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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 368ª
Sesión 19ª, en jueves 30 de abril de 2020
Extraordinaria
(De 10:55 a 14:08)
PRESIDENCIA DE SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA,
Y SEÑOR RABINDRANATH QUINTEROS LARA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards, y de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez.
Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:55, en presencia de 25 señoras Senadoras y señores Senadores.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. CUENTA

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados:
Comunica que ha aprobado el proyecto de ley que concede un Ingreso Familiar de Emergencia (Boletín N° 13.461-31) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Hacienda.
Informes
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales (Boletín N° 12.991-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el Sistema Red Integral de Protección Social (Boletín N° 12.661-31) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, para privilegiar la cercanía al domicilio del elector, en la asignación del local de votación (Boletín N° 12.426-06).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre máquinas de juego fuera del ámbito de la Ley de Casinos (Boletines Nos 10.811-06, 9.068-06, 11.892-06, 12.028-06, 12.029-06, 12.030-06, 12.119-06, 12.179-06 y 12.194-04, refundidos).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señor Bianchi, señoras Muñoz, Provoste, y señores Letelier y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 21.227 en materia de pago de remuneraciones de directores de las empresas que indica (Boletín N° 13.470-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
De los Honorables Senadores señoras Aravena y Goic, y señores Chahuán y Harboe, con la que inician un proyecto de ley que modifica el artículo 17 A de la ley N° 18.918, que regula la facultad de refundir iniciativas legales (Boletín N° 13.471-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Declaraciones de inadmisibilidad
Moción de los Honorables Senadores señor Navarro, señora Provoste y señores Chahuán, Letelier y Pizarro, que modifica la ley N° 20.378 para definir el transporte escolar como transporte público.
Moción de los Honorables Senadores señores Chahuán y Letelier, que suspende durante el presente año el pago de los derechos de uso de espacio radioeléctrico.
--Se declaran inadmisibles por corresponder a una materia de ley de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Moción de los Honorables Senadores señores Bianchi, señora Muñoz, Provoste, y señor Quinteros, que modifica el estatuto sobre responsabilidad y transparencia en la administración y evaluación de riesgo de los fondos de pensiones.
--Se declara inadmisible por corresponder a materias de ley de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, conforme lo dispone el inciso cuarto, números 2° y 6°, del artículo 65 de la Constitución Política de la República.
Comunicaciones
Dos de los Honorables Senadores señor Girardi, mediante las cuales informa de los viajes que realizara, el día 27 de enero de 2020, a Marruecos, el primer viaje, para promover coordinación del Congreso Futuro con ese país, y, el segundo, el día 10 de febrero recién pasado, a la ciudad de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, para participar como expositor en el Tercer Foro Global de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles.
--Se toma conocimiento.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la Cuenta.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra sobre la Cuenta.
Senador señor Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.- Señora Presidenta, solicito autorización para que sesione la Comisión de Derechos Humanos en paralelo con la Sala, de manera de comenzar a tramitar el proyecto sobre migraciones, que tiene urgencia de "discusión inmediata". Y además pido un plazo acotado para presentar indicaciones. Hablé con la Secretaria de la Comisión y podría ser hasta las dos o tres de la tarde de hoy.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para que la Comisión funcione en paralelo con la Sala?
Acordado.
¿Y respecto de la propuesta que hace el Presidente de la Comisión sobre plazo para presentar indicaciones?
No hay acuerdo.
Tendrían que proponer otro plazo, señor Senador.

El señor LATORRE.- Señora Presidenta, son indicaciones que cualquier Senador podría presentar. Obviamente, igual la Comisión tiene la posibilidad de modificar el proyecto que viene de la Comisión de Gobierno. La idea era que las indicaciones fueran presentadas formalmente; solo eso. Pero, si no hay acuerdo en la Sala, veremos cómo proceder en la Comisión.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Latorre.
Entonces, queda autorizada la Comisión de Derechos Humanos para funcionar en paralelo.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senadora Goic, tiene la palabra.

La señora GOIC.- Señora Presidenta, también pido acuerdo para que las Comisiones de Salud y Futuro, unidas, sesionen en paralelo con la Sala.
Habitualmente los jueves, a las doce del día, tenemos una reunión con epidemiólogos para hacer seguimiento y ver qué está sucediendo con la pandemia.
Por ello, solicito sesionar en paralelo el día de hoy.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo?
--Se autoriza.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sigo ofreciendo la palabra sobre la Cuenta.
Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, quería agradecer a la Sala porque el día de ayer autorizó a la Comisión de Recursos Hídricos para sesionar en paralelo. Sin embargo, hemos decidido no realizar la sesión debido a que el Ministro de Obras Públicas no puede asistir.
Cabe señalar que el tema hídrico es tremendamente importante, sobre todo por lo que está ocurriendo al interior del Aconcagua y en diversas comunas de la región.
Por lo tanto, hemos decidido postergar dicha sesión para el próximo jueves, donde esperamos que el Ministro pueda concurrir y darnos las respuestas que muchos de los alcaldes de la región están esperando.
Muchas gracias.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Quiero recordar a los colegas que estarán sesionando en paralelo que tenemos, en primer lugar de la tabla, el debate en particular del proyecto que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones. Es una reforma constitucional, por lo cual requerimos quorum especial para su votación. Así que, a medida que vayamos avanzando en ella, serán requeridos para presentarse en la Sala.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Bianchi, tiene la palabra sobre la Cuenta.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, la Mesa declaró inadmisible un proyecto que hemos presentado entre varias Senadoras y Senadores, el cual tiene que ver con los abusos permanentes de las AFP y los costos que han tenido que asumir los cotizantes.
Por lo tanto, le pido a la Mesa que solicite el patrocinio del Ejecutivo. No sé si será factible o no, pero por lo menos cumplo con pedirlo, pues vamos a insistir en la línea de proyectos que apunten a hacer mucho más justa la situación de las pensiones y de las AFP.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Señor Senador, lo que usted está pidiendo es enviar un oficio.
En todo caso, nosotros tenemos una mesa de trabajo que se reúne con el Ministro Ward todos los días martes para ir revisando la "tabla de inadmisibilidades" -por ponerle un nombre- y de esa manera pedirle el patrocinio del Ejecutivo para algunos proyectos que consideramos muy relevantes.
Estamos trabajando en eso y esperamos flexibilidad de parte del Gobierno.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Iván Moreira, tiene la palabra sobre la Cuenta.

El señor MOREIRA.- Presidenta, como la Sala recién autorizó a la Comisión de Derechos Humanos para sesionar simultáneamente, solicito que recabe la unanimidad para abrir la votación del proyecto de ley sobre regulación de dieta parlamentaria. Y, si no fuera posible, pediría que por favor nos avisaran a los integrantes de dicha Comisión para venir a votar y fundamentar el voto.
Solo eso, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Lo acabo de decir, señor Senador. Pero, como se trata de un proyecto en discusión particular, no podemos abrir la votación ahora.

El señor MOREIRA.- Disculpe, Presidenta. ¡En forma transparente, le pido mil disculpas...!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¡Está siendo muy transparente esta mañana...!
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador señor Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, los miembros de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones presentamos dos proyectos de ley en relación con sendas temáticas que tratamos ayer, incluso con la Subsecretaria de Telecomunicaciones y la Archi.
Uno de ellos busca una fórmula para la suspensión del pago de derechos de uso del espacio radioeléctrico. Hoy día las radioemisoras de nuestro país están pasando un momento crítico.
Sabemos que es una iniciativa que requiere el patrocinio del Ejecutivo y, por tanto, pido que se envíe un oficio para tal efecto, lo mismo que para la otra moción, cuyo objetivo es declarar el transporte escolar como actividad esencial o parte del transporte público.

El señor PÉREZ VARELA.- ¿Son dos proyectos?

El señor CHAHUÁN.- Sí, dos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Su Señoría está pidiendo un oficio en el mismo sentido en que lo hizo el Senador Bianchi, para incorporar las dos iniciativas mencionadas en la tabla de trabajo que tenemos con el Gobierno para las mociones declaradas inadmisibles.
Por lo tanto, así se procederá.

El señor PÉREZ VARELA.- Yo me sumo a la petición, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se agrega el Senador Pérez Varela. Y también la Senadora Von Baer.
Muy bien.
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La señora PROVOSTE.- Pido la palabra.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra la Senadora Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, sobre la Cuenta y a propósito de estas jornadas de coordinación que la Mesa del Senado sostiene los días martes con el Gobierno, a través del Ministro Secretario General de la Presidencia, presente en este momento en el Hemiciclo, hace ya varios días que presentamos un proyecto para entregar certezas a las comunidades educativas en cuanto a que las pruebas estandarizadas contempladas para el 2020 no se realizarán por efectos de la pandemia.
Resulta de toda lógica que el retorno a clases de los niños y niñas que hoy no están asistiendo a sus establecimientos educacionales sea desde una perspectiva distinta y no sometidos al estrés que significan las pruebas estandarizadas.
Junto con los Senadores Montes, Quintana y Latorre presentamos una iniciativa en tal sentido, que fue declarada inadmisible y que, por tanto, pasó a la mesa de trabajo a que se ha hecho alusión. Pero transcurren los días y el Gobierno no la patrocina ni presenta otra en la misma dirección. Ojalá que el Ejecutivo no resuelva el tema cuando ya haya pasado la crisis sanitaria.
Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Vamos a preocuparnos de esa moción, Senadora Provoste.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Quiero comunicar que la Mesa recibió, a través de los medios de comunicación, una carta para poner en tabla en forma prioritaria el proyecto que limita la reelección parlamentaria.
En cuanto a este tema...

El señor NAVARRO.- ¿Cómo, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- A través de los medios recibimos una carta firmada por varias Senadoras y Senadores, dirigida a la Mesa, mediante la cual se solicita priorizar el proyecto que limita la reelección parlamentaria.
Hago presente que tal petición colisiona con un acuerdo que ya tenemos en orden a priorizar en las tablas todos los proyectos relacionados con el COVID-19.
Por lo tanto, dado que los medios están instalando muy fuertemente el tema, vamos a tener que hacernos espacio para incorporar también materias políticas.
En consecuencia, quiero comunicarles que, si de repente ustedes ven desplazados proyectos relacionados con el COVID-19, será por la insistencia que varios colegas han realizado por medio de una carta pública. De verdad, hubiese sido mejor que lo plantearan a través de los Comités, pero, bueno, así están las cosas.
Así que -repito-, si hay desplazamiento de proyectos relacionados con la pandemia, se deberá a esta insistencia de un grupo de colegas.
A continuación, vamos a entrar...

El señor NAVARRO.- ¡Señora Presidenta!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Sobre la Cuenta, señor Senador?

El señor NAVARRO.- Sí, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra.

El señor NAVARRO.- En primer lugar, la Mesa ha decidido declarar inadmisible el proyecto de ley que presentáramos junto con la colega Provoste y los Senadores Chahuán, Letelier y Pizarro, que incorpora el transporte escolar al transporte público, al igual que los taxibuses y los taxis colectivos.
Un millón de niños son los que a diario movilizan los transportes escolares, los "tíos", los "furgones amarillos", los cuales están quedando fuera de todos los beneficios o apoyos que el Gobierno brinda. De hecho, en el proyecto de ley que ha llegado ahora quedan fuera, lo mismo que los colectiveros y otros conductores del transporte público. ¡Ningún beneficio!
Por lo tanto, le solicito al Ministro Ward el patrocinio respectivo. El Gobierno debe saber que en el Senado tenemos capacidad para plantear mociones y no solo abocarnos a las iniciativas que él nos presenta.
Creo que hay una deuda del Presidente Piñera y también del señalado Ministro Ward, que viene y llega a acuerdo con algunos, en un Senado donde no hay Oposición, un Senado de rodillas.
Por último, señora Presidenta, quiero señalar que me parece absolutamente deplorable que un grupo de Senadores, aunque tenga el legítimo derecho para hacerlo, pida priorizar la iniciativa que limita la reelección -con la cual estoy completamente de acuerdo y voy a votar a favor- y sigamos postergando el proyecto de ley sobre el Sename. La Senadora Ximena Rincón me dice que está listo para ser tratado en Sala, en momentos en que los medios, los niños abusados sexualmente y la ciudadanía nos emplazan para discutir el tema.
Sin embargo, hay Senadores que en una carta piden priorizar el proyecto de la reelección, contraviniendo incluso acuerdos de Comités. ¡Hay otros intereses!
Yo voy a votar a favor; el Senador Bianchi, también. La pregunta es: ¿qué hay detrás de esa iniciativa, al punto que son capaces de postergar el proyecto de ley del Sename para evitar que sigan ocurriendo los abusos sexuales que se cometen? Ese, señora Presidenta, es un tema político, de interés político...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Vamos a terminar este debate aquí, porque hay varios proyectos por tratar.

El señor MOREIRA.- Pido la palabra, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, porque usted firmó la carta, ¿verdad?

El señor MOREIRA.- Sí.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Está bien.

El señor MOREIRA.- Me siento aludido. Por eso le pido un minuto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien. ¡Siéntase aludido no más...!
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, efectivamente, el proyecto de ley sobre el Sename está listo para ser tratado. Lo vimos ayer en Comités y sé que usted...
Yo les pediría a los colegas que me dejaran hablar, porque, cuando ellos intervienen, yo no los interrumpo.
Gracias.
Presidenta, efectivamente, ayer se vio el proyecto de ley del Sename en Comités, donde se planteó la posibilidad de tratarlo en la sesión del próximo miércoles. Yo espero que así sea, en consideración a lo que se ha estado dando a conocer en las noticias y que, por cierto, ya sabíamos en orden a los abusos y violaciones de niños y niñas en hogares de menores. Obviamente, este tema es una prioridad para todos. Sé que usted, Presidenta, también lo entiende así y, por tanto, no voy a insistir en el punto.
En cuanto a la carta, creo que sacar conclusiones sobre no querer competir respecto de quienes hemos competido toda la vida me parece muy poco honorable.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Solamente les voy a dar la palabra al Senador Moreira y al Senador Sandoval.
Al Senador Moreira, primero, porque se sintió muy aludido.

El señor SANDOVAL.- Presidenta, yo la tengo pedida desde mucho antes.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Entonces, tiene la palabra el Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias.
Presidenta, es posible que para algunas resoluciones de los Comités estos no se sientan interpretados por lo que pueda pensar eventualmente una bancada.
Me parece bueno que se produzca este debate. Comparto algunas de las expresiones del Senador Navarro respecto a la urgencia de otros proyectos. Y no tiene sentido que estemos paralizados de funcionar en otros días. Creo que ya se dio la discusión que se ha estado planteando en este minuto.
¡Ampliemos! No tiene sentido que solamente estemos sesionando el día miércoles, porque aquí podemos andar en bicicleta, escuchar música y masticar chicle. Lo podemos hacer sin ningún problema.
Pienso que eso tenemos que corregirlo, señora Presidenta, pues, efectivamente, hay leyes significativas, como aquella que aborda el tema de los menores. Lo que está pasando hoy día es verdad. Y es dramático, aberrante. No nos podemos sorprender. Hay niños no solamente abusados, sino que han muerto en manos de una institución.
Por eso, creo que hay que abrir el debate en ese sentido. Debemos abrir la discusión y normalizar el funcionamiento del Senado, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, aquí se ha dicho mucho de las personas que firmamos la carta en forma transversal. En ningún caso, por lo menos cuando yo la firmé, fue para emplazarla a usted.
Pero no me voy a quedar ahí: no vengan aquí a abusar, como que nosotros queremos reformas políticas y no hacernos cargo de los problemas de la gente.
¡Trabajemos, señores! ¡Los invito a trabajar!
Invito también a los Senadores que tienen y gozan de buena salud y que actualmente se conectan de manera telemática, a que vengan a legislar acá.
Señora Presidenta, usted tiene facultades, ¡facultades! -¡lo digo con transparencia...!-, para citar cuando usted lo estime conveniente.
Si queremos ver el proyecto del Sename, la invito, señora Presidenta, igual que a la Senadora Rincón, quien está tan preocupada por un tema tan sensible, a realizar una sesión el lunes o el martes. Pero lo que yo quiero pedir es que hoy día se vea la iniciativa que limita la reelección parlamentaria. Y, si eso no fuera posible, que quede para la tabla del día miércoles, en primer lugar.
Algunos se preguntan, con respecto a esto, qué tiene que ver el límite a la reelección. Y es que aquí algunos señores parlamentarios, a los cuales no les gusta el proyecto, quieren un traje a la medida.
¡Zanjemos, de una vez por todas, estos tres proyectos, Presidenta, para que no estemos, todos los meses y todos los años, con lo mismo!
Los tres proyectos son: el de la dieta, que vamos a votar hoy; el del límite a la reelección, y, finalmente, el de la reducción de parlamentarios.
Hagámoslo ahora, cada uno votará como estime conveniente.
Pero es muy fácil usar argumentos que no corresponden respecto de quienes creemos que es posible.
Yo no me arrepiento de haber firmado esa carta, porque lo hicimos incluso junto con personas que tienen visiones distintas, desde el Senador Latorre hasta algunos Senadores de la UDI, como los señores Sandoval y Víctor Pérez, y actuamos en conciencia. Si a algunos no les gusta, si algunos tienen rencillas, no es problema nuestro.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Yo le quiero recordar, Senador Moreira, que ayer en la mañana, en la reunión de Comités, insistí en que sesionáramos los martes y los miércoles. Usted me dijo que no daría el acuerdo, porque tenía que consultar a su bancada.
Dicho aquello, como Mesa tenemos la facultad de convocar cuando queramos.

El señor MOREIRA.- ¡Convoque nomás!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Digamos las cosas como son.


TRAMITACIÓN DE PROYECTO QUE CONCEDE UN INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- ¿Me permite, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señora Presidenta, estimadas Senadoras y estimados Senadores.
Quiero pedir autorización a usted, señora Presidenta, y a la Sala para referirme a algunos de los planteamientos que hicieron los señores Senadores no específicamente en cuanto al proyecto sobre reducción de la dieta parlamentaria.
No sé si es posible responder algunas consultas formuladas por parte de los señores parlamentarios y hacer una reflexión en torno a esa discusión antes de entrar al debate de esa iniciativa.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, señor Ministro.

El señor WARD (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Gracias, Presidenta.
Se trata de lo siguiente.
Efectivamente, como usted señaló, tenemos una conversación sobre los proyectos que presentan los parlamentarios y que necesariamente requieren el patrocinio del Ejecutivo para ser tramitados.
El Senador Navarro y otros parlamentarios -por su intermedio, señora Presidenta- hacían alusión a si al final es necesario abrir ese espacio de conversación. Más allá de que nosotros estemos físicamente acá, periódicamente se precisa abrir un espacio institucional.
Debo señalar que tienen un punto, y estamos totalmente disponibles para sostener esa conversación siempre.
Sin embargo, tengo una preocupación como Gobierno, estimados Senadores, y quiero hacerla ver. Ayer estuvimos hasta las dos de la mañana en la Cámara de Diputados tramitando y finalmente despachando, en primer trámite constitucional, el proyecto que concede un ingreso familiar de emergencia.
Dicha iniciativa -en treinta segundos-, mediante una transacción directa desde el Estado a las personas, teniendo como beneficiarios a 4,3 millones de personas (cerca de 1 millón 700 mil familias) entrega 260 mil pesos en promedio por grupo familiar. Y nos interesa, Presidenta, y esto es lo que quería plantearle muy brevemente, aprovechando su disposición, que se pueda tramitar lo antes posible.
Quiero contarle a la Honorable Sala que la Comisión de Hacienda se encuentra actualmente analizando esta iniciativa, pero tenemos una urgencia: para poder entregar este beneficio y pagarlo la última semana de mayo, necesitamos despacharla del Congreso a más tardar el día martes, a fin de publicarla, haciendo un esfuerzo importante en materia de promulgación y publicación, el día miércoles.
Lo que le voy a plantear es algo arriesgado, Presidenta, porque si hoy día no tenemos la posibilidad de ver el proyecto en la Sala, podría ser analizado el martes o el miércoles próximo y lo más probable es que vaya a tercer trámite constitucional a la Cámara, producto de que el Senado va a hacer observaciones al texto aprobado en primer trámite. Y para que se vea lo antes posible, dada la urgencia que tenemos, una alternativa es ponerlo en discusión en general, que se vote, y que vaya directamente a Comisión Mixta si el Senado lo rechaza.
Yo sé que estoy planteando algo que depende exclusivamente de la voluntad de los señores parlamentarios; pero quiero manifestar que, más allá de que sea una iniciativa del Gobierno, existe una urgencia para que el Congreso la despache antes del martes próximo o ese mismo día, de forma tal que el beneficio pueda ser pagado en mayo.
Quiero sincerar el asunto, porque se lo he planteado a algunos parlamentarios, y entiendo que puede ser objeto de conversación en reunión de Comités.
Gracias, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Señor Ministro, hemos tenido la mejor disposición de trabajar bajo las urgencias del Gobierno.
Ese proyecto es particularmente complejo, y sabemos que la Cámara de Diputados le ha hecho un conjunto de modificaciones. Hoy día la Comisión de Hacienda está trabajando en él. Se constituyó muy temprano para tramitarlo. Y, en realidad, lo que la Mesa y los Comités tendríamos que redefinir es el acuerdo de ayer en el sentido de empezar su tramitación el próximo martes acá, en el Senado.
No creo que nos dé el tiempo para digerir la profundidad de las propuestas y los cambios que nosotros estimamos importantes que se realicen. Pero quiero decir que siempre vamos a tener la disposición que hemos mostrado hasta ahora.
Tiene la palabra la Senadora Von Baer.

La señora VON BAER.- Presidenta, solo quiero decirle que lo planteado por el Ministro y lo que entiendo que probablemente va a suceder es que la Comisión de Hacienda proponga rechazar el proyecto. Entonces, para que vaya a Mixta, no es tan complejo rechazarlo. Eso sí lo podríamos hacer.
Menciono lo anterior para que se tenga a bien considerar este punto cuando se analice el asunto, cosa que el día martes podamos ver lo resuelto por la Comisión Mixta.
Ese es el planteamiento que entiendo formula el Ministro, para que lo podamos conversar con los miembros de Hacienda, que en este momento están trabajando, y ver si de aquí hasta antes del final de la sesión de hoy podemos simplemente -"simplemente" entre comillas, porque es mucho menos complejo- rechazar en general el proyecto para que vaya a Mixta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Veámoslo en el transcurso...

La señora VON BAER.- En el transcurso del día.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Veámoslo en el transcurso de la sesión y tomemos un acuerdo en Comités para ver el cambio que es necesario introducir.

El señor COLOMA.- Pero no para discutirlo ahora.

La señora VON BAER.- Exactamente, eso era lo que quería pedir, Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien, Senadora.

La señora VON BAER.- Gracias.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senadora Allende, ¿desea referirse a algún tema reglamentario?

La señora ALLENDE.- Yo ya hablé, Presidenta, después de la Cuenta, para explicar que habíamos suspendido la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senadora.
IV. ORDEN DEL DÍA



REGULACIÓN SOBRE DIETA PARLAMENTARIA Y OTRAS REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite: sesión 79ª, en 3 de diciembre de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 6ª, en 25 de marzo de 2020.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 18ª, en 29 de abril de 2020.
Discusión:
Sesión 10ª, en 31 de marzo de 2020 (se aprueba en general); sesión 18ª, en 29 de abril de 2020 (queda pendiente la discusión en particular).

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa cuenta con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en el que se consigna que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones. Todas las enmiendas efectuadas por la Comisión al texto aprobado en general fueron aprobadas por unanimidad.
Cabe reiterar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o existan indicaciones renovadas. Dichas enmiendas, referidas a los cuatro numerales que integran el artículo único de la iniciativa, requieren el voto a favor de los tres quintos de los Senadores en ejercicio, esto es, 26 votos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de la República.
Es todo, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Pido el acuerdo de la Sala para que ingrese el Subsecretario de la Segprés, señor Juan José Ossa.
Acordado.
Continuando con la tramitación en particular del proyecto, tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.


El señor PÉREZ VARELA.- Presidenta, voy a intervenir a lo mejor en el transcurso del debate de esta iniciativa. Ahora solo quiero hacer una proposición a la Sala.
Ayer rendimos el informe respectivo, que expresa con absoluta claridad que se aprobaron por unanimidad en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tres importantes materias: el ámbito de aplicación, el régimen general y, después, el régimen transitorio.
Por lo tanto, quería proponer que discutiéramos el proyecto en particular, que el debate se centrara en lo que recién mencioné y que después efectuáramos una votación, porque aquellas materias forman parte de un conjunto orgánico muy difícil de separar. Si uno elimina una norma, las otras quedan absolutamente desfasadas, y por lo tanto necesariamente debe discutirse como un todo.
En consecuencia, sugiero hacer una sola votación y que los señores Senadores se refieran al conjunto de los asuntos propuestos unánimemente por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Es una propuesta que puede favorecer el debate y ayudar a tramitar rápido la iniciativa.
Senador Harboe, tiene la palabra.

El señor HARBOE.- Gracias, Presidenta.
¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto.
Quiero, en primer lugar, referirme a este proyecto de ley porque de verdad es extremadamente complejo para un parlamento participar en un proceso, en este caso, de modificación de las remuneraciones. No es común.
Más allá de lo que se piense y de lo que se haya planteado muchas veces públicamente, el Parlamento no participa activamente en la fijación de remuneraciones, ni de las propias ni de los Ministros de Estado. Lo hago presente porque ha circulado profusamente que el Parlamento se ha fijado sus remuneraciones.
Dicho lo anterior, entonces, es clave señalar que es la propia Constitución Política la que establece, en su artículo 62, la existencia de una remuneración, de las dietas parlamentarias, en concordancia con las remuneraciones de los Ministros de Estado. Ahí está, en la Constitución Política y, por tanto, los parlamentarios, por medio de una modificación legal, no podemos hacer esas enmiendas.
¿Qué es lo que se hace entonces? Esto explica que hoy día estemos discutiendo una reforma constitucional y no una modificación legal.
Como elemento adicional a la discusión, creo que es importante hacer presente, por ejemplo, que cuando se establecen reajustes para el sector público nosotros, desde hace muchos años ya, decidimos congelar la aplicación de dicho incremento para el Parlamento, justamente para evitar que las votaciones que hagamos tengan influencia directa en eventuales aumentos de remuneraciones, aun cuando sean por vía de ajustes.
En consecuencia, creo que, tal como sostuvo el Senador Víctor Pérez, la discusión en la Comisión de Constitución, que dirige el Senador Alfonso de Urresti, fue muy ordenada en el sentido de, primero, asumir un proyecto que -se ha dicho también en los medios de comunicación- lleva seis años tramitándose.
Bueno, para ser muy honesto, de los seis años de tramitación, cinco estuvo en la Cámara de Diputados. Esta iniciativa recién llega al Senado en diciembre del año pasado y en la Comisión de Constitución, en que paralelamente estábamos viendo un conjunto de proyectos adicionales, empezamos a escuchar... (falla de audio en transmisión telemática).
Nos dimos cuenta, por ejemplo, de que si se hubiera aprobado la iniciativa que venía de la Cámara de Diputados, cerca de doce mil funcionarios públicos, incluyendo a los de la salud, podrían ver afectada su remuneración.
Es más, de aprobarse el proyecto podría haber significado una disminución en escala para cerca de 80 o 100 mil funcionarios, dado que la reducción de las remuneraciones planteadas genéricamente en el texto acordado en la Cámara de Diputados podría haber generado una afectación de escala hacia abajo, de acuerdo a la Ley de Bases.
En consecuencia, se fue generando un mecanismo para poder establecer cuál es el ámbito de aplicación, en primer lugar.
Escuchamos al Banco Central, escuchamos a la Dirección del Servicio Civil, escuchamos a abogados expertos en derecho constitucional y derecho administrativo y la solución planteada me parece bastante adecuada.
En primer lugar, en el ámbito de aplicación se mantiene que la... (falla de audio en transmisión telemática)... fijación de remuneraciones alcanzará a las autoridades políticas, léanse ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, y también a los delegados presidenciales y gobernadores regionales cuando corresponda. Y, obviamente, a los Senadores y Diputados.
El punto es que durante la discusión observamos que existía un conjunto de personas que, no estando en este tipo de cargos, recibía un ingreso que, de bajarse la remuneración de la línea, podría quedar desproporcionado.
Y nos referimos principalmente a aquellas personas que cumplen una función bajo el régimen de honorarios y pertenecen al personal de confianza, sea presidencial o ministerial.
Vimos algunos casos. Por ejemplo, en la Presidencia de la República hay personas que reciben remuneraciones, por concepto de honorarios, superiores a los 7 millones de pesos. Y en los Ministerios de Hacienda y del Interior nos encontramos con el caso de una señora que tiene educación media y gana 600 mil pesos, y de otra persona que tiene educación media y gana más de 6 millones de pesos. O sea, no hay una proporción... (falla de audio en transmisión telemática)... sus calificaciones o sus funciones.
En consecuencia, creímos que era importante incorporarlos también.
En su oportunidad se planteó en el debate, tal como dijeron algunos Senadores, la posibilidad de incorporar, por ejemplo, a directores de empresas públicas. Lamentablemente, no fue acogido en la Comisión puesto que se entraba en un régimen distinto que requiere una reflexión más profunda respecto del régimen de remuneraciones.
Dicho lo anterior, entonces, quedan incorporados también estos trabajadores a honorarios. Yo sí quiero señalar que el ámbito de aplicación me parece adecuado. No obstante, creo que en algún minuto hay que dar la discusión de una reforma al Estado y, particularmente, de la política de recursos humanos en el Estado, que es fundamental a la hora de un buen funcionamiento.
Un segundo aspecto era ver qué entidad determina.
Evidentemente, hubo consenso en que el Parlamento no puede determinar sus remuneraciones ni tampoco correspondía asumir la indicación frustrada que hizo el Gobierno, en que el Presidente de la República fijaba solo los sueldos, por decreto supremo, pero, además, excluía a los ministros.
No estuvimos de acuerdo con eso. Lo que queremos es que sea un órgano separado, distinto de la contingencia, el que fije las remuneraciones de estas altas autoridades. Y, por tanto, creamos una institucionalidad nueva, de rango constitucional, donde están representados el Banco Central -son todos exmiembros, ninguno en servicio activo para sacar la contingencia-, un ex Ministro de Hacienda, un ex Director del Servicio Civil, un ex Presidente del Senado o de la Cámara de Diputados y un ex Contralor. Es decir, se arma un equipo con gente que conoce de los temas de remuneraciones tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pero que están fuera de la contingencia y no tienen dependencia política para darles una autonomía suficiente.
Adicionalmente, se les exige que como criterio se establezca, por ejemplo... (falla de audio en transmisión telemática)... sean objetivos, fijen parámetros objetivos, evidencia objetiva para evitar situaciones que puedan ser cuestionadas. Y, adicionalmente, las decisiones y los criterios adoptados deben ser públicos, para que los ciudadanos sepan cómo o cuál es la razón por la cual tal comisión fijó dicha remuneración.
Me parece que eso habla de un sistema mucho más transparente, objetivo, que permite comparaciones internacionales y también con nuestra realidad local.
Dicho lo anterior, después señalamos: "Bueno, cómo lo hacemos de inmediato", porque si tenemos que esperar la instalación de esta comisión, que para su funcionamiento y atribuciones requiere una ley orgánica, podrían pasar tres, cuatro, cinco meses. Evidentemente, lo que se está esperando no es que la rebaja venga tres, cuatro, cinco o seis meses después, sino que ojalá sea lo antes posible.
Entonces, junto con otros Senadores, presentamos una indicación para establecer un régimen de transitoriedad, una disminución inmediata... (falla de audio en transmisión telemática).
Los argumentos esgrimidos en la discusión de la Comisión de Constitución hicieron bastante fuerza. ¿Por qué va a ser el Congreso Nacional -Diputados o Senadores, da lo mismo- el que condicione la decisión de la entidad que va a fijar las remuneraciones? ¿Por qué nosotros lo vamos a fijar? ¿Por qué el 30, no el 40, no el 50, no el 100, no el 80 o no el 20? ¿Cuál es el criterio objetivo? ¿Qué parámetro ocupamos? ¿Por qué ese guarismo y no otro? ¿Por qué el Congreso va a condicionar ex ante a la institución que tiene que fijar las remuneraciones en la rebaja de un porcentaje, que a lo mejor puede ser menos de lo que la comisión determine?
En consecuencia, se planteó, finalmente, que en el régimen de transitoriedad, para no esperar la instalación de esa comisión, se le entregue esta función al Consejo de Alta Dirección Pública y se le exija que en un plazo no mayor a treinta días, contados desde la vigencia de la ley, se establezca la rebaja de remuneraciones de ministros y de parlamentarios.
Y esto es muy importante: ministros y parlamentarios.
Mantuvimos el artículo... (falla de audio en transmisión telemática). Es decir, la remuneración de ministros y parlamentarios...

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiempo, Senador Harboe.

El señor HARBOE.- ... va a seguir siendo exactamente igual.
En consecuencia, señora Presidenta, yo voy a votar a favor de esta propuesta que hicimos en la Comisión de Constitución.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Harboe.
Tiene la palabra el Senador Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Muchas gracias, Presidenta.
Primero que nada, quiero señalar que voy a votar absolutamente a favor de este proyecto.
No obstante ello, creo que es conveniente puntualizar algunos conceptos.
¿Qué es lo que se persigue, en definitiva?
Con relación al proyecto, si bien es cierto que la Comisión ha avanzado significativamente en buscar algunos consensos y algunos puntos de encuentro, sinceramente, Presidenta, creo que se dejan de lado materias que, en mi opinión, también son relevantes.
A mi juicio, la discusión está bien si queremos transformar a los parlamentarios y a las autoridades que se señalan en la iniciativa, desde el Presidente de la República hasta aquellos que son de confianza del Ejecutivo, en este proceso de racionalización. No quiero que esto se transforme en que somos los niños símbolos del problema, en que hemos estado recibiendo por años niveles de remuneraciones que hoy día aparecen, en el diseño actual, absolutamente injustas.
Y, por ese mismo sentido, creo yo, la discusión de este punto es mucho más profunda, es de temas de desigualdad.
¿Qué hacemos nosotros con nuestro país, donde a lo largo de los años se ha ido construyendo una forma remuneratoria tan extremadamente diferenciada dentro de una misma estructura, como el propio Senador Harboe señalaba -por su intermedio- con el ejemplo que dio y que ocurre en el Ministerio del Interior? ¿Por qué? Porque el Estado ha sido el peor empleador que hemos tenido en la historia y no nos hemos hecho cargo. Y esto, que habría sido una gran oportunidad para enfrentar un proceso de racionalización, de revisión, de creación de una estructura funcionaria y remuneratoria acordes a la realidad moderna, al final no lo fue.
Se focalizó el problema en nuestra estructura, porque nos transformamos de la noche a la mañana en los niños símbolos de quienes reciben remuneraciones absolutamente injustas.
Como el concepto es más bien de desigualdad, por lo que hay que construir y avanzar en ese sentido, creo que fue un error, y lo sigue siendo -espero que se corrija-, no haber incorporado a otros sectores en este sistema; por ejemplo, al Poder Judicial, como me señala el Senador Bianchi aquí al lado, lo que comparto absolutamente.
Hablaba con algunos miembros del Poder Judicial, y me decían: "¿Sabe qué? Los magistrados de corte, en especial los ministros de la Corte Suprema, perfectamente podrían estar insertos en esta misma modalidad". Pienso que debemos incorporarlos, señora Presidenta, si queremos avanzar en una estructura salarial que abarque el problema de la desigualdad como concepto, y no en este tema extraño, de gusto político al final de cuentas.
Voy a mencionar dos casos adicionales, que me parece que también habrá que corregir.
Hablamos del Poder Judicial y de otros sectores, como las empresas del Estado. Tengo aquí el estudio que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional en ese sentido. Ahí se indica que un director ejecutivo de Codelco gana 50.530.517 pesos. Me dirán algunos: "¿Bimensuales, trimestrales?". Mensuales, ¡mensuales! ¡50 y tantos millones de pesos mensuales!
Algunos me decían: "No los podemos incluir porque esta gente requiere tales niveles de calificación que no los vamos a tener por dos chauchas". Yo no digo que debemos pagarle dos chauchas a un profesional, director o presidente de ese tipo de entidad.
Pero quiero recordar un hecho de esa misma institución, Codelco, la cual supuestamente tiene altos niveles de calificación: el 2014 el ex Director Andrés Tagle denunció pérdidas por 4.700 millones, no de pesos, de dólares, ¡de dólares!, por contratos a futuro. Básicamente, fueron operaciones -ustedes saben lo que significa- en las que se entregó cobre a un precio comprometido y fijo el 2005, sobre la base de un dólar que, en realidad, valía dos dólares más de lo transado. El ex Director denunció al Ministro de la época, Nicolás Eyzaguirre. Pero no se hizo nada, señora Presidenta. ¡Y se perdieron 4.700 millones de dólares!
El segundo hecho denunciado habla de 12 mil millones de dólares.
¿Por qué no incorporar a las empresas del Estado?
¡Para qué hablar de EFE, de Televisión Nacional! ¡Para qué hablar de ENAP! Puras empresas del Estado a las cuales se les han metido ingentes recursos y a cuyos directores se les está pagando harto. En el estudio que hizo la Biblioteca están las cifras respecto de cuánto ganan los directores de esas empresas.
No se justifica tanto recurso, señora Presidenta.
Ese es el fondo.
Le voy a pedir al Secretario, para que no se me corte la intervención, que me dé un par de minutos más, como lo hizo mi buen amigo Senador Harboe, quien estuvo hablando como ocho minutos.
¿Cuál es la idea, señora Presidenta? Avanzar, sin duda, en terminar con la desigualdad. Para ello, este proyecto necesariamente debe incorporar a esos otros actores.
Una denuncia que hizo un Diputado de la Oposición -Leonardo Soto, me parece- hablaba de que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, que atendía tres cuartos de ese territorio, ¡ganaba 700 millones de pesos mensuales!
Obviamente, algo hay que hacer para corregir esas enormes distorsiones, que son absolutamente brutales y que grafican las desigualdades. Me gustaría que pudiéramos avanzar significativamente en corregirlas.
Sin embargo, estamos perdiendo la oportunidad de modificar la estructura remuneratoria del Estado, pues se dejan afuera varios otros organismos que podrían haberse incorporado.
Señora Presidenta, el proyecto resuelve un solo problema, probablemente porque somos el símbolo de él, pero no soluciona el fondo del asunto, que es toda la estructura remuneratoria que debe tener necesariamente el Estado. Hemos perdido, desgraciadamente, una linda oportunidad para avanzar en ese sentido, haciéndonos cargo del tema.
El Estado ha sido el peor empleador. Los propios funcionarios lo han reclamado. Hay más trabajadores a honorarios y a contrata que los que indican las propias leyes. Hasta la Contraloría se ha tapado los ojos frente a ese tipo de estructura remuneratoria del Estado.
Nosotros mismos, el Congreso, ¿por qué no?
Si para algo nos ha convocado la sociedad, es para ver cómo resolvemos estos grandes problemas, estas grandes desigualdades.
Espero que en el paso siguiente de tramitación de esta iniciativa podamos avanzar en corregir esas distorsiones y tener realmente una respuesta categórica.
Dije al principio que voto absolutamente a favor del proyecto. Pero le falta mucho contenido para hacerse parte del fondo del asunto, que es cómo enfrentamos en Chile los temas de desigualdad que están afectando a nuestra sociedad.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Alfonso De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, Honorable Sala, ya se ha dado la discusión general de este proyecto.
Como Presidente de la Comisión, hago presente que estuvimos analizando esta iniciativa, la cual, de acuerdo a todos los antecedentes que nos entregaban constitucionalistas y abogados administrativistas, no estaba bien planteada. Hay una buena intención desde el punto de vista de entender que tenemos que dar una señal de austeridad y aun de colaboración a la sociedad, producto especialmente de la pandemia, de la crisis social.
Quiero también ser muy riguroso.
El proyecto llegó en diciembre pasado a la Comisión de Constitución, cuando era Presidente el Senador Felipe Harboe. Se vio en la Sala en general en ese mismo mes. Se le dio celeridad en marzo de este año, cuando me tocó asumir esa Presidencia. Hemos hecho las sesiones necesarias y contado con la concurrencia de personas que conocen de esta materia y que realizaron aportes críticamente al respecto.
Quiero agradecer al equipo de la Secretaría porque se han recogido distintas opiniones, distintos elementos para llegar a una solución definitiva.
Algunos parlamentarios preguntan por qué no se incluyó a tal o cual persona, a tal o cual institución. Nosotros vimos el punto dos lunes atrás. El Ejecutivo planteó una indicación, que tuvo que retirar después, pues no se hacía cargo del fondo del asunto. En esto tiene que haber un procedimiento. Así como criticamos que los montos son altos, no podemos establecer un criterio mediante el cual sea el Parlamento el que fije una cifra, porque en tal caso uno puede jugar hacia arriba o hacia abajo.
La Comisión estableció que un órgano permanente se hará cargo de fijar las remuneraciones en cada período. No podría ser el Presidente de la República, porque sería una situación muy equívoca. Si fuera él quien determinara los sueldos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a distintas autoridades, sería una decisión cesarista, pues se arrogaría toda la facultad para sancionar o premiar a distintos sectores.
Tiene que haber otro órgano.
Como señalamos -y en este país hay un buen consenso-, el Banco Central fija las políticas monetarias sobre la base de una serie de elementos. Ello le permite tener las finanzas ordenadas y una independencia de las políticas públicas al respecto. Nosotros hemos planteado lo mismo para este otro órgano.
Entonces, la primera medida es crear un órgano permanente de alto estándar, compuesto, entre otros, por un ex Contralor, un ex Consejero del Banco Central, un ex Director del Servicio Civil. Dicha entidad va a regular y podrá tener una visión global.
Pero seamos claros. Entiendo que la población esté en desacuerdo con nuestras remuneraciones, las que, por un conjunto de normas, se fueron incrementando. ¿Pero qué pasa con los Ministros de Estado, que tienen la misma remuneración? ¿Qué ocurre con los intendentes, con los gobernadores, con los asesores en algunos Ministerios, quienes, sin ningún concurso, ganan cifras tremendas?
Hemos fijado ahí el ámbito de aplicación: Presidente de la República, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores (los futuros delegados presidenciales y gobernadores regionales), obviamente los parlamentarios y el conjunto de personas que están a honorarios en esas instituciones. Así no tendremos el caso paradójico de que un asesor del Ministerio del Interior, con cuarto medio, pueda ganar más que el Ministro, más que otra autoridad. Entonces, hemos fijado bien el ámbito de aplicación.
También se pregunta por qué algunas instituciones sí y otras no. Estudiamos el caso del Poder Judicial, lo cual requiere una discusión, una reforma, una serie de transformaciones. Pero existe ahí una carrera funcionaria, que nosotros hemos comprendido. Conversamos no solo con el Presidente de la Corte Suprema, sino con un conjunto de directivos de los magistrados. Entendemos que ese tema debe tener un tratamiento aparte, por la carrera funcionaria que ahí opera.
Por otro lado, el proyecto, tal como venía de la Cámara de Diputados -y en este sentido es buena la reflexión del mundo periodístico, académico y de quienes siguen este debate-, implicaba que más de doce mil y tantas personas verían afectadas sus remuneraciones, gente que hoy trabaja en la salud o en servicios que no poseen ninguna relación.
El debate debe enfocarse en hacer una contribución, en dar una señal ética, para decir que no corresponde que haya altas remuneraciones, principalmente en un momento de crisis. Pero se requiere tener una visión respecto de un conjunto de sistemas que permita avanzar en esa línea.
En cuanto a las referencias que se han hecho acerca de tales o cuales contratos, hay que agregar el hecho de que, en algunos casos, la Administración del Estado contrata funcionarios a través del Código del Trabajo.
Nosotros propusimos incluir especialmente a ciertos paneles de expertos: en mercado de valores, en la Fiscalía Nacional Económica, en lo relativo a normas eléctricas. Existe una serie de instituciones en las cuales se regula esta materia. Y en algunas de ellas también hay contratos de trabajo. Por tanto, hay que tener ojo con esa vinculación.
Pero lo importante es que, a través de la creación de este ente, tendremos claramente un plazo y una visión global.
Con relación al período de transición hasta la formación de dicho órgano, se pregunta cómo hacerlo. El proyecto es claro y preciso: en treinta días -¡treinta días!- desde aprobada la ley se rebajará la dieta a los altos cargos, que son los parlamentarios, ministros y subsecretarios. Serán sesenta días para el resto de la Administración, a fin de dar una señal clara. Y esa disminución no la fijaremos nosotros, sino la Alta Dirección Pública.
Me parece que la iniciativa ha avanzado hacia el fondo del asunto de la equidad.
Otro mensaje claro y preciso, señora Presidenta, es nuestra solicitud de que los fondos que se ahorren por este concepto -no nos corresponde presentar indicación sobre ello, pero es una voluntad unánime- deben ser destinados a fines sociales, principalmente al área de la salud.
Al ahorrar en algún órgano del Estado, como pueden ser el Parlamento, las gobernaciones o tal o cual ministerio, esos recursos debieran ir a un fondo común. Nosotros creemos que es importante cuantificar la cantidad que ahorraremos. Debe haber una contribución solidaria de todo el mundo, pero principalmente de quienes tenemos una mejor remuneración. Lo importante es que dicho monto, cuantificado, vaya a un fin determinado, que signifique un reforzamiento en remuneraciones de salud, en equipamiento, en lugar de diluirse en gastos ordinarios que podrían destinarse a otros aspectos. El objetivo es que lo que se ahorre acá ingrese específicamente al concepto señalado.
Voy a votar a favor. Me parece que el proyecto avanza en zanjar una discusión. Es un mensaje de equidad, de igualdad.
Otro elemento que también me parece importante es que este tipo de regulaciones genera otras iniciativas.
Hay un debate relevante en el ámbito privado que está pendiente.
Hace una semana -y tenemos las cifras acá, en algunos documentos- conocimos las altas remuneraciones de directorios de empresas, por ejemplo, de las AFP, quienes administran los recursos previsionales de todos los trabajadores de Chile. Esos directores ganan cifras millonarias, ¡millonarias!
Les pido que, por favor, revisen lo que ocurre en el ámbito privado en materia de ingresos.
Este país debe avanzar en austeridad, en sobriedad. Hay que entender que, en tiempos de crisis, sobre todo cuando se avecina una crisis sanitaria, social y económica para los próximos meses, todos, absolutamente todos, debemos contribuir. En primer lugar el Parlamento, para dar una señal.
Por eso vamos a votar a favor. Al menos como bancada Socialista, hace tiempo hemos planteado esta medida, con nuestros Senadores, con nuestro partido y con nuestros dirigentes. Pero también debe ser una señal para el país.
La diferencia -esto es lo importante- entre el sueldo básico y la remuneración más alta de las autoridades debe establecer un rango razonable. Es bueno dar una señal en este sentido también.
Voto a favor, señora Presidenta.
Vuelvo a pedir -no se pudo incluir en el articulado porque no era materia de discusión, pero fue una solicitud unánime- que el ahorro que signifique la disminución de las remuneraciones de estas miles de personas se destine a ayuda social, especialmente en el ámbito económico. Aprovechando la presencia del Ministro Secretario General de la Presidencia -por su intermedio, señora Presidenta-, le solicito que colabore en ese sentido, para generar el compromiso del Gobierno en orden a destinar esos recursos al fin señalado. Es la contribución que hacemos en momentos de crisis al regular de mejor manera las remuneraciones y generar un ahorro.
Además, vamos a avanzar hacia una fórmula definitiva que abarque al conjunto de la Administración.
¿Qué ocurrirá con el Poder Legislativo, con las Fuerzas Armadas, con los alcaldes, con las empresas del Estado? Se abre el debate y será el momento de discutir el asunto con transparencia, sin mitos; pero, sobre todo, dando señales concretas.
Nosotros debemos ser los primeros en contribuir.
Voto a favor, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, me gustaría poder hablar el mismo tiempo asignado al Senador De Urresti, o sea, unos diez minutos, lo que está bien, porque estas materias relevantes lo ameritan.
Valoro lo que hizo la Comisión. Considero que, dadas las circunstancias que ha habido, existían pocas alternativas. Con todo, la propuesta me parece razonable. Deseo al menos manifestar esa opinión.
Sin perjuicio de ello, siento un deber de conciencia plantear lo equivocado que fue el debate en general.
Lo primero es señalar un dato histórico. En una de las pocas cosas en las que hubo acuerdo, tanto en la Constitución vigente como en todas las modificaciones posteriores, fue en el artículo 62, que establece: "Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que a éstos correspondan.".
Antes no era así. Los sueldos se fijaban por vía de la ley, lo que generaba dos problemas insolubles: por un lado, había excesos en los pagos, lo que causaba la indignación ciudadana y, por otro, existían rebajas en las rentas, que provocaba un desincentivo a la acción pública para quienes, por sí mismos, no tuvieran recursos suficientes para ello.
Lo anterior se resolvió de buena manera. Me parece que lo establecido actualmente en la norma constitucional es correcto, y se hace extensible, en general, a la Administración Pública.
A mi juicio, el debate debió haberse orientado justamente hacia esa estructura. ¿Están bien o están mal los sueldos que se pagan en la Administración Pública? Pero se planteó en función de un solo cargo. Y eso es lo que produce distorsiones, las que -insisto- son de dos tipos: unas generan diferencias enojosas por la vía de la ley y otras, desincentivo.
Señora Presidenta, al no existir el criterio actual en otros momentos de la historia, porque entonces no había cargos ministeriales, se generaron sobresueldos.
En el año 2003 una de las materias más complejas de enfrentar -usted se acordará; yo lo recuerdo- fue cómo regular un incentivo correcto para que a la Administración Pública llegara gente con buena preparación y no hubiera una forma indebida de generar dicha remuneración. Esa situación se corrigió con un sinceramiento de toda la Administración Pública.
Bueno, eso es lo que hoy está cambiando.
Me cuesta asumir y entender la lógica de establecer una especie de castigo para un sector de la Administración Pública, el que se relaciona quizás con los cargos que tienen una orientación política, y que se deje de lado al resto de los órganos públicos, señalando que ellos están en el sentido correcto.
Señora Presidenta, no puedo comprender cómo llegamos a esa lógica.
Aunque uno está ya en una situación más de despedida de los cargos de esta naturaleza, quiero reflexionar respecto a cuál es la señal que les estamos dando a quienes se van a dedicar a las funciones públicas, sean en cargos parlamentarios o ministeriales, de cualquier sector político. Es como decirles: "Miren, esto es tan ilegítimo o de tan baja ralea que, aunque hagan lo mismo que otros, tendrán una remuneración inferior. Esta función está cargada de una cierta ilegitimidad".
A mí, por lo menos, eso me genera un rechazo. No considero que aquí exista una ilegitimidad. La inmensa mayoría, al igual que en cualquier otra institución, pone un gran esfuerzo en hacer las cosas de buena manera.
Y, con todo respeto, quiero señalar que no entiendo la diferencia cuando se dice que hay un tema de carrera funcionaria respecto de otras instituciones. Y ponen el ejemplo del Poder Judicial. Yo no tengo nada contra el Poder Judicial y creo que es bueno que los jueces perciban buenas remuneraciones. Pero, por favor, un porcentaje de los miembros de la Corte Suprema no son de carrera funcionaria. Se eligen, a proposición del Presidente de la República, personas ajenas -¡ajenas!- al servicio. Y pueden ser abogados con buena reputación o con una buena actividad profesional.
Entonces, no me convence ese argumento.
Considero que aquí estamos cayendo -por el ánimo, probablemente, a que nos llevaron las redes sociales o algunos aires que decían que ellos definen lo bueno o lo malo- casi en una situación muy enojosa. Pero no siento que estemos dando un paso positivo.
Al contrario, pienso que esto al final lo vamos a lamentar como sociedad, no en lo particular, sino como señal de hacia dónde queremos conducir la Administración Pública.
¿Por qué un Ministro de Estado, en función de la enmienda propuesta, va a recibir una remuneración muy inferior a la de un miembro de cualquier administración de una empresa del Estado?
Va a haber dos categorías: "¿Usted quiere ser director de una empresa del Estado o miembro de otros Poderes que no sean políticos? Entonces va a tener una remuneración A. Pero si usted, por vocación, por ideas o porque se somete a la elección de las personas, que es harto difícil, quiere ser legislador, entonces va a obtener un menos tanto".
No entiendo la comprensión final.
Yo hubiera encontrado razonable una discusión más de fondo: "¿Sabe qué más? Toda la Administración Pública requiere un aplanamiento (ahora que estamos hablando de meseta), un cambio distinto". Y esto lo habría entendido como reflexión. Pero no comprendo este ánimo de decir "es ilegítimo, es indebido, es sospechoso que te expongas a una elección y que puedas ganar, porque anda tú a saber lo que estás buscando". O "es sospechoso ser Presidente de la República o Ministro de Estado". Es una lógica, una reflexión, una construcción con la que al final no sé exactamente qué gana Chile.
Además, es otro menoscabo en materia impositiva. Curiosamente, quienes pagan impuestos de tasa mayor pertenecen a este mismo sector.
Y respecto de la exclusividad, a diferencia de muchos países del resto del mundo, aquí la función parlamentaria es excluyente; también, la ministerial. Si desempeñas estas funciones, no puedes hacer otra cosa. En casi todas las otras naciones puedes desarrollar cualquier otra actividad; tienes que declarar la eventual incompatibilidad.
Entonces, señora Presidenta, aquí se instaló una idea y lamentablemente estamos al final de un camino. Creo que la Comisión hizo lo que pudo, dado el escenario, pero no siento que aquí se esté construyendo una mejor democracia, una mejor valoración de lo público; no siento que aquí estemos dando un paso tan positivo como se plantea.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, lo primero que quiero decir es que ojalá en esta materia pudiésemos tener una mirada mucho más integral del conjunto de la sociedad.
Yo ya lo he expresado otras veces. A mí lo que me duele es que esta es la región más desigual del mundo y nuestro país es uno de los más desiguales. Desde luego, el más desigual de toda la OCDE, a la que permanentemente hacemos referencia.
Y duele porque no hay un verdadero estado de seguridad social y no están protegidos los derechos de las personas como corresponde. Y eso lo hemos vivido dramáticamente aun en la actual pandemia.
Ahora estamos viendo este tema en específico.
Y quiero partir por señalar que considero que el trabajo que hizo la Comisión de Constitución ha sido riguroso, y bastante acelerado. Ha sido una labor que, por fortuna, ha permitido enderezar una moción, cuya buena intención entiendo, pero francamente era una moción que no tenía ningún rigor, porque ponía a todos en el mismo lugar y aplicaba una reducción del 50 por ciento, sin mayor sustento técnico, excepto por el hecho de invocar las profundas desigualdades, que todos compartimos, pero cuya aplicación incluso habría significado disminuciones para miles de miles de funcionarios públicos, incluidos los de la salud, cosa que resultaría dramática en una situación como la actual.
Y, además, la iniciativa estuvo cinco años en la Cámara de Diputados.
Después viene la indicación del Ejecutivo: peor, porque no solo mantenía la cifra de disminución, sino que también incorporaba a otras reparticiones del Estado. Y, además de lo anterior, la medida la establecía el Presidente de la República por decreto supremo, cuando a mí me parece que lo mínimo en una democracia son la separación y el respeto por los otros Poderes.
Por lo mismo, estimo que no es conveniente que nos metamos, ya que es otro tema; es una reforma al Poder Judicial, como podría ser una reforma de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera.
Pero me parece que lo que hizo el Primer Mandatario fue todavía mucho peor. Además, metió a la Contraloría, a las municipalidades, y de una manera muy inconsulta. Eso sí que fue, francamente, un accionar bastante improvisado y una mala señal.
Por lo tanto, todo lo que logra hacer la Comisión de Constitución me parece superpositivo, porque a lo menos da cuenta de que es necesario que el asunto lo tomemos muy en serio, con criterios objetivos, no con arbitrariedades, no con subjetividades, no como una respuesta inmediata al momento. Obviamente, ahora estamos viviendo una de las peores situaciones no solo en materia de salud, sino además en el ámbito económico y social. Y por eso hemos hablado tantas veces de la renta básica universal, un beneficio importante para todos aquellos que conforman por lo menos el 60 por ciento que lo requieren.
Pero en este momento el proyecto en debate es una respuesta que tenemos que dar, porque no podemos ser indiferentes a lo que está ocurriendo en el país.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la medida. Pero qué bien que se haga a través de una comisión de alto nivel, que siga ciertos criterios para establecer los montos de manera permanente y que cada cuatro años se revisen las remuneraciones. Y por supuesto que corresponde mantener vinculados, por eso es una reforma constitucional, los ingresos de los Ministros con los de los parlamentarios.
Y también es muy importante que en el intertanto -mientras no esté en aplicación el mecanismo permanente- sea el Consejo de Alta Dirección Pública el que establezca a los treinta días lo que por ahora será la remuneración de Ministros y parlamentarios. Es una señal de que no vamos a dejar dormir por años la iniciativa, sino que será aplicable ahora, en fin.
Es cierto que hubiésemos querido, y está haciendo falta, que viéramos bien la situación de las empresas públicas y de algunos sueldos de mercado. Pero también es verdad que aquí se incluyó incluso a funcionarios a honorarios, como los honorarios que existen al interior de servicios como los de Gobierno, donde efectivamente hay una enorme arbitrariedad y disparidad, sin criterios que lo justifiquen.
Entonces, yo creo que esto es importante.
Alguna vez podremos llegar también a otros niveles. Es difícil para la ciudadanía imaginarse, y más ahora, como nunca, por ejemplo, que los directores de las AFP, que administran los fondos de pensiones de todos los trabajadores, perciban ingresos tan altos, tan elevados, pero, además, que en plena pandemia se repartan los dividendos. Y no tienen la menor solidaridad y sentido ético para decir lo que corresponde.
Entonces, señora Presidenta, considero positivo que estemos dando esta señal.
Lamento profundamente que se nos diga que nosotros hemos retardado la tramitación del proyecto, cuando recién llegó a la Comisión de Constitución, instancia que lo ha analizado con la celeridad que ha demostrado y con la seriedad que corresponde; que logró consultar a casi todos los expertos, quienes dieron su opinión, según la cual correspondía operar con el criterio que se está haciendo: con una mirada de largo plazo, una mirada equitativa, una mirada de sociedad, porque, lamentablemente, como ya hemos dicho, hay enormes desigualdades en este país, las que más que nunca se ven reflejadas ahora.
Y, por cierto, el proyecto no va a solucionar estas enormes desigualdades. Es un tema que nosotros, en ese entonces como Concertación, con el Presidente Lagos y después con la Presidenta Bachelet, planteamos en reiteradas ocasiones: las enormes desigualdades que nos acompañan y la falta de una verdadera política de seguridad social.
Esta iniciativa no las va a solucionar, pero al menos se va a hacer cargo de algo importante: la señal que tenemos que dar en un momento en que más que nunca se requiere una autoridad, un gesto ético y tener conciencia de que, desgraciadamente, los más vulnerables o los trabajadores son los que están terminando por pagar la crisis que nos está afectando.
Por eso, señora Presidenta, por la labor que se ha realizado, por la forma adecuada en que se está abordando el asunto, por la proyección que la medida puede tener, independientemente de que lo podamos mejorar, incorporando a algunas empresas públicas y quizás a otros estamentos, anuncio mi voto a favor.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Señora Presidenta, nosotros muchas veces legislamos pensando en el ahora, en qué sucede en el ámbito público y político ahora. Y nos cuesta, porque al ser humano en general le cuesta, pensar en el futuro, en qué va a pasar más adelante.
Y cuando legislamos hoy respecto a este tema -y quiero agradecer la seriedad de la Comisión de Constitución, con la que se hicieron cargo de una problemática que yo considero bien compleja, pues siempre es muy difícil hablar sobre el sueldo de uno mismo- tenemos que pensar, y esa es nuestra tarea como legisladores, en la democracia y en nuestro funcionamiento como Estado no solamente ahora, respecto a nosotros mismos, sino también en el futuro.
Y desde que el sistema político democrático se inventó en los Estados modernos, tiene un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial. Y los tres Poderes del Estado deben contar, para que esto funcione bien, con el mismo poder, para que pueda actuar lo que se llama el "intercontrol de Poderes", el "check and balance".
Y para eso debe existir la misma legitimidad. El poder no se construye solo sobre el poder que las leyes entregan a cada Poder del Estado, sino también a partir de la legitimidad que esos Poderes tienen.
Por lo tanto, cuando nosotros mismos -y eso es lo que más me preocupa- deslegitimamos la tarea que realizamos, o sea, le quitamos valor a la labor que efectuamos, estamos debilitando en el tiempo al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo es muy relevante, especialmente en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque es el que le genera el control al Ejecutivo. Pero también es el que le genera control al Judicial, igual como el Judicial le genera el control al Ejecutivo y al Legislativo.
Si nosotros mismos desvalorizamos el rol que cumple el Poder Legislativo, nosotros mismos, los que fuimos electos democráticamente, estamos causándole un problema, dañando, hiriendo en el largo plazo a la democracia. Es eso lo que estamos haciendo.
Y por eso esta discusión es mucho más de fondo de lo que muchos creen. La ven como un debate de Twitter, de cómo me hago famoso en el corto plazo, pero no se dan cuenta de que en el largo plazo le están ocasionando un daño a la democracia.
Nosotros necesitamos tres Poderes del Estado que sean legítimos, cuya tarea sea reconocida como importante en la sociedad. El Legislativo desempeña una labor muy relevante, no solo para elaborar buenas leyes, sino también de control hacia los otros Poderes del Estado. Por lo tanto, cuando nosotros mismos deslegitimamos nuestra tarea, puede que nos estemos haciendo famosos un corto momento, ahora, y que nos feliciten y nos aplaudan ahora, en el corto plazo, pero ¡ojo!, ¡ojo!, le estamos haciendo un daño a la democracia en el largo plazo cuando no cuidamos nuestra tarea.
Por lo tanto, yo creo -coincido en eso con el Senador Coloma- que esta es una legislación que uno puede decir "Okay, revisemos todas las remuneraciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial -esos son los tres Poderes del Estado-, y que los tres estén equilibrados respecto a la legitimidad que les entregamos".
¿Por qué? Porque la democracia, la real, la profunda, la de largo plazo, funciona con tres Poderes del Estado que deben tener una legitimidad enraizada en la sociedad, porque cuando un Poder del Estado se debilita frente a los demás, en el corto plazo puede que el problema sea de ese Poder del Estado en particular -hoy día, del Legislativo-, pero en el largo plazo, señora Presidenta, es un problema para la democracia.
Y cuando no cuidamos nuestra democracia, a la vuelta de la esquina tenemos populismo, autoritarismo. Y cuando miramos hacia atrás, decimos: "¿Y en qué momento sucedió esto? ¿En qué momento dañamos de tal manera nuestra democracia que terminamos en un sistema populista o en un sistema autoritario? ¿En qué momento nosotros cometimos ese error?".
Mirarlo hacia atrás es muy fácil; mirarlo en el momento en que lo estamos viviendo es muy difícil. Démonos cuenta, señora Presidenta, de que entre todos los que estamos hoy acá tenemos una responsabilidad no solo con nosotros, sino con nuestros hijos y con nuestros nietos, para que puedan crecer en una democracia que sea profunda, que sea legítima. Y para eso, necesita tres Poderes del Estado que tengan legitimidad. Cuidémoslos a los tres.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Señora Presidenta, en primer lugar, me gustaría destacar la labor que realizó la Comisión de Constitución de la Corporación, porque, sin duda, este es un proyecto bastante complejo y que ha tenido comunicacionalmente bastante discusión. Yo creo que dicho órgano técnico corrigió una iniciativa que en su génesis parece una buena idea, pero al llevarla a la letra de lo que se proponía era bastante mala, pues había que corregir varios temas.
Yo quiero señalar, como lo manifesté en mi intervención pasada, que estoy de acuerdo con que aquí tenemos que revisar las remuneraciones de los parlamentarios. Pero creo que deben revisarse en su conjunto las remuneraciones del sector público, sobre todo dada la crisis económica que hoy día está viviendo el país.
En esa línea, quizás lo más prudente hubiera sido que la rebaja que se propone se hubiera generado respecto del monto de la renta y no del cargo específico, porque hay una serie de cargos en la Administración del Estado que ganan tanto o más que un Ministro de Estado o que un parlamentario y, efectivamente, no van a ver ajustadas sus remuneraciones producto de la ley en proyecto.
Yo creo que, efectivamente, se hace necesaria una mirada de carácter general a cuánto es lo que se está ganando hoy día en la Administración del Estado, porque comparto lo que han dicho varios colegas que me precedieron en la palabra: aquí no puede pensarse que las remuneraciones altas que perciben ciertas autoridades constituyen un privilegio por llegar al cargo, sino que tienen que ver más bien con el nivel de renta que se le quiere entregar, en general, a la Administración del Estado.
Y producto de la escala de sueldos, donde los techos se fijan respecto de determinadas autoridades, hay todo un sistema de encadenamiento hacia abajo en las remuneraciones. Por eso, quizás llegó el minuto de realizar una discusión respecto de cuáles son las remuneraciones que queremos.
Me hubiera gustado que dentro de este proyecto también se hubiera integrado a las empresas públicas. Mucho se ha dicho acerca de que en estas empresas deben existir sueldos competitivos. Estamos de acuerdo, pero hay que tener presente que muchos de los cargos directivos que se nombran son de confianza del Presidente de la República, y muchas veces se incorporan personas que ni siquiera poseen conocimiento respecto del área a la cual están llegando. De ahí que si uno efectivamente quiere contar con personal adecuado, debieran considerarse ciertos criterios para acceder a los cargos respectivos. Y si la remuneración va a ser acorde al mercado, ha de ser acorde con la responsabilidad que se tiene.
Creo que la fórmula que propuso la Comisión de Constitución, en el sentido de que exista un organismo externo que posea autonomía constitucional para fijar las rentas, es adecuada. La propuesta que había hecho el Gobierno, obviamente, a todas luces era bastante compleja, porque le entregaba una llave al Presidente de la República de forma tal de poder controlar en cierta manera al Congreso. Y eso, claramente, atentaba contra la separación de Poderes del Estado.
La creación de este órgano constitucional que se propone sin duda dará garantías a todos quienes van a ejercer una función pública en cuanto a que sus remuneraciones serán acordes a la responsabilidad que van a estar ejerciendo. Y me parece bien la composición que hoy día se está planteando para este órgano constitucional.
Y que en este período de transición, mientras se implementa este nuevo órgano constitucional, sea el Consejo de Alta Dirección Pública el que fije la rebaja transitoria también es una buena señal, porque es acorde con lo que hemos manifestado como Congreso, que en este tiempo de pandemia todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y, obviamente, se le entrega esta facultad a un órgano externo, de forma tal que sea un organismo independiente a los parlamentarios, a los Ministros de Estado el que fije cuánto debiera ser transitoriamente esta rebaja, para que no seamos nosotros, incumbentes al momento de tomar la decisión, quienes establezcamos cuánto tiene que ser la disminución de la dieta parlamentaria.
Señora Presidenta, termino señalando que creo que, efectivamente, hoy día tenemos que realizar una revisión completa respecto de la función del Estado, del tipo de Estado, de qué tamaño queremos que tenga, de cuáles son las funciones críticas que debe cumplir, y eso, a partir de cómo se tiene una remuneración acorde con la responsabilidad de lo que se está realizando.
Creo que, al final del día, en general el prestigio de la actividad pública no pasa necesariamente por las remuneraciones, sino por la calidad del trabajo que se desarrolla.
Sin duda, este proyecto de ley no va a resolver las desigualdades de Chile. Las desigualdades de nuestro país tienen un origen mucho más profundo. Ya lo señalaba un Senador que me precedió en el uso de la palabra. Cuando uno ve en esta tremenda crisis que los fondos de pensiones se han desplomado y nos enteramos de que hay una AFP que está repartiendo utilidades hoy día, también constatamos que estas entidades no se hacen cargo de las pérdidas y no dicen una palabra al respecto.
Las administradoras de fondos de pensiones son quizá la mayor muestra de desigualdad en nuestro país. Sus dueños se reparten las ganancias y los trabajadores, que son quienes cotizan mes a mes, tienen que socializar las pérdidas.
Cuando seamos capaces de corregir ese tipo de situaciones, creo que vamos a avanzar en una corrección real de la desigualdad existente en nuestro país.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- ¿Se escucha bien? ¿Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se escucha muy bien, Senadora.

La señora ARAVENA.- Muchas gracias.
Señora Presidenta, primero quiero hacer una breve reflexión en torno a lo que debiera entenderse por servidor público, pues uno tiende a pensar que en el servicio público tienen que primar el mérito, la virtud, el talento, las aptitudes. Eso constituye lo que podríamos denominar "meritocracia".
Es importante aclararles a quienes nos escuchan que hay más de un millón de funcionarios públicos, y que la Comisión de Constitución tenía una tarea altamente compleja, porque el proyecto que llegó al Senado era bastante incompleto, por decir lo menos.
En ese contexto, yo lamento que queden fuera el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría, las Fuerzas Armadas, los alcaldes, las empresas públicas sobremanera, las universidades públicas, entre otras entidades.
Porque, tal como lo han dicho varios de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, el proyecto en su origen tenía la misión de hacer un análisis completo de la situación remuneracional del sector público. Y cuando se analizan las cosas en forma compartimentada siempre van a quedar temas sin conversar.
Por otro lado, me parece sumamente importante aclarar -usted lo dijo denante, señora Presidenta- que viene pronto un proyecto sobre límite a las reelecciones de diversas autoridades. Nosotros estamos legislando para las generaciones que van a llegar. Y a mí sí me interesa, habiendo sido funcionaria pública veinte años, que en el sector público estén los mejores.
Y evidentemente para aquellos que han avanzado por mérito, que han estudiado y que incluso se han pagado sus propias carreras, tiene que primar el hecho de que los sueldos sean compatibles, al menos en parte, con el sector privado, porque de lo contrario, quienes alcancen altos cargos de la Administración Pública van a ser siempre personas cuya situación económica no será la del promedio de la ciudadanía.
Valoro nuevamente el trabajo de la Comisión, pues estimo que hizo lo posible.
Pero quiero ser superfranca: este es el peor momento de la historia para legislar una materia como esta. No va a cambiar un milímetro en Twitter, en Facebook o en las encuestas lo que piensa la ciudadanía respecto del Senado.
Pienso que ocurrirá todo lo contrario: un mes después de que bajemos los sueldos, seguramente será otro tema el que de nuevo nos va a tener en la palestra.
Me parece que para haber legislado seriamente, no apurados, sobre un asunto tan complejo como las remuneraciones de las nuevas generaciones que van a trabajar para el Estado de Chile debimos hacerlo con tiempo.
Yo habría preferido una rebaja no permanente para estos meses de crisis y habernos dado el tiempo, con calma, para analizar esta materia, pues creo que no incluir a todas las instancias que nombré va a generar complicaciones en el futuro.
La confianza de la ciudadanía no se recupera con rebajas de sueldos. Se mejora, tal vez, con una estructura que permita medir ciudadanamente y con transparencia nuestra gestión: asistencia a las Comisiones; proyectos presentados; trabajo territorial, en fin.
En mi opinión, independientemente de lo que hagamos, es mucho mejor que nos enfoquemos en cómo somos capaces de transparentar el enorme trabajo que hace el Parlamento para la ciudadanía, más que en obedecer al tuit o al posteo en Facebook del día, que nos dice "rebájense los sueldos", porque, a fin de cuentas, no seremos nosotros los que vamos a estar sentados en unos años más en este Senado.
Yo espero que mis hijas tengan a los mejores Senadores y Diputados que el país pueda ofrecerles a las próximas generaciones.
Con este tipo de acciones probablemente conseguiremos que no lleguen los mejores a legislar.
Igualmente voy a aprobar este proyecto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, creo que el común de las Senadoras y de los Senadores que han intervenido expresaron su apoyo al proyecto, pues está bien estructurado.
Sin embargo, también Sus Señorías han señalado una serie de otros elementos.
Me parece que hemos llegado a esta situación por una razón política de fondo: hace cinco o seis años un grupo, a través de las redes sociales, inició una campaña sistemática de desprestigio del Congreso y de los parlamentarios e instaló en la sociedad que los Senadores y los Diputados ganaban sobre 19, 20 y hasta 24 millones de pesos. ¡Instaló aquello!
El problema fue que nadie rebatió esas afirmaciones. Salían en programas de televisión, donde se expresaban estas cifras, y las distintas Mesas del Senado, hasta donde yo recuerdo -y aquí hay varios ex Presidentes de la Corporación-, nunca dijeron absolutamente nada.
Ante el silencio esa idea se fue instalando y se transformó en una realidad frente a la cual hemos tenido que reaccionar. Y, por lo tanto, el espacio político del que disponíamos era extraordinariamente feble.
El proyecto de la Cámara de Diputados era sumamente deficiente, y debimos hacernos cargo de una iniciativa no solo defectuosa, sino además completamente irresponsable para encauzar de la manera más razonable posible una situación que ya se había planteado en la sociedad y respecto de la que en su momento nada se hizo o muy poco.
Por esa razón, lo que teníamos que resolver ante la presión ciudadana, frente a la presión de los medios, era una fórmula -reitero- lo más sensata posible. Y se llegó a una que estoy seguro va a recibir el apoyo unánime de los miembros del Senado, pero que a lo mejor va a ser muy criticada por aquellos que hace cinco o seis años iniciaron un ataque formidable contra el prestigio del Congreso, contra la institucionalidad del Parlamento y de sus miembros, a través de la difusión de una serie de cuestiones absolutamente falsas y que van a generar las dificultades que el Senador Coloma expresó con total claridad.
Un profesional destacado va a querer ser director de empresa, pero no Ministro de Estado y menos parlamentario, pues se le va a decir: "Usted se va a presentar como candidato y será elegido por el pueblo; pero, por ser elegido por el pueblo, su remuneración será menor a las de otras actividades del mundo público". Y esa distorsión en algún momento de la historia, en algún momento del futuro vamos a tener que resolverla, porque generará problemas que hoy día no dimensionamos.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por lo tanto, actuó en el escenario en que estábamos viviendo, en el escenario en que era factible establecer una redacción razonable.
¿Que va a tener dificultades? Sin duda que sí. Porque al final el origen de todo esto -reitero- es un ataque despiadado a nuestra democracia, un ataque despiadado a un Poder del Estado, como el Legislativo, que no supimos enfrentar en su momento, y hoy día debemos asumir las consecuencias.
Y la mejor fórmula que el escenario político nos da son las conclusiones a que ha llegado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde -y quiero decirlo- todos y cada uno de sus miembros, incluido el Senador Insulza, quien asistió a algunas sesiones, hicimos el mejor esfuerzo para poder, razonablemente, darle un camino institucional, un camino racional a una materia fundamental para el ejercicio de las instituciones políticas.
Yo espero que el Senado apruebe unánimemente estas proposiciones, porque son el mejor camino que tenemos en el escenario político en que estamos viviendo.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, el tema de los ingresos de los parlamentarios en democracia partió con mucha fuerza en 1990, y tiene antecedentes históricos desde comienzos del siglo XX.
La Derecha se oponía completamente a la existencia de una dieta, y las actas de la época sobre el particular son reinteresantes. Y se resistía porque decía que iban a entrar personas solo por eso y no por la función pública, con argumentos exactamente contrarios a los que hoy día nos ha señalado la Senadora Ena von Baer, en los que no voy a entrar.
Fue en los sectores progresistas de la Izquierda donde se dijo que debía haber una dieta, un ingreso que permitiera a más gente cumplir este rol.
En el restablecimiento de la democracia, en 1990, se descalificaba la dieta considerándola como expresión de ilegitimidad y de abuso de los parlamentarios y de la política, etcétera. Tuvimos a dos Diputados de la época, Bombal y Orpis, que estuvieron por lo menos dos a tres años todos los días en constantes conferencias contra la dieta y señalando que había que rebajarla. Se dijeron cosas muy muy fuertes que no voy a repetir y que forman parte de la ilegitimidad que se ha mencionado acá de la política que se fue construyendo.
En ese entonces el Presidente de la Cámara de Diputados llegó a señalar que la dieta tenía que ser fuerte, porque si no, ¡los parlamentarios íbamos a robar...!
Creo que lo tocante a la dieta se ha tratado cada vez con más objetividad. Las cifras comparativas que ha dado a conocer la Biblioteca no son buenas, porque utiliza un coeficiente de paridad de poder adquisitivo que genera distorsiones, de 0,6. Si aplicáramos esa misma paridad respecto de los sueldos y de muchas otras cuestiones, en verdad, Chile estaría en una situación totalmente desproporcionada. Además, el Congreso chileno tiene una carga laboral distinta a otros parlamentos, que no está presente en las comparaciones que se hicieron, y la exclusividad del trabajo aquí se da por la vía casi de los hechos en la mayor parte de los casos.
De todas formas, a mi juicio, la ilegitimidad no surge solo de los privilegios, y en esto quiero ser muy fuerte: tiene mucho que ver con el sistema político y la pérdida de poder de la política en el mundo globalizado actual, con el debilitamiento de los sistemas políticos a nivel tanto nacional como internacional.
Creo que el debate real es sobre la desigualdad.
Los parlamentarios, además de otras cosas, somos un símbolo de abuso.
Yo estoy convencido desde siempre de que la dieta podría haber sido inferior. Presentamos en su momento varias mociones sobre el particular en la Cámara de Diputados, etcétera. Y también lo dije cuando asumí la presidencia del Senado: que era factible tener una dieta inferior, porque hay demasiado desequilibrio con el resto de la sociedad.
A mi juicio, esto no es solo para los parlamentarios ni solo para el Estado. En la sociedad se terminó haciendo normal la existencia de diferencias muy fuertes en muchos aspectos: en los ingresos; en las condiciones de vida y en numerosas otras cosas.
Soy un convencido de que lo principal, lo primero, lo básico de la desigualdad es lo cultural, es decir, los valores sociales, como que se hizo normal la existencia de este tipo de desequilibrio.
En tal sentido, pienso que este debate aporta y demuestra la importancia de asumir que aquello no es razonable y quienes estamos ejerciendo la función pública en sus distintos roles debemos dar cierto ejemplo.
Un país tan desigual no puede existir. Debemos hacer que el debate sobre nuestra dieta se vincule con la discusión sobre la sociedad que queremos, el tipo de sistema tributario, la ley sobre herencia, los paraísos fiscales, en fin.
Por último, señora Presidenta, el modelo de regulación de la dieta que nos está proponiendo la Comisión de Constitución lo encuentro bastante ponderado, sabio, y espero que se logre avanzar al respecto y se consolide. De modo que felicito a sus miembros por el trabajo realizado.
Sin embargo, creo que este es un debate más global sobre la dimensión valórica y cultural de la desigualdad. Y nosotros somos un símbolo de algo que debemos asumir y transparentar: que Chile tiene una desigualdad inaceptable.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, ¿qué hay detrás de este debate y de este proyecto de reforma constitucional? Creo que tras esto se halla la constatación, como un hecho público y notorio, de que en Chile tenemos una profunda desigualdad. Así lo dicen los organismos internacionales y así lo percibe también la gente, porque detrás del estallido social del 18 de octubre hay un reclamo de la ciudadanía por terminar con esta sociedad injusta y desigual.
Esta discusión, pues, se enmarca dentro de ello.
Cuando en la Comisión de Constitución nos hicimos cargo de este proyecto, que venía de la Cámara de Diputados, constatamos -lo saben todos los Senadores- que respondía más bien a un impulso, muy legítimo, que necesariamente había que aterrizar para hacer las cosas bien. Porque uno debe escuchar la voz de la gente, pero nuestra obligación como Senadores es efectuar las cosas de la mejor manera posible, responsablemente y fijando los márgenes de aquello que podemos realizar o no.
Entonces, nos encontramos ante la disyuntiva de atacar simplemente a toda la Administración del Estado, tomar lo que venía de la Cámara Baja y decir "bueno, okay, 50 por ciento, y vamos con ese porcentaje", y lo despachamos en un minuto; o de asumir nuestra obligación de analizar los efectos que esto va a producir en los distintos sectores de la Administración del Estado, para los cuales viene dirigido este proyecto de reforma constitucional.
Nosotros optamos por distinguir para luego adoptar una decisión.
Efectivamente, con el Poder Judicial el tema no es tan simple como para señalar: "Los ministros ganan tanto"; "Hay abogados prestigiosos que entran a este Poder desde fuera". Al contrario, ello se enmarca dentro del gran esfuerzo que ha hecho nuestro país por modernizar ese sector.
Se ha modernizado en materia procesal penal; en lo relativo al Ministerio Público; en lo tocante a los tribunales de familia y a los tribunales del trabajo. Ahora vienen los tribunales civiles. Entonces, después de todo el trabajo que se ha hecho por años, ¿nosotros en un par de sesiones vamos a decir "las remuneraciones simplemente las rebajamos", sin entrar a un estudio profundo acerca de cuáles son los efectos que eso va a producir en el proceso de modernización del Estado?
A nosotros nos pareció responsable plantear que ello debe ser motivo de otra discusión, de otro liderazgo, que en este caso le corresponde al Presidente de la República, el cual debe estimar si esto tiene que ir o no en aquella dirección.
Pensamos en las Fuerzas Armadas, señora Presidenta.
Los grandes conflictos que hemos tenido en el siglo XX están iluminados -por así decirlo- por las dificultades que hubo con respecto a las remuneraciones de ese sector. Así ocurrió en 1924, en 1969 y después.
Entonces, ¿responsablemente vamos a decir simplemente que aquí rebajamos un 50 por ciento las remuneraciones de todas las Fuerzas Armadas, sin saber realmente cuáles son los efectos que esto produce, sin un estudio acabado, sin un diálogo con todos los actores vinculados? No lo encontramos conveniente.
Por ejemplo, con relación a las empresas del Estado.
Existe un orden público económico establecido en la Constitución del 80, en virtud del cual todo va al mercado; esta es una sociedad regida por el mercado, donde también se encuentran las empresas estatales. De modo que no se puede entrar a regular solamente la remuneración de los directores de las empresas del Estado, sino que se debe definir si en el mercado van a estar aquellas empresas, esto es, cambiar el orden público económico.
Bueno, detrás de eso se halla la discusión de una nueva Constitución, en que tendremos que ver qué podrá hacer el Estado, cuáles van a ser sus límites, etcétera.
Por consiguiente, no es tan sencillo el tema.
Con respecto al sector privado, ya discutimos el punto en la reforma tributaria, donde otros parlamentarios y el Senador que habla sostuvimos que los ricos de este país no pagan impuestos personales, no pagan el impuesto global complementario, pues sacan sus platas mediante sociedades de inversión: el 1 por ciento más rico, el 10 por ciento más rico.
Señora Presidenta, en la reforma tributaria hicimos el ridículo, porque el Gobierno se ufanaba de tener en régimen 2 mil millones de dólares, y en un par de meses, por la crisis, está hablando ya de gastar 12 mil millones de dólares.
Esa reforma tributaria quedó en el pasado; no sirvió para nada. Y los más ricos no están pagando los impuestos.
Frente a ello optamos por dedicarnos a resolver el problema del sector político. Dijimos: "Aceptemos que el mundo político debe asumir esta responsabilidad". Y lo dividimos en dos partes: los electos por votación popular y aquellos de confianza del Presidente de la República. ¡Así lo hicimos! ¡Así lo consensuamos! De tal manera que este proyecto se refiere al mundo político en sus dos partes: los electos y los de designación del Presidente de la República.
El resto de la Administración del Estado tendrá que esperar un debate cuya iniciativa y liderazgo le corresponden, por los aspectos técnicos y efectos políticos que genera, al Presidente de la República y no al Parlamento. Y, por supuesto, estaremos llanos a conversar y a discutir de manera seria y racional todo lo que tenga que ver con las remuneraciones no tanto de la Administración del Estado, sino también del sector privado y de todos aquellos sectores a los cuales me he referido.
Termino, señora Presidenta, diciendo que durante el período de transición también tuvimos que tomar una decisión: o nos íbamos con un guarismo o buscábamos un mecanismo distinto. Pero esto no es un póker, en que yo digo "50" y respondo con "40". No puede ser un "tincómetro", en que primero se me ocurre 50 y luego se me ocurre 40. Hagamos las cosas bien.
Entonces, decidimos que un organismo de alto nivel, compuesto por profesionales de reconocido prestigio, con experiencia, objetivamente, desde fuera del mundo político nos dijera: "Pensamos que de acuerdo a la Administración del Estado, a los elementos técnicos, a elementos internacionales de comparación, la remuneración del sector político debe ser esto". Pero, además, dijimos que esa remuneración debe ir a la baja de lo que actualmente existe.
Hemos tratado de hacer las cosas bien, en función de lo que el país necesita, de la situación actual. Pero esto se inserta dentro de un proceso, que viene en el presente y en el futuro, respecto del Chile que queremos para combatir la desigualdad.
Por tanto, me alegro de que en la Comisión de Constitución, con ese estudio serio, hayamos llegado a este consenso. Y me alegro también de que las señoras y los señores Senadores hayan comprendido cabalmente el espíritu que nos guió al hacer este proyecto de reforma constitucional.
Y, naturalmente por eso, señora Presidenta, voy a votar a favor.
Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Juan Castro.

El señor CASTRO.- Señora Presidenta, cuando uno ve un proyecto tan importante como este, tiende a preguntarse por qué se está legislando: ¿es por la desigualdad que hoy día existe en las remuneraciones o es por la presión de las redes sociales? Y yo creo que este proyecto parte por la presión de las redes sociales.
Sin duda, pueden tener mucha razón las personas que inician el proceso de desacreditar la labor parlamentaria porque sienten que ellas no cuentan con el mismo acceso a este tipo de remuneraciones, por diferentes razones.
Entonces, uno se pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos bajando el sueldo? Y creo que no es así. Lo que estamos haciendo es buscar una forma para fijar la dieta que hoy existe, y esa es la verdad.
Nosotros solamente estamos procurando que otras personas resuelvan la dieta parlamentaria. Pero también vamos a recibir una crítica por ello, porque el propio Presidente de la República las va a nombrar, con acuerdo del Senado. Con eso nos ganaremos la segunda crítica.
Yo creo que este proyecto debe generar parámetros para ver cómo se resuelve esta dieta, cómo somos capaces de que este grupo de personas fijen realmente el monto, quizá con estándares internacionales. Nos gusta mucho compararnos con la OCDE. Y a lo mejor es un buen parámetro que los países de la OCDE tengan esos valores asemejados a nuestro país para una dieta parlamentaria.
También hay que entender que el propio Presidente del Banco Central explicó en la Cámara de Diputados y en este Senado que hay más de dos mil quinientas autoridades que reciben sueldos iguales o superiores a los de los parlamentarios.
Eso la comunidad lo debería saber. Y tal vez no lo conoce o no le interesa porque ¿qué es lo que quiere ver la comunidad? Quiere ver que la clase política pague un costo, porque la verdad es que la clase política -hay que ser justos- tiene agotada a la comunidad. ¿Y por qué la tiene agotada? Porque aquí no se le ha colocado límites a la reelección. Entonces, muchas veces uno ha visto por las redes sociales que multiplican el sueldo del parlamentario por la cantidad de años que lleva, y obviamente son cifras gigantescas, que duelen.
Pero también hay que ser justos en lo siguiente. Yo creo que las personas que ven las asignaciones parlamentarias y la transparencia en esta Corporación tendrían que haber salido en defensa de lo que significa el sueldo de un parlamentario, de un Poder del Estado, y no ha sido así. Porque hay que entender -y aquí no se ha dicho eso- que para llegar a ser Senador o Diputado hay que hacer una campaña política, y esas campañas no son gratis.
Si bien es cierto que existen recursos del Estado que benefician y devuelven los gastos de la campaña, todos sabemos -no podemos hacernos los locos acá- que son insuficientes. Y yo estoy seguro de que todos los Senadores y Diputados que están en este Congreso gastan a lo menos la mitad de su periodo solamente en recursos para ser elegidos, y esa es una realidad que la comunidad no valora, no suma. Pero sabemos que eso es lo que se gasta.
Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? Seguramente muchos le estiran la mano a las empresas, y eso es lo que hay que evitar: que la política se ensucie con el dinero, con las empresas, porque lo que queremos hoy día es tener políticos transparentes, sinceros y que trabajen de verdad por el bien del país.
Este es un proyecto que es mucho más amplio que lo que nosotros mismos tenemos. Por eso me parece que es un inicio interesante, que está bien. Sin embargo, de verdad, pienso que involucra mucho más y que el Ejecutivo debería tomar aquí la bandera y empezar a ver cómo podemos legislar de una vez por todas por el bien de la comunidad y por terminar con la desigualdad.
La desigualdad es un tema gigantesco, que duele mucho, pero de verdad debemos ser capaces de valorar los diferentes grados de responsabilidad que les competen a las diferentes personas. Y este es un Poder del Estado que tiene una tremenda responsabilidad en buscar el bien común de todos los chilenos.
Por eso, señora Presidenta, yo creo que nadie se va a negar a revisar y a bajar estas remuneraciones, que son demasiado altas para muchos chilenos.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- ¿Se escucha?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, señor Senador.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, señora Presidenta.
No voy a hablar mucho del proyecto. Creo que es una buena iniciativa, tal como lo han expresado todos los miembros de la Comisión y la mayor parte de las señoras Senadoras y los señores Senadores que me han antecedido.
Me parece que su texto resuelve muy bien el problema de que la dieta parlamentaria se mantiene como dieta, equivalente a la de un Ministro de Estado. Al mismo tiempo, establece que el monto lo decide una comisión que fundamentalmente operará con criterios técnicos, que conoce cómo funciona el Estado; y permite eliminar este debate absurdo de los guarismos, que estaba enredando bastante.
Se trata de que la remuneración se fije temporalmente, por un órgano también técnico, dentro de un mes.
Por lo tanto, no me voy a alargar mucho sobre esto, señora Presidenta. Me quiero referir, más bien, a una situación extraña que se produce.
A mí por lo menos siempre me ha parecido extraño que cada vez que se habla de rebaja de dietas nadie se refiera a las de los Ministros de Estado. ¡No! "¡Las dietas parlamentarias!, ¡las dietas parlamentarias!", repiten todos.
Si nos fijamos, el Presidente de la República en un día gana más de lo que cualquier parlamentario gana en un mes. Y, sin embargo, nadie pide que se rebaje su sueldo. Tampoco hay ninguna exigencia urgente de que les bajen el sueldo a los Ministros o a los Subsecretarios. ¡No! ¡A los parlamentarios!
Y eso tiene que ver, claro -lo ha dicho algún Senador por acá-, con el desprestigio de la política, porque nosotros, querámoslo o no, somos los políticos. Los Ministros son personas que actúan en una serie de cosas y producen resultados tangibles. El Presidente de la República ni hablar, los alcaldes también.
Nosotros somos los políticos, los "señores políticos", como los llamó algún general que no creía en absoluto en la democracia, por cierto. Y, como tales, ciertamente enfrentamos mucho más fuerte el desprestigio de la política. Fíjense ustedes que ni siquiera las señoras Senadoras son calificadas como políticas. Parece que no existe el género cuando se habla de los políticos. Nadie dice "los políticos y las políticas".
Ese es el nivel de desprestigio al que hemos llegado. ¿Y quiénes son los principales autores de eso? Yo creo que nosotros mismos. Bueno, por cierto en un clima malo que efectivamente está en contra de la política, todo lo que se quiera, pero nosotros mismos estuvimos discutiendo durante un buen rato esta mañana -supongo que alguien estaba mirando, ojalá que no- cuáles eran los próximos proyectos antipolíticos que íbamos a debatir: la reducción de las reelecciones; el problema de las dietas, que estamos analizando ahora; la rebaja, probablemente, del número de parlamentarios. ¡No, hay muchos Diputados, hay muchos Senadores! Me recuerda cuando alguien del Gobierno militar me sostenía que era más democrático ese régimen porque tenía más miembros en las Comisiones Legislativas que los parlamentarios que había.
Yo creo que nosotros hacemos un gran esfuerzo por desprestigiar la política, porque nos hemos convertido, como lo dijo muy bien un colega, que no voy a nombrar, en 43 empresas individuales de autopromoción. Trabajamos diariamente para que nos vean, para que nuestros electores digan: "Ay, qué bien lo que dijo el Senador"; "qué bueno lo que dijo la Senadora", y no nos importa si sacamos cinco proyectos o uno en cada sesión.
Porque además no hemos podido llegar a aquello que es tan fundamental en la política de otros países que tienen políticos profesionales también: sentirnos representantes de las personas y no autoridades; considerar que debemos estar permanentemente en contacto con la gente, que necesitamos saber lo que la gente quiere, etcétera; y, sobre todo, llevar una vida sobria.
¿Queremos cambiar este tema? Modifiquemos nuestras prácticas. Hagámonos cargo de nuestras propias responsabilidades. Esto no es pura culpa del ambiente ni de la desigualdad; también es culpa o responsabilidad de quienes ejercemos la función política, sin preguntarnos nunca, a mi juicio, cómo la podemos ejercer mejor y más al servicio de la gente.
Voy a votar a favor, Presidenta, porque es lógico. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dijo la Senadora Aravena: al día siguiente todos van a estar pensando lo mismo de los políticos.
Eso no va a cambiar mientras no mejore primero lo que estamos haciendo por la gente; mientras la economía del país no mejore; mientras no mejoren también los temas de la desigualdad. Pero también mientras nosotros no continuemos dando el espectáculo que a cada rato damos por las redes sociales y por la televisión acerca de lo que hacen los políticos, que es abrir hoyos en el aire con el dedo, sin entregarle a la gente lo que quiere recibir.
Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.- Señora Presidenta, finalmente, hoy nos corresponde votar en particular esta materia que ha provocado tanto daño en la imagen y percepción ciudadana del trabajo parlamentario.
Es necesario reflexionar sobre el origen de este proyecto de ley. Se trataba de rebajar, de manera demagógica, el monto de las dietas de los parlamentarios, y para ello no se escatimaron esfuerzos en fijar altos porcentajes de rebaja, alejados de todo criterio técnico y solo en base a cifras o guarismos que pudiesen causar impacto en la opinión pública. Y como este era el sentido del proyecto, los culpables o sujetos de sospecha -o sea, nosotros, los parlamentarios- debíamos rebajar las dietas, de forma inmediata e incluso, en criterio de algunos, retroactiva.
En el debate de la norma han surgido algunos aspectos del servicio público sobre los cuales también es necesario reflexionar. No es sano para nuestra democracia que el Poder Legislativo sea permanentemente atacado y cuestionado en su institucionalidad. Los parlamentarios, Senadores y Diputados, los de antes, los de ahora y los futuros, con independencia de su sector político, merecemos respeto y una actitud contraria socava uno de los cimientos de nuestra democracia.
Hoy se crea un consejo para fijar las dietas parlamentarias, el cual es ajeno al Poder Legislativo. Cabría preguntar cuánto afectará este mecanismo a la independencia del Poder Legislativo y por qué quienes hemos sido elegidos democráticamente debemos suponer que nuestros actos o resoluciones no son realizados de forma transparente y de cara a la ciudadanía.
Es lamentable que, en el marco de esta ley, no se haya considerado a todas las autoridades de los tres Poderes del Estado.
Anuncio mi voto favorable a este proyecto, pero es importante señalar que durante el período de indicaciones he planteado que la rebaja de dietas y remuneraciones debería considerar a todas las autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos públicos que cuentan con autonomía o de entidades y empresas públicas en las cuales el Estado tenga participación.
Asimismo, en el sector público de nuestro país, centralizado o descentralizado, nadie puede ganar más que el Presidente de la República, pues debe existir una relación entre el ingreso de la máxima autoridad del Estado y el ingreso mínimo mensual.
Hoy se busca, claro está, dar una señal política, pero al mismo tiempo se generan y develan situaciones que deben corregirse, tal como es la existencia de muchos funcionarios públicos que, bajo el pretexto de ser "funcionarios de carrera" o interpretándose que su nombramiento está exento de todo criterio político, parecen estar fuera de una vocación de servicio público o adquieren una dimensión de injustificada superioridad.
Hoy, como Congreso de la República, estamos dando una señal de austeridad y eso es adecuado, sobre todo considerando los tiempos que vivimos, pero también debemos preguntarnos: ¿cómo es posible que, en este mismo Parlamento, existan varios funcionarios con ingresos superiores al del propio Presidente de la República? ¿Cómo puede ser austero un Estado en que el Presidente de Codelco gana más de cincuenta millones de pesos mensuales y el Director Ejecutivo de Televisión Nacional más del doble que el Presidente de la República, sin perjuicio de los elevados sueldos de los miembros de los directorios de estas entidades?
Esta situación nos debiera llevar a preguntarnos por qué este esfuerzo de austeridad no alcanza a todos y cada uno de los funcionarios que perciben platas públicas, bajo un solo criterio: Nadie en el sector público, centralizado o descentralizado, debe ganar más que el Presidente de la República. Y ello debe ser un principio general, sin excepciones.
Es inaceptable sostener que una alta remuneración garantiza la independencia y la imparcialidad de la función pública, como lo han sostenido miembros del Poder Judicial a través de declaraciones consignadas en distintos medios de comunicación. Se debe rescatar la vocación del funcionario público y su disposición a trabajar por el bien común, independientemente de las condiciones económicas que su cargo conlleve.
Manifiesto mi aprobación, Presidenta, a este proyecto de ley en su fase particular, con la esperanza de que, como Poder Legislativo, seamos capaces de generar una norma de real austeridad y que finalmente ella se aplique a los tres Poderes del Estado, como a los organismos públicos centralizados, descentralizados, o a las entidades y empresas en las que tenga participación el Estado de Chile.
Voto a favor, Presidenta

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, no iba a hacer uso de la palabra, pero hubo intervenciones que me interpretaron absolutamente, como la del Senador Sandoval, que hago mía, pues coincide por completo con el juicio que tengo en esta materia.
Sin embargo, me parece que a lo mejor es necesario un mayor sinceramiento, porque efectivamente hay una desconfianza en la ciudadanía que no es gratis. Y en esa desconfianza, si hay responsables, lo somos nosotros mismos, porque quienes ejercemos esta labor política hemos ayudado a incrementarla, a aumentarla.
Yo sí hubiese deseado y lamento profundamente que en este proyecto no estén los tres poderes del Estado con igual tratamiento, así como otras organizaciones y, fundamentalmente, los directores de empresas públicas.
Pero a mí lo que más me hace sentido reflexionar es el tema de las confianzas, porque, en mi caso personal, Presidenta, yo llegué al Congreso -donde estoy por cumplir dos períodos- fuera de todo pacto político; de hecho, nunca he militado en un partido político. Aun así, creo que estas instituciones son necesarias, aunque, efectivamente, hay que revitalizarlas, incrementarlas y reducir la enorme brecha que existe entre estas estructuras políticas y la ciudadanía.
Voy a votar a favor de esta rebaja de dieta, pero, claramente, no vamos a encontrar la solución con esto. Ya lo dijeron otras Senadoras y otros Senadores.
Es interesante observar, Presidenta, cuando uno habla de las confianzas, qué representamos acá, en el Senado. Porque una cosa es la rebaja de la dieta y otra es lo que uno observa que las parlamentarias y los parlamentarios representan o defienden. Hemos visto, cuando ha habido votaciones extraordinariamente relevantes, de la máxima importancia para la ciudadanía, en el día de ayer por ejemplo, que algunos colegas deben inhabilitarse porque, efectivamente, rozan con intereses en materias sensibles para la población. Y así como ese hay muchos otros ejemplos.
A algunos Senadores los conocemos públicamente por el "raspado de la olla". Entonces, claramente el desprestigio es mayúsculo y, hagamos lo que hagamos, Presidenta, vamos a seguir manteniendo la desconfianza en los políticos, que no son lo mismo que "la política", pues, en realidad, la política es necesaria: la política de educación, la política habitacional, la política de salud, la política de vivienda, la Política con mayúscula. El problema está en quienes realizamos la función política: los políticos.
Creo que este es un buen primer paso, una buena demostración, fundamentalmente por la situación especial que viven el mundo y nuestro país. Me parece de todo sentido que nosotros, no es que hagamos un gesto, ¡no!, sino que tengamos la dignidad para poder decir "mire, lo que hoy día estamos recibiendo como dieta efectivamente está muy por sobre lo que las personas, en general, perciben como promedio de renta, de sueldo". Lo considero del todo razonable.
Sí quiero aprovechar este proyecto, Presidenta, que estamos tratando el día de hoy, para decir que en algún momento debemos entrar al fondo de la discusión. Veamos quiénes somos, a quiénes representamos, qué defendemos, o qué no defendemos, o qué dejamos por defender. Me parece que ese es el motivo principal que por lo menos a mí me insta a volver a recuperar en algo las confianzas.
Porque, cuando en debates sobre, por ejemplo, las AFP, hay Senadores que defienden a ultranza a instituciones que han ido en contra de las aspiraciones de las personas, estas, sin duda alguna, ven con mucha desolación que quienes estamos acá no nos atrevemos, no tenemos la capacidad o tenemos más interés en defender a instituciones que a las personas.
Voy a aprobar el proyecto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.

El señor QUINTANA.- Presidenta, yo también creo que aquí la Comisión de Constitución logró construir algo que técnicamente es presentable, porque lo que el Ejecutivo ingresó como indicación hace algunos días no lo era en absoluto: esto de incluir solo a los parlamentarios y el Presidente de la República, dejando fuera a los ministros, como si los ministros tuvieran remuneraciones inferiores.
Entonces, pienso que la solución está bien; además, se establece un órgano externo. Me parece que lo que se ha venido planteando es algo serio y, por lo tanto, lo vamos a respaldar. Sin embargo, también concuerdo con lo que han señalado el Senador Bianchi y otros colegas. Creo que el tema es más de fondo. La rebaja de las dietas hay que hacerla y, de hecho, junto a Alfonso de Urresti, como Mesa anterior, le pedimos este informe a la Biblioteca, que todos los Senadores tienen en su poder. Y, efectivamente, las dietas, las remuneraciones en los distintos poderes del Estado en Chile, son altas, pero no, como se dijo, las más altas del mundo. Hay varios mitos que ese documento despeja.
Pero reitero: si alguien piensa que la confianza de los chilenos en las instituciones políticas va a volver, o que también va a volver el glamour a la política -como alguna vez, probablemente, lo tuvo; no sé-, por esta definición o porque se establece un límite a la reelección, no creo que la discusión vaya por ahí. Se dice "hay que oxigenar la política", pero el tema, como planteaba otro señor Senador, es qué representa cada uno de nosotros. Alguien puede haber estado treinta años en el Parlamento; el punto es si ha estado votando a favor de los grandes intereses y afirmando a las AFP, a las isapres, con los abusos que hemos conocido durante la pandemia, por cuanto eso, a mi juicio, va a seguir provocando indignación.
Entonces, siento que esta construcción, esta solución, está bien, pues, evidentemente, hay que abordar el asunto en serio, aunque creo que no estamos entrando al fondo. Me parece que esta solución es necesaria, porque Chile, que ya era desigual en el estallido, será mucho más desigual luego de esta pandemia del COVID, por toda la desaceleración, la recesión que el país está y seguirá enfrentando, con un desempleo de dos dígitos, con unos sueldos de los funcionarios de la salud tremendamente desiguales. Las altas remuneraciones del Estado no solo equivalen a treinta veces el ingreso mínimo, o más, sino que también las podemos comparar hoy día con los sueldos de los trabajadores de la salud, que ganan menos de 500 mil pesos. Por eso el Senado, unánimemente, le ha pedido al Gobierno algo más que aplausos.
Creo que todas las señales tienen que ver mucho más con esta remuneración, que desde luego hay que rebajar porque, insisto, el Chile que vamos a tener después de esta pandemia va a ser un Chile muy distinto, un país más empobrecido aún y, por lo tanto, es injusto, es ofensivo que haya remuneraciones de este tipo.
Pero eso no se puede resolver aquí. Como decía recién un colega de las bancas de enfrente, ¿qué pasa con los altos sueldos de las empresas del Estado? Este argumento de que "no, es que son sueldos de mercado" ya no corre, pues esto de que empresas paguen 100 mil dólares a un gerente ya no será posible en este nuevo escenario.
Por lo tanto, este es un primer paso y, como tal, hay que aprobarlo, pero no va a resolver todos los problemas, comenzando por el de la desconfianza en la política y en los políticos, que tiene que ver más con lo que nosotros representamos. Las inequidades, la agenda social -que nunca llegó, en medio del estallido-, van a continuar y nosotros no podemos hacer como si nada pasara, o cuestionar el plebiscito por razones económicas, ¡por favor! Si eso es así, significa que no estamos entendiendo nada y que nos vamos a quedar cortos con todas estas soluciones. ¿Estamos atendiendo lo más sensible? Sí, pero también estamos mirando un poco el populismo. Aquí los medios de comunicación también tienen que hacer su mea culpa y asumir su responsabilidad. Algunos conductores de televisión dicen: "No, es que nosotros, en los canales de televisión, somos empresas privadas". ¡No! En las empresas privadas es distinto cuando el capital principal es el espectro radioeléctrico, que es de todos los chilenos, a diferencia del agua. ¡Bueno, ahí también hay un capital público y, por lo tanto, no se puede abusar con aquello!
En cualquier caso, Presidenta, creo que esta discusión debe ir al fondo. Este es un paso importante y por eso lo respaldamos, pero aún falta mucho para realmente darle mayor dignidad a esta actividad, que todos nosotros realizamos.
Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Presidenta, sin duda, este debate, que se da en el día de hoy, para quienes somos autores de una de las mociones refundidas en el presente proyecto de ley -me remito al año 2014, cuando la planteamos-, es importante y tiene que ver con una mirada bastante más profunda que la discusión coyuntural que muchas veces escuchamos en este Hemiciclo, relacionada tal vez con una suerte de insensibilidad política que ha cruzado la profunda desigualdad que vive Chile.
En tal sentido, considero relevante hacer una distinción. Nuestra moción del 2014, al menos, no se genera a partir de lo ocurrido tras el estallido social del 18 de octubre, ni por la crisis sanitaria, la pandemia o el abandono en que hoy se encuentran numerosas familias vulnerables en nuestro país, sino que responde a la profunda convicción de que Chile requiere una forma de sociedad distinta, en donde nos movamos con otros criterios, en donde la justicia y la equidad social sean realmente valores insustituibles en nuestra relación comunitaria.
Por lo tanto, no nos parece correcto que hoy día exista una diferencia tan abismante entre los sueldos de la Administración Pública, de quienes tenemos la posibilidad de recibir remuneraciones más altas, y los que tienen sueldos más bajos.
Quiero insistir, señora Presidenta, en que esto se da frente a una suerte de insensibilidad política, que se expresa también en el momento que estamos viviendo como sociedad, en una delicada coyuntura histórica. Hay una especie de adormecimiento, de negación deliberada de la gravedad de las cosas, de la gravedad de la desigualdad en nuestro país, que se expresó con fuerza en el estallido del 18 de octubre. Y no me cabe ninguna duda de que se va a seguir manifestando, porque yo le pregunto hoy día a cualquier chileno o chilena: ¿puede superar esta crisis con un bono de 50 mil pesos, que es lo que ha entregado el Gobierno del Presidente Piñera? ¡Un bono de 50 mil pesos!
Cuando después hace un punto de prensa en La Moneda y dice que va a ayudar a los trabajadores independientes, a los informales, que son 2,7 millones de chilenos y chilenas, y le promete al país que va a enviar un proyecto por 2 mil millones de dólares, pero llega al Parlamento uno por 800 millones, eso tiene que ver con una negación deliberada de la gravedad de las cosas que están ocurriendo, algo así como un persistente prorrateo de alternativas de salida. Es como si se pensara que nada puede salirse de control, que todo es manejable, que todo este statu quo puede ser otorgado y despojado a voluntad.
Veo una fuerte propensión a la manipulación de las conciencias, al oscurantismo de la información o al claro uso de herramientas de control social a través de los medios de comunicación.
Sí, Presidenta, lo digo porque hay quienes se esconden a través de buenos titulares que dicen "queremos colocar límites a la reelección" y esconden que verdaderamente no quieren competir con un determinado candidato o candidata en su zona; esconden, a través de buenos titulares, por ejemplo el de "sala cuna universal", que quieren privatizar la educación inicial; esconden, a través de buenos titulares, como el de "protección al empleo", que quieren seguir profundizando las desigualdades de los trabajadores y trabajadoras que enfrentan mayores dificultades.
Afortunadamente, el estallido social tiene una agenda social y la fijación de un cronograma constitucional.
Yo esperaría que estas materias fueran parte de las definiciones de dicho cronograma, y que quienes salieran electos para representar y hacer una nueva Constitución fijaran los valores que anhelamos tener en nuestra democracia; valores en donde nadie ganara una diferencia, entre el que menos y el que más gana en una organización, de una determinada cantidad de veces.
Esa es la sociedad que aspiro a seguir construyendo. También aspiro a que en ese itinerario constitucional se defina cómo van a ser, por ejemplo, los límites a la reelección, pues a lo mejor quienes resulten electos podrán decir que no quieren que nadie vuelva a ser reelegido. ¿Por qué vamos a quitar, si ya sabemos que existe un cronograma constitucional fijado, con la mirada mezquina de un Congreso que es incumbente? Porque, cuando alguien dice "mire, no quiero que este caballero o esta señora se vuelva a postular porque yo no quiero competir con ellos", ¡hay incumbentes!
Yo le tengo más confianza a la decisión que tome una asamblea constituyente elegida cien por ciento por la ciudadanía, con participación paritaria, para que en esta fijación del cronograma establezcamos también nuevos y mejores valores por los que se rija nuestra democracia.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto -así lo hice en general, y así lo haré ahora en particular- por cuanto me parece fundamental que en Chile avancemos en varios ámbitos.
En primer lugar, hay una sensación generalizada de ver a la política como una actividad de privilegios y no como una actividad de servicio público. Por tanto, debemos dar una señal clara en cuanto a que, efectivamente, la política volverá a ser lo que debe ser en esencia, una actividad de servicio público, para que quienes nos desempeñamos en ella, sobre la base de nuestras convicciones, trabajemos para elevar la calidad de vida de nuestros compatriotas y generar una mejor forma de convivencia entre todas y todos.
Por eso, el tema de la dieta no es irrelevante, sino fundamental. Pero, al mismo tiempo, resulta imprescindible que quien determine su monto sea un órgano externo y no los incumbentes, quienes podemos tener interés en uno u otro sentido. De ahí que me parece que este proyecto va en la senda adecuada, porque, precisamente, radica su fijación en una entidad ajena, lo cual me parece fundamental.
Ahora, este debate debe ir relacionado con la valoración pública que la ciudadanía tiene en la labor que realiza el Congreso Nacional. Y, lamentablemente, en Chile no existe una evaluación positiva, por distintas razones. Hay una responsabilidad propia, por errores que se han cometido; muchas veces espectáculos que se dan en el debate político y que son cubiertos por los medios de comunicación generan una imagen que no se adecua a la verdadera labor que realiza el Parlamento. Pero también existen prejuicios. Y es más fácil destruir un átomo que un prejuicio.
Esta es una actividad que está en tela de juicio por parte de los ciudadanos. Por tanto, se debe realizar un doble esfuerzo: para que se tome conciencia de lo que representa la labor legislativa, y, al mismo tiempo, para evitar cometer errores que contribuyan a fortalecer una imagen muchas veces negativa.
En ese contexto, son varias las propuestas que se han planteado. Por ejemplo, la reducción del número de parlamentarios. Pero creo que eso no va en la senda adecuada porque, si atentamos contra la representatividad y la diversidad de la sociedad chilena en el Congreso Nacional, no contribuiremos a que la política desarrolle una actividad de representación que es fundamental.
Prefiero que todos los sectores políticos, todas las sensibilidades y todas las visiones del país se hallen representadas en el Parlamento, a que haya algunos que señalen que no lo están y eso genere un cuestionamiento respecto de la labor democrática y de la función que desarrolla esta institución, esencial para la democracia.
Voy a votar a favor de esta iniciativa, la cual debe sumarse a otras que son importantes para ir en la senda de la recuperación del prestigio que ha de tener esta noble actividad, aunque la principal responsabilidad se halla radicada en quienes formamos parte de este Congreso. Debemos dar el ejemplo para, precisamente, recuperar ese prestigio, imprescindible para la legitimidad de esta institución.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Manuel José Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señora Presidenta, al igual que mi compañero Elizalde, voy a votar que sí. Pero quiero hacer una pequeña reflexión.
Hablar de bajar la dieta buscando un país más igualitario, más justo y más solidario, está bien, pero, para mí, todo esto va en un contexto general. No puede ser una persecución a los malos de la película, que en este caso son los parlamentarios. Soy un convencido de que debe involucrar a todas las altas autoridades del país, inclusive el Poder Judicial, ¡a todos!, porque no veo por qué la diferencia solo sea aplicable a un parlamentario y no a un juez, o a un ministro, o al mismo Presidente de la República.
A mi juicio, también debe ir, a pesar de que a muchos no les guste, amarrado a la no reelección indefinida en los cargos parlamentarios, con efecto retroactivo, porque, o si no, sería un chiste.
He visto a mucha gente, sobre todo a Diputados del Frente Amplio, hablar bastante de las señales que se deben dar, de bajar los sueldos, las dietas, pero no quieren bajar el número de parlamentarios. Y con la mentira que se nos dijo, de que íbamos a aumentar su número pero no el gasto, la verdad es que nos encontramos con las dos cosas: se aumentó el gasto junto a la cantidad de parlamentarios.
Si bajamos las dietas, también debiéramos volver a un número más razonable de parlamentarios, para dar una verdadera señal de austeridad.
Por otro lado, presentamos un proyecto de ley, a firme ayer, para, dentro de esto, eliminar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias del artículo 66 y, vía indicación, también el Comité de Auditoría Parlamentaria del artículo 66 A, ambos de la Ley del Congreso Nacional, con el objeto de volver en el futuro a lo que teníamos antes, una fiscalía interna y, a lo mejor, la Contraloría General de la República, igual que todos los municipios y organizaciones de Chile, inclusive la Presidencia de la República. Pero no puede ser que estemos gastando más de 1.400 millones de pesos al año para fiscalizar entre 7 mil y 8 mil millones. No tiene ningún sentido: ni financiera, ni numérica, ni políticamente.
Nosotros, como Congreso, hablo del Senado y de la Cámara de Diputados, debemos tener el mismo estatus que poseen todas las organizaciones, incluso la Presidencia de la República.
Por lo tanto, me parece bien. El proyecto va en la línea correcta. Pero aquí hay mucho populismo y eslóganes, y considero que hay que tomarlo en forma general.
No me convence que digan que se debe bajar la dieta en un 50 por ciento, pero que no estén dispuestos a volver al número de parlamentarios que teníamos antes. Al final el ahorro es mínimo.
Si deseamos ahorrar, hagámoslo en serio y seamos más eficientes. Y, en el compromiso que bastantes tenemos en la Comisión de Régimen con un proceso de modernización de la gestión del Parlamento, debemos ser capaces de revisar todas las secciones y la forma como estamos trabajando. Incluso, aunque a muchos no les guste, debemos revisar el acuerdo sobre cómo funciona nuestra Biblioteca y los costos que ella irroga. Porque nos hemos concentrado con gran fuerza en las asignaciones y en la dieta de los parlamentarios y nos damos cuenta de que el grueso de la plata no se va por ahí.
Seamos justos y solidarios con nosotros; me parece bien. Pero este proceso tiene un entorno muchísimo más grande. Y habrá grandes presiones para que esto no se haga; pero por lo menos con el Senador Sandoval hemos decidido mantenernos firmes en nuestra posición de apoyar este proceso de austeridad y de modernización sobre la base de ahorrar por todos lados; no solo con lo que vende. Este proceso no se puede transformar en una caza de brujas persiguiendo a los parlamentarios como si fueran los malos de la película.
Espero que no seamos tan ciegos para ser avales de esta persecución, en circunstancias de que, a mi juicio, debemos alcanzar un acuerdo general que apunte a una austeridad completa, que no solo incluya a todas las autoridades, sino también a cómo funcionamos en forma interna.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, son escasos los cinco minutos de que dispongo. Voy a votar favorablemente el proyecto. Y también votaré favorablemente cuando se logre poner en tabla el proyecto de la no reelección con efecto retroactivo.
Respecto a esta iniciativa, con otros Senadores que nos acompañaron, el Senador Quintana, la Senadora Carolina Goic, presentamos un proyecto de reforma constitucional para estos efectos.
¿Qué puedo agregar a lo que han señalado muchos señores Senadores?
La dieta parlamentaria tiene un origen. Antiguamente, el Parlamento no tenía dieta en Chile, y participaban aquellos que tenían recursos propios. De hecho, las personas más antiguas recordarán que hasta hace poco se hablaba de legislatura ordinaria y de legislatura extraordinaria. Y estas legislaturas estaban vinculadas a los períodos de siembra o cosecha de la agricultura chilena, por cuanto los parlamentarios eran dueños de las haciendas. Entonces, cuando debían ir a cosechar o a sembrar, se iban para allá y no legislaban. Eso cambió. Y al establecerse la dieta se dio la posibilidad de que personas de otro extracto socioeconómico pudieran participar del debate legislativo en nuestro país.
En consecuencia, no está en discusión la existencia de una dieta; lo que está en debate es su monto, con relación a la sociedad chilena y por qué no, tal vez, respecto de las realidades de otros países con un grado similar de desarrollo relativo.
Para esos efectos nos parece relevante aprobar el sistema que está proponiendo la Comisión de Constitución.
Primero, saca del Parlamento la determinación directa del monto de la dieta y le pide a un organismo distinto y autónomo que la fije. Se establece una medida transitoria que da un plazo perentorio de treinta días para que sea definido por la Alta Dirección Pública.
No me cabe ninguna duda de que lo que hará la Alta Dirección Pública, a ojos de buen cubero, es rebajar la dieta parlamentaria. Y muy probablemente lo que ocurrirá cuando se constituya la comisión permanente, si así se aprueba por el Congreso, es que la redefina nuevamente. Y considero sano que saquemos la determinación de este Hemiciclo, de este Parlamento.
No escapa a mi persona, y me parece que a ninguno de los que están acá, que nosotros no somos bien valorados por la ciudadanía, como cuerpo colegiado. Tal vez individualmente tenemos adhesión, adeptos y ciudadanos que valoran nuestro trabajo. Pero en lo grueso, existe un manto de dudas sobre la forma en que opera básicamente el Estado de Chile.
El desprestigio de las instituciones no está radicado solamente en el Parlamento: está en los empresarios, en las Fuerzas Armadas, en la Iglesia, en las corporaciones. Usted nómbrelos; no se escapa nadie.
Entonces, lo que estamos haciendo es una ligera contribución, ¿a qué? A ir ordenando este debate.
Deseo terminar diciendo, porque seré muy breve, que no cambiará nuestra imagen porque se reduzca la dieta o porque aprobemos este proyecto. Pero podremos evitar que este sea el punto al cual apunten con el dedo.
Me parece muy relevante tener esta revisión de la dieta parlamentaria y de la duración de los períodos de reelección.
En lo personal, históricamente no me ha gustado la idea de limitar las reelecciones, porque considero que la ciudadanía es la que define quién desea que participe. Pero, dada la crisis que vivimos hoy, es necesario establecer esta modificación constitucional.
Si al cabo de una década, o en dos años a futuro, se decide que la reelección por más de dos períodos para los Senadores y Diputados es correcta y sana para la democracia chilena, que así sea. Pero pienso que hoy es cuando todos deben hacer un esfuerzo y este se debe hacer donde duele. Y duele en una dieta parlamentaria y en la reelección. Y la ciudadanía así lo entiende.
Por último, con relación a lo que señalaba el Senador Ossandón, efectivamente existen sectores que han expresado históricamente, desde hace bastante tiempo, que desean rebajar la dieta a los parlamentarios. Imagino que muchos de ellos lo han hecho de forma voluntaria.
Algunos señalaron que han donado parte de sus dietas. Imagino que así lo han hecho, incluso aquellos que desde el año 2014 vienen planteando esta propuesta. Y que lo han hecho anónimamente, como corresponde.
Muchos de nosotros hacemos donaciones de manera anónima. Yo solo espero que dichas donaciones, en tanto no aprobemos esto, hayan sido destinadas a instituciones de beneficencia, que estén muy lejos de la esfera de influencias y atribuciones que pueda tener la política sobre aquellos que fueron los felices donatarios de esos recursos.
Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señora Presidenta, yo valoro que hoy estemos votando en la Sala este proyecto. También valoro el trabajo que hizo la Comisión de Constitución. Considero que ayudó a limpiar y mejorar lo que venía aprobado de la Cámara Baja. Valoro que sea un órgano externo el que fije las dietas de todas las autoridades políticas, partiendo por el Presidente de la República, los ministros, los subsecretarios, los intendentes y obviamente los parlamentarios.
Deseo explicitar el único punto en que no estoy de acuerdo, y que es algo en lo que el Frente Amplio insistirá en la Cámara de Diputados, para llegar incluso a una Comisión Mixta; porque nos hemos demorado seis años en tramitar este proyecto, así que podemos esperar un par de semanas para dar la señal de hacer una rebaja inmediata.
Nosotros consideramos -y cuando digo "nosotros" me refiero al Frente Amplio- que es importante dar una señal a la ciudadanía de una rebaja inmediata a la dieta parlamentaria. Nosotros proponemos que ese 50 por ciento sea acotado al Parlamento. En esto no se requiere la autorización de un órgano externo. Puede establecerse por voluntad política de los parlamentarios.
Y, claro, hay algunos que plantean que esta iniciativa puede terminar elitizando la política. Bueno, eso depende de las propias estructuras políticas partidarias y de financiamiento para las candidaturas, en el sentido de si estas tienen patrimonio personal o el colectivo ayuda a financiar la campaña.
¿De qué manera? Por ejemplo, solicitando un crédito al banco que se devuelva por voto. Y otra manera de limitar el poder del dinero en la política es restringiendo el gasto en campañas. Hay algunas que son muy caras. Y, obviamente, aquello favorece a quienes tienen más plata o a quienes tienen más contacto con los grandes grupos económicos.
Lo que nosotros quisiéramos es que en democracia no fuera el poder del dinero el que determinara quién representa a la ciudadanía, sino que prevalecieran las ideas y que la misma ciudadanía eligiera a sus representantes populares.
Por lo tanto, nuestra propuesta, al menos desde Revolución Democrática, desde las organizaciones del Frente Amplio, es que podamos ayudar colectivamente a financiar las candidaturas, por ejemplo, a través de estos créditos, que están regulados por ley. Y que, además, sean complementados con pequeños aportes, donaciones de la ciudadanía. Pero no tener que depender o pedirle plata ni al Grupo Penta, ni a Soquimich, ni a Ponce Lerou, etcétera. Porque eso es subordinarse a los intereses de los grupos económicos.
Nosotros creemos que como parlamentarios tenemos que dar la señal hoy día de poseer un criterio de equidad, de solidaridad con el valor del salario mínimo en Chile, que es muy bajo. Y, más aún, en este contexto de precariedad, de crisis económica por la pandemia, donde mucha gente se está apretando el cinturón, reduciendo su nivel de ingreso, quedando sin empleo, sería bueno que los legisladores, que somos representantes de esa ciudadanía, diéramos la señal de bajar la dieta parlamentaria en lo inmediato.
Y eso requiere reponer ese artículo transitorio.
Por eso, en este momento, voy a dar una señal y me voy a abstener, valorando el trabajo que hizo la Comisión de Constitución para arreglar el proyecto en lo grueso, en el mediano plazo. Pero en lo inmediato, quisiéramos reponer ese artículo transitorio para bajar la dieta en este momento a la mitad, al 50 por ciento, en este contexto de crisis, como una señal del Parlamento y de los parlamentarios, no de las demás autoridades.
Me abstengo, señora Presidenta.
Gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.

El señor GALILEA.- Señora Presidenta, en este proyecto de ley creo que hemos confundido, de alguna manera, las preguntas que teníamos que responder o no hemos sabido bien qué cosas estamos respondiendo.
Porque una cosa es intentar responder a una presión del público, que simplemente dice "tienen que bajarse los sueldos los parlamentarios", y nadie más que los parlamentarios. Y que además toma como referencia datos absolutamente erróneos; porque, como bien decía el Senador Pérez hace algún rato, si uno hace una encuesta entre los chilenos, todos creen que ganamos del orden de 20 millones de pesos mensuales. ¿Por qué? Porque mezclan la dieta con las asignaciones parlamentarias.
Pero otra cosa muy distinta es señalar: "Saben, tenemos una duda teórica, que es perfectamente válida: ¿cuánto debe ganar un parlamentario, un Senador, un Diputado, en un país como Chile; y cuáles son los criterios que debe seguir esa remuneración?".
Y en esto uno puede, por supuesto, tener un montón de criterios, que pueden basarse en el número de veces el sueldo mínimo, como les gusta a algunos, donde el Senador Latorre presentó una alternativa.
Debo decir que el Senador Latorre debe decidirse; porque acaba de mencionar que tenemos que bajarnos el sueldo a la mitad, pero la indicación que presentó establece que el sueldo líquido -voy a hablar de líquido- debe ser veinte veces el sueldo mínimo, y eso daría 4 millones 800 mil pesos líquidos, lo que es bastante más que la mitad del sueldo actual.
Dicho eso, la segunda pregunta sería: ¿cuánto debe ganar un parlamentario en un país como Chile? Y en eso hay que fijar criterios.
Y tengo algunas dudas acerca de lo que resolvió la Comisión de Constitución. Valoro el trabajo, pero tengo unas aprensiones, porque fijó criterios que casi no dejan margen de acción.
Los criterios son: tomar en cuenta la escala única de sueldos de la Administración del Estado; existir un fundamento técnico; evaluar la responsabilidad del cargo, y considerar la independencia para cumplir las funciones y atribuciones encomendadas.
Entonces -y siempre voy a ocupar como dato el sueldo líquido-, nosotros estamos más o menos en 6 millones 300 mil pesos líquidos de "sueldo", "remuneración", "dieta" o como quieran llamarlo.
Si nos vamos a un director nacional de un servicio, como el MOP, resulta que recibe, más o menos, 5 millones y medio líquidos mensuales.
Entonces, acá se nos va a empezar a armar un problema, porque el Consejo de la Alta Dirección Pública tendrá que pensar. "¿Qué hago: asumo que un Senador tiene el mismo grado de responsabilidad, de atribuciones y de independencia que un director nacional de un servicio público, como puede ser el de Vialidad?". ¿Dónde lo va a colocar?
Sería raro que empezara a decir: "No, en realidad un Senador debe tener un sueldo parecido al de un seremi". ¿Por qué? Por las razones que quiera, y puede fundamentar. Pero el seremi, ¡ojo!, por ejemplo el seremi de Obras Públicas de la Región del Maule, en el período del PMG, cada tres meses, recibe un sueldo que también es de más de 5 millones de pesos líquidos.
Por lo tanto, acá el margen de acción de que va a disponer el Consejo de Alta Dirección Pública será muy escaso.
Y como no está bien claro qué estamos respondiendo, hemos metido en este proyecto de ley al Consejo de Alta Dirección Pública por primera vez (me tinca que va a durar un largo tiempo, porque hay que esperar que después se dicte una ley orgánica), que va a ser muy difícil que fije una renta que en lo más mínimo venga a satisfacer la pretensión popular y la que transmite el Frente Amplio en cuanto a bajarnos a la mitad las remuneraciones.
Por lo tanto, desde el punto de vista del público, toda la modificación constitucional que estamos aprobando hoy día no va a resolver nada; porque veo imposible que bajo los criterios de la escala única de sueldos existente en Chile, viendo los fundamentos técnicos, la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir las funciones, lleguemos ni mínimamente cerca de lo que el Frente Amplio y buena parte de la ciudadanía parecen esperar que asumamos en materia de remuneraciones.
Además, me surgen dudas. Tenemos un Consejo de Alta Dirección Pública; le encomendamos la misión de fijar una remuneración ahora, en treinta días más. Esta remuneración, para que todos lo tengamos claro, va a estar vigente, en la práctica, por los próximos cinco años. Bueno, ¿para qué estamos creando otro organismo más, metiéndole otro gasto al Estado de Chile para fijar el monto correspondiente? Personalmente, yo era partidario de que esta atribución quedara radicada de manera permanente en el Consejo de Alta Dirección Pública.
Vuelvo a decir que acá no hemos sabido establecer claramente qué queremos responder, cuál es la pregunta que queremos responder, qué es lo que queremos satisfacer: si la demanda popular para que nos bajemos el sueldo a la mitad, o señalar "no, no vamos a cumplir eso; simplemente vamos a hacer un análisis acerca de cuánto debe ganar un parlamentario en un país como Chile, asociado a todos los demás cargos públicos existentes en el país".
De más está decir que aquí no vamos a solucionar el problema de desigualdad en Chile; de más está pedir que no creemos mitos, también, a propósito de esta discusión, respecto de que los ricos no pagan impuestos y de que con la no reelección de los cargos estamos logrando sacar a rivales eventualmente incumbentes. No queremos fomentar mitos a través de esta discusión.
No estoy convencido, a pesar del gran empeño que le puso la Comisión de Constitución, de hacia dónde se avanza, porque creo que no está bien respondida la pregunta. De hecho, el solo argumento de que en la Constitución le den un mandato al Consejo de Alta Dirección Pública para que reduzca -no puede ni mantener ni menos aumentar, sino reducir- las dietas parlamentarias, aunque la escala, aunque los fundamentos técnicos, aunque todo le diga que a lo mejor estaba bien o razonablemente bien establecida la dieta parlamentaria, lo obligará a tomar una decisión contraria a los criterios que se están instituyendo.
Así que, por esta razón, señora Presidenta, me voy a abstener en este tema.
Muchas gracias.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, anuncio mi voto favorable.
No son seis años en este Senado; fueron cinco años en la Cámara de Diputados -¡cinco años!-, donde los autores del proyecto encontraron oposición.
Cinco años durante los cuales quienes han alegado que ganan o ganamos demasiado los parlamentarios -en parte, es cierto- pudieron haber donado un porcentaje de su sueldo. No sé si los autores del proyecto donaron durante estos cinco años la mitad de su sueldo, tal como lo propusieron en el proyecto de ley que hoy discutimos.
Para la coherencia, para la credibilidad, si ellos consideraban que era mucho lo que ganaban pudieron haberlo donado durante cinco años.
El Frente Amplio, que lo propuso -y el Senador Latorre que nos acompaña-, ¿donaron o no su sueldo durante los cinco años transcurridos en la Cámara de Diputados?

El señor BIANCHI.- ¡Al partido...!

El señor NAVARRO.- Entonces, uno diría que aquí hay que actuar con consecuencia.
Existe un cuestionamiento al Congreso por lo que ganan los parlamentarios. La primera vez que llegué a este Senado prometí ser Senador para terminar con la actual Constitución y tener una nueva Constitución.
También propuse, junto al Almirante Arancibia, una modificación a la dieta y a los gastos operativos, porque, al día de hoy, un Senador con 80 mil electores y otro con un millón y medio de electores ganan exactamente lo mismo. No hay diferencia, ¡no hay diferencia!
La dieta tiene que establecerse de acuerdo a algún parámetro. ¿Por qué no en referencia a la representación? Habría que tener una relación diferenciada.
¿Hay que bajar el sueldo? Sí.
Algunos están preocupados de cuánto ganamos, cuánto duramos, cuántos somos, como si fuera una enorme prioridad para la ciudadanía. ¿Y la iniciativa de ley para reformar el Sename? ¡Sigue esperando, Presidenta!
La pregunta es por qué se quiere avanzar rápidamente en esto. Sería honesto y transparente que quienes han propiciado este debate urgente dijeran si van a aprobar la Nueva Constitución o si la van a rechazar.
Les recuerdo que en un año más habrá una nueva Constitución, instancia en que se van a definir nuevos Poderes Ejecutivo y Legislativo. Y les tengo un mensaje: ¡Va a haber Parlamento unicameral en Chile! ¡Se va a terminar el Senado!
Pero hoy día quieren definir un aspecto de ello los incumbentes, los mismos que ganan el sueldo elevado, los mismos que duran lo que duran, los mismos que en número somos ahora, usurpando las funciones de una convención constituyente que va a tener plenos poderes para resolver aquello en un año más.
¡Cuál es el apuro de discutirlo ahora! ¡Cuál es el interés de usurpar, limitar, anticipar el debate de la constituyente!
La razón es que algunos creen que no va a haber nueva Constitución, como lo confesaban hace unos momentos. ¡Pero sí va a haber nueva Constitución!
Y entonces se va a discutir un Congreso unicameral. No va a importar cuánto ganan los senadores, ni cuántos son, ni cuánto duran, porque no habrá Senado, como ocurre en Alemania, Finlandia, Nueva Zelandia, Perú, Ecuador, Islandia. En los parlamentos modernos hay una sola cámara.
Por eso, esta urgencia tiene otros intereses, unos de naturaleza política.
Tenemos claramente definido quiénes cumplimos el período en el marco retroactivo. Al respecto, quiero recordar que este Parlamento negó la retroactividad para perseguir a los violadores de niños. ¡No hubo retroactividad, tratándose de violadores de niños, porque hubo Senadores que votaron en contra! Y hoy día están de acuerdo con la retroactividad en el caso de los Senadores. ¿Extraño, no? Extraño. Es un extraño criterio para entender cómo funcionan las leyes.
Señora Presidenta, este Congreso, que tiene un 3 por ciento de aprobación, ¡solo un 3 por ciento!, en verdad tiene muy pocas posibilidades de sobrevivencia en una asamblea constituyente, porque quienes están afuera quieren que discutamos la nueva ley del Sename para proteger ¡a los niños que se los están violando en este momento dentro de los centros del Sename!, o la iniciativa sobre glaciares, que las mineras no quieren que despachemos. Y al final no se debaten esos proyectos, pero sí estos otros temas.
Bien. Discutamos y despachemos rápido esta iniciativa para que nos vayamos pronto a las materias de interés económico para Chile, de protección de nuestras riquezas naturales, y también a los temas que urgen a la ciudadanía: ¡reforma al Servicio Nacional de Menores para intentar terminar con el abuso hacia los niños en los centros del Sename!
Yo voy a votar a favor, pero no puedo eludir lo que debe estar pensando cualquiera que esté viendo este debate: llega un poco tarde esta discusión. Tiene razón; pudimos haberla hecho antes.
Se ha alegado que esto no lo planteó ningún gobierno. Es cierto. No lo hizo el primer Gobierno de Piñera ni los Gobiernos de la Nueva Mayoría. Lo estamos haciendo ahora.
Solo pido coherencia: no se ve bien que los incumbentes, es decir, nosotros mismos, seamos los que fijemos cuánto ganamos, cuánto duramos y cuántos somos. ¡Eso lo determinará el pueblo! Y el pueblo preferirá -no tengo ninguna duda-, porque fue una propuesta de Salvador Allende Gossens, una asamblea del pueblo, un Congreso unicameral. Siendo Senador, Salvador Allende propuso e intentó impulsar la asamblea unicameral. Fue un visionario, como todos lo conocemos.
Solo espero que el pueblo, con sabiduría, no se deje llevar por estas voces, estos cantos de sirena que pretenden dar una señal de transparencia, en circunstancias de que en los casos de Soquimich, Penta (incluido el "raspado de la olla"), todos los involucrados fueron liberados y exonerados sin pagar siquiera con un día de cárcel, sin pagar con ningún tipo de sanción, porque el Servicio de Impuestos Internos no se querelló por el uso indebido de las platas políticas. Cuando yo publiqué la lista de las donaciones de las pesqueras, señora Presidenta, ¡me sacaron de la Vicepresidencia del Senado! ¡Me sacaron por publicar lo que estaba en el Servel! ¿Cuánto habían donado las empresas pesqueras a campañas políticas de candidatos al Senado? ¡Cientos de millones de pesos! ¡Cientos de millones!
La Senadora Rincón me dice que no recibió nada; muchos otros, lo mismo. Yo solo comuniqué lo que estaba publicado en el Servel. Y producto de esa publicación, ¡Navarro fuera de la Vicepresidencia!
Voto a favor de este proyecto.
Exijo coherencia y pido que respeten el hecho de que el pueblo defina qué pasa con este Senado. No anticipen la voluntad popular.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.- Señora Presidenta, primero, quiero sumarme a las felicitaciones por el trabajo que ha hecho la Comisión de Constitución.
Creo que este proyecto claramente tiene que combinar dos elementos que muchas veces no son fáciles de combinar: por un lado, bajar efectivamente las dietas de los parlamentarios, dejándolas acorde con lo que la ciudadanía pide hoy día, y por otro, hacerlo de forma responsable y de acuerdo a los parámetros de las mejores prácticas internacionales.
Siempre está la tentación de hacer las cosas simplemente para que parezcan bien, pero, finalmente, o no ocurren o quedan mal.
Por eso, más allá de las presiones ciudadanas y de la intensidad con que se solicita esta medida muy popular -muchos queríamos que esto se enfrentara-, yo valoro lo que ha hecho el Senado finalmente y lo que dijeron los Senadores: "Queremos enfrentar este tema de forma profunda".
Y por mucho que algunos digan: "No, treinta días es mucho", creo que no es tanto si se considera que se ha esperado seis años y que en el Senado este proyecto lleva menos de un año.
Por lo mismo, espero que lo que ocurra después lo enfrentemos con altura de miras todos los actores políticos. La ciudadanía pide que hagamos gestos concretos que reflejen mayor conexión con la realidad de la gente para recuperar la confianza; que rebajemos las dietas lo más pronto posible, y que lo hagamos en forma permanente, no transitoria.
Creo que el plazo de treinta días que el proyecto da al órgano que se crea para fijar el monto de las remuneraciones es una buena noticia. Por el contrario, sería irresponsable que se diera la señal de una baja transitoria y que después ocurriera algo distinto. Ojalá hagamos las cosas de forma permanente y definitiva. Por eso creo que treinta días es un plazo adecuado.
Dicho lo anterior, pienso que debiéramos complementar esta propuesta con otras iniciativas en temas que también generan mucho desconcierto e indignación ciudadana, como es el caso de los viáticos al extranjero, que es un gasto que no tiene ningún sentido y que provoca una genuina indignación en la gente.
El año pasado hubo viáticos al extranjero que superaron los 7 millones de pesos. Con el nivel de rentas que tenemos hoy día en el Congreso, eso no tiene ninguna justificación. Es legítimo que se pague el costo del viaje aéreo y el alojamiento, pero no corresponde que se entreguen recursos extras a los parlamentarios.
Hay una iniciativa de ley en ese sentido que está esperando ser tratada en la Comisión de Hacienda, de la cual soy autor junto con varios otros Senadores. Es un proyecto serio, responsable, que busca hacerse cargo de ese cuestionamiento de la ciudadanía.
No puedo dejar de mencionar hoy día -y se lo manifesté a la Presidenta en reunión de Comités ayer, junto a la Senadora Ximena Rincón- la importancia de priorizar lo relativo al Sename. Se ha venido haciendo un trabajo intenso en esta materia: estamos en medio del debate de la agenda de infancia, donde el proyecto que reforma al Servicio Nacional de Menores y el que establece garantías a los derechos de la niñez son prioritarios.
Sé que ello no guarda relación con la iniciativa que estamos votando, pero creo que sería muy potente para el Senado dar esa señal política: así como estamos hoy avanzando en generar mayor confianza en la ciudadanía al bajar las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos, también ojalá podamos -y le agradezco a la señora Presidenta, porque el día de ayer en Comités manifestó esa intención- priorizar el proyecto de ley que reforma al Sename, que hoy día es una urgencia nacional.
Voto a favor, señora Presidenta.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Moreira.

El señor MOREIRA.- ¡Mentir, mentir, mentir y mentir! ¡Algo queda!
La verdad es que algunos Senadores -no todos; sería injusto incluirlos a todos- mienten descaradamente, porque en el pasillo y en forma particular dan codazos, desde hace mucho tiempo, para que proyectos como el que limita las reelecciones, como el relacionado...

El señor NAVARRO.- ¡El Senador ya habló!

El señor MOREIRA.- ¡No!
Decía que dan codazos para que proyectos como el relacionado con la rebaja de las dietas o el que reduce el número de parlamentarios se demoren y se demoren.
Hablan hasta de un proyecto sobre el Sename y señalan que ahí todavía ocurren violaciones.
¡Si un señor parlamentario tiene información sobre esos hechos, tiene que ir a la Justicia inmediatamente, pues! ¡Corresponde que vaya a la justicia, pues!
Quiero recordar también que quien hace la tabla es la Mesa (la actual y la anterior); por tanto, no nos pueden decir a nosotros, quienes hemos pedido ver algunos proyectos de ley en la Sala, que estamos impidiendo tratar ciertas materias.
Y a usted, señora Presidenta, le digo que no se sienta emplazada por la carta que algunos Senadores firmamos, porque no fue esa la intención. Ahora, si se malinterpretó, yo lo lamento. Pero de verdad le digo que no se sienta emplazada.
Muchos de los Senadores que están acá, algunos participan en reuniones de Comités y en sesiones de la Comisión de Régimen Interior, intervienen en la Sala y dicen que van a aprobar este proyecto, porque no se atreven a votar en contra y ser consecuentes con lo que piensan.
Yo presenté una serie de indicaciones, pues creo que estos temas hay que zanjarlos ahora, señora Presidenta. Todo puede ser simultáneo. Podrían ser hasta de fácil despacho. Pero no lo hacen.
¡Y algunos llegan a la ridiculez de amenazar, aunque no se atreven a hacerlo de frente! Resulta que me enteré de que un parlamentario quiere presentar un proyecto de ley, como revancha, para que aquellas personas que no tienen título universitario no puedan ser senador de la república.
¡Qué demócrata más grande...!
Creo que quienes no tienen argumentos llegan a esa bajeza.
¡A esos los vamos a enfrentar con la Constitución, con la ley, aquí, en este Senado, porque para eso fuimos elegidos!
Yo lo único que pido es que se atrevan a decir las cosas, no en privado, sino en público, en el Hemiciclo. No vengan a votar a favor ahora y después en privado hasta se vuelven amenazantes por lo que uno piensa y siente.
Yo no digo que este proyecto vaya a solucionar todos los problemas de imagen de la política, pero es un avance. Lo es esta iniciativa y también la que pone límite a las reelecciones.
Por último, que sea la Sala de este Senado la que vote a favor o en contra, y lo mismo hará la Cámara de Diputados.
Pero aquí se mezclan cosas.
Yo agradezco a la Comisión de Constitución; al Senador Harboe, quien ha sido un gran inspirador de todos los proyectos sobre transparencia, y a nuestros Senadores acá: a usted, Senador Allamand, por su seriedad para enfocar este tipo de legislaciones, y al Senador Víctor Pérez, porque ha sido un hombre muy preocupado de estos temas durante muchos años.
En consecuencia, señora Presidenta, pido que votemos estos proyectos definitivamente. Una vez que lo hagamos, podremos preocuparnos simultáneamente de otras cosas.
Yo no voy a ser populista ni voy a proponer que bajemos el 50 por ciento de las dietas, porque eso es ilógico. Pero si a mí me dijeran que reduciremos entre un 20 o 30 por ciento, me parecería razonable, aunque algunos piensan distinto.
Y créame, señora Presidenta, que nos duele, porque a nadie le gusta que le rebajen el sueldo. Y nos duele porque muchos tienen hijos en las universidades, en distintos lugares, y también tienen el justo derecho a requerir esos recursos.
Por eso, señora Presidenta, ¡qué bueno que este proyecto se vote hoy día! ¡Qué bueno que quede para verse en el primer lugar de la tabla del próximo martes o miércoles, para que definamos estos temas!
¡Y le prometo, señora Presidenta, que no habrá más cartas!
Voto a favor de la rebaja.
He dicho.

El señor NAVARRO.- ¡Y esa no es una amenaza...!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Moreira.
En toda relación, lo cortés no quita lo valiente.
Enterarse por la prensa es una agresión, en mi opinión.

El señor MOREIRA.- Está bien.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor BIANCHI.- ¡Y falta la carta del Senador Sandoval...!

El señor MOREIRA.- Yo no voy a firmar la carta de Sandoval.

El señor LETELIER.- Señora Presidenta, estimados colegas, por momentos los tonos de este debate a mí me descolocan, porque creo que esta es una de las discusiones republicanas que vale mucho la pena hacer con cierta altura de miras y pensando en los próximos cuarenta años.
El Senador Navarro ha puesto un tema de contexto relevante: Chile va a vivir un proceso constituyente, el cual será soberano y tenderá a cambiar aquello que genere los acuerdos suficientes y dejará pendientes los aspectos que no susciten tal acuerdo.
Sobre el sistema político en nuestro país se discute hace muchos años.
Renovación Nacional y la Democracia Cristiana elaboraron una propuesta un par de años atrás -por lo menos algunos sectores- en la cual hablaban del sistema político. Otros han planteado un sistema semipresidencial o semiparlamentario. Se ha llamado de diferentes formas.
Me parece que esos debates son tremendamente importantes.
Dentro de las instituciones de la democracia que juegan un papel fundamental, más allá de cómo se relaciona el Ejecutivo con el Congreso, es preponderante que el Legislativo tenga representatividad. Y, sin duda, el sistema electoral es determinante para aquello. Estamos recién partiendo con un ciclo de debates y de experiencias en nuestro país a raíz del cambio del sistema electoral binominal por otro proporcional. A algunos les gusta por momentos; a otros, no. Pero a lo que tiende el nuevo sistema es a asegurar la representatividad de la diversidad, cosa que sí se logró.
En cuanto a lo que se discute hoy, relacionado con las dietas de los integrantes del Parlamento, debemos buscar un mecanismo que garantice la autonomía.
No recuerdo si fue el Senador Latorre quien recordó el gran problema que históricamente se registró en nuestro país en esta materia. Cabe precisar que fueron los de la Centroizquierda quienes pelearon por las dietas parlamentarias. En Chile se legislaba después de la cosecha y antes de la siembra. Por eso surgieron los períodos de legislatura ordinaria y extraordinaria, lo que era propio de una sociedad muy feudal, muy oligárquica.
Esa fue la historia de nuestro país durante mucho tiempo, y aún está muy arraigada.
La idea de la dieta era garantizar la autonomía de las personas que resultaran electas a través de los mecanismos representativos. Se necesita asegurar que los representantes electos no sean condicionados, en el mal sentido, por la plata, por las presiones políticas. Chile ha avanzado mucho en ello gracias a la "Ley de Lobby".
Y el mecanismo que nos propone hoy la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento me parece serio.
Algo que le ha hecho mal a la política en nuestro país durante los últimos años -y disculpen si ofendo a alguien con mis dichos- es el populismo político; o sea, hablarle a la galería, decir lo que quieren escuchar algunos, querer dar -disculpen, no quiero ofender con esto- señales. ¡Señales!
Ese no es el rol al que estamos llamados, sino a fortalecer ciertas instituciones básicas que permiten una participación democrática en la sociedad.
Yo creo que el mecanismo propuesto es bueno, es decir, que un ente externo, altamente calificado, haga una propuesta. Es decir, que no sea a raíz de lo que uno cree: "Tú, dos; más tú, cuatro", y llegamos a cualquier fórmula.
Necesitamos asegurar que haya una estructura institucional sólida, señora Presidenta.
No soy de aquellos que tienen problemas con rebajar la dieta. En la bancada del Partido Socialista, quizás erróneamente, tomamos una opción unilateral y no colectiva (me lo han representado algunos colegas), que se produjo más bien porque queremos demostrar que no tenemos problemas con el debate sustantivo, sino que queremos que se haga de buena forma.
Señora Presidenta, le pido un minuto más y termino.
A mi juicio, debemos apoyar la ley que se propone. Ella está bien encauzada y se ha hecho en forma responsable.
Hay otros temas que se ponen sobre la mesa respecto al sistema político y me parece muy bien que se discutan.
Ahora bien, solidarizo con la Presidenta porque me parece de pésima forma la carta pública que se envió. ¡Me parece pésimo! Entre nosotros, donde hay cauces institucionales para discutir, me parece pésima la forma. Lo que sí considero necesario es el debate, porque la discusión respecto de si hay o no reelección o cuánto uno cree en la voluntad popular tiene que ver con el sistema electoral.
Aquí algunos cuestionan que una colega haya sido electa con menos del 2 por ciento de los votos, gracias a que iba en una lista y fue arrastrada por un candidato que obtuvo muchos votos...

La señora PROVOSTE.- Y un colega, también.

El señor LETELIER.- Y también un colega. Lo que expresé no era para ofender a alguien.

El señor SANDOVAL.- ¡Se desvió del debate republicano...!

El señor LETELIER.- Hay otras personas que han salido electas en forma reiterada con más del 40 por ciento de los votos.
La discusión es qué ponderación se da a la proporcionalidad de los votos.
Todo eso se tendrá que ver en el próximo debate respecto del proyecto de ley pertinente.
Más allá de la forma, con la cual discrepo -que de entre nosotros se le mande una carta pública a la Presidenta, toda vez que contamos con los cauces respectivos-, llevar adelante ese debate es muy necesario. Pero hagámoslo con altura de miras.
Es evidente que en la discusión sobre la reelección lo que está crispando los ánimos es el criterio de la retroactividad, porque hay intereses creados, porque hay incumbentes de un lado y de otro. Esto tendremos que abordarlo en su momento.
En cuanto a lo que discutimos hoy, sobre la dieta parlamentaria, me parece que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha hecho una muy buena propuesta: seria, sólida, institucional.
Por eso voy a votar a favor.
Espero que los siguientes debates también los podamos realizar con altura de miras y respeto entre nosotros, y con respeto a nosotros y lo que necesitamos.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Elizalde por un tema de reglamento.

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, solicito que se pueda abrir un plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que establece el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas (boletín N° 12.917-03), que se discutirá el martes en la Comisión de Economía. Y, por tanto, estamos pidiendo, por acuerdo unánime de la Comisión, que se fije el lunes próximo, a las 18 horas, como plazo para presentar indicaciones.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para ello?
Acordado.
Las indicaciones deben presentarse en la Secretaría de la Comisión.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Está pidiendo la palabra, Senadora Órdenes? ¿Quiere participar en el debate del proyecto?
Hay dos Senadores que están pidiendo intervenir, no sé si por reglamento o para referirse a la iniciativa.
Tiene la palabra la Senadora Goic por un punto de reglamento.

La señora GOIC.- Seré breve, señora Presidenta.
En cuanto al proyecto que modifica la ley N° 20.720 con el objeto de establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores (boletín N° 12.850-07), iniciativa que votamos a favor en general en la Comisión de Adulto Mayor y pasó a la Sala, pido que vuelva a la Comisión porque, como es de artículo único, lo podemos debatir en general y en particular a la vez.
Esto tiene que ver con la posibilidad de usar la Ley de Quiebras en el caso de adultos mayores, facilitar su acceso a ella.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Habría acuerdo de la Sala para acceder a dicha solicitud?
--Así se acuerda.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Entonces, vamos a dar inicio a la votación.
Senador Víctor Pérez, tiene la palabra.

El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, reitero la proposición que hice al inicio del debate en el sentido de realizar una sola votación. El proyecto es un todo, un conjunto, que tiene tres temas distintos pero muy coordinados entre sí. Además, como no se presentaron indicaciones y nadie hizo cuestión de alguna materia en específico, propongo que se haga una sola votación de este proyecto.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Comparto el criterio, Senador Pérez.
Entonces, se haría una sola votación. No hay enmiendas, no hay indicaciones, a menos que alguien quiera presentar indicaciones a alguno de los capítulos del proyecto.
¿Hay acuerdo para realizar una sola votación?
Muy bien.

La señora PROVOSTE.- ¡Hay una votación separada, señora Presidenta!

La señora MUÑOZ (Presidenta).- No se solicitó votación separada al inicio de la sesión.

El señor COLOMA.- Exactamente. Que se abra la votación.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación particular el proyecto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a proceder a consultar por la opción de voto de las señoras y los señores Senadores que se encuentran participando de manera remota.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
Tiene que conectar el micrófono.

La señora ALLENDE.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?

La señora ARAVENA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?

El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?

El señor DE URRESTI.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?

El señor DURANA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Galilea, ¿cómo vota?
No está conectado.
Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Guillier, ¿cómo vota?
Tiene que activar el micrófono.
Ahora sí.

El señor GUILLIER.- ¿Ahora sí?
A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Harboe, ¿cómo vota?

El señor HARBOE.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?

El señor HUENCHUMILLA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Insulza, ¿cómo vota?

El señor INSULZA.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?

El señor MONTES.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?

La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?

El señor PROHENS.- A favor, Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Pugh, ¿cómo vota?

El señor PUGH.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?

El señor QUINTANA.- Voto a favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quinteros, ¿cómo vota?
Si pudiera activar el micrófono, por favor.

El señor QUINTEROS.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?

El señor SORIA.- A favor, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Van Rysselberghe, ¿cómo vota?
¿Cómo vota?

La señora VAN RYSSELBERGHE.- A favor.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Allamand, ¿usted había pedido la palabra?

El señor ALLAMAND.- Era solo para preguntar si continuaba la sesión.

La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.

--Se aprueba en particular el proyecto (41 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Latorre.

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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Por haberse cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor GUILLIER:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con la finalidad de que se sirvan tener a bien evaluar una MODIFICACIÓN A LEY Nº 18.846 PARA PERMITIR A MUNICIPIOS DESTINAR RECURSOS CAPTADOS POR ESTE CONCEPTO CON MIRAS A FINANCIAR GASTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS DERIVADOS DE CRISIS SANITARIA DE COVID-19.
De la señora RINCÓN:
A la Ministra del Trabajo y Previsión Social, enviándole NUEVA PROPUESTA, CON COSTO FISCAL CERO, PARA MEJORA INMEDIATA Y EN FORMA SUSTANTIVA DE PENSIONES DE VEJEZ DE RETIRO PROGRAMADO.
Del señor SANDOVAL:
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidiéndole informar sobre FACTIBILIDAD DE NO INCLUIR A PERSONAL DE GENDARMERÍA DEREGIÓN DE AYSÉN EN PROCEDIMIENTO DE ROTACIÓN DE GENDARMES DESDE OTRAS ZONAS DEL PAÍS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CÁRCEL DE PUENTE ALTO, DADO QUE LA REFERIDA REGIÓN HA PODIDO MANEJAR DE BUENA MANERA, HASTA AHORA, LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS.
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La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 14:08.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción