repetir lo que ocurrió con la Ley Briones. Y ello se debió a que el Ministro y el Gobierno se negaron a la observación que se hizo respecto al retiro de utilidades o la instalación de estos fondos en paraísos fiscales. Se negaron y hoy día vemos lo vergonzoso, lo infame que significa retirar y repartir grandes utilidades a los accionistas de esas empresas, mientras los trabajadores se están rascando con el seguro de desempleo.
Eso es inadmisible y no lo vamos a permitir en este tipo de proyectos. Todo el respaldo, pero hagan bien las cosas.
Señor Ministro Briones, señor Ministro Sichel: ¡hagan bien las cosas! ¡Escuchen!
Cometieron nuevamente un error con Bomberos hoy día.
No vamos a permitir, como Oposición, que se cometa un error también con este proyecto de ingreso familiar.
Vamos a votar favor, pero obviamente en contra de aquellas indicaciones que se han tratado de reponer.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señora Presidenta, sin duda que la pandemia nos tiene a todos en una condición de tensión permanente y día a día estamos pendientes de los acontecimientos y de cómo ellos evolucionan. Y escuchamos además destempladas declaraciones, críticas y opiniones respecto de este particular: si se está haciendo bien o se está haciendo mal.
¿Qué es lo que le importa a la comunidad en general? Creo que evidentemente tenemos que llegar con todas las ayudas y con todos los mecanismos que sean posibles para que nuestras comunidades, nuestra sociedad, nuestra gente en las regiones vean en definitiva la forma de llevar adelante esta condición tan compleja que hoy día estamos viviendo.
Uno lamenta profundamente -no sé si estará en línea el Senador que intervino recién; pareciera que ahora salió de la red- escuchar cómo se cuestiona a las autoridades.
Si uno revisa la prensa, advierte que hasta hace poco un conjunto de Senadores hacía fuertes críticas a la gestión del Ministro de Salud, el señor Mañalich. Y curiosamente los mismos Senadores convocaban o llamaban a que otros dos Ministros (Blumel, de Interior, y Sichel, de Desarrollo Social) se hicieran cargo del proceso, de esta emergencia que estamos viviendo. Y De Urresti -por su intermedio, Presidenta- recién hacía una fuerte crítica a la labor de Sichel.
Para algunos casos convocamos y hacemos llamados; para otros, no. ¡Y para qué hablar del caso de Blumel, que fue objeto hasta de una amenaza de acusación constitucional!
Creo que estamos desviando el discurso, Senadores. No lo estamos poniendo en la dirección que corresponde.
Y aquí lo que corresponde en realidad es buscar todos los mecanismos que hagan posible que nuestras comunidades, nuestra gente, nuestros vecinos reciban los auxilios y los apoyos que requieren.
¡Esta es una emergencia!
En la tramitación de otros proyectos similares, en la búsqueda de algunos tipos de apoyo a las comunidades, un Senador de una de las Oposiciones que hay al frente -no sé a cuál de ellas, en todo caso; porque entiendo que hay como cinco Oposiciones distintas...
El señor GUILLIER.- ¡Aún más!
El señor SANDOVAL.- Más todavía, me dice el Senador Guillier.
El señor LAGOS.- ¡Sí, hay más! ¡Seis, siete, yo soy la ocho...!
El señor SANDOVAL.- Bueno, el mismo Senador que hoy día está expresando algunas opiniones señalaba: "En los próximos meses estaremos nuevamente reunidos para nuevas acciones".
¡Y tenía razón, efectivamente! ¡Tenía razón!
Porque la emergencia es una situación de la cual estamos aprendiendo, incluso no solamente como país, sino que como mundo entero.
¡Quién sabe lo que va a pasar mañana!
Y ese mismo Senador, que señalaba estas palabras -no lo voy a mencionar; no tiene sentido hacerlo, pues están en las actas-, anunciaba: "En los próximos meses estaremos discutiendo otros beneficios".
Efectivamente, y eso es lo que estamos haciendo; eso es lo que corresponde responsablemente a un Gobierno que quiere asumir esta tarea, ¡porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses!
¡Y es falso que pretendan decir aquí que hasta hace poco, cuando las tasas de incidencia de contagio eran distintas, el Gobierno estaba siendo exitista!
El Presidente hizo muchas veces mención, precisamente, a que no hay que tener una actitud de esa naturaleza. ¡Todo lo contrario! Llamaba a la cautela permanentemente. Y hoy día las cifras están disparadas, por lo que es necesario profundizar en esa cautela.
De aprobarse la iniciativa en debate, 1.700.000 hogares se van a ver beneficiados con este ingreso familiar de emergencia.
En mi sola Región de Aysén, son 12.760 las familias que estarían siendo incorporadas en este beneficio. Estas 12.760 familias equivalen, prácticamente, a entre 40.000 y 52.000 personas que van a verse beneficiadas con este tema.
Hablando con la gente de mi Región de Aysén, hablando con los alcaldes de mi Región de Aysén, hablando con diferentes personas, a través de diversos mecanismos de redes también, me señalaban: "Don David, necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, de alternativas para hacer frente a este tema". Y la mayoría de ellas pertenece, curiosamente, a los sectores vulnerables.
¡Cuántos de nuestra región no vemos en los diferentes fines de semana personas en las plazas vendiendo ropa o lo que pueden para tratar de hacerse de algunos pesos para el sustento familiar! Pesos que significan a veces algunas "lucas" en la venta de ropa o de cualquier cosa un fin de semana.
Esta gente nos dice: "Don David, necesitamos un apoyo". Y estos apoyos son los que van precisamente en respuesta a ese llamado a veces desesperado de las familias, porque a ellas está dirigido este tema.
Nosotros mismos, como toda la estructura de funcionarios públicos, durante estos meses no hemos visto menguados en ningún peso nuestros ingresos. Ningún funcionario público que está hoy día en teletrabajo ha visto menguados ni en un peso sus ingresos.
La que está sufriendo hoy día es la gente que no tiene una formalidad laboral. Y afortunadamente el Seguro de Protección del Empleo ha impedido que más de quinientos mil trabajadores también estén en la calle, enfrentando la cesantía.
Son procesos graduales. Es más, ese mismo beneficio del Seguro de Protección del Empleo es gradual. Y curiosamente la Oposición lo aprobó de esa manera, salvo algunas excepciones.
Hoy día se plantea este mismo proceso. Las 12.760 familias que se verán beneficiadas en mi Región de Aysén, me piden: "Avancemos con este tema".
Ahora, respecto del corte, hasta quién beneficiar, 40 o 60 por ciento, el propio Ejecutivo manifestó su absoluta voluntad, a través de una indicación -y así me lo señala el Ministro-, de que el corte sea en el 60 por ciento, pero era evidente que con el rechazo del guarismo, con el rechazo del monto, con el rechazo de estos sesenta y tantos mil pesos y la fijación de los ochenta mil pesos por parte de los Senadores, el Gobierno tiene que tomar sus providencias. Lo va a tener que presentar. Ojalá que no se llegue al veto al final del día, pero el Gobierno se comprometió formalmente a que el corte para el otorgamiento del beneficio sea en el 60 por ciento.
Y hablando con el Vicepresidente a propósito del tema de la agenda solidaria para los pescadores artesanales -mi estimado amigo Quinteros, ¿se acuerda?; lo tocamos hace un par de días nomás en la Comisión-, llegamos a la conclusión de que también tendremos que trabajar la idea de un corte del 40 por ciento. Me tinca que habrá un solo tope del 60 por ciento, porque mucha gente está quedando fuera de estos beneficios.
Si el Gobierno plantea un solo corte para el Ingreso Familiar de Emergencia -así fue expresado en la Comisión; así me lo señaló el Ministro Sichel-, bueno, creo que -se lo digo, por su intermedio, señora Presidenta, a nuestro amigo que preside la Comisión de Pesca- tendremos que insistir respecto del beneficio de la agenda solidaria para los pescadores artesanales, para que también llegue al 60 por ciento.
En cuanto a este Ingreso Familiar de Emergencia, creo que nunca, ¡nunca!, una ayuda va a ser suficiente absoluta y totalmente. Y como lo dijo un Senador de Oposición, lo más probable es que en un tiempo más estemos nuevamente siendo convocados para buscar otro mecanismo de solución.
Mediante ese proceso haremos frente y daremos respuesta a las necesidades que está sufriendo hoy día la gente más humilde, la gente más modesta, los que no tienen un ingreso estable, los que viven en la informalidad e incluso aquellos que teniendo una formalidad -por ejemplo, una pensión- o algún ingreso a través de algún tipo de boleta, también serán adscritos al beneficio de este Ingreso Familiar de Emergencia.
Por eso, señora Presidenta, sinceramente espero que más allá de las diferencias que tengamos, más allá de los entusiasmos al intervenir, les demos respuesta a esas 1 millón 710 mil familias que esperan un apoyo de esta naturaleza, a esas 12.760 familias en mi Región de Aysén -casi son la mitad de la población- que se verán beneficiadas con este bono.
Avancemos y aprobemos este proyecto de ley, Presidenta.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalar que la discusión de los sectores políticos de un lado o del otro en nada le va a servir a las personas que hoy día están atravesando una situación extremadamente compleja.
Yo quiero colocar un punto, que no se ha dicho por quienes han hecho uso de la palabra: en el mes de marzo de este año se votó, en esta misma Sala, el Ingreso Mínimo Garantizado. ¿Y adónde apuntaba este Ingreso Mínimo Garantizado? Apuntaba a las personas que sufren una total indefensión, que viven de un salario mínimo. Y lo que se hizo en ese momento fue garantizarles un salario bruto de 384.363 pesos. O sea, 300 mil pesos líquidos.
La pregunta que debemos hacernos hoy, señora Presidenta, es cuántas de esas personas han sido despedidas, desvinculadas de su trabajo. Y nos vamos a encontrar con la sorpresa de que un gran número de esas personas efectivamente han sido despedidas.
¿Qué hace el Gobierno hoy día? El Gobierno trae una propuesta en que les dice a esas mismas personas que pudieron haber estado ganando 300 mil pesos líquidos: "Mire, ahora habrá un bono especial de 65 mil pesos per cápita". O sea, si usted tiene una familia de cuatro personas, va a ganar 260 mil pesos el primer mes. Porque al segundo mes, el Gobierno le dirá: "Mire, a usted le vamos a pasar un bono 55 mil pesos". Y al tercer mes, le va a decir: "Mire, le vamos a pasar un bono de 45 mil pesos".
Entonces, Presidenta, de lo que se trata en esta discusión, y es donde quiero colocar el punto, el énfasis, es de sincerar que este es un proyecto absolutamente ¡indolente!
Cuando yo escucho a algunos Senadores que colocan el tema del populismo, de lo moral, fíjese que hay personas que la moral no les llega ni al talón de los pies. ¡Llevan viviendo 42 años de prestar servicios públicos!
Por consiguiente, si uno no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de aquella familia, de aquella mujer, de aquel hombre, de aquel adulto mayor, de aquella persona con discapacidad que hoy día tiene que ¡sobrevivir! frente a esta pandemia, la verdad es que toda esta discusión es absolutamente estéril. ¡Y yo no estoy dispuesto, Presidenta, a apoyar una idea, del Gobierno que sea, que no coloque primero a la persona!
No podemos, desde ningún punto de vista, invisibilizar una realidad que viven miles de miles de personas que han quedado cesantes o que, teniendo una actividad pequeña, no la pueden desarrollar. Aumentan las localidades, las comunas donde se pondrá en práctica la cuarentena, y se le dice a esa gente: "No salga de su casa". Pero al no salir de la casa, ¿cómo logran sobrevivir, cómo subsisten? ¿Cómo subsiste una persona que padece una discapacidad? ¿Cómo subsiste una persona que tenía un colectivo, que trabajaba en una peluquería? ¿Cómo subsiste un soldador, un pescador? Es decir, podemos poner todos los ejemplos.
Entonces, el Gobierno dice: "Mire, para usted hay hoy día 65 mil pesos".
¿Eso es entender el problema de fondo, Presidenta? ¿Eso es ponerse en el lugar de esas familias que hoy día no tienen cómo subsistir, cómo alimentarse, cómo trabajar? ¿Eso es ponerse en el lugar?
Claramente, no.
Yo entiendo cuando hay Senadoras y Senadores que le señalan al Gobierno: "Mire, ábrase, allánese a buscar una alternativa, una solución; permítanos llegar a un acuerdo para que, en definitiva, se aumente en algo el per cápita que se va a entregar".
¿Sabe, Presidenta, que a las personas que -comillas- pudieron haber tenido el beneficio del nuevo Salario Mínimo Garantizado se les comenzaba a pagar ahora en mayo? ¡Pero están cesantes! ¡O sea, no van a recibir ni siquiera el primer mes! Lo que están por recibir son este bono de 65 mil pesos el primer mes, 55 mil pesos el segundo y 45 mil pesos el tercero. ¿Por qué? ¿Por qué con esa retroactividad? Ya que algunos están tan afanados con la retroactividad... ¿Por qué esa retroactividad negativa? ¿Por qué ese daño profundo a las familias chilenas? ¿Por qué ese daño profundo a las familias con más carencias? ¿Por qué? ¿Por qué no establecer el bono por igual, por los tres meses? ¡Si esto no va a cambiar, señora Presidenta; esto se va a agudizar aún mucho más!
Por eso, yo estoy en la misma lógica.
Y no es que uno esté contra un determinado sector político. ¡No! ¡Eso no sirve de nada! ¡Eso no le sirve a la gente! De lo que se trata es de que pongamos adelante a las personas, y a las personas que más lo requieren, a las personas que más lo necesitan, a las personas que deben sobrevivir en estas próximas horas, en estos próximos días.
La gente está asustada, la gente tiene temor, la gente no ve por delante pronto una salida al problema. ¿Y qué hace el Gobierno? Bueno, hace el gran anuncio de ir en ayuda con estos bonos, cuando el que se está planteando, si uno lo aterriza a la realidad, Presidenta, ¿cómo paga el arriendo?, ¿cómo paga la luz, el gas, el agua?, ¿cómo se alimenta?, ¿cómo paga los remedios? Simplemente, no hay ninguna posibilidad de acceder a los mínimos gastos de alimentación, de vivienda, de salud, y puedo seguir nombrando otros tantos gastos propios de un hogar.
Yo, obviamente, voy a aprobar la idea de legislar respecto de un proyecto de esta índole, pero ver la indolencia, ver que el Gobierno no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de la persona que hoy día está sufriendo, a mí no solo me duele, sino que, sinceramente, me provoca indignación el ver que aquí hay una total y completa indolencia con las familias que más lo requieren.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Presidenta, hoy día muchos chilenos, muchos trabajadores, muchos sectores medios viven una situación muy muy dura: pérdida de empleos, de ingresos; mucha incertidumbre, agobio, riesgo de enfermarse; algunos ya están pasando hambre y están pasando frío; no saben lo que va a ocurrir en los próximos días; miedo por los hijos, por los abuelos; empresas en riesgo de quebrar sin saber cómo enfrentar la situación.
Anoche me llamó mucho la atención ver, en Colón Oriente, cómo las familias se habían organizado y tenían una olla común autofinanciada por ellos, por algunos, juntando cosas para apoyar a los que ya no estaban en condiciones de alimentarse.
También me llamó mucho la atención ver cómo, en el Cerro 18, veintidós familias de un mismo pasaje... (falla de audio en transmisión telemática)... aglomeración de viviendas... (falla de audio en transmisión telemática)... cómo regularlo. Eso es lo que estamos viviendo.
Nuestra responsabilidad es construir una respuesta para esta realidad: para esta realidad de hoy y también para la de más adelante.
Creo que es importante tener claro que esta no es una confrontación politiquera; es responsabilidad política, técnica, ética, humana. Eso es lo que tenemos que asumir como parlamentarios y, en mi caso particular además, como socialista.
Yo lamento profundamente que el Gobierno se haya cerrado a construir una alternativa de entendimiento.
Desde marzo se han hecho cosas, sin lugar a dudas. El Gobierno ha tomado iniciativas. Y el Parlamento, la Oposición y el Gobierno hemos contribuido a posibilitar la movilización de 17.500 millones de dólares en distintos programas y en distintas acciones, a pesar de las dudas que tenemos al respecto.
Y vemos que ha habido lentitud en la ejecución. En las pymes recién se está empezando y hay reclamos por todos lados, porque algunas están con dificultades para capear el temporal, con mucha dificultad.
Y hemos visto una particular duda con las personas. Hoy día, a estas alturas, solo se han movilizado 167 millones de todo lo que se ha permitido, o sea, apenas el 0,1 por ciento.
Además, hay que reconocer, hasta los más cerrados, que aquí ha habido errores del Gobierno. Se equivocó con el bono COVID. Hoy día tenemos a muchas familias con 50 mil pesos para dos meses y medio. O sea, hay algo que no estuvo bien pensado.
También creo que dejar a los municipios afuera y no considerarlos un aliado fundamental para todos ha sido un error. Y también lo ha sido no haber tenido un diálogo, no solo con los parlamentarios, con los cuales está obstaculizado, sino también con los actores sociales.
Hoy día estamos discutiendo un proyecto muy muy importante, y valoramos -quiero decirlo con claridad- su enfoque. Es bien distinto a la lógica del "bono COVID", de un bono ocasional. Aquí hay un ingreso para la familia que considera el número de integrantes de cada una y que tiene la lógica de apoyar sostenidamente, durante tres meses (mayo, junio y julio), a los núcleos familiares que así lo requieran, para ir enfrentando la situación en que se encuentran.
Por eso lo aprobamos en general, porque es un proyecto necesario, urgente y con el cual estamos de acuerdo. Es lo que habíamos planteado antes y es lo que se está discutiendo en el mundo -no voy a entrar en mayor detalle-, pero creemos que hay que mejorarlo. Se lo digo especialmente al Gobierno y a los parlamentarios de Derecha: ¡hay que mejorarlo!
Nosotros, la Oposición, elaboramos propuestas con profesionales muy destacados y experimentados, a nivel internacional y nacional. Conversamos con alcaldes, conversamos con dirigentes sociales, conversamos con directivos de las organizaciones solidarias y, a partir de eso, elaboramos un análisis y una propuesta.
Lamentamos que el Gobierno se haya cerrado, con una dureza nueva, a dialogar y a mejorar la iniciativa. Hoy día solo aspira a que le aprobemos "su" proyecto, con los montos, contenidos y propuestas que nos presentaron, sin consideración ni respeto hacia el Parlamento. Y sería irresponsable de nuestra parte, con los defectos que le vemos, aprobarlo tal como está. Por eso hemos formulado observaciones, críticas, propuestas, pues queremos mejorarlo.
¿Cuáles son sus defectos? El primer defecto es que el proyecto del Gobierno deja fuera del apoyo a mucha gente que lo necesita. De las 3 millones de personas situadas bajo el 40 por ciento de bajos ingresos, solo incorpora a 1 millón 300 mil. Deja fuera a gente que sufre muchas necesidades. Dice: "No, los que tienen ingreso formal, fuera". ¿Y qué significa ingreso formal? Una pensión básica solidaria, una pensión de discapacidad, pensiones de alimento, en fin. Y por eso quedan fuera. También excluye a muchos trabajadores de taxis colectivos, trabajadoras de peluquería, pescadores artesanales, artistas. Los artistas no necesariamente van a entrar en la iniciativa.
No le vemos sentido a diferenciar ingresos formales de ingresos no formales. Estamos convencidos de que es un error. Es más bien una forma de reducir los recursos que asumir la realidad de las familias.
¡A igual situación, igual respuesta!
¿Qué explicación le vamos a dar nosotros a una familia que, por tener un miembro con pensión de discapacidad, puede que no le den el aporte o solo le den la mitad? ¿Qué explicación le damos?
Segundo defecto: el proyecto aporta menos de lo necesario para que una familia sobreviva en período de cuarentena.
Plantearon un apoyo inferior al ingreso de pobreza extrema: 65 mil pesos mensuales per cápita, que es la mitad de la situación de pobreza extrema. Además, se descuenta cada mes. Y, a los que están por sobre el 40, les disminuyen a dos tercios. Nosotros propusimos subir el apoyo a 80 mil pesos per cápita durante los tres meses, acercándonos así al salario mínimo. Creemos que eso es lo mínimamente digno, consistente, serio.
Tenemos que responder a las reales necesidades de la emergencia. No podemos ordenar todo solamente en función de ciertas variables. Miremos el asunto no solo con criterio económico, sino también considerando la realidad. Lo otro puede llevarnos a grandes distorsiones y problemas. En un contexto como este, hay que ser muy precisos.
Tercer defecto: el proyecto define un procedimiento muy engorroso y lento. Plantea trabajar con un nuevo índice de clasificación socioeconómica. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Y, además, con alguna presión de trámites en municipios y en otros lados. De hecho, se plantea que, después de diez días de la aprobación por el Parlamento, recién ahí va a haber un reglamento y luego será necesario esperar treinta días más para que se empiece a pagar.
Nosotros queremos una respuesta a corto plazo. Hay una urgencia muy grande ¡ahora!, en estos tres meses, en lo cual todo el mundo coincide. Por eso proponemos que no haya que solicitar el aporte, sino que se les gire por CuentaRUT -a todos los que la tengan- y sea automático, de acuerdo al Registro Social de Hogares. ¿A quién de ese 40 por ciento le han subido los ingresos en este período? Al contrario, ¡se lo han bajado! Este procedimiento no es propio de una emergencia de esta envergadura.
El problema principal, en todo caso, no son estos tres defectos; el problema principal son los recursos que se destinan para estas familias.
El Presidente habló de 2 mil millones de dólares, provenientes de reasignaciones presupuestarias, y el proyecto solo contempla 800 millones. ¡Con este monto no alcanzamos a responder de manera adecuada! Es necesario que se destinen más recursos. Pero, ¿qué recursos? Los que están dentro del marco presupuestario que el propio Gobierno fijó. Nosotros sabemos que hay problemas fiscales, que vienen por delante períodos con distintas complejidades, pero lo que estamos planteando es una nueva destinación dentro del mismo marco presupuestario.
Aquí no hay descuadre en los límites. Algunos parlamentarios no entienden esto y empiezan a decir que la Oposición es aquí y acá. ¡Eso no es verdad! La Oposición entiende los límites que hay en las cosas. No somos maximalistas, ni irresponsables, ni populistas. Nos preocupan las finanzas públicas, y nuestras propuestas oscilan entre 1.200 y 1.800 millones de dólares. No estamos pidiendo recursos adicionales, sino ajustándonos a lo ya establecido. 2 mil millones, dentro de 17.500, tampoco son tanto. Es una fracción baja para las personas, para las familias, pero, asumiendo eso, planteamos lo que planteamos.
Se nos dice que hay que dejar una reserva por si las cosas se ponen más malas de aquí en adelante. No tuvo el mismo criterio el Gobierno para el apoyo de los 3 mil millones de dólares al Fogape.
Es cierto que hay incertidumbre de cara al futuro, pero hay que responder a la necesidad actual con seriedad, ¡con seriedad!, no con este tipo de argumentos. Y, si la crisis se profundiza más, habrá que hacer nuevas reasignaciones presupuestarias y, por lo tanto, también tendremos que endeudarnos a los ritmos que se pretende.
Aprobaremos el proyecto en general, porque es necesario, porque posee el enfoque que propusimos y porque se ha avanzado. Votaremos en contra de las indicaciones, porque estimamos que no son adecuadas. Hay que mejorar el proyecto. No nos podemos hacer responsables de una normativa que presenta tantos defectos. A nosotros nos debe preocupar la dignidad y subsistencia de los trabajadores, de los sectores medios.
Esto no es responsable. Lo responsable es actuar política, técnica, ética y humanamente.
Quiero terminar mis palabras pidiéndole al Ministro Briones que asuma la realidad. No es tiempo de ordenar las cosas solamente con un ángulo, sin considerar la situación concreta y los problemas y necesidades de las familias, de los trabajadores, de los sectores medios.
¡Queremos respuestas reales y efectivas!
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Presidenta, la verdad es que uno oye cualquier cosa aquí, en esta sesión. Y yo quiero hacerme cargo de eso: reflexiones profundas, personas que han entendido el tema, que lo han estudiado, pero hay otras que, francamente, dicen cualquier cosa. He escuchado que el proyecto es mezquino, es mínimo, es indolente. Con todo respeto, ¡este es el proyecto más grande, en su conjunto, que ha habido en la historia de Chile en materia social! No hay otro más grande en la historia de nuestro país si uno suma el bono COVID, el Fogape, el Seguro de Cesantía, lo que se está haciendo en materia de honorarios, y lo de ahora.
Y es razonable porque estamos ante el problema más grande que hemos enfrentado. ¡No estoy diciendo que sea desproporcionado! Pero, por favor, no digamos que aquí hay mezquindad, o que da lo mismo, o que esto es un saludo a la bandera. ¡No! ¡Esto es muy importante! ¡Este solo proyecto vale 802 millones de dólares!
Les quiero decir, a quienes hablan de historia, que aquí tengo los datos de las leyes N°s. 20.262 y 20.326, que fueron los cuerpos legales que se aprobaron con motivo de la crisis subprime, otro evento que no llegó a esta magnitud, pero que también fue muy complejo. Se entregó un aporte por 20 mil pesos; luego se sumó otro, por 13.004 pesos, y al año siguiente, un tercero, por 40 mil pesos. ¡Eso fue! Porque era lo que se podía hacer en ese momento.
Y quiero decir que entonces, cuando nosotros éramos Oposición y yo era presidente de partido, nos demoramos 48 horas en aprobarle un proyecto al Gobierno, teniendo nosotros mayoría. Porque nadie sabe dónde aprieta más el zapato en materia de finanzas públicas que un gobierno. Y, como fuimos consecuentes con eso ahí, ahora pedimos la misma comprensión.
Resulta que hoy quienes dicen que el proyecto es mezquino, en ese momento formaban parte del Gobierno. Los mismos que ahora señalan que es mínimo, eran funcionarios. Entonces, honestamente, ¡todo tiene su límite! Creo que no es legítimo afirmar, sin conocer a fondo el proyecto, como a algunos les he oído, que es una bagatela. ¡No! No es baladí. ¡Es importante!
Por lo tanto, quiero partir situando el contexto, que me parece fundamental.
Esto, obviamente, tiene una lógica: ir abordando por etapas una situación que no sabemos dónde termina. Esa es la segunda parte del problema: no sabemos aquello. Hoy día se acaba de decretar cuarentena adicional para diez comunas de la Región Metropolitana. Y los datos nos indican que no aún no existe un "día de salida".
Entonces, ¿qué hace un Gobierno y qué debería hacer un Parlamento responsable? Entender esa lógica. No digo que todos sean irresponsables. Yo me voy a hacer cargo de legítimas aprensiones que he oído dentro de este Congreso, particularmente en la Comisión de Hacienda del Senado, porque considero que algunos puntos son discutibles. Eso yo lo asumo. Pero no tiremos a la bandada, como si esto fuera cualquier cosa. ¡No! Aquí estamos enfrentando algo serio. Y, cuando algo es serio, se enfrenta, obviamente, actuando en consecuencia.
También he oído que el proyecto es burocrático. ¡Por favor! ¡Es lo menos burocrático que hay! Apunta a 1 millón 700 mil personas que sabemos quiénes son. Están en los registros; es automático. Lo que ha hecho el Gobierno, adicionalmente, oyendo a los expertos, es transformarlo en "excedible" a otras 200 mil, que, en vez de esperar un año para recalificar, podrán optar de inmediato.
¿Es eso burocracia, Presidenta? ¡Eso es lógica, es capacidad de enfrentar con rapidez problemas nuevos! Porque, lamentablemente, personas que de alguna forma no estaban en el grupo "elegible" para el bono, van a estarlo producto de la crisis que se está produciendo, particularmente en materia de empleo.
¿Qué hace este proyecto, entonces? Incorpora 802 millones de dólares para 1 millón 700 mil personas que están viviendo momentos dramáticos. Pero, adicionalmente, entiende que hay otras, incluso de estratos socioeconómicos diferentes, que pueden estar en la misma situación y para las cuales agrega otra opción. Se estima que son 200 mil, pero pueden ser más. Por eso el informe financiero, conservadoramente, habla de 802 millones de dólares, los cuales, tal como dijo el Ministro de Hacienda en su momento, pueden llegar a 1.000 millones.
Entonces, situemos el contexto. Ya estamos hablando de 1.000 millones de dólares, ¡y como que da lo mismo! Estamos buscando un sistema desburocratizado, ¡y da lo mismo! ¡No! ¡No da lo mismo! Y estamos agregando un montón de otros proyectos a los cuales se ha hecho referencia.
Pongamos las cosas en su exacta dimensión y entendamos que aquí estamos ante una emergencia máxima.
Sí hay dos temas que me parece razonable discutir, pero donde el Gobierno ha tomado una opción que yo comparto.
Una es la gradualidad. Ya lo han planteado algunos. Sí, había dos opciones: hacerlo parejo, tres meses iguales. Podría haber sido un promedio y el Gobierno haber dicho: "¿Sabe? Entreguemos 55 mil, o 57 mil, parejo". Era una opción. Pero algunos invitados que no eran del Gobierno, aunque sí gente seria, dijeron que lo más importante era, dado que el peak de la crisis se produciría en mayo, que el primer bono fuera el más grande. Y a mí me hace sentido que esa pueda ser una buena lógica. La otra opción era hacerlo parejo, y lo entiendo. Sin embargo, hay una razón -no es una arbitrariedad, no es una choreza, ¡no!-, hay una lógica de política pública para entender que se debe generar un acuerdo mayor cuando se produce la tensión más alta. Y, con la misma convicción, ellos mismos planteaban que ojalá el monto fuera más alto de lo que estaba resultando, pero la graduación tiene un sentido obvio en materia de política pública a propósito de esta emergencia.
Es un punto discutible. Yo lo acepto y así lo han señalado otros Senadores. Uno puede debatir eso.
Y tampoco sabemos cuándo termina esta situación, porque, con razón, algunos colegas preguntan: "Oye, ¿qué va a pasar en tres meses?". No lo sé. Nadie lo sabe.
Lo que sí hace el Gobierno es considerar, desde ya, que cuenta con 2 mil millones de dólares para este efecto. Y el Presidente de la Comisión tenía razón cuando hizo la referencia. Lo que agrega el Gobierno -y yo agrego, por mi cuenta, "más rápido que tarde"- es que hay 1.000 millones de dólares guardados, reservados, para los programas de empleo, que lamentablemente van a tener que instalarse en las próximas semanas, porque, obviamente, las tasas de desocupación se nos van a ir, por desgracia, a dos dígitos, en todas partes. Eso está absolutamente comprobado, pues, sin duda, cuando existen problemas de oferta y de demanda -porque esa es la naturaleza de esta crisis-, pasa eso en Chile y en todos los países del mundo. Lean... ¡No! ¡Para qué lo voy a decir! En todas partes está instalada esta misma discusión.
Francia, un país que todos afirman que tiene políticas públicas desarrolladas, está entregando, dicho sea de paso, un bono parecido, de 200 euros, y se encuentra con el gran dilema de cómo enfrentar los problemas de desempleo y el problema del "desconfinamiento", como ellos lo llaman.
Entonces, aquí estamos ante un tema grande.
Y ese era el segundo tema: que hay que entender, además, que existe un universo de 2 mil millones de dólares, con un Gobierno que, al final, tiene gastado, invertido -¡llámenlo como quieran!-, a lo menos 12.500 millones de dólares, y que está recibiendo una cantidad bastante menor por vía de impuestos. El IVA se paga mucho menos que todo lo que alguien previó, por razones obvias. Todos los impuestos recaudan menores ingresos.
Además, tenemos un problema adicional: estamos gastando más. Porque ante este escenario no hay otra alternativa.
El Ejecutivo, gracias a una política fiscal de varios Gobiernos responsables, como se ha dicho varias veces, tiene una capacidad de deuda que hoy día -según entiendo- alcanza a 2 mil millones de dólares adicionales. Por suerte fuimos cuidadosos en eso, en otros momentos algunos pensaban que había que endeudarse. ¡Imagínense qué habría pasado si lo hubiéramos realizado algunos años atrás! ¡Un drama! Hubo un buen sentido en esos otros Gobiernos, y creo que en el Parlamento, que ayudó para la emergencia.
Entonces, estamos aumentando la deuda, ¿vamos a llegar a cuánto? ¿30, 35? ¡No sé!
Se dice que "hay espacio fiscal". ¡Todos los invitados afirman: "hay espacio fiscal"! Pero no sabemos ahora cuánto será en el peak del problema. ¡Cuidémonos! ¡Guardemos! ¡Eso lo dicen todos! Y es lo que estamos haciendo.
Una última cosa, Presidenta.
Entiendo que el Gobierno hizo algo que uno podría señalar que está bien o que está mal, que es el tema de la negociación.
Está por terminar mi tiempo, ¿me da un minuto más, señora Presidenta?
Sin embargo, lo digo con harta humildad, de repente uno puede usar la lógica del tejo pasado, y ofrecer un poco menos. Puede ser, pero lo que se intentó fue hacer una política distinta. En emergencia hay que hacer las cosas rápido y en lo que se puede...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tenemos una larga lista de inscritos, Senador. Y son diez minutos por intervención.
Así que le pido que concluya.
El señor COLOMA.- Le prometo que ahora termino.
Quiero simplemente decir que, entonces, sí se puede.
Y lo único que lamento es que se haya tomado la misma decisión de la Cámara de Diputados. A mí eso me genera, no sé si decir "dolor", o que "lo lamento". Porque siempre hemos tenido la capacidad de entendernos de mejor manera. Espero que se den más temprano que tarde los escenarios para recuperar, retomar una lógica de mayor entendimiento. Porque comprendamos también que, cuando el Gobierno de las bancadas del frente planteó el mismo proyecto el 2009, hubo 48 horas en que no hicimos un cambio, y teníamos mayoría. ¡Ninguno! Porque era una situación de emergencia nacional.
Es lo que siento, y que hoy día está pasando.
Por eso pido comprensión. Por eso quiero hacer clarificaciones. Por eso, ojalá, podamos llegar en los distintos proyectos a esos entendimientos que el país con toda razón exige.
Votamos a favor.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Gracias, Presidenta.
El jefe de nuestra bancada, el Senador Carlos Montes, partió diciendo que este era un proyecto necesario e importante. Esa es la razón por la cual nosotros, la bancada Socialista, lo vamos a votar en general.
Pero también quiero decir, con la misma claridad, que llevo mucho tiempo señalando -desde que comenzó la pandemia y empezamos a ver los efectos devastadores no solo en salud, sino en lo social y económico- que esta crisis no la pueden ni la deben pagar los trabajadores. Es más, llevaba mucho tiempo afirmando, incluso desde que se discutió el ingreso mínimo garantizado, que nosotros, en la bancada, habíamos empezado a hablar de "una renta universal". No solo es una idea que he sostenido en varias oportunidades, sino que también es apoyada por distintos economistas, gente que ha tenido cargos importantes, como ex Ministros de Hacienda, quienes han dicho una y otra vez que este es el momento de apoyar a la gente, porque estamos viviendo una de las peores crisis sanitaria, económica y social.
Por eso es fundamental hacerlo. Pero nunca fuimos escuchados en ese tiempo, en casi dos meses.
Ahora decimos: "Bueno, sí, estamos de acuerdo en que este proyecto no solo es necesario, sino que reconocemos que a lo menos va en la línea de garantizarles un ingreso a las familias". Lamentablemente, a mi modo de ver, aquello es muy bajo en cobertura, porque es inexplicable que los 65 mil pesos que se pretende entregar per cápita signifiquen una cantidad menor a la línea de pobreza y de extrema pobreza.
¡Es absolutamente insuficiente!
Peor aún, es un proyecto que, además, tal como lo presenta el Gobierno, va a ir decreciendo en los dos meses siguientes, como si esta pandemia fuera a ir mejorando. Basta recordar los datos actuales de 23 mil y más contagiados que tenemos, y de 1.032 nuevos casos. Estamos muy lejos de la meseta de la que se habló en su momento; estamos bastante lejos de un lenguaje un tanto exitista, cuando se hablaba de que volvieran los estudiantes, los trabajadores públicos, el comercio; de que se abrieran los malls; de un retorno seguro. Todo ello ha demostrado que es improvisado, o precario, porque no existen las garantías de que se respete.
Por eso duele, porque este proyecto es absolutamente insuficiente en el monto. Pero no solo en eso, sino también en la cobertura.
El Senador García, a quien le reconozco -por su intermedio, Presidenta- que en la Comisión de Hacienda, y estuve en una de sus sesiones, luchó bastante para que esto fuera no en el 40-60 remunerable, sino en el 60 por ciento. Pero le quiero decir que esta era la política que ya habíamos logrado ganar. ¡Si la pensión básica solidaria es al 60 por ciento! Y otros beneficios también van en ese porcentaje.
Entonces, se muestra como un gran logro no hacer esa discriminación, y de una vez ir al 60 por ciento, ¡pero si ya estaba!
Al revés, lo que no había que hacer era retroceder.
Es elemental, desde luego, hablar de 60 por ciento, y tiene que ser automático para el sector más vulnerable.
Pero quién entiende que no solo vaya creciendo, sino que, además, se discrimine, porque se dice que una de las personas de la familia (que tiene un ingreso formal; o que tiene una pensión básica, o alimenticia, o de discapacidad) vaya a recibir o un tercio o la mitad.
Cuando hablaba de la renta básica, recuerdo que el Ministro Briones -a quien creo una persona que sabe escuchar y que es bastante dialogante- me rebatió cuando le dije: "Esto es algo que otros países lo están considerando". Y me negó que existiera. Pero le quiero decir que en Canadá y en Brasil se está implementando, con distintas modalidades; y que hay dos países, Reino Unido y España, que lo están estudiando. Porque el consenso que existe entre todos los especialistas, economistas y no economistas, como los cientistas sociales, es que esta crisis es muy profunda y, por tanto, los Estados tienen que generar recursos y medidas que les permitan ir en protección de la población.
Por eso decía que esta crisis no tienen que pagarla los trabajadores. Y ¿qué vemos hasta ahora? Que sí la están pagando. Porque cuando el Gobierno anuncia 2.000 millones, y vemos que el proyecto habla de 800 millones, francamente no veo cómo se lo voy a explicar a las personas. Cuando se les dice que, de 65 mil pasemos a 80 mil, manteniendo parejos a lo menos tres meses, lo que significa, como lo ha dicho incansablemente el Senador Lagos Weber, 130 millones de dólares más, el Gobierno tampoco quiere aprobarlo.
Cuando se alegaba -y lo han dicho otros economistas, otra gente- por una renta básica, universal, era porque, además, lo estaban estudiando algunos países, pero que disponen de un sistema de seguridad social, que nosotros no tenemos.
Por lo tanto, esta superfocalización está equivocada, porque no está llegando a quien tiene que llegar.
Pero lo más grave aún es que no solo tenemos un problema de cobertura, de discriminación, de rendimientos decrecientes, sino que, además, se inventa un nuevo instrumento de recalificación, o para que puedan llegar otros nuevos. ¿Ustedes se imaginan lo que ya está ocurriendo? ¿Cuántos municipios se han visto desbordados por la gente que corrió a tratar de quedar inscritos, si es que no lo estaban; o a actualizar su ficha de registro social de hogares? ¿Se imaginan lo que se va a tardar, lo que le va a costar a la gente actualizar su ficha; para qué decir a los nuevos?
Cuando el Ministro Sichel dice: "Pero ustedes están equivocados, si los taxis colectivos, el transporte escolar, los pescadores artesanales y otros, la verdad es que van a entrar". Claro, van a estar por encima del 60 por ciento, y tendrán que hacer este procedimiento de ingreso al nuevo índice socioeconómico que se crea: Registro Social de Hogares.
No nos han explicado con claridad este instrumento; cuánto se va a tardar; cuándo las personas podrán acceder a él.
Francamente, decimos que parece que no se entiende que la gente hoy día está con hambre; que sale desesperada, rompiendo la cuarentena, porque necesita vender en la calle.
Porque si esa señora no sale a vender, no tiene alimento. Para qué decir las mujeres que se llevan la peor parte, porque son jefas de hogar, tienen que hacerse cargo de los hijos y no tienen otras ayudas. En fin. Lo que ya sabemos. Y para qué decir el aumento de la violencia intrafamiliar que se está dando.
Entonces, cómo no se entiende que este es un momento de urgencia. Que hoy más que nunca lo debemos hacer, y que existen posibilidades para ello. Cómo no entender que no supimos ser lo suficientemente prudentes o responsables cuando en los distintos gobiernos se manejaron nuestros recursos fiscales. Hoy tenemos algunas reservas. ¿Es el momento de echar mano a esos recursos? Sí. Incluso ni siquiera hablan algunos de que existe un fondo estratégico de las Fuerzas Armadas. Parece que nadie lo quiere tocar, menos los sectores de Derecha.
Pero no solo les duele a los trabajadores el que ellos estén pagando la crisis: ¿qué pensarán cuando vean que Cencosud reparte 91 mil millones de pesos de sus dividendos entre sus accionistas, que todos sabemos que corresponden a una familia dueña de casi todo? Y afirman que repartir el 30 por ciento es lo legal. ¡Pero si repartió el 80!
¿Qué nos dicen cuando el nuevo ejecutivo de LAN muy tempranamente le expresa al Estado: "necesitamos la ayuda"? Pero ni siquiera aquello implica que el Estado sea parte de los accionistas de la empresa. ¿El Estado tendrá parte de las acciones, que es lo que está haciendo Alemania y otros países? No. Simplemente dicen "necesitamos". ¿Pero sabe qué? Repartieron 64 millones de dividendos. ¿Cómo se siente la gente? Las personas que hoy día tienen que acudir a la canasta de alimentos que les está entregando el municipio. Por cierto, un gran error del Gobierno -lo hemos dicho- fue no trabajar con los municipios y no apoyar ahora. El Ministro Blumel... (falla de audio en transmisión telemática)
Entonces, ¿cómo creen que se sienten las personas?
Nosotros decimos: el proyecto es absolutamente insuficiente en el monto, pudiendo serlo, dentro de los marcos, como se ha señalado. ¿Yo hubiese preferido esta renta básica? Sí. Esa es mi postura desde el día uno. Pero estoy dispuesta a decir: "Bueno, pero este ingreso puede perfectamente a lo menos llegar a los 80 u 85 mil pesos", y no en forma decreciente en estos tres meses. ¿Y eso qué significa? 130 millones de dólares más.
Es decir, estamos absolutamente dentro del margen. ¿Podríamos haber establecido esa renta? Estoy convencida de que sí. Podríamos haber determinado una cifra para que por lo menos las familias tuvieran algo digno y no lo que se plantea ahora, a través de este proyecto que, lamentablemente, es por completo insuficiente.
Por eso vamos a decir: "Sí. Es importante que se haya cambiado de criterio". No es el criterio del bono, sino que es uno acorde a un ingreso familiar de emergencia. Se acerca más a lo que nosotros queríamos, que es esta renta básica. Porque establecerla significa tener conciencia de las necesidades, de las urgencias y de lo que está pasando con nuestra gente, de la gravedad de lo que se está viviendo, de la cantidad de comunas que tenemos actualmente en cuarentena, cómo aumentan los casos sobre mil día a día.
¿Es que acaso no nos estamos dando cuenta de que recién entramos al invierno y de que vendrá lo peor, en términos de la influenza, del virus sincicial?
Entonces, no entiendo estas posiciones del Gobierno que se niegan al diálogo.
Yo oía al Ministro Briones decir: "Es lo que es" "No hay más". No, señor Ministro. Hay más. Es posible, además, si de verdad desean proteger a los trabajadores, si de verdad quieren que esto, que no lo paguen los trabajadores.
¿Por qué creen que en Valparaíso las personas van a las ferias de la Avenida Argentina?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se acabó su tiempo, Senadora señora Allende.
Puede concluir.
La señora ALLENDE.- Por eso, voto a favor en general, y votaremos en contra de las indicaciones renovadas del Ejecutivo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, claramente estamos frente a la iniciativa de un Gobierno que ha entendido que debe existir un paquete fiscal robusto para enfrentar la crisis del COVID-19.
En general, el paquete fiscal es el séptimo a nivel global, si sumamos el de la crisis social más el del "bono COVID". Eso indican los números. Se habla de un impulso del paquete fiscal que está por sobre el 6 por ciento del PIB.
Y por supuesto que, a medida que vaya avanzando la crisis sanitaria, será necesario revisar los bonos que se han entregado; no solo el "bono COVID", que fue una de las iniciativas tempranas; no solo el ingreso familiar de emergencia, que igualmente dice relación con una política fiscal que entiende que hay que ir en auxilio de las familias que hoy lo están pasando mal; no solo el fortalecimiento del Seguro de Cesantía, que también ha sido uno de los elementos claves; no solo el auxilio de aquellos que tienen ingresos informales; no solo la ayuda de los trabajadores a honorarios, respecto a los cuales también hemos pedido que se tenga un gesto importante.
Por tanto, yo diría que el esfuerzo que está haciendo el Estado va en la dirección correcta.
¿Nos gustaría más? ¡Por supuesto que nos gustaría que hubiese un mayor esfuerzo! Pero debemos ver cómo se va desarrollando la crisis sanitaria, que es la más profunda que hemos vivido en los últimos cien años, y la crisis económica que, sin lugar a dudas, es la más compleja desde la década del cincuenta. Y por supuesto se asimila a la crisis de la década del 20, del siglo pasado, con la Gran Depresión.
Por tanto, es una crisis económica de envergadura.
Chile está haciendo un esfuerzo, además, con responsabilidad fiscal. Nuestro país está haciendo un esfuerzo y tomando la decisión de endeudarse, que nos parece razonable. Estamos hablando de un endeudamiento importante y se rompió la regla fiscal: que a egresos permanentes haya ingresos permanentes. Está bien. Chile tiene espaldas, tiene los bonos soberanos y está haciendo uso de ellos. Pero debemos tener conciencia de que, de acuerdo al sistema de modelamiento matemático, recién estamos enfrentando las semanas más complejas de los contagios. Por tanto, no se puede agotar todo el paquete fiscal en esta iniciativa.
Ahora, lo que yo sí pido es que cuando existan posibilidades de generar ajustes, no se hagan a costo de Bomberos de Chile. Y aquel fue un tema que planteé ayer al Gobierno. Hoy se está ad portas de un acuerdo con Bomberos. Y ciertamente no es posible hacer reasignaciones presupuestarias teniendo el paquete fiscal que se está implementando y que se afecte fundamentalmente a aquellos que siempre están presentes y que siempre sirven a nuestro país.
Vuelvo al punto en cuestión. ¿Es posible hacer un mayor esfuerzo? Nos gustaría que sí.
¿Este será el último esfuerzo? No. Habrá una agenda que obviamente va a estar presente porque recién estamos entrando a las dos semanas del peak de los contagios. En las dos últimas semanas tendremos a prueba el sistema de salud. En consecuencia, yo diría que el ingreso familiar de emergencia va en la dirección correcta.
Espero generosidad de la Oposición para poder aprobar esto. Va a haber una aprobación en general. Y espero que acá podamos aprobar también en particular. Que existan los votos. Pero debo decir que, más allá del esfuerzo, el que está a cargo de las finanzas del Estado es el Gobierno.
Nosotros pedimos más generosidad. Pero, ciertamente, hay que entender que este no será el último esfuerzo del Estado y no será el último esfuerzo para implementar una política fiscal a fin de llegar a las familias que más lo necesitan.
En ese contexto -por su intermedio, señora Presidenta, al Ministro-, cuente con nuestro voto.
¿Esperábamos que se hiciera un mayor esfuerzo? Sí. ¿Nos habría gustado que el bono fuera parejo? Sí. Pero entendemos que este no será el último esfuerzo fiscal. Por tanto, tendremos que revisar en las próximas semanas cómo van marchando las tablas de contagio para responder a una necesidad ineludible. Estamos hablando de un millón 300 mil personas que terminarán perdiendo su empleo. Llegaremos a tener un desempleo de dos dígitos. Hay una cantidad de personas para las cuales estamos pidiendo un esfuerzo especial.
También nos habría gustado incorporar en esta ley a los conductores de taxis, de taxis colectivos, que son 110 mil en Chile. Nos habría gustado incorporar a los conductores de transporte escolar, por supuesto.
Sabemos que se puede hacer un esfuerzo con los fondos FAR. En tal sentido, quiero pedirle al Ministro -por su intermedio, señora Presidenta- que se considere que, con los recursos de la ley espejo del Transantiago, hoy día Red Santiago, de que disponen las regiones, se pueda autorizar la entrega de bonos, porque hay que dejar operativos los servicios de transporte público remunerado de pasajeros.
Por tanto, pido un esfuerzo adicional en esa dirección.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Girardi.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, quiero volver a poner en contexto este proyecto que concede un ingreso familiar de emergencia, porque a veces el debate pierde su sentido y orientación, y pareciera que hay visiones arbitrarias respecto a los temas que se están analizando.
Deseo replantear que en Chile estamos viviendo -todos lo sabemos- una crisis sanitaria tremendamente compleja. Y no quiero hacer un juicio de valor, en el sentido de que hay mala intención, pero creo que el Gobierno cometió errores muy graves en algunos aspectos y ha tenido aciertos en otros.
¿Cuáles son los errores graves que hay que reparar en relación con los aspectos sanitarios y las medidas económicas y sociales que se han tomado?
En primer lugar, cabe recordar que esta pandemia empieza en sectores de muy altos ingresos, en sectores muy acomodados del país, como Vitacura, La Dehesa, Las Condes, Providencia, fundamentalmente, porque es una importación de casos por parte de personas de altos ingresos que viajaron al exterior. Y, en efecto, el Gobierno tomó medidas: algunas fueron correctas y otras, incorrectas.
¿Cuáles fueron las medidas correctas? Cuarentenar la zona oriente de Santiago.
¿Cuáles fueron las medidas incorrectas? Aislar a las personas en sus casas y no en lugares habilitados, que es la recomendación internacional; no hacer la búsqueda de contactos, y no aplicar un testeo masivo. Teníamos un promedio de tres mil a cuatro mil test por día, lo que era absolutamente insuficiente.
Como consecuencia de esa política, el Gobierno creyó en un momento que los nuevos casos estaban disminuyendo; incluso se habló del aplanamiento de la curva, y se generaron expectativas un poco triunfalistas: se habló de "nueva normalidad", de "retorno seguro" y de volver a abrir los colegios, los malls.
En definitiva, no se comprendió que este es un fenómeno mucho más complejo y que, en realidad, hay dos pandemias.
La pandemia en los sectores de altos ingresos efectivamente está en un proceso de involución, con curvas de contagio que van decayendo. Pero si uno quiere extrapolar tales datos a la realidad chilena, está totalmente equivocado.
El Gobierno cometió entonces un error no forzado, no intencionado: pensar que lo que estaba ocurriendo ahí era la expresión del conjunto del país. Y no se dio cuenta de que era una burbuja, de que esos promedios estaban mucho más bajos porque incorporaban una realidad excepcional, y de que la otra pandemia, la pandemia del país real, estaba recién empezando.
¿Y qué hizo el Ejecutivo? Al emitir esos discursos, en cierta manera generó una sensación de relajo.
Claro, después el Gobierno culpa a una ciudadanía irresponsable: ¡irresponsable por no cumplir la cuarentena, irresponsable por asistir a fiestas!
Pero aquí hubo un error comunicacional, que hizo que muchas personas pensaran que la situación de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea era similar a la del conjunto del país.
Entonces, para el escenario inicial se adoptaron medidas económicas y de prioridades que a lo mejor eran razonables, pero no lo son para el nuevo escenario, que es muy complejo y grave.
¿Por qué? Porque hoy día la pandemia se extiende en un territorio que es como pasto seco. El virus es la llama que cae encima. Ese pasto seco se va a incendiar, y de manera muy acelerada.
Y no solo nosotros lo hemos dicho, sino también el Alcalde Codina y Senadores tanto de Oposición como de Gobierno, como los colegas Chahuán y Ossandón, todos los cuales han alertado sobre esa situación: no es lo mismo cuando la pandemia ocurre en Puente Alto, La Pintana, Cerro Navia, Lo Prado, Recoleta, donde hay hacinamiento, donde hay pobreza, donde hay un solo baño, donde se comparte el mismo tenedor y el mismo cuchillo, donde duermen a veces cinco personas en una pieza, donde hay allegados, donde hay inmigrantes. ¡No es la misma realidad!
Entonces, ¿a qué nos enfrentamos hoy día?
Ha habido errores y el Gobierno ha tenido que cambiar su discurso. Yo reconozco, por último, que hoy día ya no se habla de "nueva normalidad", de "retorno seguro", de abrir los malls ni de volver a los colegios. El Gobierno está volviendo a la realidad.
Y valoro que se estén cuarentenando las distintas comunas. Es lo había que hacer. Pero todavía hay que hacer mucho más.
No se está aislando a las personas en condiciones sanitarias en los sectores populares. ¡Eso es gravísimo! Si no se las aisló de esa manera en Las Condes, bueno, dado que en esa comuna los afectados contaban con otros medios y capacidades, igual se podía cumplir la cuarentena adecuadamente. Pero en aquellos otros lugares no es posible. Y no aislar a un contagiado fuera de la casa es una negligencia grave. Y eso no se está haciendo.
Además, no se está realizando el rastreo de los contactos. ¡Y no se está efectuando porque no lo pueden hacer! Mientras no se incorpore a la atención primaria, no se contará con la fuerza humana necesaria para ir a buscar a todos los contactos.
Y no están haciendo cuarentena los contactos, con lo cual no está disminuyendo la transmisibilidad.
Tampoco se está actuando como se debiera en materia de búsqueda de asintomáticos, que son los más peligrosos. El sintomático tiene moco, evidencia resfrío, presenta fiebre; sabemos dónde está. El asintomático es invisible y contagia a lo mejor igual.
Esa búsqueda requiere realizar más de los nueve mil testeos actuales. Y, ¡cuidado!, la positividad de los testeos de ayer alcanzó el 18 por ciento, en circunstancias de que veníamos de una positividad de 7 por ciento. Si uno efectúa más testeos, tendrá más contagiados. Cada vez, lamentablemente, está siendo mayor el porcentaje de positivos, lo que señala que la curva de contagios va en evolución.
¿Y por qué quiero ligar el objetivo del proyecto con tener más testeos? Porque las medidas económicas no pueden estar aisladas, disociadas, o aplicarse sin sincronía con las decisiones epidemiológicas.
Si las personas no poseen recursos suficientes, la cuarentena que está estableciendo el Gobierno no va a servir de nada. Para que se logre el objetivo de aplanar la curva de contagios, de acuerdo a todas las modelaciones y los estudios de los países desarrollados, una cuarentena tiene que mostrar un 80 por ciento de cumplimiento.
Pues bien, yo pregunto: ¿cómo la gente de La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Puente Alto va a poder cumplir en un 80 por ciento con la cuarentena si no tiene las condiciones sociales para ello? Basta que queden fuera los taxistas, los pescadores, para que ese conglomerado genere más riesgo de infección y contagio, lo que perforará el sentido de la cuarentena.
Entonces, no es una cosa arbitraria lo que está planteando la Oposición cuando dice: "No más goteo". ¡Porque el goteo no sirve! Es ahora, ¡ahora!, cuando debemos acompañar las cuarentenas con las medidas sociales. Si no, el esfuerzo de la cuarentena no sirve de nada, ¡de nada! Porque las personas que no tienen para comer van a tener que salir igual a trabajar, aunque estén cuarentenadas. Y no van a poder cumplir su aislamiento.
Entonces, es una ilusión pensar que se pueden disociar las medidas económicas de las medidas sanitarias.
No es solo por un compromiso social que decimos que tienen que estar todos los conglomerados: los pescadores, los taxistas, todos los que no están incorporados. ¡Si no, esos sectores van a romper la posibilidad del aislamiento social y la cuarentena!
¡No incluirlos es un error inmenso! Es tan grave como haber mandado a 650 personas -y solidarizo con mis colegas de la Región de Tarapacá- a Iquique desde Santiago. ¿Saben lo que pasó? Se contagiaron 20, después 50, y van a metastizar a una región completa, por una irresponsabilidad brutal y sin ningún apoyo científico.
¡Hasta cuándo, hasta cuándo!
Hay cosas que el Gobierno está haciendo mal.
¡Qué bueno que haya cambiado por lo menos su discurso comunicacional! Ya no habla de "nueva normalidad"; ya no habla de "retorno seguro" o de abrir colegios y malls. ¡Eso no se puede hacer, menos en este momento! Valoro que se haya cuarentenado a ciertas comunas, y que se tenga un discurso distinto.
Pero hago un llamado al Gobierno a entender que no estamos mendigando por más recursos. Si no existen recursos adicionales, se va a quebrar la posibilidad de controlar la pandemia. ¿Sabe qué va a pasar entonces? Vamos a reunificar esto teniendo que lamentar contagios hasta septiembre, octubre.
¡Esto se puede resolver! ¡Lo han hecho otros países! Sí, Corea del Sur lo hizo en ocho meses; Wuhan, en diez meses; Nueva Zelandia, en ocho meses. Nosotros lo podemos hacer. ¡Pero no por goteo! Así no sirve. Si no acompañamos las cuarentenas y el aislamiento con medidas sociales potentes, de nada sirven las medidas que estamos tomando.
Entonces, no es arbitrario lo que solicitamos; no es un egoísmo como se ha señalado acá, una pequeñez que nos bajó de repente. ¡No! Tiene que ver con toda la experiencia mundial cuando se han tomado medidas sanitarias y económicas potentes al mismo tiempo. De lo contrario, no sirven.
He dicho, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, me sumo a lo que hemos escuchado: la única manera de enfrentar esta crisis sanitaria, económica y social es conteniendo sus efectos más catastróficos, desplegando de manera coordinada y coherente todo el abanico de herramientas, todas las fuerzas que tiene el Estado y todos los recursos disponibles. ¡No hay otra forma, no hay ninguna otra manera! Pedir el máximo esfuerzo a la gente debe ir de la mano del máximo apoyo del Estado.
Y sentimos que eso no se está produciendo.
De parte del Gobierno yo advierto demasiada lentitud en la respuesta y demasiada restricción a la hora de definir las ayudas. Esto no es una negociación colectiva; no se está conviniendo un mejoramiento de ingresos, y tampoco estamos estableciendo un gasto permanente. Se está definiendo un piso mínimo para personas que de improviso han perdido todo o la mayor parte de sus ingresos, por un lapso determinado sí, para que puedan seguir viviendo sin arriesgar su salud o, incluso, sus vidas.
Por eso necesitamos este proyecto de buena forma.
Y el Estado de Chile puede hacerlo. Para eso el país ha sido responsable fiscalmente durante muchas décadas y para eso hemos ahorrado. El propio mensaje presidencial señala que la pandemia va a generar una de las crisis económicas más duras que ha tenido que enfrentar el país desde la década de los ochenta.
Es bueno recordar que en los años 82 y 83 Chile sufrió una caída del producto de más del 14 por ciento. Esa crisis produjo una devastación en el tejido productivo; quiebras masivas de pequeñas, medianas y grandes empresas. La tasa de desempleo llegó a 23 por ciento y, agregando los problemas del PEM y del POJH, se elevó hasta la escalofriante cifra del 31 por ciento.
El actual Presidente de la República vivió de cerca esa crisis. Ahora nos advierte en su mensaje que tales pueden ser los niveles de desempleo en los próximos meses.
Pero el problema es que este proyecto no se hace cargo de la profundidad de la crisis. Es totalmente insuficiente en términos del monto de los recursos que se han comprometido, de la cobertura de los hogares en situación emergencia y de la extensión de tiempo en que las ayudas estarán disponibles.
En el régimen militar se creó el Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, el famoso POJH, que pagaba a cada trabajador alrededor de un tercio del sueldo mínimo de la época. ¿Qué ingreso ofrece la iniciativa que estamos debatiendo? Este limitado proyecto ofrece, al 40 por ciento más vulnerable de los chilenos, 65 mil pesos, vale decir, un quinto, ¡un quinto del salario mínimo!
Más tacaño aún es el proyecto respecto de los compatriotas que se encuentran en el tercer quintil más vulnerable: a ellos se les ofrecen 43.333 pesos, ¡menos del 15 por ciento del salario mínimo!
Este Gobierno ofrece menos de lo que ofreció la dictadura. ¡Esa es la realidad de este proyecto!
Para un hogar de cuatro personas, este ingreso familiar de emergencia suma 260 mil pesos. Ello no solo no supera el límite de la pobreza, que es alrededor de 450 mil pesos, sino que tampoco alcanza la línea de la pobreza extrema, que es de un poco más de 320 mil pesos. Es decir, para sobrevivir los miembros de estos hogares deberán salir a la calle a buscar ingresos adicionales, pese a los llamados a quedarse en casa o a las cuarentenas, con el riesgo de contagio para ellos, sus familias y aquellos con los que tengan contacto.
Además, este proyecto plantea que los ingresos familiares de emergencia serán decrecientes, como se ha reiterado acá. Se asume que la economía y el empleo repuntarán en el corto plazo, en circunstancias de que el Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del PIB para Chile de 4,5 por ciento, sabiendo, además, que la recuperación del empleo siempre se produce con un rezago respecto de la actividad económica.
Por otro lado, los requisitos de elegibilidad y causales de exclusión para recibir esta ayuda son de una exigencia inverosímil. Deben pertenecer al 60 por ciento más vulnerable y quedan afuera todos aquellos que reciben un ingreso formal, por muy pequeño que sea.
La iniciativa desconoce la realidad de quienes reciben ingresos formales muy mínimos, que no los sustraen de su vulnerabilidad, razón por la cual se ven obligados a buscar otras entradas en el sector informal.
El proyecto niega que muchas personas que hasta hace pocas semanas contaban con un ingreso estable, y se reconocían a sí mismas como de clase media, hoy se encuentran en total desamparo.
La propuesta legislativa no da respuesta a los choferes de taxis colectivos, quienes hoy día apenas están salvando el combustible con su trabajo diario; no les dan solución a los algueros, a los pescadores artesanales, que han visto desaparecer los poderes compradores; al pensionado que se instala en una cola en una feria para llegar a fin de mes; al migrante en situación irregular que ha perdido su empleo y no tiene cómo volver a su país.
Pero algunos culpan al Congreso por la insuficiencia en las medidas, pero los montos, para que sepa el país, solo pueden ser fijados por el Ejecutivo. Cualquier proyecto que represente gasto es solo facultad del Gobierno y no del Parlamento.
Otros acusan de falta de colaboración a la Oposición, a pesar de que todas las iniciativas enviadas por el Ejecutivo han sido aprobadas, sin perjuicio de hacerle ver que han sido insuficientes.
Nos acusan de falta de cooperación, pero en verdad es el Gobierno el que no se deja ayudar, el que se encierra y solo se escucha a sí mismo. No le pido que escuche a la Oposición, si no lo quiere hacer; solo espero que escuche a la gente afectada, que está esperando una ayuda real en medio de esta crisis.
He dicho, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Quiero solicitar el acuerdo de la Sala para suspender la sesión por una hora.
El señor BIANCHI.- ¿Podemos abrir la votación?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No es posible, porque hay indicaciones, señor Senador.
Sugiero suspender por una hora.
Hay dieciséis colegas inscritos. Tenemos una magna tarea por delante, pues todos hablan más de diez minutos. Por eso hago esta solicitud.
Senador Pizarro, tiene la palabra.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, yo le sugeriría que no suspendiéramos, precisamente por lo que usted ha planteado de que hay mucha gente inscrita.
En realidad, podrían ser dos votaciones. Luego de votar en general, después usted podría acordar inmediatamente hacer una segunda votación respecto de todas las indicaciones, que es lo que se hizo en la Comisión y lo que se ha estado discutiendo acá.
Eso nos permitiría terminar con todas las intervenciones de quienes están inscritos y acortar el debate respecto de la votación de las indicaciones.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se ha hecho una propuesta acerca del procedimiento de votación que, a mi juicio, ahorra la dificultad de dedicarnos a cada una de las indicaciones.
Y si el Presidente de la Comisión de Hacienda sostiene que es posible votar en paquete las indicaciones, aparte de la votación general del proyecto, creo que acortaríamos el debate, más aún si los Senadores y las Senadoras no fundamentan su voto, dado que han hablado más de diez minutos en cada intervención durante la discusión de la idea de legislar.
No hay acuerdo para suspender la sesión.
Entonces, tiene la palabra el Senador Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, tal vez lo conveniente sería reducir un poco los tiempos de intervención, dado que nos encontramos en la discusión general, pero también tenemos que votar en particular.
Trataré de predicar con el ejemplo y, por tanto, no tomarme los diez minutos que la mayoría de los Senadores ha utilizado.
Quisiera partir señalando que hemos asistido en los últimos días a un cambio de tono del Ejecutivo hacia la Oposición: las típicas expresiones de Oposición obstruccionista, que no colabora, etcétera.
Y la verdad es que eso no es así, porque en todos los proyectos tan importantes como el que nos ocupa -el que estamos analizando hoy día es muy importante-, ya sea el del "bono COVID", el de garantía Fogape, el de protección al empleo, el Gobierno ha contado con el respaldo total de la Oposición. Y lo que ha habido es una mejora significativa de estas iniciativas en las Comisiones, particularmente en la de Hacienda.
Sin embargo, lo que sucede hoy día es que el Gobierno ha actuado en este proyecto con total inflexibilidad y con una intransigencia pocas veces vista.
Creo que el Ejecutivo debiera tomar nota de eso. No puede ser esa la manera como se van a seguir discutiendo las iniciativas en adelante.
No sé si esa actitud se debe a una carta de la Oposición que circuló en los últimos dos días, la que básicamente establecía propuestas en distintos ámbitos, y también en el sanitario.
Si hay algo claro en esta pandemia es que -y lo decía un colega recién- ha habido muchos aciertos del Ejecutivo, de la autoridad sanitaria, pero también errores. Ninguna estrategia es infalible.
En tal sentido, lo más evidente es lo ocurrido hace tan solo cuatro días, cuando el Gobierno se ve forzado, porque se lo dijeron los miembros del Consejo Asesor, a cambiar la manera como se presentaban los datos.
Hasta hace pocos días no se entregaban informes públicos respecto de los contagiados asintomáticos. Y eso resultaba muy extraño, pues en todo el mundo se dan a conocer reportes de los asintomáticos, pues son positivos, y por muy asintomática que sea su condición, están contagiando igual.
Entonces, claramente aquí ha habido errores, que son susceptibles de mejorar. Pero, en la medida en que el Gobierno clausure el debate, cierre el diálogo, como lo ha hecho en este proyecto, las cosas simplemente pueden empeorar.
Hemos conversado bastante en la Comisión de Educación con algunos especialistas a propósito de la nueva normalidad, materia en la cual el Gobierno no ha sido claro, no ha escuchado a expertos. Yo no sé quién convenció al Ministro de Educación de que había que volver a clases en abril, pues claramente no están las condiciones para ello tampoco en mayo.
Me parece que se deben dar señales claras y certezas a la población en el sentido de que, por ejemplo, este año no puede haber repitencia, un aspecto tan básico como ese. Todos los alumnos deben ser promovidos este año, como lo han hecho otros países en el resto del mundo. Esa tendría que ser la regla general.
Tampoco debiera haber prueba Simce, que es una situación que estresa innecesariamente a los colegios. Y no es efectivo que dicha prueba proporcione información, como decía el Ministro del ramo ayer, relativa a los alumnos. ¡No, señor! El Simce está dado para estigmatizar o para favorecer al establecimiento y no al alumno, porque no es una prueba que mide el desempeño del alumno, sino del colegio.
Entonces, creo que aquí ha habido señales muy confusas.
Claramente, la nueva normalidad fue una señal que terminó sacando a mucha gente a la calle como si aquí no pasara nada. Y vemos que, según la manera como se están presentando hoy día los datos, se ha registrado un incremento de casi un tercio de contagios nuevos.
Hace exactamente una semana promediábamos cuatrocientos casos al día. Hoy ya estamos superando los mil. Esa es la realidad. Y lo mejor es conocerla, para tomar mejores decisiones.
Señora Presidenta, hemos visto errores, como enfrascarse en conflictos con todo el mundo.
La pelea con los alcaldes no tiene ningún sentido. Y no es una cuestión política, pues se han peleado incluso con alcaldes del propio oficialismo.
Y el Senado ha hecho propuestas.
Yo quiero hacer presente, señora Presidenta, que en el tema de los municipios ha habido descoordinación, lo que también ha significado una dificultad para aplanar la curva. Porque no se les puede entregar antecedentes a los alcaldes, que son los que tienen a su cargo la atención primaria. Sin embargo, carecen de información de los contagiados de sus comunas y esos datos les llegan después. A mi juicio, eso impide aplicar medidas de contención, de confinamiento en el territorio, en circunstancias de que los municipios cuentan con una red completa que no tiene la autoridad sanitaria para intervenir en sus comunas.
En tal sentido, me parece que ahí ha habido dificultades, y esas cosas tenemos que decirlas.
Y eso no tiene que ver con la Oposición.
Yo me imagino que en las reuniones del comité político en La Moneda los presidentes de los partidos oficialistas, los jefes de bancada le darán su parecer al Gobierno, sobre todo cuando ha habido errores evidentes.
Insisto: ha habido muchos aciertos.
Yo viajé desde Temuco ayer. La ciudad salió hace menos de una semana de la cuarentena y uno podría decir que ahí efectivamente se aplanó la curva, pues los contagios nuevos son mínimos. Pero en Recoleta, que tiene la mitad de la población de la capital de La Araucanía, recién se decreta la cuarentena a partir de hoy cuando ya partía con seiscientos contagios, y la cantidad que ha crecido durante los últimos días es impresionante. O sea, a una comuna se le decreta cuarentena total con poco más de cien casos -eso está muy bien; reitero, es un acierto-, pero en otra se esperó a que llegaran a seiscientos para adoptar dicha decisión.
En consecuencia, hay medidas que claramente tienen un impacto en el control de la pandemia.
Y particularmente lo es la que estamos discutiendo hoy día y que vamos a aprobar, con las salvedades que han planteado los miembros de la Comisión de Hacienda y el propio Presidente de dicho órgano técnico, Senador Pizarro.
Este es un proyecto grande -también lo señalaba el Senador Coloma-, no cabe ninguna duda de ello. En cuanto a los montos, es uno de los más significativos. No se compara con los tres mil millones de pesos de la garantía del Fogape, que también era una herramienta necesaria para las empresas.
Pero este proyecto es tal vez el más importante de todos los instrumentos que se van a entregar, porque tiene un efecto social, un efecto económico y, como decía el Senador Girardi recién, también un efecto epidemiológico, pues ayuda a que la gente efectivamente se quede en su casa. Porque hoy día -el Senador Bianchi lo señaló con mucha claridad- el pescador, el artesano, el conductor de la locomoción colectiva, el comerciante formal e informal están saliendo a hacer changuitas. Esa es la realidad. Y, evidentemente, este beneficio les proporciona tranquilidad y un cierto alivio.
Sin embargo, creo que esto se pudo haber hecho mejor.
A eso obedece el alegato inicial en el sentido de que el Gobierno actuó con total intransigencia en este proyecto, pues no estuvo dispuesto, como ha sido la tradición en el Senado, a escuchar.
Todas las otras iniciativas han sido mejoradas.
El "bono COVID", por de pronto -está en la Comisión de Hacienda el Senador Pizarro y puede corregirme-, aumentó 600 mil beneficiarios.
Y esa ha sido la tónica en el resto de los proyectos.
¿Qué planteaba la Oposición? ¿Algo del otro mundo? ¡No! Proponía que el bono tenía que ser parejo.
Efectivamente, en un momento se pensaba en una cifra mayor, porque fue el propio Gobierno, cuando anuncia el 8 de abril el bono para los trabajadores independientes, el que habló textualmente de 2 mil millones de dólares, y al final esta inyección de recursos termina siendo un 40 por ciento de ese monto: 802 millones de dólares. No es poca plata, desde luego. Pero el Gobierno, respecto de esta medida en particular, señaló que serían 2 mil millones de dólares.
Entonces, no es que la Oposición persista en un capricho o que esté haciendo una pataleta. ¡No, señor! La Oposición ha planteado aquí -lo conversábamos recién con el Ministro Sichel- formas de cómo resolver esto de una manera más expedita, pues este proyecto contiene una barrera de entrada, ya que es necesario postular. Perfectamente se podría haber tomado toda la cobertura del 60 por ciento que está en el Registro Social de Hogares y entregar el beneficio de manera automática.
Espero que no se produzcan aglomeraciones cuando la gente tenga que ir a postular por este beneficio, porque, si no, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Esto podría haber sido completamente automático.
Asimismo, la iniciativa contempla una rebaja para los hogares que reciben una pensión básica solidaria, en fin.
Señora Presidenta, pienso que este proyecto constituye una ayuda importante, porque -insisto- va a contribuir al confinamiento obligado que muchas familias deben cumplir.
Pero claramente se podría haber hecho de otra manera.
Un Senador del oficialismo recién decía: "Es que tiene que ser en mayo porque es el mes más difícil". Probablemente, el peak llegue y mayo sea el mes más difícil desde el punto de vista sanitario, pero a mi entender no lo será desde una perspectiva económica.
Yo no sé qué economista convenció al Gobierno de esa locura. Por eso la Oposición hacía la propuesta -también lo dijo el Senador Lagos Weber- del bono parejo de 80 mil pesos per cápita, porque los efectos económicos no se van a notar solo en mayo, pues los meses venideros serán mucho más complejos, especialmente para quienes está destinada esta iniciativa, que son los hogares más pobres de Chile.
Por esas razones, señora Presidenta, voy a votar a favor.
Por último, quiero reiterar que el Gobierno debe escuchar a la Oposición y a todos los sectores.
Este mismo Senado hace tres semanas -¡tres semanas!-, unánimemente, Ministro Sichel, les planteó al Gobierno y al Ministro de Hacienda la necesidad de un bono para los trabajadores de la salud.
Están bien los aplausos. Todos los días a las 21 horas todos aplaudimos. Pero, ¡por favor!, el 10 por ciento de los infectados en nuestro país son trabajadores de la salud. Y ellos van a registrar una baja en sus ingresos por un tema administrativo. Los funcionarios de la salud sufrirán una baja real en sus ingresos, señor Ministro Sichel -por su intermedio, también para el Ejecutivo-, a partir del mes de mayo. Entonces, ¡porque fue una idea de la Oposición el Gobierno no le puede dar crédito! Va a esperar que pasen dos meses. Se requiere urgente un apoyo para los trabajadores de la salud.
También hemos visto la locura de haber recortado los recursos para Bomberos. ¡Por favor! ¡Cómo se están tomando las decisiones, que llegan a ese punto!
Con todo, voy a votar a favor, porque creo que esta es una respuesta que se requiere, y se requiere de manera inmediata.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Durana.
¿No está el Senador Durana?
El señor DURANA.- Sí, gracias.
Señor Presidente, la propagación de la pandemia del COVID-19 ha originado una emergencia sanitaria. Su alta tasa de contagio, su manifestación asintomática y su especial afectación a una denominada "población de riesgo" son características que han llevado a la autoridad sanitaria a adoptar estrictas medidas de contención del avance del virus, las cuales han debido afectar la actividad productiva y comercial, paralizando por completo algunos rubros económicos.
Lamentablemente, la crisis sanitaria deriva en una crisis económica, la cual si bien genera efectos diferentes a los de la pandemia, también significará en el corto, en el mediano y en el largo plazo un daño sustantivo a la economía de las familias, mermando su dignidad y calidad de vida.
Frente a este escenario, el Gobierno ha diseñado un plan de emergencia económica que es millonario, nunca visto, el cual contiene políticas destinadas, entre otras, a conservar el vínculo laboral; a garantizar la liquidez de las empresas, y a propender a un apoyo económico a las familias. En este último ámbito se enmarca el Ingreso Familiar de Emergencia, que beneficia a cerca de un millón setecientos mil hogares, que representan cerca de cuatro millones y medio de chilenos.
Este proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia es la forma más directa para llegar a quienes lo están pasando muy mal. Y por eso debemos especificar el monto del beneficio para cada persona, dependiendo del tramo en que se encuentra y el número de integrantes que componen el hogar. Y, por otro lado, debemos tener un indicador. Esto último es fundamental para poder incorporar en los beneficios a otros grupos que hoy también se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, en especial, los trabajadores informales y aquel sector de la población que se ha visto perjudicado por la crisis durante estos últimos dos meses. Como los instrumentos de medición de la vulnerabilidad social son anuales, obviamente, no consideran la realidad de una familia en los últimos dos meses, cuando se está viviendo esta pandemia.
La pérdida de los artículos 3 y 4 son una herida importante para una ley que requiere su operatividad, con un monto económico determinado para su beneficio y un instrumento de medición para focalizar y definir a los reales y nuevos beneficiarios, considerando que todos estamos conscientes de que aún están pendientes un número importante de trabajadores que pertenecen a diferentes sectores económicos que no han podido trabajar y no son parte de ningún beneficio social. Pero es tremendamente claro que el Gobierno va a seguir buscando fórmulas que permitan ayudar a la gente, en especial, mientras dure esta pandemia.
Anuncio mi voto a favor.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, ayer se dio inicio, a partir de las diez de la noche, a medidas especiales en Antofagasta y Mejillones: la cuarentena. Y los dos alcaldes coincidieron en algo que nosotros venimos planteando en este Senado hace mucho tiempo, y no solo nosotros, todos los parlamentarios de la región: ¡no se puede pretender que la gente cumpla cuarentena si no tiene qué comer!
La gente no puede salir de su casa a trabajar. No es que salga a pedir un permiso para ir a comprar, ¡porque no tiene cómo comprar!
Por lo tanto, es esencial para el éxito de las medidas de cuarentena y las restricciones que se resuelva el problema del abastecimiento de medicamentos y de alimentos de las familias chilenas, pues eso no está pasando.
Ninguna de las municipalidades de mi región ¡ninguna! ha recibido un solo peso de lo prometido por el Gobierno central, por la concentración, además, de los recursos. Porque, en vez de avanzar en la crisis hacia la descentralización del país, de haber empoderado a los municipios, se hace todo lo contrario: se contraen los recursos en un único mando y que, por supuesto, es incapaz de atender todas las necesidades de cada comuna de Chile.
Nadie nos puede acusar a nosotros de falta de colaboración, porque, de hecho, hasta ahora, hemos aprobado todos los proyectos que el Gobierno ha enviado. ¡Todos! Yo no he votado en contra de ninguno. Pero también dijimos aquí que tenían debilidades, y los hechos lo van comprobando.
Hicimos presente el riesgo con el proyecto sobre Seguro de Cesantía. Todos lo aprobamos apoyando a las pymes, porque sabíamos que ellas no tienen espaldas. Y resulta que se apropiaron de esta medida las grandes empresas, ¡que hacen que sus trabajadores se paguen su sueldo con su fondo de cesantía! ¡Y se incluyó a las trabajadoras de casa particular, con su fondo de desahucio! Y al mismo tiempo estas empresas retiran utilidades y algunas anuncian que van a pedir créditos con respaldo del Estado para hacer sus negocios. En otras palabras, ¡el abuso y la desigualdad se instalaron con todo!
Ministro, se lo digo con franqueza -está a mis espaldas-: ¡usted no ha sido claro, porque no puede pedirles por favor las cosas! En este país, en una situación como esta, usted tiene los mecanismos legales. ¡El Presidente de la República cuenta con todos los mecanismos legales para impedir el abuso!
¡Aquí se está abusando, se están acentuando las desigualdades!
Y ahora nos ponemos a discutir este proyecto, ¡que no es lo que dijo el Presidente!
Tengo en mis manos los titulares de la prensa: "El Presidente promete un fondo de dos mil millones de dólares para los trabajadores que están en situación más precaria".
Hasta ahora, no han recibido ningún peso. O sea, al final de la cola. Y resulta que es la mitad, y menos.
Así, Ministro, se pierden las confianzas.
Cuando estamos en una situación tan crítica uno espera un Gobierno con autoridad, con prestancia para enfrentar los distintos intereses en juego y que esté con los más débiles.
Para eso los chilenos lo estamos necesitando. Es un problema de supervivencia, Ministro, ya no es solo la discusión del modelo ideológico o del modelo de gobierno. ¡Es un problema de supervivencia de las familias chilenas y no les estamos dando las garantías!
¡En la Región de Antofagasta los municipios están endeudados! Están gastándose lo que casi ya no tienen; se encuentran al borde de sus límites. Lo han señalado la alcaldesa Karen Rojo, de Antofagasta; el alcalde Sergio Vega, de Mejillones. Y lo podrían decir todos los alcaldes de mi región. Han hecho uso de sus recursos, con una diferencia sí: que en el norte hay grandes empresas y algunas de ellas han colaborado. Lo han hecho ciertas mineras, empresas de energía o empresas portuarias. Tenemos esa suerte. Para ellos no es tan grave colaborar. Pero esa no es la situación de la mayoría de los municipios de Chile, y tampoco de Antofagasta, porque esto no puede ser un voluntariado. Aquí debe haber presencia de Estado para enfrentar los dramáticos momentos que está viviendo el país.
Y no van a funcionar las medidas de cuarentena y de protección de la población si no es por derechos -no por favores, no por mendigantes-, ¡por derechos!, que la gente recibe el apoyo que merece de un Estado en una circunstancia excepcional.
Casi todas las medidas que se han adoptado aquí en favor de los trabajadores y las trabajadoras, formales y no, ¡es contra sus propios recursos, no con aportes frescos!
Es distinto en el sector privado.
Entonces, eso va a acentuar la desigualdad. Y le digo, Ministro: empieza a haber mucho malestar social; se comienzan a revivir las protestas en muchas ciudades, incluyendo en el norte, porque la gente se está percatando de que aquí hay un trato que acentúa la desigualdad. Y en vez de hablar de una nueva normalidad, a lo que estamos asistiendo es ¡a una nueva precariedad, a una nueva inestabilidad, a un nuevo abuso con la ley en la mano!
Y las personas nos exigen a los parlamentarios que hagamos leyes que las protejan. Pero no tenemos facultades.
Así es que yo le digo, Ministro, que tiene que abrirse. Es lo mínimo que se le pide. Cada vez que usted nos ha solicitado ayuda, se la hemos dado. Esta vez seremos nosotros los que le vamos a pedir ayuda a usted.
¡Póngase con la gente que está en situación más precaria de Chile o no le vamos a aprobar el proyecto como usted lo quiere!
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, he escuchado atentamente las distintas intervenciones y quisiera hacer algunas distinciones, porque no podemos hablar de un proyecto sin entender el contexto y las otras iniciativas que han sido parte de la estrategia para enfrentar la pandemia en nuestro país.
En primer lugar, a mi juicio, hoy día Chile y todo el resto de los países del mundo tienen el objetivo y el desafío de controlar la pandemia y aplanar la curva. Y esto ha tenido distintos tiempos, porque efectivamente Wuhan, Corea del Sur, Nueva Zelandia y una serie de otras naciones comenzaron antes con este problema, por lo que ahora contamos con la oportunidad que no todos han tenido de poder mirar la experiencia internacional, pues ha habido éxitos y fracasos, buenos y malos resultados. Por ejemplo, España e Italia han pasado por situaciones bien bien complejas.
Por ello todo país debe tener un plan de acción para abordar una pandemia de esta naturaleza.
¿Y se requieren medidas de urgencia? Evidentemente, y Chile las ha adoptado para afrontar otras emergencias, pero esta es de un calibre distinto y de tal magnitud que en mi concepto supera cualquier estrategia anterior.
Ahora bien, mi pregunta es: ¿cuán sinérgico es este proyecto de ley con otros y con las medidas que ha tomado directamente el Ejecutivo, en particular a través del Ministerio de Salud, para la gestión de la situación que estamos viviendo?
Actualmente, enfrentamos una crisis sanitaria, pero con efectos bien adversos por cuanto se va a traducir -y lo está haciendo- en un problema de carácter económico y social. Y eso ya es evidente.
Por consiguiente, lo primero que debemos hacer aquí es tratar de controlar la pandemia y de tomar todas las medidas que tengan sentido para evitar un mayor impacto económico, que ya estamos viendo: por ejemplo, se habla de una tasa de desempleo que ha superado el 8 por ciento; y lo más probable es que lleguemos a los dos dígitos, porque estas son mediciones de meses anteriores. Los expertos y todo el mundo auguran que a corto plazo vendrán tiempos bien difíciles para los chilenos y las chilenas.
En tal sentido, quiero destacar que el Congreso ha realizado un trabajo bien colaborativo y con la visión de avanzar a fin de aplanar la curva y que más hogares no se vean afectados por las consecuencias negativas de carácter económico y social.
Planteo el punto porque también hicimos aquello en el marco de un contexto distinto: el estallido social de octubre del año 2019. Aprobamos la reforma tributaria; colaboramos bastante en la discusión del Presupuesto de 2020 (ahí se abordó, por ejemplo, lo tocante a las pensiones, en particular el pilar solidario).
Señalo esto porque, en ese contexto, parte de las conversaciones se vinculan con que, o no vamos a poder pagar o no será factible aumentar el monto de las pensiones en tal fecha si el Congreso no aprueba esta iniciativa.
Creo que esta cosa medio coercitiva de la relación Ejecutivo-Parlamento en nada les está ayudando a los chilenos para afrontar adecuadamente la emergencia.
No puede ser que el discurso del Ministro de Desarrollo Social sea casi que la buena política es si nos ponemos de acuerdo. Entiendo que el Parlamento es el espacio de debate democrático, en que también se manifiesta disenso, siempre con el respeto que esto requiere.
Pero hoy el Gobierno debe reconocer, cuando anuncia planes económicos; cuando anuncia medidas; cuando anuncia el "bono COVID"; cuando anuncia lo relativo al Seguro de Desempleo, incluso habiéndosele advertido, que tales medidas van a tener un costo para los trabajadores, porque lo que se toca, en primer término, es su propio ahorro en desmedro de alguna situación futura de cesantía que puedan enfrentar.
En cuanto al Fondo de Garantía, a mi juicio falta hacer una distinción.
Nosotros debemos apuntar a los más pequeños, a los más vulnerables en cualquier tipo de medidas que se adopten. Siempre hemos estado llanos a escuchar los argumentos, y hemos aprobado los proyectos respectivos.
Entonces, no me parece justo ni prudente que se diga que hay obstruccionismo, y si no es eso, que se mencione la calidad de la política, como si hubiera dos tipos.
La política es el único instrumento que nos permitirá transformar esto para hacer una buena gestión ante una gran crisis.
Este proyecto fue aprobado hoy día en general en la Comisión de Hacienda. De modo que compartimos totalmente su objetivo, porque lo mínimo es que en el tercer paquete de medidas estén incorporadas las personas más vulnerables, sobre todo aquellas de sectores que trabajan en la informalidad y, por tanto, con mayores dificultades. Además, muchas de ellas han perdido su empleo.
Señora Presidenta, hay que abordar las inseguridades, las incertidumbres que genera una pandemia. Por ello hago la distinción: por un lado, está la pandemia en sí misma, que debe afrontarse con medidas lo más eficaces posibles, para que la crisis económica no se torne más compleja o se intensifique; y, por el otro -lo han dicho varios colegas-, también hay que reconocer que la gestión de la crisis ha tenido ciertos errores. Y uno de ellos, sobre todo en gestión de crisis, ha sido la falta de información clara y oportuna, para que las personas entiendan por qué se toma una decisión y no otra; por qué estas comunas entran en cuarentena y no otras; por qué estas medidas se aplican respecto de la mitad de una comuna, en fin.
Ahora bien, creo que el Gobierno sí ha recogido esto último, y hoy día hay más prudencia en las declaraciones, porque, en verdad, el retorno seguro solo será posible si abordamos y gestionamos bien la crisis sanitaria propiamente tal y contamos con instrumentos que permitan a las personas tomar las medidas que se requieren, que no son otras que quedarse en casa, hacer cuarentena, estar confinados, con las dificultades que eso conlleva.
La pandemia tiene otra complejidad, porque ya no están los recursos que provenían de los sectores de más altos ingresos en Chile, donde el confinamiento no tiene las dificultades que genera cuando la pandemia posee un carácter comunitario, sobre todo en aquellas comunas más vulnerables. Por lo tanto, ahí es donde hay que inyectar con fuerza los fondos del Estado.
Los tiempos sí son importantes. Acá nadie quiere postergar un beneficio para 1 millón 700 mil personas; pero estamos convencidos de que es posible aumentar la cobertura. No hay que exigir que los trabajadores sean formales o informales, sino que se han de considerar criterios de vulnerabilidad, y el procedimiento para optar a este ingreso familiar de emergencia debe ser prácticamente automático.
Yo le pido al Gobierno que se allane a ampliar la cobertura, y que los criterios permitan que las familias rápidamente reciban estos beneficios. Así vamos a poder garantizar que las personas hagan la cuarentena respectiva, porque si no, van a salir a buscar ingresos. Eso va a ocurrir sobre todo respecto de aquellos que ahora han quedado desempleados. Porque el chofer de taxi; los pescadores artesanales, a quienes se ha mencionado mucho, también se encuentran en una situación vulnerable hoy día. Y si un grupo va a estar en condiciones de sostener una cuarentena, con todas las dificultades que conlleva un confinamiento, pero otro no, les aseguro que no seremos efectivos en el control de la pandemia, y menos en aplanar la curva (actualmente tenemos veintitrés mil y tantos casos). Efectivamente, la situación es compleja, porque rápidamente vamos a estar en 40 mil casos, y empezará a colapsar el sistema de redes asistenciales de salud.
Por eso hablo del efecto sinérgico.
Acá no basta con que salgan los Ministros a decir: "Estamos muy contentos; hemos apoyado y sacado adelante un proyecto que beneficia a un millón setecientos mil personas".
¿Qué significa eso? La pregunta es si esto está dando garantías para que la gente haga cuarentena, para que el sistema de salud tenga un rastreo, en fin.
Asimismo, espero que haya lugares para aislar a las personas contagiadas, porque si no, no vamos a controlar la crisis, ni tampoco aplanaremos la curva, y tendremos que requerir mucho más financiamiento estatal.
¡Ese es el peor escenario!
Entonces, acá yo le haría un llamado al Gobierno y le preguntaría cuál es el plan de acción. Debemos ponernos de acuerdo en algunos criterios: por ejemplo, si se determina un testeo masivo; si se declara una cuarentena, de acuerdo a ciertos criterios; si se dispone un rastreo de casos o el aislamiento de las personas contagiadas.
Esa ha sido la estrategia que ha funcionado en distintas partes; está sostenida por expertos. Pero cuando no existe una comunicación clara que informe a las personas y les permita comprender por qué es tan importante adoptar este tipo de medidas y que se sostengan en el tiempo, no se torna difícil revertir la situación y se genera confusión, lo que amplía la inseguridad y la sensación de temor.
Ello obviamente se amplifica con una situación económica que va a complicar a muchas familias en Chile.
En general, se han realizado propuestas. Y que tengamos al menos un ingreso familiar de emergencia sale también desde la Oposición, en una lógica de colaboración.
Me parece que el sentido y el formato que adoptemos para este tipo de discursos también son relevantes, porque este no es un bono aislado: responde a una pandemia, y debe estar acorde con las medidas y con lo que expresan los expertos. Porque cuando el Colegio Médico aparece criticando la gestión del Gobierno y se quiebra una mesa técnica, yo les aseguro que ningún ciudadano entiende por qué se toman ciertas medidas y no otras, y si al final van a tener la certeza de la efectividad, que es terminar o al menos controlar el coronavirus, cuestión que les ha cambiado la vida a muchos chilenos y chilenas.
Y acá el criterio de la cobertura... (falla de audio en transmisión telemática).
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
La señora ÓRDENES.-... de trabajo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, quisiera volver a lo que este proyecto en realidad persigue, a su objetivo principal, más allá de los discursos que hemos escuchado acá, que los respeto todos, muchos de los cuales, obviamente, no comparto.
Esta iniciativa debe contextualizarse en el plan económico de emergencia que ha anunciado el Gobierno, conjuntamente con la declaración de estado de catástrofe, porque estamos hablando como si esta fuera la única propuesta de ley presentada.
Hemos avanzado en muchas iniciativas destinadas a la protección al empleo. Por ejemplo: la ley N° 21.227; el "bono COVID-19"; medidas de protección a las pymes; la ley N° 21.225; la modificación al Fogape, ley N° 21.229, que permitió el acceso a las garantías de ese fondo a créditos de pequeños y medianos empresarios. Deben sumarse también esfuerzos como el proyecto de ley que establece un seguro de protección social de ingresos para prestadores de servicios que emiten boletas de honorarios y demás trabajadores independientes (se dio cuenta de él en la sesión de ayer), por nombrar algunos.
Y ahora hoy estamos discutiendo el proyecto que concede un ingreso familiar de emergencia, el cual, de acuerdo a lo señalado en su informe financiero, beneficiará -y es importante dejar claro el punto, pues ha habido errores sobre el particular- a un total de cuatro millones trescientas mil personas, no familias: ¡a cuatro millones trescientas mil personas!
Sin duda, esta es la iniciativa que beneficiará a más personas; es el proyecto más grande que se haya enviado al Parlamento para su tramitación.
Acá se habla de que hay intransigencia por parte del Gobierno; se habla de su arrogancia; se habla de su indolencia; se habla de su mezquindad. Esos son algunos de los adjetivos que he escuchado durante esta sesión.
Pero ello no es así.
Al respecto, quiero recordar que la administración financiera del Estado le corresponde al Gobierno. Nosotros colaboramos para que los proyectos relacionados con esa materia, como el que ahora nos ocupa, salgan adelante. Ciertamente, deben discutirse; pero nunca debemos olvidar cuál es la razón de que ellos sean de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que es precisamente por la responsabilidad que le cabe al Gobierno en estos asuntos.
Por eso, a los adjetivos de "intransigencia", "arrogancia", "indolencia", "mezquindad", quiero responder con el de "responsabilidad". El Gobierno durante esta pandemia ha sido responsable, eficiente y eficaz.
Ahora bien, ¿se ha equivocado? Sí, se ha equivocado como cada uno de nosotros lo hacemos todos los días. Pero la mayoría de las medidas adoptadas por esta Administración -y no decimos esto solo los parlamentarios oficialistas: también lo señalan organismos internacionales, que nada tienen que ver con nuestra política contingente- han permitido llevar adelante esta crisis de manera efectiva, correcta. Incluso ha recibido felicitaciones por ello.
Señor Presidente, este es un gran proyecto, pues beneficiará a una gran cantidad de familias vulnerables, a las que no podemos dejar de lado.
Hemos ido avanzando en otros tipos de ayuda, y esta va para trabajadores que reciben ingresos de manera informal, o los que perciben recursos formales son muy menores.
¿Quedan otros sectores que apoyar? Sí, quedan otros. Por ejemplo, los choferes de taxis y colectivos y de la locomoción colectiva requieren ayuda, así como tantos otros trabajadores.
Si tuviéramos todos los recursos, maravilloso sería. Pero hay que ir avanzando responsablemente y paso a paso.
¿Este bono es la solución definitiva para las familias que serán beneficiadas? ¡Por cierto que no!
Y el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por su titular, señor Sebastián Sichel, a quien aprovecho de felicitar y de hacerle un reconocimiento público por todo el trabajo que realiza cada día en apoyo de las familias vulnerables, será seguramente el encargado de seguir acompañándolas durante toda la crisis y también cuando haya pasado, tal como se ha hecho hasta el momento.
Sin embargo, no puede resolverse, como quisiéramos, todo en una sola medida.
Entonces, debe hacerse con responsabilidad, paso a paso, en forma creciente.
De otro lado, deseo referirme también a algunos aspectos que han señalado otros parlamentarios.
Se ha dicho que las municipalidades están quebradas.
Sobre el particular, quisiera señalar brevemente que en la sesión de la Comisión de Gobierno del pasado lunes escuchamos la exposición del Subsecretario Alvarado.
Ciertamente, las municipalidades están en problemas, pero no con este déficit de 900 mil millones de pesos como algunos señalan. Sí habrá una rebaja en su presupuesto; sí se verán afectados, como ocurre con todos en una crisis. Los municipios no pueden pretender que su presupuesto sea el mismo o mayor.
En cuanto a los 100 millones de dólares que anunció el Presidente, hay un compromiso para que 80 mil millones de pesos sean entregados a los municipios durante mayo. Eso es importante, porque esos recursos también van en directo beneficio de las familias más vulnerables que, cuanto tienen un problema, la primera puerta que golpean es la de los municipios.
Pero aparte de eso, ha habido otros aportes a las municipalidades. En total, serán casi 230 mil millones de pesos los que irán en ayuda de los gobiernos comunales por distintas entradas, de los cuales cerca de 134 mil millones de pesos se les entregarán directamente: algunos de estos dineros ya se los han traspasado, y otros, como estos 80 mil millones, se los transferirán en mayo.
Señor Presidente, ¡qué difícil es construir y qué fácil es destruir lo que se está haciendo con populismo y con irresponsabilidad!
Este Congreso y, particularmente, este Senado han dicho que quieren colaborar. ¡Qué bueno! Es lo que debemos hacer: colaborar con el Gobierno frente a esta crisis. De ella nadie sale solo: tenemos que realizar un trabajo colaborativo, cada una de las distintas autoridades, desde dónde nos corresponda.
Y a nosotros nos corresponde aportar desde acá, desde el Senado, legislando con prontitud para que la ayuda sea recibida rápidamente por quienes la necesitan; legislando con la generosidad que situaciones como esta requieren; legislando con humildad, entendiendo que todos tenemos una opinión, pero sin creer que somos dueños de la verdad absoluta, ni decir que vamos a aprobar en general estos proyectos, pero luego poner trabas en aquellas cuestiones que los hacen operativos.
¡Qué fácil es decir "Voy a aprobar la idea de legislar" y luego rechazar las indicaciones del Ejecutivo, lo que hará que estos 800 millones de dólares no lleguen a la gente más vulnerable!
Eso no es colaborar, señor Presidente.
¡Eso sí que es intransigencia! ¡Eso sí que es irresponsabilidad! ¡Eso sí que es falta de colaboración! ¡Eso sí que es no ponernos en el lugar de las familias más vulnerables!
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, creo que es bueno despejar algunas cosas que se han dicho. He escuchado con mucha atención todas las intervenciones.
Primero, estamos discutiendo este proyecto basados en uno de los tantos anuncios que hizo el Presidente de la República el 8 de abril respecto de la creación de un fondo especial, para apoyar a los trabajadores independientes e informales, de 2 mil millones de dólares.
Ese es el contexto en el que estamos debatiendo esto.
De manera que queda fuera toda la argumentación sobre el manejo de las finanzas, sobre si hay o no conciencia de la situación en que está la economía del país, o sobre los ingresos o los egresos del Estado. Y queda fuera por una razón muy sencilla: es el Presidente de la República quien anuncia un fondo de 2 mil millones de dólares, y además, junto a ese fondo, habla de 3 mil millones de dólares para el fortalecimiento del Fogape.
¿De dónde salen los recursos? De ajustes presupuestarios. Es decir, en la propia Ley de Presupuestos que aprobamos el año pasado se hacen los ajustes correspondientes para generar estos fondos.
A mí me parece muy bien. Y esa es la razón por la cual, cuando llegó el proyecto del Fogape acá, lo mejoramos. Y lo mejoramos tanto que logramos establecer, porque el Gobierno entendió los argumentos que aquí entregamos, que, por ejemplo, la tasa de interés que va a cobrar la banca tuviera un tope máximo de 3,5, que era lo señalado por el Banco Central, en términos de 0,5 la tasa y un 3 por ciento estimado del IPC. Por lo tanto, es igual a cero. Y eso es muy importante, porque favorece a la pequeña empresa. ¿Buscando qué? Proteger la continuidad de esa pequeña empresa y también del empleo.
Entonces, a partir de ahí uno tiene que evaluar si lo que nosotros hemos planteado en el Senado es un acto de populismo, de irresponsabilidad, de demagogia, como algunos aquí han manifestado; o si es verdad lo que el propio Presidente, lamentablemente, caricaturizando los debates, dice en el sentido de que estamos "pidiendo lo imposible".
La verdad es que no estamos pidiendo nada imposible. Solo estamos señalando que es necesario que este proyecto planteado por el Gobierno, que es muy importante, que es fundamental aprobarlo, pues se debe llegar rápido con los recursos a la gente que hoy día está en situación de vulnerabilidad, debe ser mejorado en el mondo del subsidio que propone, de 65 mil a 80 mil pesos, y en que esos 80 mil pesos se entreguen en igual cantidad los meses de mayo, junio y julio -eso nos parece de toda lógica-, y no de manera decreciente.
Y ahí tenemos una diferencia conceptual, legítima con la forma en que se aborda este proyecto. Nosotros nos damos cuenta de que se usa la misma lógica que se utiliza en el seguro de desempleo, en que a la gente al primer mes se le paga un porcentaje y después va disminuyendo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que esa gente vuelva a buscar trabajo y tenga un incentivo para hacerlo.
Aquí, por el contrario, como se ha dicho bien por algunos colegas, lo que se busca es que las medidas sanitarias que está implementando el Gobierno sean eficaces. Sin embargo, para que sean eficaces y las cuarentenas funcionen y la gente se quede en sus casas, hay que garantizarle un mínimo de ingresos que le permita subsistir. Y la subsistencia es el primer mes, el segundo mes y el tercer mes, porque si no, el incentivo es perverso y va en contra de la propia política sanitaria que está implementando el Gobierno. Porque, si yo el primer mes doy una cantidad mayor y el segundo mes doy una cantidad menor, le estoy diciendo a esa gente: "Salga a la calle a buscar mayores ingresos".
Entonces, hay un enfoque distinto.
Aquí no se trata de mala voluntad; no se trata de un capricho; no se trata de que a nosotros se nos ocurra opinar por opinar, o criticar por criticar.
¿Cuál fue el problema con este proyecto? Que el Gobierno cambió absolutamente la forma de conversar y de dialogar en el Senado. Lo dijo el Secretario General de la Presidencia en esta misma Sala el día jueves pasado. No sé si fue por error, por ingenuidad, por apuro, no sé; no lo puedo calificar. Pero mientras nosotros estábamos en la Sala del lado hablando con el Ministro Sichel y con el Ministro de Hacienda, el señor Secretario General de la Presidencia dijo: "No. Aquí despachen rápido, nos vamos directo a la Comisión Mixta, y da lo mismo lo que diga el Senado". Y entonces en la Comisión nos encontramos con la intransigencia del Gobierno. Creo que el término "intransigencia" describe bien lo ocurrido en el sentido de que viene y nos dice: "Mire, esto es lo que hay: 802 millones de dólares, y esta es la fórmula". Nosotros pedimos un aumento dentro de los 2 mil millones de dólares.
Hoy día está entrando un proyecto, nuevamente respecto de los independientes, que supuestamente cuesta 300 millones de dólares, según los anuncios que hizo el Presidente. Sin embargo, para que los trabajadores independientes, que son los que boletean, lo tengan claro, parece que esa iniciativa implica que el Gobierno pone una cantidad de plata, 300 millones de dólares, para construir un fondo, pero esos 300 millones de dólares después los van a tener que devolver los que hagan uso de esa facilidad que se les entregará.
¡Los van a tener que devolver más adelante, en varios años más!
Entonces, no digamos tampoco que es un gran subsidio. En este caso, respecto de este beneficio sí es un aporte directo a las familias, porque no se va a devolver. Pero en el otro caso, al parecer, tal como uno ya ve que viene la letra del proyecto, se va a generar ese fenómeno.
Ahora, volviendo de nuevo al problema con el Gobierno y por qué ayer definitivamente nos vimos impedidos de aprobar lo que quiere imponer a tabla rasa. Por una razón muy sencilla: como ha dicho la Senadora Ebensperger recién, nosotros no tenemos facultades ni iniciativa -y está bien que sea así en mi opinión- para disponer de recursos, porque esa es responsabilidad del Gobierno. Las únicas posibilidades de que disponemos son rebajar gasto y aprobar o rechazar. Y ayer en definitiva, cuando nos encontramos con la negativa absoluta y total del señor Ministro de Hacienda y del señor Ministro de Desarrollo Social, no nos quedó otra que aprobar la idea de legislar -el bono y el subsidio la gente los va a tener-; es decir, el monto que viene en el informe financiero: los 802 millones de dólares. Pero nosotros estábamos pidiendo aumentar eso, como decía recién, a 80 mil pesos per cápita, y además que se pagara parejo durante los tres meses.
Eso es todo.
¿Qué nos queda a nosotros? Manifestar nuestra molestia, nuestro rechazo y no hacernos cómplices de lo que, en mi opinión, es una mala estrategia que está diseñando el Gobierno para sacar adelante sus proyectos.
Es cierto que tiene la manija financiera. Sí, es cierto. Ellos son los responsables. Sí, es cierto. Y ellos deberán responder cuando este bono a la gente le parezca discriminatorio. O cuando en una casa se entreguen 300 o 200 y en otra un subsidio menor, teniendo la misma vulnerabilidad. O cuando miles de chilenos de distintos sectores, trabajadores por cuenta propia, informales, ambulantes, taxistas, pescadores, mineros, etcétera, etcétera, no tengan acceso a este subsidio.
Es una forma distinta de ver las cosas.
A mí me parece que es un error lo que está haciendo el Gobierno. Y es un error grave, porque ante la complejidad de la situación que está viviendo el país, cuando se toman decisiones respecto de políticas públicas lo que razonablemente hace un gobierno es compartir la responsabilidad en la toma de decisiones, para que a su vez cuando se tengan que implementar esas decisiones se cuente con mayor legitimidad frente a la ciudadanía. Y nuestro papel aquí es representar a aquellos a los que lamentablemente no les va a llegar esto.
Por eso, sabiendo que los recursos son limitados, nos parece que el esfuerzo que había que hacer en este momento y con este sector de la gente más vulnerable del país era un poco mayor que el que a lo mejor se hace con otros sectores. Y eso es parte de la realidad.
Así es que, Presidente, el debate no fue de lo más grato en la Comisión. Más bien no hubo debate, porque era sí o sí, y aquí estamos entonces frente a una campaña muy mediática del Gobierno para imponer por la vía de los hechos, de la inmediatez, una fórmula para llegar a la gente que hoy día más lo necesita, que a nosotros nos parece que va a ser ineficaz, pues está entregando incentivos perversos más que ayudando a cumplir con las cuarentenas y con las medidas sanitarias que está adoptando, en lo que parece que ha entrado en razón porque ya por lo menos en las comunas más populares del Gran Santiago y del país se están estableciendo las cuarentenas solicitadas con anterioridad.
Por lo anteriormente señalado, vamos a votar a favor de la idea de legislar y a rechazar las indicaciones que ha repuesto el Gobierno acá, en el Senado.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, el monto propuesto por el Gobierno es claramente insuficiente, porque no se alinea con ningún parámetro de subsistencia acorde con aquellos presentes en los distintos instrumentos vigentes en Chile.
No se alinea, desde luego, con el salario mínimo. El ingreso que el proyecto asegura a una familia de cuatro personas es de 260 mil pesos, y el ingreso mínimo de esa familia, asumiendo que solo uno de los miembros trabaja por el salario mínimo, sería de 320.500 pesos.
Del mismo modo, no se alinea con el subsidio para garantizar un ingreso mínimo bruto de 380 mil pesos, para llegar a un ingreso líquido de 300 mil pesos.
No se alinea tampoco con los parámetros mínimos para superar la línea de la pobreza; o siquiera de la pobreza extrema. Está por debajo de la pobreza extrema, que hoy para una familia de cuatro integrantes se mide en 300 mil pesos.
Esta es una propuesta que también abandona a la clase media, a la que tanto aluden el Gobierno y el sistema político en general en tiempos electorales.
Desde la Oposición hemos propuesto una renta básica de emergencia. No somos obstruccionistas, tenemos propuestas constructivas. Una de ellas es una renta básica de emergencia que supere la línea de la pobreza para un hogar integrado por cuatro personas, es decir, por sobre los 450 mil pesos, como hoy se la mide, durante cuatro meses, que es el tiempo más crítico en términos de tasas de contagios, con el invierno incluido.
Sobre la idea del Gobierno, llama la atención la falta de racionalidad social de la condición decreciente de la prestación. No hay explicaciones plausibles para sostener una prestación que sea decreciente en el tiempo, porque es más probable que la situación económica de las familias sea peor hacia el tercer mes sin generar ingresos o con problemas para generarlos, razón por la cual se las dejaría más desprotegidas en el momento más complejo.
Si la propuesta del Gobierno considera un costo fiscal de 300 millones de dólares por mes, no habría razón para hacerla decreciente, salvo que el proyecto ya considere la posibilidad de aumentar el universo de beneficiarios durante el curso de la entrega del beneficio, información que no tenemos.
Si la idea es motivar la búsqueda de trabajo de las personas, se olvida que este no es un contexto de pura crisis económica. Obviamente, las políticas sociales de transferencias monetarias focalizadas tienen el objetivo de incentivar a las personas a que salgan a buscar trabajo, pero en este contexto es todo lo contrario. Le estamos diciendo a la gente: "¡Quédate en tu casa!". Por lo tanto, no es momento para salir a buscar trabajo, porque hay una crisis sanitaria previa que impide a las personas procurarse empleo o ingresos, porque ello representaría un riesgo para la salud y la vida de esas personas y sus familias, así como de la población en su conjunto.
Es incoherente decirle a la gente "¡Quédate en casa!" y, al mismo tiempo, no entregarle un ingreso suficiente para subsistir, pues eso es una manera de obligarla a salir a la calle.
La propuesta de la Oposición es 2.8 veces la cantidad de recursos mensuales que el Gobierno ha propuesto asociados al trabajo informal. Estamos conscientes de que proponemos un gasto significativamente mayor.
En términos totales, el costo de la política propuesta, por un período de cuatro meses, asciende a 3.426 millones de dólares, lo cual es claramente un gasto importante, significativo. Y es atribución exclusiva del Presidente de la República.
Lo anterior es perfectamente factible desde un punto de vista fiscal. No es irresponsable; es viable. Para financiar la diferencia entre lo propuesto por el Gobierno y lo que plantea la Oposición, se propone, o aumentar la deuda pública o que sea pagado con el Fondo de Estabilización Económica y Social, o una combinación de ambos. Este fondo contaba con 12 mil millones de dólares a fines del 2019, y el Gobierno, según su Informe de Finanzas Públicas, solo ha planificado utilizar 1.500 millones de dólares por concepto de la crisis sanitaria.
Es decir, ¡plata hay!
La Cepal, por su parte, ha abogado por la instauración de una renta básica de ciudadanía en América Latina, y estima un costo en la región de 4,7 por ciento del PIB, abordando, entre otras medidas, la evasión fiscal para pagarla.
Tenemos que proteger a las familias, a los hogares que dependen de la economía informal, por cuenta propia, independientes. Se ha nombrado a muchos colectivos que estarían en una situación de vulnerabilidad, de exclusión social, que van a aumentar su nivel de pobreza. La desigualdad con esta crisis también va a aumentar.
Está en manos del Gobierno responder a las personas. Pero pareciera ser que ha estado más preocupado del bolsillo de los grandes empresarios, como los dueños de Cencosud. Con ellos se muestra muy generoso, pero con las familias vulnerables y de la clase media se muestra mezquino.
Vamos a aprobar la idea de legislar, obviamente, porque se necesita este instrumento y tiene que estar a corto plazo disponible para las familias y los hogares en Chile. Pero claramente el contenido es insuficiente, es mezquino y le pedimos al Gobierno que haga un esfuerzo mayor.
Es responsabilidad del Presidente de la República; en sus facultades está todo lo que implique gasto público. Por tanto, le pedimos a él y a sus Ministros que hagan un esfuerzo mayor para ayudar a las familias más vulnerables y a la clase media en esta crisis.
Gracias, Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda, como lo han dicho varios colegas Senadores y Senadoras que me han precedido en el uso de la palabra, la situación que está viviendo el país producto de la pandemia del coronavirus no solamente es un tema de salud pública. Por cierto, esta es lo más importante. Hoy día tenemos que preocuparnos de que existan medidas que ayuden a controlar el crecimiento en los contagios que hemos visto en los últimos días. Pero, junto con ser una crisis de salud pública, se está transformando en una verdadera crisis social y económica para muchos chilenos y chilenas. Hemos conversado todos estos días con distintas personas de Antofagasta que ven con preocupación cómo la actividad económica ha ido decreciendo.
En esa línea, debemos reconocer que el Gobierno ha tratado de realizar algún esfuerzo a fin de poder ayudar a los chilenos que están pasando momentos complejos. Pero, no cabe duda de que varios de los instrumentos que se están hoy día aplicando han sido insuficientes para hacerse cargo de la real magnitud de la crisis. No hay una dimensión exacta, no hay un conocimiento claro respecto de cuál es la situación real, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el pequeño comercio o en la actividad comercial de las ciudades.
He conversado en estos días con personas de la Cámara de Comercio de Antofagasta. Ellas me han manifestado que una gran cantidad de sus socios no han podido seguir adelante con sus actividades, producto de que bajó ostensiblemente el número de personas que van a los locales comerciales, lo que ha llevado obviamente a que estos cierren o estén en quiebra.
Hemos estado conversando también con los dirigentes de la locomoción colectiva, quienes nos manifiestan su preocupación producto del menor flujo de gente, lo que sin duda influye en los ingresos que reciben por el transporte de personas.
Lo mismo ocurre con los pescadores artesanales; con los trabajadores portuarios eventuales, que no tienen remuneraciones fijas, sino que dependen de cuántos turnos se les asignen en los puertos, los que hoy día han disminuido ostensiblemente su actividad en Mejillones y en Antofagasta.
¿Por qué hago esta referencia? Porque, sin duda, el Gobierno ha hecho varios anuncios en orden a ayudar a la comunidad. Y cuando uno mira este proyecto, claro, al parecer es una muy buena idea que apunta a ayudar a un segmento específico de la población, pero no está reconociendo, a mi juicio, la realidad de lo que está pasando en el país.
Porque este proyecto parte de la base de que muchas de las personas que van a tener el derecho al beneficio -y, por cierto, estamos de acuerdo en que así sea- ya cuentan con su ficha de caracterización económico-social; la que, por lo demás, fue tomada en una circunstancia económica distinta, en la que muchos de ellos estaban con algún trabajo o tenían un mayor nivel de renta. Pero la situación cambió drásticamente. Muchos no tienen hoy día ningún tipo de ingresos, o los han visto disminuir sustancialmente.
En razón de lo anterior, uno esperaría que hubiera mayor flexibilidad del Gobierno respecto de cómo se dan el instrumento y los dineros que se están considerando.
Ya lo han dicho varios colegas, y no lo voy a repetir: las cifras que se están proponiendo no se condicen con ningún indicador que hoy día se esté utilizando en el país. No se condicen, por ejemplo, con el sueldo mínimo.
Tampoco se entiende que sea un monto decreciente cuando las mismas autoridades de Gobierno han señalado que todavía no llegamos a la meseta de la curva de contagios. Y lo más probable es que estos aumenten en las semanas y meses que vienen, lo que va a obligar a que un mayor número de ciudadanos entren en cuarentena. En el caso de la Región de Antofagasta, ayer empezó una cuarentena que se anuncia en principio por siete días, pero que seguramente se va a extender más de lo que ha señalado la autoridad en un comienzo.
Entonces, si queremos resolver este problema de salud pública -y se ha mostrado no solamente en Chile, sino en el mundo que la mejor forma de contener los contagios es el aislamiento y distanciamiento social-, es necesario darles tranquilidad a las personas, principalmente a aquellas que viven el día a día: comerciantes, trabajadores de la locomoción colectiva, aseadores, entre otros.
Eso demanda que puedan tener un ingreso estable en estos tres meses que vienen; no un ingreso decreciente como plantea el Gobierno.
Por tanto, invito al Ejecutivo a que busquemos una fórmula que efectivamente permita tener un ingreso permanente y ojalá no decreciente en estos tres meses que vienen, a fin de que estas personas puedan cumplir adecuadamente la cuarentena, porque, si no, va a ser muy difícil que la gente se quede en su casa. Una persona, enfrentada al problema de no tener ingresos, de no tener con qué comprar alimentos para su familia, obviamente va a salir a buscar una forma de realizar algún trabajo, aun cuando tenga que restringir la cuarentena.
Entonces, lo que hay que hacer hoy día es darle tranquilidad a la ciudadanía.
También es necesario pensar en la gente que puede tener derecho a estos beneficios sin estar entre aquellas personas que automáticamente van a recibirlos.
Creo que el procedimiento que hoy día se plantea es bastante engorroso. Tengo la impresión personal, por lo que he podido conversar en estos días y semanas con distintas personas de la región, que hay mucha gente que probablemente tiene derecho a los beneficios, pero que no los ha solicitado, porque, por ejemplo, el municipio respectivo ha hecho valer la ficha social de hogares. ¿Por qué razón? Porque tenían un buen trabajo, un trabajo que les permitía vivir tranquilamente, sin requerir ayudas del Estado. Pero hoy día, cuando han perdido el empleo, cuando llevan ya una buena cantidad de días sin trabajar, sin tener ingresos, obviamente quieren o necesitan beneficios estatales. Y la fórmula que ahora se está proponiendo para que estas personas puedan acceder a ellos resulta, en mi opinión, bastante engorrosa.
Además, el proyecto tampoco se hace cargo de un problema que en la actualidad enfrentan los municipios. Hoy día los municipios se encuentran absolutamente colapsados con las solicitudes que están haciendo los ciudadanos, de distinto orden: aplicación de nuevas fichas sociales, solicitudes de nuevos subsidios, de canastas familiares, entre otras cosas.
Entonces, pienso que ahí habría que pensar en una fórmula distinta.
Creo que la Comisión de Hacienda hizo un buen trabajo en esta materia y lamento que el Gobierno no haya querido escuchar las propuestas que está realizando la Oposición, que no es una Oposición obstruccionista, como se sugiere. Lo que estamos haciéndole ver al Gobierno es la realidad que día a día viven miles de chilenos. A veces siento que el Gobierno tiene una mirada un poco sesgada de lo que está pasando en el país. Como que mira ciertos sectores. Y esto, si uno lo lleva a regiones, se replica. Parece que muchas de las medidas se toman pensando con la lógica de la Región Metropolitana, que no refleja la realidad de lo que pasa en comunas como Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Mejillones, por nombrar algunas.
Ayer le preguntábamos al Subsecretario de Desarrollo Regional qué va a pasar, por ejemplo, con los municipios, que hoy día están con un nivel de deuda altísimo. Muchos ya han realizado un tremendo esfuerzo por entregarles prestaciones sociales a sus vecinos, pero han llegado a su límite financiero.
Le planteé al Subsecretario el caso de la municipalidad de San Pedro de Atacama, comuna que vive netamente del turismo, que ya lleva más de 45 días sin recibir a ningún turista y donde la actividad comercial se encuentra prácticamente paralizada. Y esto, claro, obviamente merece una mirada distinta respecto de cómo la Subdere puede apoyar.
¿Por qué saco a colación la situación de San Pedro? Porque, probablemente, muchos de sus habitantes no están incluidos en el Registro Social de Hogares, nunca han pedido un beneficio, pero, producto de lo que ha ocurrido en este último tiempo, van a necesitar de la ayuda que hoy día estamos aprobando.
Entonces, no hay, a mi juicio, una lógica de mirar cómo se puede abordar de mejor manera el problema.
Dicho eso, Presidenta, quiero hacerle un llamado, por su intermedio, a los ministros presentes, a aquellos que siguen telemáticamente la sesión, a realizar un mayor esfuerzo. Todos estamos conscientes de que estamos en medio de una enorme crisis social, una crisis que, efectivamente, ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar. Pero tenemos que ir mirando lo que se ha hecho en otras partes y usar esos buenos ejemplos.
Creo que parte importante de mantener a raya el aumento del contagio del coronavirus pasa porque la gente pueda quedarse en sus casas. Pero, para que se quede en sus casas, la gente necesita la tranquilidad de que a lo menos va a recibir algo de ingresos.
Nosotros todavía no resolvemos qué va a pasar, por ejemplo, con muchas personas de clase media, con mucho profesional joven independiente que trabajaba y que hoy día y desde hace un par de semanas no tiene empleo, porque muchas actividades económicas han ido paralizando lentamente.
De eso también hay que hacerse cargo. Es una realidad absolutamente distinta, de personas que no van a tener derecho a los beneficios de los que estamos hablando en esta ley. Y por eso yo llamo al Gobierno a mostrar un poco más de flexibilidad respecto a los criterios de quiénes pueden optar y la forma como se opta.
Dicho eso, Presidenta, anuncio mi voto a favor -creo que estamos ante una buena iniciativa-, aunque voy a rechazar las indicaciones que plantea el Ejecutivo, pues estimo -y vuelvo a insistir en ello- que aquí hay que hacer un esfuerzo mayor, atendida la gravedad de la crisis.
Todos los economistas, nuestros mismos colegas integrantes de la Comisión de Hacienda,...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, Senador.
El señor ARAYA.-... todos lo han dicho: vamos a vivir, quizás, una crisis mayor a las de oportunidades anteriores.
Gracias.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Castro.
El señor CASTRO.- Presidente, ¿será posible pedir la suspensión de la sesión por treinta minutos, cuarenta minutos?
Yo creo que...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Ya se dijo que no, señor Senador, así que aproveche su tiempo.
El señor CASTRO.- Pero nuevamente se lo planteo, Presidente.
¿No sería razonable...
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- No, señor Senador.
Sigamos adelante.
El señor CASTRO.- Porque la verdad es que, si uno se pone a hablar en esta Sala, puede decir hartas cosas, Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene diez minutos nomás.
El señor CASTRO.- Y dejar más en vergüenza a este Senado, la verdad es que a mí casi no me gustaría, porque sabemos el desprestigio que tenemos. Y en realidad, cuando a uno le toca intervenir, a lo menos espera que alguien lo escuche.
Entonces, ¡si me voy a escuchar solo,...
El señor PIZARRO.- ¡Lo estamos escuchando, Senador!
El señor CASTRO.-... la verdad es que no me siento ni siquiera muy bien...!
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- No se preocupe, Senador. Lo estamos escuchando y, sin duda, también hay personas que lo están viendo por televisión.
El señor CASTRO.- Presidente, lo cierto es que aquí se pierde el foco en este proyecto de ley. Se perdió el foco hace mucho rato.
Yo he escuchado varias intervenciones y he anotado algunas frases de colegas Senadores.
Quiero recordar que estamos hablando de un ingreso familiar de emergencia para las familias más humildes. Es una herramienta más que el Estado de Chile, por intermedio del Gobierno de turno y sus ministros, coloca a disposición de la gente: de los más vulnerables, de quienes forman parte del Registro Social de Hogares.
Ese es el sentido del proyecto.
Sin embargo, uno escucha frases como "no vamos a aceptar este tipo de proyectos".
Entendiendo que el Ejecutivo está haciendo todo el esfuerzo por colocar recursos para apoyar a las familias más humildes, y entendiendo, además, que no se sabe cuándo terminará esta pandemia, que recién está comenzando para algunos -ojalá estuviera terminando-, aparecen frases de ese tipo.
Otra es: "se rompió el diálogo con la Oposición". ¿Uno puede entender que en un país con pandemia haya Oposición? ¿No deberíamos estar todos unidos apoyando al Ejecutivo para sacar adelante al país y salir de esta crisis?
Yo asumo que todos deberíamos estar unidos. Aquí no debería existir ni Gobierno ni Oposición. Hoy día todos somos un país interesado en salir de lo que estamos viviendo como pandemia.
Aparece otra frase que dice: "este es un proyecto indolente". ¡Por favor! ¡Indolente! Obviamente, indolente es no ser capaces de apoyar este proyecto, que apunta a las personas que realmente lo necesitan. Lo más probable es que no todas vayan a recibir el beneficio, pero esta es una herramienta más de todas las que hoy día el Estado de Chile -repito: por intermedio del Gobierno y de sus ministros- ha colocado al servicio de su gente, de los habitantes.
Otra frase que anoté dice: "hay que actuar con seriedad". Uno puede preguntarse: ¿qué es seriedad? Para mí, Presidente, seriedad es tener perfecta conciencia de que los recursos hay que ganárselos, de que los recursos deben estar o hay que pedirlos como un crédito, como un préstamo, para poder ayudar.
Si el Gobierno dijo que va a colocar 2 mil millones de dólares para ayudar, obviamente que no los va a colocar de inmediato, porque no sabe cuándo va a terminar esta situación.
¡Eso es responsabilidad y seriedad!
Por lo tanto, Presidente, creo que el Gobierno, gústenos o no, nos caiga bien o mal, ha actuado con seriedad y con responsabilidad, junto a sus ministros, quienes, obviamente, han tomado las decisiones con sus asesores. Los Senadores tenemos una idea, sin duda, pero no manejamos en el día a día los recursos que el Estado tiene disponibles para poder actuar.
Además, el Presidente habló el 8 de abril, hace un mes. Y en este tiempo ha cambiado la realidad de la pandemia, que no vamos a solucionar muy fácil, por lo que estamos viendo. Y el Ejecutivo, con responsabilidad y con seriedad, tiene que asumir los resguardos necesarios para seguir ayudando cuando venga otra crisis, porque no me cabe ninguna duda de que viene otra herramienta más para poder apoyar, como se ha dicho acá, a muchos informales.
Hablamos de populismo, y a veces uno también siente que aquí existe populismo. Porque, cuando intervenimos, es fácil pedir, es fácil criticar, pero aquí no solamente hay que criticar, sino que hay que apoyar y tomar medidas que sean necesarias para poder mejorar la recaudación del Estado.
En el caso de los trabajadores informales, la pregunta que hay que hacer es: ¿cuánto aportan al desarrollo del país? Muchas veces no pagan los impuestos que deberían pagar. Y el Estado de Chile hoy día tiene que ayudarlos. Me parece bien, pero también debemos ser capaces, como Senado, de despachar leyes mediante las cuales todos, en una normalidad, tengamos que apoyar la recaudación de recursos.
Por eso, creo que el Estado de Chile, por intermedio del Presidente y de sus Ministros, ha trabajado con una tremenda responsabilidad enfrentando esta pandemia. Lo más probable es que haya cometido errores, como todos los hemos cometido en la vida, pero nadie puede negar que en este país se han tomado medidas acertadas, reconocidas internacionalmente por organismos que no tienen nada que ver con el Estado de Chile. Y eso, obviamente, se valora.
Sin embargo, señor Presidente, les pediría a todos los Senadores que hoy son Oposición, que no pensemos en el Gobierno: pensemos en las personas que van a recibir este beneficio. Y no me cabe ninguna pero ninguna duda de que vamos a contar con otras herramientas para ir mejorando la situación si esta pandemia sigue.
Señor Presidente, la invitación es no solo a querer legislar, porque la iniciativa, cuando se trata de legislar, va a alejar la entrega de este beneficio, sino que aquí lo que corresponde es aprobar rápidamente este proyecto y trabajar, desde ya, para las próximas herramientas que el Estado tenga proyectado colocar a disposición para mejorar la calidad de vida de muchas personas.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, señor Presidente.
La actual crisis sanitaria ya derivó en una crisis económica. En este segundo trimestre, la actividad económica ha caído; el desempleo subirá dos dígitos; la informalidad laboral crece, y los trabajadores viven con miedo y angustia el presente.
Por eso hemos pedido apoyo fiscal para los trabajadores. El Estado debe auxiliar a los más vulnerables, porque el costo de la crisis no lo pueden pagar los trabajadores.
Por esa razón, criticamos que se partiera usando el ahorro individual de la cuenta de la Administradora de Fondos de Cesantía en el proyecto de ley de suspensión temporal de la relación laboral.
Y hoy, esta iniciativa para los trabajadores informales, que representan un tercio de la fuerza laboral, muestra serios problemas de diseño y, naturalmente, serios problemas en los montos del apoyo que entrega. No puede ser que se diseñe un mecanismo de apoyo para los más vulnerables y se aplique dispense un trato discriminatorio entre ellos. Porque una familia que pertenece al mismo sector socioeconómico, que vive en el mismo barrio, que tiene un 40 por ciento de pobreza, basta que cuente con alguno de sus miembros con discapacidad para que en este proyecto se la castigue y se le pague la mitad del bono. Sí, señor Presidente, dos familias de la misma condición socioeconómica, que viven en el mismo barrio, solo porque una tiene a un miembro con alguna discapacidad y recibe una pensión va a percibir la mitad del beneficio.
Además, se incorporan barreras de entrada que discriminan a familias con las mismas condiciones socioeconómicas. Barreras de entrada, porque, además, a un conjunto de potenciales beneficiarios se le hace postular.
Entonces, la molestia que manifestamos es que se pongan requisitos, barreras de entrada y se discrimine en un proyecto de ley como el que nos ocupa.
Como bien dijo el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Jorge Pizarro, lo que hemos visto es que, para apoyar a las grandes empresas, el Gobierno corre. Anuncia 3 mil millones de dólares para favorecerlas y el proyecto que llega al Parlamento es por 3 mil millones de dólares. Pero, cuando señala que va a apoyar a los trabajadores informales, que va a apoyar a las familias más vulnerables, se anuncian 2 mil millones de dólares y el proyecto que llega apenas supera los 800 millones.
Entonces, ¡claro que aquí hay mezquindad con las familias más vulnerables!
En la Comisión de Hacienda, ante una propuesta razonable de la Oposición en el sentido de emparejar el beneficio en 80 mil pesos per cápita por tres meses y no hacer distinciones entre familias del 60 por ciento más vulnerable, medidas que suben el costo fiscal a 1.200 millones de dólares, el Gobierno le da un portazo, no a la Oposición, no al Congreso, sino a las familias más vulnerables.
Fue el propio Presidente Piñera el que anunció que iba a invertir 2 mil millones de dólares. Y hoy día este proyecto solo asciende a 802 millones. Ha ingresado, en el día de ayer, una iniciativa, que se está discutiendo, para los trabajadores informales. Y ni así se acerca al monto anunciado. Sin embargo, para las grandes empresas, corre: le abre mecanismos que antes eran solo para las pequeñas empresas, como el Fogape, y dice que va a llegar con 3 mil millones de dólares y el proyecto llega intacto.
Entonces, ¿por qué hacerles pagar el costo de esta crisis a los más vulnerables, dándoles menos apoyo o haciéndoles gastar primero la cuenta individual de cesantía a los trabajadores en el proyecto sobre suspensión temporal de la relación laboral? La democracia debe proteger a los más vulnerables y no a los poderosos, porque los poderosos lo que hacen es recibir por un lado los beneficios del Estado y repartir utilidades.
No somos lo mismo. Y en este debate ha quedado claro que no somos lo mismo. Aquí hay algunos que no son capaces de colocarse en el drama que viven tantas familias en el día a día. Y si no son capaces de decirle a su Gobierno, al que ellos ayudaron a elegir, que está haciendo las cosas equivocadas, que debe colocar más recursos y poner más atención en las familias más vulnerables, no están ayudando a enfrentar la crisis a esas familias, que son la mayoría del país.
Este proyecto de ley, que el Gobierno no ha querido modificar, es absolutamente insuficiente. No pedimos lo imposible; solo estamos pidiendo dignidad para ese 30 por ciento de trabajadores y trabajadoras en Chile que necesita nuestro apoyo con un beneficio económico para estos tres meses, que se ha planteado en un mal proyecto del actual Gobierno.
Quiero felicitar el trabajo que han realizado en la Comisión de Hacienda los Senadores Pizarro -que la preside-, Montes y Lagos Weber. Escuché, el día que participé en esa Comisión, opiniones del Senador García que se acercaban también a este esfuerzo de decirle a su Gobierno que las cosas no se estaban haciendo correctamente. He escuchado, en el día de hoy, intervenciones como la del Senador Chahuán, quien señala "sí, voy a apoyar este proyecto, pero lamento que deje afuera a los conductores de taxis colectivos, que deje afuera al transporte escolar, que deje afuera a pescadores artesanales".
Entonces, esta no es la forma de ayudar a enfrentar de buena manera esta crisis sanitaria, la cual, por cierto, es de gran preocupación, pero también ha pasado a ser una crisis económica en muchos hogares que hoy día no ven una mano y un apoyo del Gobierno.
Voy a aprobar la idea de legislar, pero voy a rechazar el reintento, que por tercera vez hace el Gobierno, de actuar con mezquindad frente a las familias que requieren más apoyo por parte del Estado.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, dentro de las intervenciones que me han antecedido, hay argumentos que se repiten con bastante frecuencia por parte de los Senadores de Oposición, que resumo más o menos en que "el Gobierno no quiso escuchar"; "el Gobierno se cerró"; "esto no es suficiente"; "buena medida, pero insuficientemente fuerte y sustantiva como para ayudar a mitigar también la parte sanitaria", que, evidentemente, tenemos que resolver como país.
Pero a mí me parece que esta crítica resulta algo injusta.
Y voy a tratar de explicar por qué lo que ha planteado el Gobierno es perfectamente coherente con lo que ha dicho, incluso, la misma Oposición en otras oportunidades, y, además, por qué es lógico y responsable política y fiscalmente.
Debemos recordar, en primer lugar, que este mismo Congreso autorizó un uso extraordinario de dos mil millones de dólares para tomar una serie de medidas que el Gobierno fuera proponiendo a este Congreso para, de alguna manera, ayudar a la población que sufra consecuencias por el coronavirus.
Y de esta plata, de estos dos mil millones de dólares, tenemos lo siguiente.
Aquí estamos autorizando un gasto del orden de ochocientos millones de dólares. Pero hay que tener muy claro que estos ochocientos millones de dólares se calculan con la foto de hoy, porque en los próximos días, en un futuro muy cercano, de acuerdo a toda la información que tenemos, muchísima más gente que hoy va a calificar. Y, a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social, en un trámite prácticamente automático, simplemente se deberá declarar que uno se ha quedado sin ingresos formales y, luego de chequearse que está dentro del sesenta por ciento más vulnerable de la población, uno tendrá derecho a recibir esta ayuda.
Por lo tanto, según todo indica, los ochocientos millones de dólares que estamos autorizando hoy se convertirán en un brevísimo plazo en un número parecido a mil millones de dólares. Es decir, la mitad de los dos mil que habíamos autorizado hace poco tiempo.
Además de eso, el Gobierno ya presentó al Congreso un proyecto de ley largamente anunciado, relacionado con los ingresos de las personas que boletean, es decir, personas que no son informales, pero que alcanzan un ingreso mensual por la vía de las boletas de honorarios. Ese proyecto tiene un costo fiscal de aproximadamente trecientos millones de dólares; por lo tanto, de los dos mil ya estamos utilizando y comprometiendo del orden de mil trecientos millones de dólares.
¿Y qué ha dicho el Gobierno a través de sus Ministros en la Comisión de Hacienda? Que los setecientos millones de dólares restantes están planificados para ser usados en tres meses más y con un propósito muy claro: ir ayudando a que las empresas vuelvan a contratar mano de obra. Es decir, esos dineros, los setecientos millones de dólares, serán usados fundamentalmente en subvencionar la contratación de mano de obra, porque el país, pasado el momento más grave de esta crisis sanitaria, tendrá que hacer un esfuerzo sustantivo, considerable por hacer que las empresas vuelvan a contratar mano de obra.
¡Y ahí están los dos mil millones de dólares! Los mismos dos mil millones de dólares que aprobamos hace tan poco tiempo.
Ahora, hay algunos que, aun así, se quejan de que sería poco. Yo pido que comparemos y situemos las cosas en lo que nosotros mismos hemos ido haciendo; porque prometer platas y prometer platas es muy fácil, pero finalmente alguien tiene que pagar esta cuenta, y con un mínimo grado de responsabilidad fiscal.
Tomemos algunos ejemplos. La reforma de pensiones, aprobada hace poco tiempo, ¡y es una tremenda reforma!, implica para el Fisco mil millones de dólares anuales.
El "bono COVID" significó 170 millones de dólares en un mes. Por lo tanto, este otro beneficio duplica el monto del "bono COVID", que se pagó hace tan solo pocos días.
El ingreso mínimo garantizado, tremendo apoyo para todos aquellos que perciben la remuneración mínima en este país, que tienen un contrato laboral por el sueldo mínimo, significa un esfuerzo de doscientos millones de dólares anuales.
Y el bono por la crisis social, que se dio hace unos meses, alcanza a los doscientos millones de dólares.
Por lo tanto, si uno observa la magnitud de lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, se da cuenta de que es enorme: duplica al "bono COVID", equipara el esfuerzo que hace Chile en su reforma de pensiones. Imagínense lo que estamos haciendo, ¡igualando el esfuerzo que hace Chile en su reforma de pensiones!
Por lo tanto, no se entiende muy bien esta crítica a los montos y a la manera en que se está entregando el beneficio.
Si nosotros revisamos y aterrizamos cuáles han sido las críticas, porque de repente se hacen declaraciones muy teóricas, la Oposición decía:
"Oiga, pero en vez de sesenta y cinco mil, partamos en ochenta mil". Bueno. Al mismo tiempo, se señalaba: "Además, no hagamos la rebaja en estos meses consecutivos, sino que paguemos parejito todos los meses". Y, aún más increíble, con una pérdida de focalización total se afirmaba: "No distingamos entre formales e informales".
Bueno, déjenme decirles que un cálculo medianamente conservador probablemente nos llevaría, de hacer caso a esas tres medidas pedidas por la Oposición, a pasar con holgura de los dos mil millones de dólares que aprobamos.
Por lo tanto, vuelvo a insistir, aquí el Gobierno está presentando algo que es coherente, que es lógico, que es responsable, que es de una magnitud enorme si lo comparamos con las demás medidas sociales que este país, con sus medios, ha ido haciendo en pos de su población.
Yo les pido acá tener un mínimo de confianza en lo que hace el Gobierno. La Oposición se ha destacado (creo que The Clinic tenía razón cuando ponía su portada completamente en blanco respecto de lo que eran los aportes de la Oposición) por transformarse en contestataria, en poco fundamentada y en basarse solo en sensaciones, en tratar de caer mejor ofreciendo más.
Vuelvo a insistir, yo sé que hay Senadores muy responsables en la Oposición, y, por supuesto, también en el lado del Gobierno, y debemos ayudar a que todas estas medidas, que no son fáciles, que pueden ir cambiando en el tiempo (que nos obligarán a ir matizando de acuerdo a las circunstancias que vivamos en los próximos meses), las saquemos adelante, pero con un tono constructivo.
Cuando se discutió el "bono COVID", se pidió que fuera de sesenta y cinco mil pesos, y por tres meses. Bueno, este bono cumple exactamente con lo que se pidió, pero basta que se dé para que pidan, ¡ah!, otro más. Y eso es lo que termina haciendo un gran daño.
En la Comisión de Hacienda se dijo: "Bueno, no quieren que sea con distintos montos en los tres meses, muy bien, emparejemos todo". Sin embargo, tampoco estuvieron dispuestos a eso.
Entonces, al final, yo entiendo al Ministro de Hacienda, entiendo el Ministro de Desarrollo Social, porque es muy difícil construir acuerdos. Si no respetamos lo mismo que aprobamos, los dos mil millones de dólares; si no tenemos cuantificado lo que estamos solicitando al Gobierno y el impacto que puede tener; si no lo focalizamos en quienes no tendrán ingresos, e insistimos en darles plata a los que mantendrán ingresos formales, no vamos a poder construir nada.
Yo espero que la Oposición reconsidere; este es un proyecto demasiado demasiado importante. Hoy lo vamos a aprobar en general. Me encantaría que también hubieran aprobado la propuesta en particular. Pero si no es así, espero que a través del veto que probablemente ingrese el Gobierno podamos sacar adelante cuanto antes una iniciativa tan importante para todos los chilenos que lo están pasando muy mal en estos momentos.
He dicho.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, Senador Galilea.
Senador Navarro, tiene la palabra.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, duros momentos vive el país; duros momentos viven los más pobres, los trabajadores. Este pichi bono que el Gobierno ofrece, llamado "ingreso mínimo de emergencia" o "ingreso familiar de emergencia", es insuficiente, es tacaño, es mezquino, es un bono que no va a resolver lo que busca resolver. La gente va a salir a buscar un peso más, va a salir de sus casas a romper la cuarentena, y no va a ir en ayuda de los que lo necesitan.
Hay mucha esperanza, y el Gobierno la está traicionando. ¿Quién de este Senado podría vivir con este bono, siendo adulto mayor? ¿Alguno del Senado ha pasado hambre? Les pregunto a mis colegas Senadores. ¿Podrían vivir con un bono de esta naturaleza? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué se nos ofrece a nosotros? Una persona, 65 mil pesos; dos personas, 130 mil pesos; tres personas, 195 mil, y de manera decreciente. Al tercer mes, si es solito, como hay miles, 45 lucas.
Señor Presidente, digo este "pichi bono", porque sus montos están por debajo de la línea de la pobreza y de la extrema pobreza, y ni siquiera cubren lo que la propia legislación califica como pobres o personas en extrema pobreza.
Por lo tanto, lo que tenemos -y esto es lo que el Gobierno no entiende- es una emergencia sanitaria, una pandemia única que jamás Chile había vivido.
Por eso Coloma se equivoca cuando cita la crisis mundial del año 2008: no había pandemia mundial.
El señor COLOMA.- ¡No me equivoco!
El señor NAVARRO.- ¡Aquí llegó el Senador Coloma! Esta es una pandemia mundial, distinta a la del 2008. No hay mecanismos de comparación.
El resto es un conjunto de argumentos sofistas para establecer un elemento que desfigura la realidad.
Señor Presidente, en este proyecto no está la clase media. Y yo emplazo al Gobierno, al Ministro Sichel, que representa al Presidente de la República, a que nos diga cómo va la clase media en esto; cómo van los profesores que echaron en marzo y quedaron cesantes; cómo van los emprendedores que carecen de ingresos.
¡La clase media, tan manoseada por el Gobierno, está completa, total y absolutamente fuera! Esa es alta traición. Eso es abandono. Este Gobierno ha abandonado a la clase media.
La gente nos pregunta: "¿Y yo? La verdad es que yo no tengo ingresos, no tengo para comer, tengo un auto del año 90. ¿Y por eso no me van a dar un bono? ¿Porque tengo una casita, una TV a color, un auto pequeño que compré hace veinte años? ¿Y ahora tengo que salir a mendigar a mis amigos?".
La clase media es la gran ausente de este proyecto de ley. Y esa cuenta se la van a pasar al Gobierno y, si aprobáramos este proyecto, a todos nosotros.
Aquí no están los conductores del transporte público; aquí no están los colectiveros; aquí no están los "tíos" del transporte escolar. Todos están abandonados.
Hemos planteado el uso del FAR (Fondo de Apoyo Regional), de la ley espejo del Transantiago. Pero el Ministro Briones parece que no escucha. Le estamos diciendo: "Deje que las regiones resuelvan sus problemas; permítales autonomía para que puedan enfrentar esta emergencia". Pero se nos niega esa posibilidad.
Esperamos que esto cambie en las próximas horas, porque, si no, en medio de la pandemia habrá movilizaciones.
Este proyecto es insuficiente: 800 millones de dólares. El Transantiago nos cuesta 1.100 millones de dólares. ¡1.100 millones de dólares!
Ministro Sichel, usted dijo en la Cámara de Diputados -y lo escuché hasta la una y media de la mañana el día que se votó este proyecto en la otra rama del Congreso-: "No estamos para escuchar a los que más griten". Así lo dijo.
¡Más a las familias más pobres!
Este bono no les llegará a todas las familias chilenas.
Y la verdad es que eso es lo único cierto. Este bono no les va a llegar a todos los que lo necesitan.
Por lo tanto, Ministro, no ha entendido lo que está pasando en Chile.
¡Por favor, dígale al Presidente Piñera que esto no va a alcanzar, que es insuficiente! ¡Por favor, dígaselo! Porque, o si no, vamos a tener que decir que usted tampoco ha entendido lo que está pasando en Chile, ni la gravedad ni la profundidad de la crisis.
Y por cierto, lo han mandado al sacrificio.
¿Dónde está el Ministro Briones? Porque en la Sala está el Ministro Sichel dando la cara, pero el que pone las lucas es el Ministro Briones.
¡Vienen a defender el proyecto que consideran más importante del Gobierno y el Ministro de Hacienda no está y viene el Ministro de Desarrollo Social!
El señor SANDOVAL.- Sí está.
El señor PIZARRO.- Está en la Comisión de Trabajo.
El señor NAVARRO.- Bueno.
Pero aquí estamos discutiendo el bono que a él le interesa, y yo anuncio desde ya mi voto en contra, porque creo que el Ministro de Hacienda, como lo ha dicho Alfonso de Urresti en repetidas ocasiones, ningunea a este Senado. Y yo participo de la opinión del Senador De Urresti, porque la verdad es que el Ministro tiene que priorizar.
No sé qué está discutiendo en Trabajo, pero aquí estamos analizando el bono que, dice el Gobierno, es para los más pobres, el bono que salvará a la gente que está pasando hambre.
En esta Sala estamos 43 Senadores electos por el pueblo. Nos guste o no, a algunos de la Derecha los eligió el pueblo. A los Ministros los eligió Piñera a dedo.
¡Aquí hay representación de la voluntad popular, y los Ministros deben entender que cuando vienen a este Senado no están conversando con cualquiera! A nosotros nos eligió el pueblo; a los Ministros los eligió el Presidente de la República a dedo y duran lo que les dura la confianza de él.
Por eso esto es inaceptable, señor Presidente.
Yo lamento las expresiones de Coloma, de Moreira, de la Senadora Ebensperger, cuando dicen que el Gobierno ha recibido felicitaciones por esta política social. ¡Las mismas felicitaciones que recibe Mañalich por el mejor sistema de salud del mundo! ¡Las mismas felicitaciones!
La verdad es que el Estado y el Gobierno no están dando el ancho.
En estos momentos la pregunta es: ¿No hay más dinero? Muy bien. ¿Por qué no se propone una reforma tributaria? Me van a decir: "Porque la economía está ralentizada y va a entrar en crisis".
La segunda pregunta es: ¿Por qué Piñera no le pide apoyo a sus amigos, el 1 por ciento más rico de Chile?
El señor MOREIRA.- ¡Presidente Piñera!
El señor NAVARRO.- ¿Cuánto ha puesto el 1 por ciento más rico en esta crisis, señor Presidente? No estoy hablando de las grandes empresas, sino de las fortunas individuales: los 36 hombres más ricos de Chile que tienen más de mil millones de dólares en sus cuentas bancarias.
¿Cuánto han puesto? ¡Cero! ¡No han puesto nada! Y sí sabemos que el Estado les ha puesto plata a Ripley, a Cencosud, a Starbucks. ¡A Starbucks, señor Presidente! ¿Qué decía el New York Times? Que Starbucks, la cadena mundial, en el único país donde desvinculó a sus empleados fue en Chile, utilizando la Ley de Subsidio de Cesantía, que este Senado aprobó. En el resto del mundo Starbucks no despidió a nadie, solo en Chile, porque en nuestro país es legal, ¡es legal!, usar subsidios del Estado para despedir a trabajadores de las trasnacionales que en otros países no despiden a nadie.
¡Y ese es un error del Gobierno!
Yo voté en contra de ese proyecto de ley, pues lo considero un error.
Y un mensaje para el Presidente, Ministro. Por favor, lléveselo: el actuar del Gobierno violenta la convivencia del Senado.
El Presidente Piñera no tiene mayoría aquí. Yo veo actuar al Ministro Briones, al Ministro Sichel, a la Ministra del Trabajo como si tuvieran mayoría en el Senado, a no ser que me digan lo contrario.
Entonces, yo quiero saber si este Gobierno de Derecha tiene mayoría o no en el Senado, porque cuando los ciudadanos eligieron a los que son, comillas, "Oposición" lo hicieron precisamente por ser distintos al Gobierno, para que hubiera equilibrio entre poderes del Estado, para poder defender a los más débiles.
Y yo le digo, Ministro Sichel, que no ponga de rodillas al Senado; no amenace con que nada va a cambiar y después vendrá un veto presidencial; no humille a la gente más pobre; no diga que va a haber un nuevo índice de clasificación socioeconómica.
¡Nuevo índice de clasificación socioeconómica en un Gobierno que dijo que iba a hacer el mejor censo de la historia y resultó un fracaso; en un Gobierno que calcula el IPC y el alza del costo de la vida y se equivoca; en un Gobierno que no es capaz de contar los contagiados con COVID-19 y tiene que reconocer que se ha equivocado!
No hay confianza en las cifras del Gobierno. Y esa no es una responsabilidad ni del pueblo ni del Senado, sino del Gobierno que se equivoca.
Por eso yo pido que no abuse de la confianza y de la tolerancia de la gente.
Y si me dicen: "Senador, ¿de dónde vamos a sacar plata?". Permitan que la gente saque plata de las AFP.
Establezcamos una moratoria al gasto militar. Se acaban de comprar dos patrullas por 70 millones de dólares. ¡Moratoria al gasto militar! Pongámonos de acuerdo en América Latina. No gastemos más en defensa. ¡Gastemos en salud!
Ese es un acuerdo que Chile puede impulsar en el marco de América Latina.
Y por último, el impuesto al 1 por ciento más rico.
¡Presidente Piñera, atrévase! ¡Póngale un impuesto por única vez al 1 por ciento más rico del país para enfrentar lo que en este proyecto de ley, que usted nos mandó, falta!
¿Falta dinero? El dinero está. Hay que ir a buscarlo en los más ricos, en el 1 por ciento más rico, o hay que endeudarse, porque Chile tiene capacidad para ello y vale la pena hacerlo por los más pobres.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, hemos planteado ya desde hace bastante tiempo que la propagación del coronavirus y las medidas de aislamiento social, que es necesario adoptar, van a tener obviamente consecuencias en la economía, con un saldo que, si no se actúa con celeridad y con decisión, puede traducirse en que, tras esta crisis, vamos a ser más pobres, va a haber más pobreza y mayor desigualdad en nuestro país.
Y de ahí la necesidad de ser muy ambiciosos desde el punto de vista fiscal y muy protectores desde la perspectiva social para resguardar a los trabajadores y las trabajadoras, para proteger a sus familias, a sus empleos y a sus ingresos.
Además, para que las personas cumplan con las medidas sanitarias, deben tener lo necesario para subsistir. En caso contrario, se producirá lo que está aconteciendo en otras partes del mundo, donde las autoridades adoptan una medida de cuarenta o de aislamiento social, pero las personas no las cumplen porque no tienen de qué vivir.
Por eso nos parece que es imprescindible que el esfuerzo que hagamos sea contundente. Y Chile tiene la capacidad para ello, porque nuestro Estado tiene ahorros, producto de la responsabilidad fiscal con la cual se actuó en el pasado, y la posibilidad de endeudamiento. Debemos realizar el mejor esfuerzo para que los costos de esta crisis no los paguen, como siempre, las trabajadoras y los trabajadores.
Ahora, no hay nada más lamentable que cuando un sector político se cree su propia propaganda. Y me refiero al hecho de que aquí se ha hablado de una voluntad obstruccionista o poco constructiva de parte de la Oposición.
Analicemos los hechos: se han aprobado todas las iniciativas que ha presentado el Gobierno desde el inicio de la pandemia, ¡todas!
Por cierto, hemos hecho valer nuestros puntos de vista, nuestras críticas; pero siempre con un sentido constructivo. Y si no fuera por nuestras críticas, por ejemplo, el "bono COVID" no habría tenido la cobertura con que se aprobó.
Recordemos la historia. Eso ocurrió hace pocas semanas.
El Gobierno, al igual que hoy día, decía que no había ninguna posibilidad de avanzar, con una actitud de inflexibilidad total respecto de la cobertura. La Oposición insistió en la necesidad de hacer un esfuerzo adicional, pues los 130 millones de dólares comprometidos originalmente no eran suficientes. Y cuando se estaba discutiendo en la Comisión Mixta, en el último paso de la tramitación de un proyecto, el Gobierno recién estuvo disponible para que 670 mil personas se beneficiaran adicionalmente con este bono. Era insuficiente para lo que planteábamos, ya que implicaba solo 40 millones de dólares más. Pero de todas maneras, si no hubiera sido por la insistencia de la Oposición a ampliar la cobertura, 670 mil personas no habrían podido ser beneficiadas por el llamado "bono COVID".
¿Qué dijo el Presidente de la República cuando discutíamos ese proyecto de ley? ¡Emplazó al Congreso Nacional y señaló que éramos obstruccionistas y que nos teníamos voluntad de avanzar!
Pues bien, se aprobó esa iniciativa y pasaron poco más de tres semanas para que se pagara el primer bono, por ineficiencia del propio Gobierno, pese a que entonces daban el mismo argumento que están señalando hoy día: ¡si esto no se aprueba luego, no se va a poder pagar dentro de plazo!
¡Esa vez se aprobó, pero no se pagó dentro de plazo!
Ahora planteamos algo muy simple: hacer un esfuerzo adicional para proteger de mejor forma a las familias. Si tenemos capacidad fiscal para ello, ¡hagámoslo!
Y, por cierto, tenemos críticas al proyecto.
Una es de lógica elemental y se refiere al monto decreciente de los beneficios. En muchos países, el seguro de desempleo se paga con montos decrecientes. Ello es de toda lógica, porque se busca generar un incentivo para que las personas salgan a buscar trabajo y no se acostumbren a vivir de ese subsidio o seguro, cualquiera sea la modalidad adoptada.
Sin embargo, cuando hablamos de que no va a haber trabajo, de que la economía va a paralizarse en muchas áreas, ¿cuál es el sentido de un monto decreciente? ¡Si la gente no va a poder salir a buscar alternativas para generar ingresos, lisa y llanamente porque va a haber áreas de la economía que van a estar completamente paralizadas!
Ahí es donde le señalamos al Gobierno que es necesario pensar de mejor forma estas políticas públicas, para que tengan el impacto deseado por todos. Ello es fundamental para proteger adecuadamente a las personas.
Y así podría citar otra serie de ejemplos respecto de la forma en que se ha desarrollado el debate legislativo.
Los montos comprometidos en este proyecto no garantizan que los ingresos sean superiores a la línea de pobreza y, en algunos casos, ni siquiera superiores a la línea de pobreza extrema. ¡De eso estamos hablando!
Entonces, cabe preguntarse por qué el Gobierno es tan inflexible.
Aquí se ha contado con una Oposición que ha tenido toda la disposición del mundo, pues estamos conscientes de la magnitud de la crisis y, contrariamente a lo que se ha señalado aquí, hemos formulado propuestas desde el primer día. Basta leer los documentos que hemos suscrito parlamentarios y dirigentes de partidos políticos de Oposición. ¡Nos hemos adelantado a los anuncios del Gobierno por semanas! Y después hemos visto cómo el Gobierno toma nuestras propuestas y les pone nombre de la misma naturaleza o similares, pero al estilo Piñera: con letra chica, acotado en cobertura y acotado en beneficios, muy por lejos de la necesidad de nuestro país.
Muchos han señalado que les gustaría tener la Oposición de Portugal. A mí me gustaría tener el Gobierno de Portugal, porque cuando un gobierno dialoga con la oposición y existe disposición para entenderse con ella, el cuadro es completamente distinto.
Hemos sido muy responsables, ¡muy responsables! Nadie puede señalar que hemos puesto obstáculos para avanzar en la aprobación de estas iniciativas. Pero es parte de la democracia que podamos plantear nuestras diferencias, nuestras críticas y hacer valer nuestros puntos de vista.
Parece que al Presidente no le gusta escuchar a quienes piensan distinto. ¡Ni siquiera oye a quienes forman parte de su coalición, menos va a escuchar a la Oposición! Si escuchara un poquito más, ¡un poquito más siquiera!, el cuadro sería completamente diferente: avanzaríamos con mayor celeridad en estos proyectos y la percepción ciudadana sería completamente distinta de la que existe hoy día.
A mí me llama la atención que no esté presente aquí el Ministro de Hacienda. Sé que está participando en la Comisión de Trabajo, pero...
El señor NAVARRO.- No está ahí.
El señor ELIZALDE.- ¿No está?
La señora RINCÓN.- Ya terminó de sesionar esa Comisión.
El señor ELIZALDE.- Bueno, entonces debería estar acá.
Con todo el respeto que me merece el Ministro Sichel, a quien conozco desde hace mucho tiempo y sé de sus cualidades humanas, en esta materia quien tiene que tomar una decisión es la autoridad a cargo de la billetera fiscal. El Ministro de Hacienda es quien debe dar la cara y explicar por qué el Gobierno no está disponible a dar más. No es un Ministro sectorial el que debe hacer eso, porque no corresponde al ámbito de sus competencias.
Por tanto, me gustaría que el Ministro de Hacienda estuviera aquí explicando los argumentos del Gobierno, ¡la inflexibilidad del Gobierno para ser más ambicioso respecto de la cobertura de estas iniciativas!
Reitero lo que he señalado: nosotros tenemos una voluntad constructiva; la hemos tenido desde el primer día y así lo hemos manifestado claramente. Por lo mismo, hemos votado a favor de la idea de legislar en todos los proyectos.
Pero queremos hacer un punto: si nadie defiende a las trabajadoras y a los trabajadores; si nadie hace un esfuerzo para que no caiga sobre sus hombros el peso de la crisis, finalmente los sectores medios, vulnerables y populares van a terminar pagando la cuenta de esta situación tan dramática y de este contexto tan difícil que estamos enfrentando, en el marco de la propagación del coronavirus.
Voy a votar a favor en general de esta iniciativa y votaré en contra de las indicaciones, esperando que el Gobierno cambie su actitud y tenga una disposición mínimamente flexible -no estamos pidiendo grandes cosas- para mejorar la propuesta, lo que es posible, como se ha demostrado en el pasado.
Ya mencioné el ejemplo del "bono COVID": se aumentó en 670 mil los beneficiarios, pese a que se decía que no había recursos y que no era posible.
Y señalo otro ejemplo: el acuerdo respecto del salario mínimo. El Gobierno también dijo que no era posible. Aprobamos un proyecto y el Presidente presentó un veto, y después tuvo que hacer una propuesta mejor que la que el propio Gobierno indicó que era insostenible y que estaba muy lejos de las posibilidades de nuestro país.
¡Podemos hacer más!
Chile tiene capacidad para proteger de mejor forma a las trabajadoras y a los trabajadores; formales, informales o independientes; ¡a todos! Asegurémonos, al menos, de que dispongan de ingresos para cumplir con las medidas sanitarias y de que esos beneficios estén por sobre la línea de la pobreza.
Lamentablemente, la propuesta del Gobierno no garantiza esos mínimos básicos.
He dicho, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Señora Presidenta, quiero lamentar la situación que ha ocurrido. Ya llevamos varias horas de discusión.
La verdad es que respeto la opinión de la Oposición. Es legítima y entiendo sus preocupaciones respecto de la factibilidad de haber logrado aumentar los fondos y cambiar algunas normas y regulaciones. Pero debemos tener presente que el país vive una situación tremendamente compleja, probablemente las más difícil que nos ha tocado enfrentar.
Por lo mismo, hoy tenemos que ser capaces de recordar una enorme tradición en Chile, que está en el centro de su espíritu republicano: la capacidad de llegar a acuerdo.
No hace falta manifestar quién tuvo la idea o quién la mejoró, porque está claro que todo lo que se ha construido en estos dos últimos meses ha sido en conjunto. Evidentemente, todas las iniciativas de ley deben ser mejoradas en el Congreso, con aportes del Oficialismo y de la Oposición, pues de eso se trata la democracia.
Por lo tanto, valoro este ingreso familiar de emergencia como instrumento público, y me parece muchísimo mejor que el "bono COVID", por un lado, porque evidentemente son más recursos, más 4 millones de personas lo recibirán, y, por otro, porque se hace cargo de preocupaciones que manifesté públicamente -se las hice llegar al Ministro- con relación con el tema de los pensionados, para que estos no vayan a ser un castigo para las familias que están en condiciones de pobreza.
Entonces, de alguna u otra manera hemos ido mejorando los instrumentos.
Sí me preocupa -y quiero señalarlo para fundamentar mi voto- que para acceder al beneficio las personas deban hacer una solicitud. Espero que los aspectos de tramitación y burocracia sean lo más expedito posible. Ahí surge la recomendación de vincular a los municipios en este proceso, lo cual, sin duda, permitirá que esto sea mucho más expedito.
Entendería la diferencia en las categorías si se tomara en cuenta que desde octubre, con el estallido social, hubo despidos y problemas de condiciones económicas desmejoradas para algunas familias. Por tanto, cuando el registro social de hogares se hace a rajatabla, podría ser que las personas entren en una situación que no es la real hoy día.
Por otro lado, creo que es necesario un compromiso del Ejecutivo para evaluar, en un lapso de treinta días, cómo ha ido evolucionando esto y saber a quiénes efectivamente está llegando el beneficio, en el entendido de que, si no se solicita, se pierde, lo que no es un tema menor; más aún, considerando que muchas comunas rurales tienen grandes dificultades para acceder a la información.
Entonces, cualquier política pública, teniendo en vista la situación grave que está viviendo el país, requiere mejoras y evaluaciones.
En mi opinión -al menos mi experiencia en estos dos años en el Congreso así lo demuestra-, aquí nadie está en contra de llegar a acuerdos y de buscar soluciones en conjunto.
Creo que el diálogo, la apertura y la humildad para escuchar son claves para que podamos demostrarles a los ciudadanos que este Senado está a la altura de la situación histórica que vive nuestro país.
Yo le pido a mi Gobierno con mucho respeto que no lleguemos a estas instancias en que debemos estar discutiendo cuatro, cinco horas por una falta de acuerdo, pues al final del día quienes necesitan la ayuda están esperando que el beneficio llegue rápido. Y leyendo en detalle el proyecto, va a demorar un tiempo en aplicarse, por lo menos treinta días. ¡Y esos treinta días son hambre para muchas familias!
Valoro muchísimo el esfuerzo que está haciendo el Gobierno.
Y confío. La palabra "confianza" hoy cobra más sentido que nunca. Debemos confiar en las medidas sanitarias y en las decisiones económicas que toma el Ejecutivo, porque de una u otra manera necesitamos más unidad que nunca.
Les pido a nuestros colegas de Oposición que confiemos. Creo que seremos capaces, como lo hemos hecho históricamente en estos años, de llegar a acuerdos y resolver la gran problemática que actualmente tienen las familias chilenas. Yo soy positiva. Pienso que vamos a alcanzar los acuerdos necesarios.
Por lo mismo, espero que de ahora en adelante, dada la complejidad actual en la vida de los chilenos y de muchos en el mundo, podamos lograrlo y no lleguemos a estas circunstancias en que, lamentablemente, parece que no vamos a aprobar el proyecto en particular con las modificaciones propuestas.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, he escuchado atentamente el debate durante toda la mañana y parte de la tarde, y se me vienen muchas reflexiones en torno a lo que he oído en esta Sala.
Pienso que la política es un arte muy difícil, y es en ella donde patinan todos los gobiernos -permítame esa expresión-. El déficit en gestión política ha hecho que muchos gobiernos fracasen o tengan un cúmulo de crisis. Esto se da, sobre todo, con los Ministros de Hacienda, quienes siempre creen que el manejo del Estado y la sociedad son operaciones financieras o matemáticas. Y la verdad es que la política es un arte intangible, no una operación matemática, no ciencias exactas. Por lo tanto, el político tiene que sumar y no restar.
La discusión que estamos dando hoy no es pesos más, pesos menos, porque en Chile estábamos de acuerdo, hace un tiempo, en que nuestras finanzas públicas estaban sanas. Todos los dirigentes políticos de Gobierno y Oposición decían que Chile había hecho las cosas bien, que tenía una deuda pública manejable y que contaba con un ahorro fiscal importante, razón por la cual, bajo ese punto de vista, debíamos estar tranquilos.
Hoy día, en cambio, se nos hace creer que estamos cuidando los pesos.
Ahora, entiendo que los Ministros de Hacienda siempre actúen así. Son, como dice alguien por ahí, "adoradores de la virgen del puño", o sea, no sueltan la plata. Pero estamos ante una situación política, señor Ministro de Desarrollo Social -también se lo digo al Ministro de Hacienda, aunque no está presente-, porque esta es la crisis en materia sanitaria más grande, probablemente, que hemos tenido como país en décadas, más allá de la crisis política del 73 y otras. Y cuando los países están en crisis, la política tiene que elevarse a una categoría que permita superar esa crisis.
En cambio, estamos pirquineando muchísimos proyectos de ley -se pierde la lista- que implican plata, como aquí se ha señalado. En cada uno de ellos estamos discutiendo unos pesos más, unos pesos menos.
¿Qué debería haber hecho el Gobierno en un período de crisis grave como esta? Haber llamado a un gran acuerdo nacional con la Oposición; lograr consenso sobre la magnitud de la crisis y el horizonte de salida, y dialogar respecto a qué sectores vamos a ayudar, qué vamos a priorizar, cómo lo vamos a hacer, cuánto costará, de dónde vamos a sacar las platas. Es decir, se debió haber hecho un acuerdo completo.
Recuerdo que el Presidente de la República, al principio de su período, llamó a cinco grandes acuerdos. Pero luego se vio que eran simplemente movimientos tácticos que hizo para ganar unos puntos de apoyo. Y, al final, eso quedó en nada.
Después llegaron las dificultades, como el estallido del 18 de octubre, que generó una profunda crisis social. Sacamos un acuerdo para generar una nueva Constitución, y algunos ya estaban trabajando para echarla abajo.
Ahora estamos ante esta otra crisis.
A mi juicio, señora Presidenta, aquí tenemos un déficit de política. El Gobierno debería tratar de llegar a un acuerdo con la Oposición. Estamos disponibles para resolver este tema.
Varios Senadores han señalado, por ejemplo, que hay un problema de procedimiento. ¿Cuesta tanto ponerse de acuerdo en el procedimiento para hacer efectiva estas platas y llevarlas a la gente?
Se dijo también que había un problema de gradualidad. ¿De cuánto dinero estamos hablando respecto de la gradualidad? De poco más de 100 millones de dólares. ¿No es posible llegar a un acuerdo con eso?
Creo que con buena voluntad esas cosas se pueden resolver, pero no hay una disposición del Gobierno, que quiere seguir haciendo una política de la mortadela partida por medio, negociando proyecto por proyecto, siempre pensando en sacar una ventaja política.
Aquí necesitamos un gran acuerdo para ver cómo vamos a ayudar a los sectores más vulnerables; cómo vamos a ayudar en el empleo; cómo vamos a ayudar a la pequeña y a la mediana empresa; cómo vamos a reactivar la economía, y cómo vamos también a ayudar, si se dan las condiciones, a las grandes empresas, como lo está haciendo, por ejemplo, entre otros países, Alemania.
¿De dónde vamos a sacar las platas? Se ha dicho que tenemos ahorros. Sí, tenemos ahorros, millones de dólares ahorrados a lo largo de los años; tenemos amplias posibilidades de emitir bonos, que pueden venderse bien en el mercado internacional, y tenemos el rol del Banco Central, que lo hemos dejado un poco de lado.
El Senador Pizarro y el Senador Montes hace unas semanas presentaron unos proyectos de reforma constitucional para que el Banco Central pudiera actuar en el mercado secundario y también hacer préstamos directos al Fisco. Bueno, eso quedó en nada, pero es una puerta abierta.
Entonces, señora Presidenta, creo que lo que aquí hace falta es gestión política. Normalmente, los Ministros de Hacienda y los economistas... no son... no son políticos.
Disculpe, señora Presidenta. Me estaban invitando a la sesión de la Comisión de Constitución, por eso estaba sonando algo por ahí, pues a las cuatro tenemos Comisión Mixta.
Quisiera hacer solo una pequeña precisión respecto de los montos de dinero involucrados en lo que aquí se ha discutido en las últimas semanas.
Se dice que el Gobierno dispuso y aprobó 2 mil millones de dólares. Y, además, hace mucho hincapié en los 3 mil millones de dólares destinados al Fogape.
Pero aclaremos algo.
El Fogape es un fondo de garantía. El Fisco no puso ni un peso para que los bancos se los traspasaran a las empresas. Lo que sí hizo fue aprovisionar 3 mil millones de dólares en una operación jurídica y financiera para respaldar una garantía en el evento de que en el transcurso de los años las empresas que soliciten créditos con los bancos no puedan pagar. El Estado es una suerte de deudor solidario o de fiador. Pero esos 3 mil millones de dólares no están acumulados en un cajón. Están simplemente consignados en el pasivo de las cuentas fiscales, pero no se ha gastado ninguno de esos 3 mil millones de dólares.
Por lo demás, el dinero es un bien fungible. Y, en consecuencia, perfectamente podrían gastarse otros 3 mil millones de dólares en efectivo, sin perjuicio de que en el pasivo aparezca esa obligación eventual, condicional, en los años, en el caso de que las empresas no paguen los créditos del Fogape. Solamente en ese instante se usará esa plata. De tal manera que no coloquemos dentro de la canasta de los gastos que hoy día está haciendo el Fisco una cosa eventual, que solo es garantía y que, en definitiva, no se sabe si se va a gastar o no.
Por lo tanto, señora Presidenta, yo votaré favorablemente la idea de legislar. Y esperaría que el Ministro de Hacienda y el Gobierno hicieran más gestión política, más diálogo para llegar a un acuerdo, porque lo que en definitiva tenemos que darle a la gente es certeza respecto de toda la incertidumbre que estamos viviendo a lo largo de Chile por la fragilidad de nuestro cuerpo y la fragilidad de la gente, sobre todo de los más vulnerables.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señora Presidenta, hoy día somos cuarenta y tres Senadoras y Senadores los convocados a acordar fórmulas para ayudar a las familias a pasar los momentos más álgidos de esta crisis.
Hay quienes creemos en la libertad, pero también en la solidaridad y la necesidad de asumir que la vida en sociedad supone también que ciertos derechos básicos sean garantizados. Y hoy sostenemos que, evidentemente, la pandemia y el estallido social nos han dejado como lección que la educación, la salud y las pensiones debieran estar fuera de las lógicas del mercado, porque no dieron, porque no dan.
Necesitamos también la innovación y el emprendimiento de cada persona, de cada empresa, por pequeña o grande que esta sea. Pero, en paralelo, debemos implementar un sistema de protección social para que, frente a determinada adversidad, exista la tranquilidad, la certeza de que están los mecanismos para apoyar a las personas y a las familias.
Hoy nos encontramos en medio de una crisis global. Estaba la crisis institucional de Chile que afectó a muchos puestos de trabajo. Luego, llegó la pandemia sanitaria, la crisis económica internacional. Es decir, ahora es cuando con responsabilidad debemos asumir la ayuda a las personas que lo están pasando mal. La responsabilidad de ayer nos permite hoy contar con ciertos recursos para hacer frente a esas adversidades.
Hemos avanzado en algunos proyectos importantes, no cabe ninguna duda; en algunos instrumentos, unos más eficaces que otros. Pero este, quizás, puede ser el más importante, porque va orientado a las personas, a las familias. Debiera ser, entonces, una inyección a la vena de los hogares más pobres y también de la clase media, muchas veces olvidada.
Se equivocan rotundamente quienes comparan esta crisis con otras como la crisis asiática o la crisis subprime. ¡No son comparables, ni en magnitud, ni en profundidad ni en extensión! No hay que equivocar el diagnóstico, porque indefectiblemente se equivoca la solución.
Desde el estallido social he desplegado, en conjunto con muchos otros, grandes esfuerzos para apoyar la estabilidad democrática y la salida institucional a la crisis que tuvimos en octubre. He pagado costos políticos por manifestar mi voluntad de llegar a acuerdos con un Gobierno débil y a veces bastante tozudo. Pero con la misma voluntad de ayer y con hechos concretos que me avalan y con la convicción de la necesidad de llegar a acuerdos, hoy también levanto la voz para reclamar de parte del Gobierno la voluntad de escuchar y de dialogar.
Acordar no es someterse a lo que una parte pretende imponer. Acordar supone llegar a puntos medios de encuentro entre dos posiciones. Lamentablemente, es esta Constitución la que impide que cualquier parlamentario o parlamentaria, de cualquier color político, aumente los beneficios sociales. Es una atribución exclusiva del Presidente de la República, ¡sí!, del Presidente de la República, que hoy es Sebastián Piñera. Es su responsabilidad.
Hace unas semanas le aprobamos al Gobierno numerosos proyectos: más de 2 mil millones de dólares para beneficios sociales, el "bono COVID", el Fogape. Aprobamos para Chile esos proyectos, para beneficiar a las personas.
Ahora, de estos 2 mil millones de dólares, el Gobierno hoy día solo está utilizando 800 millones de dólares en este proyecto -que a nuestro juicio, insisto, puede ser el instrumento más directo, porque va a la vena de las familias-, para dar un beneficio que está muy por debajo, ¡ojo!, incluso del monto que las cifras oficiales les asignan a los indigentes.
Pero, además de ello, el Gobierno está dejando fuera a cerca de un millón y medio de personas. Deja fuera a los colectiveros -como decía un Senador oficialista-, deja fuera a muchos transportistas, deja fuera a los pensionados y a las pensionadas. ¡Perdón! ¡Los pensionados y las pensionadas quedan fuera! ¿Alguien podrá pensar que en este país los pensionados son millonarios? ¡Por favor! Si es un hecho de la causa que tenemos altos niveles de pobreza entre los pensionados. ¡Perdón! ¡Pero tampoco reciben este bono las familias integradas por algún beneficiado con pensión de discapacidad! He conocido a muchas familias en Biobío, en Ñuble, en Arauco, personas que viven con discapacidad y que reciben una pensión que es completamente insignificante y, sobre todo, desde el punto de vista práctico, con escasa ayuda dado el grado de gasto que supone atender una condición de esta naturaleza.
Señora Presidenta, nosotros no nos estamos oponiendo al Gobierno. La oposición constructiva no pretende ni quebrar al Gobierno ni las finanzas chilenas. No aceptamos tampoco descalificaciones de ser populistas. No nos estamos oponiendo al Gobierno, nosotros estamos legislando para el país, para las personas, para las familias que no pueden mantenerse por sí mismas, por desigualdades de base o por falta de oportunidades.
No... (falla de audio en transmisión telemática)... a nosotros de gobernabilidad, cuando nosotros gobernamos veinte años y le dimos la mayor estabilidad y crecimiento a este país. Hay algunos que no se sienten orgullosos. ¡Yo sí me siento orgulloso! Pero no nostálgico, porque el país cambió y hoy se requieren otras políticas públicas, más audaces.
Señora Presidenta, el Chile de la pospandemia será distinto, y debemos enfrentar ahora las devastadoras consecuencias sociales que se están produciendo.
Avalados por importantes economistas y exautoridades, propusimos incrementar el bono de 65 mil a 80 mil pesos y aumentar el universo de beneficiarios, lo que según los especialistas nos haría llegar en costo de 1.200 hasta 1.800 millones de dólares.
¿Qué pasará con los pensionados, los discapacitados y -ojo- los migrantes, que no están considerados en esto?
Le quiero poner un caso, señora Presidenta.
En Ñuble, que fue un laboratorio, porque fue donde primero partieron los cordones sanitarios, se han beneficiado desde el punto de vista de la pandemia, pero en el aspecto económico estamos sufriendo las consecuencias de una medida como esa y la falta de apoyo social. Hoy día en Ñuble hay hambre; hay familias que no tienen qué comer; hay ollas comunes. Esa es la realidad que se está viviendo en algunas localidades. Por eso es fundamental responder rápido con la ayuda social.
Yo no tengo idea de si esas personas son de Derecha, de Centro o de Izquierda; si son agnósticas o católicas, me da lo mismo. Entiendo que es un deber ético de nosotros, como clase política, asumir el desafío de llegar prontamente a un acuerdo por ellas. Para eso se requiere diálogo.
Habrá que explicarle al Presidente Sebastián Piñera que en época de crisis no se puede pretender usar las técnicas de negociación empresarial, menos aún en temas sociales. No se trata de llevar al límite al adversario, a exprimirlo. Se trata de acordar, de disuadir; no de vencer, sino de convencer. Y eso hace mucha falta en este Gobierno.
Obstruir es impedir sin diálogo. Nosotros hoy estamos reclamando, estamos demandando, clamando por diálogo, y recibimos un portazo que no entendemos. No lo entendemos porque la negativa del Gobierno a dialogar en la Comisión de Hacienda retrasa la implementación de estas medidas. La negativa del Gobierno a conversar para ponerse de acuerdo afecta a los más pobres.
Al Presidente de la República, que le encanta compararse con don Patricio Aylwin, le pregunto: ¿usted cree que el Presidente Aylwin hubiese intentado imponer su voluntad en momentos tan difíciles? ¡Obviamente que no, pues! Porque en su condición humana y política primaba el acuerdo, el diálogo y la voluntad de anteponer los intereses de Chile por sobre las mezquindades políticas.
Señor Presidente -por su intermedio, señora Presidenta-, lo invitamos humildemente a dialogar. Los chilenos y chilenas que aportan a nuestro país hoy esperan de sus autoridades que se sienten, que dialoguen, no por un titular o una cuña en televisión o por quién es mejor o peor. Con la misma voluntad y convicciones con que ayer supimos ponernos de acuerdo para salvar la democracia en un momento difícil, hoy le invito a dialogar y sentarnos a conversar para salvar a las familias de Chile con una propuesta más ambiciosa.
Voy a aprobar en general, pero no voy a aprobar las indicaciones, porque creo que los montos son insuficientes para enfrentar la grave crisis social de las familias de Chile.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, queridos colegas, me gustaría hacer tres comentarios generales sobre este proyecto.
Este Senado está llamado a responderle a la gente, a los trabajadores, a las familias que lo están pasando mal. Aquí no estamos llamados a atender al Gobierno. Lo que debemos ver es si aprobamos un proyecto que le sirve a la gente, si aprobamos un proyecto que no le sirve a la gente o si rechazamos un proyecto que no le sirve a la gente.
Quiero decirlo porque el Gobierno trata de emplazarnos a aprobar su iniciativa. Pero los que nos deben emplazar son los trabajadores de Chile, los trabajadores informales, estas más de 2 millones de personas, para saber si este proyecto les sirve. A ellos nos debemos nosotros.
Lo segundo que debo señalar es que el Senador Coloma en su intervención hizo una referencia -la entiendo- en el sentido de que en otros momentos hubo situaciones muy difíciles y ellos como Oposición colaboraron. Y está muy bien. ¡Pero esta crisis no tiene nada que ver con otras que hemos vivido! Su magnitud, profundidad, amplitud no tiene parangón en nuestra historia reciente. Y por eso la respuesta que se necesita debe ser acorde a la realidad actual.
El Gobierno, hasta ahora -quizás, el Presidente de la Comisión de Hacienda me pueda precisar si me equivoco-, ha anunciado paquetes de ayuda por 17.500 millones de dólares. ¡Por 17.500 millones de dólares! Hasta el momento, a la gente, al ciudadano realmente complicado le ha llegado el "bono COVID", que costó 167 millones de dólares, digamos 200, y ¡nada más!
Hay un préstamo para el Seguro de Cesantía, un préstamo, que hay que devolver. Eso no es gasto público.
Para las personas con boletas a honorarios se ofrece otro préstamo: 300 millones de dólares, obligando a crear un seguro no de cesantía, sino un seguro catastrófico, que no tiene que ver con lo que el país necesita y no es un tema de la emergencia.
Y está este otro proyecto, que está aportando, ya no digamos 800, digamos mil millones, pero todos sabemos que eso no es verdad todavía.
Es decir, en total de este paquete de anuncios por 17.500 millones de dólares, para los trabajadores, para la gente de esfuerzo, para los trabajadores por cuenta propia, para los trabajadores informales, para los que están con boletas a honorarios, hasta ahora hay solo 167 millones. Y si le agregamos mil millones, y si incluso le añadimos los préstamos, que son 2.300 millones, ni el 20 por ciento del paquete de ayudas económicas del Gobierno llega a la gente.
Y si uno quisiera ser más preciso, dejando de lado los préstamos, ni el 10 por ciento -¡ni el 10 por ciento!- de los paquetes que el Gobierno ha anunciado llega a las familias de trabajo.
Y se preguntan por qué estamos insatisfechos.
Estamos insatisfechos porque tenemos que legislar y nos debemos a la gente. Nos hallamos dispuestos a ayudar, pero el Gobierno debe abrirse a una discusión en serio.
Esta es de las peores crisis que hemos vivido.
Hoy hemos visto una protesta de norte a sur del país, en medio de una pandemia. Vamos a ser el hazmerreír del planeta, con todos los taxis colectivos y choferes protestando desesperados, igual que el transporte escolar, porque no tienen qué comer; porque no hay pasajeros hoy en día en buena parte del país; porque el transporte escolar no recibe ingresos frescos desde diciembre del año pasado. Y el Gobierno no se abre a dialogar.
Señora Presidenta, es evidente que nos están pidiendo aprobar un proyecto insuficiente, del todo insuficiente. No es ni el sueldo mínimo para una familia. A una pareja de cincuenta años cuyos hijos se han ido de la casa y están pagando dividendo, cuentas, ¿le están ofreciendo 130 mil pesos?
Chile no ha ahorrado lo que hemos ahorrado hasta ahora para eso. Chile, que se decía un país tigre, un país avanzado, un país inserto en el mundo, con un per cápita de más de 20 mil dólares, puede hacer más.
Por ende, reitero: nosotros nos debemos a aprobar un proyecto que ayude a la gente en serio. Pongamos proporcionalidad en los recursos que el Estado está gastando. Todavía no hay ni 1.800 millones de dólares de los más de 17.500 millones de dólares que lleguen a la gente de trabajo. No nos pidan que no escuchemos el clamor de la gente que está pasando hambre y muchas dificultades hoy en día y que necesitamos que sigan manteniéndose en casa. El no hacerlo es una irresponsabilidad no solo sanitaria, sino también social, y después van a preguntar algunos por qué protesta la gente.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro Sichel.
El señor SICHEL (Ministro de Desarrollo Social y Familia).- Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a partir por leer una serie de adjetivos -pienso que la política debería ser más sustantiva que adjetiva, pero a veces caemos en esta tentación-: rápido, mezquino, insuficiente, cruel, indolente, inflexible, populista, hasta caradura me dijeron ayer en el debate.
Creo que parte importante de la conversación que debemos realizar tiene que ver también con los tonos. Aquí hay familias, ¡hartas!, casi 1 millón 700 mil, que nos están mirando.
Creo que ni una ni otra cosa es cierta. Pero cuando queremos construir acuerdos debemos ver bien dónde podemos lograr ciertos puntos de encuentro.
Señalo aquello sinceramente, y me incluyo.
A mi juicio, el lenguaje es superimportante en un minuto de crisis, sobre todo para entrar en el detalle, cuando estamos hablando de que 4,3 millones de chilenos pueden ser potenciales beneficiarios de este proyecto; de que 1 millón 200 mil hogares, y antes de esta crisis -ahí comparto lo que decía el senador Navarro, pues no sé si quienes estamos acá hemos pasado hambre: algunos sí, otros no-, viven con 144 mil pesos en promedio.
Tampoco espero que estemos descubriendo la pobreza, porque ella es uno de los grandes dolores de este país desde el retorno a la democracia, hecho que ha permitido irla disminuyendo progresivamente, aunque no la hemos derrotado.
Me parece superresponsable decir que la peor promesa que podemos efectuar y la peor pérdida de confianza que podemos generar en los ciudadanos es señalar que vamos a derrotarla ahora. No lo hicimos en 30 años, pero lo vamos a realizar ahora: en una crisis sanitaria, con el nivel de endeudamiento que tenemos, con el país cayendo económicamente, ¡y de repente la solución que encontramos en la clase política era hacerlo justo ahora, con la promesa de que podemos efectuar todo en este minuto para solucionar ese problema...!
De hecho, comparto varias de las cuestiones que se expresaron durante la discusión en la Sala del Senado. Por ejemplo, la necesidad de ir avanzando en transferencias directas a las personas que vayan generando ingresos básicos. Como Gobierno compartimos esto; no estamos tan lejos. Ese fue el subsidio para alcanzar el ingreso mínimo, que por primera vez puso transferencias directas en el bolsillo de trabajadores de bajas remuneraciones, y tuvimos diferencias. En la Cámara de Diputados la Oposición rechazó la iniciativa respectiva, a pesar de que conseguimos algunos votos. Aquí, en el Senado, no fue así, y eso lo agradezco profundamente.
Debemos, pues, que seguir avanzando más en transferencias directas para las familias que se encuentran dentro de los más bajos ingresos, que es lo que plantea este proyecto.
Hoy día es por una urgencia sanitaria; y espero que mañana, en un debate serio y con otro tono, discutamos también cómo lo hacemos, más allá de esta crisis.
Entonces, la gran pregunta...
El señor LAGOS.- ¡Debate serio...!
El señor SICHEL (Ministro de Desarrollo Social y Familia).- De verdad lo digo: cuando a uno lo tratan de "caradura", eso no forma parte de la seriedad de un debate.
Señor Presidente, quiero ser bien franco en esta parte de la conversación. Tenemos un problema grande, como todos han dicho, que además es sanitario y social, respecto de familias que viven en promedio con 144 mil pesos de ingresos antes de la crisis. Y a diferencia del resto, a pesar de que algunos aparecieron por ahí señalando que no había diferencias en este porcentaje de la población, los datos administrativos nos indican que mantenían sus ingresos formales acá, y sabemos además que no tienen ingresos reportados frente a la Administración del Estado.
Por lo tanto, la crisis hace urgente que esta transferencia llegue lo antes posible. La oportunidad también es parte del debate, cuestión en que llevamos diez días insistiendo: el cuándo es tan importante como el cuánto. ¿Por qué? Porque tenemos claro que en esas familias no hay ingresos en estos días.
Esta discusión se centra en lo que a esta altura ya es manido en política: el viejo debate entre la ética y la convicción y la ética de la responsabilidad que planteaba Weber.
Desde la convicción les quiero decir que tenemos hartos puntos de acuerdo. ¿Es necesario asegurar algo más que un bono por una sola vez? Sí. Y lo que hicimos como Gobierno fue proponer que sea por tres veces, asegurando un ingreso.
Desde la convicción tenemos otro acuerdo común. ¿Es necesario priorizar a los más vulnerables? Espero que sí. En el Senado por lo menos esa ha sido la discusión. No comparto algo que me propuso un Diputado de Oposición: que también un médico que se quedaba sin ingresos tenía que ser parte de la protección social. En ese caso, creo que no; pero en el resto tenemos otra confianza.
Desde la ética de la convicción también cambiamos algo que era un supuesto inicial de la historia de las transferencias. El Senador Latorre algo dijo en cuanto a que estamos calculando por primera vez no cargas familiares, sino cantidad de personas que viven en la familia.
Discrepo ahí del ejemplo que puso de la época de la dictadura el Senador Quinteros, quien dijo que el PEM y el POJH daban lo mismo, porque eran por persona, y no por personas en la familia.
Por lo tanto, hoy día sea que se trate de menores, de mayores o de personas de la edad que sea, por primera vez estamos calculando un presupuesto sobre la base de la familia y no simplemente con relación a las cargas que hay en ella.
Tenemos la misma convicción en ello.
Además, también nos asiste la misma convicción -así lo espero-, y estuvimos de acuerdo en la Comisión en esto, en el sentido de que, además, debería incluirse al 60 por ciento de trabajadores informales en el mismo monto.
Planteamos aquello directamente, y estuvimos disponibles a avanzar en tal sentido.
Para que no hagamos caricaturas entre unos y otros, debo puntualizar que tenemos ciertas convicciones distintas. Y también una diferencia, de la que debemos hacernos cargo.
Ahora bien, no es grande, no si somos inflexibles; no si somos irreflexivos; no si es pichiruche esto: hay una diferencia con respecto a los montos.
Entonces, es bueno poner la conversación donde existe la diferencia y no donde tenemos la convicción, porque a mi juicio las convicciones son bastante similares acá, dentro de este foro, y además mirado desde el Gobierno, pues lo que me ha encargado el Presidente va exactamente en el mismo sentido.
¿Cuál es la diferencia en los montos? Hagámonos cargo.
Existen distintas propuestas de la Oposición, que van desde un 50 por ciento más, que es lo que plantearon los Senadores Pizarro y Lagos Weber, hasta un poco más -todavía no sé cuánto-, relacionado con incluir a todos los trabajadores formales, que es lo que manifiesta el Senador Montes (esto se eleva por sobre los 2 mil millones). A ello debe agregarse la proposición que hace la Oposición en la Cámara de Diputados, desde la bancada de la Democracia Cristiana hasta la del Frente Amplio, que es un 400 por ciento mayor.
Ese es el espectro, para que tampoco nos contemos caricaturas entre nosotros: desde un 50 por ciento más (esto es, 400 millones de dólares) hasta el acuerdo de las bancadas en la Cámara Baja, que significa un 400 por ciento más.
Y lo que hemos dicho nosotros es que el gasto fiscal que comprometimos es el que podemos realizar hoy día, por razones bastante sustantivas y argumentadas desde nuestra mirada. Dijimos como Gobierno, de manera autoimpuesta, que existirían 2 mil millones directos para el mundo de la informalidad.
La discusión, por lo tanto, es si esos 2 mil millones se gastan ahora, en este grupo vulnerable, o si lo que debemos hacer -y es la posición que tenemos como Gobierno- es dejar 802 millones de dólares como piso para estas familias, que viven en la informalidad o con porcentajes mayoritariamente formales e informales, y 300 millones que irán directamente al mundo de los independientes que entregan boletas de honorarios, que no estaban cubiertos; establecer medidas especiales para otros sectores vulnerables específicos, como los adultos mayores, que también van a formar parte de los paquetes que anunciaremos más adelante, y disponer de 700 millones -como he insistido en todas las Comisiones, y vuelvo a repetirlo por si ha quedado duda-, que quedan básicamente para un proyecto que permita, o prolongar esta ayuda más allá de tres meses o crear programas que posibiliten también generar subsidios al empleo a estos mismos grupos formales.
¡Tenemos diferencias!
Lo que dicen estas propuestas, que van desde el 50 por ciento más hasta el 400 por ciento más, es que en este grupo gastemos más recursos, y lo que estamos planteando nosotros es que debemos pensar en qué pasa después de esta crisis y cómo damos continuidad luego de estos tres meses.
Es razonable; hay diferencias; no me parece trágico.
Lo que estoy señalando es que nosotros hemos sostenido específicamente esta postura.
Y en ello, en verdad -para hacerme cargo de esto también-, hemos sido inflexibles por algo que dijo muy bien el Senador Pizarro, porque efectivamente la iniciativa en materia de gastos la tiene el Poder Ejecutivo desde 1943, y la han defendido sistemáticamente los Presidentes Juan Antonio Ríos, Eduardo Frei, Salvador Allende por una gran razón: porque la responsabilidad del gasto incluye también la responsabilidad de la administración financiera completa del Estado. De modo que cuando uno dice "Vamos a gastar 2 mil millones", lo que planteamos responsablemente es cómo queremos utilizar esos recursos.
Hay diferencias en esa discusión.
¿Dónde creo que no existe la misma claridad con respecto a lo que señalan los proyectos?
Primero -y excúseme Senador Insulza, pero está profundamente equivocado con relación a lo que vio venir-, el índice de emergencia aplica al que no está en el Registro Social de Hogares. De modo que rara vez podría ser un impedimento para alguien que tiene los requisitos. Este beneficio opera automáticamente para todos los que están en el 60 por ciento más vulnerable de la población y son trabajadores informales. El punto es que queríamos abrirle la puerta a aquel que cambiaba su situación para que pudiera ingresar.
¿Qué otra cosa no es verdad?
La Senadora Órdenes señaló que este proyecto beneficiaba a 1 millón 700 mil personas, pero son hogares. Acá estamos hablando de 4,3 millones de personas.
¿Qué otra cosa no es verdad? Que esto es solo para los sectores vulnerables.
Senador Navarro, en realidad, 1,5 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza, ¡y aquí vamos a beneficiar a 4,3 millones de personas!
Por consiguiente, esta iniciativa llega mucho más allá de las personas que están en la línea de la pobreza.
¿En qué otra cosa no estoy de acuerdo? Cuando hablaban de la inflexibilidad.
Este proyecto se ha ido perfeccionando durante el trabajo en el Senado y particularmente en la Cámara de Diputados: se estableció un procedimiento automático, no burocrático para el pago a todo aquel que tenga un beneficio del Estado anterior; se dispuso, además, una excepción que permite a cualquiera que tenga automóviles de transporte ser incorporado en el beneficio y no excluido; se eliminó la posibilidad de que los medios con que contara la persona la descartaran como beneficiaria.
Por lo tanto, por primera vez pasa que el patrimonio anterior de la persona, salvo que posea una casa de más de 150 millones de avalúo fiscal, o un vehículo por sobre 18 millones (estamos hablando del 5 por ciento de la población de más altos ingresos), no la excluye para percibir este beneficio.
Además, tuvimos el aporte de los Diputados Santana y Naranjo.
Y en la Comisión de Hacienda estuvimos disponibles para cambiar la gradualidad, como lo pidió el Senador García, a fin de que llegara a todo el 60 por ciento de mayor vulnerabilidad, e incluso para homologar a 55 mil pesos al objeto de que no hubiera descenso hacia delante.
¿Dónde había una diferencia, entonces? Acá, obviamente -y esto al parecer se ha transformado en un recurso permanente en la discusión parlamentaria-, la gracia parece que es decir que lo propuesto es insuficiente para ver cuántos recursos más se pueden pedir, y nosotros, en cambio, hemos señalado que hicimos un esfuerzo significativo, no para empezar a negociar Gobierno y Oposición en el monto final, sino para expresar: "Esto es lo máximo que podemos gastar ahora".
Y nos parece responsable hacerlo así para garantizarles a estas mismas familias que después de la crisis van a tener protección; que los beneficios no se acaban a los tres meses, y que todo aquel que no esté incorporado hoy día puede optar al apoyo estatal.
Si rompemos cualquiera de esos tres principios simplemente para correr la barrera del gasto, estaremos diciéndole a la gente: "Aquí el beneficio se acaba para ustedes". ¿Y qué está en juego con esta votación, y por eso ojalá se apruebe esta iniciativa, que es lo que pido? No solo que nos podríamos quedar sin monto; no solo que no estarían los 802 millones, que es lo que se está señalando -porque sin monto, no podemos calcular el gasto-, sino además una cuestión en particular: que quedarían fuera personas que están entre el 40 y el 60 por ciento de mayor vulnerabilidad, acotando el beneficio solo a quienes se encuentran en el 40 por ciento más vulnerable.
Muchas gracias.
El señor LETELIER.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Procederemos a abrir la votación.
Vamos a tocar los timbres, porque hay Senadores y Senadoras que están trabajando en Comisiones.
El señor INSULZA.- Pero podemos votar con los Senadores que están acá.
La señora EBENSPERGER.- ¿Por qué no abrimos la votación, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación general el proyecto.
La señora EBENSPERGER.- Abra la votación, señora Presidenta.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La votación está abierta.
Esta primera votación es en general. Y habiéndose aprobado la idea de legislar, con la misma votación se entenderán aprobados también en particular todas las disposiciones del proyecto que no fueron objeto de indicaciones, esto es, los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 12 permanentes y los artículos primero, cuarto y quinto transitorios.
A continuación, corresponde consultar cómo votan los Senadores que están participando de la sesión a distancia.
Senador señor Allamand, ¿cómo vota?
Su Señoría está en la Comisión de Constitución.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- A favor en general, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- En general, a favor de la iniciativa.
¿Estamos votando en general o las indicaciones?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se está votando en general el proyecto, y en particular también respecto de aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones. Luego se votarán las indicaciones.
El señor DE URRESTI.- Le doy excusas, señor Secretario.
Estamos trabajando en paralelo en Comisión Mixta, y me perdí la última parte del debate.
Voto a favor en general, y me abstendré en las indicaciones, tal como lo señalé durante mi intervención de hace un rato.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- Apruebo en general este proyecto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- A favor en general, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El Senador señor Allamand estuvo conectado anteriormente.
¿Cómo vota Su Señoría?
No está.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, incluidos los artículos que no fueron objeto de indicaciones renovadas (42 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ahora hay que proceder a la votación en particular.
Ruego a los colegas guardar silencio.
¡Los Senadores de la primera fila, de la primera línea de la UDI, por favor, silencio...!
Procedemos, entonces, a votar las indicaciones.
El señor PIZARRO.- ¿Me permite?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, cuando se estaba iniciando el debate, planteé la posibilidad de votar, lógicamente primero en general, como lo acabamos de hacer -y me alegro de que se haya aprobado la idea de legislar por unanimidad-, y luego todas las indicaciones en una sola votación, al igual como lo hicimos en la Comisión de Hacienda.
Es el acuerdo que adoptamos en la mañana.
Entonces, le pediría que abriera la votación para todas las indicaciones que se han renovado. Creo que el debate ya lo hemos hecho largamente, nos hemos escuchado, tenemos opinión formada.
La señora EBENSPERGER.- Así es.
El señor PÉREZ VARELA.- Exactamente.
El señor PIZARRO.- ¡Hasta Víctor Pérez está de acuerdo...!
¡Dice que no va a ir a la reelección, al igual que yo, y por eso está de acuerdo conmigo...!
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Si hay acuerdo, acogemos la propuesta del Senador Pizarro.
Acordado.
El señor PIZARRO.- Nosotros vamos a rechazar las indicaciones y los Senadores de Gobierno las van a aprobar, como es lógico.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Entonces, iniciamos la votación de las indicaciones en un solo bloque.
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Yo me iba a abstener...!
El señor PIZARRO.- ¡Se iba a abstener...!
¡No está obligado a seguirme, en todo caso, no se preocupe...!
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación las indicaciones del Ejecutivo.
--(Durante la votación).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a consultar por la opción de voto de las señoras Senadoras y los señores Senadores que están participando de manera remota.
El Senador señor Allamand, ¿cómo vota?
La Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- En contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- En contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.- En contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- Voto en contra, señor Secretario.
Y además quisiera decir que las reflexiones del Ministro Sichel ameritarían mucho más debate, porque hay varias cosas que no corresponden a lo que efectivamente discutimos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Voto en contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.- En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- En contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Perdón?
El señor SORIA.- En contra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
La Senadora señora Von Baer, ¿cómo vota?
La señora VON BAER.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se rechazan las indicaciones renovadas por el Ejecutivo (24 votos en contra y 18 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ahora vamos a votar los artículos.
El señor MOREIRA.- No.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Procederemos a la votación en particular de los artículos sobre los que recaían las indicaciones.
El señor COLOMA.- No, señora Presidenta, ya se votó todo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No se ha votado todo.
El señor LETELIER.- Se votó.
El señor PIZARRO.- Está listo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Con la primera votación, como se especificó en su momento, se aprobaron en general el proyecto y todos aquellos artículos que no fueron objeto de indicaciones renovadas. Con la segunda votación, se rechazaron las indicaciones renovadas. En consecuencia, ahora corresponde votar en particular los artículos que fueron objeto de las indicaciones mencionadas, porque no fueron aprobados en la primera votación.
El señor COLOMA.- No tiene sentido.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Quedan aprobados con la misma votación anterior.
La señora RINCÓN.- "Por unanimidad".
El señor PIZARRO.- Sí, apruébelos por unanimidad.
--Por unanimidad, se aprueban las normas en que recayeron las indicaciones rechazadas, y queda despachado el proyecto.