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AUMENTO DE CAPITAL DE FOGAPE Y FLEXIBILIZACIÓN TEMPORAL DE SUS REQUISITOS


La señora MUÑOZ (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que aumenta el capital del Fondo de Garantía para pequeños y medianos empresarios (Fogape) y flexibiliza temporalmente sus requisitos, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.430-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 13ª, en 14 de abril de 2020 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 14ª, en 14 de abril de 2020.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Para este debate, como se indicó en los acuerdos de Comités, se otorgará a cada bancada el tiempo correspondiente a Incidentes elevado al doble.
A este respecto, el Partido País Progresista e Independientes contará con ocho minutos; el Partido Evópoli, con cuatro minutos; el Partido Unión Demócrata Independiente, con veintiséis minutos; el Partido Revolución Democrática, con cuatro minutos; el Partido Por la Democracia e Independientes, con veintidós minutos; el Partido Renovación Nacional e Independientes, con veintiséis minutos; el Partido Socialista, con veinte minutos, y el Partido Demócrata Cristiano, con catorce minutos.
Se solicita que se haga llegar el listado de quienes van a intervenir y el tiempo asignado conforme a su distribución interna.
Con relación al proyecto, cabe señalar que sus principales objetivos son promover, facilitar y ampliar el acceso a liquidez para los agentes económicos que lo necesiten, con especial énfasis en aquellos afectados por la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, mediante la flexibilización de los requisitos exigidos para el uso de Fondo de Garantía para pequeños y medianos empresarios (Fogape), hasta el 30 de abril del 2021, y la autorización para realizar un aumento de capital en dicho fondo por hasta 3 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento, por tratarse de una iniciativa calificada con urgencia de "discusión inmediata". Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro. En particular aprobó el proyecto con las modificaciones y votaciones que se registran en su informe.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 25 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe señalar que el Ejecutivo ha presentado una indicación referida al artículo primero del proyecto, para intercalar en el inciso primero del artículo 4° de la ley vigente, que es reemplazado por el artículo tercero transitorio que se agrega al decreto ley N° 3.472, de 1980, entre las palabras "Fondo" y "deberán" la frase "cuando sean otorgados por instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central de Chile".
Es todo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, señor Secretario.
En discusión.
Ofrezco la palabra al Senador Jorge Pizarro, Presidente de la Comisión de Hacienda, para que nos entregue el informe.


El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, quiero agregar a lo ya dicho por el señor Secretario que contamos con la participación de las colegas Provoste y Rincón; del Diputado Jackson; del Ministro de Hacienda y su equipo; de la Secretaría General de la Presidencia. Del mismo modo, recibimos como invitados especiales al Presidente del BancoEstado, don Arturo Tagle, y al Gerente de Planificación y Control de Gestión de dicha institución, don Óscar González, que además es el encargado del Fogape.
Asimismo, pedimos informes y opiniones de las organizaciones de la pequeña y mediana empresa, que nos hicieron llegar por escrito.
Respecto al contenido de la iniciativa legal, se propone lo siguiente.
Se actualiza de manera formal el nombre de la Superintendencia respectiva por el de "Comisión para el Mercado Financiero".
Por otro lado, se autoriza a efectuar un aumento de capital al Fogape por hasta 3 mil millones de dólares. Asimismo, se permite que el Fisco efectúe retiros de capital del Fogape, cuando el capital disponible en relación con los financiamientos garantizados supere la ratio que instruya la Comisión para el Mercado Financiero, durante un período de seis meses consecutivos.
También se amplía transitoriamente, hasta el 30 de abril de 2021, el acceso al Fogape y las condiciones de garantía de financiamiento que este otorga, en los términos siguientes:
Se permite acceder al financiamiento garantizado por el Fogape a empresas con ventas netas anuales superiores a las 100 mil unidades de fomento y que no excedan de un millón de unidades de fomento. Hay que destacar que estas empresas implican un universo de 2.356.586 trabajadores dependientes y un total, además, de 528.632 trabajadores a honorarios.
Se aumenta también transitoriamente de 5.000 a 6.250 unidades de fomento el monto máximo de financiamiento a garantizar por el Fogape para las empresas pequeñas. Y se sube, a su vez, de 80 por ciento a 85 por ciento el porcentaje máximo de cobertura del saldo de cada financiamiento a garantizar por el Fogape para estas empresas.
En el caso de las empresas medianas, se aumenta transitoriamente de 15 mil a 25 mil unidades de fomento el monto máximo de financiamiento a garantizar por el Fogape. Y se sube de 50 por ciento a 80 por ciento el porcentaje máximo de cobertura.
Respecto de las empresas con ventas netas anuales superiores a 100 mil unidades de fomento y hasta 600 mil, se aumenta el porcentaje máximo de cobertura a un 70 por ciento y se fija el monto máximo de financiamiento en 150 mil unidades de fomento.
Para las empresas con ventas netas anuales superiores a las 600 mil unidades de fomento y hasta un millón de unidades de fomento, se establece un monto máximo a garantizar de 250 mil unidades de fomento, y el porcentaje máximo de cobertura será de 60 por ciento.
Y, por último, se faculta transitoriamente al Ministerio de Hacienda, por un plazo de sesenta meses desde la publicación de la ley en proyecto, para expedir uno o más decretos supremos con el objeto de establecer requisitos y condiciones mínimas para las bases de licitación, regular el funcionamiento del Fogape y fijar todos los demás aspectos necesarios para hacer frente a esta crisis y sus efectos en nuestra economía.
Señora Presidenta, los fundamentos del proyecto ya los explicará el señor Ministro.
No obstante, lo que se busca es ayudar a las empresas, en especial a las de menor tamaño, que son las que generan mucho empleo, y, por supuesto, a los trabajadores con contrato y también a los independientes.
Esta iniciativa busca resolver la falta de acceso al crédito para capital de trabajo, a fin de que las empresas puedan sortear esta crisis sanitaria que tiene efectos muy graves sobre la economía -esperamos que la crisis dure unos tres o cuatros meses-, de modo que estén en un buen pie para la etapa de recuperación económica, que ojalá parta en el último trimestre de este año.
Hoy día las empresas no están accediendo a la liquidez que el Banco Central está generando con su baja tasa de 0,5. Este planteamiento lo hemos hecho varias veces, y esa es la razón por la cual en el proyecto de ley se establece este fortalecimiento del Fogape, con el objeto de facilitar el acceso de esas empresas a través del sistema garantizado.
La iniciativa persigue capitalizar al Fogape con 3 mil millones de dólares, lo que permite apalancar un monto de créditos superior a 20 mil millones a través de las garantías estatales. Eso hará posible inyectar liquidez a las empresas del país.
Sin duda, este proyecto es una respuesta a la crisis. Su texto plantea que estas reglas estarán vigentes hasta el 30 de abril de 2021.
La nueva tabla de garantías se encuentra establecida en la iniciativa; ya hice la reseña respectiva.
Señora Presidenta, la preocupación expresada en la Comisión de Hacienda del Senado radicó en cómo este sistema de garantías estatales se convierte en un mecanismo accesible a las empresas, en especial para las pymes, con tasas bajas; en que la tasa del 0,5 del Banco Central se traspase efectivamente a las empresas, y en que, además, no se siga exigiendo estar al día con los créditos.
El debate en la Comisión estuvo centrado en cómo se regulaba el Fogape; en cómo se hacen exigibles las bajas de tasa para estos créditos con garantía estatal; en cómo se explicitaban, ya sea en la ley o en el reglamento, los anuncios que hizo La Moneda; y en lo relativo a la información que el Fogape y el Ministerio de Hacienda deben entregar a las Comisiones de Hacienda del Congreso.
El Ejecutivo acogió parte de las inquietudes planteadas en la discusión de la Comisión, y eso permitió que quedara establecido en la ley que los créditos tendrán una tasa de interés máxima, TPM más 3 por ciento, que fue aprobada por unanimidad.
Esta indicación del Gobierno es relevante, porque, lógicamente, en una situación de excepción se rompe la norma y se establece un techo que puede garantizar realmente que se entregue un aporte y un apoyo importante a las empresas que hoy día están sumamente comprometidas, además de permitirles mantener la continuidad en la operación para garantizar el empleo y la actividad que haga posible la recuperación de la economía.
El Ejecutivo también comprometió la regulación en el reglamento de las licitaciones a la banca en las garantías estatales; la incorporación de los anuncios realizados; y, en materia de información, la entrega detallada a las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, estableciendo un sistema de información semanal, quincenal y mensual, en este último caso, de manera presencial.
Es importante resaltar también que el aporte de la colocación de estos créditos con garantía estatal va a ayudar a las empresas que requieren este apoyo fiscal, y así lo han reconocido las organizaciones de empresas pequeñas y medianas y todas las otras organizaciones, que son las que han estado también detrás de este proyecto.
Señora Presidenta, tal como se ha manifestado, es muy importante que podamos aprobar a la brevedad esta iniciativa.
El día de hoy el Ejecutivo presentó una indicación, a la que hizo referencia el señor Secretario, que busca que producto de este proyecto, en que se establece una tasa máxima para los bancos, no se genere una complicación para las instituciones que normalmente entregan determinados créditos sobre la base del Fogape o de la garantía del Estado, como es el caso de las cooperativas, las sociedades de garantía recíproca, las cajas de compensación, que son entidades que no tienen acceso a la liquidez del Banco Central y, tal como estaba quedando la redacción, iban a verse imposibilitadas, en buenas cuentas, de seguir operando en la práctica de manera normal.
Por lo tanto, lo que hace la indicación es establecer esta excepción, de manera que no se produzca, como consecuencia de este buen proyecto, una complicación para aquellas instituciones con las cuales se está operando normalmente.
Creo que lo más importante de esta iniciativa es que se puede actuar con celeridad. El Presidente del Banco de Chile manifestó que ellos ya estaban en condiciones, a fines de la próxima semana, de empezar a hacer operativos los créditos...
La señora PROVOSTE.- Del BancoEstado.
El señor PIZARRO.- Del BancoEstado, perdón.
Gracias por la corrección. Me traicionó el inconsciente.
Señora Presidenta, este tema es bien relevante, porque varias de las consultas, obviamente, tienen que ver con la oportunidad. A veces más importante que la cantidad de recursos es la oportunidad en que estos se entregan. Y esa fue -yo diría- la opinión unánime de los miembros de la Comisión, en el sentido de que era muy importante garantizar que los recursos se entreguen en tiempo y forma. Y para eso es fundamental que la banca sea proactiva. Como decía, hay un compromiso del BancoEstado -a través de su Presidente y del gerente a cargo del tema del Fogape-, que es la institución que opera con una mayor cantidad de microempresas o microempresarios, de emprendedores o de trabajadores independientes, los cuales podrán acceder, esperamos que a más tardar dentro de los próximos quince días, a estos créditos que les permitan tener continuidad de giro.
También se establecieron con claridad los objetivos del crédito y las limitantes. Eso formó parte del trabajo de la Comisión, donde hubo indicaciones al respecto. Y está claro que no pueden usar los recursos para pagar deudas anteriores o para retirar dividendos, repartir utilidades o hacer retiros. Es exclusivamente un capital de trabajo que permite financiar la operación. Eso implica, lógicamente, sueldos de los trabajadores, arriendos, todo lo que es la operación normal.
El crédito considera un monto máximo de hasta tres meses promedio de facturación de las empresas, que permitan establecer el mecanismo a través del cual después van a resarcir esos créditos.
Es lo que puedo informar, Su Señoría.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Gracias, Senador Pizarro.
La señora GOIC.- ¿Podemos abrir la votación?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Yo quiero solicitar el acuerdo de la Sala para que las intervenciones de las señoras y los señores Senadores, en este tiempo distribuido al doble del de la hora de Incidentes, sea para fundamentar voto.
Hay acuerdo entonces.
Muy bien.
El señor COLOMA.- ¿No va a abrir la votación?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No, nadie ha pedido abrir la votación.
Yo estoy recabando solo este acuerdo. Son más de dos horas de sesión.
El señor COLOMA.- ¿Se puede abrir la votación?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Voy a dar la palabra al señor Ministro, pero queda el acuerdo de que estas intervenciones son fundamentos de voto.
Muy bien.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor BRIONES (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, por su intermedio, saludo a los Senadores y a las Senadoras.
Yo quiero refrendar lo que señaló el Senador Pizarro y partir por agradecer la disposición, el trabajo muy rápido, con el sentido de urgencia que el Senador destacaba, para acoger este proyecto. Agradezco honestamente ese esfuerzo.
Y deseo poner en su contexto esta iniciativa, porque me parece importante reconocer y valorar lo que juntos hemos ido logrando.
No está de más repetir que enfrentamos una crisis sanitaria de proporciones, pero que también tiene efectos económicos de proporciones. Ustedes veían ayer que el Fondo Monetario Internacional entregaba sus proyecciones de crecimiento para el mundo, para Latinoamérica y para Chile, según las cuales vamos a vivir una recesión mundial, con una caída del 3 por ciento del producto global; una caída de 6,1 por ciento en las economías desarrolladas, incluyendo una caída de 7,5 en Europa, en la zona euro; una caída de más de 5 puntos, 5,2, para América Latina; y en el caso chileno, una caída de 4,5.
Entonces, estamos ante una crisis sanitaria, pero también frente a una crisis económica de alta envergadura que tiene, para mirar el lado positivo de la historia -y lo hemos dicho-, carácter de transitoria. Es un golpe muy fuerte, muy muy fuerte, pero transitorio. Y, de hecho, el escenario base del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central de Chile y también el nuestro es una recuperación económica relevante en el año próximo. Pero para que esta recuperación económica relevante -el FMI hablaba de un crecimiento esperado para Chile de 5,3 por ciento- se produzca -aquí está la clave-, tenemos que hacer lo necesario en nuestras políticas públicas para evitar que este shock transitorio, que nos va a golpear con mucha fuerza, derive en efectos permanentes en términos de destrucción de empleos, destrucción de empresas y destrucción de ingresos para las familias chilenas.
Por eso, en la serie de medidas que hemos ido tomando juntos todo se estructura en torno a proteger los ingresos de las familias chilenas. Y hemos avanzado -quiero destacarlo y deseo agradecer nuevamente al Congreso y a este Senado por ese avance-, en proteger los ingresos de los trabajadores con contrato de trabajo, del mundo formal, a través de la Ley de Protección del Empleo, dando, además, un alivio de liquidez a las empresas pequeñas, medianas y también grandes que no tienen los recursos para solventar sus operaciones, particularmente los sueldos, que son un ítem relevante, y evitando con ello la probabilidad cierta o muy alta de irse de espaldas y tener que quebrar y romper definitivamente ese vínculo contractual que uno quisiera cuidar.
Eso es lo primero.
También hemos anunciado hace unos días la creación de un fondo para la protección del ingreso de las familias más vulnerables, por 2 mil millones de dólares, de forma tal de dar una señal bien concreta, bien potente, que entregue alivio, tranquilidad a las incertidumbres, muy entendibles -con las cuales solo cabe empatizar-, que todos tenemos, pero particularmente las familias más vulnerables, respecto de sus ingresos.
Estamos trabajando -yo sé que es una petición muy sentida y para nosotros también, créanme- a toda máquina para dar una propuesta de solución a los independientes con boletas de honorarios. Y espero tener novedades en los próximos días y poder concurrir a este Congreso para tramitar un proyecto de ley sobre esta materia.
Y en lo que nos convoca hoy día, un aspecto fundamental para la protección de los ingresos de nuestras familias en Chile, porque queremos protegerlos, es también apoyar a nuestras empresas. Las empresas son el motor de la economía y la fuente fundamental de ingresos. Y esto cabe para empresas micro, pequeñas, medianas y también de un tamaño mayor, porque detrás de todas ellas hay trabajadores, hay familias chilenas, hay ingresos de familias chilenas que cabe proteger.
De ahí la importancia de este proyecto. Porque lo que enfrentan las empresas en Chile es un shock transitorio pero muy potente, que significa una caída de ventas, una caída de ingresos. Y la palabra clave en estos momentos, para soportar este período transitorio, esta hibernación en la que entramos, es que cuenten con recursos, con liquidez que les permita tener aire para sobrevivir y estar listas para pararse, levantarse y florecer con fuerza una vez que lo peor de la crisis sanitaria haya pasado.
Ahí está la intervención de política pública para que este efecto transitorio pero fuerte no se transforme en uno permanente.
Entonces, el norte de este proyecto es allegar liquidez a esas empresas, de forma tal de permitirles sobrevivir y estar listas para despegar a posteriori.
¿Cuál es el problema básico que enfrentan la economía chilena y también la economía mundial? Los bancos centrales en todas las latitudes han inyectado mucha liquidez, muchísima liquidez, de forma tal de evitar que este shock económico se transforme también en una crisis financiera. Pero la liquidez es condición necesaria pero no suficiente para mover la palanca del crédito.
El problema que enfrenta la economía afuera y también en Chile es que todos los intermediarios de créditos, aquellos que los otorgan, enfrentan niveles de incertidumbre nunca antes visto, por lo que el crédito no fluye.
Y aquí es necesaria la intervención estatal.
Eso es lo que estamos haciendo, por la vía de que el Estado, a través de garantías estatales, asuma parte de ese riesgo, de forma tal que la palanca del crédito se movilice.
Por ello la ley en proyecto plantea el aporte de capital por hasta 3 mil millones de dólares al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) a fin de apalancar recursos, créditos garantizados por hasta 24 mil millones de dólares aproximadamente, o un 10 por ciento del producto.
Aquello es veinte veces el monto que hay en régimen, en tiempos normales, y la situación excepcional amerita este tipo de medidas excepcionales.
En concreto, estas garantías por 3 mil millones de dólares, que son parciales y decrecientes dependiendo del tamaño de las empresas, buscan allegar recursos frescos a nuestras empresas fundamentalmente a través del sistema bancario, que es el principal intermediador de créditos en la economía, de la siguiente manera.
Nosotros hemos definido -como lo señaló muy bien el Senador Pizarro- que esto sea capital de trabajo para la operación de las empresas. Ese es el norte: plata fresca.
En términos prácticos, ello significa que las empresas pueden acceder al financiamiento de una línea de capital de trabajo, que hemos llamado "COVID-19", que financia hasta tres meses de sus ventas. Tres meses de ventas para tener ingresos de magnitud es un monto relevante. A una empresa que le va bien le es factible tener un margen de utilidad sobre sus ventas del 20 por ciento; es decir, cuando hablamos de tres meses, nos estamos refiriendo a 15 meses de utilidad.
Eso es lo que necesita para sobrevivir y estar lista a fin de levantarse después.
Asimismo, hemos señalado que ello debe ser en condiciones preferentes, en las dos variables que son claves: tasa y plazo.
Por eso la tasa que hemos definido como Gobierno -y es lo que se consigna en este proyecto hoy día- debe tener un techo, una tasa de interés anual y nominal que no exceda del equivalente a la tasa de política monetaria, actualmente en 0,5 por ciento, más tres puntos como valor máximo; es decir, una tasa nominal del 3,5. Esta tasa es menos de un cuarto de la tasa a la cual las empresas acceden en un año normal, sin este apoyo.
También hemos definido que han de existir condiciones favorables de plazo; esto es, que esta línea de crédito cuente con un período de gracia de seis meses y que sea pagadera en cuotas de entre 24 y 48 meses, apalancándose o colgándose de las facilidades de liquidez que el Banco Central de Chile está proveyendo, con el cual estamos llevando a cabo un trabajo muy muy coordinado, al igual que con la Comisión para el Mercado Financiero.
Adicionalmente, les hemos fijado condiciones a los bancos en el sentido de que esto ha de ser masivo y estandarizado, es decir, disponible para los clientes que cumplan con los requisitos mínimos de mora con el sistema bancario -cuestión que podemos abordar más tarde, si a Sus Señorías les parece-, además de escrutable y transparente, de cara a la ciudadanía.
Por ello hemos establecido que deberán informar semanalmente a la Comisión para el Mercado Financiero y al Ministerio de Hacienda respecto de la cantidad, de los montos de las solicitudes y de los créditos cursados y aprobados, de forma tal de tener un escrutinio en cuanto a que el compromiso público que la banca ha asumido, y que cabe valorar, se va cumpliendo en el tiempo.
Como recordó el Senador Pizarro, hay compromisos de restricciones de uso. Esta plata fresca no puede ir para pagar dividendos, ni para pagar retiros: tiene que ser para la operación de la empresa.
Al mismo tiempo, y en subsidio a todo lo anterior, les hemos pedido a los bancos que también aligeren la carga financiera de las empresas por la vía de hacer un diferimiento de todas las amortizaciones de capital de créditos preexistentes con ellos por los próximos seis meses.
Entonces, creo que en el agregado tenemos una propuesta sustantiva, que les va a significar un gran alivio a miles de empresas en nuestro país; que les va a permitir tener aire para sobrevivir y estar listas para levantarse, y de esta forma evitar que un shock transitorio tan fuerte como el que están viviendo se transforme en uno permanente, en términos de destrucción de empleos y de empresas.
De otro lado, tal como lo planteó ayer el Presidente de BancoEstado -y sé que es una inquietud compartida por muchos-, quisiera señalar lo siguiente: ¿Qué pasa con la micropyme; qué pasa con aquellos que tienen un contacto menos intenso con el sistema bancario? Para todo ese mundo está BancoEstado; de hecho, ese es su rol. Y con mayor razón va a asumirlo en esta circunstancia y con este programa particular.
En tal sentido, deseo ser enfático en que acá todas las empresas, independientemente de que sean personas jurídicas o naturales -porque ustedes deben de saber que, del millón de pymes que hay en Chile, 650 mil son personas naturales y no jurídicas; son empresas que tienen una persona detrás-, son elegibles para este programa. Y ello es importante refrendarlo.
Señora Presidenta, termino simplemente destacando el sentido de urgencia que manifestó el Senador Pizarro. Me cuelgo de algo que me pareció leerle hace tiempo, en el sentido de que el problema de liquidez y de recursos de las empresas chilenas no es de hoy día, sino que de hace una semana.
Por lo tanto, pienso que acá tenemos que movernos rápido.
Agradezco la celeridad con que el Senado ha acogido este proyecto del Ejecutivo.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Senador señor Montes, hasta por diez minutos.


El señor MONTES.- Señora Presidenta, vivimos tiempos muy difíciles y bastante inciertos, donde no hay nada escrito, ni en los diagnósticos, ni en las respuestas.
Aquí se requiere mucha unidad y capacidad creativa de todos los responsables de nuestro país; se necesita disposición para oír las diferentes opiniones y sus fundamentos; se precisa diálogo y reflexión conjunta.
Digo aquello porque hay muchos parlamentarios que creen que el que tiene una opinión diferente está siendo mezquino.
O sea, acá se requiere diálogo, y bastante.
El PS y la Oposición han tratado de aportar en la construcción de las mejores respuestas del Gobierno. Y ello no siempre es fácil.
Yo le agradezco al Ministro Briones, quien es muy dialogante; pero -reitero- no siempre es fácil.
Hemos tenido acuerdos, pero también diferencias. Es importante rescatar esto como algo propio de la democracia.
El primer paquete constituyó un paso, pero muy insuficiente.
Lo peor fue el "bono COVID" de 50 mil pesos, respecto del cual dijimos que era muy poco por una sola vez: ¡inexplicablemente todavía no se paga! Ello termina siendo muy duro para muchas familias que no tienen cómo comprar alimentos, ni acceder a las seguridades básicas. Se trata de un problema de sensibilidad también, no solo de índole operativo.
En tal sentido, creemos que las adecuaciones del Seguro de Desempleo están por verse en la vida.
Este segundo plan, sin duda, es muy valioso. Lo apoyamos y lo valoramos. Es un valioso paso en el aporte a la sobrevivencia y para sortear las crisis de las empresas, como dice el Ministro.
Todavía están pendientes algunas cosas en este segundo plan, que tienen que ver con el apoyo a las personas.
Hemos dicho -y lo reiteramos acá- que esperamos una renta básica temporal significativa por lo menos tres meses y de a lo menos un salario mínimo; y a partir del Registro Social de Hogares, el cual hoy día ya cubre al 77 por ciento de las familias y considera su diversidad, que se pague con eficacia a través de la CuentaRUT en todos los casos en que se pueda. Junto con ello, deseamos también que se apoye a los municipios, que son fundamentales para enfrentar la actual situación.
Tenemos antecedentes que nos indican que el Estado debe y puede gastar más en las urgencias de hoy. Hemos pedido el Informe de Finanzas Públicas, que llegará este viernes, porque no estamos convencidos de que se hallan con un déficit de 8 por ciento. Queremos que el Ministro nos dé la información necesaria.
En todo caso, vemos que aun así hay espacio fiscal para apoyar significativamente a los trabajadores con y sin contrato y a sus familias, lo cual es una urgencia, una prioridad en nuestro país.
El segundo paquete, el que estamos discutiendo ahora, no representa un gasto fiscal nuevo. Los 2 mil millones de dólares a las familias provienen de reasignaciones presupuestarias; se van a descontar del presupuesto. Y los 3 mil millones del Fogape no son gasto público, sino un fondo de garantía que queda como activo del Tesoro Público.
Con relación al proyecto que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, lo valoramos porque crea un Fogape de emergencia, un Fogape especial para este período al objeto de favorecer -como decía el Ministro- el traslado de los créditos que el Banco Central hoy día les está dando en condiciones muy bajas de tasas y otras cosas a los bancos, para que así estos los trasladen a las empresas de distinto tamaño, que tienen garantías de entre 60 y 85 por ciento.
Lo más importante -y aquí valoro lo que logró el Gobierno- es que aquello es con un techo en la tasa de interés, de TPM más tres puntos, que con la actual inflación es 0 por ciento si suponemos que esta es de 3,5 o 4 por ciento: es 0 por ciento de interés.
Esa no es una novedad en el mundo: los créditos en Alemania son de 0 por ciento, o incluso negativos. Pero logramos que lo que hacen países con Estados más fuerte se aplique acá.
Sobre el particular, se vio la necesidad -como decía el Senador Pizarro- de incorporar la tasa en la ley. Y ese fue el principal cambio que este proyecto tuvo en la Comisión de Hacienda: que se incluyera en la ley y no quedara para el reglamento.
También se incorporó en la ley la plena transparencia de las operaciones: la cantidad, las tasas, los montos por tamaño y región, lo cual se les entregará semanalmente a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.
Entonces, valoramos este proyecto; constituye un paso muy importante, y hay que sacarlo adelante.
Ahora bien, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tenemos y que esperamos ir resolviendo?
La primera se relaciona con la cobertura de la ley en proyecto. Existe un conjunto de microempresas y de pymes que no son sujetos bancarios y respecto de las cuales hay que construir instrumentos.
El BancoEstado, sin duda -como expresó el Ministro,- debe especializarse. Pero está claro que esta entidad ya nos dijo que tenía un radio de acción limitado.
Asimismo, creemos que las líneas de Sercotec, de Indap, en la minería, en el comercio de barrio y otros, requieren instrumentos apropiados, pues no entran necesariamente dentro de este Fogape de emergencia. Y debemos fortalecerlas.
Hasta ahora no vemos nada en tal sentido. No le hemos preguntado a la gente de Indap en toda la economía rural, que no entra acá, qué se va a hacer. Todavía no tienen recursos adicionales.
Sobre el particular, existe una discusión: ¿cuántas son las empresas en tal condición? Hay diferentes opiniones. La Encuesta Longitudinal de Empresas (ELE-5), que es como la más rigurosa, dice que el l2 por ciento de las microempresas y el 20 por ciento de la pymes obtienen créditos.
No lo sé; hay distintas visiones al respeto. Sin embargo, hay una serie de empresas, por lo menos 300 mil a 400 mil, que no entran acá.
Tenemos claro, pues, que hay distintas cifras.
Tampoco comparto la caricatura de un ejecutivo de banco que dijo que las que quedaban fuera eran de la señora que ponía un pañito en el suelo y dejaba encima sus productos. Aquí hay un conjunto de empresas que no entran, y hay que tomarlas en serio también.
Con respecto a la cobertura, lo vinculado con los morosos nos preocupa, porque quedó a marzo para todas aquellas que tenían más de 25 mil UF de ventas. Nosotros pensamos que debe haber flexibilidad en esta materia y que hay que buscar una solución que hoy no existe, porque muchas empresas de más de 25 mil UF de ventas estarían quedando fuera.
La segunda preocupación tiene que ver con que un conjunto de aspectos quedan bajo facultad extraordinaria del Ministro de Hacienda y no en la ley. Él se comprometió a darnos a conocer el reglamento en los próximos días, lo que valoramos mucho. Nosotros propusimos que estuvieran en la ley al menos dos aspectos, en los cuales no hubo acuerdo en la Comisión.
Con relación a las actuales deudas que se postergan seis meses y que se deben empezar a pagar en el séptimo, quisiéramos más claridad en las condiciones en que se reactiva el pago de esos créditos: ¿Qué tasas?; ¿Qué condiciones? Porque aquí el banco puede terminar cobrando bastante caro, por distintas circunstancias. Ello, para que no haya abuso de ellos.
Todos tenemos el temor de que en definitiva deban pagar intereses muy altos. Además, no entran en esta repactación los créditos rotatorios, ni tampoco los intereses, sino que eso lo deberán pagar con los recursos que tienen.
Ese quizás fue uno de los aportes más importantes de los bancos, además de la tasa de interés; pero, a lo mejor, van a tratar de pagarse por otro lado.
El otro asunto que queda fuera es el tratamiento de las grandes empresas que se incorporan al Fogape. Porque empresas con ventas de entre 600 mil y 1 millón de UF son grandes o medianas grandes, como quiera llamárselas; y se les está dando un crédito barato. Entonces, a cambio de eso, empresas que llegan a ventas de 28.500 millones de pesos pueden tener créditos de hasta 250 mil UF.
Nos inquieta que frente a estos créditos muy baratos y con garantías altas, de 60 por ciento, no se les pongan a estas empresas ciertos límites con relación al despido de trabajadores, o que se les permita destinar parte del crédito a distribución de utilidades, sueldos de ejecutivos, en fin.
Aquí nos preocupa mucho la protección para los trabajadores de la gran empresa, y ello no está incorporado. Discutimos bastante el punto, pero no hubo acuerdo. Esperamos que el Ministro incluya esta materia en el reglamento.
Asimismo, nos intranquiliza que las grandes empresas concentren mucho estos créditos baratos, por lo menos al comienzo. Porque pueden concentrarlos bastante.
Entonces, propusimos que haya un equilibrio de tamaño; o sea, que se le exija a cada banco atender a grandes empresas, sí; pero también a un porcentaje importante de pequeñas empresas.
¿Por qué? Porque los ejecutivos de los bancos que atienden a empresas grandes ponen muchos recursos en ellas; en cambio, si son muchas las empresas chicas, la pega es bastante.
Aquí nos han dicho los propios bancos que se requiere una orientación clara. Además, se halla lo relativo al equilibrio entre regiones y Santiago. Si esto no se establece, van a tender a darle prioridad al menos a Santiago.
El Ministro señala que aquello podría quedar en el reglamento y en las cartas de compromiso. Ojalá que eso sea así.
Ahora bien, la comisión tocante al Fogape es de cargo de los bancos: que quede claro. Las pymes que actualmente cuentan con créditos garantizados pueden tener un segundo crédito Fogape. A los bancos no les será factible cargar seguros u otras cosas.
Señora Presidenta, estimados colegas, aquí necesitamos que el Gobierno les exija a los bancos que cumplan con su compromiso. La Comisión para el Mercado Financiero y el Ministerio de Hacienda deben estar encima, para fiscalizar toda esta línea que realmente puede mover a las empresas. Los bancos no pueden capitalizar utilidades y no hacer las transferencias cuando corresponda.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En el tiempo del Partido Por la Democracia, tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber, hasta por diez minutos.


El señor LAGOS.- Señora Presidenta, lo que estamos aprobando hoy día vendría a ser el segundo o tercer paquete de medidas económicas para hacer frente a la crisis sanitaria, cuya política principal es el aislamiento social.
El aislamiento social implica al final un shock de oferta y de demanda en la actividad económica: por una parte, directamente, pues los contagiados no pueden trabajar y a las empresas no les es factible funcionar; y, por la otra, indirectamente, porque se generan restricciones al desplazamiento.
Aquello hace que quienes se encuentran recluidos disminuyan su consumo, algunos por no tener ingresos al mediano plazo, y otros, al corto plazo, porque tienden a consumir menos y a ahorrar más ante la incertidumbre. Esta incertidumbre, que se produce en personas naturales, también afecta a las corporaciones y al mercado en su conjunto, y puede tener un impacto financiero.
Entonces, se han ido adoptando medidas, algunas de las cuales fueron muy insuficientes en un comienzo -digo esto con mucho respeto, pero esa es la verdad-, como el bono inicial que discutimos en el Congreso, que al final quedó en 50 mil pesos, no obstante todas las expresiones corporales del Ministro de Hacienda en el sentido de que habría más recursos, lo cual ha ido ocurriendo. Acá no se trata de trata de agredir; solo quiero decir que así lo percibimos.
Lo concreto, señora Presidenta, es que se ha hecho un esfuerzo para allegar recursos durante cierto tiempo.
¿Por qué? Porque lo que está en juego es un período relativamente corto de crisis sanitaria, que genera este shock económico, pero que va a pasar.
La pregunta es en qué condiciones vamos a sobrevivir como economía en este tiempo y en qué condiciones vamos a enfrentar la recuperación una vez que vayan aplacándose gradualmente las políticas de aislamiento social y que se pueda ir retomando la actividad sin encontrar un tejido económico o productivo fracturado definitivamente.
Todas las políticas que se han adoptado han sido para mantener algo la actividad económica; no romper los vínculos laborales; conservar los ingresos de alguna forma, aunque no sea el cien por ciento, con el Seguro de Cesantía, el cual es muy importante; buscar los financiamientos para los distintos tipos de empresas que otorguen liquidez. Acá todo el aparataje institucional chileno está trabajando. El Banco Central ha adoptado diversas medidas, las cuales le han otorgado liquidez. Asimismo, ha reducido la tasa de política monetaria a 0,5 por ciento.
Es decir, tenemos al Instituto Emisor haciendo su pega.
Hay que ver -y es el primer llamado de atención- cómo va a operar eso. Y para ello necesitamos información: ¿Cuántos bancos han recurrido hoy día a estos créditos condicionales que está otorgando el Banco del Estado a tasa preferencial? ¿Y cuál es la condición con que, a su vez, prestan a las pequeñas y medianas empresas aquellas instituciones financieras que toman recursos del Banco Central?
Necesitamos conocer eso, no para chequear si se hace bien o mal, sino para entender que está operando la política.
En seguida, opera la política fiscal a través de la ayuda de los bonos y de los programas destinados a los más vulnerables. El fondo de 2 mil millones de dólares- según dicen- se constituyó; están los dineros que vamos a sacar de los fondos que ya teníamos, no son recursos adicionales. Y esto lleva a preguntarnos dos cosas: cómo se va a implementar y con qué urgencia, porque aquí la rapidez es de la esencia.
El Ministro siempre nos apura para aprobar los proyectos y nos dice: "Esto no es materia de meses y de semanas, sino de días".
Pues bien, le recuerdo Ministro, con todo cariño, que todavía estamos esperando saber cuándo se paga el bono de 50 mil pesos, que aprobamos acá hace un mes.
Entonces, si se trata de rapidez, así procederemos.
Con respecto a los 2 mil millones de dólares, que son bienvenidos porque es una ayuda para los más vulnerables, se constituyó una comisión en el Ministerio de Desarrollo Social que va a orientar o a dar sugerencias al Ministro de Hacienda sobre cómo utilizar o canalizar esos 2 mil millones.
Quiero decirle que hay que poner mucha rapidez en esto. Porque si llega a haber, lo que no deseamos, un aumento de las medidas de aislamiento social, esas personas que van a recluirse deben irse con seguridad, con recursos en sus bolsillos y con menor incertidumbre.
Tercero. Aquí estamos hoy, con este proyecto de ley. Su propósito es decirle a la economía: "El Estado de Chile va a garantizar créditos nuevos para que los emprendimientos puedan seguir funcionando". Cuando hablo de "emprendimientos" me refiero a micro, pequeñas y medianas empresas, pero también a empresas medianas y grandes, las cuales contarán con créditos frescos que van a obligar a reprogramar créditos actuales, por seis meses, para beneficiar, ¿qué cosa? Este puente y esta reactivación económica.
Pues bien, deseo rescatar algo acá: esto lo podemos hacer porque tenemos la capacidad institucional y los recursos necesarios.
Conozco todos los déficits que existen en Chile y ha sido muy difícil superar algunos de ellos. Pero no se puede negar que hoy podemos pensar en fondos de 2 mil millones que reasignamos del Presupuesto para apoyar a los sectores más vulnerables; que hay bonos y garantías estatales que se van a entregar. Y, Ministro, va a tener que seguir poniendo recursos porque para eso disponemos del Fondo de Estabilidad Económica y Social afuera, por más de 12.400 millones de dólares. Porque tenemos los 4 mil millones de dólares del Fondo de Cesantía. Y afortunadamente contamos con esos recursos.
Digo "afortunadamente" porque dentro de las economías que serán más golpeadas en la región producto de la crisis, Chile estará entre las top 3, lamentablemente. ¿Por qué? Por nuestra dependencia del comercio exterior.
Pero el que nos golpee más fuertemente no significa que seamos uno de los países que estamos en peores condiciones para enfrentarla, porque contamos con la capacidad institucional necesaria para ello y con estos recursos.
Lo que deseo pedir es que sigamos en la línea siguiente.
En la presente iniciativa se logró fijar por ley la tasa a la cual los bancos tendrán que prestar el capital fresco. Sé que no podemos obligar a un banco a poner recursos. Y menos -comillas- "en un mal negocio", porque también tienen obligaciones con sus depositantes. Está bien y lo puedo entender. Pero hoy se demuestra que ante circunstancias extraordinarias es posible adoptar medidas extraordinarias.
Lo que estamos haciendo con este proyecto es fijar por ley un precio en Chile. Se acaba de fijar el precio del crédito. Me han llegado muchos comentarios de economistas conocidos y amigos que tienen dudas sobre la materia, para plantearlo en términos elegantes. Pero considero que era necesario dar esta señal ante la crisis.
Una pregunta muy importante es cómo usaremos estos recursos de garantías del Estado. Porque si un emprendedor pide diez millones de pesos, el banco se los pasa. Y si su negocio no resulta, o si no paga, finalmente todo Chile asumirá el pago de ocho millones y medio. Esa es la garantía que va a poner para un emprendimiento de diez millones.
Entonces, también implica una responsabilidad. Y para esto la transparencia que se introdujo en la iniciativa es fundamental.
Semanalmente debe llegar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara lo que informen la CMF y los bancos. Quincenalmente esa información tiene que venir procesada por el Ministerio de Hacienda y una vez al mes debe concurrir el propio Ministro a explicar la cifra. Esto es fundamental para nosotros, porque lo único que les dará garantía a todas las medidas que quedan por tomar es que exista transparencia y que estemos convencidos de lo que se está haciendo.
Porque de los 3 mil millones de dólares que se otorgan ahora en garantía, y que van a llegar hasta 24 mil, ¿quién se llevará la tajada del león? ¿Las grandes empresas? ¿Las medianas? ¿En qué condiciones? Todo eso lo queremos saber: cuánto, en qué condiciones y quiénes, por tamaño de empresa.
¿Por qué es relevante? Porque usted tendrá que seguir adoptando medidas. Y ojalá con esta ya pasáramos la crisis. Pero no va a ser así. Y como hay que seguir adoptando medidas, tendrá que seguir concurriendo al Congreso a buscar la aprobación de iniciativas que son materias de ley. Para eso uno debe tener la convicción de que las medidas que hemos tomado se han ido cumpliendo y de que las condiciones son las que se requieren.
Todavía queda pendiente el uso de los 2 mil millones para los más vulnerables. Queda pendiente -valga la redundancia- el apoyo a los independientes, al que en dos oportunidades el Gobierno se ha referido: el Presidente de la República el día domingo y usted, me parece, el día de ayer.
Están trabajando. Bueno, tendrán que ponerse las pilas y eso tiene que llegar luego.
Y, por último, deseo referirme a un tema no menos delicado: hay que ver qué se hará en el caso de las grandes empresas. ¿Será un caso a caso? ¿Les brindaremos un apoyo, pero condicionado a tener una parte de la propiedad? ¿Habrá un sistema en el cual tengamos la capacidad, si se ponen recursos para ayudarlas, de generar este puente? ¿Qué gana el Estado con esto? Porque tampoco se trata de pasar recursos gratis. Debemos tener una mirada estratégica y que permita generar una oportunidad para nosotros.
Termino acá. Nos queda mucho para superar la crisis, señor Ministro. Desde el punto de vista sanitario, tal vez, sin ser experto, pareciera que esto tiene períodos acotados, pero conviviremos con reglas de "pon una cuarentena acá", "levanta la cuarentena allá". Seguiremos con algún tipo de medidas, pero el tema económico lo debemos enfrentar ahora, porque, como dicen, parece que lo peor está por llegar. No lo dijo el Banco Central con su tasa de menos 2,5, que mirada a ojos de lo que señala el Fondo Monetario, es como para comprar altiro el resultado. Le compro el menos 2.5 de recesión en Chile, de menos crecimiento. Pero parece que será más que eso.
Ahora bien, para enfrentar una recesión debemos tener un Estado presente. Y si algo dejará esta crisis, de lo cual me alegro, es que a muchos se les va a mover la estantería al pensar en que se necesita una manera distinta de financiar las políticas públicas, un rol del Estado diferente, y en que debe verse cómo aquellos a quienes les va mejor contribuyen a financiar las necesidades de Chile.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, en el tiempo del Comité de la UDI, el Senador señor Coloma, hasta por siete minutos.


El señor COLOMA.- Muchas gracias, señora Presidenta.
Probablemente nos encontramos ante la emergencia económica más dramática que nos ha tocado vivir como generación.
Afortunadamente, como se dice, puede ser transitoria, pero solo "puede ser". Tal vez sea un poquito más larga o un poquito más breve. Pero de lo que no cabe duda es de que estamos frente al paquete fiscal más importante que se ha legislado en Chile, pensando particularmente en la liquidez de las empresas, que hoy son las principales afectadas en el ámbito económico respecto del cataclismo que ha habido en la salud pública.
Y lo digo con todas sus palabras, con todas sus letras y con todo su énfasis: aquí no estamos viendo una ley más, ni haciendo un pequeño esfuerzo; aquí estamos tratando la segunda parte de un programa de Gobierno para enfrentar la pandemia y particularmente con un tipo de proyecto que es enjundioso, que tiene músculo y que está bien orientado.
Más allá del primer paquete que se planteó, que tuvo su influencia en medidas como el bono COVID-19 -aprovecho de decirlo, porque la explicación se dio en el Senado-, obviamente, cuando los Ministerios están con un tercio o un cuarto del personal se demoran mucho más en agilizar el pago, que entiendo se hará a partir del sábado hasta el martes, según se indicó en la Comisión de Hacienda.
Esa realidad, que tuvo una primera orientación, hoy tiene una segunda orientación, un segundo paquete que apunta a enfrentar el drama que viven muchas empresas que, al no vender, no cuentan con los recursos necesarios para subsistir.
Lo que se busca es utilizar un instrumento y modernizar el que existe hoy, como es el Fogape. Este fondo mueve actualmente 150 millones de dólares. Se va a pasar a 3.150 millones de dólares.
Este ha sido un cambio copernicano, un cambio gigantesco. ¿Para qué? Para apalancar recursos, hasta por 24 mil millones de dólares, que vayan -y aquí se define- a ser capital fresco para esas pequeñas y medianas empresas.
Esto es muy decisivo instalarlo, porque tiene que ver con pagar remuneraciones o insumos. No tiene que ver con pagar deudas de otra naturaleza. Lo que necesitamos es que estos recursos puedan fluir, que puedan activar las empresas, el consumo, para que, de alguna manera, pueda retomarse una línea virtuosa en materia de crecimiento.
Esto se discutió harto. Por eso también es importante fijar cuáles son los criterios.
Un segundo criterio que se adopta es hacer un esfuerzo particular con la pequeña empresa, y también es importante destacarlo. Por eso el porcentaje de garantía que se entrega, según el tipo de empresa -porque es verdad que se amplía a empresas que venden hasta un millón de UF al año-, es diferenciado. A quienes tienen mayor complejidad o menor tamaño se les da una mayor garantía por parte del Estado. Es decir, si se le presta cien, el Estado responde por 85. En el caso de una empresa más grande, responde por 60.
Esta es una fórmula con la que se pretende incentivar y diversificar. Porque la medida puede ser más fácil respecto de una empresa grande, pero también es más cara. Considero que eso apunta en un buen sentido.
La tercera gran línea es generar algo que ya ha sido discutido -tengo una visión un poco distinta sobre cómo se genera-: el hecho de colocarle un precio a esta garantía. No es que se fije la tasa, por primera vez, el precio del crédito. Lo que ocurre es que quienes optan a este beneficio pueden cobrar la tasa de interés anual y nominal que no exceda la tasa de política monetaria, que hoy es 0,5 más un 3 por ciento, que es lo que se calcula será la inflación. Por eso se habla de tasa real cero. Y ello, obviamente, es un incentivo completamente excepcional en este minuto, en estas condiciones, y se justifica por las características propias de la situación que estamos viviendo.
¿Cómo se va a definir el éxito o el fracaso de esta política pública? Dependiendo de la capacidad que se tenga, primero, para traspasar con velocidad los recursos a las empresas y, segundo, para ver cómo se puede hacer un uso ágil de los beneficios en este mismo escenario.
Por tanto, quiero valorar que parte de estos temas hayan quedado en el reglamento, porque, por esencia, este tipo de política pública tiene que ser flexible. Hay la tentación -claro, uno la puede seguir- de colocar todo determinadamente en la ley. Pero este proceso va evolucionando y es el reglamento el más capacitado -también se puede ir modificando, hay cinco años para tal efecto- para ir haciéndose cargo de nuevos requerimientos, de nuevas necesidades.
Entonces, a mí me parece que lo óptimo aquí era fijar lo más preciso, el esqueleto de una buena articulación. Por eso uno de los cambios que se introdujeron fue establecer este sistema de tasa.
Espero que aquí haya un antes y un después. Eso va a depender de la velocidad de la aplicación. Ojalá podamos aprobar ahora el proyecto, para que la próxima semana esté funcionando.
¿Quiere decir que se ha cumplido todo con esta norma? No, yo creo que -y se lo planteé al Ministro- respecto de las empresas y del financiamiento del capital, particularmente de la liquidez, hay un tercer tema que va a haber que abordar -el Ministro dijo que lo estaba haciendo- y que tiene que ver con una realidad que uno vive mucho en regiones, donde hay una existencia más bien escasa de bancos, por lo que generalmente el financiamiento se obtiene a través de la factura. Y esta situación no está incorporada, porque, en este caso, el factoring u otro tipo de procedimiento dedicado a aquella realidad no son susceptibles de control por la Comisión para el Mercado Financiero y, por tanto, no aparecen dentro de aquellas situaciones elegibles por el Fogape.
¿Qué nos ha señalado el Ministro? Que se está buscando una solución -y quiero dejar clara constancia de ello- a una velocidad amplia con el Fogain, en donde, a través de la Corfo, puede haber un financiamiento equivalente para ofrecer un escenario de liquidez, cualquiera sea el lugar donde se está.
Hay una pregunta que ronda siempre en estos temas y de la que también quiero hacerme cargo:¿Van a alcanzar los recursos para poder activar y responder a la demanda de liquidez?
El Ministro nos ha dicho que los estudios dicen que sí, que el volumen disponible es el que se requiere ante la actual necesidad. Y, eventualmente, esto podría significar una solución definitiva, o por lo menos mientras dure la pandemia, a este drama que hoy día estamos sufriendo.
Señora Presidenta, esto es parte de la historia. O sea, probablemente este episodio político, público, sanitario, económico va a dar lugar a muchos relatos. Pero quiero ser parte de un relato: que nuestro país tuvo la unidad, tuvo la comprensión y tuvo la capacidad, a lo menos en el ámbito económico, de enfrentar algo dramático, y lo hicimos -y quiero reiterarlo- porque hemos sido, a lo largo de los años, un país que ha sido cuidadoso fiscalmente, que ha mostrado capacidad de ahorrar. Cuando muchos decían que no había que ahorrar, que había que gastar, que no había que aplicar ajuste fiscal, que había que tener siempre expansión fiscal, bueno, los países que han seguido esos caminos hoy día están con la espada de Damocles de cómo poder subsistir. Y en todos los indicadores se habla de que una nación que puede salir adelante con mayor velocidad es Chile, por su estructura de responsabilidad.
Entonces, también hago un llamado a que, una vez que termine la actual pandemia, sigamos esa línea de entender y recuperar los equilibrios que nos han permitido ser un país sólido y confiable.
Por eso, señora Presidenta, me alegro de que este proyecto esté llegando a buen término. Esperamos, por cierto, otro tipo de medidas que van a tener que venir consecuencialmente, pero este no es solo un paso: es un gigantesco paso positivo.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, en el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, el Senador José García.


El señor GARCÍA.- Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quisiera destacar la coordinación y los esfuerzos que está haciendo, por un lado, el Ejecutivo, pero también el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero.
Aquí, el Banco Central está otorgando facilidades para que los bancos tengan recursos que puedan ser entregados a las empresas mediante créditos a una tasa de interés muy muy preferencial.
La Comisión para el Mercado Financiero está flexibilizando las regulaciones y permitiendo también que los bancos dispongan de mayores recursos para que haya mayor liquidez.
Y, a través del presente proyecto de ley, el Ejecutivo está precisamente dando la garantía del Estado a los créditos que se otorguen, de tal manera que mediante la suma de estos tres esfuerzos: Banco Central, Comisión para el Mercado Financiero y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, podamos asegurar -y quiero recalcarlo: asegurar- un acceso expedito al crédito. Acceso expedito al crédito. Eso nos están demandando todos nuestros emprendedores para poder recuperar la capacidad de producir y también para cuidar los empleos de nuestros trabajadores.
Lo que se hace a través de este proyecto de ley es una capitalización por 3 mil millones de dólares para el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, que a partir de ahora se va a llamar Fondo de Garantía para el Pequeño y Mediano Empresario, que va a permitir apalancar créditos por 24 mil millones de dólares, con una tasa preferencial equivalente a la tasa de política monetaria, que hoy día es de 0,5 puntos, más 3 por ciento anual.
Yo resaltaba el concepto de que sea un acceso expedito al crédito. Creo que vamos a enfrentar algunas dificultades. Y quisiera por lo menos despejar algunas de las que tuvimos la oportunidad de ver en la Comisión de Hacienda con el Ministro Ignacio Briones.
En primer lugar, hay preocupación respecto de quienes han tenido alguna dificultad laboral, de quienes en algún momento han recibido alguna multa, alguna sanción. Pues bien, respecto de lo que se conoce como "Dicom laboral" no habrá ninguna restricción: toda persona, toda empresa que haya tenido algún problema, ese antecedente no va a ser impedimento para acceder a estos créditos preferenciales.
Nos va a quedar pendiente la situación de quienes están en el Dicom financiero. La idea es que los bancos puedan facilitar la reprogramación, de tal manera que la gran mayoría pueda ponerse al día y pueda salir del Dicom y quedar en condiciones de postular a los nuevos créditos.
Aun así, habrá quienes, por distintas razones, no lo van a poder hacer y será una materia que por supuesto nos va a quedar pendiente.
Lo mismo ocurre con muchos pequeños empresarios, particularmente bien pequeños, que recurren como forma de financiamiento al factoring, que tiene normalmente tasas de interés mucho más altas que las aplicadas por los bancos. En ese sentido, quiero agradecer al Ministro de Hacienda, quien ya ha comprometido un esfuerzo a través de Corfo para hacernos cargo de tales dificultades.
Nos preocupa también la reprogramación de las cuotas de los actuales créditos, que va a ser a seis meses. Las condiciones que hoy día se les están ofreciendo a muchos deudores para reprogramar son a tasas de interés demasiado elevadas. Necesitamos otorgar facilidad para que se puedan reprogramar. Si les aplicamos una tasa de interés alta, y si además les aplicamos otro tipo de recargos, finalmente estamos haciendo imposible que esa línea prospere.
Esto no tiene que ver con el proyecto de ley que estamos despachando, pero se halla dentro de las dificultades que podemos enfrentar, de las cuales debe hacerse cargo la banca y también nosotros como legisladores.
Finalmente, señora Presidenta, estimados colegas, quiero recordar las estimaciones económicas del Fondo Monetario Internacional que se dieron a conocer el día de ayer.
Ya lo señalaba muy bien en su intervención el señor Ministro de Hacienda: el mundo entró en recesión. Eso que hasta hace un par de días era una amenaza hoy día constituye una realidad: el mundo entró en recesión.
El Fondo Monetario Internacional estima la caída de la producción del total de bienes y servicios en 3 puntos del producto interno bruto mundial.
Para nuestro país, para Chile, se estima una caída de 4,5 puntos este año, mucho más alta que la proyectada hace un par de semanas por el Banco Central. La buena noticia es que, si hacemos las cosas bien, si logramos controlar la pandemia, si logramos lo que se dice "amortiguar la curva" y prontamente comenzamos a poner en pie nuestra economía, la recuperación para el año 2021 sería de 5,3 puntos del producto, una de las más altas o la más alta de Latinoamérica.
Finalmente, como creo que ya lo hicieron quienes me han antecedido en el uso de la palabra, quiero resaltar las obligaciones de información y de control de la gestión de estos créditos que va a ejercer el Congreso, tanto a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados como de la Comisión de Hacienda del Senado.
Nosotros vamos no solo a recibir los informes, sino también a reunirnos mensualmente e ir monitoreando qué está ocurriendo con estos créditos, de tal manera de poder asegurarles a los miles de pequeños y medianos empresarios que esto está funcionando bien, correctamente, para que nuestra actividad económica sufra lo menos posible, para que perdamos la menor cantidad de empleos, y para que los chilenos seamos capaces, como en tantas otras oportunidades, de superar la adversidad.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón, hasta por siete minutos.


La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, estuve revisando el proyecto y acompañando en la discusión a Jorge Pizarro, Presidente de la Comisión, y al resto de sus miembros, por lo que, obviamente, parto por felicitar el trabajo que ahí se ha hecho.
En cuanto a la iniciativa, hay que entender -ya lo han dicho algunos- que este es el segundo y más importante paquete de medidas de los que se han anunciado. Creo que el anterior, el bono de 50 mil pesos y las medidas en materia de Seguro de Cesantía, tuvo errores y fue demasiado pequeño. Y por eso me abstuve.
Respecto de este segundo paquete, que hoy conocemos como "COVID-19", además de expresar mis felicitaciones a la Comisión, deseo añadir mis congratulaciones a todos sus miembros por haber logrado que se incluyera en la ley el tema de la tasa, que el Gobierno quería dejar para el reglamento. Era impresentable que se colocaran recursos en la banca y no se estableciera el límite hasta el cual ellos iban a ser colocados en las personas.
En cuanto al resto de los aspectos que se abordan, considero importante hacer una reflexión en torno a que este es un proyecto que tiene que considerar a todos los actores: a los pequeños, a los medianos y a los grandes.
En materia de plazos, creo que en condiciones normales, en el caso de los Fogape, estos se tramitan y se licitan trimestralmente. En el actual escenario que, obviamente, es un escenario adverso, las condiciones cambian. No fue posible incluir este tema en la ley -quedó para el reglamento-, pero es fundamental, señora Presidenta, que opere la celeridad y no se dilate la tramitación de los créditos y la entrega de los recursos. Ello es parte de lo que se le señaló al Ministerio de Hacienda y, en particular, al Ministro: cuánto va a ser el plazo para tramitar, cuánto va a ser el plazo para entregar los recursos. La celeridad, como ha dicho el propio Ministro, resulta esencial para que las empresas no quiebren.
En tercer lugar, tenemos la cobertura. Y aquí hay dos dimensiones: a quién va a llegar este instrumento, cómo va a entregarse. La CMF señala que hay más de 727 mil empresas; el Ministerio de Economía, más de 910 mil; el Servicio de Impuestos Internos, más de un millón. Es decir, hay 300 mil empresas no bancarizadas que deben tener una atención y una ayuda preferentes. ¿Cómo se va a proceder: a través del Sercotec, del Fosis, de la Indap, de la Enami? ¿Vamos a otorgar un subsidio fiscal directo, o vamos a hacer que la institucionalidad actual del Banco del Estado amplíe su línea especial y atienda a las no bancarizadas? Aquí resulta esencial empujar.
Una segunda dimensión tiene que ver con los actores. ¿Solo los bancos van a ser actores en Chile? En Estados Unidos se apoyan en Fintech para distribuir los créditos con apoyo del Estado. En nuestro país, el Gobierno y los bancos llegan, según la información que circula entre los especialistas, al 40 por ciento de las pymes. Por lo tanto, Fintech podría ser una solución para que las pymes puedan acceder a créditos con garantía estatal. Mientras esa decisión no se curse, creo que el Banco del Estado tendrá que ampliar su cobertura de manera significativa y, de hecho, la información que tenemos es que hoy día está adelantándose a la llegada del reglamento para poder atender a más personas.
Un cuarto aspecto son las condiciones crediticias.
Lo dijo, creo, el Senador Montes, y también el Senador Pizarro en su intervención: el tema de la morosidad, señora Presidenta. Es al 30 de octubre, para las pequeñas empresas, y al 30 de marzo, para las grandes. Y la verdad es que la morosidad es mayor. Si no revisamos este hecho en el reglamento, muchos no van a calificar.
Y cierro con una preocupación, señora Presidenta: la garantía.
La garantía es de un porcentaje limitado, razón por la cual sería importante que en el reglamento -se lo digo, por intermedio de la Mesa, al señor Ministro- se estableciera un registro donde las empresas se inscriban para dejar constancia de que han solicitado financiamiento vía Fogape, porque puede ser que un banco se vea tentado a ofrecer financiamiento con sus propios recursos y en condiciones más gravosas a las empresas y que, ante la desesperación por no poder cumplir con los requisitos, nos encontremos con un encarecimiento de los créditos.
Felicito el proyecto. Creo que hay que darle celeridad y que los miembros de las Comisiones de Hacienda deben ser muy cuidadosos de lo que se establezca en el reglamento y de las condiciones de quienes se vean beneficiados con este instrumento. Obviamente, luego habrá que ver cómo abordamos a aquellos que no quedan cubiertos en él.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Senador Carlos Bianchi.


El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, resulta llamativo que la principal respuesta del Gobierno a esta crisis sea otorgar garantías a fin de que las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, deban solicitar créditos a la banca privada.
En atención a la gravedad y profundidad de la crisis, una mejor opción habría sido, sin lugar a dudas, replicar mecanismos que ya tiene el Gobierno y utilizar, por ejemplo, la plataforma del BancoEstado para otorgar créditos directos de emergencia con financiamiento estatal, lo que constituiría una garantía mucho mejor y de mayor control en la asignación de los recursos y en su entrega directa. Este habría sido un gasto fiscal y una forma de asignarlo más eficiente y proporcional a la crisis.
El presente proyecto está pensado, básicamente, para empresas bancarizadas, pero no se hace cargo de la situación de microempresas que no lo están, especialmente aquellas que existen en regiones como Magallanes, por ejemplo, con mercados muy pequeños o reducidos, y que son las que requieren con mayor urgencia una ayuda rápida y concreta por parte del Estado.
Para microempresas no bancarizadas de un sector rural de regiones, la posibilidad de acceder a los beneficios de esta ley pasarán, necesariamente, por ser clientes de un banco, para lo cual deberán cumplir con los requisitos que dicha institución imponga a tal efecto. En este punto, se podrá argumentar que el BancoEstado cuenta con las más bajas exigencias. Y probablemente sea así, pero, más allá de que esto sea discutible, tampoco es una realidad.
El proyecto no obliga a los bancos a otorgar créditos a personas no bancarizadas. Esta es una situación que tiene que verse con premura. De esta forma, a las personas que requieren ayuda urgente y que se encuentran habitualmente invisibilizadas frente al diseño y ejecución de las políticas públicas se las deja, una vez más, a su propia suerte.
Más allá del supuesto compromiso de la banca a otorgar créditos fundados en la garantía estatal, materializado a través del Fogape, lo concreto es que ninguna de esas entidades financieras se encuentra obligada a hacerlo, por lo que uno de los pilares de la política pública del Gobierno para ayudar a las pequeñas y medianas empresas producto de la crisis del COVID-19 se basa, finalmente, en el compromiso de palabra entre el Estado y la banca privada.
La banca actúa como banca. Eso lo sabemos todos; está dentro de su ADN. ¿Por qué va a ser distinto ahora? Y ahí está nuestra legítima preocupación.
Consultar al Ministro sobre este punto, señora Presidenta, resulta fundamental. El problema que existe es cómo llegar efectivamente a quienes lo necesitan. ¿Es la banca la que va a actuar como intermediaria en el otorgamiento de los créditos? Por lo tanto, ¿cuáles serán los protocolos a través de los cuáles se entreguen los créditos a las empresas? En este aspecto, ¿será la banca la que discrimine a quiénes les va a otorgar créditos y a quiénes no?
Aquello, necesariamente, va a pasar por los comités de riesgo. Y es ahí donde puede que empiecen los sesgos; que se prefiera, por conveniencia, a una empresa en vez de otra. ¿Cómo se controla eso, finalmente, día a día? ¿Qué va a pasar si una empresa tiene Dicom? ¿Va a quedar fuera?
Entiendo que existen niveles y montos, pero a veces se manda a Dicom por cuentas menores y la banca igualmente discrimina por esas razones. ¿O la banca va a poner las exigencias que fijan actualmente los comités de riesgo para entregar el financiamiento? Si es así, las empresas con problemas de liquidez o que estén atravesando dificultades van a quedar fuera.
Es importante mencionar que la banca, una vez más y una vez aprobado el proyecto, se tomará algunos días para definir los protocolos que determinen la entrega de los créditos. ¿O los va a definir el Gobierno?
El gran problema de las pymes es su nivel actual de endeudamiento. Eso les significa una carga financiera y de flujos muy grande. Es factible que las empresas prefieran entrar a negociar la deuda adquirida y reducir el nivel de intereses que pagan actualmente. Eso muchas veces es aún mejor: reducir la carga financiera actual.
En definitiva, señora Presidenta, tengo varias dudas.
¿Van a estar dispuestos los bancos a subir los niveles actuales de deuda a las empresas o a dar créditos a quienes no tienen tan elevados niveles?
El gran problema va a ser si el Gobierno podrá controlar que la banca haga llegar estos recursos a las empresas que realmente lo necesitan para que, al final, no se conviertan en liquidez para ella.
En síntesis, señora Presidenta, con estas dudas y estando presente acá el Ministro de Hacienda, voy a aprobar el proyecto, pese a que permanentemente ocurre que los dineros que se le entregan a la banca por lo general no llegan a regiones, menos a la Región de Magallanes.
Voy a votar favor del proyecto, pero quedo con dudas de cómo será su aplicación.
Gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana, hasta por seis minutos.


El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, me pareció haber escuchado en los últimos días al Ministro Briones señalar que esto no fue fácil. Y seguramente es así, porque no todos los bancos, al parecer, estuvieron disponibles desde el primer minuto a tomar esta propuesta.
Y ahí es donde viene la discusión, que ha sido muy recurrente en el marco de esta pandemia, pues al pequeño, al que transgrede la cuarentena por desesperación o por la falta de productos de primera necesidad, garrote para él. Y vemos todos los días al Gobierno, a la Subsecretaria de Prevención del Delito, insistir en las penas del infierno, en multas que llegan a 50 millones de pesos.
Pero acá se trata de gestos. Es lo mismo que la discusión sostenida ayer respecto de las AFP y de las isapres: a los grandes se les pide gestos. Yo no sé cómo se dio finalmente que la banca se sumó completa. Creo que eso tiene un valor y por ello quisiera destacar al Ministro en ese rol.
También quiero recalcar el rol de la Comisión de Hacienda, pues se incorporaron en la iniciativa aspectos que no estaban como, por ejemplo, establecer en la ley lo de la transparencia.
Ahora, respecto de la transparencia, es muy importante que semana a semana se conozcan quiénes van a ser los beneficiados. Pero también -y varios colegas lo han planteado- es preocupante el descreme que puede hacer la banca en esta materia.
El propio Ministro Briones recién señalaba que tenemos 600 mil empresas en Chile. Y de esas microempresas, de uno o dos trabajadores, donde el dueño es el mismo trabajador y sus socios, a veces, los familiares, ¿cuántas se van a ver beneficiadas?
Entonces, la información semanal desagregada que se va a entregar debiera no solo dar cuenta de la unidad productiva en términos genéricos, pues seguramente ahí habrá varias empresas que registren ventas por un millón de UF. Interesa saber cuál es el apoyo real que se va a dar a los pequeños.
En esta misma línea, a propósito de estos paquetes, se ha hablado mucho de los dos que se han entregado en el último tiempo.
Pero yo quisiera hablar de un tercer paquete, porque el 2 de diciembre, en la misma Sala del Senado, el Ministro Briones nos habló de 5.500 millones de dólares -el primer paquete- en medio del estallido social, y ahí también se planteó una modalidad Fogape por solo 100 millones de dólares. Seguramente hay muchas empresas que se incorporaron a esta modalidad.
Sería bueno saber -yo no sé si la Comisión de Hacienda analizó ese punto- cuál fue el desempeño de ese programa, ya establecido por ley, de 100 millones de dólares para las empresas, ya que algunas fueron muy dañadas.
Porque -seamos claros-, hace ya varios meses, más de cinco, muchos pequeños empresarios lo están pasando muy mal. Y por eso he puesto el énfasis en los chicos.
En ese primer paquete se nos habló además de una hoja de ruta, hubo muchas propuestas, hubo mesas, se formularon planteamientos. Finalmente, no pasó nada con esa hoja de ruta.
Simplemente, lo hago presente.
Ahora, a propósito de esos dos paquetes, entiendo el escepticismo de algunos colegas, más allá de aprobar el proyecto, por cierto, pues en el primero anunciado por el Gobierno se planteó el bono COVID y todavía no se paga.
Y no lo dice alguien de la Oposición. Hoy día escuché un comentario del presidente de los alcaldes, quien fue muy tajante, muy crítico con el Gobierno, porque llevamos más de un mes con anuncios, más de un mes que el Congreso y el Senado aprobaron dicho bono, y todavía no se paga.
Ignoro francamente cuál es el rol que está cumpliendo el Ministro de Desarrollo Social en medio de esta pandemia, pero sería bueno organizar de mejor manera, con mayor agilidad, la oficina que tiene un rol central en ese pago.
¿Qué pasa, por ejemplo, con ese primer paquete, con los 130 millones de dólares que anunció el Ministro Briones, presente en la Sala, y que iban a ser un aporte para que los municipios apoyaran a los micro, a los más chiquititos, a los informales, a aquellos a los cuales se refirió el Senador Bianchi recién?
Yo desconozco qué está pasando al respecto, porque, hasta donde sé, esos recursos aún no llegan.
Cuidado con lo que va a ocurrir, porque también tenemos que ir sacando lecciones de lo que ha sucedido con los municipios a raíz de esta pandemia.
Los municipios -lo decía la Alcaldesa de La Pintana recién- están perdiendo autonomía, están perdiendo poder, están perdiendo recursos. Nosotros, como Congreso, la única respuesta que les hemos dado es esta mal concebida lógica de la descentralización, a partir de la cual vamos a generar mucha más burocracia todavía con las nuevas instancias regionales.
Creo que tenemos que reflexionar sin ninguna calculadora en la mano, pues es un tema de sentido común llevar adelante esos procesos. Y más que una descentralización malentendida, tenemos que fortalecer a los municipios que están en la primera línea de atención frente a la pandemia.
Ahora bien, respecto de este paquete, por supuesto que se generan dudas como las que acabo de plantear.
En el anuncio de la semana pasada, el Presidente de la República habló de 2 mil millones de dólares. Se refirió en detalle a la problemática de las empresas. ¡Bien! Pero está en la nebulosa cómo van a llegar esos recursos, anunciados la semana pasada, a las familias.
O sea, hoy día hay muchas dudas en las familias en cuanto a cómo enfrentar la pandemia. Hay comunas en cuarentena. Al ritmo que se está entregando la información, uno podría pensar que en cualquier momento se levantarán muchas cuarentenas. En la Región de La Araucanía hoy día solo aumentaron en diez las personas contagiadas. ¡Solo en diez! Es una cantidad muy baja. Y es probable que ya se esté trabajando en la lógica de levantar la cuarentena en Temuco.
Creo que eso hay que mirarlo.
Yo valoro que el Ministro Briones dialogue y escuche. Pero hay otros Ministros que no escuchan a nadie, ¡a nadie!
Entonces, tal vez aquí se está privilegiando, para el manejo de la pandemia, la lógica de Trump, a partir de la cual ya se está pensando en que las personas que sean portadoras de anticuerpos pueden salir a trabajar. Esa es una lógica que Europa y Estados Unidos hoy día están analizando con diversas objeciones, incluso algunas de carácter moral.
En consecuencia, hay que mirar qué pasa con eso.
En fin.
Nosotros vamos a aprobar este proyecto.
Si había alguna duda, el propio Fondo Monetario Internacional ayer nos dio las certezas: 4,5 por ciento va a ser la caída en Chile. Y, ¡cuidado!, porque el desempleo, según los datos entregados ayer por dicho organismo internacional, bordeará los dos dígitos: 9,7 por ciento.
En consecuencia, es muy preocupante lo que ocurra con todo tipo de empresas, sobre todo en lo que dice relación con habilidades productivas para impedir los despidos, con revisar bien lo que estamos haciendo. Porque el Seguro de Cesantía está muy bien, pero nos estamos dando cuenta de que hay muy pocos recursos en los fondos individuales. Y además, a los trabajadores que tenían pagadas sus imposiciones, que cumplían con los requisitos de los tres meses de declaración, no se les pagó ese beneficio. Esto yo se lo dije a la Ministra del Trabajo, pero no he obtenido respuesta todavía.
Con todo, soy partidario de aprobar esta iniciativa, más allá del escepticismo que debe ser natural en todos.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra a la Senadora Isabel Allende, hasta por tres minutos, de acuerdo al tiempo de su bancada.


La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, intervendré muy brevemente entonces.
Primero que nada es alarmante la cifra que prevé el Banco Mundial. Para qué hablar de la recesión que predijo para Chile: 4,5 por ciento. Eso nos obliga a actuar de la manera más efectiva posible.
Desgraciadamente, en el primer paquete -lo dijimos- son insuficientes los 50 mil pesos para los más vulnerables. Y ni siquiera les ha llegado todavía.
Se anuncian además 2 mil millones de dólares, financiados con reasignaciones que todavía no conocemos, pero que pueden, como ha ocurrido con las mujeres, afectar programas importantes.
Quiero referirme, entonces, a estos 3 mil millones de dólares, que evidentemente valoramos.
Yo reconozco el trabajo de la Comisión de Hacienda, pues logró que se fijara en la ley la tasa de interés que van a cobrar los bancos, toda vez que se trata de créditos bastante baratos que van a estar garantizados por el Estado.
Francamente, ya conocemos la experiencia de la crisis del 82, a raíz de la cual los bancos recibieron un tremendo apoyo. Pero ellos no son los más generosos a la hora de entregar.
Por eso, ¿cuál es la duda que me dejan estos 3 mil millones? Sé que es una suma importante, pero el 70 por ciento de esos recursos va a beneficiar a empresas medianas y grandes. Las grandes tienen espaldas, acceden a créditos blandos, flexibles; están bancarizadas.
¿Qué sucede, entonces, con los pequeños no bancarizados? Se calculan entre 400 mil y 800 mil. Y eso me parece muy dramático, porque nosotros conocemos casos y ejemplos concretos. Las tejedoras de Valle Hermoso, en La Ligua, no acceden a créditos; no están bancarizadas.
Tengo otra duda.
¿Qué ocurre en la Región de Valparaíso? De acuerdo a la Federación de Turismo, hay una pérdida nacional de 3.900 millones de dólares. Ello afecta esencialmente a pequeñas empresas del rubro turístico.
¿Qué se hace con esas empresas? Estas no acceden a los beneficios. ¿Qué es lo que sucedió con los incendios o incluso con el estallido social, por ejemplo, con los locatarios de la avenida Ecuador? Hasta el día de hoy no reciben lo que se les había prometido: los famosos 500 millones de dólares que dimos al BancoEstado ¡no les han llegado!
Entonces, la pregunta que uno se hace es cuánto va a llegar efectivamente a esa micro y pequeña empresa.
¿Qué sucede con las empresas no bancarizadas? ¿Cuánto nos vamos a tardar en que se logre incluirlas en el sistema? ¿Actuarán otros instrumentos: Sercotec, Enami, Indap? ¿Qué se tendrá que hacer realmente para lograr que esto llegue de verdad a aquellos que más lo necesitan?
Porque en esta crisis a nosotros también nos importa, ¡claro!, que las grandes empresas tengan su liquidez. Pero, ¡ojo!, ellas tienen esa espalda. Y aquí lo que nos interesa -lamento que no se haya aprobado la indicación del Senador Montes- es que los beneficios los gasten solo en su operación, o sea, en capital y no en otras cosas, y que no despidan trabajadores, porque no queremos que se siga produciendo eso que es nuestro temor y que ya ha empezado a ocurrir en varias partes.
Por lo tanto, señora Presidenta, esto requiere también un seguimiento muy riguroso, para saber con exactitud y transparencia cuánto realmente está llegando. ¿Qué significa entonces haber ampliado este Fogape? Porque no es nuestro interés estar solamente favoreciendo a un 70 por ciento a las grandes compañías, lo que queremos es que efectivamente llegue a esas pequeñas y medianas empresas, que lo necesitan.
Por eso es importante para nosotros decirle una vez más al Ministro que estamos convencidos de que es fundamental tener esa renta básica para todos aquellos grupos informales. Tenemos instrumentos. Se puede hacer. Hay recursos para ello, porque no tenemos un nivel de sobreendeudamiento que llegue a ser realmente alarmante. Y repito al Ministro que esa gente no puede esperar más. Esos informales tienen que tener recursos...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiempo, Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Por eso, voy a votar a favor, pero con muchas dudas, señora Presidenta, por esos pequeños empresarios.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Iván Moreira, hasta por cinco minutos.


El señor MOREIRA.- Señora Presidenta, mire, la verdad es que en el último tiempo tenemos muchos opinólogos: los médicos y expertos en salud que hoy día existen son miles y, más aún, hay muchos economistas y políticos que formulan sus comentarios.
Además, existe una primera línea que lo único que hace es criticar absolutamente todo y pedir y pedir y pedir. Y señalan: "El Gobierno lo hace mal". Pero resulta que este Gobierno va a destinar alrededor de ¡15 mil millones de dólares! Algo histórico.
¡Ah! ¡Qué tal!
El Gobierno del Presidente Piñera, el mismo al que se le acusa de no hacer nada para enfrentar la pandemia, tiene aprobado en este Congreso proyectos, como el del ingreso mínimo garantizado, el bono COVID para las personas y hogares más vulnerables, el que ya acordó la capitalización del Banco del Estado, el que redujo a cero el impuesto de timbres y estampillas, el que estableció la posibilidad de suspender el contrato de trabajo y la reducción de la jornada laboral con el fin de proteger el empleo.
Y el Gobierno, además de haber anunciado un paquete de medidas de 2 mil millones de dólares para aquellas personas sin contrato de trabajo o que no están bajo el régimen de honorarios, ha ingresado un proyecto que busca otorgar liquidez a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Para ello propone usar, precisamente, este Fondo de Garantías para Micro y Pequeños Empresarios, conocido como el "Fogape", aumentando su capital hasta 3 mil millones de dólares. ¡Sí! 3 mil millones de dólares.
La idea es otorgarle combustible a este motor que le da empleo a personas en nuestro país: el motor de las pymes, para permitirles navegar...
Señora Presidenta, pido silencio, porque a veces los mismos que conversan en la Sala se quejan -esto es para todos por igual-...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Su bancada tendría que guardar silencio.
El señor MOREIRA.- Exacto, todos tiene que guardar silencio, sobre todo los que hablan del respeto a los demás, últimamente.
Bueno, por ello se propone usar el Fondo de Garantías para las Micro y Pequeños Empresarios -ya lo dije-, aumentando el capital por 3 mil millones de dólares.
La idea es otorgarle, sí, ¡de nuevo lo repito!: combustible para este motor que se llama "pymes" y permitirles navegar en este período de tanta crisis, el cual tenemos la esperanza de que termine pronto.
Por eso, los que somos cristianos le pedimos ayuda a Dios. Y Dios nos va a proteger y a ayudar.
Los montos serán entregados en condiciones muy preferenciales. El proyecto ha dejado claro, vía indicaciones, que la tasa será de 3,5 por ciento, que no habrá más costos para las empresas, que los bancos deberán otorgar los créditos basados en criterios objetivos.
Y para evitar las críticas y el mal uso de los recursos, habrá información clara, transparente en la página web del Ministerio de Hacienda, la cual se deberá actualizar de manera semanal.
La pandemia ha golpeado de manera muy importante a Chile. Más aún a algunos países del mundo. Las señales que ha emitido el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales hablan de una recesión para el segundo semestre del 2020.
Pero, aunque sería relevante una baja temporal, nuestras prioridades debieran estar centradas en proteger la salud de los chilenos y, en la medida de lo posible, proteger el empleo. Y para ello es fundamental ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
La primera prioridad de nuestro Gobierno es precisamente cautelar la salud y la vida; pero al mismo tiempo, en la medida de lo posible, lograr compatibilizar el resguardo, la salud y la vida con la actividad económica, que es importante para el presente y el futuro del país.
Por eso, señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto de ley.
Agradezco los esfuerzos que está haciendo el Gobierno, porque le pide a la Oposición lo imposible, pero nuestro Gobierno está haciendo lo imposible por todos los chilenos.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste, hasta por siete minutos,


La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, ya sabemos que muchas empresas, especialmente las más pequeñas, están al borde de la quiebra por la casi paralización de la actividad económica, porque no tienen acceso al crédito de la banca, porque les cobran tasas del 20 por ciento anual o las dejan sin acceso pues están en mora crediticia o previsional.
Hace una semana la Comisión de Hacienda del Senado escuchó a la Comisión de Mercado Financiero, que informaba que solo 3.800 empresas, de 727.000 -¡3.800 de 727.000!-, que son clientas del sistema bancario, habían tenido apoyo crediticio. Por eso insistimos en que el plan económico es insuficiente y que, además, se está actuando tardía y lentamente.
A eso debemos sumar, como ya se ha reiterado en varias intervenciones, que aún no se paga el bono de 50 mil pesos a los 1,4 millones de perceptores del subsidio único familiar, y que los 2,7 millones de trabajadores independientes aún "sobreviven" sin apoyo fiscal.
Aquí estamos viendo un proyecto de ley que genera más garantías estatales para que las empresas puedan acceder a créditos para capital de trabajo, a fin de que puedan sobrevivir estos cuatro o cinco meses en que la economía se ha contraído.
Señora Presidenta, el Fogape es un fondo de garantías que atendía a empresas hasta con 350 mil UF de ventas anuales, con garantía del 30 por ciento.
Este proyecto de ley le abre la puerta del Fogape a las grandes empresas, porque aumenta la garantía hasta un 60 por ciento para las empresas con ventas desde 600 UF hasta un 1 millón de UF anuales.
Esta apertura de puertas a las grandes empresas genera preocupación en las micro y pequeñas empresas de nuestro país y en sus gremios. Es por eso que algunos como la Asech, Convergencia de Gremios, Unapymes, las cooperativas plantean que deben ponerse límites a esta irrupción de las grandes empresas en el Fogape.
Este es un fondo de garantías de emergencia y que estará vigente hasta abril del 2021. El acceso de las grandes empresas debe ser solo por este momento excepcional.
También es importante que el Ministro de Hacienda garantice que estas pocas grandes empresas no terminarán usando el mayor volumen de recursos de los créditos con garantía. Por eso me parece razonable lo que plantean los gremios: esta medida pone en riesgo la focalización del apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Ellos sugieren que debiera asegurarse que al menos el 50 por ciento de los recursos comprometidos fuera efectivamente a las pymes.
El proyecto original del Gobierno señalaba que en mayo del 2021 se daría cuenta a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado del destino de los recursos y de los criterios de asignación. De ahí que valoro y reconozco el trabajo que se hizo de manera conjunta al interior de la Comisión de Hacienda, que ha permitido que el Congreso tenga información -tal como lo señalaron los Senadores Pizarro y Lagos Weber- semanal, quincenal y mensual, con el objeto de ir monitoreando que efectivamente en las preocupaciones de los pequeños y medianos empresarios, que hacemos propias, se ponga el foco donde debe estar.
Es necesario que a las grandes empresas que acceden al Fogape no se les permita el retiro de utilidades para sus dueños y que mantengan sus cadenas de pago. Y es muy importante que estos criterios queden en el reglamento de este Fondo, como lo comprometió el Ministro de Hacienda ayer en la Comisión.
También espero que en ese reglamento se establezca que a las pequeñas empresas con ventas menores a 25 mil UF anuales no se les exija estar al día en sus créditos y otras obligaciones, y que se tome como base su situación al 1º de octubre del 2019, cuando muchas de ellas ya enfrentaban grandes dificultades.
Estos criterios fueron presentados como indicaciones, las que fueron declaradas inadmisibles, pero el Ejecutivo aseguró que estarían en el nuevo reglamento. Esperamos que se cumpla la palabra empeñada, porque de lo contrario con esta futura ley de incremento al Fogape habrá muchas pequeñas empresas a las que no se ayudará, y puede que quiebren si no se eliminan estas barreras de entrada que las perjudican.
El riesgo es que muchas empresas cierren, que exista desempleo masivo, y que en la etapa posterior a esta crisis la recuperación de la actividad sea más lenta y con un alto costo social.
Lo vuelvo a reiterar: se requieren políticas públicas efectivas que ayuden a trabajadores, a trabajadoras y a empresas a enfrentar la recesión económica. Esto no lo resolverá el mercado, ni tampoco es la oportunidad para que la banca lucre con esta iniciativa. Hay espacio fiscal, porque como país ahorramos en las últimas décadas. No es la hora de las rebajas presupuestarias, sino de apoyar solidariamente a los más vulnerables. Y ojalá que las pequeñas empresas sean apoyadas por este nuevo diseño del Fogape que se está analizando.
También es importante visibilizar que existen más de 400 mil pequeñas empresas y microempresas no bancarizadas que no son sujetos de créditos bancarios. Por eso, insisto en la solicitud que realicé al Gobierno en la propia Comisión de Hacienda el lunes de esta semana.
Señor Ministro, hasta el día de hoy en ninguno de los paquetes financieros se contempla ayuda concreta a los pequeños mineros, a los mineros artesanales, a los pirquineros, cuya única línea de acceso es a través de la Empresa Nacional de Minería. No se ha entregado ningún apoyo que permita que ellos puedan postergar sus créditos, que puedan tener una línea de acceso con condiciones mejoradas.
Hasta el día de hoy nadie ha recibido apoyo social para enfrentar esta crisis, y esta lentitud no puede seguir. Es hora de una mayor eficiencia gubernamental para respaldar a los más vulnerables y no seguir hablando de programas que no se implementan y de ámbitos en que ni siquiera hay proyectos de ley que puedan ser vistos por este Congreso, como el referido al nulo apoyo a los 2,7 millones de trabajadores independientes.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por nueve minutos, el Senador Galilea.
El señor CHAHUÁN.- Podemos compartir el tiempo disponible.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Le queda tiempo a Renovación Nacional.
El señor GALILEA.- ¿Quedan nueve minutos para Renovación Nacional?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- En total quedan dieciocho minutos.
Puede compartirlos con el Senador Chahuán.


El señor GALILEA.- Perfecto.
Señora Presidenta, estamos frente a una iniciativa que, sin duda, es importante para los momentos que se están viviendo, pues aborda correctamente la posibilidad de entregar capital de trabajo, plata fresca a empresas de distintos tamaños.
Por tanto, lo primero que quiero agradecer es que se haya ampliado el tamaño de las empresas que pueden acceder al Fogape. El hecho de que se llegara hasta el millón de UF de venta anual, o un poquito más de 16 millones de dólares para las empresas exportadoras en su venta, me parece clave. Cualquier otra medida probablemente hubiera sido de impacto muy menor y no lograría los objetivos que nos proponemos.
El monto de capital de trabajo de tres meses de venta tomado para un período de año normal, es decir, septiembre del 2018 a septiembre del 2019, también me parece un criterio claro. Que sea solo para capital de trabajo o para inversiones que realmente se vayan a usar ahora es importante.
Otro de los grandes temas eran el plazo y la tasa. Evidentemente, el que un préstamo sea efectivo depende de esas dos condiciones, sobre todo en momentos críticos. Y la tasa de UF más 0, en la práctica, o solo del IPC y plazos de veinticuatro a cuarenta y ocho meses, creo que viene a resolver muy bien el problema.
Ahora, ¿se resuelve todo acá? Tenemos desafíos muy importantes, algunos vía decreto supremo y otros que deberemos abordar en futuros proyectos de ley. Y hay materias en las cuales nos corresponde hacernos responsables.
Muchos Senadores han hablado de que hay cientos de miles de empresas que no están bancarizadas y, lamentablemente, no estarían siendo apoyadas ni les podríamos hacer llegar estos recursos, porque, justamente, no están en la banca.
Quiero decir que es probablemente culpa del Congreso que sea así. ¿Por qué? Porque cuando se impuso la tasa máxima convencional -entiendo cuáles fueron los criterios-, lo que se logró finalmente fue que muchísimas empresas, sobre todo aquellas que son personas individuales, tuviesen que abandonar el crédito formal de la banca. ¿Y dónde terminaron todas? En el oscuro mercado de los prestamistas: no sabemos quiénes son, cuánto prestan, cómo cobran, ni nada por el estilo.
Entonces, aquí estamos viendo parte de los problemas que significa hacer salir artificialmente a la gente del sistema bancario de un país. Primer punto.
Segundo punto, este esfuerzo tiene que ir aparejado -y ojalá el Ministro de Hacienda así lo considere- de la posibilidad de que toda la gente vaya formalizándose.
Se discute que en Chile cerca del 20 o hasta el 30 por ciento de la economía y del mercado laboral es completamente informal, ¡completamente informal! En este momento de crisis debemos ayudar a resolver, ojalá, todo ese problema. Cuando cerca de un 30 por ciento del mercado laboral es informal, estamos frente a dificultades severas para otorgar crédito, para llegar con ayuda y también para solucionar temas de pensiones y otros, que son claves para el funcionamiento de un país.
En consecuencia, este proyecto abarca un montón de aspectos y aborda correctamente lo que debe ser el capital de trabajo para empresas.
Ahora, hay temas que han de ser bien resueltos en el decreto supremo que se dicte para las licitaciones de los respectivos fondos de garantía.
He conversado con el Ministro de Hacienda y tengo entendido que esta materia se abordará. Que todos estos créditos con garantía del Estado sean considerados provisión voluntaria para los efectos bancarios ayuda mucho al sistema.
La acreditación del uso de las platas, si eventualmente algún cliente no pudiera pagar, es otro de los factores, el área chica, donde los bancos normalmente enfrentan problemas. Si las declaraciones juradas o los asientos contables fueran suficientes para probar el correcto uso de las platas garantizadas por el Fogape, sería un gran avance.
Creo también que hay que poner algunos límites a esto de que no se puede usar esta plata para pagar ningún crédito bancario preexistente. Me parece que hay algunas excepciones que sería interesante analizar, por ejemplo, al menos parte de los leasings, porque, si no, puede que el remedio termine siendo peor que la enfermedad.
En definitiva, lo que quiero decir con estas palabras, señora Presidenta, es que este partido se va a ganar en el área chica.
Tenemos las reglas del juego. Es una gran oportunidad la que estamos dando a las empresas de Chile, pero en el decreto supremo y en la buena voluntad que pongan los bancos y en el seguimiento que haga el Ministerio de Hacienda, la Comisión de Mercado Financiero y este mismo Parlamento al funcionamiento de esto, va a estar la clave para que este sistema opere en la magnitud y en la oportunidad que nosotros esperamos.
Falta incorporar a las cooperativas. Tengo entendido que el proyecto de ley respectivo ya viene. Yo agregaría también a las cajas. Creo que en ellas también hay una oportunidad para ayudar a pasar este mal momento.
Por otro lado, me parece que las personas o empresas que hayan caído en Dicom en los últimos seis meses no deben quedar exceptuadas de poder obtener el crédito del Fogape.
Asimismo, es urgente intervenir el mercado financiero a través de una línea especial para los factoring, tanto los que dependen de los bancos como los que usan recursos públicos. De esa manera ayudaremos a que la cadena de pago siga operando normalmente, porque habrá seguridad de que una venta y, por tanto, una factura se van a convertir efectivamente en dinero.
En cuanto a los trabajadores independientes, tenemos el compromiso del Gobierno de presentar una solución en los próximos días. Lo mismo respecto del uso de los 2 mil millones de dólares para todo el mundo informal.
Son muchos los desafíos y estamos contra el tiempo.
Quiero agradecer a la Comisión de Hacienda del Senado por el trabajo rápido y efectivo que ha hecho, y espero que la Cámara de Diputados tenga la misma vocación para resolver este asunto y despacharlo prontamente.
Como han dicho otros Senadores, aquí no solamente importa la arquitectura, sino también la oportunidad. Si llegamos tarde, el daño ya va a estar hecho.
Tengo entendido que mañana se empieza a pagar el bono de 50 mil pesos por carga, y me encantaría que este proyecto estuviera por completo operativo el lunes de la próxima semana. Yo creo que esa urgencia es la meta que debe tener el Gobierno, y es la que también debiéramos proponernos nosotros, como Congreso, en la tramitación de todas estas iniciativas.
Por eso les agradezco el trabajo a los Senadores que se involucraron en esta materia, y al Ministro de Hacienda y al Presidente de la República por haber sido imaginativos y libres en la propuesta de soluciones para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Ahora hay que afinar los detalles. Como decía hace unos minutos, es en el área chica donde vamos a ganar este partido.
Tengo la esperanza de que los decretos supremos que se dicten, el seguimiento que se haga a la banca y también la vocación de las entidades bancarias por ayudar a las empresas chilenas en este difícil momento harán que esta iniciativa sea un éxito. Y ojalá en pocos meses más podamos mirar hacia atrás y decir que realmente pudimos sortear la crisis de buena manera.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe, hasta por seis minutos.


El señor HARBOE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero manifestar que voy a aprobar este proyecto.
Reconozco su valor porque da una inyección a la vena a las pequeñas empresas. Es la típica iniciativa de un modelo de desarrollo más bien socialdemócrata, que va en la línea de apoyar con medidas de política pública a un sector que no necesariamente tiene todas las capacidades.
Me alegra que el Gobierno haya accedido a la fijación de tasas por ley, ya que se ha demostrado que la autorregulación es demasiado variable entre bancos. De hecho, algunos no se sumaron a este proceso.
Esta propuesta va a permitir que las empresas tengan liquidez para costear sus gastos de operación, y así evitar lo que todos tememos: el cierre y el consiguiente desempleo.
¡Bien por la fijación del período de seis meses de gracia y las cuotas de 24 a 48 meses! Es el modelo internacional que ha dado resultado, para permitir sortear una crisis como esta.
No voy a entrar en la discusión del proyecto, pero sí quiero señalar qué cosas me preocupan, a efectos de que esto funcione.
Me preocupa la aplicación práctica de la iniciativa. Como dijo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Galilea, en el área chica se verá si esto va a funcionar o no.
Me preocupa que exista letra chica en algunos bancos y empiecen a exigir requisitos extras para dejar afuera a muchas pequeñas empresas. Voy a poner un ejemplo. Muchas empresas o personas emprendedoras que realizan actividad productiva están asignadas a la banca de personas. Hoy en la mañana ya había un conjunto de ellas que denunciaba que su ejecutivo les había dicho: "Mire, mientras usted esté en la banca de personas, no tiene derecho a participar de este proceso".
Se dice que las pymes con Dicom no clasifican. Perdón, no olvidemos que esta pandemia golpea en el suelo, particularmente a las pequeñas empresas, después de que venían dando botes desde el estallido social. En consecuencia, es muy probable que haya muchas pequeñas empresas, cuyos dueños no son ni frescos ni defraudadores, que cayeron en Dicom por no poder pagar a sus proveedores producto del estallido social; o sea, porque en ese período no pudieron vender ni abrir.
Creo que el Gobierno debiera adoptar un criterio distinto respecto de la exclusión en esos casos. Habría que incorporar a esas empresas. La idea no es patearlas en el suelo, sino darles una mano para que se levanten y puedan seguir funcionando.
Tercero, para que las pymes no bancarizadas puedan acceder al BancoEstado, hay que instruir a dicha institución para que tenga una política un poquito más abierta. En algunas regiones se ha visto que BancoEstado opera igual que cualquier otro banco comercial, y ese es un problema, porque contraviene un rol que debiera cumplir en esta materia.
Se debe evitar que los ejecutivos privilegien a las empresas medianas, en razón de los bonos que ellos reciben por colocación de créditos. Ante ello, el problema, como decía el Senador Montes, es que se concentren los recursos en el segmento mediano, desplazando a la pequeña empresa.
Resulta clave condicionar el préstamo a empresas que no repartan dividendos superiores a los establecidos en la ley. Como hemos corrido el cerco hacia arriba respecto de quienes son beneficiarios o pueden ser sujetos de crédito del Fogape, bueno, puede que algunas de esas empresas estén repartiendo dividendos. Evidentemente, si se va a pedir plata para funcionar, no debería estar repartiendo dividendos. Entonces, tendría que prohibirse, por ejemplo, el pago de bonos a altos ejecutivos en las empresas que participen, pues entendemos que estos recursos son para salvar empresas y no empresarios o dueños y tampoco altos ejecutivos.
En consecuencia, creo que allí hay puntos relevantes a la hora de la aplicación práctica.
Quedan fuera los deudores de factoring, de créditos automotrices, de préstamos de casas comerciales. Hay que mirar esos ámbitos. Probablemente, en el próximo paquete de medidas se incorpore algo al respecto.
Es lamentable que tuviera que llegar una pandemia para que un sector del país comprendiera que las condiciones de las pymes son tremendamente desventajosas respecto de las grandes empresas.
Además, no se ha enfrentado otro tema muy importante: el de los costos de transacción. Los medios de pago en Chile son proporcionalmente muy caros en comparación con los mercados internacionales. Los costos de transacción de las pymes se llevan una parte relevante de sus ingresos.
Por eso llamo al Ministro de Hacienda a no seguir adelante con este modelo de pago de cuatro partes, impulsado por su antecesor, con apoyo de dos grandes bancos en Chile, y a continuar la tendencia de los países desarrollados consistente en un modelo de dos partes, que reduciría considerablemente los costos de transacción, beneficiando directamente a las empresas pequeñas.
Bienvenido este proyecto y esta nueva ley, pero ojalá nos sirva de experiencia para el futuro. Si Chile quiere impulsar nuevos modelos de negocios; si queremos de verdad promover el emprendimiento, el desarrollo, la economía digital y el crecimiento de pequeñas empresas, debemos hacer ajustes permanentes en nuestro mercado, en particular en el de la industria financiera y en el rol que las sociedades de apoyo al giro juegan en dicho mercado. De lo contrario, seguirá el sufrimiento diario y la impotencia de las pymes ante tanto abuso de los grandes y también incluso del Estado.
Señora Presidenta, yo voto a favor, porque esto va a ser una inyección a la vena para pequeños y medianos empresarios, que es lo que Chile necesita hoy día.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Guillier, hasta por cuatro minutos.


El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, primero, quiero destacar la actitud del Ministro por haber escuchado e incorporado opiniones que se le han dado, con el ánimo de hacer más transparente y efectivo el uso de esta futura ley que fortalece al Fogape.
Sin embargo, creo que quedan algunas cosas que es necesario que el Ministro precise, como la manera en que se llegó a acuerdos con la banca, sobre todo en el ámbito operativo, para ver los criterios que se van a aplicar.
Como todos sabemos, la ley del Fogape garantiza créditos a empresas que tienen hoy ventas anuales por hasta 350 mil UF. Pero con esta iniciativa van a entrar empresas mucho más grandes, ¡hasta tres veces más grandes! Entonces, surge la preocupación de las pequeñas empresas de que las medianas o las muy grandes cuenten con algunas ventajas para acceder a estos recursos, a estos créditos, a estos respaldos de la banca -por así decirlo-, dado que tienen menos mora y son sujetos de garantías crediticias más sólidas, lo cual podría postergar a muchas micro y pequeñas empresas.
Por lo tanto, es necesario asegurar primero que el criterio con el cual los bancos van a otorgar estos créditos, con garantías estatales, no va a discriminar a las pequeñas empresas.
Se han definido algunos criterios de estabilidad: por ejemplo, establecer ciertos días de mora para las más pequeñas y otro distinto para las medianas.
Pero también es preciso clarificar lo relativo a las tasas, porque la primera versión señalaba que las tasas de interés iban a quedar a criterio de los bancos y que solo se había acordado con ellos una suerte de discreción en el sentido de actuar con cierta benevolencia, cosa que nadie le cree a la banca después de la experiencia, por supuesto, del crédito con aval del Estado.
Por otro lado, se definió un criterio para que, en las actuales circunstancias y condiciones en que está funcionando la economía chilena, la fórmula aplicada, que es la TPM más 3 por ciento, represente un interés real que bordee el cero por ciento, lo cual sería beneficioso, en caso de ser efectivo. Sería bueno precisarlo.
También se plantean líneas de crédito COVID-19 y alguna postergación de amortizaciones de otros créditos preexistentes por un período de seis meses. Por tanto, hay ciertos elementos que parece que se están despejando.
Pero persiste la duda: ¿Cómo va a operar esto? ¿Con un criterio centralista? ¿Las empresas -y pienso en las de regiones- deberán recurrir a las casas matrices de los bancos, justificando ante sus directorios y equipos técnicos los requerimientos? ¿O habrá algún criterio para que las sucursales o filiales bancarias en regiones tengan una perspectiva territorial al respecto?
También sería interesante que el señor Ministro precisara más el gran tema pendiente: las microempresas que no están bancarizadas, porque todavía no se han definido mecanismos o herramientas de apoyo a este sector. Varios Senadores han hecho presente ese tema. Son cerca de trescientas mil las empresas no bancarizadas y necesitan disponer de instrumentos distintos, porque trabajan más bien con Sercotec, con Enami (en el caso de las regiones mineras), con Indap (en el de las regiones agrícolas), con el Fosis.
Bueno, habrá que definir algún mecanismo, un subsidio fiscal directo; ver cómo generarlo, y saber cuál sería el nivel de compromiso del Gobierno en esta materia.
Por lo tanto, voy a dar mi apoyo a esta iniciativa, por supuesto. Creo que se mejoró mucho el proyecto inicial. Se cerraron puntos de incertidumbre, pero todavía quedan algunos. Sería interesante que el Ministro Briones pudiera precisarlos hoy, por la transparencia que esto requiere.
Finalmente, también quiero destacar un elemento que se acordó: que el Ministerio de Hacienda va a mantener un mecanismo de información permanente para que las Comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara Baja como del Senado, puedan llevar un registro y se garantice una mayor transparencia en el uso de un recurso que el Estado está poniendo en el sector bancario.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Sandoval, hasta por cuatro minutos.


El señor SANDOVAL.- Señora Presidenta, trataré de sintetizar lo más que pueda mi intervención.
Primero, ante las informaciones que han otorgado aquí algunos parlamentarios, es bueno aclarar que los procesos relativos a bonos y beneficios que ya hemos aprobado para la comunidad están en pleno desarrollo. Una cosa es desconocerlo, pero no me parece bien que se informe inadecuadamente que estos no están en proceso o que no se sabe en qué situación se encuentran.
El "bono COVID", por ejemplo, se paga a partir del 17 y 18 de abril, es decir, pasado mañana. Por su intermedio, señora Presidenta, se lo señalo a la Senadora Provoste, quien planteaba dudas acerca de cuándo se iba a concretar. Pues bien, pasado mañana se empieza a pagar este bono a más de 1,5 millones de beneficiarios. Ya está implementado el sistema. Más aún, el 75 por ciento de este bono se depositará directamente en la CuentaRUT, para que la gente -todos sabemos que son los beneficiarios del subsidio único familiar- no tenga que hacer ningún trámite. Y las personas que se agregaron en la tramitación posterior y que no son beneficiarios del bono, deben recurrir a la página www.bonocovid.cl para ver la modalidad de funcionamiento.
El otro beneficio, el ingreso mínimo garantizado, desde hoy está en pleno proceso de inscripción. En este minuto ya hay más de 250 mil personas inscritas para acceder a él. Todos sabemos quiénes aplican para ello: los que tienen contrato vigente por treinta horas semanales; perciben un sueldo inferior a 384 mil pesos, y no pertenecen al grupo del 10 por ciento con mayores ingresos.
Estos dos beneficios están plenamente operativos. Desde hoy día, el ingreso mínimo garantizado y, desde pasado mañana, el 75 por ciento de los beneficiarios del "bono COVID" empieza a recibirlo directamente en su CuentaRUT.
Estimé necesario hacer esa aclaración primero.
Respecto del proyecto que nos convoca, evidentemente va dirigido a un sector que, sin duda, ha sido de los más afectados desde el 18 de octubre pasado. A muchos se les destruyó completamente su emprendimiento y hoy requieren una inyección a la vena, como se ha señalado. El Senador Galilea lo planteó con mucha claridad y los Senadores García-Huidobro y Víctor Pérez van a hacer sendas aclaraciones sobre el particular.
En mi región este beneficio, indudablemente, lo recibirá en forma directa la inmensa mayoría. Prácticamente, más del 90 por ciento de las empresas está dentro de esa categoría, razón por la cual el Presidente de la Asociación Multigremial de Aysén, don Héctor Canales, me señaló la urgencia de aprobar este proyecto con la mayor rapidez posible.
Queda la duda, que comparto y que mencionó también el Senador Galilea, respecto de aquellos sectores de personas independientes. Vamos a estar muy atentos a los planteamientos que sobre el particular realice el Ministerio de Hacienda, cuyo titular está aquí presente.
Por último, dada la urgencia de los tiempos, le pediría al Ministro -por su intermedio, señora Presidenta- que, por favor, se acelere la asignación de 100 millones de dólares que se hará a los municipios. Es bueno que se active con mayor rapidez la implementación de este aporte, puesto que va a cubrir algunas necesidades de sectores muy vulnerables de nuestra población que se han visto especialmente afectados.
En ese ámbito, quizá habría que hacer el requerimiento a la Subdere, que es donde está radicado este proceso, para que se puedan acelerar dichos mecanismos.
De todas maneras, dado el beneficio que esta iniciativa significa, voto absolutamente a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza, hasta por tres minutos.


El señor INSULZA.- Señora Presidenta, seré breve.
En primer lugar, quiero decir que voy a aprobar este proyecto. Creo que es bueno que lleguen recursos nuevos a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, y por la emergencia también debieran poder concurrir otras empresas. No es ese un punto de discusión.
Sin embargo, quiero decir que hay otros instrumentos con que el Estado cuenta, que se han creado a lo largo del tiempo y en períodos democráticos, sobre todo, que sirven también para apoyar con créditos directos a las pymes. No solamente está el Banco del Estado, que ha sido realmente secundarizado en este caso, sino también la Enami, Sercotec y otras instancias. Pero, bueno, el Gobierno decidió realizar esto a través de los bancos, lo que es propio de su naturaleza y de su forma de hacer las cosas.
Ayer escuchaba -y quiero explicitarlo- al Presidente de la Asociación de Bancos, y no me gustó nada su actitud, una actitud bastante despectiva respecto de la microempresa, leyéndoles la cartilla a los que van a ir a pedir créditos a la banca para decirles que no a todos les van a tocar.
Naturalmente, eso significa que habrá que tener cuidado con eso de a qué empresas se les va a otorgar crédito. Los buenos clientes son los grandes. Los bancos prefieren prestarle a la gente que tiene grandes empresas. Probablemente, ellos consideren que es menos riesgo; por lo menos, implica menos trabajo y más comisiones, porque son créditos bastante más grandes.
Yo hubiera querido que, así como quedó un límite, un margen en el interés que se va a cobrar, también se hubiera dicho algo en esta futura ley respecto de la cantidad que se va a asignar a las empresas de mayor tamaño, para no perjudicar a las pequeñas y medianas, que, mal que mal, son las que figuran en el título de este proyecto y que deberían ser el centro de nuestra atención.
Espero que el señor Ministro efectivamente cambie eso en el reglamento respectivo y, ojalá, el Presidente de la Asociación de Bancos modifique un poco su tono, porque, como digo, no dejó ayer un buen ambiente en torno a cómo esto se iba a implementar.
Muchas gracias.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Felipe Kast, hasta por cuatro minutos.


El señor KAST.- Señora Presidenta, me sumo a los agradecimientos por el trabajo de la Comisión de Hacienda y valoro el espíritu del debate que hemos presenciado el día de hoy en este Hemiciclo.
La verdad es que, en momentos como este, uno valora que podamos actuar con responsabilidad, con medidas que efectivamente puedan estar a la altura de lo que va a ser probablemente la crisis económica más severa que nos haya tocado ver en nuestras vidas.
Recientemente conocimos los datos en el sentido de que es probable que tengamos una caída económica más severa que la que hubo en la Gran Depresión en un mismo año.
Por eso, es necesario contar con un mecanismo como el que vamos a aprobar hoy, que es parte del segundo paquete económico -ya sabemos que el primero está destinado a quienes poseen contratos laborales dependientes-, que apunta a las pymes, a las empresas que son el motor del desarrollo en nuestro país, a aquellos que permiten que tengamos crecimiento en el empleo, un desarrollo orgánico en el tiempo.
Lo que estamos haciendo hoy día es no solo posibilitar que haya mayor liquidez, sino que esta sea asequible. Porque se le pidió a la banca que fuera parte de la solución. Además, se le solicitó que transparentara quiénes son las personas, las pymes que están postulando a estos créditos; quiénes los van a recibir, y a quiénes se les van a rechazar. Por tanto, podremos ver semana a semana qué está ocurriendo con ese oxígeno que necesitan nuestros emprendedores para poder pasar la crisis.
No solo eso, ya que se fue más lejos y se le pidió a la banca que pudiera fijar la tasa de interés. Eso significa estar dispuestos a perder recursos en el corto plazo, recursos que hoy efectivamente se requiere sacrificar en pos de que esas pymes no terminen quebrando.
Y a esto tenemos que sumarle el proyecto del tercer paquete económico, de ayuda a los independientes, que esperamos llegue próximamente, como lo dijo hoy el Ministro.
Si sumamos estos tres paquetes con cuatro dimensiones, podremos, efectivamente, estar a la altura.
Es bueno recordar que la responsabilidad fiscal del pasado es la que nos permite ahora tener este músculo. Cuando estamos en tiempos normales, muchas veces la responsabilidad fiscal, la buena economía, las políticas públicas serias parecieran no ser tan valoradas. En momentos de crisis como este es cuando todo ello se valora.
¿Cuáles son, al final, estos cuatro pilares?
Primero, como ya lo mencioné, la protección al empleo formal a través del Seguro de Cesantía, una política pública que fue desarrollada en gobiernos anteriores y que hoy día nos permite contar con mayor robustez para enfrentar y cuidar no solo al trabajador formal, sino a las pymes que no tienen cómo pagar la planilla de sueldos.
Segundo, la liquidez a las pymes, que es el proyecto de ley que estamos aprobando ahora.
Tercero, igualmente importante, los 2 mil millones de dólares que van a la vena de aquellas familias más vulnerables de Chile, que no son los mismos de siempre, los del "bono marzo". Por eso, valoro también que el Gobierno, junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social, hayan podido conformar un panel de expertos que pueda identificar a esas familias, las de los colectiveros, de los transportistas, de personas que están en el mundo informal, familias vulnerables, para que puedan recibir estos recursos y salir adelante de la crisis.
Y el cuarto pilar es el mundo independiente, aquellos que boletean a honorarios, que todavía no reciben un beneficio.
En tal sentido, agradezco que el Gobierno, en vez de decir "aquí está todo resuelto", haya dado día tras día un paso hacia el futuro, en forma honesta, transparente.
Porque la única manera de recuperar la confianza es siendo transparente y señalar: "El primer paquete económico tenía este objetivo; el segundo paquete económico tenía este otro objetivo, y falta el tercero, que va al mundo independiente".
Por lo tanto, obviamente, felicito al Gobierno, al Ministro aquí presente, a su equipo, a todos los parlamentarios de la Comisión de Hacienda, y espero que actuemos con sentido de urgencia.
De verdad, deseo que tengamos prontitud, celeridad y que ojalá en las próximas horas esta garantía, que para las pymes es fundamental, porque es ese oxígeno que les permite salir adelante, sea realidad.
Y a la banca también le pido celeridad, que ponga toda su energía para que esto no quede simplemente en una ley, sino que esta liquidez llegue con sentido de urgencia a todas las pymes de nuestro país.
Voy a votar a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el Senador Rabindranath Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, ¡qué bueno que se reconozca que gracias a la solidez que dejaron gobiernos anteriores se puede hacer lo que estamos haciendo!
El señor MOREIRA.- ¡Buena esa...!
El señor QUINTEROS.- Tal como lo he hecho en otros proyectos, voy a votar a favor de este, que se suma a los anteriores para enfrentar esta pandemia.
Primero fue el "bono COVID" para los más vulnerables. Luego, el proyecto referido al subsidio de cesantía, destinado a dar mayor protección a los trabajadores formales. Ahora se trata de flexibilizar y otorgar mayor financiamiento y cobertura a las empresas, así como mejores condiciones del crédito, especialmente a las pequeñas y medianas.
Obviamente, en el marco de una emergencia, no hay espacio para debatir en profundidad sobre cada iniciativa. Además, queda en evidencia la debilidad estratégica de nuestras políticas públicas, de nuestro Estado, que no tiene toda la información, por ejemplo, para hacerse cargo de la situación que afecta a algunos sectores de la población. De esta manera, aún no contamos con acciones eficaces que vayan dirigidas a apoyar a trabajadores informales, pequeños prestadores de servicios que emiten boletas de honorarios o a micro y pequeños empresarios que no se encuentran bancarizados.
Hacemos un llamado al Gobierno para que haga llegar lo antes posible un proyecto que venga a aliviar el bolsillo de todos aquellos trabajadores a honorarios y trabajadores informales o independientes, que han visto mermados sus ingresos desde que se declaró el estado de catástrofe. Pienso en los taxistas, en los colectiveros, en los pescadores artesanales, en los algueros, en los comerciantes ambulantes, en los vendedores en carros de comida rápida.
Necesitamos hoy una propuesta para apoyar a quienes no han recibido ninguna solución para hacer frente a una crisis económica que los golpea directamente.
Asimismo, hay que revisar la operación de algunos programas focalizados que pueden desempeñar un rol activo en la emergencia, como Indap, Enami o el nuevo Indespa, que están en condiciones de diseñar y ejecutar programas específicos referidos a pequeños agricultores, mineros y pescadores artesanales.
Otro aspecto que debiera tomarse en cuenta es el cumplimiento de diversos objetivos de política pública que son especialmente sensibles a esta emergencia. Es el caso del cumplimiento de las obligaciones laborales. Resulta difícil de entender que el Estado entregue ayuda a aquellos empleadores que no respetan los derechos de sus trabajadores.
Por último, señora Presidenta, no puedo dejar de llamar la atención sobre el alcance y la oportunidad de los beneficios que estamos aprobando. Con mucha lógica, este proyecto contempla financiamiento hasta por el valor de tres meses de ventas de las empresas, perfectamente concordantes con la extensión probable de la emergencia. Y ya se anuncia, a pesar de que todavía no hay ley, que puede estar operativo desde la próxima semana.
Sin embargo, el "bono COVID" se estableció por un mes, y solo después de un largo debate el Gobierno declaró que no se descarta su extensión. Ojalá sea realidad que se empieza a pagar desde mañana.
El Gobierno debe ser cuidadoso en cada uno de sus programas en cuanto a que sean equivalentes y suficientes, tanto en su magnitud como en su oportunidad. No puede ser de otro modo.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Durana, hasta por tres minutos.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador, tiene que activar su micrófono.
El señor DURANA.- ¿Se escucha?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ahora, sí.


El señor DURANA.- Señora Presidenta, apruebo este proyecto porque representa para pequeños y medianos empresarios la opción de garantizar su acceso al financiamiento, tratándose de empresas con ventas por hasta un millón de unidades de fomento al año.
Eso, obviamente, va a constituir una herramienta eficaz para conservar la fuente laboral de millones de trabajadores en nuestro país.
Para la Región de Arica y Parinacota y para la mayoría del país las pymes representan más del 95 por ciento de la actividad económica, siendo, en consecuencia, el sector que genera más empleo a nivel nacional.
Por ello, esta inyección de hasta 3 mil millones de dólares, que va a permitir aumentar el capital a este Fondo -además, se va a ampliar el plazo hasta el 30 de abril de 2021-, va a provocar un efecto amplificador en la oferta de crédito a las pymes por parte de la banca, constituyendo la clave para el éxito de los objetivos planteados por este proyecto.
Esto lleva a que desde el Senado hagamos un llamado a la banca para que sea expedita en colocar estos recursos a disposición de este sector esencial de nuestra economía.
La ampliación del horizonte de ventas anuales para acceder a los créditos, de 350 mil a un millón de unidades de fomento, permite considerar a más del 99 por ciento de las pymes. Y también van a acceder exportadores, conservando en un 88 por ciento el empleo formal que hoy día estamos llamados a proteger.
El Ejecutivo ha diseñado una serie de paquetes económicos laborales cuya finalidad es evitar la quiebra de las empresas y el desempleo.
Los requisitos y procedimientos para la obtención de estos créditos preferentes y estandarizados serán determinados por un decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Y para ello también requerimos la máxima celeridad posible, de forma tal de bajar los niveles de angustia en que hoy se encuentran inmersos tantos trabajadores chilenos.
No obstante apoyar este proyecto de ley con mucha fuerza, también le digo a mi Gobierno que aún nos quedan pendientes sectores laborales que no están considerados en ningún paquete de ayuda económica laboral, como los conductores de movilización colectiva, los choferes de camiones, los trabajadores portuarios eventuales, los profesionales independientes y quienes emiten boletas de honorarios. Y también hay que ver cómo se va a canalizar el proyecto de apoyo a los trabajadores informales.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Chahuán, hasta por nueve minutos.
La señora PROVOSTE.- ¿Por qué no abrimos la votación, señora Presidenta?
El señor BIANCHI.- Votemos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Hago presente que se deben realizar dos votaciones, pues tenemos que pronunciarnos también respecto de una indicación del Gobierno.
El señor COLOMA.- ¿Por qué no votamos todo junto, señora Presidenta?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Si hay acuerdo...
El señor COLOMA.- ¿Por qué no hacemos una sola votación?
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Si existe acuerdo, así se hará. La indicación ya está en la Mesa.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, que se vea ahora, incluyendo la indicación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Si hay acuerdo, se efectuará una sola votación.
¿Quienes se encuentran conectados de manera telemática están de acuerdo en hacer una sola votación y en que esta se abra ahora?
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, que la indicación se considere incorporada.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Así es, por eso estamos planteando hacer una sola votación.
El señor QUINTEROS.- Que se abra la votación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se abre la votación.
Tiene la palabra...
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).-... el Senador Chahuán.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Quién pide la palabra?
Puede intervenir, Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, me gustaría saber cuál es la indicación.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se puede leer.
El señor COLOMA.- ¡No estaba atento!
El señor DE URRESTI.- Sí, pero quiero saber cuál es la indicación, que se pueda leer para ver si es una sola votación o son dos.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ya se leyó la indicación, Senador. Pero nuevamente se va a leer.
Tiene la palabra el señor Secretario.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señora Presidenta.
Como se indicó en la relación, el Ejecutivo presentó una indicación referida al artículo primero del proyecto, para intercalar en el inciso primero del artículo 4° de la ley vigente, que es reemplazado por el artículo tercero transitorio que se agrega al decreto ley N° 3.472, de 1980, entre las palabras "Fondo" y "deberán" la frase "cuando sean otorgados por instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central de Chile". El artículo 4º a que se hace referencia se encuentra en la página 6 del comparado.
El artículo quedaría así:
"Artículo 4°.- Los financiamientos que garantice el Fondo, cuando sean otorgados por instituciones que tengan acceso a financiamiento del Banco Central de Chile, deberán tener una tasa de interés anual y nominal que no exceda del equivalente a la tasa de política monetaria más un 3%. Asimismo, los financiamientos que garantice el Fondo se otorgarán en moneda corriente, con excepción de aquellos destinados a pequeños y medianos empresarios que tengan por objeto el financiamiento de operaciones de exportación o importación, los cuales también podrán otorgarse en moneda extranjera.".
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Esa es la indicación que incorporaríamos al proyecto, y se haría una sola votación.
El señor BIANCHI.- Así es.
El señor COLOMA.- Eso es.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Muy bien.
En votación.
--(Durante la votación).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, efectivamente, este proyecto tiene un valor en el sentido de que nuestras instituciones están funcionando en forma coordinada. El Gobierno, el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero han sido capaces de trabajar de manera coordinada para ofrecer una política pública como esta, que permita mejorar las condiciones de acceso al crédito para sobrellevar estos meses, que han sido extremadamente complejos.
Sin embargo, debiéramos señalar que este segundo paquete de medidas anunciado por el Presidente Piñera, y que hoy día está pasando el testeo del Parlamento, también tiene que ponerse en la situación crítica que actualmente están viviendo nuestras mipymes y pymes. Y planteo esto porque, efectivamente, la capitalización que se hizo durante el período de la crisis social al Banco del Estado y también el fortalecimiento aplicado al Fogape no han llegado a los pequeños comerciantes, al pequeño comercio, a la mipyme. Y esto, básicamente, porque existe la barrera infranqueable del Dicom.
Por eso, nosotros hemos formulado un proyecto de ley, que esperamos se pueda votar en la Comisión de Economía, cuyo objetivo es que se establezca un paréntesis desde el punto de vista de la deuda de los pequeños comerciantes, de las mipymes, en el período que va desde octubre de 2019 a este año.
El pequeño comercio -particularmente el que estaba ubicado en la zona cero- ha tenido que sufrir no solo el fenómeno de la crisis social, sino que, adicionalmente, ahora la crisis sanitaria lo ha golpeado con especial fuerza.
Y es muy importante finalmente esta capitalización de la banca. Esto se refleja no solo en la baja de la tasa del Banco Central a 0,5 por ciento, que es histórica y permite a la banca disponer de liquidez. Adicionalmente, está la necesidad de poder saltarnos las barreras ideológicas y, a través de este proyecto de ley, incluso fijar tasas, para que en definitiva sea posible acceder al crédito.
Sin embargo, a pesar de que en virtud de la iniciativa en análisis se salva la barrera muchas veces infranqueable para las pymes del Dicom laboral, no se salva el problema del Dicom comercial.
Y esto lo señalo porque efectivamente tenemos cifras alarmantes respecto del aumento de la morosidad informada.
Así, el 6,6 por ciento, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, corresponde a nuevos morosos: ¡6,6 por ciento! Y esto revela que tenemos una dificultad.
Y hemos visto variaciones importantes en algunas regiones, como en la de Aysén, donde la morosidad se ha incrementado en 12,9 por ciento; o en la de Los Ríos, con un aumento de 10,1 por ciento; o en la de Arica y Parinacota, con una variación de 9,7 por ciento. Ciertamente, hay una situación de la cual debemos hacernos cargo.
Hoy día un 35,6 por ciento registra tasas de morosidad, lo que representa a 4.733.305 personas.
Y me parece de especial relevancia el aumento de morosidad particularmente en algunos segmentos etarios: en 70 años y más, con 8,4 por ciento; y en el segmento de 60 a 69 años, con 11,4 por ciento.
Yo espero -se lo señalo al Ministro de Hacienda, por su intermedio, señora Presidenta- que el proyecto que hemos presentado para establecer un paréntesis respecto de la información de antecedentes comerciales en Dicom facilite el acceso al crédito.
Y lo planteo porque durante la crisis social nosotros tomamos contacto con el Ministerio de Economía, con el Banco del Estado. Pero al final este último, por una parte, no fue capaz de fijar tasas preferentes para el acceso al crédito y, por otro lado, las excusas que entregaba apuntaban básicamente al Dicom comercial o a deudas estudiantiles informadas por los comerciantes.
Creemos, sin lugar a dudas, que este es un tema de la mayor importancia.
Debemos lograr que aquello se incorpore en este segundo paquete de medidas, que valoro porque mientras otros países se encuentran en una situación bastante compleja, Chile está preparándose en el ámbito de esta crisis sanitaria, que también será una crisis económica, con una contracción de la economía que, según el Fondo Monetario Internacional, será de más de 4 puntos.
Por eso es tan relevante tomar medidas para precaver la condición de crisis económica que se va a generar, que será la segunda recesión más compleja que hayamos vivido desde la década de los ochenta. Ello, sin lugar a dudas, nos permitirá sostener las bases para levantar nuestra economía a partir del año 2021.
Por tanto, lo tocante al Dicom comercial debe ser tratado con la mayor importancia.
Otro asunto significativo, vuelvo a insistir, dice relación con la fijación de tasas.
Establecer tasas máximas, ampliar el acceso al crédito es importante, incorporando también a las grandes empresas, pero entendiendo claramente que tanto las pymes como las mipymes son las que en definitiva sostienen hoy día la empleabilidad en nuestro país.
Quiero terminar señalando que esperamos que el acceso al crédito se materialice. Y vuelvo a fustigar en esta intervención la actitud que ha tenido el BancoEstado.
Mientras el BancoEstado ha sido capaz de capitalizarse no solo durante la crisis social y ahora, vemos finalmente cómo el acceso al crédito, en particular para los pequeños comerciantes, sigue siendo una barrera infranqueable.
Por tanto, por intermedio de la Mesa, llamo al Ministro de Hacienda a fin de que el BancoEstado asuma el rol que le corresponde, no como un banco comercial más del mercado, de la plaza, sino más bien en su carácter de banco de todos los chilenos, en particular de las pymes.
El acceso al crédito puede hacer la diferencia en cuanto a cuál va a ser el punto de inicio para la construcción de la recuperación económica a partir del año 2021.
En tal sentido, fortalecer la capacidad de empleo es vital.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre, hasta por cuatro minutos.


El señor LATORRE.- Señora Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto, pero tengo algunas críticas generales y particulares que formular. Espero que en la Cámara de Diputados haya margen para mejorarlo durante la tarde.
Como crítica general, pienso que las empresas incluidas en este proyecto son demasiado heterogéneas como para usar el mismo instrumento. Hay empresas grandes y medianas a las que les puede venir muy bien; sin embargo, hay algunas micro y pequeñas cuyos márgenes son muy bajos, para las que un mayor endeudamiento puede ser pan para hoy y hambre para mañana.
También se dice que al menos el 50 por ciento de las garantías debería destinarse a empresas con ventas anuales inferiores a 100 mil UF; pero no hay mucha claridad sobre cómo se puede asegurar ese destino y si es suficiente tal porcentaje.
Asimismo, esta iniciativa sigue permitiendo un alto grado de discrecionalidad a la banca que debería acotarse por vía legal y no solo reglamentaria o por medio de acuerdos o protocolos, con el fin de desincentivar que las garantías estatales se concentren en las grandes empresas, que tienen mejores condiciones para afrontar la crisis y otras formas de acceso al crédito.
Aquí una parte fundamental tiene que ver con el tema de los despidos y los salarios. Por ejemplo: congelar altos salarios de gerentes y ejecutivos; disminuir brechas de desigualdad con los salarios más bajos; mantener las plantas de dotación laboral a febrero de este año; evitar los despidos; participación de los trabajadores en la gestión de la crisis.
En algunos países desarrollados que están planteando rescates financieros y nacionalizaciones parciales, los trabajadores pueden elegir democráticamente miembros en los directorios de las empresas y el Estado puede participar de la propiedad de empresas estratégicas. Se busca una colaboración efectiva entre el Estado, los empresarios y los trabajadores.
Acá, en Chile, la balanza está demasiado inclinada a las grandes empresas. Y mi temor es que con esta crisis las desigualdades se profundicen y el peso recaiga demasiado sobre los hombros de los trabajadores y de las familias más vulnerables.
De otro lado, este proyecto debe establecer mecanismos que permitan garantizar condiciones de acceso a las micro, pequeñas y medianas empresas, reduciendo la arbitrariedad de la banca, como decía anteriormente. No hay suficiente claridad sobre quiénes efectivamente tendrán acceso a este instrumento y quiénes quedarán fuera, obviamente más allá de los rangos de ventas anuales. Es un imperativo saber qué empresas no podrán acceder a este mecanismo y cuáles son las soluciones o las ayudas que el Gobierno proveerá para ellas.
Acá es importante escuchar la posición que ha planteado públicamente la Convergencia nacional de gremios pymes y cooperativas de Chile y, también, la experiencia de fundaciones y organizaciones sociales que trabajan con microcréditos para microempresas y que, con pocos recursos, acompañan a miles de personas en sus economías de subsistencia. Es imperioso fortalecer los tejidos sociales y comunitarios para reducir la vulnerabilidad de los hogares en Chile. Para ellos la banca todavía está demasiado lejos y no acceden.
Un punto que definitivamente no se está asegurando tiene que ver con las condiciones en que los bancos otorgarán los créditos. Hay demasiada arbitrariedad al respecto: algunos bancos no financian áreas determinadas; otros exigen no tener Dicom, etcétera. Considero relevante aclarar el punto y que ello quede regulado en la ley en proyecto en la tarde, durante la tramitación en la Cámara de Diputados.
Me parece bien la rendición de cuentas a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara Baja; sin embargo, una vez aprobada esta iniciativa, dichas rendiciones no serán vinculantes.
Por último, hago un llamado a generar el mecanismo de renta básica de emergencia para los independientes, para los trabajadores a honorarios y de la economía informal.
Se hizo el anuncio de los 2 mil millones de dólares, pero no tenemos clara la forma en que llegarán esos recursos a las familias, a los hogares chilenos.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro, hasta por siete minutos.


El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, deseo saludar al Ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, quien nos ha estado acompañando durante todas estas sesiones. Me parece que él y nuestros Senadores de la Comisión de Hacienda han realizado un trabajo que debemos valorar.
Tengo la impresión de que esta iniciativa se va a aprobar por unanimidad. Creo que esta es una muy buena señal acerca de lo que nuestro país está esperando del trabajo de los legisladores junto al Ejecutivo, sobre todo en la crisis sanitaria que estamos viviendo, que posiblemente sea la más impactante que haya tenido la humanidad en los últimos años.
Sin duda, tal como lo señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda, aquí hay un efecto económico muy muy fuerte.
El Ministro nos manifestó que los organismos internacionales se hallan hablando de que las economías desarrolladas estarían perdiendo más de 6 por ciento del producto; que la economía chilena tendría una contracción de más de 4 por ciento, y también plantean las expectativas para que la recuperación alcance más de un 5 por ciento el próximo año.
Sin duda, estas cifras todos los días están cambiando, lo cual depende de cómo va lo relativo a la crisis sanitaria.
Lo más importante de este proyecto es que apunta a impedir la destrucción de los empleos y la quiebra de empresas, pues busca una solución concreta para entregarles liquidez y la posibilidad de seguir avanzando a las empresas que históricamente han podido desarrollarse. Esto, adicionalmente a los 2 mil millones de dólares que se entregan para ir en ayuda de las familias más vulnerables.
En tal sentido, aprecio el anuncio que acaba de realizar el Ministro Briones en cuanto a la solución que se entregará en los próximos días respecto de los trabajadores independientes que emiten boletas a honorarios.
Abordaría lo que el Parlamento, Cámara de Diputados y Senado, ha estado solicitando de distintas formas y desde diferentes sectores políticos.
Ahora bien, sí es muy relevante saber que el mayor problema que tenemos es de liquidez. Y para recuperar a las empresas y mantenerlas sobreviviendo se requiere justamente aquello: inyección de recursos.
En tal sentido, resulta significativo señalar que para este trimestre, abril, mayo y junio, se calcula que en Estados Unidos el producto interno bruto caería alrededor de 30 a 34 por ciento.
Si aquello se está proyectando respecto de una economía desarrollada, debemos calcular lo que podría ocurrir en nuestro caso y adonde vamos a llegar.
¿Y por qué no fluye el crédito? Es razonable: porque hay más incertidumbre. Y al existir incertidumbre, debe haber precisamente lo que está resolviendo el Ejecutivo junto al Parlamento: el apoyo del Estado a las empresas mediante el Fogape.
Es fundamental que aquello se realice también a través de los bancos, pues escuché a un Senador que hablaba de que todo debiera hacerse mediante el Banco del Estado. Eso sería imposible: aquí necesitamos agilidad y llegar en el momento preciso, como está esperando el país.
Por otro lado, es importante señalar, por ejemplo, que se financiará a las empresas en hasta tres meses de ventas; y la tasa sería como se establece en la indicación que se aprobó, de 3,5 por ciento nominal, es decir, 3 por ciento, más la tasa de política monetaria del Banco Central.
Aquello es significativo con respecto a las condiciones, porque habría hasta 6 meses de gracia y 36 meses de plazo para pagar los respectivos créditos.
Por intermedio de la Mesa, quiero solicitarle al señor Ministro que trabaje con los bancos lo tocante a diferir otro tipo de créditos que tengan las empresas, pues ya han ido subiendo las tasas para reprogramación.
Creo que ese es un punto muy relevante. Esto no solo me lo han comunicado muchas pymes, sino también las grandes empresas, porque cuando se habla de que solo las pequeñas y medianas empresas pueden acceder a este tipo de créditos, no debemos olvidar que la gran mayoría de ellas viven encadenadas a la producción de una empresa grande. Y si cae la gran empresa, va a ser muy difícil que el día de mañana esas pymes se levanten producto de todo el apoyo que se les pueda otorgar si no van a tener quién adquiera sus productos.
Por lo tanto, acá debemos ser muy francos y no hacer ese tipo de distinciones, porque como reza el dicho, cuando llueve todos se mojan.
Asimismo, hay que tener ojo con las empresas -y le planteo el punto al señor Ministro- que puedan exceder el límite de ventas anuales. ¿Qué ocurriría? Complejo, porque ello puede afectar de la misma forma lo relativo a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas que están encadenadas a aquellas.
Por otro lado, señora Presidenta, se halla la situación -lo conversé con el señor Ministro- de personas que tomaron créditos en el Banco del Estado (y lo señaló el Senador Kast respecto de los colectivos): por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acceso al financiamiento para la renovación de vehículos mediante los programas "Renueva tu colectivo", "Renueva tu micro". Ellos fundamentalmente están operando con el Banco del Estado. Creo que de alguna manera hay que tratar de incorporarlos también a este beneficio. Aunque no sean pymes, igualmente necesitan apoyo, porque están trasladando a muy pocas personas, por lo que les será imposible pagar los créditos que tienen comprometidos.
Señora Presidenta, es muy importante entender que hay muchos aspectos de índole financiero que son muy necesarios de analizar. Por ejemplo, se habló -como bien dijo un Senador que me antecedió- de la tasa máxima convencional.
Esa es una de las razones por las cuales se ha perdido la formalidad del crédito y sobre todo el asesoramiento...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear la idea.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias.
Decía, señora Presidenta, que existe un problema con la tasa máxima convencional. Y tenemos que reconocer que en su momento, cuando éramos Diputados o Senadores, votamos a favor de establecer un nuevo parámetro de cálculo del interés máximo convencional. Pero eso sacó a mucha gente de la formalidad y que hoy día opera en el mercado informal. Me parece que debemos debatir este asunto para volver a formalizar a muchas personas que hoy día están o metidas con las casas comerciales o con prestamistas, o con factoring, pero no cuentan con acceso a la banca.
Señora Presidenta, valoro el esfuerzo que se está haciendo. Creo que los anuncios que está realizando el Gobierno del Presidente Piñera, en especial su Ministro de Hacienda, van por el camino correcto. El hecho de aprobar este proyecto en forma unánime va en la senda que todo el país está esperando, y sobre todo con la celeridad que se requiere, para que fluya lo antes posible.
Voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el Senador Alejandro Navarro.


El señor NAVARRO.- Gracias, señora Presidenta.
Ministro Briones, ¿cómo evitamos que este traspaso de 3 mil millones de dólares a la banca se convierta en un nuevo CAE?
Yo desconfío de la banca. ¡Pero desconfío de verdad!
¡Cada vez que le pasamos plata la gente pierde: así pasó con el CAE; así pasó en el año 82 cuando le otorgamos miles de millones de dólares y lo devolvieron 36 años después!
¿Tiene corazón la banca? ¿Tiene sensibilidad? ¿Tiene solidaridad? ¡Nada de eso: solo lucro! ¡Se aprovechan de las situaciones de riesgo!
No vamos a encontrar solidaridad en la banca. Entonces, señor Ministro, mis preguntas son: ¿Quién va a fiscalizar que estos créditos no los utilicen los bancos a diestra y siniestra?; ¿Cuál va a ser la letra chica de los bancos? ¡Porque ya conocemos la letra chica de Piñera!
Si hay letra chica, va a quedar estipulado lo que los bancos quieran. Y me parece ingenuo, absolutamente impresentable que los recursos del Estado se pongan a disposición de los bancos y que ellos y solo ellos, por sí y ante sí, decidan a quién se los entregan.
Porque no hay ninguna entidad fiscalizadora. No la hubo en el CAE. ¿Y qué pasó con el CAE? ¡La banca obtuvo 571 mil millones de pesos de ganancia!
O sea, lo que hicimos con el CAE fue un regalo y lo que hicieron los bancos fue un robo.
El CAE para 72 mil estudiantes significó un costo para el Estado por 4.169.000 UF y luego el Estado compró, de los 72 mil préstamos, 49 mil a 4.226.540 UF; es decir, aquella obtuvo 57.540 UF más de las que había prestado. Luego, se les pudo haber pasado a los estudiantes el dinero de manera directa
Mi pregunta es: ¿Por qué el Estado no cuenta con un mecanismo directo?; ¿Por qué en situaciones de crisis, donde la solidaridad es el elemento central, hay que recurrir a la banca, que no tiene solidaridad ni corazón?
Señora Presidenta, quién va a controlar que estos créditos lleguen a aquellos que tienen que recibirlos.
Yo tengo dudas respecto del mecanismo planteado; me voy a abstener en este proyecto de ley, pues debió haber garantizado que la plata del Fisco, la plata de todos los chilenos vaya adonde los chilenos queremos que vaya, adonde el Estado quiere que vaya y no donde la banca privada, que de manera reiterada ha probado que no es confiable.
No están incluidos en esta iniciativa los restoranes, el comercio, el transporte de pasajeros, el transporte escolar, los servicios de transporte de turismo, los trabajadores por cuenta propia. ¿Cuántos de ellos quedan fuera? El Ministro nos dice: "Viene un proyecto para los trabajadores a honorarios y para los por cuenta propia, dentro de los 2 mil millones de dólares que el Presidente Piñera anunció".
Pues bien, aquí estamos entregando plata para las pequeñas y medianas empresas. Yo quiero decir al respecto que hay pymes que están endeudadas, que tienen deudas con la Tesorería General de la República y que están en Dicom.
¡No serán consideradas las pymes con Dicom!
Sépanlo ustedes, pequeños empresarios y pequeños emprendedores, los bancos les van a poner una cortapisa y no van a pasar la prueba de la blancura. En tal sentido, cuando me pregunten "¿Y votaste a favor, Senador Navarro"?, voy a explicar: "No; yo me abstuve, porque denuncié que los bancos van a hacer lo que quieran con este dinero". Porque los pequeños empresarios presentan deudas de arrastre, no de seis meses, pues las pymes venían con problemas desde hace un año por lo menos, y no desde los tres meses de la pandemia, sino de antes.
Lo que hay que reactivar es la economía, y no solo a los que han tenido problemas durante la crisis sanitaria.
Por eso me abstengo, señora Presidenta, porque desconfío profundamente de la banca privada, en particular de los bancos, que en el año 2018 lograron 2.249 millones de dólares de utilidades, y ahora van a obtener más.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor HUENCHUMILLA.- ¿Y qué pasa con nosotros, los telemáticos?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- A continuación, corresponde consultar cómo votan los Senadores que están participando de la sesión a distancia.
El Senador señor Allamand, ¿cómo vota?
El señor ALLAMAND.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Aravena, ¿cómo vota?
Tiene que conectar el audio, señora Senadora.
La señora ARAVENA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor De Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Harboe, ¿cómo vota?
El señor HARBOE.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- Voto a favor, Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El Senador señor Quintana, ¿cómo vota?
El señor QUINTANA.- Voto a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Senadora señora Rincón, ¿cómo vota?
La señora RINCÓN.- Apruebo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Cómo, perdón?
La señora RINCÓN.- Apruebo, a favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias.
El Senador señor Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- A favor, señor Secretario.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, incluida la indicación presentada por el Ejecutivo (42 votos a favor y 1 abstención), y queda despachado en este trámite.
Votaronpor la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Navarro.