CONCESIÓN DE INDULTO GENERAL CONMUTATIVO POR ENFERMEDAD COVID-19. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.358-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 6ª, en 25 de marzo de 2020 (se da cuenta).
Tercer trámite: sesión 8ª, en 27 de marzo de 2020.
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 7ª, en 26 de marzo de 2020.
Mixta (certificado): sesión 10ª, en 31 de marzo de 2020.
Discusión:
Sesiones 7ª, en 26 de marzo de 2020 (se aprueba en general y en particular); 8ª, en 27 de marzo de 2020 (se rechazan las modificaciones de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe recordar que el Senado, en primer trámite constitucional, aprobó esta iniciativa, que, en el marco de las acciones adoptadas para enfrentar la crisis generada a causa de la enfermedad COVID-19 en Chile, y mediante el otorgamiento de un indulto general conmutativo, busca cumplir dos objetivos de salud pública relativos al sistema de ejecución penal, a saber: establecer medidas destinadas al cuidado preventivo de grupos de alto riesgo y adoptar medidas orientadas a reducir los contactos interpersonales para prevenir eventuales focos de contagio masivo, de manera de proteger a toda la ciudadanía.
Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por el Senado, en tercer trámite constitucional, de las dos enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley en segundo trámite constitucional; esto es, la eliminación de su artículo 8° y la incorporación en su artículo 15 de una oración final para excluir de los indultos y de la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total a los condenados por los delitos que al efecto la misma norma señala.
La Comisión Mixta, como forma de superar tales discrepancias y con las votaciones que se consignan en el informe, propone lo siguiente:
1.- Respecto del artículo 8°, aprobar el texto despachado por el Senado.
2.- Respecto del artículo 15, aprobar la propuesta acordada por la Cámara de Diputados con el siguiente texto:
"Artículo 15.- No procederán los indultos contemplados en el Título I, ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el Título II, respecto de los condenados por los delitos previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142; 150 A; 150 B; 150 E; 293; 294; 361; 362; 366 bis; 372 bis; 365 bis; 390; 390 bis; 390 ter; 391, números 1° y 2°; y 394 del Código Penal; en el Párrafo 6, del Título VII del Libro II, cuando las víctimas fueren menores de edad; en el Párrafo 5 bis del Título VIII del Libro II, y en el artículo 433 del mismo Código. Tampoco procederán estos indultos ni la modalidad alternativa de cumplimiento de pena mediante reclusión domiciliaria total regulada en el Título II, respecto de los condenados por los delitos previstos en los artículos 8; 10; 13, inciso segundo; 14, inciso final; y 14 D, incisos primero y segundo, del decreto N° 400, del Ministerio de Defensa Nacional, de 1977, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 17.798; y en el artículo 16 de la ley N° 20.000, ni respecto de los condenados por el delito contemplado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal hasta antes de la modificación dispuesta por la ley N° 19.567, ni respecto de los condenados por los delitos contemplados en la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, ni tratándose de los condenados en que la sentencia, en conformidad al derecho internacional, hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, cualquiera que haya sido la denominación o clasificación que dichas conductas hubieren tenido al momento de su condena, o por alguno de los delitos tipificados en la ley N° 20.357.".
Cabe tener presente que la proposición de la Comisión Mixta debe ser aprobada con quorum calificado, esto es, 22 votos favorables.
La referida proposición de la Comisión Mixta se consigna en las páginas 5 y siguientes del certificado, y en el boletín comparado que Sus Señorías tiene a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.
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El señor QUINTEROS (Vicepresidente).- Pido autorización a la Sala para que me reemplace en la testera un par de minutos el Senador Elizalde.
Acordado.
--Pasa a dirigir la sesión el Senador señor Elizalde, en calidad de presidente accidental.
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El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Vamos a escuchar el informe del Senador Harboe y luego abriremos la votación, si hubiera acuerdo de la Sala.
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, seré muy breve para ilustrar a la Honorable Sala.
Señores Senadores, señoras Senadoras, la Comisión Mixta se constituyó hoy por la mañana y resolvimos las divergencias que teníamos con la Cámara de Diputados.
En la práctica, a lo que ustedes ya aprobaron en particular en la sesión anterior, se agrega el artículo 8º. En realidad, se repone, pues fue aprobado aquí, en el Senado. Es el que establece un mecanismo para sancionar en caso de incumplimiento del indulto conmutativo que se establece. Esta norma había sido eliminada por la Cámara Baja, pero incluso los señores Diputados en la Comisión Mixta votaron a favor de reponerla.
La segunda modificación, muy simple también, es el artículo 15, en el que la Cámara de Diputados agregó al catálogo de exclusión de delitos, es decir, aquellos por los cuales no procede el indulto conmutativo, los de infracción a la Ley de Control de Armas y de asociación ilícita en el caso de la ley Nº 20.000, de Drogas.
Esas son las únicas dos materias respecto de las cuales teníamos divergencia. Llegamos a acuerdo. En consecuencia, como Presidente accidental de la Comisión Mixta, sugiero la aprobación de este informe.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Vamos a proceder a abrir la votación luego de darle la palabra al Ministro Larraín.
Ministro, tiene la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Gracias, señor Presidente.
Seré muy breve.
Creo que el Presidente de la Comisión Mixta, Senador Felipe Harboe, ha informado con claridad respecto de los cambios que se han hecho a propósito de la divergencia que se produjo entre la Cámara de Diputados y el Senado.
En realidad, no hubo verdadera divergencia. Solamente ocurrió que un artículo en la Cámara no alcanzó el quorum necesario por una confusión respecto de lo que se estaba votando. Es el que ha sido corregido por la Comisión Mixta, que es un artículo clave para asegurar el cumplimiento del indulto domiciliario que se ha determinado.
Este indulto conmutativo requiere que las personas cumplan su arresto domiciliario.
En el artículo 8º se establecen las consecuencias del incumplimiento. Y, por lo tanto, si dicha norma no se mantenía en el proyecto, el arresto domiciliario podía ser burlado sin consecuencias, quedando en total impunidad. Por lo tanto, era necesario reponer este artículo, que se había caído -repito- por falta de quorum, por inadvertencia de algunos Diputados que creyeron que se estaba votando algo distinto.
Hubo debate respecto de temas muy de fondo en esto, pero no referidos a este artículo 8º.
Es importante aprobarlo, porque, de lo contrario, este indulto empieza a ser completamente ineficaz.
Y la otra norma es la ampliación de exclusiones en un par de delitos, como lo ha señalado el Senador Harboe: infracciones a la Ley de Control de Armas y asociación ilícita en caso de narcotráfico. Ello complementa el catálogo de delitos excluidos, lo que nos parece también pertinente aprobar.
Por eso hemos mantenido la idea de apoyar el informe que ha hecho la Comisión Mixta sobre estas dos materias, resolviendo así las diferencias que se han producido.
Gracias, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- En votación la proposición de la Comisión Mixta.
--(Durante la votación).
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voté favorablemente este proyecto de ley en su trámite en el Senado y señalé la necesidad de revisar la situación de los casos de prisión preventiva.
Tengo en mi mano una indicación. Sé que en esta etapa del trámite legislativo no es posible incorporarla, pero está el Ministro de Justicia en la Sala, y está claro que hay centenares de personas a las que se les ha decretado prisión preventiva por delitos menores, que no conllevan después ni siquiera una condena de cárcel.
No parece adecuado, aun cuando estén en proceso, que personas que cumplen prisión preventiva por delitos menores, que no implican condenas de cárcel, sigan allí.
Se ha dado la situación del juez Urrutia. Ha habido una condena generalizada a su suspensión unilateral por una medida absolutamente ilegal de la Corte de Apelaciones de Santiago. Hay que poner ojo y cuidado con esa Corte de Apelaciones, que se constituyó sin que el Presidente la hubiera convocado. Ya sabremos más detalles -al final del día las cosas siempre se saben- sobre cómo se convocó la Corte estando en cuarentena y estando con trabajo telemático, al igual que nosotros.
Quiero señalar que, si eso no ocurre, no hay ninguna justificación para todo lo que hemos hablado, porque no solo los enfermos tienen que ser trasladados a sus casas para mayores cuidados, sino también aquellos que pueden verse contagiados. Hemos sabido de la situación de varias cárceles (de Colina, de San Miguel), donde ha habido diversos motines o inicios de motines producto de la situación de los reos.Este proyecto apunta a eso y, por lo mismo, ha tenido el apoyo unánime en el Parlamento.
Pero, en los casos de prisión preventiva respecto de los cuales es susceptible, total y absolutamente, decretar el arraigo domiciliario total en reemplazo de dicha medida preventiva, era necesario tomar la decisión.
Yo lamento que eso no se haya incorporado al proyecto. Es un tema que vamos a tener que discutir si la situación en las cárceles se agudiza.
Voy a apoyar este proyecto, señor Presidente, como una señal de que va en la línea correcta, pero no fue suficiente. Y confío en que el criterio, tanto de Gendarmería como del Ministerio de Justicia, pueda determinar que ello se realice.
Lo mismo respecto de los tribunales de justicia. Los jueces han suspendido su trabajo y han establecido un mecanismo telemático. Los reos, en cambio, sin una ley no pueden ir a sus casas a resguardarse, y las cárceles chilenas tienen condiciones de insalubridad, de hacinamiento, que ponen en riesgo también al personal de Gendarmería, cuyo informe y situación pediría al Ministro nos aclare.
¿Cómo se protege a los gendarmes de Chile en estas condiciones dentro de las cárceles? Porque ellos no pueden optar por irse a sus casas; deben cumplir su trabajo y su deber al interior de los establecimientos penitenciarios.
He dicho, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, solo quiero hacerme cargo de lo que planteó el Senador Navarro con mucha propiedad. Ese fue un tema que se debatió en la Comisión de Constitución y también en la Comisión Mixta.
Es evidente que la situación de las personas que están sometidas a prisión preventiva es de especial preocupación, porque muchos de ellos, si resultan condenados, probablemente no van a recibir penas privativas de libertad. En consecuencia, la pregunta es cómo se enfrenta esto.
Pero, desde el punto de vista constitucional, como Parlamento, como Poder Legislativo, estamos impedidos, en el marco de un proyecto de indulto, de referirnos a las medidas cautelares, que son decretadas judicialmente, o de implementar un indulto en ese ámbito, porque implicaría, dado que son resoluciones judiciales, abocarse a causas pendientes. En consecuencia, desde el punto de vista de la disposición constitucional, eso no fue posible.
No obstante, el señor Ministro y el Subsecretario de Justicia señalaron que estaban en conversaciones con la Defensoría Penal Pública. Entiendo que se han de presentar cerca de ochocientos, novecientos -me puedo equivocar- recursos de amparo para ver la posibilidad de sacar de prisión a algunas de las personas que están sometidas a esas medidas cautelares.
Quería explicar ese punto para efectos de que la Sala tuviese conocimiento de las razones que se consideraron en la Comisión de Constitución del Senado, de la Cámara de Diputados y la Comisión Mixta, para no hacer aplicable el indulto a las prisiones preventivas, toda vez que hay disposición constitucional que expresamente así lo prohíbe.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.- La verdad, señor Presidente,...
Como el Ministro tiene algo que decirnos, le cedo la palabra y después hablo yo. El Ministro tiene la preferencia.
Yo le daría la palabra a él y después se la pido yo, Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Las palabras se dan desde la Mesa, Senador Moreira.
Pero le vamos a dar la palabra al Ministro.
El señor MOREIRA.- Yo se lo pedí a usted. Siempre respeto el rol del Presidente o de la Presidenta.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Ministro, tiene la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señor Presidente, quiero transmitir la inquietud de que hay un grupo de Senadores, junto con la Ministra del Trabajo, que está en este minuto en conferencia de prensa explicando el resultado del acuerdo al que se llegó en la Sala del Senado respecto del proyecto que se acaba de despachar, muchos de los cuales no han podido votar. De manera que, si fuera posible suspender en un minuto la votación, se lo agradecería para los efectos de asegurar su resultado.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- El Senador Moreira va a intervenir.
También están pidiendo la palabra, telemáticamente, los Senadores Montes, Araya y Girardi.
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El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Senador Moreira, tiene la palabra.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quiero aprovechar, no para fundamentar mi voto, sino para pedirle que, una vez que se sancione esta votación, suspenda la sesión y cite a reunión de Comités por cinco o diez minutos, porque tenemos que tomar un acuerdo con relación al proyecto de ley que viene en camino. Creo que no puede, de ninguna manera, no prorrogarse esta sesión.
Los jefes de Comités estamos mandatados para representar a nuestros parlamentarios, y nadie de la Mesa puede impedir, antes de que se termine una sesión, que se realice una reunión de Comités.
Vamos a pedir dos cosas: prórroga de esta sesión y suspensión de la sesión hasta que llegue aquí el voto aditivo...
El señor BIANCHI.- Veto.
El señor MOREIRA.- El veto aditivo, perdón, con el fin de votarlo.
Hoy día hay una gran molestia de la ciudadanía por la iniciativa que nosotros aprobamos y que algunos, más inteligentes que otros, se negaron a aprobar.
Yo voté a favor, lamentablemente.
Eso era lo que quería manifestar: reunión de Comités antes de que se termine la sesión y que esta se suspenda a la espera del proyecto desde la Cámara de Diputados.
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El señor ELIZALDE (Presidente accidental).- Vamos a seguir con las fundamentaciones de voto y después resolveremos lo propuesto por el Senador Moreira.
Tiene la palabra el Senador Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, yo voy a votar a favor el informe de la Comisión Mixta, pero quiero aprovechar de decir algo con relación a lo que planteaba el Senador Navarro.
A mí me llaman familias de distintos lugares que tienen a sus hijos presos por hechos ocurridos durante el estallido social. La mayor parte de ellos -he hablado incluso con fiscales- está ahí por delitos menores. Yo no entiendo por qué los jueces se han preocupado de darles cautelares tan altas.
Creo que es fundamental que esos jóvenes, que son más de mil, según entiendo, puedan estar recluidos en sus casas mientras termine el proceso.
Eso no puede hacerse mediante una ley. Lo tengo claro. Tampoco es un tema de los fiscales, sino de los jueces.
A lo mejor esta Sala podría dirigirse al Presidente de la Corte Suprema para pedirle que se tomen medidas de excepción para los mil y tantos presos que hay producto de distintos hechos ligados al estallido social.
Quería aprovechar de decir eso, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidenta, sin duda, voy a concurrir con mi voto a favor de esta iniciativa a fin de permitir el otorgamiento de estos indultos conmutativos a las personas mayores de edad. Creo que el trabajo de la Comisión Mixta resuelve bastante bien el problema suscitado y, dadas las circunstancias que está viviendo el país producto de esta pandemia, es absolutamente necesario aprobar esta futura ley.
Dicho eso, señora Presidenta, quiero formular -por su intermedio- una serie de consultas al Ministro de Justicia, dado que hemos recibido varias llamadas telefónicas de familiares de personas que están en prisión preventiva o cumpliendo condenas en distintos penales de la Región de Antofagasta (en Antofagasta propiamente tal; en las comunas de Calama, Taltal, Tocopilla), manifestándonos la preocupación respecto de qué medidas va a tomar Gendarmería a fin de evitar el contagio del COVID-19 en las distintas unidades penales, preocupación que también nos han transmitido los distintos funcionarios de Gendarmería.
Hemos conocido hace pocos minutos la declaración de la vocera de la Corte Suprema, la Ministra Gloria Ana Chevesich, quien ha señalado que hasta este momento habría nueve internos de la ex Penitenciaría y uno de la cárcel de Puente Alto que estarían contagiados con el COVID-19.
Obviamente existe preocupación por las personas que están privadas de libertad. Pero eso no significa que se les prive de otros derechos, especialmente el derecho a la salud. Y todos conocemos el hacinamiento y las condiciones en que está la mayoría de las cárceles de nuestro país.
Creo que eso requiere que el Ministerio de Justicia tenga un plan, que el Ministro puede explicar claramente a este Senado. ¿Qué va a pasar si se producen brotes de contagio, como los que están ocurriendo hoy día al interior de los distintos penales?
Reitero: he recibido varias llamadas en estos días de funcionarios de Gendarmería de la Región de Antofagasta y de familiares de personas privadas de libertad, todos preocupados por esta situación.
Y a raíz de lo que ha señalado la vocera de la Corte Suprema, se hace necesario que se explique por parte del Ministerio de Justicia cómo se van a evitar los contagios o qué medidas adicionales se van a tomar en las cárceles, porque el hacinamiento en ellas lo conocemos todos y va a ser imposible que se cumplan las medidas sanitarias que ha dispuesto el Gobierno en este tipo de situaciones.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Ofrezco la palabra al Senador Girardi.
El señor GIRARDI.- Señora Presidenta, intervendré en la misma dirección.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa, porque obedece a una fundamentación sanitaria ante una catástrofe sanitaria.
Esta es una medida preventiva, por la situación que viven las cárceles y el alto riesgo de contagio en ellas. Para ello, se hizo una larga discusión, luego de lo cual se estableció un indulto a personas que están cumpliendo penas privativas de libertad por distintos delitos, muchas veces delitos graves. Durante el debate y también en la Comisión Mixta evidentemente se ha intentado dejar fuera los más graves: delitos de sangre, de porte de armas y, como aquí se ha señalado, asociación ilícita por tráfico de drogas.
Pero lo que parece totalmente contradictorio, más allá del tema formal, es que a jóvenes en prisión preventiva producto de acciones durante el estallido social -yo no estoy haciendo un juicio de valor respecto de sus conductas-, considerando que la mayoría no va a tener penas privativas de libertad, se los deje en una situación de absoluto riesgo, un riesgo innecesario.
Es evidente que esos jóvenes -algunos hablan de mil; otros, de dos mil- están en un riesgo evidente de contagio por el hacinamiento y, como he señalado, lo más probable es que ni siquiera reciban penas privativas de libertad por sus actos. En una suerte de venganza, se los somete a cautelares que, a mi juicio, hoy día debieran ser revisadas.
Pido a este Senado y también al Ministro de Justicia que se revise eso, pues estamos ante una situación excepcional. Se está poniendo en riesgo la vida de ellos innecesariamente, pudiendo cumplir perfectamente la medida de prisión preventiva en sus domicilios, como lo había establecido el juez Urrutia para trece de ellos.
No significa que la justicia deja de perseguir el delito o deja de actuar, sino que aplica un criterio que hemos intentado que sea ecosistémico, que sea sistemático.
Pero aquí esto aparece como una situación parcial, que no da cuenta del objetivo que tenía la misma iniciativa de ley que estamos apoyando.
Entonces, les quiero pedir al Presidente y al Ministro de Justicia no que los tribunales claudiquen en su dimensión de investigar y sancionar los delitos, sino que actúen con el mismo criterio de prioridad sanitaria que estamos aplicando a personas que sí han cometido delitos, que sí tienen penas privativas de libertad, a la hora de aplicar las cautelares a quienes lo más probable es que ni siquiera reciban dichas penas.
He dicho.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, quiero poner el punto sobre esto último: las personas que, siendo procesadas hoy, no pueden acceder al beneficio de este proyecto porque no están condenadas. Ese es el problema formal que se ha constituido aquí.
Se lo he planteado al señor Ministro Hernán Larraín, quien entiende perfectamente que no se puede interferir en decisiones del Poder Judicial.
Yo deseo recordar que esos miles de jóvenes, muchos estudiantes, por protestar en la calle, por hacer bailar a la gente en forma obligatoria, por usar una capucha o por estar en una manifestación, fueron penalizados por este Congreso en un debate que se abrió al efecto y donde la mayoría estaba en un estado de preocupación -no sé qué estado raro-, con lo que, finalmente, se terminó penalizando ciertas formas de protesta, que pueden ser materias de faltas al orden público, pero en ningún caso implican delitos o penas.
Entonces, tenemos ahora el absurdo de que este mismo Congreso se desdice y quiere que suelten, con toda razón -porque ahí sí estamos de acuerdo-, a jóvenes que están detenidos por faltas que ni siquiera van a terminar en condena. Y si hubiera condenas, van a ser remitidas, pues esas personas no tienen antecedentes anteriores. Y en tal caso, van a ser penas menores.
Hicimos ese absurdo; aquí se construyó.
Por lo tanto, este Congreso tiene la obligación de reparar ese daño causado y salir a exigir que se les den las libertades mínimas por su propia seguridad, porque no existe proporción alguna en que gente por desórdenes en la vía pública pueda terminar exponiendo su vida por leyes que se aprobaron al calor de un estado emocional alterado.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero valorar el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que reparó una norma que había quedado incoherente, particularmente en cuanto a quienes, beneficiándose por la ley en proyecto, no cumplían la pena alternativa y, por tanto, por una votación que se produjo en la Cámara de Diputados, quedaban sin sanción, lo que es un absurdo.
Y este nuevo texto que está sometido a consideración del Senado le da un sentido coherente a la normativa, que además expresa un sentido humanitario fundamental, que es proteger a la población carcelaria -no estamos hablando de quienes son más peligrosos o de quienes han cometido delitos más graves-, la que se encuentra entre los grupos de riesgo, ya que en caso de producirse un foco infeccioso de coronavirus en algún penal obviamente podrían arriesgar sus vidas.
En tal sentido, creo que el Ministro de Justicia ha hecho un muy buen trabajo, tratando de generar condiciones para que, efectivamente, en las cárceles tengamos las mejores condiciones -valga la redundancia- para enfrentar esta situación tan compleja.
Hay otras medidas adicionales que se tienen que adoptar, medidas de carácter sanitario, las inversiones necesarias, porque aunque estemos hablando de personas que se encuentran privadas de libertad por haber cometido un delito, su protección es responsabilidad del Estado, y este debe actuar conforme a lo que eso representa.
Así que me parece muy importante que se apruebe esta normativa.
Y quiero sumarme a lo que han planteado los Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra respecto a la situación de aquellos que, no habiendo sido condenados, que han sido formalizados, que están siendo investigados, se encuentran actualmente sometidos a alguna medida cautelar de privación de libertad, y que en muchos casos podrían llegar a una absolución o a una condena con una pena inferior a lo que representa en los hechos esta medida cautelar.
Creo que hay que hacerse cargo de esa situación.
Y, por tanto, debiéramos debatir no sobre casos concretos, porque no corresponde a nosotros involucrarnos en causas que están pendientes, pero sí respecto de criterios generales que permitan enfrentar de la mejor forma posible la situación del coronavirus en las cárceles chilenas.
Ese es un tema que le hemos planteado al Gobierno para buscar una alternativa, porque aquí lo relevante es dar el debido marco de seguridad a quienes están hoy día privados de libertad, independientemente de los delitos que hayan cometido.
Resulta evidente que este tipo de normativas no se puede aplicar respecto de los delitos más graves ni de quienes constituyen un peligro para la sociedad, pero eso no obsta a que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que no se produzca un foco de contagio que pudiera terminar con la vida de los reclusos. Y todos sabemos las consecuencias que eso podría tener para nuestro país.
Así que creo que hay que redoblar los esfuerzos. Por cierto, proteger a toda la población, pero no dejar en la desprotección a quienes estén privados de libertad.
El Estado no se venga, el Estado imparte justicia. Y eso es muy importante. Nunca hay que perder esa perspectiva.
Por lo anterior, voto a favor.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.- Señora Presidenta, el proyecto de ley que establece el indulto conmutativo tiene en su origen un profundo sentido humanitario respecto de las personas que se encuentran privadas de libertad.
Sin embargo, y lo digo con pesar, no puedo compartir que este proyecto de ley se transforme en un instrumento de intolerante discriminación con las personas que hoy están cumpliendo condenas en Punta Peuco y que casi en su totalidad se encuentran entre los grupos de más alto riesgo respecto de la pandemia.
¿Quién cargará con la responsabilidad de transformar Punta Peuco en un verdadero gueto mortal de personas de la tercera edad si tan solo uno de ellos es contagiado con la pandemia?
Cada uno de esos miembros de las Fuerzas Armadas hoy privados de libertad, independiente de los delitos que hayan podido cometer, tiene derechos y no se los podemos negar anteponiendo razones políticas e ideológicas al cumplimiento de su condena. Ya fueron juzgados y condenados, algunos a través de una ficción jurídica, como reconoció un juez de la república. Y a partir de ese hecho no podemos establecer dobles o triples condenas.
No es posible que seamos jueces inquisidores respecto de hechos que ya fueron juzgados, y menos establecer a cada momento a un grupo privado de libertad como nuestros enemigos políticos e ideológicos a quienes debamos destruir.
Si nos vanagloriamos de defender la vida, tenemos que ser consecuentes: defendamos la vida y la salud de todos los chilenos.
Me abstengo, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Señora Presidenta, quiero saludar este proyecto.
Además, agradezco la disposición del Gobierno para acoger las indicaciones que planteamos en la discusión de la iniciativa en la Comisión -tuve el honor de reemplazar a mi colega y miembro de la bancada de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla- en orden a hacer consideraciones especiales respecto de las edades de quienes pueden acceder a este beneficio: en el caso de los hombres, rebajar a 60 años; y en el caso de las mujeres, a 55.
Creo -y les pido a mis colegas que puedan discutir afuera de la Sala- que este proyecto de ley, que es una buena iniciativa a la luz de lo que estamos viviendo y más cuando hemos escuchado a los médicos, a los expertos -aquí tenemos varios colegas que pueden ilustrarnos en esta materia-, nos demanda un desafío adicional: poner encima de la mesa con el Ejecutivo una discusión permanente respecto de aquellas personas que podrían acceder a este tipo de beneficios cuando tengan cierta edad y cierto espacio de tiempo de cumplimiento de su condena.
Los hacinamientos en las cárceles existen, y eso nos obliga a revisar y replantearnos estos temas.
Y, además, le hago una petición especial -por su intermedio- al Ministro de Justicia, quien conoce El Maule, conoce Chanco, para que podamos revisar la cárcel de Chanco a fin de transformarla en un centro de capacitación para el país y para los jóvenes.
Creo que tenemos que replantearnos este tema. Y sería una buena oportunidad para instalarlo. Lo hemos hablado con el Senador Felipe Harboe, quien ha estado en conversaciones con el Ejecutivo en estos temas.
Respaldo la iniciativa.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor INSULZA.- Señora Presidenta, en realidad, iba a intervenir antes.
Ya se ha dicho bastante, pero quiero reiterarlo.
Me refiero a estos debates que no dicen relación propiamente con un proyecto de ley, porque está claro que en esta iniciativa no podemos introducir ninguna normativa para que los procesados puedan ser dejados en libertad, aunque sintamos que realmente no deberían estar ahí.
Eso se discutió en la Comisión. Pero el problema es que el artículo 76 de la Constitución, que consagra la independencia del Poder Judicial, es taxativo sobre esta materia: ni nosotros, ni el Ministro podemos realizar ninguna acción útil para que esas personas sean puestas en libertad. Podemos solicitarlo, pero no podemos avocarnos causas pendientes.
Yo espero que tengamos claro ese punto.
Creo que es importante que la gente que escucha estas sesiones del Senado entienda que está taxativamente prohibido al Presidente de la República o al Senado o al Congreso Nacional tomar medidas, dictar leyes o algo por el estilo que signifique avocarnos causas pendientes.
Me parece relevante recalcar eso, porque después van a decir que no quisimos hacerlo. No. Yo quisiera que el fiscal decidiera algo, pero de acuerdo con la Constitución solamente los fiscales y los jueces pueden tomar esa decisión respecto de causas pendientes.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra la Senadora Allende.
La señora ALLENDE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que por supuesto voy a dar mi voto a favor. Creo que la Comisión Mixta ha hecho un buen trabajo.
Pienso que debemos tomar medidas por la crisis sanitaria que se empieza a desarrollar en las cárceles, como ya ocurrió en el caso de Puente Alto, donde obviamente la reacción de los internos es preocupante. Y se puede empezar a producir en muchos otros penales, dado que lamentablemente tenemos un nivel de hacinamiento bastante grave en nuestro país, y claramente no resiste una crisis sanitaria como esta si no tomamos particulares medidas.
Estoy pensando, por cierto, en los internos, pero también en los gendarmes. Yo creo que aquí hay una tremenda responsabilidad. Pienso que el Ministro de Justica está plenamente consciente de ello, pero espero que después ilustre sobre qué medidas se están adoptando al respecto.
También quiero decir que me llamó el sacerdote Roblero muy preocupado porque veía que esta situación se iba a incubar y veía con mucha inquietud las condiciones reales de hacinamiento hoy día, que hacen prácticamente imposible tomar las medidas preventivas y de cuarentena que estamos teniendo muchos de los ciudadanos.
Entonces, creo que esta norma es una gran iniciativa y coincide con la preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y, claro, estamos hablando no solo de la gente de avanzada edad, sino también de todos aquellos que no han incurrido en los delitos más graves, como homicidios, secuestros, violaciones, etcétera.
Yo, al revés de lo que expresaba un Senador que me antecedió en el uso de la palabra, soy de las que presentamos una indicación para excluir precisamente a los que constituyen un peligro para la sociedad. Y creo que lo que se ha agregado en la Comisión Mixta, que tiene que ver con aquellos ligados con tráfico de armas o narcotráfico, también es importante.
Pero, de igual forma, resulta necesario que se establezca un mecanismo de sanción, porque para aquellos que incumplan debe haber una sanción efectiva, para que lo tomemos realmente en serio y se pueda aplicar, sobre todo si perseguimos un objetivo mayor.
Termino diciendo que me preocupa qué sucede con las prisiones preventivas durante esta crisis sanitaria. Espero que el Gobierno y el Ministerio de Justicia tomen medidas. Nosotros podemos ver algunas normas generales sobre medidas cautelares. Claramente, esto es una preocupación.
Espero que ello pueda ser abordado, al igual que la actual situación de jóvenes que fueron detenidos durante el estallido social, respecto de los cuales el Ministerio del Interior se ha querellado. Yo creo que eso no corresponde. Ojalá dicha Cartera entienda que en esta situación de crisis sanitaria es absurdo tenerlos presos. Ojalá puedan tomar medidas para que estos jóvenes salgan y no se mantengan en condición de riesgo en circunstancias de que los delitos que han cometido no revisten la gravedad que uno podría suponer, a diferencia de lo que significa un homicidio, y para qué decir un delito de lesa humanidad.
Voto a favor.
Pero le pido al Gobierno y al Ministerio del Interior que encarecidamente tomen en consideración la situación de los jóvenes que fueron detenidos, alrededor de mil... (falla de audio en transmisión telemática).
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, quería hacer un par de comentarios respecto de lo que aquí se ha discutido, porque yo me pregunto qué filosofía está detrás de este proyecto que concede un indulto a los condenados. Naturalmente, lo que se encuentra detrás de esto es la crisis sanitaria que vive Chile y el mundo, que es una situación excepcional.
Entonces, si yo puedo dictar una legislación excepcional respecto de los condenados para indultarlos y mandarlos para su casa, con esa misma filosofía yo podría pensar: ¿por qué no es posible hacer lo mismo respecto de la gente que está en prisión preventiva, si efectivamente estamos frente a una situación de excepción desde el punto de vista sanitario y esta gente se encuentra privada de libertad?
Aquí se ha dicho que hay una disposición constitucional que nos impide avocarnos causas pendientes. Bueno, si nosotros quisiéramos dictar una ley precisamente para esas causas, con número, con nombre y apellido, no sería posible hacerlo.
¿Pero no podemos dictar una norma general acerca de las medidas cautelares en el Código Procesal Penal respecto de lo que aplican los jueces, innominadamente, como una norma general en una situación de excepción sanitaria?
A mí me parece que no es tan clara la norma constitucional que aquí se ha aludido. Lógicamente, si lo hacemos con nombre y apellido y con número de las causas específicas, no podemos hacerlo. Pero creo que nada nos impide legislar, ya sea una reforma constitucional o una ley, con normas generales respecto de las medidas cautelares en situaciones de excepción que pueda vivir nuestro país.
Hago esa reflexión porque creo que sería bueno que el señor Ministro pudiera decir algo al respecto.
Naturalmente, voto que sí.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- No hay más inscritos.
Se ha cerrado el debate.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador de los presentes en la Sala aún no ha emitido su voto?
Vamos a proceder a consultar la votación de los Senadores que se encuentran participando de la sesión de manera remota.
Senadora señora Isabel Allende, ¿cómo vota?
La señora ALLENDE.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Carmen Gloria Aravena, ¿cómo vota?
La señora ARAVENA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Pedro Araya, ¿cómo vota?
El señor ARAYA.- A favor, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Juan Castro, ¿cómo vota?
El señor CASTRO.- Por ser un proyecto que discrimina, me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Alfonso de Urresti, ¿cómo vota?
El señor DE URRESTI.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor José Miguel Durana, ¿cómo vota?
El señor DURANA.- Por lo expuesto, me abstengo.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Francisco Huenchumilla, ¿cómo vota?
El señor HUENCHUMILLA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor José Miguel Insulza, ¿cómo vota?
El señor INSULZA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Carlos Montes, ¿cómo vota?
El señor MONTES.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Ximena Órdenes, ¿cómo vota?
La señora ÓRDENES.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Rafael Prohens, ¿cómo vota?
El señor PROHENS.- Me abstengo, señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senadora señora Provoste, ¿cómo vota?
La señora PROVOSTE.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Senador señor Jaime Quintana, ¿cómo vota?
No está conectado el Senador Quintana.
Senador señor Jorge Soria, ¿cómo vota?
El señor SORIA.- ¿Puedo votar?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Está o no está, Senador? No se ve en la pantalla
¿Senador señor Jorge Soria?
El señor SORIA.- A favor.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- No aparece en pantalla el Senador señor Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- ¿Senador Soria?
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Tiene que prender la pantalla, Senador señor Soria.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Se escucha solo la voz. Tiene que estar en pantalla para que se pueda consignar su voto.
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (33 votos a favor y 7 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido, y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Ebensperger y los señores Castro, Coloma, Durana, García, Prohens y Pugh.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).- Señora Presidenta, en verdad, no era mi ánimo intervenir nuevamente.
Aprovecho de agradecer el apoyo que ha tenido esta iniciativa, tanto de la Comisión Mixta como de esta Sala.
Solo quiero referirme, en forma muy breve, a algunas inquietudes que se han manifestado acerca de las prisiones preventivas.
Al respecto, tanto cuando se introdujo este debate como al momento de discutirse el texto de este proyecto la semana pasada hice presente la opinión del Ejecutivo sobre la materia.
En términos generales, consideramos que las prisiones preventivas en Chile están excedidas en su ámbito de aplicación. En cerca de la mitad de las causas en que se decretan estas medidas cautelares, cuando se trata de casos finales, cuando se cierran los procesos respectivos y se dicta sentencia, se termina en condenas inferiores a las penas privativas de libertad o en absoluciones, y, por tanto, las personas son declaradas inocentes: las cifras hablan de aproximadamente 20 por ciento declaradas inocentes y de 25 a 27 por ciento condenadas a penas inferiores a la privativa de libertad.
Por consiguiente, no cabe la menor duda de que estamos excediendo las prisiones preventivas que se establecen durante los procesos judiciales.
Es cierto que tiene que haber un margen de error, porque los jueces y el Ministerio Público deben ir evaluando las situaciones, y, probablemente, igual debe de haber más personas procesadas que las que son finalmente absueltas o que resultan con penas inferiores a la de privación de libertad. Pero la diferencia es mucha, y por eso estamos trabajando en un proyecto que esperamos entrar a tramitación muy pronto, relacionado con el control telemático, que va a permitir tener una medida cautelar efectiva no solo respecto de la violencia intrafamiliar, sino también para muchos delitos vinculados precisamente con esta situación: que en lugar de establecer prisión preventiva, puedan tener control telemático. Y, por esta vía, esperamos reducir la prisión preventiva como regla general.
En lo particular, ya lo han dicho varias señoras Senadoras y diversos señores Senadores, la capacidad que tienen el Congreso o el Gobierno para interferir en los procesos judiciales es nula. En eso consiste la autonomía del Poder Judicial y su independencia, en que nadie puede tomar decisiones por él.
Las medidas de prisión preventiva son resueltas al interior de procesos judiciales que se están llevando adelante. Y, por tanto, este proyecto se refiere -como lo señalé en su momento- a personas que se hallan condenadas.
¿Se les puede indultar a los condenados? Sí, bajo ciertas condiciones. Pero respecto de personas que están en prisión preventiva no se pueden dictar normas desde el punto de vista constitucional, ya sea por una ley o por una decisión que pudiera adoptar el Ejecutivo en cualquier sentido.
Entonces, hay una restricción.
Ahora, con todo, somos conscientes de que hay cuestiones que se deben revisar. A lo menos, los mismos criterios que hemos tenido en cuenta en este proyecto para indultar deberían estar presentes en buena medida en los criterios que se pueden adoptar en el ámbito de la prisión preventiva para conmutarla o para modificar la medida cautelar por una distinta. Y nosotros favorecemos esa posición. De hecho, hemos trabajado este tema con la Defensoría, y esta ha presentado del orden de las ochocientas a mil solicitudes para hacer las transformaciones de estas medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario a fin de poder evitar que la población de riesgo que se halla en prisión preventiva quede expuesta a los contagios que se dan cuando se está encerrado en una prisión.
En cuanto al tema puntual, no me corresponde pronunciarme sobre casos específicos, si debe o no dárseles este beneficio a quienes se ha mencionado aquí, a los detenidos durante el estallido social; pero la información que estamos recabando -porque estamos inquietos sobre el particular- es que muchos de estos casos no solo corresponden a desórdenes públicos, sino que también se trata de jóvenes y no tan jóvenes detenidos por atentados, por portar explosivos, por portar armas, por participar en saqueos. Hay una confusión en materia de detenciones, y, por tanto, estrictamente los detenidos que quedaron en prisión preventiva única y exclusivamente por desórdenes públicos aparentemente son pocos.
Y eso explica, señora Presidenta, la dificultad que tenemos al respecto.
Pero, en todo caso, estamos estudiando el tema, porque, junto con ese grupo determinado, nos preocupa en general el caso de las personas que hoy día están encarceladas, ya sea que se hallen en prisión preventiva o estén condenadas.
Con relación a quienes están en prisión preventiva, advertimos que si los jueces, con el Ministerio Público y la Defensoría, colaboran y actúan coordinadamente, podemos aliviar la carga de las cárceles.
Estamos trabajando en tal sentido, y esperamos en los próximos días tener alguna resolución positiva.
En lo tocante a la situación interna de las cárceles, aparte esta medida de indulto, estamos con un plan muy completo de control y prevención de la expansión del contagio internamente. Y, en el caso de que se produzca, tomaremos medidas de aislamiento serias y que ayuden a evitar los conflictos que se derivan de ello. Incluso, nos hallamos trabajando para establecer ciertos centros a fin de no mantener internos dentro de los recintos penitenciarios. Hay algunos que están sobrepoblados y no es razonable que queden ahí.
Vamos a tener un centro en Arica, otro en Concepción y otro en Río Bueno. Es decir, se está trabajando mucho. Sé que es un tema complejo y difícil. No quiero agotar el tiempo de las señoras y de los señores Senadores, pero sí quiero hacerles presente que somos plenamente conscientes de este problema. Afortunadamente, en materia de internos solo tenemos un contagio. Hay muchos sospechosos -no sé si tantos, pero hay sospechosos- a lo largo de nuestro país y se encuentran todos aislados, y estamos tomando las medidas que los protocolos recomiendan. Y también estamos preocupados, porque esto obviamente, tratándose de recintos carcelarios, trae consigo complejidades muy grandes que queremos evitar por la población penal, ciertamente, que está bajo la custodia del Estado, pero también por los propios trabajadores penitenciarios, que deben ser protegidos en sus derechos de salud.
Gracias, señora Presidenta.
La señora MUÑOZ (Presidenta).- Entonces, queda despachado el informe de la Mixta y terminada la tramitación de este proyecto.