PREOCUPACIÓN POR PÉRDIDAS DE FONDOS DE PENSIONES ANTE CRISIS POR COVID-19
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, por lo que hemos constatado, el sistema de capitalización individual ha fracasado rotundamente en su tarea esencial, que es la de proveer pensiones que permitan a los adultos mayores satisfacer dignamente los gastos propios de la vejez y llevar una vida decente.
La evidencia es impactante: la mediana de las pensiones de los más de 127 mil trabajadores que se retiraron el año 2019 no alcanzó siquiera a los 50 mil pesos, apenas un 16 por ciento del salario mínimo de ese año. Para quienes pudieron cotizar entre 30 y 35 años, la mediana obtenida fue de 304 mil pesos, también inferior al salario mínimo. En el caso de las mujeres, el resultado es más dramático: la mediana alcanzó un 8 por ciento del salario mínimo, es decir, apenas 25.213 pesos.
Ninguna sociedad democrática o civilizada puede permitir que sus adultos mayores sufran la indignidad de vivir esta verdadera tragedia.
La instalación del sistema de capitalización individual realizada durante el régimen militar vino acompañada de cuatro promesas. Primero, que el Fisco quedaría liberado de la carga de financiar las pensiones. Afirmaban que el costo de transición, del orden del 5 por ciento del PIB, bien valía la pena. Como todos saben, en la reforma del año 2008 fue necesario que aquel complementara las bajísimas pensiones con el pilar solidario.
¡Primera promesa incumplida!
Segundo, que el aporte de los empleadores ya no sería necesario; que bastaría con la cotización del 10 por ciento de los salarios de los trabajadores y su rendimiento financiero. Pero ocurre que aquí estamos discutiendo un proyecto que establece un aporte del empleador del 6 por ciento, y todos concordamos en que ello es indispensable para aumentar las futuras pensiones.
¡Promesa incumplida!
Tercero, que un mercado competitivo de AFP aseguraría comisiones bajas. La realidad es que el costo del sistema está entre los más altos de la OCDE y que por décadas sus retornos de capital han sido superiores al 20 por ciento. Esta ganancia escandalosa es financiada por los trabajadores, quienes cargan sobre sus hombros la volatilidad financiera de sus fondos.
¡Otra promesa incumplida!
Cuarto, que las pensiones serían equivalentes al menos al 70 por ciento de los ingresos laborales. La realidad es muy distinta, los trabajadores obtienen una tasa de reemplazo del orden del 40 por ciento los varones y del 20 por ciento las mujeres. La Comisión Bravo estimó que los pensionados que se retiren entre los años 2025 y 2035 obtendrán una mediana no superior al 15 por ciento del ingreso promedio de los últimos 10 años.
¡Otra promesa incumplida!
Cuatro promesas hechas a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país, todas incumplidas, que condenan a nuestros adultos mayores a la miseria. El sistema de capitalización individual es un completo engaño.
Pero los problemas no terminan aquí.
El sistema de las AFP atenta gravemente contra los preceptos básicos de cualquier modelo eficiente de seguridad social. En efecto, el sistema previsional actual basa las pensiones futuras exclusivamente en el ahorro individual, sin considerar que, debido a la distribución funcional del ingreso, no hay espacio para que trabajadores y trabajadoras puedan ahorrar.
Al no adecuarse a la realidad laboral del país, el sistema castiga al trabajador por su baja densidad de cotización, como si fuera su responsabilidad estar desempleado o quedar cesante.
Adicionalmente, al ser invertidos en múltiples fondos y actividades tanto dentro como fuera de Chile, los ahorros de los trabajadores están permanentemente expuestos a pérdida. Basta ver cómo han reaccionado los fondos de pensiones ante la pandemia.
Este sistema maltrata a la mujer trabajadora, porque reproduce las inequidades de género en materia de derechos salariales; no reconoce el tiempo que ella dedica al cuidado de sus hijos y de los adultos mayores, y la castiga por su mayor longevidad aplicando tablas de expectativas de vida diferenciadas por sexo.
Es un sistema injusto en el cual priman los intereses de las AFP por sobre los de los trabajadores y las trabajadoras.
Se requiere, en consecuencia, la urgente sustitución de un modelo que evidencia problemas de fondo; que solo sirve a los gestores de los fondos, y que no cumple con su propósito principal, que es otorgarles pensiones decentes a los chilenos.
Nuestros trabajadores y adultos mayores, los de hoy y los del futuro, necesitan un sistema moderno de seguridad social público, tripartito y solidario, con reservas técnicas y beneficios definidos, que entregue certezas respecto de los derechos de pensión y que estos no dependan exclusivamente del esfuerzo contributivo.
Un nuevo sistema debe fundarse en esquemas de ahorro colectivo donde los riesgos incontrolables por el trabajador, como el desempleo y la cesantía; la salud y la longevidad; la volatilidad financiera y la inequidad de género, sean mutualizados solidariamente.
Aunque en la OCDE los trabajadores aportan un tercio de las contribuciones al sistema y los empleadores los otros dos tercios, los aportes al nuevo sistema debieran ser al menos partidarios, tal como recomienda la OIT.
Persistir en correcciones menores al sistema de capitalización individual es insistir en hacer más de lo mismo pretendiendo resultados diferentes.
Nuestro país precisa una fórmula distinta y eficiente para asegurar una previsión digna. Rascarse con las propias uñas no puede seguir siendo una regla aceptable para garantizar la seguridad en la vejez a millones de chilenos y chilenas tras una vida de trabajo.
Además, la emergencia sanitaria, social y económica en curso pone mayor tensión a este sistema previsional, ya que...
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Concluyó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional para finalizar su intervención.
El señor QUINTEROS.- Gracias.
Decía, señora Presidenta, que la emergencia actual pone mayor tensión a este sistema previsional, ya que la posibilidad de utilizar parte de estos fondos para solventar un período sin ingresos aparece como una alternativa frente a la falta de soluciones contundentes y efectivas desde el Estado.
Es cierto: esa posibilidad choca contra los fines de largo plazo de dichos fondos, y las pérdidas del último período se transformarían en definitivas si se verificara un retiro en estas circunstancias.
Pero existen fórmulas para moderar esos efectos.
Por ejemplo, se ha propuesto que los retiros transitorios sean restituidos por el Estado mediante una especie de bono de reconocimiento debidamente reajustado, que se pagaría al momento de la jubilación del cotizante que haya optado por hacer uso de esa alternativa.
Las fallas del sistema, sus promesas incumplidas y las exigencias derivadas de la emergencia obligan a superar dogmas y a explorar nuevas opciones.
Debemos avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social que, como tal, ponga en el centro de su interés a las personas.
He dicho.