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SUSPENSIÓN DE CORTE DE SERVICIOS BÁSICOS POR NO PAGO EN VIRTUD DE CRISIS ORIGINADA POR CORONAVIRUS


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Corresponde reanudar la discusión del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el COVID-19, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (13.315-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Rincón y señores Bianchi, Girardi, Navarro y Quinteros):
En primer trámite: sesión 3ª, en 18 de marzo de 2020 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (13.417-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Provoste y señores Bianchi, Girardi, Guillier y Navarro):
En primer trámite: sesión 12ª, en 8 de abril de 2020 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (13.438-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Elizalde y Quinteros):
En primer trámite: sesión 15ª, en 15 de abril de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía (certificado): sesión 17ª, en 22 de abril de 2020.
Economía: sesión 18ª, en 29 de abril de 2020.
Discusión:
Sesión 17ª, en 22 de abril de 2020 (queda pendiente la discusión general).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los principales objetivos de esta iniciativa legal son los siguientes:
-Prohibir a las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de distribución de gas de red cortar el suministro por mora en el pago de los usuarios residenciales; hospitales; cárceles; hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; bomberos; organizaciones sin fines de lucro, y microempresas.
-Permitir a los usuarios finales el prorrateo de las deudas contraídas con empresas de servicios sanitarios, empresas y cooperativas de distribución de electricidad y empresas de gas de red.
-Permitir a los clientes de servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet solicitar al proveedor el cambio transitorio de su contrato, si se trata de clientes suscriptores, o la modificación de las condiciones de su servicio, si se trata de clientes no suscriptores o de prepago, para la aplicación de un plan básico solidario de conectividad.
La Comisión de Economía deja constancia de que, por tratarse de un proyecto de artículo único, se propone a la Sala su aprobación en general y en particular, en razón de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que aprobó la idea de legislar por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor los Senadores señora Rincón y señores Araya, Durana y Elizalde y se abstuvo el Senador señor Pugh. Añade que aprobó en particular la iniciativa con las modificaciones y las votaciones que se registran en su informe.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 107 y siguientes del informe de la Comisión de Economía y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Finalmente, cabe hacer presente que se han formulado las siguientes indicaciones: una del Senador señor García, una de los Senadores señora Rincón y señor Elizalde, dos del Senador señor Navarro, una del Senador señor Chahuán y una de la Senadora señora Provoste.
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Continúa la discusión general.
Le ofrezco la palabra al Senador Elizalde, Presidente de la Comisión de Economía, para que actualice el informe que hizo en la sesión de la semana anterior.


El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, como usted señala, el informe lo efectué la semana pasada.
No obstante, quiero argumentar a favor de este proyecto, porque va en ayuda de las familias para enfrentar una situación muy compleja, en que obviamente se verán afectados sus ingresos, lo que podría generar dificultades para pagar las cuentas de los servicios básicos. Estamos hablando de electricidad, gas de red, agua y también de internet y telefonía.
La iniciativa establece una regulación diferenciada de acuerdo con la naturaleza de estos servicios.
En el caso de los tres primeros, evidentemente, por tratarse de empresas con carácter monopólico, en que el cliente no puede cambiarse de un proveedor a otro, se establece la posibilidad de no pagar las cuentas que se generen durante los noventa días siguientes a la publicación de la ley y también la de los treinta días anteriores.
Y en el caso de las empresas de telefonía e internet, se dispone un beneficio distinto, consistente en un plan gratuito que permita a las personas mantener la conectividad aun cuando tuvieran dificultades para pagar la cuenta.
De esa forma, entonces, se permite a las familias contar con una ayuda, si así fuera necesario, para no pagar estos servicios sin que se les corte el suministro.
Además, se establece la prohibición de corte de suministro a un universo más extenso, que incorpora, por ejemplo, a los hospitales, a las cárceles, porque son servicios básicos que deben mantenerse con independencia del pago respectivo de las cuentas.
Este proyecto fue debatido en la Comisión de Economía del Senado. Se escuchó a las distintas empresas y a los diferentes interesados. Y tiene por objeto hacerse cargo de una enorme demanda que existe frente a la situación económica compleja que estamos viviendo. Se aprobó prácticamente por la unanimidad de sus integrantes, salvo algunas disposiciones específicas, en que hubo Senadores que en algún momento se abstuvieron, pero sin estar en contra de los temas de fondo.
Nos parece que se trata de una señal importante que está dando el Senado -esperamos, obviamente, que este proyecto se apruebe-, porque permite ir en ayuda de las familias chilenas.
En relación con los beneficios otorgados por el Gobierno sobre la base de acuerdos voluntarios con las empresas, esta iniciativa va más allá: incorpora beneficios que no están considerados en los acuerdos con las empresas. Y, además, al tener rango legal, hace obligatorio el otorgamiento de ellos, independiente de que, estrictamente, desde el punto de vista jurídico, cuando las empresas reguladas voluntariamente acceden a otorgar un beneficio, su incumplimiento es fiscalizable. Es decir, no tienen la obligación de otorgar estos beneficios, pero una vez que los otorgan la Superintendencia o los organismos de control respectivo pueden fiscalizar e incluso sancionar el incumplimiento de aquellos beneficios que voluntariamente una empresa accedió a dar. En este caso es distinto, porque se establece la obligatoriedad y, en consecuencia, permite que efectivamente se pueda incluso sancionar a las empresas que no cumplan.
Las cooperativas eléctricas se incorporaron en este proyecto, porque la idea es tener la mayor cantidad de personas beneficiadas, pero se determinó una normativa especial en el sentido de que estas organizaciones puedan pagarle a la generadora respectiva en un plazo similar a aquel que se la da a sus clientes. De esta manera, se evita que las cooperativas deban soportar el cargo financiero que implica que sus clientes, cuando cumplen con los requisitos que establece la ley, no paguen oportunamente la cuenta. Por tanto, tienen una normativa distinta.
Y en el caso de los servicios de internet, se excluyó a las empresas con menos de 12 mil clientes para evitar que en aquellas que no tuvieran espaldas financieras para enfrentar esta situación se pudieran generar problemas de liquidez o incluso de quiebra y, por tanto, una mayor concentración de mercado, que sin duda sería complicado respecto de las condiciones de competencia que tienen que existir en materia de internet.
En cuanto a los servicios de agua potable rural, la ley en proyecto no los menciona, pero el Gobierno ha planteado que habrá una forma de subsidio o ayuda especial que permita otorgar beneficios de similar naturaleza a los que confiere la ley a quienes son clientes de agua potable rural. Y esto, básicamente, porque estamos hablando de sectores de menores ingresos. Obviamente, aplicar la normativa en análisis a los servicios de agua potable rural habría significado que muchos de ellos no tuvieran la liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones básicas y eso podría, incluso, perjudicar o poner en duda su existencia. Esperamos que el Gobierno cumpla su compromiso para que beneficios de similar naturaleza a los que establece este proyecto puedan ser otorgados a los usuarios de los servicios de agua potable rural.
Por todo lo anterior, me parece importante votar a favor de esta iniciativa, que -reitero- tiene un sentido social y que, a diferencia del otro proyecto que se está discutiendo, no asocia su aplicación a la emergencia.
Lo anterior es bien relevante, porque todo lo que implica regulación de estados de excepción constitucional corresponde a leyes orgánicas constitucionales, que requieren un quorum de cuatro séptimos.
En este caso, se optó por un criterio objetivo, no vinculado a la declaración de estado de catástrofe, independientemente de que el proyecto se hace cargo de la situación que estamos viviendo ahora. Por tanto, su aplicación corresponde a los noventa días posteriores y a los treinta días anteriores a la publicación de la ley. En consecuencia, al establecerse un criterio objetivo, esto no queda vinculado a la vigencia del estado de catástrofe y tiene una naturaleza distinta.
También es muy importante plantear que si la situación de emergencia se prolonga será necesario, incluso, ver alternativas adicionales que impliquen algún tipo de ayuda estatal, entendiendo que las familias van a estar en situaciones muy complejas.
Esta iniciativa corresponde a la fusión de tres mociones presentadas por distintos Senadores. Es un proyecto de artículo único, razón por la cual fue discutido en general y en particular por la Comisión.
Insisto: es una iniciativa que se hace cargo de un drama social y de la necesidad de que a las personas que no les sea posible pagar las cuentas de estos servicios básicos, por una parte, no se les pueda cortar el servicio, y en segundo lugar, tengan la posibilidad de repactar las cuotas respectivas por un plazo de doce meses a contar del cumplimiento de los noventa días. Y es "hasta doce meses" porque si un cliente está en condiciones de pagar anticipadamente en un plazo menor, obviamente lo puede hacer. Pero quien decide el plazo es el cliente y no la empresa. Por tanto, el cliente se puede acoger siempre al plazo más extenso sin aplicación o cobro de multas o intereses. Es una forma de repactar sus deudas en condiciones que son mucho más favorables.
Es cuanto puedo comentar sobre este proyecto.
Obviamente, voy a votar a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Recabo el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario de la Segprés, don Juan José Ossa Santa Cruz.
¿Habría acuerdo?
Acordado.


El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Al Senador Elizalde?
El señor ALLAMAND.- Sí.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Por intermedio de la Mesa, puede hacerlo.
Tiene la palabra, Senador.
El señor ALLAMAND.- Señora Presidenta, le agradezco al Senador Elizalde por su completa exposición.
Solo me quedó una duda respecto del quorum de aprobación. Me gustaría que el Presidente de la Comisión pudiera ahondar en el punto, porque a primera vista da la impresión de que debiera tener un quorum especial.
Me gustaría que el Senador explicara bien por qué no es así.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, este es un tema que se discutió en la Comisión y se solicitó el informe a la Secretaría de dicha instancia. Y, dado que la redacción final no vincula la aplicación de este beneficio al estado de excepción constitucional de catástrofe, se entiende que no está regulando un estado de excepción constitucional y, por tanto, la iniciativa no requiere quorum de ley orgánica constitucional, que es de cuatro séptimos. Porque, efectivamente, la Constitución establece que la regulación legal de los estados de excepción requiere un quorum de aprobación de cuatro séptimos.
Algunas mociones y el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados sí hacen referencia al estado de excepción constitucional. Pero el texto en análisis, tal cual fue aprobado, señala que estos beneficios se aplican en los noventa días posteriores a la publicación de la ley y se hacen extensivos a los treinta días anteriores. Por tanto, su aplicación no está vinculada a la vigencia del estado de excepción.
En concreto, si el Presidente de la República alzara mañana el estado de excepción constitucional, se aplicarían de todas formas estos beneficios.
Y en otra hipótesis, si el Primer Mandatario extendiera el estado de excepción constitucional, la aplicación de estos beneficios no se extendería con el estado de excepción constitucional.
En un momento se había planteado vincularlo de manera tal que si se extendía el estado de excepción constitucional, se extendiera también el beneficio. Se optó por una regulación objetiva, vinculada a la fecha de publicación de la ley.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Yo no he pedido la palabra.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Hay cambios de asiento, por lo que de repente no se percibe bien quién está pidiendo la palabra.
Tiene la palabra la Senadora Órdenes.


La señora ÓRDENES.- Señora Presidenta, los saludo a todos desde aquí, a la distancia.
Primero, quiero valorar que logremos legislar respecto de la suspensión del corte de servicios básicos por no pago, en virtud de la pandemia originada por el coronavirus.
En tal sentido, como es de vuestro conocimiento, el Presidente Piñera, el 27 de marzo, anunció medidas para postergar el pago de servicios básicos. Pero esto ocurrió en el marco de un acuerdo entre el Ejecutivo y las empresas. Y consideramos que lo más objetivo y formal es que a partir de un proyecto de ley, que es lo que estamos discutiendo, se pueda regular claramente cuáles son los beneficios, cuáles son las coberturas y cuál es el alcance de esta ley, porque, efectivamente, lo que queremos es cubrir ciertas necesidades de familias chilenas.
El acuerdo original establecía que los beneficios iban a estar focalizados en el 40 por ciento de la población más vulnerable del país. Y algunas empresas de electricidad y de agua consideraban también a adultos mayores.
Producto de la discusión en la Comisión de Economía, hemos ampliado la cobertura, el universo de aquellos a los que no se les va a cortar el suministro de electricidad, de agua, de gas por red, y también se incluyeron los servicios de telecomunicaciones.
Yo quiero valorar eso, porque hoy día se habla ya de usuarios residenciales, de los hospitales, de las cárceles, de hogares de menores, de organizaciones sin fines de lucro y de microempresas.
Cuando nos referimos a los usuarios finales ya no solo estamos hablando del 40 por ciento de mayor vulnerabilidad en Chile o de quienes tienen la calidad de adulto mayor, sino también de aquellos que están percibiendo, por ejemplo, las prestaciones de la Ley del Seguro de Desempleo o que son trabajadores independientes no comprendidos en alguna de las categorías anteriores.
Creo que se ha hecho un esfuerzo importante en la Comisión de Economía a fin de abordar esta temática y asegurar el no corte de suministros básicos para la población chilena.
Señalo lo anterior porque a la fecha, y quizás lo pueda aclarar más el Ejecutivo, es bien engorroso lo que ha establecido el acuerdo respecto a cómo, a través de las plataformas, se recurre a estos beneficios o prestaciones, por decirlo de alguna manera. Porque entiendo que en cuanto a los servicios de electricidad el porcentaje de hogares que se ha acogido es el 2,5 por ciento; en telecomunicaciones y agua es menos de un 1 por ciento. En el caso de la electricidad entiendo que son 50 mil hogares, en circunstancias de que eran tres millones los hogares considerados dentro de la cobertura.
Por lo tanto, también hay que hacer la reflexión correspondiente respecto de cómo facilitamos el acceso para una situación que pretende mitigar el efecto económico adverso que ha generado en las familias chilenas la crisis sanitaria.
En consecuencia, quiero valorar el trabajo que ha hecho la Comisión de Economía. Voy a votar a favor. Creo que se ha mejorado significativamente lo que constituía un acuerdo inicial entre el Ejecutivo y las empresas de servicios básicos. Y, obviamente, se hizo distinción entre agua, luz y gas por red y telecomunicaciones, porque tienen diversa naturaleza, como sostuvo el Presidente de la Comisión, pues unos son monopolios y mercados que están regulados, a diferencia de los servicios de telecomunicaciones e internet.
Así que anuncio mi voto a favor, señora Presidenta.
Y a lo que queremos apuntar es al bienestar de las familias más vulnerables de Chile y, asimismo, a que el sector privado cumpla un rol más allá de lo que está haciendo, porque esta es una crisis que tenemos que enfrentar entre todos los actores.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, acá será muy importante ver cómo van a votar unos u otros parlamentarios con respecto a este proyecto de ley.
Esto se inicia cuando el Presidente de la República llama por teléfono a las empresas de gas, luz y agua y llegan a un acuerdo para que exista flexibilidad en cuanto al cobro por los consumos básicos a personas que, por la situación que están viviendo Chile y el resto de los países del mundo, no puedan cancelar sus cuentas por dichos servicios. Incluso el Primer Mandatario anunció aquello, y dijo que celebraba el referido acuerdo.
Sin embargo, eso no era suficiente.
Por ello quiero agradecerles al Senador Navarro y a la Senadora Yasna Provoste por invitarnos a participar de estos proyectos. Y en el caso de la Región de Magallanes, pusimos una materia que no estaba incluida en lo que había conversado el Presidente: el suministro de gas, que es esencial para la vida humana en la Patagonia de nuestro país.
Entonces, de lo que se trata este proyecto es de que, primero, las empresas se vean obligadas -no como un acto voluntario, según querían- a no cobrar intereses y a dejar que sea la persona usuaria, el cliente quien determine la cantidad de meses a dividir la deuda que registra su domicilio, su casa, la que se puede prorratear hasta en doce cuotas.
Asimismo, estas iniciativas refundidas se encargan de prohibir los cortes de agua, luz, gas y de los servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet.
Al respecto, debo señalar que hay una empresa distribuidora de luz en Magallanes que para renegociar -me llegó el otro día la información- una deuda cercana a los 100 mil pesos por consumo de electricidad estaba cobrando un interés del 32 por ciento, llevado a los meses que había acordado aquella.
Por lo tanto, dadas la contingencia, la urgencia, la necesidad de sobrevivencia, sin lugar a dudas la ley en proyecto es de todo sentido.
Ahora bien, hay un sector político que está reclamando que aquel es inconstitucional. Y puede serlo, pero es moralmente correcto debatir en este Senado una iniciativa de ley que apunta directamente al beneficio social, a resolver la situación que están enfrentando miles de familias en todo nuestro país.
Decía, pues, que será interesante ver cómo van a votar unos y otros parlamentarios, porque, o aquí se defiende a esta industria, a las empresas distribuidoras de los insumos básicos, o se defiende a la persona, a las familias, a los adultos mayores que hoy día tienen que priorizar entre comprar remedios y alimentos o pagar sus servicios básicos.
Además, resulta del caso señalar que si esta situación se prolonga, deberá existir por parte del Gobierno, del Estado chileno, un subsidio a las familias más carenciadas, pues, probablemente, por necesidad van a pactar el pago de los referidos servicios a doce meses. Aquí se incluyen las empresas más pequeñas, que las hay en todas las regiones y que también están atravesando un momento tremendamente complejo.
Señora Presidenta, estamos frente a un proyecto respecto del cual un sector político seguramente se va a abstener o lo va a votar en contra, defendiendo claramente los intereses de las empresas de distribución de tales servicios.
En lo personal, me voy a pronunciar favorablemente sobre lo que tiene que ver con la defensa de miles de familias ante la crisis que están enfrentando.
Sin embargo, como la situación es crítica y no se sabe en qué momento va a llegar la luz al final del túnel, es factible que el Estado también deba concurrir con su apoyo, con su ayuda fundamentalmente para las personas adultas mayores que no tienen otro ingreso que su jubilación, pues si a ellas se les suma un costo adicional, aun cuando sea pactado a doce meses, se van a ver absolutamente imposibilitadas de cancelar los servicios de consumos básicos.
Señora Presidenta, vamos a votar favor esta iniciativa, porque aquí estamos haciendo frente a un asunto vinculado con derechos humanos, con necesidades urgentes, en fin. De modo que espero que este Senado lo vote en su totalidad de manera positiva, pues se trata de un proyecto indiscutiblemente de orden social y humano.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para que informe acerca de una indicación que ha llegado a la Mesa.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se ha recibido una indicación del Senador señor Chahuán al objeto de incorporar al final del inciso cuarto del artículo único del proyecto la siguiente frase: "Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas realizan las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.".
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, efectivamente hemos presentado una indicación que va en el siguiente sentido.
Estamos pensando en cómo logramos la sustentabilidad de la red, porque adherimos y vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. Pero es necesario que la red tenga usos preferentes, pues en definitiva debemos asegurar la conectividad en materias laborales, educacionales, de salud, de información, en fin. Y, ciertamente, aquello tiene prioridad, por ejemplo, respecto de la conectividad para juegos en línea.
Por esa razón es muy importante hacer la salvedad de que, para asegurar la sustentabilidad de la red y tener conectividad, debe existir la posibilidad de que ciertos fines, como los laborales, educacionales, de la salud y de la información, tengan preferencia. De lo contrario, la red no va a ser capaz de soportar el peso que se va a provocar desde el punto de vista del tráfico de datos.
Por eso resulta tan relevante establecer aquello.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.


La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, entendiendo lo que hay detrás de la indicación del Senador Chahuán, quisiera señalar que en la Comisión se discutió acerca de la capacidad que van a tener las redes para dar respuesta a la conectividad de los usuarios. De hecho, hubo una indicación que se rechazó en dicha instancia, porque iba en el sentido de violar o alterar la ley de neutralidad en la red.
A mí me preocupa que esta indicación -y reitero que entiendo su sentido- viole justamente esa normativa, porque las compañías podrían entender que pueden privilegiar ese contenido por sobre otro y no permitir a los usuarios su conectividad. Y lo que nos aseguraron la Subsecretaría, la Ministra y los expertos es que, con la capacidad que estamos garantizando en este proyecto, lo que el Senador Chahuán está solicitando no se encuentra limitado.
Me inquieta que aprobemos la referida indicación por lo que estoy señalando, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario para que dé cuenta de otra indicación que ha llegado a la Mesa.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se ha recibido otra indicación, de los Senadores señora Rincón y señor Elizalde, para sustituir los incisos octavo, noveno, décimo y decimoprimero del artículo único por los siguientes:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto, que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa o cooperativa prestadora, y así lo expresen mediante declaración jurada simple, podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos, tratándose de las empresas y cooperativas indicadas en el inciso segundo; o la incorporación al plan básico solidario de conectividad, tratándose de las empresas indicadas en el inciso tercero. La negativa de la empresa o cooperativa prestadora podrá ser objeto de reclamo ante la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo, y se sujetará a la normativa sectorial correspondiente.
"Las empresas proveedoras de los servicios señalados en los incisos segundo y tercero, deberán establecer, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, una plataforma de atención al cliente, por internet y telefonía, que permita formular las solicitudes para acceder a los beneficios que establece esta ley. En el caso de las cooperativas eléctricas, la plataforma deberá ser al menos telefónica.
"En cualquiera de los casos previstos en esta ley, las empresas y cooperativas prestadoras deberán resolver las solicitudes efectuadas por los interesados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su formulación. La respuesta de la correspondiente empresa o cooperativa prestadora deberá ser comunicada al solicitante por medio de correo electrónico o mensaje de texto, dentro del señalado plazo. En caso de que la respuesta fuese negativa, la empresa o cooperativa deberá mencionar y justificar las razones del rechazo.
"Del mismo modo, las empresas y cooperativas deberán informar sus resoluciones a la superintendencia u organismo fiscalizador respectivo y, mensualmente, deberán publicar en su página web el número y porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas, conforme a lo establecido en el inciso anterior. Las denuncias de infracciones a los preceptos de esta ley deberán ser tratadas, por parte de las superintendencias u organismos fiscalizadores respectivos, como reclamos, de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, las infracciones a lo dispuesto en la presente ley serán sancionadas de conformidad a la normativa sectorial respectiva.".
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.


El señor ELIZALDE.- ¿Me permite, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Es sobre la indicación?
El señor ELIZALDE.- Es para dar una explicación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, efectivamente, esta indicación fue redactada para reemplazar los incisos que se mencionaron. Por tanto, pareciera que fuera mucho más grande de lo que realmente es.
En rigor, lo único que se hace es incorporar la palabra "cooperativa" a los incisos en los cuales se hace referencia a las empresas. Porque al haberse incluido en el inciso final a las "cooperativas" no se realizó la corrección en el texto de los incisos anteriores. De modo que mediante la referida indicación se incorpora a las "cooperativas" en la forma que señalé.
Además, para quien solicita el beneficio se establece la obligación de hacer una declaración jurada simple. Porque respecto de quienes cumplen con los requisitos que establece la ley se exige este tipo de declaración en algunos casos. Sin embargo, en una norma para todos aquellos que no pudieran pagar y que realizan la solicitud a la empresa no existía tal obligación en el texto original.
Se exige la obligación de efectuar una declaración jurada simple para darle cierta seriedad a la solicitud. Y, además, porque quien falsee la información podría tener sanciones penales.
Entonces, es mucho más simple: agregar la declaración jurada simple y la palabra "cooperativa" en los incisos correspondientes.
No es más que eso.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro.


El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, en verdad, son tres mociones refundidas. Dos de ellas las suscribimos con la Senadora Yasna Provoste y el Senador Carlos Bianchi.
Sobre el particular, quiero decir que se repone la institucionalidad al momento de establecer regulaciones de los servicios públicos respecto de las empresas privadas concesionarias monopólicas, como las de la luz, el agua y el gas, pues uno no va a la esquina a comprar ni gas, ni luz, ni agua. Y lo que hará este proyecto será dejar aquello establecido en una ley.
En tal sentido, deseo hacer tres observaciones.
En primer lugar, nada indica que esta crisis va a terminar pronto; o sea, pensar en un plazo de dos a tres meses puede ser insuficiente. Por lo tanto, esta iniciativa debe considerar que el tiempo hasta que termine la emergencia sanitaria es una cosa, y el que va desde que comienza -en mi opinión, ya empezó- la epidemia de la cesantía hasta que finaliza, otra.
Entonces, la gente se verá imposibilitada para pagar no solo por los efectos económicos del COVID-19 y el tema sanitario, sino también porque vendrá un período lamentablemente largo en que no tendrán cómo parar la olla, pues los subsidios de cesantía vienen a la baja y los subsidios del Gobierno son temporales.
Planteado aquello, es del caso manifestar la necesidad de que tendremos que volver a legislar. Bueno, el Gobierno siempre quiere hacerlo de a pedacitos: una carga familiar, cincuenta mil pesos; después otro proyecto de ley, en fin.
Si ese es el mecanismo, hagámoslo.
Señora Presidenta, deseo referirme a dos indicaciones que he presentado.
La primera es para incorporar en el inciso primero del artículo único del proyecto dentro de los beneficiarios de este sistema no solo a los hospitales y a las cárceles, sino también a los establecimientos educacionales y a los centros de salud de los municipios.
A estas alturas, las municipalidades están prácticamente quebradas. No ha habido recursos frescos y han experimentado una drástica disminución de sus ingresos. La Asociación Chilena de Municipalidades calcula que han sido 900 mil millones de ingresos menos, por lo que no van a estar en condiciones de asumir tales obligaciones.
Por consiguiente, parece del todo razonable que los establecimientos de educación municipales, que son para niños de escasos recursos, y los centros de salud de los municipios también puedan acogerse al beneficio propuesto, de tal manera de garantizar que esas escuelas y dichos centros de salud van a contar con esos suministros esenciales.
La segunda indicación es al inciso séptimo, pues acerca de quienes recibirán este beneficio, particularmente el del agua, se establece un límite de 12 metros cúbicos.
Al respecto, debo señalar que el subsidio al pago de consumo de agua potable para las personas vulnerables alcanza un límite máximo de 15 metros cúbicos. Y ahora que estamos pidiéndole a la población que lave con frecuencia sus manos y su ropa es evidente que habrá un consumo adicional de agua.
Entonces, considero que lo correcto, lo mínimo es que el monto máximo para acogerse al subsidio sea el consumo de los 15 metros cúbicos. La gente va a tender a elevar el consumo de agua si se lava las manos más veces que antes, sobre todo en hogares donde habitan cuatro, cinco o seis personas. Y en el caso de la ropa, la gente va a lavarla después de concurrir a centros públicos, tal como lo recomienda el Ministro Mañalich.
En consecuencia, bajar de 15 a 12 el metraje cúbico para acceder a este beneficio pienso que va en la línea equivocada. Hay que mantener a lo menos el límite de 15 metros, que corresponde al actual subsidio al pago de consumo de agua potable para la población de menores ingresos.
Me parece que ambas indicaciones se caen de maduras y son necesarias.
Por último, señora Presidenta, quisiera señalar lo siguiente.
Está claro que estos servicios requieren fiscalización. Hace tres años presentamos una indicación, suscrita por el entonces Senador Tuma y quien habla, mediante la cual se le entregaba potestad al Sernac para que fiscalizara también a las empresas de servicios de luz, de agua potable y de telefonía móvil. Y a pesar de que en la Comisión había acuerdo sobre el particular, se perdió esta opción para hacer que el Sernac defendiera a los consumidores de servicios básicos, los cuales, además, son monopólicos y actualmente solo son fiscalizables por la Superintendencia respectiva.
Yo noto una buena disposición de tales empresas, y eso es positivo. Sin embargo, en materia de recursos siempre es bueno dejar las cosas establecidas por ley. Espero que las dos indicaciones que presenté se aprueben en la Sala. Las formulé en la Comisión, pero no fueron discutidas. Por lo tanto, es posible que sean repuestas, y eso hemos hecho.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.


El señor COLOMA.- Señora Presidenta, a mi juicio, cuando uno llega al Senado tiene que hacer un esfuerzo bien complejo: velar siempre por cumplir con lo que uno cree que son la Constitución, las leyes y el sentido común.
Aquí hay una iniciativa especialmente compleja en esa ecuación final que uno debe generar con su conciencia. Porque si bien se trata de un proyecto bien inspirado -hacerse cargo del costo de los servicios públicos en una situación de pandemia y de baja categórica de los ingresos ante eventualidades que uno no puede simplemente impedir, pues forman parte de la convivencia-, desde mi perspectiva se ubica de una forma inadecuada.
Y prefiero decir aquello desde una triple perspectiva.
Primero, si no hubiera existido un acuerdo directo entre los prestadores de servicios con los usuarios más vulnerables, consideraría que esto tendría un valor moral muy ostensible.
Pero para mí -y lo he visto en los diversos medios- lo óptimo cuando existen crisis de esta naturaleza es que voluntariamente se llegue a acuerdos en la postergación de los plazos para cortar el suministro de los servicios básicos, cuestión que se ha dado.
Estuve leyendo que hoy día el noventa y tantos por ciento de las solicitudes que se han planteado en estos términos se han acogido. Entonces, ciertamente esta iniciativa se hará cargo de un problema que está virtualmente resuelto, que es un primer elemento que me hace sentido.
¿Por qué uno va a legislar y se va a involucrar respecto de materias que ya están resueltas?
Por la vía de la voluntariedad: lo voluntario es muy importante; por la vía de la responsabilidad social: es muy importante también; por la lógica de la racionalidad: me parece bien.
Pero no solamente eso -porque uno podría decir que es un tema de oportunidad-: el proyecto presenta dos problemas adicionales, que yo quiero plantear.
Primero, no lo considero constitucional. Esto se hace cargo, claramente, de algo vinculado al derecho de propiedad, que supone un acuerdo entre las partes y respecto de lo cual involucrarse implica necesariamente -y con esto voy a entrar al tercer punto- asumir algún tipo de responsabilidad.
¿Aquí se está vulnerando el derecho de propiedad? Sí. Alguien puede argumentar: "es mediante una ley". De acuerdo, pero se está vulnerando. Y se abrirán un montón de causas no solo contra el usuario, sino al interior del sistema. Por ejemplo, en materia eléctrica ¿a quién se hace responsable: a la distribuidora? ¿Y la distribuidora no va a reclamar contra la generadora o contra la transmisora?
¿Esa es la lógica para hacer las cosas: instalar un problema y no resolverlo? A mí no me parece.
Pero lo que más me complica es lo tercero.
Yo creo que, inadvertidamente, aquí se está abriendo una tremenda responsabilidad extracontractual del Estado. Y eso es, lejos, lo que más me preocupa de este bien intencionado proyecto.
Porque, si hoy día alguien voluntariamente dice: "En función de la pandemia no voy a cobrar una cuenta" o "La voy a postergar" o "No voy a cortar un servicio", aquello será responsabilidad directa de quien presta el servicio y él se hará cargo de si lo negocia o no con quien a su vez le presta un servicio. Recordemos que en varios servicios básicos, justamente para evitar los monopolios, se diferencia entre quienes ofrecen las distintas alternativas y hoy día no puede el mismo que genera transmitir o distribuir.
Entonces, ¿a quién se va a hacer responsable? Cuando la decisión es voluntaria, cada uno resuelve qué hacer. Pero cuando es el Estado el que actúa, lo que va a pasar es que se recurrirá contra él: "Usted me obligó a hacer esto; indemníceme". Y será una acción de la distribuidora, de la generadora, de la transmisora, de la prestadora de servicios telefónicos o de quien sea.
Señora Presidenta, así no se resuelven las cosas. A propósito de una buena idea, se da una solución que va a generar problemas.
Y por último, porque disponemos de cinco minutos, a mí no me parece correcto señalar que esto no es una ley orgánica constitucional. Digamos la verdad. Yo leí el proyecto original -después lo cambiaron- y su fundamento, que es lógico, era cómo hacerse cargo del estado de excepción producto de la pandemia. Entonces, para efectos de evitar el quorum, argumentar que esta es una norma permanente, por noventa días, desafectándola de la cuestión constitucional para el solo efecto de no ser más exigente en esta materia, no lo considero adecuado. Las cosas son lo que son; y no lo que uno trate de hacerlas parecer.
Además, el proyecto incide en un derecho constitucional del Presidente de la República: involucrarse en la fijación de las tarifas en función de la pandemia.
¿Me da un minuto más, señora Presidenta, para terminar la idea?
Entonces, aquí no se trata de que uno esté en contra del contenido de una idea. A mí me parece de la máxima racionabilidad -¡la máxima!- que cuando hay situaciones de esta naturaleza se generen escenarios para que no se produzca ningún corte de servicio y que quien esté restringido para pagar disponga de un plazo amplio. Pero el sentido común me dice que si eso se logra por la vía de los acuerdos directos es mucho mejor hacerlo de esa manera y no abrir espacio no solo para una inconstitucionalidad -a algunos les podrá gustar el concepto o no-, sino también para la responsabilidad extracontractual. Ahí es donde se puede generar una judicialización infinita. ¿Contra quién? Contra el Estado. A ese mismo Estado que tratamos de cuidar para que pueda disponer de ingresos a efectos de ir en ayuda de los más necesitados le estamos generando una eventual responsabilidad por temas que, ¡ojo!, estaban dispuestos a resolver voluntariamente aquellos que el día de mañana pueden recurrir.
Por eso, señora Presidenta, entendiendo el criterio y el problema, a mí no me puede convencer la forma de resolverlo.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Juan Castro.


El señor CASTRO.- Señora Presidenta, yo siento que este proyecto tiene una buena intención producto del tiempo que estamos viviendo, de esta pandemia, de la crisis que se nos avecina. Pero si uno analiza su fondo, creo que es anticonstitucional de todas formas. Porque tiene mucha razón el Senador Coloma: lo establecido en la iniciativa el Estado de Chile lo tiene regulado por otras leyes.
Además, el proyecto no cubre todo lo que debería cubrir.
A mí me preocupa el que muchas veces lo dispuesto en este tipo de iniciativas provoca el aprovechamiento de personas que reciben el cien por ciento de su sueldo. En este caso, se van a aprovechar también para lograr el beneficio de no pagar los servicios básicos.
Independiente de que el proyecto se va a aprobar, porque ninguno de nosotros se va a restar de una iniciativa de este tipo, me habría gustado que también hubiese considerado lo siguiente: las empresas que entregan servicios básicos no son responsables de los edificios, y quien corta los suministros allí son los administradores. ¿Por qué? Porque los residentes no pagan los gastos comunes. Y este proyecto de ley no considera ese tema.
Entonces, las empresas no van a tener ninguna responsabilidad cuando ese administrador le corte el servicio a un departamento por no pago de los gastos comunes.
Por eso, señora Presidenta, creo que vamos a aprobar el proyecto, pero tiene muchas falencias que no me parecen razonables.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.


La señora PROVOSTE.- Muchas gracias, señora Presidenta.
La iniciativa que en el día de hoy discutimos proviene de la fusión de tres mociones parlamentarias. Una de ellas la presentamos junto a los Senadores Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, Guido Girardi y Alejandro Guillier.
El objetivo de nuestra iniciativa era asegurar que no se pudiesen cortar ni suspender los servicios básicos a cualquier persona que se viera afectada por esta crisis, particularmente por la reducción de sus ingresos.
Incluimos en este beneficio los servicios de internet, de telefonía fija y móvil, además de agua, gas y electricidad.
Fijamos un plazo de entre 12 y 24 meses para el prorrateo de las deudas, sin intereses ni multas.
Diseñamos un sistema lo más automático posible, concordante con lo que pedimos a las personas, que es quedarse en sus casas, y asumiendo la realidad de nuestro país. Un alto porcentaje de la población no tiene acceso a internet o no sabe ocupar las aplicaciones de pago o simplemente desconfía de ellas.
Incorporamos las exclusiones que correspondía para no afectar indebidamente a ciertos sectores, como las energías renovables no convencionales y las cooperativas eléctricas. Además, por cierto, de los sistemas de agua potable rural.
En la lógica de que esta crisis la superamos entre todos, y de manera de considerar también una proporcionalidad en las obligaciones, a partir -por su intermedio- de la preocupación que ha manifestado en esta Sala el Senador Coloma, precisamente nuestro proyecto de ley establecía una obligación a toda la cadena: a la generación, a la distribución y a la transmisión.
En efecto, en los sectores que correspondía establecimos una participación equivalente a la composición de las cuentas para que toda la cadena asumiera los costos temporales por la aplicación de estos beneficios a las personas.
Establecimos sanciones racionales y razonables para las empresas que no cumplieran.
¿Qué sucedió durante la tramitación de este proyecto de ley?
Tuvimos una oposición permanente del Gobierno, representado por su Ministro de Energía.
Y es importante que la ciudadanía lo sepa: a la hora de discutir beneficios para las personas, ¿cuál es la actitud del Gobierno del Presidente Piñera? Oposición permanente a iniciativas de esta naturaleza.
En opinión del Ejecutivo, estas mociones eran innecesarias por cuanto sus acuerdos de palabra, entre amigos, eran suficientes.
Finalmente, el Ministro participó en la sesión de la Comisión en donde se aprobó en particular el proyecto de las mociones refundidas. Y personalmente -están los videos para quien quiera verlos- redactó de puño y letra parte de las versiones finales, siempre con la amenaza de la inconstitucionalidad de alguno de sus contenidos o de toda la iniciativa, abusando de la buena fe de Senadoras y Senadoras que estaban allí.
¿Con que nos encontramos?
Con un proyecto que limita el consumo del agua, cuando les estamos pidiendo a las familias que se queden en sus casas, y precisamente los más pobres, que viven hacinados con grandes grupos familiares, serán los más afectados. Esto es pretender que, por poner un límite, la gente no usará el agua que necesita. Lo único que hacemos es limitar el acceso al beneficio y no ahorrar agua.
Se pone a disposición de las personas una bolsa de internet gratuito, como gran gesto de las empresas, para usuarios de planes de 4 megabits, y para prepago de 512 kilobits. Solo como ejemplo, las empresas de internet comercializan planes de 200 megabits de una manera muy masiva. ¡Bien minúsculo el esfuerzo de las empresas representadas por el Gobierno en la Comisión!
Se complejiza, además, la entrega de los beneficios al hacer postular a ellos.
Se eliminan las sanciones en multas a las empresas, dejando solo aquellas que existan en la propia normativa de cada sector, mientras que se establecen sanciones a las personas, de acuerdo con el Código Penal.
Se suprime la restricción que indicamos originalmente en el proyecto de no poder utilizar esta pandemia y esta ley para una eventual solicitud de modificación de precios del sector eléctrico.
El proyecto les protege el bolsillo a las grandes generadoras, que no deberán cubrir costo temporal alguno de estos beneficios.
Presidenta, me quedan diez segundos. Le pido un minuto adicional.
Muchas gracias.
Lamentablemente, hemos visto que el Ministro de Energía, que estuvo en la Comisión, que redactó las indicaciones, manda este fin de semana una carta a un medio de circulación escrito aclarando que no hay ningún acuerdo, sino que solo colaboró en mejorar una iniciativa.
Creo que pocas veces el dicho de "borrar con el codo lo escrito con la mano" se puede aplicar mejor que a lo hecho por el Ejecutivo y, particularmente, por el Ministro de Energía. No es la primera vez que el Ministro tiene una actuación así con una Comisión del Senado. Ya el año pasado no cumplió un protocolo en la ley corta de trasmisión. Ahora lo hace con la Comisión de Economía.
Voy a votar a favor solo con el objeto de que esta iniciativa sea corregida y vuelva a su espíritu original en los próximos trámites. Ojalá llegue a tiempo a la ciudadanía y no se sigan dilatando beneficios que van en directa sintonía con las aspiraciones de la gente.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Durana.


El señor DURANA.- Señora Presidenta, la verdad es que me llama la atención el análisis y el tono, porque este proyecto de ley finalmente fue fruto del consenso alcanzado por los Senadores de la Comisión de Economía en base a dos indicaciones sustitutivas presentadas por las Senadoras Rincón y Provoste y por los Senadores Pugh y Durana.
En la construcción de este consenso también participaron los representantes y asesores de empresas proveedoras de servicios básicos, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministro de Energía.
Los beneficiarios de esta ley serán los usuarios residenciales y las empresas que cumplan ciertos y determinados requisitos, además de hospitales; cárceles; hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; Bomberos y organizaciones sin fines de lucro. El beneficio será la no suspensión de los servicios de luz, agua y gas de red y un plan solidario de servicio de telecomunicaciones.
Con relación a los servicios sanitarios, la distribución de electricidad y gas de red, se incluyen las deudas por cuentas de entre los treinta días previos a la publicación de la ley y los noventa días posteriores, y se van a prorratear en cuotas iguales, sucesivas a partir de la vigencia de esta ley, sin multas ni intereses.
De esta forma, no se trata de una condonación que pueda afectar la cadena de pagos, lo que obviamente perjudicaría el empleo, sino de una suerte de reprogramación de esa deuda, a fin de hacerla pagable para las familias más necesitadas que requieren evitar la angustia de tener estos servicios cortados.
Este tratamiento especial de pago se aplicará incluso si los beneficiarios tienen una deuda acumulada de hasta 10 unidades de fomento, en el caso de la electricidad, y de 5 unidades de fomento en el de las sanitarias y distribuidoras de gas.
En cuanto a los servicios de telefonía fija, móvil o de acceso a internet, se considera la aplicación de un plan base o solidario de conectividad, de forma tal que se puedan generar condiciones para mantener conectividad telefónica, servicios de transmisión de datos y de internet.
La ley garantiza su carácter solidario y de protección a quienes más lo necesitan al establecer que los beneficiarios serán más de tres millones de familias chilenas, las que tienen que cumplir con algunos requisitos, entre los que se incluyen estar dentro del 40 por ciento de los hogares de mayor vulnerabilidad; haber activado el seguro de cesantía o suspendido la relación laboral en virtud de las causales establecidas en la ley N° 21.227; tener la calidad de adulto mayor o, en el caso del servicio sanitario, no haber tenido un consumo superior a 12 metros cúbicos o acreditar la necesidad de un consumo mayor producto de la cuarentena y del número de personas en un mismo domicilio.
Aquí estamos llegando directamente a la clase media, porque además se considera como beneficiarios a los trabajadores independientes que presenten una declaración jurada simple que dé cuenta de la disminución significativa de sus ingresos. Si esta es maliciosa, obviamente van a recibir las sanciones contempladas en la normativa vigente.
La prontitud de las respuestas que deben entregar las empresas a los usuarios también está garantizada; se determina un plazo de cinco días hábiles para ello, y la transparencia en la aplicación de estos mecanismos se va a garantizar a través de las plataformas digitales de las empresas, las que van a publicar, cada treinta días, el número de solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas.
Finalmente, también estamos estableciendo normas a las cooperativas eléctricas y pequeñas empresas que se dedican al rubro y que, fundamentalmente, ofrecen servicios en los lugares más aislados, para así proteger la cadena de pagos y, obviamente, el empleo.
Voto a favor del presente proyecto de ley, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Rabindranath Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Presidenta, el proyecto que tenemos hoy en discusión se hace cargo de un problema que está afectando a las familias más vulnerables de nuestro país. De acuerdo con las cifras de la OIT, los trabajadores informales son los más vulnerables de los tres millones trecientas mil personas que componen la fuerza laboral global, ya que carecen de protección social, no tienen acceso a un buen cuidado de la salud o los medios para trabajar desde casa, y podrían ver vulnerado su acceso a los servicios básicos por no poder pagar sus cuentas debido a la crisis.
Y hoy, en nuestro país, más de un millón de trabajadores tiene sus contratos suspendidos por la ley de protección al empleo y ven disminuidos sus ingresos, como también hay un gran porcentaje de trabajadores informales que durante la emergencia sanitaria han quedado prácticamente sin ingresos durante toda esta época.
El proyecto que se vota hoy viene a entregar una solución a estas familias que, como dije, verán disminuidos sus ingresos, y a aquellos que no tendrán ingresos en los meses venideros porque se verán imposibilitados de trabajar, pues pertenecen a ese sector de la población que trabaja de manera informal.
Si bien, como se ha dicho acá, hoy existe un acuerdo previo de buena voluntad entre las empresas y el Gobierno, que busca que no se suspendan los servicios básicos por el no pago, este proyecto que se viene a materializar es una norma legal. Su objeto es no suspender los servicios básicos de agua, electricidad y gas a usuarios residenciales; a hospitales; a cárceles; a hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; a Bomberos; a organizaciones sin fines de lucro y microempresas dentro de un período de noventa días, y prorratear dentro de los doce meses siguientes el pago de estos servicios básicos sin que se consideren intereses, viniendo así a aliviar el bolsillo de muchas familias que miran con incertidumbre el futuro que se avecina. Y se incluyen también beneficios en telefonía e internet, de manera de que se pueda contar con la conectividad necesaria en estos tiempos.
Es fundamental hoy, cuando las clases están suspendidas, cuando los niños y universitarios están en clases telemáticas y la gente se encuentra en sus hogares, en muchas comunas por cuarentena, que estas familias cuenten con sus servicios básicos y estos no se suspendan por no pago y, sobre todo, se entreguen las facilidades para que los usuarios puedan, luego de ello, pagar de manera acorde a sus bolsillos las deudas que se acumularán durante estos meses.
Como legisladores, debemos entregar soluciones a las familias chilenas para que, dentro de todo, puedan llevar sus vidas en forma normal. Y este proyecto viene a aportar a eso.
Debemos ser conscientes de que numerosas familias, en estas circunstancias, tienen que priorizar distintas necesidades y repartir los escasos recursos de que hoy disponen para cubrir otras necesidades, como la alimentación, dejando muchas veces de lado el pago de estos servicios.
Pero este proyecto es solo una parte.
Debemos avanzar -y varias veces lo hemos planteado como bancada socialista- en una renta básica de emergencia que sea real, que solucione y alivie el bolsillo de las familias más humildes, que en esta época ven sus ingresos mermados por no contar con ingresos formales.
Debemos ser conscientes de que en los meses venideros las familias más vulnerables son las que se verán más afectadas por esta crisis. Y esas consecuencias ya las estamos viviendo.
El proyecto que hoy votamos es un alivio que debe ser complementado con otras medidas que han de venir desde el Ejecutivo. Pero estas medidas deben estar ajustadas a la realidad de las familias.
Avanzaremos en todos los proyectos que vayan en esa línea, aunque siempre buscaremos mejorarlos cuando no recojan todas las necesidades de las familias chilenas.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra a la Senadora Ena von Baer.


La señora VON BAER.- Señora Presidenta, vivimos momentos difíciles. Y estos momentos complejos necesitan también liderazgos políticos que puedan hacer frente a la pandemia dentro de las reglas de nuestra institucionalidad.
Aquello es complejo; de hecho, resulta mucho más fácil hacerse cargo de las preocupaciones de las personas por el camino corto, por el camino fácil, y de esa manera recibir aplausos.
Este proyecto de ley busca algo que ya se logró a través de un acuerdo entre el Presidente de la República, o el Gobierno, y las empresas. Y fue un acuerdo voluntario.
La pregunta, entonces, es por qué tenemos que legislar.
Creo que la razón por la cual se dice que debemos legislar es porque esto tiene que ser obligatorio. ¡Okay! Pero no sé por qué tendría que ser obligatorio si el fin es el mismo.
Sin embargo, más allá de eso, a mí me parece que este proyecto obedece a que algunos quieren que el Parlamento sea parte de la solución. O sea, los parlamentarios no se quieren quedar "fuera de la foto", para decirlo de una manera bastante más dura.
¿Cuál es el problema de este proyecto de ley?
Voy a empezar por lo que señaló el Presidente de la Comisión de Economía.
El proyecto se refiere a los noventa días siguientes a la publicación de la ley y, evidentemente, apunta a la situación de catástrofe que estamos viviendo. Sin embargo, esto último no lo dice. ¿Por qué no? Para saltarse la regulación. Porque, si fuera correcto, el texto de la iniciativa diría que su aplicación se extenderá solo por el tiempo de la catástrofe. Pero, si así fuera, requeriría un quorum más alto.
Por lo tanto, ya de entrada, en la primera frase, el proyecto de ley busca saltarse las reglas del juego. Y eso, a mi juicio, no habla bien de nosotros, del Congreso. El hecho de que nosotros mismos le busquemos la vuelta para saltarnos una regulación no me parece bien.
Segundo, si este proyecto no es para tiempos de catástrofe, entonces quiere decir que una regulación de esta naturaleza puede ser propuesta en cualquier momento, porque no está relacionada con la catástrofe.
Por consiguiente, en cualquier minuto vamos a poder determinar, desde el Congreso, que por cualquier razón, durante los próximos noventa días, las personas no tendrán que pagar sus morosidades y podrán reducir el pago de sus cuentas.
En definitiva, eso podría ocurrir en cualquier momento.
Pongámonos de acuerdo: ¿es por la catástrofe? Entonces requiere un quorum más alto. Si no es por la catástrofe, ¡si no es por la catástrofe!, esto se podría hacer en cualquier momento. Y, si lo podemos hacer en cualquier momento, entonces de verdad nos estamos saltando nuestras regulaciones y sí o sí, y en serio, estamos entrando en lo que son contratos entre privados.
Quiero poner esto sobre la mesa, señora Presidenta, porque es en momentos de crisis cuando se le exige al liderazgo político una altura incluso mayor para no caer en populismos por el aplauso fácil.
Creo que nos hace falta eso.
Por lo tanto, no sé cómo vamos a justificar, cuando termine la catástrofe y las personas quieran dejar de pagar sus cuentas, que no podemos presentar otro proyecto de ley, de la misma naturaleza que este, pues el de ahora lo está haciendo sin mediar ninguna alusión a la catástrofe.
Estos son contratos privados. Y es fácil querer decirles a las personas -a cualquiera de nosotros le gustaría, en una situación tan difícil-: "Deje de pagar las cuentas".
Eso ya se logró, señora Presidenta, a través de un acuerdo, sin saltarse las reglas del juego como lo hace este proyecto de ley.
Y termino haciendo la siguiente pregunta: ¿quién paga, finalmente, la cuenta: el productor, el distribuidor, o el Estado? Reitero: ¿quién paga la cuenta: el productor, el distribuidor, o el Estado?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Dispone de un minuto más.
La señora VON BAER.- Gracias, señora Presidenta.
Aquello no queda claro.
Por lo tanto, aquí, nuevamente, al igual que como ocurrió hace un par de semanas con un proyecto que también buscaba un beneficio para las personas, vamos a generar un conflicto.
¿Quién se va a hacer responsable, entonces, por el conflicto que se creará entre los productores, los distribuidores y el Estado?
Los parlamentarios van a decir: "No, nosotros quisimos solucionar un problema". Y además nos van a decir que al parecer no leímos bien el proyecto de ley.
Eso, señora Presidenta, es lamentable y le hace muy mal a nuestra actividad, que debiera ser siempre seria, responsable, y nunca buscar saltarse las regulaciones.
Es lo que juramos o prometimos cumplir, siempre.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.
Ruego a los presentes guardar silencio en la Sala.


El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, es bueno aclarar tres temas que, a mi juicio, son relevantes para estos efectos.
El primero: se ha planteado en este Hemiciclo si las personas deberían postular o no a este beneficio. ¡No! Las personas beneficiarias que pertenecen al 40 por ciento más vulnerable deben solicitar el plan, por dos razones.
Primero, nadie puede saber quiénes son ni dónde está ese 40 por ciento, a menos que los interesados lo soliciten, pues no resulta posible acceder a tal información en razón de la protección de datos personales. La única forma de saber si un usuario pertenece al 40 por ciento más vulnerable y, por tanto, si es beneficiario, es certificándolo mediante la ficha del Registro Social de Hogares.
Segundo, para acceder a este plan solidario se requiere un cambio de contrato. Y, claramente, los cambios de contrato no se pueden realizar con las empresas de manera unilateral, sino que los clientes deben solicitarlos.
Ese es el primer tema.
Segundo tema, a mi juicio relevante: se ha planteado que nuestra indicación podría infringir la neutralidad en la red. ¡No! Acá estamos hablando de sustentabilidad de las redes, particularmente en materia de telecomunicaciones. Y nosotros queremos que se cumpla con dicha distribución, porque si existen, por una parte, usos preferentes, como nosotros queremos establecer, versus usos destinados, por ejemplo, a entretenimiento, claramente se nos presentará un problema de capacidad de la red. Y este es un tema que he chequeado con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Por último, el propio proyecto de ley dice, en su título, que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el COVID-19.
A mí me parece razonable que se suspenda el pago en un contexto de crisis y, por lo mismo, no desvincularía, en este caso, la suspensión del pago de los servicios con una situación de tal dramatismo como la que hoy día produce el COVID-19, pues, de lo contrario, esto se podría entrar a regular en cualquier tiempo y, ciertamente, es la pandemia la que justificará nuestro voto favorable en este Hemiciclo.
También deseo señalar que varias compañías nos aseguraron que incluso sin ley no iban a suspender los servicios, pero me parece bien que quede consagrado en una normativa legal. Sin embargo, ciertamente agradezco la buena disposición que ha habido desde siempre para los efectos de no suspender los servicios, sobre todo en una situación tan compleja como la presente y en zonas donde existe escasez hídrica, en que la suspensión de los suministros por no pago provocaría un grave perjuicio a las personas.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tenemos inscritos en este tema a cinco Senadores y quiero recordar que existe el compromiso de tratar, a continuación, el proyecto sobre dieta parlamentaria.
Por consiguiente, solicito a aquellos colegas que se inhiban de intervenir. Se lo agradeceríamos, para reducir los tiempos. Son cinco y, como estamos otorgando cinco minutos por discurso, faltaría alrededor de media hora para iniciar la discusión sobre la dieta.
Por eso, pido que no se inscriban más Senadores -algunos ya han intervenido dos veces- para que alcancemos a poner en tramitación el proyecto que viene enseguida.
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Gracias, Presidenta.
A mí me ha llamado la atención, en algunos aspectos legales, este debate. Algunos colegas de Derecha han sostenido que esta materia sería propia de ley orgánica constitucional. Incluso el mismo Presidente de la Comisión de Economía -entiendo que es el Senador Elizalde- insinuó una teoría más o menos similar.
Yo quiero hacer presente, señora Presidenta, que el artículo 44 de la Carta Fundamental establece que una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción constitucional. Esto significa que va a regular lo dispuesto desde el artículo 39 hasta el artículo 45 de la Constitución. Y es lo que hace la ley N° 18.415, del año 1985.
Pero, pretender que cualquier proyecto de ley que consagre un beneficio, por el hecho de discutirse y aprobarse durante la vigencia de un estado de excepción, se transforma inmediatamente en un proyecto de ley con rango orgánico constitucional me parece que no se condice con lo que señala nuestra Carta Fundamental.
La ley orgánica constitucional del artículo 44 regula los estados de excepción constitucional, no las leyes restantes que se vayan a dictar durante ese período.
Por lo demás, ¿para qué estamos legislando ahora? Efectivamente, ahora estamos limitando el derecho de propiedad, toda vez que nos estamos metiendo en el precio de los servicios que las empresas prestan. La ley está diciendo: "Mire, durante este período de noventa días, vamos a tener tal y cual suspensión, y tal y cual garantía para la gente".
¿Se puede limitar el ejercicio del derecho de propiedad? Si estuviéramos en tiempos normales, se puede hacer por ley. Así lo dice el artículo 19, número 24°. Pero este número no señala que deba ser una ley orgánica; simplemente, dice "ley".
Entonces, me parecería bastante absurdo que en épocas normales se pudiera limitar el derecho de propiedad mediante una ley común, y que para un estado de excepción constitucional el propio constituyente exigiera una ley de superior categoría, como una ley orgánica constitucional.
¡No es así!
Seamos claros: el artículo 43 de la Carta Fundamental le otorga al Presidente de la República la facultad para limitar el ejercicio del derecho de propiedad, sin ley.
¿Por qué el Gobierno no lo ha hecho, me pregunto yo? ¿Por qué este Gobierno -a propósito de que algunos Senadores manifiestan que es en estos momentos cuando deben exigirse liderazgos-, después de reunirse con sus amigos, para tratar de arreglar las cosas "a lo compadre", no dictó un decreto supremo institucionalizando el acuerdo a que había llegado con estas empresas? Porque -digamos las cosas claramente- la ley que regula los estados de excepción constitucional establece que el Presidente de la República, para ejercer su facultad de limitación al ejercicio del derecho de propiedad, tiene que hacerlo mediante decreto supremo.
Por lo tanto, si el Presidente hubiera querido arreglar esta situación conforme a la ley, a una democracia, a un Estado de derecho, no debería haber actuado así, hablando con sus amigos, sino que conforme a las reglas, porque de esa manera se rige esta sociedad.
Esta sociedad no se rige por acuerdos entre amigos, adoptados entre gallos y medianoche, "a lo compadre", voluntariamente. Lo que nos da garantías a todos los ciudadanos es que debe hacerse por ley, aunque, en este caso, el Presidente perfectamente pudo regular la situación mediante decreto supremo. Así lo dice el artículo 43 de la Constitución y así lo dice la ley orgánica constitucional del año 1985.
¿Por qué se presentó este proyecto, entonces? Porque el Gobierno no hizo nada.
De ahí que felicito a los Senadores y a la Senadora que se adelantaron a aquello, percibiendo las necesidades de la gente. En un estado de excepción constitucional, de crisis como el que estamos viviendo, todos sabemos cómo se afecta la salud, el empleo y la economía en general. Se hacía necesario legislar sobre esta materia debido a que el Gobierno no tomó cartas en el asunto, seguramente porque el Presidente no quiso dejar estampada, con su firma, una limitación al derecho de propiedad.
Pero yo le quiero decir que, con firma o sin ella, el Estado tiene la responsabilidad extracontractual a la que se refirió el Senador Coloma y no depende de esta ley. Ello está consagrado en la propia Constitución y en la propia ley orgánica que regula los estados de excepción constitucional, en orden a que el Estado es el responsable de todo este tipo de limitaciones que se hagan al derecho de propiedad.
Por lo tanto, señora Presidenta, teniendo claro el marco jurídico en que nos movemos, valoro el beneficio que significará esta iniciativa de la Oposición, presentada por varios Senadores y una Senadora que colocaron encima de la mesa una situación que el Gobierno no quiso regular por la vía de las facultades que posee el señor Presidente de la República en virtud del artículo 43 de la Constitución.
Voy a votar favorablemente el proyecto.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Moreira.


El señor MOREIRA.- Presidenta, la verdad es que este proyecto, que hoy día se busca aprobar en el Senado, como han dicho todos, para no ser tan duro, a veces, los que pensamos distinto, es un proyecto que tiene muy buenas intenciones.
Bueno, pero muy buenas intenciones, ¡por si pasa...!
Tanto los Senadores que presentaron las mociones, refundidas en un solo texto, como los que integran la Comisión de Economía, que las aprobaron, solo buscan proteger la provisión de servicios básicos a los sectores más desprotegidos mediante una ley al efecto.
Sin embargo, aunque bien intencionado, de muy buena fe, como todos dicen, el proyecto presenta problemas de focalización y de carácter constitucional que finalmente harán que produzca más daño que bien.
Además, es necesario destacar que ya está vigente un acuerdo entre el Gobierno de Chile y las empresas que proveen los servicios básicos, incluida la telefonía celular e internet, a través de sus plataformas.
Generalmente la Oposición y algunos Senadores, especialmente el que me antecedió en el uso de la palabra, hablan de grupos de amigos, de acuerdos logrados entre gallos y medianoche y de poca trasparencia. ¡Eso es una caricatura! ¡Qué más transparente que una reunión que fue totalmente pública! En un momento de pandemia, se pueden hacer acercamientos. Y es parte de la labor del Gobierno.
El proyecto, como digo, presenta problemas de focalización, porque incluye la posibilidad de beneficiar a empresas y a personas naturales, sin que sea esencial acreditar necesidad, bastando una declaración jurada o incorporando a los proveedores de gas de cañería, que hasta donde sabemos no provee de servicios al 40 por ciento más pobre, porque estos no usan gas de cañería, sino el cilindro.
Por otra parte, en el plano constitucional la iniciativa podría presentar vicios porque se estaría afectando el derecho de propiedad que tienen estas empresas, sin que se indemnice por los gastos que involucra el proyecto, además de que se obliga a las empresas de telecomunicaciones a entregar minutos, mensajes y una cantidad determinada de megas para navegación a internet, sin que haya contraprestación y sin que estas puedan cobrarlas.
En ese sentido, a estas empresas se les impone una carga arbitraria, en especial a las de telefonía e internet, que podría atentar no solo contra sus ingresos, sino que eventualmente amenazar su propia liquidez y su existencia.
Ahora bien, entendiendo que vivimos una situación extraordinaria, bajo el estado de catástrofe, este efectivamente autoriza restricciones al derecho de propiedad, pero entrega su definición al Ejecutivo: al Presidente de la República y no al Congreso.
Por ello, señora Presidenta, solicito que se tenga planteada una reserva de constitucionalidad, porque es necesario.
A todo ello, hay que agregar que el Gobierno del Presidente Piñera ya logró un acuerdo para que las empresas de servicios no efectúen cortes de servicios durante esta pandemia, postergando y prorrateando su pago, además de obtener de las empresas de telecomunicaciones que voluntariamente provean un plan solidario de conectividad.
Por lo mismo, señora Presidenta, no es que yo esté en desacuerdo con la idea de legislar, pero temo que a la pandemia de salud ahora se esté agregando una verdadera pandemia de populismo legislativo. Y no creo que sea bien intencionado, porque la cantidad de proyectos de ley inconstitucionales que estamos viendo hoy día son varios. Y hemos apelado a la Oposición seria, no a una primera línea de este Congreso, que lo único que busca es legislar en la inconstitucionalidad con proyectos populistas, como hemos escuchado en el día de hoy, donde a través de una iniciativa ilegal, inconstitucional, se pretende derogar un decreto relacionado con la AFP. Eso, claramente, ¡es un robo! Es quitarle a más de seis millones y medio de chilenos sus cotizaciones, que con esfuerzo han ido juntando.
Ese nivel de populismo es inaceptable en este Congreso.
Concédame un minuto, señora Presidenta, como se lo ha dado a todos.
Por último, yo apelo, a pesar de las fuertes diferencias que tenemos, a aquella Oposición no populista, a aquella Oposición seria, porque es fácil ser elegido y permanecer muchos períodos por delante para hacer estos proyectos, porque no pierden nada. Y son los mismos que cuando se trata de este tipo de iniciativas populistas, después callan y presionan directa o indirectamente para que se vea la limitación de las reelecciones de los parlamentarios y de las dietas parlamentarias.
¿Cómo sucedió? Todo lo que se tuvo que hacer para que el proyecto de dieta se vea hoy día.
Gracias, señora Presidenta.
Me abstengo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.


La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, muchas de las cosas que quería abordar las han señalado varios de mis colegas. Creo que lo que ha dicho el Senador Francisco Huenchumilla resume muy bien por qué nos encontramos hoy día en esta discusión.
Aquí el Presidente de la República tenía todas las facultades que la Constitución le otorga para haber actuado.
Este proyecto no fija precios, señora Presidenta, sino que señala que no se pueden cortar los servicios básicos: agua, luz y gas Y es producto de una suma de proyectos que se fusionaron y en que participaron varios de los Senadores aquí presentes, entre ellos yo.
En definitiva, no hablamos del gas de las personas privilegiadas, porque yo creo que aquí existe el mínimo de ética para que las personas que tienen recursos sepan que no pueden acogerse a este proyecto.
Yo no sé si el Senador que intervino antes sabe que en Magallanes las personas tienen gas de cañería, y no podríamos decir que todas son privilegiadas. Entonces, hay que entender que lo que hay detrás de este proyecto es lo que hace la diferencia.
Se habla de "focalización", señora Presidenta. Hay hogares de ancianos en nuestro país que subsisten mes a mes con un tremendo esfuerzo, y ellos tienen que pagar las cuentas de luz, de agua, de gas. Y son instituciones, no son personas naturales.
Se habla de "compañías de telecomunicaciones". Señora Presidenta, se conversó con todos los sectores. Lo que tenemos hoy día acá es una legislación razonable dentro de lo que nos permiten las facultades legales, tal como lo ha dicho el Senador Huenchumilla.
Señora Presidenta, con el virus no se negocia. Debemos sacar a nuestro país adelante todos juntos. Chile y sus ciudadanos están primero que los intereses y los discursos de cada uno de nosotros.
Este proyecto responde al silencio en cuanto a las facultades del Presidente de la República. Y espero que este Parlamento, que este Senado, esté a la altura de la demanda de la ciudadanía. Hay muchos, ¡muchos!, en sus hogares que lo están pasando mal.
Yo supongo que, como me ocurre a mí, les sucede a todos los Senadores de este Hemiciclo, a quienes nos escriben personas, profesionales, de clase media, que en el presente no tienen para comprar, ni siquiera para pagar las cuentas. Y creo que amerita un esfuerzo de todas y de todos para que aprobemos estas mociones refundidas el día de hoy.
Gracias, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.


La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, bueno, como lo hemos dicho otras veces, lamentablemente, esta situación de crisis, de pandemia, ha afectado no solo los temas de salud, sino también lo social, lo económico que dramáticamente están viviendo sectores muy importantes en nuestra población, no solo los más vulnerables, pero también otros sectores que se ven tremendamente afectados porque han perdido el trabajo o han tenido que acudir al expediente del Seguro de Cesantía, que significa menos ingresos, o aquellos trabajadores a honorarios o independientes que no han podido ejercer su actividad.
Entonces, por eso mismo hoy día tenemos a muchos que ya están teniendo dificultades para pagar el agua, la luz, el gas, en algunos casos la telefonía -no todos tienen conectividad-, lo cual es tremendo, porque incluso los municipios ya están llegando a tener que dar canastas de alimentos. No olvidemos eso.
Es cierto, aquí se dijo que en marzo el Presidente llegó a acuerdo con dichas empresas para suspender el pago de estas cuentas, lo que alcanzaría a un 40 por ciento de la población más vulnerable; sin embargo, señora Presidenta, aquí también se ha expresado con claridad que esto no debió haber sido a través de un acuerdo y una conversación del Presidente con las empresas, sino que era legítimo que hubiese sido por ley.
El Gobierno debió haberlo hecho. No lo hizo. Y esta es la razón por la cual varios Senadores y Senadoras han presentado estas mociones que ahora discutimos, refundidas, y que, por cierto, estoy de acuerdo, porque claramente había que dar un paso más allá e incluir no solo a ese 40 por ciento del sector más vulnerable, y hacerlo por ley, sino que además abarcar a trabajadores independientes, a honorarios -como hemos dicho- cuyos ingresos actualmente no son los que tenían, y a otras gentes que efectivamente quedarían fuera.
Asimismo, señora Presidenta, quiero llamar la atención respecto a qué pasará si esta situación se extiende más allá de tres meses.
Un dirigente de Valparaíso me escribía, con toda razón: si la pandemia dura seis meses, suponiendo que mi cuenta de agua es de 20 mil mensual; en seis meses mi deuda será de 120 mil pesos. Si esta se divide por doce cuotas, esto significará que la cuenta respectiva aumentará en 10 mil pesos mensuales, llegando posteriormente a un total, entonces, de 30 mil pesos (20 mil más los 10 mil)
Por lo tanto, la pregunta lógica que se hace el dirigente es: "Si tengo dificultad para pagar 20 mil, ¿cómo voy a pagar 30 mil?, si nadie nos garantiza que esto terminará en tres meses".
Entonces, creo que efectivamente este proyecto nace por una razón absolutamente necesaria, solidaria y humana de ir en ayuda de aquellos que hoy día ya se ven en esta situación crítica. Pero claramente va a ser insuficiente, y debiéramos pensar bien cómo los usuarios podrán repactar o pagar todas esas cuentas que van a acumular en seis o en doce meses.
En ese sentido, me gustaría que siempre tuviéramos conciencia de lo que está pasando.
Por eso hemos sostenido, y lo seguiremos haciendo, que es fundamental tener una renta base que garantice una mínima calidad de vida no solo al 40 por ciento de las personas, sino que ojalá al 60 por ciento, y que esté desde luego por encima de la línea de pobreza, no lo que se ha pretendido hacer en el proyecto que manda el Gobierno. Esta es la única manera de darles seguridad, darles posibilidades de sobrevivencia, darles dignidad a todos aquellos que hoy día son trabajadores informales, independientes, e incluso a quienes cuentan con el Seguro de Cesantía, que verán mermados sus recursos, para que tengan certeza durante estos meses más complejos de que podrán salir adelante.
Entonces, que algunos colegas nos digan que apoyar este proyecto es populismo... ¿Sabe, señora Presidenta? Esto no es populismo, sino que tener una mínima mirada social y entender que, lamentablemente, vivimos en una sociedad donde no hay un verdadero sistema de seguridad social que proteja a los más débiles. Ojalá pudiésemos decir que la población está asegurada ante cualquier circunstancia, en su acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a los ingresos, pero no es así.
Esto no hace más que develar las características de la sociedad que tenemos, y por eso se debe acudir a estos expedientes de extrema emergencia porque no hay otra solución para nuestra gente, que lo está pasando muy mal. Además, lo hemos señalado otras veces, ¡no queremos que los trabajadores paguen esta crisis! Y, aparentemente, hasta ahora es lo que está ocurriendo.
Por eso este proyecto por lo menos es una ayuda. Pero no puedo dejar de decir que debemos poner ojo, porque es una ayuda parcial, que no sabemos cuánto tiempo se podrá sostener ni tampoco cómo los usuarios pagarán la deuda, postergada, que se les va a acumular ya sea en seis o doce meses.
Esta iniciativa tampoco cubre a todos.
Tengo ejemplos en Valparaíso: hostales, pequeños hoteles que desde el estallido ya no reciben clientes. En este contexto se le pide a la gente que no vaya a su segunda vivienda, lo que repercute pues obviamente no hay funcionamiento de restoranes, de hoteles, no hay ningún dinamismo. Entonces, a quienes viven de estos servicios se les genera un problema tremendo.
Yo creo que debemos hacernos cargo de las realidades que verdaderamente ocurren en nuestras regiones, en nuestras comunas. No solamente debemos aplicar políticas centralistas, sino entender bien cómo esta pandemia lamentablemente nos repercute.
Por eso, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No podemos abrir la votación porque hay muchas indicaciones, que se dieron cuenta a su tiempo.
Les solicito que no se sigan inscribiendo para intervenir, pues eso entorpece poner en tabla el proyecto de dieta.
Ya se han inscrito de nuevo otros colegas.
Tiene la palabra, entonces, la Senadora Aravena.


La señora ARAVENA.- Señora Presidenta, lo primero que quiero decir es que no concuerdo con algunos de mis antecesores en cuanto a que existe una situación de populismo respecto de los Senadores que presentaron este proyecto.
Yo creo que hay buena fe y que, efectivamente, hay una preocupación absolutamente legítima por formalizar una situación que sin duda es muy compleja para una gran cantidad de familias de este país.
Y quiero valientemente lamentar que nuevamente se presente esta situación en el Senado, porque es muy complejo decir "voto a favor" o "voto en contra" sobre una materia que no debiéramos estar discutiendo.
Efectivamente, hay herramientas en la Constitución chilena que permitirían que esta situación se resolviera de mejor manera y no estar discutiendo una vez más si la media propuesta es inconstitucional o no, o si se llevará a un tribunal, porque la verdad de las cosas es que hoy día tanto el Gobierno, nuestro Gobierno, como el Senado deben estar a la altura para ponerse de acuerdo anticipadamente.
Lamento muchísimo estar nuevamente en este debate y, además, peleándonos por la prensa sobre qué es lo correcto, si al final del día todos sabemos la necesidad tremenda que enfrentan hoy día las familias, el 40 por ciento más necesitado.
Lo encuentro -vuelvo a reiterar- lamentable.
Espero que a partir de esta experiencia salgamos fortalecidos.
Es probable que se requiera análisis legislativo.
¡Yo soy agrónomo, no soy abogado! Claramente la mayoría de nosotros no estamos preparados para ver todos los temas de nuestra legislación que se relacionan con imprevistos de esta categoría, con temas contractuales, de salud, de servicios básicos.
Creo que debemos ser capaces de empezar a mirar con la academia qué le hace falta a la legislación chilena para que no tengamos que estar discutiendo cosas tan elementales como los servicios básicos, ni que decir: "Mira, lo debiéramos haber hecho así, lo debiéramos haber hecho asá". Si hay instrumentos, ocupémoslos. Y, en ese sentido, el Presidente contará con todo el apoyo necesario para tomar las decisiones que correspondan.
Estoy absolutamente de acuerdo con que hay que asegurarle a la población que no le corten los servicios. Me parece que a esta medida debió haberse incorporado toda la cadena de suministros para que exista tranquilidad de que no habrá problemas con todos los actores involucrados en esto.
Yo me voy a abstener en esta votación, principalmente por el ámbito legal. Pero sí recojo la buena voluntad que hay de parte de todos los Senadores para apoyar este proyecto.
Y lamento profundamente que nuevamente estemos exponiéndonos a ver si algo es constitucional o no, cuando está claro que esta medida debió haberse hecho de otra manera.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Guillier.


El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, decidí hacer uso de la palabra a raíz de las intervenciones que se han ido produciendo, y que me parece que deben aclararse.
Primero, el Presidente de la República tiene facultades para limitar el ejercicio de la propiedad privada en situaciones de catástrofe, como muy bien lo aclaró el Senador Huenchumilla, pero no ejerció ese derecho y optó por algo menos transparente, menos claro, mucho más arbitrario: que las propias empresas definan cómo se van a comportar frente a esta situación, en circunstancias de que son prestadoras de servicios esenciales, que tienen que ver con derechos humanos, porque el acceso al agua es un derecho humano, no es una mercadería más; el derecho a la educación; el derecho al uso de energía y electricidad. Además, son monopolios naturales, que perciben utilidades y rentabilidades garantizadas por el Estado.
Por lo tanto, es su deber ponerse cuando el país lo necesita. Y hoy, más que nunca lo necesita.
Y cuando el Presidente no ejerce sus facultades, tiene que actuar el Congreso Nacional, y lo ha hecho enhorabuena, gracias a las distintas mociones con las cuales nosotros también concurrimos.
Quiero señalar que la inmensa mayoría de los chilenos todavía no perciben los beneficios de las disposiciones que estamos aprobando en el Parlamento. Y la situación es dramática para los conductores del transporte colectivo: microbuseros, taxistas colectivos, transportistas escolares -lo venimos diciendo desde hace tiempo-, los cuenta propia, los trabajadores independientes.
Este proyecto les resuelve un problema, porque es posible que lleguen a fin de mes y se encuentren con que ya no son beneficiarios de derechos esenciales pues les cortaron los suministros.
No queremos que la solución que se propone sea vista como un favor, sino como un derecho en circunstancias dramáticas como las que vive el país.
Por lo tanto, vamos a poner orden. Acá se va a hacer lo que corresponde. ¡En situaciones de emergencia todos tienen que ponerse!
El Presidente posee facultades que debe ejercer no solo cuando se trata de pedirles sacrificios a los más débiles, sino sobre todo cuando se trata de los más poderosos.
Finalmente, quiero señalar, porque seré breve, que acá vemos serios problemas que se relacionan con el corte de los servicios, por ejemplo, de internet. Estamos hablando de la dificultad para realizar el trabajo a distancia para que las familias se protejan y no se expongan al contagio del coronavirus.
Podríamos eventualmente cortarles el servicio. ¡Pero qué pasa con la educación de los niños! Se está tratando de avanzar hacia un sistema educacional a distancia, pero las familias no tendrían acceso porque no están pagando su cuenta. Entonces, ¿dónde quedan los derechos cuando se aplica un criterio tan irrestricto, tan exigente de beneficio a las empresas? Además, ¡se van a pagar las cuentas!, nadie está diciendo que no se cobrarán. Las cuentas se van a pagar, pero con cuotas y sin intereses, pues estará aprobado por una ley, por lo tanto, tampoco puede haber multa.
Yo creo que esto es de sentido común. Cuando el Presidente es débil en la defensa del consumidor y del ciudadano corriente el Congreso debe hacer su labor y poner los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y finalmente de las familias chilenas sobre la mesa, y este proyecto les hace justicia.
No se trata de pedirles a las grandes empresas, a los monopolios naturales, con todos los beneficios que la ley les otorga, que quede sujeto a su arbitrariedad si se ponen o no. ¡Aquí todos se ponen! Y los más necesitados como nunca requieren garantías básicas en acceso a los servicios esenciales.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.


El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, este proyecto de ley pretende entregar beneficios que ya están resueltos en un acuerdo, por escrito, transparente, abierto, alcanzado por el Presidente de la República con las distintas empresas concesionarias de servicios básicos.
Y no creo que dichas empresas sean amigas del Presidente de la República. Yo no sé, a lo mejor lo son de las bancadas de enfrente, porque los gobiernos de ustedes les entregaron la concesión a todas ellas.
Las firmas de los Ministros de la Concertación y de la Nueva Mayoría están en los contratos de concesión de las empresas sanitarias; de las concesionarias de las carreteras, de las empresas de servicios eléctricos. ¡Fueron los Ministros de la Concertación, no los amigos del Presidente Piñera!
Por lo tanto, digamos las cosas como son. ¡Seamos serios!
En esta materia el Presidente actuó inmediatamente, mucho antes que este Congreso, para enfrentar una situación dramática. Por lo mismo, llevamos casi cincuenta días de pandemia y a nadie le han cortado la luz; a nadie le han cortado el agua; a nadie le han cortado el gas. ¡Porque el Primer Mandatario actuó de manera correcta!
Lo preocupante, señora Presidenta, es lo otro que señalo. Como dije, destacados Ministros de un partido de Centroizquierda firmaron contratos con empresas concesionarias, con los cuales hay que cumplir, porque es la capacidad contractual del Estado, su seriedad, la que está en juego. Se trata de contratos con privados, la mayoría extranjeros, que tienen vínculos a nivel internacional.
¡Eso hay que cumplirlo; hay que respetarlo!
A mí no me gustaría ver el día de mañana, ante tribunales internos o internacionales, que la firma de un destacado Ministro de los Gobiernos de la Concertación o de la Nueva Mayoría fuera puesta en duda.
El señor LETELIER.- ¡No se preocupe por eso!
El señor PÉREZ VARELA.- A mí no me gustaría.
El señor LETELIER.- ¡No se preocupe, Senador!
El señor PÉREZ VARELA.- A lo mejor, al Senador Letelier no le preocupa; pero a mí no me gustaría. Esa es la diferencia.
En consecuencia, creo que en estas materias debemos actuar con seriedad y decirle a la gente que no le van a cortar la luz, que no le van a cortar el agua, que no le van a cortar el gas, porque el Presidente de la República actuó oportunamente, y, además, que va a poder postergar los pagos de sus cuentas, porque el Presidente de la República actuó oportunamente.
El Presidente actuó con responsabilidad para no poner en riesgo la responsabilidad contractual del Estado.
Aquí están los contratos firmados -reitero- por distinguidos miembros de partidos que hoy día son de Oposición, pero que antes eran de gobierno.
Por lo tanto, esas empresas no son amigas del Presidente. A lo mejor lo son de otros.
Hay que tratar estos asuntos con responsabilidad y seriedad para otorgarles beneficios a las personas; así estas se sentirán respaldadas por las autoridades del Estado en los momentos difíciles que estamos viviendo.
En cuanto a servicios básicos, la gente lo sabe y está recibiendo beneficios, porque -reitero- el Presidente de la República actuó responsablemente, sin poner en cuestión la palabra del Estado, que está expresada en contratos, y sin poner en cuestión el sistema sobre el cual está basado todo el engranaje de las concesiones y las leyes que lo sustentan, que también fueron dictadas en los gobiernos de ustedes y lideradas por destacados Jefes de Estado, como los Presidentes Lagos y Frei.
Por lo tanto, los beneficios a las personas están llegando y van a estar presentes mientras siga la pandemia, sin demagogia, sin populismo, sin irresponsabilidad. Y eso lo hizo el Presidente de la República.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Girardi.


El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, algunos pueden plantear que este es un proyecto con visos de populismo, pero yo lo valoro en el contexto del desafío que tiene Chile para enfrentar la pandemia del COVID-19.
La única manera de hacer efectivo el cumplimiento de la estrategia y las recomendaciones sanitarias y epidemiológicas para lograr éxito; restablecer el funcionamiento de la economía, la apertura de los colegios y los malls, y permitir que las personas vuelvan a sus empleos en una situación de normalidad relativa -porque, mientras no haya vacuna, se va a mantener esta emergencia epidémica, aun cuando sea de manera disminuida- es tomando medidas eficaces.
Y todas las recomendaciones, en todas partes del mundo, apuntan a que las medidas se pueden relajar solo cuando se produzca una franca curva de descenso de los casos. Y en Chile eso no está ocurriendo, excepto en los sectores de altos ingresos. En nuestro país hay dos pandemias, una de ellas es la del sector oriente de la Región Metropolitana, la de las comunas más ricas, donde efectivamente hay una disminución del R0, que es el coeficiente de transmisión, y de lo que se llama "trazabilidad", que debe superar el 90 por ciento para que no haya transmisión comunitaria.
Ahí sí se pueden relajar las medidas. Eso es lo que están haciendo algunos países, como Alemania, Nueva Zelandia, China (en Wuhan, pero no en la zona norte, donde están teniendo nuevos brotes) y Corea del Sur.
Una de las medidas importantes es el aislamiento, la cuarentena, que tiene una característica: para que funcione debe tener un cumplimiento efectivo del 80 por ciento. De lo contrario, no se logra el objetivo, como está ocurriendo en Ñuñoa.
Por tanto, es fundamental que las personas que van a enfrentar el aislamiento y la cuarentena tengan condiciones sociales para poder hacerlo. Y lo que estamos haciendo acá es generar tales condiciones.
No hay posibilidad de cumplir con esas medidas, que buscan aplanar la curva, si se carece de agua. En Chile 500 mil personas no tienen agua para tomar. Se dictó un decreto para dar 100 litros de agua por persona en la Quinta Región y fue anulado, lo cual representa una situación tremendamente compleja y -yo diría- casi antisanitaria, que vulnera las normas de salud, porque el pilar de la protección y de la lucha contra el coronavirus es, por lo menos, el lavado de manos.
Si la gente no dispone de elementos básicos; si no tiene luz, agua, conectividad a internet ni servicio de teléfono, evidentemente se hace imposible cumplir con las medidas de aislamiento social y cuarentena.
Pero es más complejo en los sectores de menores recursos. Quiero recordar que es muy distinta la pandemia en Vitacura o en La Dehesa que en Puente Alto, donde los adultos mayores, los enfermos crónicos o una persona infectada no tienen ninguna posibilidad de aislarse, pues disponen de un solo baño y viven muchas veces con allegados y más familiares. Ante ello, la estrategia central es realizar testeos masivos y búsquedas de contactos y casos asintomáticos.
Para que todo eso se pueda cumplir, se requieren elementos de resguardo social. Ya se han adoptado algunas medidas en términos de ingresos y en materia laboral. No veo por qué no aplicar el mismo estándar: si hemos buscado defender a las empresas, me parece igual de bien que queramos proteger a las personas.
Pero deseo agregar un hecho adicional: en Chile existe un cobro excesivo por los servicios básicos. No hemos tenido la fuerza ni la capacidad para regular este otro tema. Se pagan tarifas de agua absolutamente excesivas en comparación a la prestación del servicio, cuyos valores, comparados con los del resto de Latinoamérica, son altísimos. Estamos pagando tarifas eléctricas muy por sobre el promedio de la región.
Sin embargo, si uno mira el nivel de inversión de las empresas chilenas en este ámbito, observa que es menor, a pesar de tener una rentabilidad mayor que la del resto de los países latinoamericanos. Además, presenta un grado de error, una frecuencia de cortes e interrupción de los servicios también mayor al del resto de muchos países de la región, en los cuales el costo de las tarifas y la rentabilidad de las empresas son más bajos.
Le pido un minuto adicional, señora Presidenta.
Por lo tanto, aquí hay dos temas que debemos evaluar.
El primero se refiere a una medida directamente relacionada con cómo colaborar para que las propuestas sanitarias tengan viabilidad. Esto se da en el contexto exclusivo de lo que se ha definido como "estado de catástrofe" y tendrá la misma duración que el proceso de control de la epidemia. Ojalá se logre controlar la epidemia en el más breve plazo, justamente para que la economía se pueda reactivar, porque, mientras haya muertos y aumento de casos, la economía no se va a reactivar.
Y, en segundo lugar, debiéramos de una vez por todas enfrentar el tema de las tarifas excesivas que pagan los chilenos, en general, por los servicios básicos, en comparación a lo que se paga en el resto del continente latinoamericano. No hay ninguna razón para que en Chile se pague más, porque no se recibe un mejor servicio o uno con menos fallas.
He dicho, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-Senador Letelier, tiene la palabra.


El señor LETELIER.- Señora Presidenta, yo lamento el tono de la intervención del colega que antecedió al Senador Girardi, porque trata de decir que el Presidente Piñera es como un superhéroe que resuelve todo, que en el país no se mueve una hoja sin que él lo diga. Creo que ese tono, realmente, no es bueno.
Aquí estamos frente a una crisis. Hay familias con un nivel de angustia tremendo, pues no cuentan con ingresos para pagar sus cuentas, para comprar sus víveres. ¡Y se viene el invierno! Por tanto, existe un problema objetivo.
En estos temas, como ocurre en toda América Latina, debiéramos tener criterios compartidos.
Y el criterio compartido en este caso es contar con este mecanismo para no tener que pagar ahora las cuentas de agua, luz, gas e internet y prorrogar dicha obligación. La idea es poder mantener el funcionamiento de servicios básicos esenciales, postergando el pago del respectivo consumo, sin cobro de intereses. Me parece del todo obvio, ¡del todo obvio!
Lo anterior, incluso cuando los montos son bajísimos. En el caso del agua, por ejemplo, los umbrales de consumo están muy por debajo de lo que, probablemente, utiliza más de la mitad de las familias de Chile. En cuanto a la comunicación por internet, se requiere mantener al menos los niveles mínimos necesarios para no perder conectividad.
En estos temas, señora Presidenta, hago un llamado a compartir el criterio.
En otros podremos tener tremendas discrepancias. Algunos de nosotros hemos manifestado diferencias cuando el Gobierno dice que se han invertido 12.700 millones de dólares para enfrentar la pandemia, porque, hasta la fecha, a los hogares de las familias de trabajo ha llegado solo el bono de 50 lucas, que equivale a 160 millones de dólares, no más.
Pediría que nos concentremos en las cosas que van a llegar a los hogares de las familias de trabajo, de clase media, de quienes lo están pasando pésimo, cuyos niños no están en el colegio y hacen sus tareas a través de un celular, todos los cuales están realmente preocupados y desesperados.
Para eso sugiero que nos sumemos a esta iniciativa. Es un buen proyecto.
Busquemos soluciones que permitan a todos un entendimiento.
Yo estoy seguro de que la gran mayoría de las empresas que proveen servicios va a sumarse a esta iniciativa, sin toda esa oposición que han manifestado algunos colegas acá. Son empresas que se han construido y cuyos dueños se han enriquecido gracias a este país, donde han hecho sus inversiones. No veo por qué las concesionarias de servicios públicos de distribución eléctrica van a quebrar por postergar el pago de ciertas cuentas. Además, no es una norma para todo el mundo. Se trata de un beneficio al que pueden acogerse. No están todos obligados a hacerlo.
Por ende, yo trataría de recentrar el debate en ese foco.
Felicito a la Comisión de Economía por el trabajo que llevó a cabo. Ha presentado un proyecto muy equilibrado a la Sala, que es viable y posible.
Entendamos que los umbrales de consumo quizás sean bajos y que, respecto del mecanismo que se planteó para el agua potable, es muy importante que se permita solicitar una reconsideración.
Termino señalando, señora Presidenta, que espero que sean solo tres meses. Se nos viene una crisis económica de proporciones. Todos estamos leyendo los mismos diarios, la misma información: esta crisis va a significar un desempleo de doble dígito en nuestro país.
No perdamos de vista que en estas materias todos debemos hacer un esfuerzo y no polarizar el debate en forma innecesaria sobre algo tan básico como el agua, la luz, el gas y el internet.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Con la intervención del Senador Letelier, queda cerrado el debate.
Senador Harboe, ¿un punto de reglamento?


El señor HARBOE.- Sí, señora Presidenta. Deseo dejar una constancia.
Me habría encantado participar en esta discusión, pero, de acuerdo al artículo 8º del Reglamento, me declaro inhabilitado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
Gracias, Senador Harboe.
Le ofrezco la palabra al señor Secretario para que explique la votación.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Esta es una discusión en general y particular. En consecuencia, al aprobar la idea de legislar quedarían también aprobadas todas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones.
Al respecto, debo hacer presente que se han presentado indicaciones en la Mesa.
La primera de ellas es del Senador García, para enmendar el inciso final del artículo único.
La segunda fue presentada por el Senador Elizalde y la Senadora Rincón, para modificar varias...
El señor COLOMA.- ¿Pero el proyecto se va a votar?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Sí, pero se está dando cuenta de las indicaciones.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, nosotros vamos a retirar la indicación.
Su objetivo era hacer muy estricta la aplicación del beneficio, pero, después de escuchar las intervenciones de quienes se oponen al proyecto, la verdad es que no se nota un espíritu muy constructivo.
Entonces, con el ánimo de facilitar la votación, vamos a retirar nuestra indicación. Lo acabo de hablar con la Senadora Rincón.
El señor MOREIRA.- ¡Abstenerse no es oponerse!
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Queda retirada, entonces.
La siguiente indicación fue presentada por el Senador Chahuán, para agregar una frase al final al inciso cuarto.
Por su parte, el Senador Navarro ingresó dos indicaciones: con la primera propone agregar, en el inciso primero, después de la palabra "hospitales", la frase "establecimientos educacionales y centros de salud municipales", y con la segunda plantea cambiar, en el inciso séptimo, el guarismo "12" por "15".
Finalmente, está una indicación de la Senadora señora Provoste, para eliminar el inciso séptimo.
En definitiva, con la primera votación se entenderían aprobados los incisos segundo, tercero, quinto, sexto...
El señor COLOMA.- ¿Pero se va a votar en general?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí. La primera votación es en general, con lo cual quedarían también aprobados en particular todos las normas que no fueron objeto de indicación ni de modificaciones, que son las siguientes: incisos segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y undécimo.
Esa será la primera votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
En votación general, además de los incisos del artículo único señalados por el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- A continuación, vamos a proceder a consultar la votación de...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Silencio en la Sala, por favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-... las Senadoras y los Senadores que se encuentran participando de manera remota en la sesión.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
Active el micrófono.
La señora ARAVENA.- Abstención.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.-... (falla de audio en transmisión telemática).
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Abstención, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Harboe se inhabilitó.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
Está apagado su micrófono.
El señor HUENCHUMILLA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
¿Cómo vota?
¿No escucha?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No escucha.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- A favor.
Ya había votado, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- No se había escuchado.
El señor DE URRESTI.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Tiene que prender el micrófono.
¿Puede verbalizar el voto?
¿Cómo vota, señor Senador?
¿Puede hablar?
Tiene el micrófono activado. ¿Puede hablar?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Senador Montes, ¿puede modular cómo vota? Porque mostrando solo el índice no podemos computar su voto. ¡El índice o lo que sea...! ¡Module: sí o no...!
El señor MONTES.- ¿Aló?
¿Ahí? ¿Ahora sí?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora sí. ¿Cómo vota, señor Senador?
El señor MONTES.- Yo voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto y se aprueban en particular los incisos segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, noveno, décimo y undécimo del artículo único (30 votos a favor y 9 abstenciones).
Votaronpor la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, García-Huidobro, Kast, Moreira y Pérez Varela.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Quintana.
Ahora corresponde pronunciarse respecto de las indicaciones.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- En el orden del proyecto de ley, correspondería proceder a votar la indicación presentada por el Senador Navarro respecto del inciso primero, que propone incorporar, después de la palabra "hospitales", la siguiente frase: ", establecimientos educacionales y centros de salud municipales".
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación la indicación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora vamos a proceder a consultar a los Senadores que se encuentran participando de manera remota.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
No está en este momento.
Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- En contra, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Abstención, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Harboe está inhabilitado.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- ¿Qué pasa?
El señor ELIZALDE.- ¿Cómo vota?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo vota, Senador señor Montes?
El señor MONTES.- ¿Se está votando o no? ¿Qué pasa?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se está votando...
El señor MONTES.- Estoy desconectado. No oigo lo que pasa en la Sala.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se está votando la indicación presentada por el Senador señor Navarro.
El señor COLOMA.- ¡Si no oyó lo que estamos votando ahora, no puede votar!
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- En contra, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.-... (falla de audio en transmisión telemática)... Secretario. Y también había pedido agregar mi voto a favor en la votación anterior.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ya quedó consignada su intención de voto.
Y ahora, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.-... (falla de audio en transmisión telemática)... señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- No se escuchó bien. ¿Vota a favor?
El señor SORIA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿escucha ahora?
Tiene un problema con el computador.
Es necesario que prenda el micrófono.
El señor MONTES.- ¿Aló? ¿Ahí se oye?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí. Ahí sí.
El señor MONTES.- ¿Se oye?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí.
El señor MONTES.- Es que no sé, algo pasa con mi sistema. Pero estoy a favor del proyecto. Quiero dejarlo en claro.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo vota esta indicación?
El señor SANDOVAL.- Díganle que no estamos votando el proyecto, sino una indicación.
El señor COLOMA.- Eso no se puede, señora Presidenta.
El señor MONTES.- Estoy a favor de la iniciativa y así lo estoy diciendo en el micrófono. Estoy a favor del proyecto.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Es una indicación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Senador, estamos votando por separado las indicaciones.
Ya se consignó su voto por el proyecto, anteriormente. Ahora corresponde votar la indicación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Okay. No se puede consignar su voto.
Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación del Senador señor Navarro formulada al inciso primero del artículo único (24 votos a favor, 11 en contra y 3 pareos).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Castro, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Navarro, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Durana, Kast, Moreira, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Aravena y los señores García y García-Huidobro.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Pasamos a la próxima indicación.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Corresponde pronunciarse acerca de la indicación presentada por el Senador Chahuán, quien solicita agregar al final del inciso cuarto la siguiente frase: "Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.".
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación la indicación del Senador Chahuán...
El señor LETELIER.- ¿Puede repetirla, señor Secretario?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ya fue leída la indicación, por segunda vez. La volveremos a leer por tercera vez.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La indicación solicita agregar al final del inciso cuarto la siguiente frase: "Para asegurar el correcto despliegue del plan solidario durante el período decretado como emergencia sanitaria se deberá garantizar la conectividad para fines laborales, educacionales, de salud y de información, para lo cual las empresas deberán realizar las acciones técnicas necesarias que aseguren dicho fin, beneficiando su tráfico por sobre otros usos relacionados.".
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación la indicación del Senador Chahuán.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Vamos a consultar la votación de los Senadores que se encuentran a distancia.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- A favor, Secretario. A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
¿Puede activar el micrófono?
La señora ARAVENA.- Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
No está conectado.
El Senador señor Harboe se encuentra inhabilitado.
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- ¿Aló? A favor. Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
Ahora se activó su micrófono.
La señora ÓRDENES.- Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
No está conectado.
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.- Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- A favor, señor Secretario.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación del Senador señor Chahuán planteada respecto del inciso cuarto del artículo único (22 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y los señores Araya, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Letelier, Montes, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros y Soria.
Votó por la negativa la señora Rincón.
Se abstuvieron las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Kast, Latorre, Moreira, Pérez Varela, Pizarro y Sandoval.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Pasamos a la próxima indicación.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Respecto del inciso séptimo, se han recibido dos indicaciones, las cuales tendrían que votarse por separado.
Una de ellas corresponde a la presentada por la Senadora Provoste, y es para eliminar el referido inciso, por lo que habría que votarla primero.
Luego estaría la indicación del Senador Navarro, por la que propone cambiar en el texto de dicho inciso el guarismo "12" por "15".
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación la indicación de la Senadora señora Provoste.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Elimina el inciso séptimo, por lo que no se fija límite de consumo.
El señor MOREIRA.- Lo elimina.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
A continuación, corresponde consultar cómo votan los Senadores que están participando de la sesión a distancia.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- Abstención.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- Rechazo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- Logré que se arreglara el micrófono, y ahora oigo a la Sala.
Me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.- Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- A favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Resultado de la votación: 13 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Bianchi, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votó por la negativa las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, Insulza, Kast, Letelier, Moreira, Pérez Varela y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Allende, Aravena y Rincón y los señores Araya, De Urresti, Montes y Ossandón.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Conforme al Reglamento, las abstenciones influyen en el resultado.
En consecuencia, hay que repetir la votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En votación.
--(Durante la votación).


El señor LETELIER.- Pido la palabra para un asunto reglamentario, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, uno debería poder fundamentar el voto, para por lo menos explicar qué se está discutiendo.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tuvimos dos a tres horas de debate.
El señor LETELIER.- Esta indicación no fue objeto de una discusión de dos horas ni de quince minutos.
Aquí se está proponiendo dejar sin límite el consumo de agua. Y en tiempos de sequía me parece una cuestión muy debatible.
Yo estoy de acuerdo con aumentar el límite a 15 metros cúbicos. Ello lo estimo razonable, pues corresponde al consumo aproximado de una familia en estas condiciones críticas. Sin embargo, dejar esto sin límites puede llevar a una situación dramática a algunas regiones, donde apenas existe producción de agua suficiente.
Ese es el punto.
Por eso quiero explicar por qué voto en contra de esta indicación.
No creo que acá se pueda dejar sin límite. Pienso que hay que subir el guarismo, pero no debe ser ilimitado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Solamente le voy a dar la palabra a la Senadora señora Provoste, que es quien presentó la indicación. Luego de ello seguiremos con la votación.
Puede intervenir, Su Señoría.


La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, muchas gracias, porque este debate permite también derribar muchos mitos que existen respecto del tema de la sequía.
En tal sentido, me quiero remitir al último estudio que ha realizado la Fundación Chile a propósito de una campaña que comenzó a organizar el propio Gobierno y que copió de Israel, por la cual, sin embargo, pagó una cuantiosa cantidad de recursos en nuestro país.
La Fundación Chile señala en su estudio que no es atribuible a las familias el costo de la sequía; que principalmente eso debe estar radicado -y lo está- en las grandes empresas que utilizan abusivamente el agua.
Cuando hoy día les estamos pidiendo a las familias que se queden en sus casas, que en su gran mayoría son extendidas, y les estamos diciendo que una medida fundamental para evitar el contagio es lavarse frecuentemente las manos por más de dos minutos, quiero ser consistente con aquello que se ha estado señalando.
Mi indicación no tiene que ver con establecer los 15 metros cúbicos que propone otra indicación, cuestión que a nosotros también nos parece una buena aproximación. El referido guarismo se utiliza para acceder al subsidio al pago de consumo de agua potable. Pero ello no se puede plantear en tiempos de pandemia, en que les estamos diciendo a las familias que deben lavarse frecuentemente las manos y que además tienen que estar confinadas en sus casas.
Por lo tanto, nos parece innecesario confundir una realidad muy lacerante en nuestra sociedad como la sequía con una medida destinada a las personas, porque -reitero- la propia Fundación Chile ha indicado que el mayor costo de la sequía lo tienen las empresas y no las familias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- En esta segunda votación, conforme al artículo 178 del Reglamento, se hace un llamado a los Senadores que se han abstenido para que se pronuncien, porque de lo contrario, las abstenciones se sumarán a la posición que haya obtenido mayor número de votos.
Corresponde, entonces, consultar cómo votan los Senadores que están participando de la sesión a distancia.
Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- Voy a votar de nuevo abstención, porque esa ha sido mi postura respecto del proyecto en general. Entonces, me parece que eso es lo correcto
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- Rechazo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor García-Huidobro, ¿cómo vota?
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Abstención.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- Apruebo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Voto a favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- A favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- A favor, señor Secretario.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
El señor LAGOS.- Agregue mi voto, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Como intención de voto, pues está terminada la votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Lo incorporaremos posteriormente, como intención de voto.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Resultado de la votación: 18 votos a favor, 15 votos en contra y 3 abstenciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Montes, Navarro, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, García, Insulza, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Aravena y Rincón y el señor García-Huidobro.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Lagos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Las abstenciones influyen en el resultado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- En la segunda votación las abstenciones se suman a la posición que haya obtenido mayor número de votos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Queda aprobada la indicación, porque las abstenciones, en la segunda votación, se suman a la posición de mayoría.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Por lo tanto, serían 21 votos a favor.
--Se aprueba la indicación de la Senadora señora Provoste formulada al inciso séptimo del artículo único (21 votos a favor y 15 en contra).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En consecuencia, al aprobar esta indicación, queda desechada la del Senador señor Navarro.
¿Hay más votaciones, señor Secretario?


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sí, señora Presidenta.
Queda una indicación, la presentada por el Senador García al inciso final del artículo único, para incorporar entre las palabras "las cooperativas" y "eléctricas" la siguiente frase: "y pequeñas empresas de distribución".
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García.


El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, el inciso final del artículo único les da facilidades a las cooperativas que distribuyen energía para que puedan pagarles a las empresas generadoras y a las empresas transmisoras en cuotas en el mismo número de meses en que se prorratearán las cuentas de sus clientes finales.
Sin embargo, hay pequeñas empresas de idéntico tamaño a las cooperativas que atienden al mismo cliente objetivo; muchas son de población rural; algunas incluso nacieron como cooperativas. Entonces, es de toda justicia darles a ellas el mismo tratamiento en la medida que, como digo, atienden al mismo público objetivo y son de idéntico tamaño que las cooperativas. Porque si no, les originaríamos una situación muy muy desventajosa.
Ese es el objetivo de esta indicación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Les parece a Sus Señorías aprobar por unanimidad la indicación del Senador señor García, que es de toda lógica?
El señor QUINTEROS.- De acuerdo.
El señor NAVARRO.- Sí.
El señor PIZARRO.- Sí, Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Hay acuerdo.
Les consulto a los Senadores que están participando de la sesión a distancia si existe acuerdo para aprobar de manera unánime la indicación de Su Señoría.
Hay acuerdo también.
--Por unanimidad, se aprueba la indicación del Senador señor García planteada respecto del inciso final del artículo único, y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.