CONCESIÓN DE INDULTO GENERAL CONMUTATIVO POR ENFERMEDAD COVID-19
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero valorar esta iniciativa, que concede un indulto general conmutativo como causa de la enfermedad del coronavirus COVID-19 en Chile.
Me parece que tenemos que adoptar todas las medidas para proteger a las personas más riesgosas, a aquellas que obviamente, en la eventualidad de que se enfermen, podrían incluso perder la vida. Y, en ese contexto, es imprescindible asumir que todas las chilenas y chilenos, también quienes hayan sido condenados por delitos, tienen que ser protegidos. Obviamente, las cárceles pueden ser un espacio de propagación de un virus de esta naturaleza. De ahí la importancia de establecer esta normativa respecto de las personas mayores y las de mayor riesgo.
A mi juicio, esta es una iniciativa humanitaria, básica y fundamental y que da cuenta de que la justicia no puede significar nunca venganza. Y, en ese contexto, hay que velar por la integridad física y psíquica y por la salud de todas y todos.
Respecto del debate que aquí se ha planteado, a mí me llama la atención la fuerza con la cual se hace referencia, por parte de quienes fueron el soporte político de la dictadura, a los violadores de los derechos humanos.
Pero quiero señalar que esta iniciativa no va en contra del espíritu que la sustenta, porque establece que a los delitos más graves no se les va a aplicar el beneficio. El proyecto los excluye. Tenemos que velar, obviamente, por la salud de todas y todos, y también por quienes están privados de libertad.
Sin embargo, corresponde que la ley distinga, de acuerdo a la gravedad de los delitos, cuál es la herramienta a utilizar. Por eso -insisto- se excluye a los delitos más graves: parricidio, femicidio, homicidio calificado, homicidio simple. También están los delitos de secuestro para obtener rescate y poner exigencias o arrancar decisiones; secuestro por más de quince días con daño grave en la persona; secuestro calificado; sustracción de menores; tortura; tortura calificada; apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes calificados. Por cierto, se excluye, asimismo, a quienes hubieren sido sancionados por asociación ilícita, particularmente respecto de los jefes que hayan cumplido funciones de mando; por violación; por violación con homicidio; por abuso sexual agravado; por abuso sexual sobre persona menor de catorce años, en fin.
Son muchas las exclusiones que contempla esta iniciativa. Igualmente, quedan comprendidos ahí quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, porque el principio básico es que una normativa de esta naturaleza no puede terminar beneficiando a aquellos que constituyen un peligro para la sociedad y han cometido delitos atroces.
Yo lamento -creo que es un retroceso para nuestro país- la forma fehaciente, enérgica y a veces destemplada con la cual se defiende a quienes han cometido atrocidades en nuestro país, a esos que han violado los derechos humanos. Cuando se sientan precedentes de impunidad en esta materia es muy peligroso para las sociedades, porque no se toman los resguardos para que crímenes de esta naturaleza vuelvan a cometerse en el futuro. Y esta no es una señal hacia un sector político o un sector ideológico, sino hacia el conjunto de la sociedad.
Por eso, países que han enfrentado situaciones similares a Chile han sido muy claros respecto de la necesidad de que estos crímenes no queden en la impunidad; que se avance en justicia, en verdad, en reparación, y sobre todo, que se señale con toda claridad que quienes en el futuro puedan sentirse tentados de cometer estas atrocidades, pues bien, sepan que esos crímenes no quedarán en la impunidad.
Chile ha avanzado en esta materia gracias a la lucha de décadas por parte de asociaciones y agrupaciones de derechos humanos -y el mundo también lo ha hecho-, a través de una normativa que permite, obviamente, juzgar estos crímenes atroces.
Y lamento que muchos Senadores hayan hecho uso de la palabra para defender a quienes constituyen una vergüenza para nuestro país, así como a todos aquellos que han cometido esos delitos atroces que precisamente están excluidos de esta iniciativa.
Por lo anterior, voy a votar a favor de este proyecto, valorando, por cierto, el rol que le ha correspondido al Ministro de Justicia en su tramitación.
E, insisto, bajo ninguna circunstancia los delitos graves pueden ser considerados en el marco de lo que hoy estamos aprobando.
He dicho.