MEDIDAS EN APOYO DE FAMILIAS Y MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS POR IMPACTO DE COVID-19. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor ELIZALDE.- Presidenta, yo voy a votar a favor de este proyecto, pero comparto las aprensiones que ha expresado el Senador Montes.
Le hemos dicho al Gobierno que en el paquete global de ayuda, en el paquete de reactivación económica que tiene por propósito enfrentar esta situación tan compleja y minimizar los efectos de la pandemia social -digámoslo con toda claridad- que va a generar el coronavirus, el COVID-19, se requiere proteger con especial énfasis a los trabajadores formales -ayer aprobamos un proyecto al respecto-, a los trabajadores informales y a las personas más vulnerables.
Lamentablemente, el Gobierno ha puesto énfasis en aspectos que no están vinculados a estas personas. Aquí se requiere ver cómo aquellos que trabajan en la semana, incluso en el día, para poder subsistir, para poder "parar la olla" como se dice en Chile, cuentan con ingresos para enfrentar las medidas de aislamiento social que se van a profundizar y, por cierto, la situación económica, que ya es compleja. Y eso se halla íntimamente vinculado con lo sanitario, porque si una persona está impedida de salir a trabajar y no genera ingresos, pronto estará incumpliendo las decisiones de la autoridad sanitaria.
Por eso, insistimos al Gobierno en la necesidad de mejorar esta oferta, de comprometerse a más ayudas de esta naturaleza -el Ministro esta semana abrió la puerta-, a aumentar el número de beneficiarios. Y ayer en la Comisión Mixta efectivamente se hizo una propuesta nueva que, en razón de la votación en contra de la Oposición, permitió agregar a 670 mil beneficiarios adicionales.
¿Sigue siendo insuficiente? Sí. ¿Se requiere una carta de navegación de más largo plazo? Por cierto. ¿Se requiere una visión que permita concentrar los esfuerzos en esta materia? Sin duda. ¿Qué es lo que ha dicho el Gobierno? Que los recursos son limitados y que es preciso ver qué va a pasar.
Lo que hemos manifestado es que, si no hay recursos adicionales -nosotros creemos que debería haberlos-, bueno, que se redistribuyan los hasta ahora comprometidos, de manera que se genere un esfuerzo principal hacia estos sectores vulnerables, que son los que van a enfrentar de peor forma la crisis.
Lo que no puede ocurrir es que nuevamente los costos los paguen los trabajadores informales, las personas de menos recursos o, incluso, los trabajadores formales, como pretende el dictamen de la Dirección del Trabajo, a raíz del cual, en definitiva, pagan los mismos de siempre.
Eso tiene que cambiar. Y por eso le hemos insistido al Gobierno la necesidad de fortalecer este instrumento y, por cierto, generar un marco de protección para todas las trabajadoras y los trabajadores de Chile.
No obstante las aprensiones que he manifestado, voy a votar a favor, porque esta es la última votación en esta materia. Si nos pronunciáramos en contra, no habría bono. Ese sería el efecto jurídico. Y, aun cuando lo consideramos insuficiente, creemos que es necesario avanzar y dar al menos una señal para lo que viene hacia adelante.