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SUSPENSIÓN DE CORTE DE SERVICIOS BÁSICOS POR NO PAGO EN VIRTUD DE CRISIS ORIGINADA POR CORONAVIRUS


El señor QUINTEROS.- Presidenta, el proyecto que tenemos hoy en discusión se hace cargo de un problema que está afectando a las familias más vulnerables de nuestro país. De acuerdo con las cifras de la OIT, los trabajadores informales son los más vulnerables de los tres millones trecientas mil personas que componen la fuerza laboral global, ya que carecen de protección social, no tienen acceso a un buen cuidado de la salud o los medios para trabajar desde casa, y podrían ver vulnerado su acceso a los servicios básicos por no poder pagar sus cuentas debido a la crisis.
Y hoy, en nuestro país, más de un millón de trabajadores tiene sus contratos suspendidos por la ley de protección al empleo y ven disminuidos sus ingresos, como también hay un gran porcentaje de trabajadores informales que durante la emergencia sanitaria han quedado prácticamente sin ingresos durante toda esta época.
El proyecto que se vota hoy viene a entregar una solución a estas familias que, como dije, verán disminuidos sus ingresos, y a aquellos que no tendrán ingresos en los meses venideros porque se verán imposibilitados de trabajar, pues pertenecen a ese sector de la población que trabaja de manera informal.
Si bien, como se ha dicho acá, hoy existe un acuerdo previo de buena voluntad entre las empresas y el Gobierno, que busca que no se suspendan los servicios básicos por el no pago, este proyecto que se viene a materializar es una norma legal. Su objeto es no suspender los servicios básicos de agua, electricidad y gas a usuarios residenciales; a hospitales; a cárceles; a hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual; a Bomberos; a organizaciones sin fines de lucro y microempresas dentro de un período de noventa días, y prorratear dentro de los doce meses siguientes el pago de estos servicios básicos sin que se consideren intereses, viniendo así a aliviar el bolsillo de muchas familias que miran con incertidumbre el futuro que se avecina. Y se incluyen también beneficios en telefonía e internet, de manera de que se pueda contar con la conectividad necesaria en estos tiempos.
Es fundamental hoy, cuando las clases están suspendidas, cuando los niños y universitarios están en clases telemáticas y la gente se encuentra en sus hogares, en muchas comunas por cuarentena, que estas familias cuenten con sus servicios básicos y estos no se suspendan por no pago y, sobre todo, se entreguen las facilidades para que los usuarios puedan, luego de ello, pagar de manera acorde a sus bolsillos las deudas que se acumularán durante estos meses.
Como legisladores, debemos entregar soluciones a las familias chilenas para que, dentro de todo, puedan llevar sus vidas en forma normal. Y este proyecto viene a aportar a eso.
Debemos ser conscientes de que numerosas familias, en estas circunstancias, tienen que priorizar distintas necesidades y repartir los escasos recursos de que hoy disponen para cubrir otras necesidades, como la alimentación, dejando muchas veces de lado el pago de estos servicios.
Pero este proyecto es solo una parte.
Debemos avanzar -y varias veces lo hemos planteado como bancada socialista- en una renta básica de emergencia que sea real, que solucione y alivie el bolsillo de las familias más humildes, que en esta época ven sus ingresos mermados por no contar con ingresos formales.
Debemos ser conscientes de que en los meses venideros las familias más vulnerables son las que se verán más afectadas por esta crisis. Y esas consecuencias ya las estamos viviendo.
El proyecto que hoy votamos es un alivio que debe ser complementado con otras medidas que han de venir desde el Ejecutivo. Pero estas medidas deben estar ajustadas a la realidad de las familias.
Avanzaremos en todos los proyectos que vayan en esa línea, aunque siempre buscaremos mejorarlos cuando no recojan todas las necesidades de las familias chilenas.
He dicho.