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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 108ª, en martes 10 de marzo de 2020
Ordinaria
(De 16:26 a 20:43)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y
SEÑORA XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
LA SEÑORA XIMENA BELMAR STEGMANN, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards; y de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez; y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar Larraín.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz, y la Subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia Díaz.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Ximena Belmar Stegmann, subrogante; y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 17 señores Senadores.

El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 99ª, ordinaria, en 21 de enero de 2020; 100ª, especial, y 101ª, ordinaria, en 22 de enero de 2020, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.


PUBLICACIÓN DE LIBRO "HORIZONTES Y PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR EL SISTEMA EDUCATIVO CHILENO"

El señor QUINTANA (Presidente).- El libro que Sus Señorías tienen en sus pupitres es el resultado de una iniciativa que tradicionalmente coordinan los Presidentes del Senado. La verdad es que ese texto no lo he escrito yo, salvo el prólogo, pero sí es de nuestra autoría.
El libro fue trabajado con la Biblioteca del Congreso Nacional.
El Presidente, además, elige el tema. Y me pareció que, dado que en los últimos años se hizo una reforma educacional bastante importante, significativa, es el momento de hacer la evaluación correspondiente.
Ahí se recogen los aportes de 36 académicas y académicos, gente muy talentosa. Es una selección muy paritaria, conforme a lo que ha ocurrido en los últimos días: 19 mujeres y 17 hombres expertos en el ámbito educacional, además de los ensayos de los Senadores Latorre y José García Ruminot.
Es un libro bastante interesante, que ha sido bien recibido en los distintos círculos ligados a la educación.
Por supuesto, le vamos a entregar un ejemplar al Ministro de la Segprés. Entiendo que ya se le hizo llegar uno al Ministro de Educación.

IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. La que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado (Boletín N° 13.041-13);
2. La que crea el seguro de salud de clase media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA (Boletín N° 12.662-11);
3. La que modifica la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, para limitar los acuerdos de plazo de pago excepcional en casos de empresas de menor tamaño emisoras de facturas (Boletín N° 13.208-03), y
4. La que modifica el Código Civil en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (Boletín N° 11.126-07).
Con el siguiente, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica (Boletín N° 12.212-13).
Con el último, retira la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto de ley sobre sistema de garantías de los derechos de la niñez (Boletín N° 10.315-18).
--Se tiene presente la calificación y el retiro y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
De la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en el sentido de exigir a los proveedores informar a sus clientes sobre planes y servicios que puedan resultarles más beneficiosos (Boletín Nº 12.383-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Con el segundo, comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece la obligación de soterrar el cableado aéreo en funcionamiento y de retirar el que se encuentre en desuso, cuando afecten monumentos históricos y/o lugares de interés patrimonial (Boletines Nos 10.881-24 y 12.438-24, refundidos).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copias de sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes preceptos legales:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 7939-19, 7955-19, 7988-19, 7996-19, y 8007-19).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 7908-19, 7921-19, 7922-19, 7930-19, 7933-19, 7947-19, 7950-19, 7958-19, 7976-19, 8019-19 y 8412-20).
Artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo (Rol N° 7535-19).
Artículo 292, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 7671-19).
Artículo 38 de la ley N° 18.287, y artículo 50 B de la ley N° 19.496 (Rol N° 7760-19).
Artículo 40, letra a), de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; artículo 109, letra e), del DFL (ex Interior) N° 2, del año 1968, correspondiente al Estatuto del Personal de Carabineros de Chile; artículo 65, letra b), del Reglamento N° 8 aprobado por el Decreto Supremo N° 5.193, de 30 de Septiembre de 1959, del Ministerio del Interior; y artículo 159 del Decreto 412 del Ministerio de Defensa Nacional, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto del Personal de Carabineros (Rol N° 7571-19).
Artículo 453, N° 1, inciso séptimo, y N° 5, del Código del Trabajo (Rol N° 7797-19).
Artículo 470, inciso primero, del Código del Trabajo (Rol N° 7750-19).
Artículo 506 del Código del Trabajo (Rol N° 7554-19).
Artículo transitorio, inciso primero, de la ley N° 20.791 (Rol N° 7592-19).
Artículos 357 y 358 del Código del Trabajo (Rol N° 7182-19).
--Se manda archivar los documentos.
Asimismo, adjunta diversas resoluciones recaídas en procesos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los siguientes preceptos legales:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 8390-20, 8414-20 y 8432-20).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 7945-19, 8416-20, y 8430-20).
Artículo 196 ter de la ley N° 18.290 (Rol N° 8111-20).
Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8163-20).
Artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8147-20).
Artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo, y artículo 4º, inciso primero, de la ley Nº 19.886 (Rol N° 7739-19).
Artículo 61 de la ley N° 20.000 (Rol N° 8078-19).
Artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo (Roles Nos 8295-20 y 8313-20).
Artículos 195, inciso tercero, parte final, y 196 ter, inciso primero, parte final, de la ley Nº 18.290 (Rol N° 8192-20).
Artículos 196 bis y 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8272-20).
Artículos 196 bis, inciso primero, parte final y numeral segundo, y 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8232-20).
--Se toma conocimiento y se remiten los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la señora Contralora General (S):
Contesta una consulta del Honorable Senador señor De Urresti relativa a la situación jurídica de las manipuladoras de alimentos que trabajan en establecimientos administrados por los Departamentos de Educación Municipal.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia:
Da respuesta a una inquietud del Honorable Senador señor Letelier sobre la dictación de la ley N° 21.109, que Establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.
Atiende una solicitud del Honorable Senador señor Chahuán referida a la urgencia de los proyectos presentados con ocasión del incendio de Valparaíso de 2014.
Del señor Ministro de Salud:
Informa la consulta que fue realizada por el Honorable Senador señor Navarro sobre el proceso de construcción del nuevo Centro de Salud de Atención Familiar en la comuna de Hualqui.
Del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Informa sobre solicitudes de reestructuración del escalafón primario del Poder Judicial en las comunas de Punta Arenas y de Porvenir. Esta consulta fue realizada por el Honorable Senador señor Bianchi.
De la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social:
Atiende una solicitud del Honorable Senador señor Montes de que el Ejecutivo envíe un proyecto para ratificar el Convenio N° 176 de la OIT sobre Seguridad y Salud en Minas.
Adjunta información solicitada por el Honorable Senador señor Navarro sobre denuncias presentadas ante la Inspección del Trabajo contra la Caja de Compensación de Asignación Familiar "Los Andes".
Responde a una consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre Comités Paritarios.
Da respuesta a inquietudes del Honorable Senador señor Navarro sobre el bono marzo y respecto de los seguros que cubren los accidentes de los jugadores de fútbol profesional y amateur en nuestro país.
Se refiere a observaciones planteadas por los Honorables Senadores señores Letelier y Navarro a un dictamen de la Dirección del Trabajo sobre pago de bono de transporte a las trabajadoras que hacen uso de su derecho de amamantamiento.
Informa sobre los accidentes registrados en la planta Celulosa Arauco Nueva Aldea. La consulta fue realizada por el Honorable Senador señor Navarro.
Del señor Ministro de Obras Públicas:
Da respuesta a inquietudes del Honorable Senador señor De Urresti sobre los siguientes temas:
-Posibilidad de que la Unidad Técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas visite a los comités de agua de Llihue centro, en la comuna de Lago Ranco; y de Isla del Rey, en la comuna de Corral.
-Factibilidad de otorgar continuidad a los trabajos de pavimentación del sector Río Los Palos, en la comuna de Puerto Aysén.
-Monitoreo de la situación de las playas del Lago Ranco.
-Posibilidad de priorizar el proyecto de mejoramiento y asfaltado de la ruta Marraimo Trafún, ubicado en la comuna de Río Bueno.
-Estado de avance de los proyectos de pavimentación que indica desarrollados en la comuna de Mariquina.
-Proyectos de agua potable rural en el sector de Auquinco, comuna de La Unión, y la localidad de Lumaco, comuna de Río Bueno.
-Evaluación de las obras ejecutadas en la ruta Dollico T-367, ubicada en la comuna de Panguipulli.
-Periodicidad de las obras de mantención de los colectores de aguas lluvia de la ciudad de Valdivia.
Atiende inquietud del Honorable Senador señor Quinteros sobre la instalación de un relleno sanitario provisorio en el fundo Los Millanes de San Antonio de Huelden, ubicado en la comuna de Ancud.
Responde consultas del Honorable Senador señor Navarro sobre los afloramientos de agua superficial en los terrenos del fundo San Antonio de Hueldén, ubicado en la comuna de Ancud; respecto de las obras de ensanchamiento de la ruta 160 Coronel-San Pedro de La Paz; y sobre la posibilidad de dragar un canal ubicado en el pasaje El Rosal, en la comuna de Penco.
Se refiere a una solicitud de la Honorable Senadora señora Allende sobre la posibilidad de implementar medidas que aseguren el abastecimiento de agua en el sector de Quebrada Alvarado, en la comuna de Olmué.
Informa la consulta realizada por el Honorable Senador señor Girardi acerca de diversas materias relativas a la situación hídrica de la laguna de Aculeo.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales:
Se refiere a una consulta del Honorable Senador señor Navarro relativa al estado de conservación de la laguna Antihualca, y respecto de los accesos a las playas del lago Lanalhue.
Del señor Ministro (S) de Transportes y Telecomunicaciones:
Responde una solicitud del Honorable Senador señor Quinteros, referida a la posibilidad de implementar un subsidio para la operación de un servicio de trasporte marítimo en el canal de Dalcahue.
Atiende consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre las medidas y subsidios dispuestos para asegurar el transporte gratuito de las personas que vivan en zonas apartadas y que participen de la consulta constitucional del próximo 26 de abril.
Da respuesta a una solicitud de los Honorables Senadores señor Navarro, señora Órdenes, y señores Chahuán, García-Huidobro y Guillier, para patrocinar un proyecto de ley que modifica el artículo 4° transitorio de la ley N° 20.696, que crea el Fondo de Apoyo Regional.
De la señora Ministra(S) de Desarrollo Social y Familia:
Da respuesta a una consulta de la Honorable Senadora señora Allende sobre el proyecto de reposición de la planta de tratamiento de aguas servidas que se ejecutará en la localidad de El Melón.
Del señor Ministro (S) del Medio Ambiente:
Atiende una consulta de la Honorable Senadora señora Órdenes respecto de episodios de contaminación atmosférica que indica, y sobre los resultados de las mediciones de la calidad del aire realizadas en la ciudad de Cochrane en el mes de mayo del año pasado.
Responde una consulta del Honorable Senador señor De Urresti referida a la constitución y el funcionamiento de los Comités Regionales de Cambio Climático, y respecto al proyecto de diagnóstico del humedal de Trumao, ubicado en la comuna de La Unión.
Dos del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias:
Con el primero, remite Resolución N° 05, de enero de 2020, que regula el uso de los recursos para el cumplimiento de la función parlamentaria.
Con el segundo, emite pronunciamiento sobre gastos de difusión respecto de la realización del plebiscito nacional del día 26 de abril.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Informa la consulta formulada por la Honorable Senadora señora Goic sobre el accidente del 10 de septiembre de 2019 en el paso fronterizo Monte Aymond en el que resultó gravemente herido un funcionario del Servicio de Aduanas.
De la Señora Subsecretaria de Salud Pública:
Responde una consulta del Honorable Senador señor Pugh sobre la situación de intoxicación de los alumnos del colegio Santa Filomena, de la comuna de Quintero.
Se refiere a una solicitud de la Honorable Senadora señora Allende para que se informe sobre la contaminación de una vertiente ubicada en el sector Aguas Buenas, comuna de San Antonio.
De la señora Subsecretaria (S) de Transportes:
Adjunta antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Durana sobre la implementación de la Ley de Cabotaje de Pasajeros.
De la señora Subsecretaria (S) de Turismo:
Adjunta antecedentes pedidos por el Honorable Senador señor Durana sobre la implementación de la Ley de Cabotaje de Pasajeros.
De la señora Subsecretaria (S) de Desarrollo Regional y Administrativo:
Informa, a petición del Honorable Senador señor Sandoval, sobre los plazos de los convenios celebrados entre los gobiernos regionales e instituciones privadas sin fines de lucro que desarrollan programas de atención y apoyo a personas mayores y con discapacidad.
Responde una consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre la aplicación de seguridad ciudadana denominada SOSAFE.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos:
Da respuesta a una consulta de la Honorable Senadora señora Rincón sobre la tributación de las empresas que indica.
Del señor Director Nacional del SAG:
Responde a una consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre una actividad de recolección de envases vacíos de productos fitosanitarios realizada por agricultores de la Región de Los Ríos el día 16 de abril de 2019.
Del señor Superintendente de Electricidad y Combustibles:
Se refiere, en respuesta a una consulta del Honorable Senador señor Bianchi, al proceso de tarificación y cobro a los usuarios del servicio de gas domiciliario.
Del señor Director Ejecutivo de CONAF:
Adjunta información solicitada por el Honorable Senador señor De Urresti sobre el proyecto "Desarrollo y sustentabilidad de nuevas actividades productivas y turismo de intereses especiales en la Región de Atacama, a través de monitoreo integrado de humedales alto andino en la cuenca del Salar Maricunga".
De la señora Directora Nacional (S) del Trabajo:
Informa sobre el accidente laboral que indica y respecto de la aplicación de la ley N° 20.308, Sobre Protección a los Trabajadores en el Uso de Productos Fitosanitarios. La consulta fue realizada por la Honorable Senadora señora Muñoz.
Explica la situación laboral y los derechos de negociación colectiva de las manipuladoras de alimentos. La consulta fue realizada por el Honorable Senador señor De Urresti.
Del señor Director (S) del Servicio de Impuestos Internos:
Informa sobre las exportaciones realizadas en el año 2019. La consulta fue realizada por el Honorable Senador señor Navarro.
Del señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO:
Adjunta datos sobre empresas de la Región del Biobío apoyadas económicamente por el Estado a causa del estallido social de octubre del año pasado. La consulta fue realizada por el Honorable Senador señor Navarro.
De la señora Jefa de la División de Gerencia del Fondo:
Atiende a una consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre el proyecto de conectividad digital para el sector de la Junta de Vecinos Colonia Paillaco, ubicado en la comuna de Mariquina.
Del señor Intendente Regional de Los Ríos:
Responde a una consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre la constitución y el funcionamiento de los Comités Regionales de Cambio Climático, y respecto al proyecto de diagnóstico del Humedal de Trumao, ubicado en la comuna de La Unión.
Del señor Director (S) del Servicio de Salud de O´Higgins:
Da respuesta a una consulta de la Sala del Senado sobre el número de heridos y atenciones de urgencia prestadas por los establecimientos de esa jurisdicción causados por el Estado de Emergencia decretado en el mes de octubre de 2019.
Del señor Gobernador Provincial (S) de Arauco:
Adjunta catastro de daños producidos al comercio de la Provincia durante las movilizaciones del mes de octubre del año 2019.
Del señor Alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández:
Adjunta Acuerdo Marco sobre Cooperación entre el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos de la República del Ecuador y la Ilustre Municipalidad de Juan Fernández. Esta información fue solicitada por el Honorable Senador señor De Urresti.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
De la Ilustrísima Corte Marcial de la Armada:
Informa composición de esa Iltma. Corte durante el próximo trienio.
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro (S) del Deporte:
Solicita al Senado que designe a uno de sus miembros para integrar la comisión especial encargada de discernir el Premio Nacional del Deporte de Chile correspondiente al año 2019.
--Pasa a los Comités.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que estos ya se pronunciaron. Se informará en su momento.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Comunicación
De los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda y señores Jaime Mulet y Esteban Velásquez, por la que solicitan se les informe acerca del procedimiento para ejercer la atribución exclusiva del Senado establecida en el número 7) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Pasa a los Comités.

El señor QUINTANA (Presidente).- Los Comités también se pronunciaron al respecto. Luego vamos a entregar la información sobre el acuerdo que se adoptó.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Informes
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016 (Boletín N° 12.547-10) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Obras Públicas, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece una cuenta única de tarifas y peajes correspondientes al uso de distintas autopistas (Boletín N° 12.697-15).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señores Araya, De Urresti, Huenchumilla y Pérez, por la que inician un proyecto de ley que permite la suspensión de la audiencia de juicio oral en lo penal en casos de juicios prolongados (Boletín N° 13.283-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Pido el acuerdo de la Sala para que la Senadora Ximena Rincón me reemplace en la testera en unos momentos más.
Acordado.


ACUERDOS DE COMITÉS

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para entregar los Acuerdos de Comités.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Los Comités, reunidos en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Efectuar, excepcionalmente, en la sesión ordinaria del día de hoy, una vez terminada la Cuenta, un minuto de silencio en memoria del camionero señor Juan Barrios Farías, fallecido el miércoles 4 del presente.

2.- Tratar en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 11 de marzo, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, signado con el número 43 de la tabla, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos de primero a cuarto básico (boletín Nº 11.992-04). Se acuerda abrir la votación una vez terminada la relación; destinar una hora para la discusión y votación de la iniciativa, y otorgar hasta cinco minutos para cada intervención de las señoras Senadoras y los señores Senadores.
-Proyecto de ley, signado con el número 4 de la tabla, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de agilizar la aplicación de sanciones a los alcaldes en caso de responsabilidad administrativa (boletín Nº 11.900-06).
-Proyecto de ley, signado con el número 9 de la tabla, que especifica y refuerza las penas principales y accesorias y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (boletín Nº 12.208-07).

3.- Nombrar al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado como representante de la Corporación en la Comisión del Premio Nacional del Deporte de Chile.

4.- Remitir a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento la comunicación de los Honorables Diputados señora Alejandra Sepúlveda y señores Jaime Mulet y Esteban Velásquez mediante la cual solicitan se les informe acerca del procedimiento para el ejercicio de la atribución contemplada en el número 7) del artículo 53 de la Constitución Política de la República, que señala: "Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla.".
Es todo, señor Presidente.


El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, antes de reemplazarlo en la testera, quiero relevar dos hechos que han ocurrido estos días, que creo que ameritan, al menos, un oficio de este Senado al Ministerio del Interior. Uno dice relación con la querella contra un adulto mayor golpeado por carabineros, y otro -no sé cómo llamarlo-, con la agresión de otro funcionario policial contra una adulta mayor en Talca, que terminó en el suelo.
Solicito que el Ministro del Interior, a raíz de esos casos, informe a este Senado sobre las medidas que va a adoptar respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad del país, ya que dependen de él.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para enviar el oficio que ha pedido la Senadora Rincón?
Acordado.


MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE CAMIONERO FALLECIDO DON JUAN BARRIOS FARÍAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde guardar un minuto de silencio, tal como lo señaló el Secretario, por don Juan Barrios Farías.
--La Sala guarda un minuto de silencio.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Me han solicitado recabar la autorización para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de Evaluación Social, señorita Alejandra Candia.
¿Habría acuerdo?

El señor LETELIER.- Está el Ministro presente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Así es. Por lo mismo, no creo que haya inconvenientes, ¿verdad?
Así se acuerda.
También se ha solicitado el ingreso del Subsecretario de la Segprés, don Juan José Ossa Santa Cruz.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Carolina Goic.

La señora GOIC.- Señor Presidente, hoy día en la Comisión Especial del Adulto Mayor, unánimemente, acordamos solicitar a la Sala que, respecto del proyecto que establece el contrato del trabajador adulto mayor, que aprobamos en general y acordamos remitir a Comisiones unidas de Trabajo y de Adulto Mayor, se revierta este acuerdo, a fin de ver la iniciativa primero en la Comisión Especial del Adulto Mayor y después en la de Trabajo, en virtud de la carga legislativa que tiene este último órgano técnico.
Ya conversamos este punto con los integrantes de la Comisión de Trabajo, por lo que solicito que recabe la unanimidad de la Sala para poder avanzar en dicho tema.

El señor QUINTANA (Presidente).- Está conversado. Por tanto, el proyecto mencionado iría primero a la Comisión Especial del Adulto Mayor y después a la de Trabajo.
¿Le parece a Sus Señorías?
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Navarro, tiene la palabra por un minuto.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, los Comités acordamos enviar a la Comisión de Constitución la solicitud de la Diputada Alejandra Sepúlveda y otros Diputados, respecto al artículo 53, numeral 7), de la Carta Fundamental.
Ante el emplazamiento que se nos hace sobre cómo el Senado aplica dicho precepto constitucional, que involucra al Presidente de la República, la Comisión debiera tener un plazo para tratar ese punto y dar una explicación acerca del mecanismo. Se ha especulado mucho sobre cómo procede una petición de esa naturaleza, cómo se aplica, cómo se desarrolla, por lo cual dicho órgano, que va a estudiar el asunto, debiera explicarnos el procedimiento.
Se trata de la declaración de inhabilidad mental del Presidente de la República por parte del Senado. Sobre eso trata el artículo respecto del cual un grupo de Diputados ha pedido a este Senado explicar el procedimiento, dado que el precepto constitucional determina que es una facultad propia del Senado.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tal como lo ha señalado el señor Secretario, luego de recibir ese oficio, los Comités -es la instancia que corresponde- acordaron de manera unánime pedirle un pronunciamiento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Eso no tiene plazo. La Sala podría, eventualmente, acordar uno.
Efectivamente dicha Comisión está con una gran recarga de proyectos en este minuto, y con urgencias.
¿Usted tiene alguna propuesta, Senador Navarro, con relación a un plazo determinado? ¿Treinta días, algo por el estilo?

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el artículo 53, numeral 7), de la Constitución, establece lo siguiente: "Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo, cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla.".
No hay precedentes de la aplicación de esta norma.
Creo que el plazo de un mes es adecuado, a fin de que la Comisión de Constitución pueda entregar un informe a la Sala sobre el procedimiento.

El señor QUINTANA (Presidente).- Efectivamente, como usted señala, no hay precedentes al respecto. Y, por esa razón, los Comités, dado que se trata de una solicitud formal, vamos a responder también de la misma manera.
En tal virtud, consideramos que lo más serio era pedir el pronunciamiento a la referida Comisión.
La propuesta de treinta días parece adecuada.
Reitero que esto fue pedido unánimemente por los Comités.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, con la mejor de las disposiciones, quiero señalar que hoy nos hemos enterado de esta situación.
En verdad, estuvimos preguntando y no existe un precedente en cuanto al uso de esta disposición constitucional, que efectivamente se halla vigente.
Así que lo que haremos será mirar el derecho comparado, luego de lo cual propondremos a la Sala un procedimiento, pues será esta la que soberanamente deberá definir sobre el particular.
Por consiguiente, pido un poquito de flexibilidad al respecto, porque -reitero- no hay precedentes en la materia. Además, este asunto deberá verlo el nuevo Presidente de la Comisión de Constitución, Senador De Urresti.

El señor QUINTANA (Presidente).- Me dice el Secretario -no es un precedente exacto- que la Constitución del 25 fue utilizada en los casos de los ex Presidentes Juan Antonio Ríos y Pedro Aguirre Cerda, quienes fallecieron.
No se trata estrictamente de la misma situación.
Pasaremos, entonces, al primer punto de la tabla, esto es, al proyecto que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.
V. ORDEN DEL DÍA



CREACIÓN DE SUBSIDIO ESTATAL PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE BAJAS REMUNERACIONES


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.041-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 84ª, en 11 de diciembre de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Trabajo y Previsión Social: sesión 106ª, en 3 de marzo de 2020.
Hacienda: sesión 106ª, en 3 de marzo de 2020.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo de esta iniciativa es establecer un subsidio mensual, de cargo del Fisco, para los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato laboral vigente y afectos a una jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales o que sea inferior a esta, pero superior a 30 horas semanales, cuya remuneración bruta mensual sea inferior a 384.363 pesos.
Asimismo, se requiere que los trabajadores integren un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió el proyecto en general y en particular a la vez, en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa con urgencia calificada de "discusión inmediata".
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por 4 votos a favor (Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Allamand y Durana) y una abstención (Senador señor Letelier).
En particular, las modificaciones que dicha instancia introdujo al texto aprobado en general fueron aprobadas por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadoras señoras Goic y Muñoz y Senadores señores Allamand y Durana.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social hace presente, además, que los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 permanentes son normas de quorum calificado, por lo que para su aprobación se precisan 22 votos favorables.
Del mismo modo, se deja constancia de que la unanimidad de la Comisión acordó proponer a la Sala que se sustituya la denominación del proyecto por la siguiente: "Proyecto de ley que crea un subsidio de cargo fiscal para trabajadoras y trabajadores de bajas remuneraciones".
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y efectuó enmiendas respecto de las siguientes disposiciones del proyecto de ley despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social: artículos 1, 4, 7, 8, 9, 11 y 13 permanentes. Asimismo, incorporó los nuevos artículos 15 y 16 permanentes y quinto transitorio.
Dichas modificaciones fueron aprobadas por la mayoría de votos que se consigna en el respectivo informe.
El texto que se propone aprobar figura en las páginas 69 y siguientes de su informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Cabe señalar que se han presentado al proyecto las indicaciones que se detallan a continuación:
-Seis de los Senadores señores De Urresti, Elizalde, Insulza, Letelier y Quinteros, que recaen, respectivamente, en los artículos 1, 2, 3, 4, 9 y 11.
-Una del Senador señor Latorre, recaída en el inciso segundo del artículo 1.
Finalmente, el Senador señor Latorre solicitó votación separada del inciso segundo del artículo 1 de la iniciativa.
Es todo, señora Presidenta.
--Conforme a lo acordado por la Sala, pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Gracias, señor Secretario.
En discusión general y particular a la vez.

En primer lugar, tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadora Adriana Muñoz, para que haga el informe respectivo.

La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, a lo ya señalado por el señor Secretario quiero agregar que, tal como lo indicó, en nuestra Comisión modificamos en forma unánime el título del proyecto para denominarlo "Proyecto de ley que crea un subsidio de cargo fiscal para trabajadoras y trabajadores de bajas remuneraciones".
En forma muy resumida, debo señalar que este proyecto de ley crea un subsidio mensual, de cargo del Fisco, para las trabajadoras y los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato laboral vigente y afectos a una jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales o que sea inferior a esta, pero superior a 30 horas semanales.
Los trabajadores y las trabajadoras dependientes para tener derecho al subsidio deben cumplir con los siguientes tres requisitos:
-Percibir una remuneración bruta mensual inferior a 384.363 pesos.
-Integrar un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles.
-Estar contratado o subcontratado por una empresa cuyos ingresos por ventas no excedan las 75 mil unidades de fomento anuales del último año calendario, requisito que, como ya se mencionó, fue eliminado por la Comisión de Hacienda, que agregó al artículo 13 la obligación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de publicar el nombre de las empresas con ingresos por ventas mayores a 100 mil unidades de fomento anuales que cuenten con trabajadores beneficiarios del subsidio fiscal.
El trabajador o la trabajadora que pueda impetrar subsidios al empleo y el subsidio que se crea mediante la ley en proyecto en forma simultánea solo tendrá derecho al pago mensual por este último beneficio.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia será el encargado de administrar el subsidio, y la Subsecretaría de Servicios Sociales lo pagará directamente o por medio de instituciones con las cuales celebre convenios para ello.
Asimismo, se establece un mecanismo de reajuste de los montos en pesos consignados en el proyecto al 1º de marzo de cada año en el cien por ciento de la variación que experimente el índice de precios al consumidor.
La ley entrará en vigencia en el plazo de 30 días, contado desde su publicación en el Diario Oficial, y el primer pago del subsidio será dentro de los 30 días siguientes a su entrada en vigor.
He dicho.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Vamos a repetir el acuerdo que adoptaron los Comités, pues tenía entendido que, inmediatamente hecha la relación de la Presidenta de la Comisión, se abriría la votación.
Tiene la palabra el señor Secretario para que haga el relato del referido acuerdo, a fin de que todos lo tengamos claro y procedamos en consecuencia.

El señor MONTES.- Que se respeten los tiempos de las intervenciones, señora Presidenta.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Sí, Su Señoría.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Cabe tener presente que, en lo que respecta a esta iniciativa, hubo acuerdos de Comités que se adoptaron la semana pasada.
Uno de ellos, que después fue modificado solamente en cuanto a incorporar el proyecto en la tabla de esta semana y que se mantuvo vigente, dice relación con que este se iba a tratar hasta su total despacho, abriendo la votación inmediatamente iniciado el debate.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Voy a ofrecer la palabra, porque es importante que todos tengamos claro el acuerdo antes de proceder.
Puede intervenir, Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, había solicitado la palabra para referirme al contenido del proyecto. Sin embargo, deseo plantear un tema de orden procesal: tenemos que pronunciarnos primero sobre la idea de legislar y después debemos hacer varias votaciones en particular, pues se han presentado indicaciones. Además, se ha pedido una votación separada.
Entonces, sería bueno clarificar de antemano que en primer lugar debemos hacer el debate en general. Yo no tengo problemas en abrir esa votación, pero únicamente pido que se mantengan los tiempos, pues nada se estableció al respecto. De lo contrario, solo habrá fundamentación de voto, cuyo tiempo es de apenas cinco minutos.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Así es.

El señor PIZARRO.- Y después podemos proceder a la votación en particular.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Parece razonable ese procedimiento, porque, tal como señala el Senador Pizarro, hay que votar en general y en particular.
En particular tenemos cuatro indicaciones, de las cuales solo dos son admisibles y recaen -si no me falla la memoria, pues ya lo habíamos visto la semana pasada- en el artículo 1 del proyecto.
Por lo tanto, tendremos que realizar más de una votación en particular.
Entonces, si le parece a la Sala, haremos la discusión y votación en general, e inmediatamente después procederemos a votar en particular el proyecto.

El señor BIANCHI.- ¿Cuántos minutos?

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Cinco minutos, y es hasta su total despacho.
Además, según informa al menos mi jefa de bancada, tenemos otra iniciativa en tabla.

El señor MONTES.- Cinco minutos para la discusión particular y diez para el debate en general.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Exactamente, señor Senador.
¿Estamos de acuerdo en que podamos restringirnos en el uso de la palabra?

El señor BIANCHI.- Siempre y cuando se respeten los tiempos.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Sí, señor Senador.
¿Habría acuerdo para ello?
Si la Sala está de acuerdo, iniciaremos el debate en general.

El señor LAGOS.- No, señora Presidenta. Debo efectuar el informe de la Comisión de Hacienda.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Excúseme, señor Senador, tiene toda la razón.
Vamos a escuchar antes el informe del Presidente de la Comisión de Hacienda, y luego partiremos con la discusión en general.
¿Les parece a Sus Señorías proceder de esa manera?
Acordado.

El señor LAGOS.- Señora Presidenta, seré muy breve, pues con el informe entregado por la Senadora Adriana Muñoz y la relación que se hizo, creo que tenemos una idea clara acerca del contenido de este proyecto.
Al respecto, quisiera mencionar un par de modificaciones que se introdujeron en la Comisión de Hacienda y, además, señalar que durante la tramitación de esta iniciativa recibimos las exposiciones de distintos sectores, incluidos la Presidenta de la CUT, doña Bárbara Figueroa; don Fernando Carmona, de la Fundación FIEL, y don Andrés Marinakis, representante en Chile de la Organización Internacional del Trabajo, quienes se pronunciaron sobre ella.
Sus opiniones son disímiles: en el caso de los dos primeros, bien críticas del proyecto, para ser bien justos; y en el del especialista de la OIT, entendiendo que había elementos favorables desde el punto de vista de la transitoriedad del beneficio, de que este va a los trabajadores y no mirando al conjunto de los hogares, apuntaban a que tal vez habría otras políticas públicas que podrían ser aún más eficaces. Digo esto tratando de ser lo más objetivo posible.
Hecho el punto, debo señalar que nuestra Comisión debatió esta materia, y diría que la modificación principal que se le introdujo al proyecto fue en dos sentidos.
Por una parte, se eliminó el umbral que venía -según entiendo- de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, que establecía qué trabajadores podían recibir este beneficio, porque se excluía a aquellos que estuvieran trabajando en empresas con ventas por sobre 75 mil UF.
Dicho de otra forma: el trabajador que, habiendo reunido los requisitos de tener una renta bruta inferior a 384 mil pesos, integrar un hogar perteneciente a los primeros nueve deciles, de acuerdo al Registro Social de Hogares, pero que se encuentre laborando para una empresa con ventas superiores a 75 mil UF, no iba a percibir este beneficio.
Eso se cambió: se eliminó ese umbral, que -reitero- había sido dispuesto en la Cámara de Diputados y que no fue modificado por la Comisión de Trabajo del Senado.
De otro lado, producto de legítimas dudas que surgieron en el debate respecto a los alcances del proyecto (qué implicaba en materia de política salarial o en cuanto a los niveles de protección social que otorgaba) y entendiendo que hay un beneficio efectivo para los trabajadores que reúnen los requisitos y que no es menor, como este suplemento, se determinó un plazo de vigencia: hasta 31 de enero del 2023, luego del cual cesa.
Entremedio se estableció que durante la aplicación de esta ley el Consejo Superior Laboral va a realizar una evaluación anual de su funcionamiento, formulando las recomendaciones que estime pertinentes mientras rija este beneficio.
Por último, se dispuso, asimismo, que anualmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá publicar el nombre de las empresas con ingresos por ventas mayores a 100 mil UF y que cuenten con trabajadores que estén impetrando el beneficio.
Esto es tremendamente importante, porque había una discusión respecto al umbral. Con esta disposición al menos no les negamos el beneficio a trabajadores que reúnen las condiciones y que laboran en grandes empresas, pero sí vamos a conocer cuáles de estas tienen trabajadores que se están beneficiando de este complemento en sus remuneraciones.
Por último, señora Presidenta, se concordó algo que resulta bien raro, porque se trata de un beneficio para el trabajador, pero se le exige a este que lo gatille: debe apersonarse a las instituciones públicas para solicitarlo.
Si bien uno entiende que el subsidio es para el trabajador y no para la empresa, se establece a esta la obligación de comunicarles a sus trabajadores su existencia. Pero además, teniendo claro que hay un elemento de transición, el Ministerio de Desarrollo Social eliminará la postulación al beneficio pasado un año con este sistema y lo va a otorgar directamente (si no me equivoco, eso fue lo que acordamos). Ello, para hacerlo más accesible, si se quiere, a los eventuales beneficiarios.
En resumen, señora Presidenta: se acortó el plazo de vigencia del subsidio; se eliminó el umbral, y se fijaron ciertas condiciones de transparencia a la hora de entender la forma como se beneficia.
Siendo muy justo, hay instituciones que tienen reparos con respecto a los alcances de este proyecto, tal como lo planteamos varios de nosotros en la Comisión.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Ya se han hecho los respectivos informes.
En consecuencia, corresponde iniciar la discusión general de esta iniciativa.
El primer inscrito es el Senador señor García.

El señor GIRARDI.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Ese fue el acuerdo.

El señor BIANCHI.- Manteniendo los tiempos.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Así es, señor Senador.
Tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta; Honorable Sala; señora Ministra; señor Ministro, señora Subsecretaria, a mi juicio este es un proyecto de gran trascendencia social.
Permitir que trabajadores que perciben el salario mínimo tengan un incremento por la vía de un aporte fiscal constituye, en primer lugar, un esfuerzo importante del Fisco; un esfuerzo importante del Gobierno; un esfuerzo importante del Estado chileno para ir en su apoyo. Se estima que serían del orden de 670 mil las personas que se pueden beneficiar con este programa.
Garantizar un salario líquido de 300 mil pesos para todos aquellos que, cumpliendo una jornada ordinaria de trabajo, reciben una remuneración bruta de cerca de 384 mil pesos es, por supuesto, una manera concreta de mejorar las condiciones de vida en los hogares más modestos, más sencillos, más vulnerables de nuestro país, en que muchas veces la que está a cargo es una mujer; en que la situación de escolaridad es relativamente baja y, por lo tanto, las oportunidades de acceder a remuneraciones más altas son más difíciles.
Por eso creo que esta es una iniciativa extraordinariamente relevante.
Además, parte de lo que este proyecto hará tiene que ver con que muchos empleos que hoy son informales pasarán a ser formales, con contrato de trabajo, en que se cumpla con las respectivas leyes de previsión social. Con ello se obtendrá también una enorme ventaja, pues va a asegurar que trabajadores que hoy se hallan recibiendo un ingreso, pero en la informalidad, al contar con un contrato de trabajo, podrán acceder a todas las prestaciones en materia de seguridad social.
Esa es una cuestión que también se logra mediante esta iniciativa, y a mi juicio constituye uno de los beneficios que debemos considerar de manera muy muy positiva.
Señor Presidente, para quienes representamos en esta Sala a la Región de La Araucanía, resulta del caso puntualizar que aproximadamente 46 mil trabajadores tendrán acceso a este subsidio. Y la distribución territorial favorece mucho más a regiones distintas a la Metropolitana, por lo que también es una forma de entregar un beneficio social en que gran parte de quienes lo percibirán se halla en las diversas regiones de nuestro país.
También hay que señalar que la gran mayoría de las personas que se beneficiarán son mujeres, y que, como ya lo hemos señalado, un número muy importante, ¡muy importante!, pertenece al 80 por ciento de hogares más vulnerables de nuestro país.
Señora Presidenta, por las consideraciones que he señalado, porque esto significa aumentar el ingreso líquido de nuestros trabajadores por una parte, pero fundamentalmente porque significa, de manera muy importante, formalizar empleos, los Senadores de Renovación Nacional votamos favorablemente.
Muchas gracias.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Montes.

El señor MONTES.- Señora Presidenta, para los socialistas las remuneraciones de los trabajadores y el salario mínimo legal son temas fundamentales de la calidad de la sociedad y de la democracia, y son desafíos centrales en la actual situación del país. Explican aspectos medulares de la crisis social que vivimos y son parte sustantiva de la salida de fondo de ella.
En Chile, a nuestro juicio, las remuneraciones son bajas y los sistemas de distribución de utilidades no funcionan bien. El salario mínimo legal está por debajo de lo que la sociedad debe considerar ético y digno, así como de lo que requiere una familia para cubrir sus necesidades. Las remuneraciones y el salario mínimo legal muestran la desigualdad, el maltrato y la falta de respeto en la sociedad chilena.
Nuestro país creció de 5 mil dólares a 25 mil dólares per cápita, pero esto no lo ven muchos trabajadores. Es una causa central de la bronca, de la rabia y del descontento que hoy existe en la sociedad. Asimismo, el alto endeudamiento se explica por lo bajo de las remuneraciones, más que por un consumismo exacerbado.
Queremos dejar muy en claro que los socialistas estamos por mayores remuneraciones en general y por un salario mínimo legal de por lo menos 500 mil pesos, como dijeron los grandes empresarios.
Sabemos que para lograr este aumento de salario mínimo se requiere un cambio cultural, en primer lugar, de los empresarios; en segundo lugar, de los propios parlamentarios, y replantearse lo que son la dignidad, la justicia y la humanidad. Esperamos que todos los parlamentarios lo asuman así en su propia realidad. Y se requiere también el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores y, en particular, de la negociación colectiva por rama.
La lucha por mayores remuneraciones y por un salario mínimo de 500 mil pesos debe estar en el centro de las luchas sociales y políticas para provocar cambios estructurales. En muchas actividades se puede y se debe pagar más.
El proyecto en discusión está lejos de representar un paso significativo en la dirección a que aspiran los trabajadores y los socialistas. El Gobierno no logra oír lo que pasa en Chile. Es una política social para paliar los limitados sueldos y no corrige las bases del problema. Es un subsidio bastante moderado desde el punto de vista de los trabajadores: el máximo son 50.200 pesos para quienes están en el salario mínimo y va bajando hasta llegar hasta 2 mil pesos.
Aunque sabemos que 240 millones de dólares no es poco desde el punto de vista del gasto público, queremos decir que solo el gasto tributario en la construcción significa más de mil millones de dólares, y queremos recordar también que en la reciente reforma tributaria se le acaban de entregar 180 millones de dólares a la empresa mediana.
Hemos resuelto votar este proyecto a favor, por limitado que sea el subsidio y defectuoso que sea el proyecto, porque es un aporte a los trabajadores que menos ganan. Pero pedimos al Gobierno y en particular al Presidente que no distorsione, que no magnifique lo que significa, que no lo presente como algo que no es, porque eso irrita mucho.
Y tenemos que dejar en claro que este proyecto no resuelve y no pretende resolver el problema estructural de fondo de los bajos salarios.
¿Por qué no nos parece correcto como está formulado este instrumento? Asumimos que es valorable la búsqueda de mecanismos para elevar los ingresos de los trabajadores que menos ganan y estimular la formalización de los puestos de trabajo. Sin embargo, no cualquier instrumento es un aporte significativo.
Ya la Central Unitaria de Trabajadores dijo que estaba por el salario mínimo.
La Organización Internacional del Trabajo formuló críticas muy sólidas, partiendo por afirmar que el proyecto era confuso en sus objetivos. Señala que si la finalidad fuera un subsidio de protección social esto no se cumple bien, en los hechos no responde a todos los hogares de bajos ingresos, solo a los trabajadores formales y no a los trabajadores informales, ni tampoco a los por cuenta propia o a los de ingresos familiares.
Tampoco cumple con avanzar significativamente en la redistribución, porque se paga con gasto público. La OIT sostiene que el subsidio único familiar y la asignación familiar pueden ser instrumentos más efectivos para la protección social si se amplía la cobertura y eleva el monto.
Asimismo, dicho organismo destaca que si el objetivo no fuera la protección social, sino el empleo, esto tampoco se cumple y se superpone, se debilita y desdibuja otro subsidio.
Si el objetivo articulador del proyecto fuera favorecer el salario mínimo, la OIT dice que no aporta mucho.
Es cierto que este subsidio es un complemento de ingresos muy moderado para algunos trabajadores y que reconoce lo bajo e insuficiente del salario mínimo. Pero, se preguntan por qué el Estado va a subsidiar de manera permanente los sueldos privados. Además, existe el fuerte riesgo de que se transforme en un colchón que desincentive los incrementos del salario mínimo.
Otro efecto negativo de este subsidio es que no tendrá impacto sobre el salario líquido de los trabajadores, por ejemplo, en las horas extras. Y, según afirma la OIT, su diseño tampoco ayuda a financiar la seguridad social.
En definitiva, no es un buen proyecto.
Conocimos la evaluación de otros especialistas muy calificados, como Heidi Berner y Luis Díaz, quienes coinciden con los cuestionamientos de la OIT. Son categóricos en señalar que este tipo de subsidios en las políticas de protección social debe ser por hogares, no por individuo; y sostienen que el nivel de subsidio es muy bajo, pues no considera la línea de pobreza establecida para hogares en varios programas públicos.
Enfatizan que se deben considerar ingresos anuales y no mensuales, porque hay fluctuación en los ingresos y también trabajo temporal, y cuestionan que el diseño no incentive a los empleadores a mejorar los sueldos y a las empresas de mayor tamaño a aportar al subsidio.
Tampoco encuentran adecuado el proyecto.
En conclusión, el instrumento llamado "ingreso mínimo garantizado" y cambiado a un subsidio tiene fuertes problemas de diseño, que no se pudieron abordar por el aceleramiento y la precipitación del Gobierno, que quería sacarlo a fines de enero con apenas una sesión de la Comisión de Hacienda.
Es cierto que la Oposición, a pesar del escaso tiempo, presentó indicaciones para superar algunos problemas. Por ejemplo, poner como fecha de término al subsidio el año 2023 y luego evaluar su pertinencia; en segundo lugar, transparentar las empresas y el número de trabajadores que recibirán este subsidio, y tercero, avanzar hacia el pago automático.
Sin embargo, queremos dejar muy en claro que al menos hay que considerar dos preguntas y ver cómo responderlas.
¿Por qué no se aumentan los salarios mínimos legales de manera potente, se evalúan las empresas que no pueden pagarlos y se las apoya diferenciadamente con los 240 millones de dólares disponibles en este proyecto? Es otra alternativa.
Y el otro tema, que es bastante obvio: ¿por qué no se estudia a fondo la situación de los 670 mil trabajadores que ganan el sueldo mínimo y se diseñan políticas adecuadas tanto para elevar la productividad de algunas empresas como para la capacitación laboral, especialmente del 74,5 por ciento de los trabajadores que ganan el salario mínimo y tienen menos de 45 años?
También se debe explicar -cosa que no está hecha- por qué hay 200 mil trabajadores de empresas de mayor tamaño que están ganando el salario mínimo. Se requieren transparencia, incentivos y nuevas exigencias.
Finalmente, nos parece claro que el instrumento tiene defectos mayores y se requiere repensarlo y replantearlo. Aquí hay críticas serias y propuestas sólidas.
Reiteramos que para los socialistas las remuneraciones deben y pueden elevarse en la mayor parte de las actividades.
Reiteramos que los socialistas seguiremos luchando para que ahora el salario mínimo suba a 500 mil pesos, apoyando a las empresas que fundadamente no puedan pagarlo.
Votaremos a favor de este pequeño paso porque sabemos lo difícil que es la vida de muchos trabajadores y familias que ganan el salario mínimo.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, la verdad es que yo valoro siempre que las cosas se planteen con transparencia, aunque a uno puedan gustarle o no. Pero también debe ser con un mayor sentido de justicia.
Oí atentamente al Senador que me antecedió en el uso de la palabra, y pareciera que este es un proyecto triste. Da la impresión de que es más bien dramático, pues la cantidad de problemas descritos ocuparon el 95 por ciento de la intervención, en vez de señalar algo que es muy importante: este es un salto histórico respecto a las remuneraciones en aras de generar la forma de enfrentar un salario ético de mucha mayor dignidad. ¡Eso es lo relevante!
Alguien podrá decir: "Mira, siempre se puede hacer más o mejor". ¡Siempre se puede hacer más o mejor! Pero por algo no se ha hecho antes algo más o mejor.
Yo creo que esto hay que valorarlo en su exacta dimensión. Y, de verdad, quiero usar la lógica más bien optimista, porque me parece que es lo que corresponde.
Aquí estamos hablando de un proyecto que marca, afortunadamente, una lógica de generar políticas públicas muy diferente y, contrariamente a lo que decía el señor Senador que me antecedió, sin irritar a nadie. Porque cuando se usa esa expresión da la impresión de que uno quisiera irritar. Aquí nadie está irritando a nadie. Se está tratando de comprender un llamado social, de escuchar de mejor manera y entender a la sociedad.
Y las preguntas han cambiado en Chile.
La pregunta sobre la forma de enfrentar la pobreza, que fue leitmotiv durante tres décadas -mañana se celebran-, y que generó una política exitosa en esa materia, hoy día ha cambiado hacia la pregunta sobre la forma de avanzar en superar la desigualdad, lo cual podrá tener -¡ojo!- muchos méritos, pero no es excluyente. A veces temo que se tienda a transformar en excluyente y que Chile pierda el foco en la lucha contra la pobreza en aras de alcanzar dosis diferentes de igualdad, cuestión que es una discusión política perfectamente legítima. Pero aquí se está dando un paso muy distinto de todos los que se han dado antes en diversos gobiernos y, probablemente, se halla motivado por el momento político. No estamos hablando de algo que no es lo que corresponde, pero obviamente marca un antes y un después.
Son 690 mil trabajadores los beneficiados. No hay muchas políticas públicas que generen un incremento tan relevante para 690 mil trabajadores, con un costo, a partir del 2021, de 216 mil millones de pesos. O sea, no estamos hablando de una bagatela, de una coma. No, estamos hablando de algo que va a la vena del mundo laboral, que va a la vena del mundo regional.
Yo pedí las cifras de la región que represento y en el Maule hay 53.345 personas a las que, a partir de la eventual aprobación de esta iniciativa de ley -me alegro que se haya anticipado, sin perjuicio de la argumentación, la votación a favor-, les va a cambiar en algo la vida. Puede que alguien me diga "Mire, no es algo de tal envergadura como para tirar fuegos artificiales". Probablemente no, pero hay personas que podrán sentir en su bolsillo que van a incrementar su sueldo, su salario en un 25, un 20 o un 15 por ciento -depende del caso-, lo cual es muy significativo.
Por eso, yo llamo a valorar, a buscar lógicas para entenderse y no para enfrentarse. Esto siempre se podrá discutir.
Yo estuve en la Comisión de Hacienda y algunas de las críticas que se hacían iban en el sentido contrario. Se decía que no tenía que existir este tipo de incentivos o que debían ser más breves en el tiempo. ¡Si aquí da para todo! La lógica es amplia. Pero hay un esfuerzo que yo quiero valorar, subrayar y felicitar. Y me alegro de que el Gobierno haya dado este paso que en algo les va a cambiar la vida a cientos de miles de chilenos y decenas de miles de maulinos.
Creo que es una forma de entender la ética de otra manera. Y este es un paso. ¡Si no pretende agotar la discusión!
Vamos a debatir pronto el tema previsional y ya se fijó un cambio en el actual nivel de pensiones que reciben los chilenos. Esperamos hacer algo equivalente y con rapidez.
También quiero decir que estos no son temas que estén llamados a ocupar la reflexión pública durante los próximos seis meses. Yo creo que es la hora de las decisiones. A mi juicio, ya hemos tenido un debate amplio en materia de pensiones, en materia de ingreso mínimo en términos de estar resolviendo los problemas con la mayor velocidad posible.
Y creo que la velocidad de respuesta tiene que ver con el nivel de preguntas. Porque estas no son reflexiones que simplemente uno va dejando en el tiempo para ver cómo las va cambiando; estas son exigencias. Y podemos discutir por qué brotan o por qué estallan y qué es lo que puede haber detrás, pero hay que asumirlas. Y lo que el Gobierno está haciendo es asumirlas y por una vía que, adicionalmente, ayuda enormemente a la formalización. Este es un escenario que genera un incentivo muy potente a aquel trabajador que, por distintos cálculos -y por empleadores inescrupulosos, que también existen-, prefiere el tema directo para generar eventuales ahorros, por un lado, o recibir mayores recursos, por otro, lo que finalmente va desformalizando y afectando el futuro de las pensiones. Y este incentivo, al obligar a formalizar, está obligando también a cotizar en imposiciones o en salud.
Entonces, creo que esta medida tiene ese mérito o esa lógica virtuosa que yo, por lo menos, valoro y con la cual me siento especialmente contento de generar este espacio.
Quiero agregar dos temas de reflexión.
Primero, esto se aplica a la lógica de los nueve deciles. Yo creo que ahí también se han ido aumentando los límites. Claro, quizá tiene una lógica de no focalizar tanto en el concepto de pobreza, pero sí en el de igualdad. Y ese es un escenario que hay que abordar en las políticas públicas. Lo vimos -y yo lo valoro- a propósito de la norma que se logró en el cambio tributario respecto de la rebaja del adulto mayor, al establecer, por ejemplo, que fuera para todos los adultos mayores y generar políticas públicas que no fueran tan segmentadas. Esto es bien interesante, porque ayuda o tiene por foco hasta el noveno decil; o sea, queda un sector muy amplio.
Y quiero agregar un último aspecto que para mí es bien importante: la automaticidad de esta norma. Porque durante el primer año hay que postular, al igual que en todas las políticas públicas y que en todo lo que hemos hecho en este Congreso, cuestión que a mí me deprime, me genera, obviamente, una sensación de que falta algo, porque pueden quedar en el camino muchas personas que, teniendo derecho, no postulan.
Pero, ¿qué es lo que yo quiero marcar? Que esto es el primer año, porque a partir del segundo año el beneficio pasa a ser automático, ya que hay que informar. Y creo que tenemos que acostumbrarnos cada vez más a que esa futura base de datos, los avances en esta materia se hagan lo más automáticamente posible. Tengo la convicción -quizá la compartimos muchos- de que cada vez que se plantea un subsidio de esta naturaleza hay una gran caja negra del número de eventuales beneficiarios respecto de las personas que efectivamente lo perciben, en todo orden de cosas, en todo ámbito de temas.
Bueno, aquí hay algo muy importante: se da un paso más y a partir del segundo año se genera la automaticidad. Y eso, en política pública, particularmente en aquella que va a enfrentar el tema de la desigualdad, es especialmente relevante.
Por eso, señor Presidente, yo valoro con entusiasmo esta iniciativa. A estas alturas, con lo que hemos vivido, no hay mucho espacio para tanto entusiasmo, porque son hartos los problemas que se van acumulando. Pero yo creo que esto va en un sentido correcto, en un sentido de entendimiento, en un sentido de unidad, en un sentido de estar acorde a los tiempos. Y eso tenemos que valorarlo, esperando que abra paso a otras medidas en la misma dirección, pero de otra naturaleza, en que también, llegada la hora de tomar decisiones, estemos todos en el mismo camino.
Votamos a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, mucho se debate y se seguirá debatiendo sobre las causas de la crisis política y social que atraviesa nuestro país. Pero la gran mayoría de los diagnósticos relevan a la desigualdad como uno de los factores clave que explican la actual situación.
La desigualdad da cuenta no solo de una gran mayoría de personas que reciben bajos salarios, sino que también revela una concentración demasiado alta de la riqueza en unas pocas manos.
Este claro que es un proyecto triste.
Los proyectos principales de la agenda social no solo deben avanzar en dar respuesta efectiva a las demandas concretas, principalmente en salud, pensiones o remuneraciones. En la base de esta agenda debe estar la disminución de la desigualdad, de modo que quienes tienen más contribuyan de manera importante a solucionar este desequilibrio.
El proyecto, mal llamado de "ingreso mínimo garantizado", que estamos discutiendo hoy, no apunta en esa dirección.
El Gobierno sostiene que su iniciativa busca complementar los ingresos de los trabajadores que reciben más bajas remuneraciones con una especie de bono, de hasta 59 mil pesos, lo que generaría este nuevo ingreso mínimo garantizado.
Pero la propuesta adolece de varios problemas. El primero es la insuficiencia. Un aumento de hasta 59 mil pesos no alcanza a cubrir las necesidades esenciales de estos chilenos.
Lo dijo hace muchos años la Iglesia católica, cuando habló por primera vez del "sueldo ético"; lo han demandado insistentemente los trabajadores a través de sus organizaciones, y lo confirman todos los estudios que sostienen que el ingreso mínimo se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
Existe consenso en que, para cumplir con este propósito, se requiere un ingreso de alrededor de 500 mil pesos.
A pesar de las cifras de crecimiento macroeconómico que ha exhibido por décadas el país, aún hay una gran cantidad de trabajadores pobres, y eso es simplemente intolerable.
El segundo problema que acarrea la fórmula del Gobierno es que persiste en el rol subsidiario del Estado. Aquí no hay un aumento de los salarios, sino un subsidio estatal a las empresas. No es el sector privado el que hace el esfuerzo para mejorar las remuneraciones. Es el Estado -el tan vapuleado Estado- el que absorbe el costo de mejorar el ingreso. No hay, por tanto, una valoración de parte del empleador hacia la labor de sus trabajadores.
A pocos días del estallido social, grandes empresarios se pronunciaron públicamente por hacer un esfuerzo mayor recurriendo a la expresión de que había que "meterse la mano al bolsillo" para mejorar los salarios más bajos y reducir la brecha de la inequidad. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Solo hemos presenciado gestos voluntarios y aislados de algunos empresarios a título personal. Y ahora el Gobierno opta por subsidiar a la empresa privada para aumentar el ingreso mínimo, sin que exista contribución de los empleadores.
Un tercer problema lo constituyen los efectos indeseados de este subsidio. Por ejemplo, puede convertirse en un estímulo para que los privados no aumenten las remuneraciones más bajas, o que fijen los sueldos de los nuevos trabajadores en un nivel inferior, de manera que puedan recibir un mayor porcentaje del subsidio estatal. También puede significar un desincentivo para que los trabajadores hagan horas extraordinarias porque se podría perder el subsidio.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de elevar el salario mínimo, pero no es esto lo que establece este proyecto. El esfuerzo no lo hacen los empresarios. Y si lo que se busca es establecer un mecanismo de protección social, tiene mucho más sentido, por ejemplo, elevar la asignación familiar.
En este contexto, la propuesta del Gobierno podrá ser válida en cuanto al fin, pero es cuestionable respecto de la fórmula que propone.
Algo parecido sucede con la reforma tributaria, que recauda poco y cuya carga debe ser asumida por los consumidores de clase media y baja y no por los más adinerados, y con la reforma previsional en discusión, que considera una cotización de cargo del empleador, pero que se aplicará gradualmente en un plazo demasiado largo.
¿Será Chile un país más justo con estas medidas? ¿Tendremos más equilibrio en nuestra sociedad? ¿Estamos haciendo las reformas de fondo que el país necesita, o solo estamos estirando la cuerda hasta que se produzca un nuevo reventón?
El escenario actual exige soluciones más efectivas, y requiere también de medidas más osadas.
Es imprescindible la discusión sobre el salario mínimo en el marco de una negociación con los trabajadores, tal como lo disponen los convenios internacionales. Dicho salario mínimo debiera establecerse por lo menos en 450 mil pesos y ser complementado con este subsidio estatal, de manera tal que los ingresos totales alcancen los 500 mil pesos mensuales.
Y creo que debemos ir más allá, poniendo en discusión una rebaja gradual del IVA e incluso la eliminación de este impuesto a la canasta básica de productos y servicios, o su devolución para aquellos salarios menores a 500 mil pesos. Esa menor recaudación puede ser recuperada a través de una mayor tributación al lujo y al suntuario. No puede ser que mientras en varios países de la OCDE los mismos superricos estén pidiendo una mayor carga tributaria para cubrir el gasto social, en Chile persistamos en la noción impuesta por la dictadura de cuidar a los ricos, a la espera de un chorreo que, bien lo sabemos, nunca va a llegar.
Da la impresión de que el Gobierno no ha entendido el mensaje de los ciudadanos, que desde el 18 de octubre pasado están pidiendo con firmeza no solo mejores pensiones y remuneraciones, sino también mayor justicia social. Y eso no se hace sin tocar a quienes tienen más.
El Gobierno evade esta discusión. Lo hace levantando el discurso del miedo: miedo a la violencia, miedo a la cesantía o al estancamiento de la economía. Y también lo hace acusando a quienes quieren dar el debate de fondo tratándolos de obstruccionistas.
Los Ministros acusan a la Oposición de ralentizar la discusión de la agenda social, pero el Gobierno perdió los primeros cuatro meses tras la crisis enviando solo iniciativas de seguridad pública.
Chile ha cambiado, y la gente ya no se engaña con estos trucos.
Por eso, reiteramos que los socialistas apoyamos soluciones de fondo y no de parche. Respaldamos las urgencias de los ciudadanos, no las de La Moneda.
Por eso, podremos aprobar este proyecto en particular, pero seguiremos insistiendo en abordar de verdad el problema de las remuneraciones en Chile, que se resuelve con más poder negociador para los trabajadores y estableciendo mínimos que, efectivamente, permitan satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en esto hay que actuar con absoluta consecuencia, porque lo más probable, escuchando a algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, es que de la puerta para adentro de este Senado mi voto sea el único en contra, aunque de lo que se trate es de interpretar a quienes están de la puerta para afuera de este Senado, a las chilenas y chilenos que pueden estar viendo este debate y que van a entender poco cómo cuestionamos lo que el Gobierno nos trae hoy día al Senado y que tiene que ver -aun cuando se le cambie el nombre al proyecto- con el salario mínimo, con uno de los temas más relevantes que el país ha puesto como prioritario en el debate: un salario digno.
Entonces, frente a esta situación, señor Presidente, uno tiene que ser consecuente.
Yo me he permitido traer algunos ejemplos para ver si la propuesta que nos propone hoy el Gobierno alcanza o no para tener algo de dignidad, mes a mes, en las familias de nuestro país.
¿Cuánto gasta una familia en Chile?
En Chile es el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el organismo responsable de producir y difundir las estadísticas oficiales. De esta forma, existe la Encuesta de Presupuestos Familiares, la que tiene por objetivo identificar la estructura y características del gasto en consumo final de los hogares urbanos en las capitales regionales de Chile y algunas de sus zonas conurbanas, con un período de referencia de un año, constituyéndose este estudio en una pieza fundamental para la actualización del índice de precios al consumidor (IPC).
¿Qué dice, oficialmente, esta encuesta, que toma el propio Gobierno?
En la página 7 figura el gasto promedio mensual de los hogares de las capitales regionales de Chile. Y, claro, también tiene mucho que ver con la escolaridad de cada familia, con las personas que la integran. Pues bien, sumando y restando, el promedio de gasto es de 1.121.925 pesos.
Yo esto lo dejo a un lado porque lo voy a aterrizar a la realidad.
El gasto promedio que por lo menos yo logré obtener en Magallanes -región que represento- de una familia que vamos a fijar en dos adultos y dos niños, es el siguiente: en arriendo o crédito hipotecario, lo mínimo que se paga mes a mes son 200 mil pesos; en gastos básicos (luz, agua y gas), entre 90 y 100 mil pesos, como mínimo; en transporte, en sistema público, 30 mil pesos mensuales; en alimentos -mire usted cómo hago acá la descomposición-, un gasto diario de 1.500 pesos por cada integrante -¡1.500 pesos por cada integrante!; para el desayuno, el almuerzo y probablemente una once-cena, da un total de 200 mil pesos, como mínimo de mínimos para una familia de cuatro personas; en salud, principalmente en remedios, pongámosle un gasto no menor a 40 mil pesos; en educación -y estoy hablando de una familia que tiene a sus hijos en educación pública gratuita-, solo por insumos o materiales que se solicitan para tareas escolares, lo vamos a dejar en 20 mil pesos por estudiante; para comunicaciones (telefonía, celular, planes de internet, tv-cable), un mínimo de 20 mil pesos.
Estamos hablando de que los gastos mínimos, de lo mínimo, son superiores, señor Presidente, a los 600 mil pesos. Y estoy considerando que cada integrante de esta familia, de cuatro personas, gasta en alimentos 1.500 pesos diarios.
Con relación a la encuesta que hace el INE, hemos eliminado otros ítems de gastos que realizaría una familia y que, por cierto, forman parte del estudio que efectúa dicho organismo.
Con el salario mínimo, una familia de dos adultos y dos niños queda imposibilitada, por ejemplo, de acceder a entretención, cultura, recreación, viajes, pago de créditos por vestuario o calzado o por consumo en general. Y ni siquiera estoy incorporando acá gastos por adquisición de muebles.
Si de verdad, señor Presidente, queremos mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas, debemos ser absolutamente consecuentes y colocar hoy día, como prioridad número uno, lo que nos reclama el país entero: un sueldo, un salario digno.
Además, hay situaciones que este proyecto también tiene como letra chica. Por ejemplo, este bono -porque estamos hablando de un bono-, de 59 mil pesos, no es imponible. ¡No es imponible! Tenemos acá a la Ministra, tenemos a los Ministros, tenemos a los Subsecretarios. ¿Cuál es el daño directo que le estamos haciendo a cada trabajadora, a cada trabajador? Algunos han señalado aquí que este es un gran, extraordinario proyecto, que va a permitir revertir, en parte, la situación de pobreza, de no dignidad de las familias chilenas. Y les estamos diciendo que les vamos a dar un bono, de 59 mil pesos, que no es imponible. O sea, lo que se le está diciendo a esas personas es que, al momento de jubilar, habiendo trabajado más de treinta años recibiendo el salario mínimo, obtendrán una pensión de alrededor de 125.145 pesos mensuales.
Yo también tengo algunas preguntas para el Ministro de Desarrollo Social.
¿Qué pasa en el caso de Magallanes, donde existe el incentivo a la contratación de mano de obra del ex 889, dirigido a las regiones extremas? ¿Esto se le va a quitar al empleador? ¿Es posible que eso se le entregue al trabajador?
¿Qué pasa con las familias que hoy día están recibiendo algún beneficio en materia de insumos, en materia de aportes que el Estado les hace? ¿Se pierden esos beneficios?
Yo, señor Presidente, para poner la atención que requiere este tema, voy a votar en contra. Si acá hacemos un discurso donde hablamos que esta iniciativa es extraordinariamente negativa, mala, ¿para qué la vamos a votar a favor?
Uno hubiese esperado que simplemente se rechazara, para que el Gobierno entendiera que debe traer a este Senado un proyecto que efectivamente plantee un salario digno, pues aquí he demostrado que las familias de la Región de Magallanes requieren, como mínimo de lo mínimo, 600 mil pesos mensuales.
Aquí se ha hablado de salarios mínimos de 500 mil pesos. Efectivamente, es con lo que debimos haber partido para tomar en serio la reclamación que día a día nos hacen las chilenas y los chilenos. En cada movimiento, en cada movilización, en cada acto, este es uno de los temas centrales.
¿Lo estamos resolviendo hoy? No, señor Presidente, no lo estamos resolviendo. Y por la dignidad de la trabajadora chilena, por la dignidad del trabajador chileno, voy a votar en contra.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto lo discutimos por el estallido social, en un país con una crisis de distribución de riqueza brutal. El 1 por ciento más rico de Chile concentra más del 22,6 por ciento de los ingresos y riqueza del país, según la Cepal. Si a eso se agrega el patrimonio, el 1 por ciento más rico de Chile acumula más del 30 por ciento de la riqueza del territorio.
Vivimos en un país donde el sueldo mínimo -es decir, lo que uno se lleva para su casa- llega a 240 mil o 245 mil pesos. Otro dato es que el ingreso mediano alcanzó los 400 mil pesos mensuales. O sea, siete de cada diez trabajadores chilenos no cuenta con más de 550 mil pesos líquidos en su hogar. Estamos hablando de una realidad donde -digamos las cosas como son- hay mucha gente que está fuera de su hogar doce horas al día, vuelve a su casa, trabaja, le pagan, y es pobre.
Nosotros pasamos de un nivel de ingresos de 5 mil dólares per cápita a 25 mil dólares per cápita. Si uno quiere hacer las matemáticas con este dólar un poco alto, solo para exagerar las cosas, significa que cada persona debería recibir, al año, una cantidad de dinero que le permitiría, por mes, tener un ingreso de más de 1 millón 700 mil pesos. La pregunta obvia, que se hace la gran mayoría de los chilenos, es: ¿dónde está mi parte?
Y de esto somos responsables todos. ¡Todos! ¿Hay en esto responsabilidad del Estado subsidiario? Por cierto, porque se ha planteado en nuestro ordenamiento constitucional, en nuestro ordenamiento económico, que esto lo resuelven y se resuelve entre los privados. Los hechos han demostrado que eso no es así. Entre los privados, tenemos un segmento de chilenas y chilenos que no quiere pagar mejores sueldos.
Me dirán: "Bueno, usted quiere subir los sueldos y destruir el empleo y que haya más cesantía". Miren, yo abrazo lo que declara la Organización Internacional del Trabajo, la OIT: que los países deben tener trabajos decentes. En países con nuestro per cápita, como Portugal, el sueldo mínimo es equivalente a más de 665 mil pesos. Yo no digo que lleguemos a eso de inmediato. No. Pero la verdad es que el ritmo al cual avanzamos es insuficiente.
El Gobierno del Presidente Piñera nos quiso traer -y digamos también aquí las cosas como son- un engaño, hablando de ingreso mínimo garantizado. No vino a hablar abiertamente de lo que es este proyecto: un subsidio, un bono. Esto no tiene que ver con el ingreso mínimo, con el sueldo mínimo; tiene que ver con una transferencia para personas que ganan menos de 380 mil pesos brutos, por un monto máximo de 59 mil pesos. A las personas que ganan alrededor de 380 mil pesos les van a tocar unas 2 lucas. No nos engañemos.
A una mujer jefa de hogar que gana 245 mil pesos líquidos, ¿le sirven 50 mil pesos más? Por cierto. Pero el problema, señor Presidente, es que aquí se nos ha dicho que esto tiene que ver con el ingreso mínimo. Y la razón de la crisis social que estamos viviendo tiene que ver también con ingresos; aunque no solo en este aspecto, pero se relaciona con él igualmente.
Sin embargo, aquí tenemos un problema. Y yo no me voy a dedicar mucho a hablar de los problemas de diseño de este instrumento, que los tiene y los presenta como un tema laboral, cuando en verdad acá se trata de una política social. Ahora, si fuera realmente una política social, esto se debería haber hecho en función de la asignación familiar.
Señor Presidente, si yo le pidiera al señor Ministro, que está presente en la Sala, que nos señalara cuál es la base de datos real que utiliza para determinar quiénes son los beneficiados en Chile, él diría que no la tiene, porque en nuestro país no contamos con estos datos. ¿Quién va a dar los datos? La Súper de AFP o la Súper de Previsión Social, a partir de la gente que gana ciertos ingresos que se declaran.
Este es un beneficio que está desfocalizado, ¡está desfocalizado! Porque puede haber cuatro personas en un hogar que ganan menos de 350.000 pesos y los cuatro tienen derecho a este subsidio. Pero si hay una familia de seis integrantes y donde trabaja únicamente una persona, solo uno de ellos recibirá el beneficio.
Ahora, aquí se permite -y es la única vez- que el Registro Social de Hogares no tenga ninguna importancia. Pero en otros temas, si alguien está sobre el 40 por ciento, es castigado. Y en este proyecto uno puede estar hasta en el noveno decil.
En definitiva, es un proyecto que tiene graves problemas de diseño. Para qué hablar de lo que pasa con las horas extras y de cómo se calcula el ingreso bruto.
Pero lo cierto es que en esto, señor Presidente, hay a mi juicio un problema de fondo. Más allá de que uno aplauda la transferencia de ingresos a quienes los necesitan -y claro que se aplaude- el punto aquí es que se genera una expectativa que no apunta al problema sustancial.
¡Señor Presidente, si Chile no establece un nuevo pacto laboral, este país va a profundizar su crisis! ¡El capital neoliberal salvaje de nuestro país nos está llevando a un punto de crisis sin retorno si no abordamos el tema de remuneraciones!
Escuché la intervención del Senador Coloma. Él cree que esto hay que hacerlo, que es preciso aprobar rápido este proyecto y el de pensiones, con un puro "ofertón" que no resuelve los problemas de fondo.
Necesitamos discutir lo relativo al aumento del sueldo mínimo, señor Presidente. Se requiere que sea a lo menos de quinientos mil pesos, de cuatrocientos mil pesos líquidos, en el corto plazo. Sí, por cierto, gradual, pero en el corto plazo. Sin embargo, van a decir que generaremos problemas de empleo, que se van a perder algunas ocupaciones. Sí, es probable que sea así, ¡es probable! Pero para eso el Estado debe usar los recursos a fin de subsidiar ese tipo de situaciones, relacionadas con los pequeños empresarios que necesitan apoyo para crear empleo, para sostenerlo.
Son doscientos cuarenta millones de dólares los que entregamos en subsidios en cada Ley de Presupuestos. Para los sectores con más ingresos, la cifra supera los miles de millones.
Por lo tanto, es tiempo de que sinceremos la discusión. El Estado no puede seguir siendo un ente subsidiario, que determine que esto se resuelve entre privados.
Yo me hago cargo, señor Presidente, de que en mis Gobiernos primó una visión economicista distorsionada. Y si tengo que hacerles una crítica a ellos es que pensamos demasiado en los equilibrios macroeconómicos del neoliberalismo, sin entender que había ciertos puntos que tenían que ver con el Estado subsidiario que era necesario romper. Y creo que en eso estamos en deuda.
El obispo Goic habló en su momento de un "sueldo mínimo ético". Todavía estamos lejos de aquello.
Señor Presidente, necesitamos ver cómo aumentamos un sueldo mínimo ético y digno, y a la vez hablar de cómo establecer un sueldo máximo ético en esta sociedad. ¡Las diferencias no dan para más!
Este proyecto tiene dificultades. ¿Es una ayuda para algunas familias? Sí lo es. Sin embargo, no está focalizado, por lo que vamos a cometer tremendos errores. El Gobierno no puede justificar esta desfocalización, pero sí puede actuar conforme a un compromiso de un nuevo pacto laboral.
Necesitamos, señor Presidente, que los empresarios se metan la mano al bolsillo. Y quiero dar un solo ejemplo: Walmart, una de las grandes empresas del planeta y que pertenece al sector del retail. Ahí más del 30 por ciento de las personas está con ingresos por debajo de los trescientos ochenta mil pesos. Por eso es que Bernie Sanders, en la contienda electoral que viven en Estados Unidos, ha criticado a su dueño y a toda su familia por los tremendos abusos que están cometiendo en el resto del mundo.
Y Chile es uno de los países que recibe a estas grandes multinacionales, que pagan sueldos miserables, y no es porque no tengan, sino porque no quieren.
¡Eso es lo que tenemos que revertir, señor Presidente!
En definitiva, nosotros no vamos a rechazar este proyecto porque les sirve a las familias de trabajo; pero no es suficiente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, escuché a varios de los Senadores que me antecedieron y uno de ellos se preguntaba: "Bueno, Chile, después de este proyecto, ¿va a ser un país algo mejor de lo que es hoy día o no? Y creo que es perfectamente válido hacer esa pregunta y de alguna manera ello debe iluminar el proyecto de ley que estamos discutiendo.
Siempre que se habla de "salarios mínimos", de "salarios éticos", naturalmente que todos consideramos que debiera hacerse un esfuerzo mayor para que el sueldo mínimo fuera ojalá -como decían de la bancada del Partido Socialista- de quinientos mil pesos; el Senador Bianchi habló más bien de seiscientos mil pesos, en fin. Sobre esto puede haber una multiplicidad de opiniones. Pero la verdad de las cosas es que el salario mínimo no se fija tanto por decreto, sino que es algo que en buena medida se va ganando. Por cierto, se hace un esfuerzo legal, no obstante los países, las personas se lo tienen que ir ganando. Y ojalá se supere con creces el ingreso mínimo que se otorga.
Ahora bien, me parece que en esto hay que aclarar cifras.
Uno de los grandes problemas del mercado laboral chileno es el de la informalidad. El INE nos decía que hay cerca de 2,5 millones de chilenos que trabajan en la informalidad. Y resulta que si uno ve todos los indicadores de salarios, observa que una buena parte de los bajos salarios promedio en Chile, la "mediana" como se le llama, se da justamente por el trabajo informal, el que se realiza por cuenta propia.
Ese es el salario que tiene un promedio o una media de trescientos veintiocho mil pesos y una mediana de doscientos trece mil. Porque el asalariado público, por ejemplo, ya está en una mediana de seiscientos cincuenta mil pesos y una media de ochocientos veinticuatro mil.
Ahora, si nos vamos al tamaño de empresa, ahí también nos encontramos con una disparidad bastante grande: la empresa grande, en general, si nos remitimos a los datos de la Súper de Pensiones o a la Asociación Chilena de Seguridad, está por sobre los ochocientos mil pesos.
Entonces, el problema de los salarios bajos se da fundamentalmente en la empresa pequeña y en el asalariado por cuenta propia.
Es por eso que yo creo que este proyecto es bueno, es importante y da un paso para construir un país efectivamente mejor.
Algunos hablaban de "problemas de focalización". Quizás por algún lado se escapa algo de focalización. Pero, en términos generales, este tipo de proyectos cumplen con dos funciones que a mí me parecen claves: logran focalizar el esfuerzo en las rentas más bajas, ¡en las rentas más bajas!, independiente de dónde trabaje la persona; es decir, ayudan a quienes perciben los ingresos más bajos en el país. Porque cuando una persona gana el sueldo mínimo, que le llegue del orden de cincuenta y siete mil pesos mensuales, ¡por Dios que es importante!
Pienso que ese esfuerzo nunca hay que minimizarlo. Es un esfuerzo grande que hace el Estado y está bien orientado, y no tiene que ver con la discusión del salario mínimo en el país. Esta es otra discusión que conlleva otro tipo de elementos.
Acá lo que se está buscando es que cada trabajador que cuente con un contrato de trabajo esté al menos sobre la línea de la pobreza, que hoy día en Chile está situada en los trescientos doce mil pesos.
Por lo tanto, señor Presidente, tal como decía hace unos momentos, yo valoro esta iniciativa, uno, por la focalización; y dos, porque probablemente va a generar un incentivo a la formalización.
Hoy día la razón de los bajos salarios tiene directa relación con la capacitación o la educación de buena parte de nuestra mano de obra; con una productividad sumamente negativa en el trabajador chileno y también con algunos estímulos a la informalidad en nuestro país, los que se encuentran asociados con la renta presunta en vastos sectores de nuestra economía.
Por lo tanto, esta propuesta legislativa va a ser un estímulo para ir avanzando hacia la formalidad, porque habrá claramente una ganancia que el trabajador querrá obtener. Para ello, la coordinación que deberá tener el Ministerio de Desarrollo Social y Familia -esto no depende del Ministerio del Trabajo- va a ser fundamental.
Así es que en este proyecto, en que se estiman setecientos mil beneficiados, yo miraría claramente lo que se está logrando: aquí estamos haciendo transferencias fiscales directas.
Buena parte de la crítica que hace la OCDE a Chile respecto de la política social se relaciona con que los recursos, que deben llegar a los más vulnerables, se quedan entrampados en todo el aparato burocrático que tiene que distribuirlos.
Un colega habló del "brutal sistema neoliberal chileno"; creo que fue el Senador Letelier, por su intermedio, señor Presidente. Quiero recordarle que, antes de impuestos, Chile y Alemania poseen el mismo índice de Gini, -¡el mismo Gini!-, y la gran diferencia se produce en cómo realiza Alemania la transferencia monetaria a los sectores vulnerables y cómo lo hace nuestro país. Y esto no es una crítica, sino que debemos abrir bien los ojos y ver cómo tenemos que mejorar.
Esta iniciativa en particular apunta en el sentido correcto.
Ojalá que su implementación nos permita ir midiendo mucho mejor el costo de las transferencias que actualmente realizamos en los programas sociales; que vayamos corrigiendo, eliminando lo que se debe eliminar y dirigiendo los recursos que recibe el Fisco chileno, que son muy grandes, para que efectivamente lleguen sin intermediaciones caras a quienes deban ir.
Señor Presidente, termino estas palabras reiterando lo que dije al comienzo: ¿Chile va a ser un país mejor después de este proyecto de ley? Indudablemente, me parece que sí lo será; y, más aún, nos va a permitir hacer reevaluaciones -recordemos que esta propuesta legislativa se va a reevaluar el año 2023- que, junto con otros proyectos y programas sociales, nos darán otro impulso para focalizar bien nuestro gasto social.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como se ha dicho, este proyecto se encuentra dentro del marco de la agenda social posterior al 18 de octubre, y se anunció como "ingreso mínimo garantizado".
Durante el debate en la Cámara de Diputados y en el Senado se estableció mayoritariamente como una propuesta legislativa mal evaluada, y esa es la razón por la cual ha sido modificada en diversos aspectos, en ambas ramas del Parlamento, de acuerdo a lo que varios colegas han argumentado: no aborda de manera integral la desigualdad salarial en el país.
A la iniciativa se le cambió el nombre, se estableció lo que es realmente: un subsidio fiscal para las trabajadoras y los trabajadores de menores remuneraciones. Esto es un subsidio. ¿Para quiénes? Para las trabajadoras y los trabajadores de menores remuneraciones con contrato.
Me parece que es una mala idea el enfoque inicial del Gobierno, que intentó reemplazar la práctica laboral de la negociación con la Central Unitaria de Trabajadores para fijar el ingreso mínimo o el salario mínimo.
El 2018 se aprobó la ley N° 21.112, que establece que este mes el salario mínimo se reajustará según la fórmula pactada en el Senado con el Ministro de la Hacienda de la época, se aplicará el IPC de los últimos doce meses y un incremento real de 2,5 que elevará el salario mínimo a trescientos diecinueve pesos a partir de marzo.
Tanto la CUT como la OIT y otros expertos cuestionaron el enfoque del proyecto del Ejecutivo, ya que el bono salarial genera incentivos que pueden ser perversos -¿a quiénes?- a los empresarios para no hacer esfuerzos en mejorar la productividad y los salarios de manera permanente para sus trabajadores.
El proyecto venía mal estructurado cuando ingresó, y se le hicieron diversas modificaciones.
Creemos que su mayor problema es que no enfrenta la necesidad de mejorar la productividad de las empresas; de aumentar la capacitación; de impulsar una mayor diversificación productiva, vía la innovación y el mayor uso de tecnologías; y de generar un pacto social entre empleadores y sindicatos, organizaciones de trabajadores, que apunte a dignificar el rol de los trabajadores, de modo que puedan incrementar sus salarios de manera permanente.
Se sigue optando por el camino del bono a los trabajadores de menores rentas, sin incrementarles su capital cultural.
Nosotros acogimos la sugerencia de la OIT de convertir este subsidio en un beneficio temporal que debe ser evaluado por expertos externos que recomienden o hagan sugerencias para evitar lo que pueden ser incentivos perversos que beneficien a las grandes empresas.
Esa es la razón por la cual el subsidio estará vigente hasta diciembre del 2023, y entremedio se realizará una evaluación técnica. Se le pide al órgano tripartito, el Consejo Superior Laboral, que integran representantes ministeriales, de la CPC y de la CUT, que evalúe la pertinencia de mantener o mejorar este aporte que busca ayudar a mejorar, en parte, los ingresos de los trabajadores que perciben menores remuneraciones.
Nosotros estamos convencidos de que el diálogo entre trabajadores organizados y empleadores es bueno, es positivo. Por ello, se estableció esta instancia, para que vea los nuevos ajustes como la diferenciación de estos apoyos fiscales, según sea el tamaño de la empresa o por sector productivo con falencias en materia de modernización.
Presentamos indicaciones que establecen que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá publicar en su página web el nombre de las empresas con ingresos por ventas mayores a 100 mil unidades de fomento anuales, que cuenten con trabajadores que hayan sido beneficiados durante uno o más meses del año con el subsidio que la presente ley crea. La verdad es que así podemos contar con la información respecto de cuáles son las grandes empresas que pagan bajas remuneraciones.
Señor Presidente, creo que esto es importante, porque los propietarios de los grandes grupos económicos del país -y lo han planteado en términos comunicacionales- dicen: "En mi empresa ningún trabajador gana menos de quinientos mil o seiscientos mil pesos", dando a entender que ellos pagan buenos sueldos. ¡Pero la realidad es otra!
La realidad es que grandes conglomerados generan empleos con ingresos muy bajos, los que se encuentran por debajo, incluso, del salario mínimo. Esa es la razón por la cual a nosotros nos pareció que establecer un tope y una diferenciación, lo único que hacía en esta fase con un bono, que es un subsidio, era perjudicar al trabajador que, independiente del tamaño de la empresa, necesita contar con un respaldo o un apoyo para tener un ingreso mayor.
También simplificamos e hicimos más amigable la fórmula administrativa para la postulación y el pago mensual del subsidio a trabajadores. Asimismo, se incrementó el límite superior del subsidio salarial a trescientos ochenta y tres mil pesos; se estableció su reajustabilidad anual según IPC, y se cambió -como se ha dicho- el nombre al proyecto de ley.
Estas modificaciones mejoran la iniciativa. Pero, para ser bien franco, señor Presidente, como aquí se ha dicho, es una solución insuficiente; es una solución de parche para enfrentar la situación de los bajos salarios en nuestro mercado laboral.
A nosotros nos parece que los subsidios generalizados deberían ligarse también a planes de capacitación y de mejoramiento de productividad, en el caso de las empresas de menor tamaño.
Y tratándose de las grandes empresas, resulta una mala señal que se usen recursos fiscales en ellas. Pero debemos reconocer que allí hay alrededor de cien mil trabajadores que perciben bajos salarios y que no merecen ser castigados por las malas prácticas de sus empleadores.
Existe una tremenda desigualdad salarial. Como decía, miles de trabajadores que se desempeñan en grandes empresas ganan menos de 300 mil pesos líquidos. Y esa desigualdad, de alguna manera, levemente, se corrige con el proyecto.
Pero vuelvo a insistir en que esta propuesta no es una solución que se pueda establecer con carácter permanente. Para ello, se requiere, en realidad, un nuevo modelo de desarrollo, que genere empleos decentes y de calidad. Eso pasa por transitar desde una economía extractiva cobredependiente hacia otra donde haya mayor innovación, más ciencia, más tecnología, que exporte valor agregado y que disponga, sobre todo, de una fuerza laboral más calificada, con mejor capital cultural.
Este proyecto de ley no aborda esa área.
Estimado señor Presidente, en términos generales, con las condicionantes que hemos establecido, vamos a aprobar la idea de legislar y también la iniciativa en particular.
En el debate del salario mínimo uno siempre manifiesta que desearía más. No creo que haya alguien en este Senado que no anhele salarios muy superiores a lo que hoy día la realidad del país está estableciendo.
¿Se puede hacer más? Sí, mucho más. Pero también debemos tener claridad acerca de que, en momentos en que la situación de coyuntura es sumamente compleja, considerando el endeudamiento de toda la población chilena -aunque en realidad afecta mucho más a la gente más vulnerable del país-, un aporte de este tipo sin duda que significa un alivio y hace la diferencia ante la angustia de no poder llegar ni siquiera a cumplir con los compromisos mínimos a fin de mes.
Esa es la razón, señor Presidente, por la cual nosotros aprobaremos el proyecto en general, y espero que hagamos lo mismo en la discusión en particular.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que cuando uno escucha a la bancada del Partido Socialista o a otros señores Senadores y señoras Senadoras, se da cuenta de que lo único que desean es que el Presidente Piñera no pueda gobernar. ¡No lo dejan gobernar!
Y eso se verifica constantemente por las aseveraciones que se hacen aquí en orden a decir que, como todo lo que viene del Ejecutivo es malo, la Oposición es la encargada de corregirlo.
Se pronuncian encendidos discursos sobre la pobreza, sobre las necesidades de los trabajadores y sobre las grandes empresas que explotan a los trabajadores. Pero resulta que la Concertación y la Nueva Mayoría, durante los veinte o más años en que gobernaron, actuaron con nuestras propias ideas en materia económica. ¡Y lo celebraban!
Incluso dijeron en su oportunidad que uno de sus líderes, refiriéndose a don Ricardo Lagos, había sido el Presidente de los empresarios por el nivel de crecimiento y desarrollo alcanzado por el país gracias a esa política económica y social.
¡Y hoy día pretenden responsabilizar al Gobierno del Presidente Piñera, a nuestro Gobierno, de todos los males de la humanidad!
Pero quiero quedarme, señor Presidente, con algo de lo que parece que no se quieren dar cuenta: hay muchos chilenos -¡muchos chilenos!- que están agradecidos por este avance.
Aquí se está haciendo un esfuerzo gigantesco que va a aumentar nuestro abultado déficit fiscal. El Gobierno ha tenido la actitud de escuchar, de buscar soluciones frente a lo que se ha denominado "el estallido social", el cual finalmente ha demostrado que algo pasó durante estos treinta años, porque el nivel de ira, de descontento, es muy grande.
Además, destaco el hecho de que el presente proyecto está asegurando a todos los trabajadores de jornada completa un ingreso mínimo líquido superior a los que había en años anteriores.
Algunos preguntan: "¿Por qué no establecer 500 mil, 600 mil?". Ojalá dispusiéramos de los recursos necesarios para poder ayudar a todos los trabajadores que lo necesitan.
¡Pero aquí todo es malo!
Yo quiero señalarles que en mi región 38 mil personas van a recibir el aumento propuesto. Y esas 38 mil personas se encuentran agradecidas, porque, más allá de lo que hayan hecho o no los gobiernos anteriores, aunque el beneficio sea producto de este famoso estallido social, hoy día se está dando un paso hacia delante, se está avanzando.
Pero resulta imposible avanzar cuando vemos que hay una Oposición absolutamente negativa. ¿Y por qué digo "negativa"? Porque siempre demora las cosas; siempre le busca -perdonando la expresión- la quinta pata al gato; siempre busca un pero. Prefieren privilegiar las reformas a temas políticos por sobre las necesidades sociales, como la que analizamos.
Este proyecto no se quiso votar la semana pasada, porque para los Senadores de enfrente la paridad era esencial para todos los chilenos.
La iniciativa previsional: ¡zancadillas tras zancadillas! Ha habido hasta chantajes de algunos Diputados y de algunos Senadores a nuestros Ministros: "Si no hacen esto, yo actúo de esta otra manera". ¡Siempre con una presión!
Señor Presidente, creo que nos hallamos ante un proyecto importante, que está dando buenas señales. Pero no le pueden pedir al actual Gobierno que solucione lo que ustedes no hicieron.
Hoy día los vemos con una gran capacidad para modificar y ver las cosas en forma distinta. Pero ¿por qué no realizaron esos cambios durante sus gobiernos? Podrían haber hecho todo lo que ahora están reclamando. ¿Por qué lo afirmo? Porque tenían mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en este Senado.
Respecto de este tipo de proyectos, si querían mejorar y garantizar mejores remuneraciones, ¿por qué no lo hicieron antes?
Entonces, no se reconoce nada, ¡absolutamente nada!, de lo que el Gobierno realiza con esfuerzo.
Nos quedan dos años. A pesar de ser dos años difíciles, ¡no vamos a abandonar a nuestro Gobierno y vamos a trabajar intensamente por cumplir el programa de Gobierno! Porque entendemos que aquí hay prioridades más importante que las reformas políticas.
¡Ese es nuestro imperativo, y así lo vamos a hacer!
Por eso, le quiero agradecer al Gobierno. En nombre de esas 38 mil personas que van a recibir un aumento en sus remuneraciones, le expreso mi gratitud. La gente va generando credibilidad y confianza en la medida en que se vean los hechos.
Hoy día tenemos en tramitación una reforma previsional, que lamentablemente la están demorando. ¿Y por qué la demoran? Responden: "No, veámosla después". "Hay que pensarlo más". "Hay que analizarlo". "Ah, no, hay que discutirla después del plebiscito".
Hoy día entendemos que este avance significa un mejoramiento importante en materia de remuneraciones. Pero no sigamos engañando a la gente con exigir que el Gobierno, nuestro Gobierno, tenga que solucionar los problemas y las incapacidades que manifestaron durante los veinte años que gobernaron Chile.
Señor Presidente, votamos a favor, porque este beneficio va a ir directamente a la gente.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos ante el "bono de Piñera", digámoslo francamente. Se concedió el "bono de Bachelet", un beneficio a las dueñas de casa que no contaban con ingresos permanentes.
¡Gran política de redistribución del ingreso de la Presidenta Bachelet!
Y, bueno, el Presidente Piñera imita el procedimiento, y tenemos un nuevo bono, uno de 50 mil.
Aquí no se alza el ingreso mínimo, señor Presidente. De manera paradojal, los neoliberales, que están a mi derecha y que aborrecen el Estado y adoran el mercado, ahora están contentos y aplauden -lo hicieron los Senadores Coloma e Iván Moreira- que el Estado ponga plata de todos los chilenos para pagarles a los trabajadores de las grandes empresas y también de las pymes.
En definitiva, ¡reconocen que el pinche modelo no funciona! El modelo neoliberal no redistribuye la riqueza; por el contrario, la crea, la acumula, genera grandes millonarios, que son a quienes ellos defienden.
Aquí no veo la voluntad de decirle al empresariado que pague los 500 mil pesos que merecen los trabajadores chilenos.
Hay que reiterar lo que dice la OIT respecto del derecho a huelga y no perseguir a los trabajadores. Hay que respetar la negociación colectiva y no hacer listas negras. Resulta que los trabajadores laboran harto, pero cuando la empresa gana más, los trabajadores no ganan más.
Cuando se hace uso del derecho constitucional de la negociación colectiva, mecanismo establecido para resolver una relación desequilibrada entre mercado laboral o fuerza laboral y capital, se abusa. Lo hemos visto en Sodimac, en las cadenas de supermercados. Lo hizo Cruz Blanca: en la primera negociación, los sindicatos pidieron 5 por ciento y les ofrecieron 3; en la segunda reunión, en medio de la huelga legal los sindicatos se bajaron a 4 y la empresa ofreció 2; en la tercera reunión, cuando ya la huelga llevaba un mes y hay desgaste porque los trabajadores viven de su salario, los sindicatos aceptan 2, pero la empresa ofrece 1.
Y luego de la huelga, destruyen los sindicatos los amigos de quienes tenemos aquí al lado. ¡Los destruyen, los persiguen! Eso es lo que tenemos. Por eso hay miedo a la huelga. Por eso hay miedo a la negociación colectiva. Por eso solo el 2 por ciento de los trabajadores en Chile va a la huelga, ¡no más del 2 por ciento!, y solo el 6 por ciento hace uso de la negociación colectiva.
Los trabajadores no piden migajas, no piden regalos; ¡piden remuneración justa! Y aquí les ofrecemos un subsidio del Estado, porque nos negamos a intervenir en el mercado, en las empresas. Nos negamos a regular el mercado laboral.
El año 2016 legislamos sobre la situación de los sindicatos. ¿Y qué obtuvimos? Más trabas para que funcionen, menos sindicatos.
Señor Presidente, Chile es el país más desigual de la OCDE, conglomerado integrado por 34 países ricos. ¡El más desigual de la OCDE!
Y, como aquí se ha recordado, llegamos a 25 mil dólares per cápita. Cuando se construían los estacionamientos subterráneos frente a la Corte Suprema, muchos trabajadores, que son calificados, gritaban: "¿Y?, ¡dónde están mis 25 mil dólares!", sabiendo que estaban ganando el sueldo mínimo, señor Presidente.
El 50 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de 380 mil pesos; solo un 15,3 por ciento percibe algo más de 850 mil, y el 84,1 por ciento de las mujeres recibe un salario menor a 700 mil pesos, con lo cual no llegan a fin de mes. Ese es el grito de la rebelión social que se ha instalado en Chile. ¡En buena hora y con persistencia!
Hago presente que, en las Regiones de Coquimbo, Biobío, Maule, Los Ríos, Araucanía, Arica y Parinacota -para que los Senadores de regiones sepan-, el 70 por ciento de la gente tiene un sueldo menor a 500 mil pesos.
Aquellos trabajadores que ganan 360 lucas van a recibir ¡8 mil pesos!
Aquí está la Ministra del Trabajo y los Ministros de Desarrollo Social y de la Segprés. Si no son capaces de decirnos cuánto va a recibir de manera escalonada cada nivel de sueldo, la verdad es que estamos aprobando una ley a ciegas. Sería justo poder decirles a los trabajadores y trabajadoras cuánto van a recibir.
Aquí se ha dicho que 8 mil pesos en el caso más bajo. Si así es, solo les advierto que, a pesar de que el petróleo ha ido a la baja, los precios en Chile siguen en alza, y el 17 por ciento del sueldo de un trabajador que gana el mínimo lo gasta en transporte público.

El señor MONTES.- ¡Hasta 2 mil pesos van a recibir!

El señor NAVARRO.- Hasta 2 mil pesos, me señala el Senador Carlos Montes.
Entonces -por su intermedio, señor Presidente-, le consulto al Senador Iván Moreira, quien se retiró, si él cree justo un subsidio de dos lucas a los trabajadores por parte del Gobierno. A quienes defienden al empresariado y se niegan a intervenir el modelo neoliberal les pregunto: ¿creen que es justo que 2 mil pesos sea este "bono Piñera"?
Yo emplazo al Presidente Piñera, a la Ministra del Trabajo y al Ministro de Desarrollo Social, de quien tengo una muy buena opinión, a que nos digan cuánto van a recibir los trabajadores chilenos.
Aquí solo el Senador Bianchi ha dicho que va a votar en contra por razones fundadas. Hay que ser "carepalo" para decirle a un trabajador que va a recibir dos lucas y que eso es lo máximo que puede hacer el Senado. Se trata de trabajadores que han estado en la calle marchando y soportando la represión de Carabineros para que Chile sea más justo.
Los trabajadores en Chile piden dignidad, no piden migajas. ¡Y este proyecto son migajas! La gran contradicción es si votamos a favor de las migajas o en contra de las migajas.
Entonces, hay quienes van a recibir más de 8 mil pesos y tal vez 30 mil, pero algunos obtendrán 2 mil.
La OIT, en un informe de marzo de 2018, ha dicho, sobre otro proyecto que el Gobierno nos presenta como un gran avance, el de la reforma previsional, que el sistema de AFP ha fracasado en el mundo. El 95,6 por ciento de los países está libre de AFP. Y de los 38 o 40 países que asumieron un modelo similar, no igual al de Chile de los 80, instaurado por José Piñera, 18 han huido de ese sistema, lo han eliminado. Y dicha iniciativa de reforma previsional ofrece cincuenta luquitas a cambio de consolidar cincuenta años más el modelo de las AFP.
Yo anuncio mi voto en contra. Vamos a rechazar ese proyecto que busca mantener las AFP, porque la gente en la calle ha dicho "No más AFP". ¡Y este Gobierno lo único que hace es plantear más AFP!
Le sumaron al modelo dos millones cien mil trabajadores públicos, municipales e independientes sin pedirles nada a las AFP, hace un año y medio, con mi voto en contra. Por eso no estoy disponible para hipotecar, por cincuenta lucas, la previsión de los trabajadores por cincuenta años.
El profesor de Puerto Montt que hace un año denunció que perdió 10 millones en el fondo E, el más estable, me decía hace dos días que se fue al fondo C. ¡Ahí perdió 3 millones en la última semana!
Señor Presidente, este proyecto no eleva el ingreso mínimo; propone un bono. Lo que quieren los trabajadores -y yo los apoyo- es que el trabajo justo se compense con una remuneración justa. En ese sentido, esta iniciativa solo viene a paliar una necesidad más bien demagógica que laboral y de igualdad.
Una sana reflexión nos hace el Senador Bianchi. Vamos a ir a Punta Arenas, a Biobío, a decirles a los trabajadores que ganan el sueldo mínimo, que son la inmensa mayoría, a los que laboran en los supermercados, que hemos aprobado un proyecto de ley que va a aumentar su ingreso, cuando en realidad van a recibir dos lucas más. ¡No solo se van a reír de nosotros, nos van a despreciar!
Entonces, hablemos con claridad.
Este Senado ha estado lleno de empresarios: Piñera, Frei, Fra Fra, Cariola y muchos de los que están aquí. La pregunta para los empresarios de este Senado es: ¿cuánto les pagan a sus trabajadores?
Andrónico Luksic dio la orden en Quiñenco y subió a 500 mil pesos el sueldo mínimo de sus trabajadores.
Entonces, debiéramos preguntarnos: ¿Cuál es el aporte del sector privado, de los empresarios en esta crisis? ¿O van a tomar palco? ¿Cuál es la exigencia que le hace el Senado a ese sector? ¡Ni una! Peor aún, le estamos dando más afiliados y más años de vida a las AFP.
Señor Presidente, quiero escuchar a la Ministra del Trabajo y también al Ministro de Desarrollo Social antes de resolver cómo votaré, porque he escuchado con atención al Senador Bianchi y no puedo sino encontrarle toda la razón. Mi decisión de voto va a depender de la intervención de los Ministros, a ver si la información solicitada puede ser más coherente de lo que hasta aquí hemos escuchado.

El señor COLOMA.- Señor Senador.

El señor NAVARRO.- El Senador Coloma ya hizo uso de su palabra, señor Presidente, y si quiere intervenir, que sea con cargo a su bancada.

El señor COLOMA.- Estoy pidiendo una interrupción.

El señor NAVARRO.- Solo quiero señalar, señor Presidente, que es necesario que los Ministros puedan aclarar las inquietudes. A mi juicio, debieran hablar al inicio del debate y no al final, porque, una vez abierta la votación, ya están tomadas las decisiones.
Por tanto, para tomar mi decisión sobre cómo votar -lo que sea servirá, aunque fuera poquito-, quiero escuchar qué nos dirán los Ministros.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.- Señor Presidente, primero, quiero felicitar al Ministro y a quienes han participado en esta discusión en las distintas Comisiones.
La verdad es que si hay algo que hoy día Chile nos pide es que avancemos en paralelo en una agenda social -ojalá también en una discusión seria en materia constitucional- y que dejemos de utilizar, desgraciadamente, la política como un espacio de pelea, de trinchera, de mezquindad.
Por eso, cuando escucho al Senador Navarro, quien de hecho formó parte de gobiernos anteriores a los que apoyó activamente, decir que en realidad este proyecto es poco, que no supera nada, yo le preguntaría: "Bueno, ¿y qué hizo en su minuto?". Se le olvida que fue partícipe activo de administraciones anteriores.
Entonces, yo pido acá un mínimo de consecuencia.
Además, por intermedio de la Mesa, me gustaría preguntarle al Senador Navarro,...

El señor PIZARRO.- ¡Después pasó a ser opositor...!

El señor KAST.- Así es. Después pasó a ser opositor, en diversas oportunidades. ¡Se dio varias vueltas...!
Entonces, por intermedio de la Mesa, quiero preguntarle a Su Señoría cuántos empleos ha dado en su vida, porque la verdad de las cosas es que,...

El señor NAVARRO.- ¡A varios! ¡Y también a obreros!

El señor KAST.- ... además de recibir un sueldo público hoy día, debo decirle que este es un aporte que va a los trabajadores, que complementará sus sueldos.
De hecho, nunca lo vi reclamando cuando la entonces Presidenta Bachelet impulsó subsidios similares al que ahora se plantea y que a mi juicio fueron bastante positivos.
Tuvimos en su minuto el subsidio al empleo joven, creado por gobiernos de quienes hoy día están en la Oposición y que resultó muy importante.
Además, proyectos semejantes al que nos ocupa en otras partes del mundo han sido evaluados y han tenido un impacto muy positivo no solo en los ingresos de las personas. Porque es cierto que se trata de un subsidio. Tampoco lo vi reclamando cuando se estableció un "bono marzo", cuestión que también entregó en su minuto un gobierno de otro color político.
Entonces, yo pido un poco más de consecuencia para valorar los esfuerzos que se hacen, especialmente el que está llevando a cabo el actual Gobierno, por 240 millones de dólares, que van directamente a aumentar el sueldo de los trabajadores para permitirles -y esta es tal vez una de las causas más urgentes- llegar a fin de mes.
¡A quién no le gustaría que todo el mundo ganara más de un millón de pesos o más de 500 mil pesos!
Pero hoy día aquí, en lugar de valorar transversalmente el esfuerzo del Ejecutivo, del Estado de Chile, de todos nosotros, se cae en este tipo de mezquindades, de decir: "No. En realidad, estoy dudoso de pronunciarme respecto de este proyecto". Incluso algunos se dan el lujo de votarlo en contra. ¡Claro! Con los sueldos que tenemos acá es fácil.
¿Pero qué significa para esos trabajadores no recibir esos 50 mil pesos adicionales?
Entonces, exijo un mínimo de seriedad. A todos nos encantaría más.
Sabemos el nivel de deuda que tiene Chile, originada en buena medida porque hemos gastado muchos recursos públicos en cosas que son completamente ineficientes.
¡Cuánta burocracia hay todavía en el Estado! ¡Cuánta cirugía debemos meterle para sacarle la grasa y poder modernizarlo!
En lugar de 24 Ministerios, probablemente deberíamos tener 12 o 14, y haríamos prácticamente lo mismo y mucho más. Y esos recursos llegarían a las personas.
Este proyecto, además, tiene la virtud de fomentar el empleo, la formalización, en un país donde, desgraciadamente, pareciera muchas veces que la clase media cuando trabaja pierde numerosos beneficios sociales.
Adicionalmente, por primera vez tenemos un subsidio al empleo que va a permitir paliar el hecho de que muchas personas prefieren laborar en el mundo informal, pues saben que si se entran a un trabajo formal les sube el puntaje de la ficha de protección social.
Muchos dicen: "¿Sabe qué, jefe? ¿Por qué mejor no me pone en negro? ¿Por qué no me cotiza por menos? De lo contrario, voy a perder los beneficios".
Entonces, además de ser una inyección a la vena para las personas que perciben salarios más bajos y que claramente son las que más sufren en Chile, este proyecto posibilita corregir un diseño de política pública de buena manera y en forma seria y responsable.
Por eso -insisto-, no solo voy a votar a favor: también espero que todos tengamos la altura de miras para ir cambiando el tono, para ser un poco más republicanos y podamos celebrar proyectos emblemáticos como el que nos ocupa -y también el que propone una reforma en materia de pensiones y los relacionados con temas que están hoy día en la agenda social-, porque al final son iniciativas del Estado de Chile y no solo del gobierno de turno.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, he escuchado atentamente a los colegas que han intervenido, y quiero argumentar mi voto.
Creo que acá hay una diferencia conceptual: estamos aprobando un subsidio con cargo fiscal para mejorar el ingreso mínimo de determinados trabajadores y trabajadoras en Chile.
Por esa razón discrepo cuando esto se define como un hito histórico, porque no es distinto a otros subsidios o bonos que anteriormente este mismo Congreso ha aprobado.
Por ello insisto: lo que hoy día se está votando tiene ese alcance.
Sin embargo, este proyecto responde a un contexto distinto, que está marcado por el estallido social del 18 de octubre del 2019. Y eso coloca una agenda distinta, porque lo que demandaron los chilenos y las chilenas que se movilizaron fueron cambios de orden social.
Y hago esta reflexión, porque lo que se propone mediante esta iniciativa es con cargo fiscal. El Estado ha cumplido un rol, y lo quiero valorar. Pero hay un actor que en mi opinión ha hecho mutis por el foro: el sector privado.
Acá de pronto nos emplazamos unos con otros. No obstante, me gustaría hacer un llamado al empresariado chileno, porque no puede ser discrecional que determinado empresario diga: "Voy a aumentar el salario -por eso digo: ingreso mínimo versus salario mínimo- a 500 mil pesos". Pero eso se plantea solo respecto de una de sus empresas, no en todas.
Otros quizás tienen la intención, pero no pueden hacerlo debido al tamaño de la empresa.
Entonces, hago esta distinción, porque creo que a partir del 18 de octubre en el Congreso hemos desempeñado un rol que ha sido relevante: logramos impulsar una ruta constituyente, un Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución; logramos sacar adelante una reforma tributaria y también una Ley de Presupuestos que aborda el contexto que se gatilló en octubre.
Por eso discrepo cuando se nos dice que ponemos barreras a la agenda del Gobierno. Y también me parece ligero que el Ejecutivo ponga "suma urgencia" a una serie de iniciativas que son estructurales y que a veces se han aprobado en un día, frente a las cuales nosotros efectivamente nos hemos opuesto, porque no han tenido la discusión mínima para poder compartirlos con otros y despachar una normativa que sea viable y seria en el tiempo.
El trabajo es una experiencia vital y, por lo tanto, debiéramos poner el horizonte de un salario mínimo. El Partido Socialista ha hablado de 500 mil pesos. Ya es hora de fijar un umbral, cosa que no se ha hecho en Chile.
Hoy día lo único que haremos -por eso lo señalo- será aprobar un subsidio con aporte fiscal, que probablemente variará entre 2 mil y 50 mil pesos.
La Fundación Sol ha sido uno de los organismos que han realizado estudios en temas vinculados con los salarios en Chile. Y nos plantea que en otros países OCDE con el mismo PIB per cápita que exhibe hoy día Chile el salario mínimo es un 70 por ciento superior. Lo que quiero decir con esto es que el gran problema de nuestro país es la distribución de la riqueza. Cuando el 1 por ciento de los chilenos concentra casi un cuarto de la riqueza, estamos ante una dificultad. Y eso no se soluciona con un subsidio
Por ello hay que interpelar directamente para saber cuál es el rol que el sector privado va a jugar para superar la crisis en Chile. Esta reflexión también va de la mano, pues considero que lo que realizamos en la Ley de Presupuestos, que contó con el apoyo de nuestras bancadas en general, no fue una agenda social, cuestión que hemos señalado.
Por eso digo que el error es conceptual.
El Gobierno no puede seguir insistiendo en que tiene una agenda social que está parada en el Congreso.
¡Eso es falso!
Lo que existe es una serie de subsidios. Los planteamos con la pensión básica solidaria. Sin embargo, las AFP no fueron parte de ese aporte.
¿Vamos a hacer sostenibles, a través del Estado y el gasto fiscal, cada uno de los cambios que demanda la ciudadanía? Esto no lo es, y por eso el subsidio en comento termina el 2023.
O sea, tenemos que poner en agenda el sueldo mínimo, una reforma previsional seria. En tal sentido, me alegro de que el Gobierno haya cedido, porque esa fue una propuesta nuestra, con el objeto de contar con un cronograma que nos permita discutir estas materias con mayor tiempo y concentración.
Pero insisto: lo que estamos haciendo es gastarnos los ahorros fiscales.
Entonces, cuando enfrentemos otra crisis o no se solucione la actual con las medidas paliativas que hemos adoptado, ¿qué va a ocurrir?
Esa es la pregunta.
Yo voy a votar a favor de esta iniciativa, pero quiero dejar consignado que estoy aprobando un subsidio con cargo al Fisco y que el gran ausente ha sido el sector privado.
Cuando tratamos el proyecto que mejoraba los montos de la pensión básica solidaria y del APS, no tocamos a las AFP. No pusieron un peso. Y hoy día el sector empresarial tampoco.
No creo que el Estado dé para seguir paliando una situación que requiere un cambio mucho más estructural.
Por ello espero que estemos disponibles para esa conversación.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, tal como se ha señalado, creo que en el último tiempo tenemos la tendencia a ver el vaso medio vacío y no la otra parte.
En cualquier ámbito, todo lo que signifique mejoras sustantivas en cuestiones tan esenciales como los ingresos de las familias, de los trabajadores en nuestro país, evidentemente constituye un avance importante que debe destacarse.
Aquí se han hecho sendos análisis y se ha reflexionado sobre el monto del subsidio, de lo que ello implica para un trabajador dependiendo del tramo de ingreso que tenga. Pero si uno recuerda, por ejemplo, las modificaciones al salario mínimo en los últimos años -y voy hablar de gobiernos del período de la Nueva Mayoría-, verá que el 2014 varió 15 mil pesos; el 2016, 16 mil pesos, y el 2017, solo 13 mil pesos.
Esas son las variaciones que se han registrado sobre el particular. Y aquí se hicieron elocuentes discursos sobre su significado y de lo que eso implicaba.
También recuerdo discusiones en la Cámara de Diputados, donde incluso en alguna ocasión el aumento del salario mínimo aprobado se graficaba refiriéndose al famoso "cuchuflí". Y aquí gobiernos de Izquierda propiciaron modificaciones de salario mínimo de montos similares: 15 mil, 16 mil pesos, y en algunos años, de 6 mil, 7 mil pesos.
Aquí, curiosamente, colegas que representan a otros sectores políticos -y no me quiero referir peyorativamente a ellos- enfatizan tanto la idea de tener un Estado más activo en la generación de políticas públicas, donde este juegue roles aún más significativos. Y hoy día nuestro país, a través del Estado, se está haciendo parte de una cuestión tan relevante como la posibilidad de que ningún trabajador en nuestro país perciba un ingreso inferior al salario mínimo: 301 mil pesos.
¡Cómo no voy a estar conforme!
A lo mejor, siempre quisiéramos mucho más. En mi Región solamente son 4.184 trabajadores los que verán mejoradas sus remuneraciones a través de la aplicación de este mecanismo.
Por ello valoramos también la limitación de la vigencia de este programa, de este ingreso mínimo garantizando (hasta diciembre del 2023) y la revisión que se realizará al respecto.
A propósito, hoy día en la Comisión de Medio Ambiente hicimos mención de esta suerte de revisión que se hará de la futura ley. Me parece razonable que en tres años más se analice la aplicación, la vigencia, la oportunidad o el sentido de esta normativa.
También nos parece absolutamente válido y legítimo, a fin de evitar cualquier mecanismo tendiente a la alteración de las actuales normas que rigen los contratos de los trabajadores o que eventuales empleadores quisieran incurrir en algunas conductas indebidas, que se establezcan todas las sanciones habidas y por haber.
Uno se pregunta de repente qué trabajadores ganan menos de 384 mil pesos. Y, sin duda, hay un espectro bastante grande. Aquí tengo un informe del INE que señala que la mitad de los trabajadores de nuestro país reciben ingresos equivalentes a 400 mil pesos o incluso menos: ¡la mitad! Y, además, el 50 por ciento de estos son mujeres. Ello es curioso en el contexto actual, en que se están propiciando tantos mecanismos para establecer acciones de equiparidad entre las labores de uno y otro.
Señor Presidente, creo que el proyecto que estamos votando a favor va en la dirección adecuada. Uno lamenta a veces escuchar discursos donde toda la argumentación pareciera indicar que se votará en contra, pero al final se termina ratificándolo.
En el caso de mi Región, la aplicación de este ingreso mínimo garantizado implicará que 4.184 trabajadores verán mejoradas sus remuneraciones. No me imagino un pequeño negocio en que a sus trabajadores se les quisiera imponer una norma para mejorar sus ingresos.
Aquí vemos a personas que siempre están requiriendo mayor presencia del Estado, pero cuando este se halla asumiendo un rol en un ámbito tan particular como el de los ingresos de los trabajadores, curiosamente, expresan opiniones absolutamente contrarias.
Yo no entiendo ese contrasentido: algunos piden más Estado, y ahora, cuando este quiere hacerse parte, resulta que lo está haciendo mal.
Evidentemente, es necesario corregir las distorsiones en esta materia. Frente a los momentos que estamos viviendo debemos procurar avanzar, porque, dicho sea de paso, no es el único mecanismo mediante el cual el Estado le entrega un aporte a algún empleador.
Aquí se hizo mención, por ejemplo, de algunos beneficios para las zonas extremas: la bonificación de la mano de obra. Es un subsidio que se le da al empleador para la contratación de mano de obra. Y lo otorga el Estado. ¡Y tiene 45 años de vigencia!
No me cabe la menor duda de que si en algún minuto se quiere modificar ese subsidio, los representantes de las zonas extremas beneficiarias de él vamos a pelear para que bajo ninguna circunstancia sea alterado.
Pero hoy día el Estado está entregando otro beneficio. Y quienes deberían estar aplaudiendo, los que quieren cada vez mayor relevancia del rol del Estado, resulta que se están oponiendo, lo que es un contrasentido.
Por todo lo expuesto, nos vamos a pronunciar favorablemente, más aún cuando 4.184 trabajadores de mi Región de Aysén, una vez que se aplique la ley pertinente, verán mejoradas sus remuneraciones, y algunos de manera sustantiva.
Ello me lleva a votar absolutamente a favor esta iniciativa.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, si bien este proyecto consiste en aumentar de manera real los ingresos de muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen salarios bajos en nuestro país, me parece necesario discutir el mecanismo, pues es controversial. Estamos generando un subsidio al salario y a las empresas que tiene varios nudos críticos. Es una medida de corte neoliberal: establece un subsidio sin criterios de universalidad. Y nuevamente daremos un beneficio que no es permanente y que constituye una medida parche ante los bajos salarios que se pagan en Chile.
Obviamente, es muy difícil oponerse -y acá, por cierto, estoy hablando a título personal- a la transferencia monetaria, por más escasa que sea para personas que hoy día perciben remuneraciones muy bajas, sobre todo mirado desde la comodidad de la dieta parlamentaria que hoy día tenemos los Senadores, que, entre paréntesis, es cuarenta veces superior al salario mínimo chileno.
¿Es compatible esta propuesta con una política real de salario mínimo?
Cada aumento de sueldo mínimo no será un incremento en el monto que reciben los trabajadores y las trabajadoras, sino una disminución de este beneficio. En el fondo, este subsidio opera sobre el ingreso del trabajador hasta llegar a un monto que -entre comillas- completa el salario del trabajador hasta cierta cantidad. Sin embargo, mientras más alto es el salario del trabajador, menor es el subsidio. El problema estriba en que, cuando existan alzas del salario mínimo, no aumentará el monto líquido percibido por los trabajadores y las trabajadoras, sino que solo disminuirá el beneficio.
Por lo tanto, necesitamos abrir una discusión real sobre la política de salario mínimo.
Por otra parte, hay problemas con la progresividad de esta política.
Es importante preguntarnos por el tipo de empresas que contrata trabajadores dentro del tramo que abarca aquella. ¿Cuál es el costo fiscal para subsidiar a las grandes empresas y cuáles son los incentivos que se ponen en ella?
Está en discusión ahora si las empresas con ingresos mayores, por ejemplo, a 75 mil UF anuales deben acceder a estos beneficios. Por eso, al comienzo de la sesión pedí votación separada para excluir a las grandes empresas de este beneficio.
Creo que esto indirectamente desincentiva la negociación colectiva en las grandes empresas con los sindicatos, con las organizaciones de los trabajadores para que puedan pagar salarios más altos de común acuerdo con los trabajadores. ¿Por qué no, por ejemplo, avanzamos hacia la discusión sobre negociación colectiva por rama productiva? Eso tendría una cobertura bastante mayor para los efectos de mejorar las condiciones de trabajo de muchos trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Pero esa discusión se mantiene -yo diría- ideológicamente vetada.
Por otro lado, creo que existe un potencial problema de "riesgo moral" asociado a la actual propuesta. Es decir, las empresas podrían tomar la decisión de despedir, desvincular personas para luego contratar otras con menores sueldos, los cuales serían subsidiados por el Estado.
Para evitar ese problema se precisa que los beneficiarios inscriban su relación contractual con la empresa, lo cual se debe fiscalizar. Por ejemplo, las situaciones de multirrut, para que las empresas no recontraten a través de otra empresa relacionada, con salarios más bajos.
Es decir, hay una serie de problemas asociados a este mecanismo.
Yo saludo que este subsidio quede con plazo máximo de vigencia el 31 de enero del 2023. Eso permitirá terminar con esta futura ley, evaluar los impactos de esta política y, eventualmente, rediseñarla o mejorarla, pues podría ser perfectamente un programa social de asignación familiar. No es más que eso, no es una gran innovación.
Creo que este proyecto también abre una discusión interesante sobre la propuesta de renta básica universal, o renta básica de ciudadanía. Este es un movimiento que ya lleva varios años en distintos países.
En términos sencillos, y frente a la creciente desigualdad que se vive en muchas naciones producto de la globalización neoliberal y la precarización del mundo del trabajo, además de los cambios tecnológicos que se han ido desarrollando, la idea de la renta básica universal o de ciudadanía busca establecer criterios mínimos para una vida digna por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana.
Al centro de la política de renta básica se encuentra la pregunta por la libertad en una sociedad democrática. Es decir, ¿necesitamos un mínimo de condiciones materiales de vida para poder desarrollarnos y vivir de manera libre y digna, que no esté condicionada por cómo te va en el mercado de trabajo?
La renta básica universal se refiere a la posibilidad de garantizar un derecho a la existencia para el conjunto de los miembros de una sociedad, sin distinciones de clase ni posición social; un ingreso mínimo que te libere de la miseria por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana.
Las personas no pueden ser libres si su existencia material no se halla garantizada políticamente. Por eso la renta básica universal o de ciudadanía es un ingreso pagado por el Estado, una transferencia monetaria del Estado, a partir de una recaudación tributaria equitativa, a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente. Y esto, a diferencia de las políticas sociales focalizadas, tiene un carácter universal, de democratización. Es decir, se daría sin hacer excepciones, sin condiciones. Es una renta incondicionada, y se entrega de manera independiente del sexo, del estado civil, del nivel de ingreso o de las orientaciones de las personas.
Creo que tenemos que avanzar hacia este tipo de discusiones, que complementen otras transferencias que el Estado hace de manera condicionada, como son los subsidios de desempleo, los programas de jefes y jefas de hogar, los ingresos mínimos o similares.
Y, por último -lo decía al comienzo de mi intervención-, creo que es importante también dar una señal desde el Senado respecto a la dieta parlamentaria.
Nosotros, desde el Frente Amplio, hemos propuesto que la dieta parlamentaria no sea más allá de veinte veces el salario mínimo, que tenga una relación de equidad.
Obviamente, sabemos que la disminución de la dieta parlamentaria no resolverá los problemas sociales, pero sí es una señal a la ciudadanía, una señal política y ética que como Senadores podemos dar en la coyuntura en que nos encontramos en este nuevo Chile que reclama dignidad.
Gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, este proyecto de ley es parte de la llamada "agenda social" que el Gobierno quiere hacer creer a la ciudadanía que está presentando. Y es un ejemplo de que esta Administración propone soluciones de parche, parciales e insuficientes y no reformas sociales que aborden la desigualdad de origen que se desencadena en este profundo malestar que hoy vive nuestra ciudadanía.
Enfrentamos un descontento social fuerte y una de las causas es la excesiva desigualdad salarial, como lo refleja la última encuesta de salarios del Instituto Nacional de Estadísticas, que nos informa que el 50 por ciento de los chilenos y chilenas tiene ingresos menores o iguales a 400 mil pesos, y que, en el caso de las mujeres, el 50 por ciento de ellas gana 343 mil pesos o menos.
Esa es la realidad salarial de Chile. Eso es lo que explica tanta molestia y descontento social en nuestro país.
Hay algunos que no ven esta desigualdad salarial, que no vieron venir el estallido social de octubre y nos siguen hablando del PIB per cápita, del tremendo crecimiento. Pero, lamentablemente, eso no se reflejó en mejor calidad de vida, en mayores niveles de desarrollo personal y colectivo para las familias más vulnerables y de clase media, que son la mitad del país y que hoy, además, deben vivir entre la precariedad salarial y la informalidad laboral.
Que la mitad de las trabajadoras y los trabajadores ganen 400 mil pesos mensuales o menos nos habla de una sociedad extremadamente precarizada, donde, además, estas familias vulnerables viven con miedo a enfermarse o a pensionarse.
¿Cuál es la solución que nos propone el Gobierno frente a este drama social? Otro subsidio, otro bono mensualizado, pero no hay una política social de mediano plazo que mejore las capacidades de desarrollo para estas familias.
Vía bonos mensualizados no pasaremos a ser un país más inclusivo, con menor desigualdad salarial. Este desafío sigue pendiente a pesar de la aprobación de un mal proyecto como este.
La iniciativa del Gobierno nos propone un subsidio fiscal para que los 700 mil trabajadores con rentas inferiores a 384 mil pesos accedan a este bono salarial; pero no hay una política integral de largo aliento que mejore el capital cultural de estos chilenos y chilenas con programas de nivelación de estudios, ni menos de capacitación técnica que permita mejorar sus capacidades para mejorar los salarios.
Tampoco existen políticas de apoyo para las empresas de menor tamaño a fin de que puedan optimizar su productividad mediante mejores encadenamientos para sus productos o servicios o posibilidades de modernización tecnológica. Es un simple subsidio salarial, pero que no va acompañado de políticas integrales que aumenten salarios y la productividad de las empresas.
Hablar de "ingreso mínimo garantizado", como lo hacen el Gobierno y sus autoridades, es una mala señal y es otro error dentro de la suma de errores que hemos visto en el último tiempo.
Lo que es muy preocupante y revelador de las falencias del actual modelo de mercado es que hay un tercio de los beneficiarios de este bono salarial que, tal como lo dijo el actual Presidente de la Comisión de Hacienda, irán destinados a las grandes empresas, que venden más de 100 mil UF mensuales, cuentan con más de doscientos trabajadores y probablemente perciben importantes utilidades; pero mantienen a trabajadores con sueldos bajísimos, limitándose a pagar el salario mínimo o un poquito más.
Probablemente, son empresas de servicios que cumplen funciones que han externalizado otras grandes empresas y donde la rentabilidad está asociada a los bajos salarios. Esas empresas grandes debieran pagar mejores sueldos y no lo hacen, como lo revelan las estadísticas oficiales.
Y sobre esta realidad de bajos salarios en grandes empresas prima el silencio de la CPC, el silencio de la Sofofa, el silencio de los grandes grupos empresariales que no se hacen cargo de la desigualdad salarial.
Este subsidio salarial es un paliativo, pero reconozcamos que no cambia la situación de desigualdad salarial que explica la actual crisis social. Esto es insuficiente, y este Gobierno no hará más que este pequeño bono salarial.
Me parece razonable que en el año 2023 se evalúe tripartitamente este subsidio y que a través del diálogo social de la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y el Comercio perfeccionen este instrumento. Pero, como país, está pendiente construir un nuevo pacto social y económico, donde abordemos el impulso a un nuevo modelo de desarrollo y reflexionemos sobre cuál es el tipo de sociedad en que nosotros queremos vivir, cuál es la forma en que vamos a organizar la diversificación productiva, cómo agregaremos valor a nuestros productos, y donde tengamos como meta común crear empleos decentes, con mejores salarios.
Esto es más urgente hoy, después del lunes negro y del estancamiento económico que hemos vivido esta semana, que se está agudizando con la caída en el precio del cobre, y vemos a un Ministerio de Minería totalmente ausente de políticas de apoyo a los pequeños mineros en nuestro país.
Se requieren reales políticas de apoyo a las pymes, para tener empleos de calidad, y eso debiera ser tarea de un próximo gobierno progresista, que ponga el foco en la lucha contra la desigualdad.
Espero que actores políticos, sociales que queremos un Chile más equitativo seamos capaces de concordar nuevas políticas de desarrollo para el país, que luchen contra la desigualdad salarial que nos hereda un modelo de mercado; y, además, de restablecer un rol más inclusivo de nuevas políticas sociales que este Gobierno ya no impulsó.
Es un imperativo que nos reclaman las familias más vulnerables, que son la mitad de Chile, y que no debemos eludir quienes queremos un país distinto, más inclusivo, en especial en este momento histórico en que la mayoría quiere reales reformas sociales, que no se harán ahora y que deberemos concretar en el próximo período gubernamental.
Señor Presidente, he escuchado durante las intervenciones de parlamentarios oficialistas declaraciones que realmente son dignas de repetir.
Quien me antecedió señaló que muchos de quienes hoy día manifestábamos una opinión crítica a este proyecto éramos, precisamente, quienes creíamos en el Estado. ¡Claro que creemos en el Estado, pues! Pero lo que tenemos hoy día es un Estado arrinconado que sigue subsidiando las malas políticas empresariales con un modelo que se encuentra agotado.
Señor Presidente, al igual que el Senador Alejandro Navarro, esperamos, antes de la votación en general, al menos un planteamiento de parte del Ejecutivo respecto de cómo se va a traducir efectivamente este proyecto de ley en mejoras concretas para más de 700 mil trabajadores y trabajadoras en Chile.
Es un mal proyecto, pero un incremento, por menor que sea, nos pone en una situación difícil, pues no podemos rechazarlo.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Muchas gracias, Presidente.
Yo creo que este es un buen proyecto. ¿Soluciona todos los problemas? Por cierto que no. Ningún proyecto, por sí mismo, va a poder solucionar todos los problemas que enfrenta nuestro Chile en el día de hoy. Ningún proyecto, por sí mismo, va a satisfacer todas las legítimas demandas sociales de la ciudadanía.
Y es por eso que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera presentó una agenda social que en su conjunto busca avanzar en ese sentido. Y uno de los proyectos que comprende la agenda social es este ingreso mínimo garantizado, cuyo nombre yo reivindico. Me gusta el nombre.
Acá, lo que se persigue es buscar avanzar en la entrega de un rápido alivio a quienes más lo necesitan. Y esto se está haciendo a través de un subsidio para asegurarles a todas las familias que nadie gane menos que el ingreso mínimo.
¿Es suficiente el ingreso mínimo? Tampoco. No es suficiente. Ahora sabemos que en marzo aumenta cerca de quince mil pesos y que en agosto le tocará nuevamente al Congreso volver a conversar sobre este ingreso mínimo, que es importante. Pero es importante también que vaya subiendo de acuerdo a la realidad de nuestro país y que a través de él lo que se haga sea fomentar y fortalecer el empleo y no, por el contrario, debilitarlo.
Este proyecto, desde nuestro punto de vista, es novedoso, innovador respecto a cómo aumentar los ingresos de los trabajadores.
En primer lugar, celebramos el proyecto desde un punto de vista conceptual en cuanto establece una transferencia directa del Estado a los trabajadores sin mediar burocracia, más que la mínima de tener que postular.
Diversos estudios nos han demostrado, además, que las transferencias monetarias directas mejoran el Gini de manera mucho más profunda que el aumento de impuestos o el crecimiento inorgánico del aparato estatal capturado por una gran burocracia.
En tiempos actuales, en los que las demandas de la ciudadanía son muchas, por cierto que se debe priorizar el gasto del Estado en, precisamente, aquellos proyectos que van en beneficio directo de la ciudadanía y de la solución de sus problemas y no en ir generando un Estado cada vez más grande, el que, además, no aporta las soluciones que la gente quiere.
Decíamos que este es un buen proyecto; por sí mismo, no soluciona los problemas, pero sí en su conjunto.
Ya hemos ido aprobando otras iniciativas, no con la rapidez que quisiéramos, porque efectivamente este Congreso no le ha dado la misma prioridad a los proyectos de la agenda social que a los de la agenda política.
Y, a mi juicio, se equivocan. La gente habló claro y cuando lo hizo pidió soluciones a sus problemas sociales.
¿Son necesarias las reformas políticas? Probablemente sí. Estamos de acuerdo en algunas, en otras no. Podemos avanzar en ellas, pero de ahí a darles una prioridad por sobre la agenda social me parece que no corresponde.
Decíamos que ya hemos avanzado aprobando algunas medidas como el apoyo a pequeños y medianos comerciantes, para permitirles paliar en parte los efectos de los saqueos, de los destrozos, de la menor venta que han tenido por la violencia desatada en nuestro país, que siempre hemos distinguido de aquellas manifestaciones pacíficas que señalan cuáles son sus demandas.
En diciembre último reforzamos también los cimientos del pilar solidario para incrementar de manera importante los montos de la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario y, consecuencialmente, las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
¿Es suficiente ese aumento? Por cierto que tampoco lo es. ¡Si las pensiones en este país efectivamente son malas y bajas!
Por lo tanto, lo que hicimos nosotros de aumentar en un 50 por ciento, que porcentualmente pareciera un gran incremento, cuando uno lo lleva a las cifras efectivamente no lo resuelve todo, pero sí es un avance, es un primer paso que esperamos que prontamente podamos también complementar con la reforma a las pensiones para favorecer a aquellos que todavía no ayudamos, a aquella gran clase media, a aquellos adultos mayores que dieron y siguen dando, de diferentes maneras, sus esfuerzos en la construcción de Chile.
Tenemos pendientes también otras iniciativas en este Senado, como son la reforma a la salud, el seguro catastrófico, etcétera.
Vuelvo a decir, Presidente: para mí este es un gran proyecto. No lo soluciona todo, pero aporta y lo hace en forma importante.
Yo agradezco al Gobierno del Presidente Piñera por impulsar este proyecto; agradezco, en particular, al Ministro Sebastián Sichel, quien ha puesto su corazón en sacar adelante este y otros proyectos de la agenda social y me alegro por los cerca de 700 mil chilenos que van a recibir este subsidio y, en particular, por los 9.511 -o más- tarapaqueños que también lo recibirán.
Presidente, por cierto que aprobaré encantada este proyecto.
Pero no quisiera terminar sin brevemente responder a dos críticas que se han hecho al proyecto.
Primero, se lo critica porque beneficia a grandes empresas.
Yo quiero dejar claro aquí que no hay ningún beneficio a grandes empresas. Se beneficia a trabajadores que ganan menos que el ingreso mínimo, independientemente de dónde ellos trabajen, porque el foco aquí está puesto en los trabajadores, no en dónde trabajan.
Y, segundo, se critica al proyecto también porque dicen que estos trabajadores hoy beneficiados el día de mañana, cuando se suba el ingreso mínimo, no van a ver aumentadas sus rentas.
Pues bien, por cierto que es mucho mejor llegar a ese ingreso mínimo antes que más tarde.
Así que yo, al menos, creo que ninguna de esas dos críticas tiene asidero alguno.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Muchas gracias, Presidente.
Primero, quiero destacar lo que algunos dicen: cuál es el contexto de este proyecto de ley, porque eso nos permite evaluar más objetivamente si es un buen o mal proyecto; si estamos respondiendo a lo que la ciudadanía demanda y si eso lo estamos haciendo en un sentido amplio o con una ayuda para salir del paso.
La cultura chilena ha sido famosa por los bonos; cada vez que hay problemas sociales en Chile, ¡bono! Y ha sido una práctica de todos los gobiernos. No podemos decir que solo del actual.
Esto nace por la explosión social; es parte de la llamada "agenda social". Y la respuesta que ha dado el Gobierno es que este es el máximo esfuerzo que puede hacer porque, además, no hay más recursos.
Pero la verdad es que sigue siendo un problema estructural de fondo no resuelto. Chile, pese a ser un país de desarrollo intermedio con más de 25 mil dólares per cápita, es incapaz de asegurar que un trabajador o trabajadora con jornada laboral, incluso completa (todos los días de la semana), llegue a salir de la pobreza. ¡Ese es el problema!
Las grandes empresas precarizan cada vez más el trabajo. Porque uno se engaña: pagan sueldos más altos, pero cada día subcontratan más, y a través de las empresas subcontratistas rebajan los sueldos. Es lo que está pasando en la minería, en el retail. Por tanto, no estamos viendo una mejora estructural, sino que, al revés, se siguen acentuando los problemas ya crónicos de nuestro país, que no logra salir de la trampa de los países de ingresos medios.
Este es un bono. No es una suerte de salario mínimo garantizado, que supone una remuneración estable, un derecho, una garantía. Este no es un derecho: es un bono que se otorga y, por consiguiente, es vulnerable; va a durar el tiempo que la ley establece, tres años en este caso. Por lo mismo, no responde a la dignidad del trabajo, sino más bien es una entrega, una ayuda a aquel que se supone que no está en condiciones, que no tiene la capacitación para ganarse un salario digno.
Esa es la molestia que causan los bonos. No apuestan a reconocer el trabajo y el aporte; solamente sirven para parar un incidente, una presión social, para encarar el malestar ciudadano con una medida paliativa que no va al problema dramático de nuestro sistema económico, de la manera como se estructura nuestro mercado laboral, de lo que significa la jornada completa en Chile, que sigue manteniendo al trabajador o trabajadora en la pobreza y que no es capaz de redistribuir la riqueza. El país crece, pero la riqueza no se reparte mejor. El ejemplo típico: la minería.
En mi Región de Antofagasta, hace seis, siete, ocho años, soñábamos con que íbamos a ser la primera región desarrollada de Chile; llegamos a pasar, en promedio, los 30 mil dólares per cápita, índice que equivale a país desarrollado. Y de pronto todo se esfumó. A los sindicatos grandes los trataron de destruir y debilitar para poder subcontratar, en menores condiciones, a los propios trabajadores de la minería.
¡Imagínense, si en el sector eje de la economía chilena se vive eso!
Uno conversa con los trabajadores del retail, donde ocurre otro tanto: se les bajan los pisos mínimos y los derechos que tienen por venta, por logro de metas.
Entonces, no se ven señales estructurales, sino solo una medida paliativa para una circunstancia coyuntural.
Este es un desafío para todos nosotros. No nos sigamos engañando con ofertas que de verdad no son lo que se dice que son.
Voy a votar a favor, porque, ¿cómo le digo que no a una persona que es parte de quienes menos ganan en Chile y que, ojo, debe tener contrato? ¡Obvio que debemos decirle que sí! Pero tampoco vengamos a vender humo, porque no es lo que la gente espera, ni es lo que se demanda a la clase política; la gente quiere, por fin, reformas sociales profundas y serias, que cambien las estructuras injustas de un país tremendamente desigual en la distribución de la riqueza y que, además, da al trabajador, no la justa remuneración por su aporte, sino que quiere acostumbrarlo a la sensación del "que te di", muchas veces con el sentido de poder manejar políticamente ciertas situaciones sociales.
No es una práctica solo de ahora. Desgraciadamente, ya se hizo costumbre en nuestro país que, cuando existen problemas sociales, se dan más bonos, y con eso se piensa que se aplaca la demanda.
No nos engañemos; no es lo que se está pidiendo. Pero, como siempre, algunos van a ganar algo más.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, el subsidio establecido por este proyecto de ley otorga un aporte monetario directo de cargo fiscal, mensual, no tributable ni imponible, a todos los trabajadores formales con jornada de trabajo completa cuya remuneración bruta mensual sea inferior a 384 mil pesos.
Este proyecto de ley está dirigido a los trabajadores dependientes que tengan un contrato de trabajo vigente, y tiene la virtud de que no desincentiva la contratación de personas ni estresa el mercado laboral, ya que será el Estado el que se hará cargo del aumento del salario estableciendo un subsidio directo al trabajador.
Esta iniciativa incentiva la formalidad en las relaciones laborales toda vez que el trabajador solo va a tener derecho a percibirlo en base a un contrato de trabajo, extinguiéndose si la relación laboral concluye. De la misma forma, este beneficio no se suspende en caso de feriados anuales, licencias médicas o permisos posnatales parentales, y se reajusta de acuerdo a la variación del IPC.
Constituye una obligación del empleador informar a todos sus trabajadores que sean potenciales beneficiarios del subsidio creado por esta ley, de forma tal que estos ejerzan su derecho a percibirlo. En Arica y Parinacota, beneficia aproximadamente a 8.500 trabajadores.
Lamentablemente -y esto generó especial debate en la Comisión de Trabajo-, hubo una solicitud por parte de la Oposición para excluir a los trabajadores de empresas grandes (con facturación anual mayor a 75 mil UF), lo que implica que cerca del 40 por ciento de los potenciales beneficiarios no podrá recibir el subsidio. Esto resulta particularmente injusto, porque el beneficio es para el trabajador y no para la empresa.
El que trabajadores ganen el sueldo mínimo en empresas grandes es por diversos motivos. Uno de ellos es su propia calificación laboral, por lo que esta discriminación por el lugar donde se trabaja resulta muy arbitraria. No se puede discriminar a dos personas en igualdad de condiciones por trabajar en lugares distintos.
El Tribunal Constitucional ya se pronunció en alguna oportunidad con respecto a este tema a propósito de los créditos fiscales, que solo recibían estudiantes de universidades públicas y no aquellos de universidades privadas.
Durante los últimos quince años, distintos Gobiernos y parlamentarios crearon Ministerios, Subsecretarías y Superintendencias, aumentando el tamaño del Estado y el gasto fiscal para la creación de nuevos empleos estatales. Por ello, esta iniciativa por primera vez viene a romper esa tendencia, entregando transferencias monetarias directas a quienes más lo necesitan.
Durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, tal como lo han comentado varios oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, todos los actores que hoy reclaman un aumento del sueldo mínimo a 550 mil pesos brutos celebraron hace dos años y medio un acuerdo para aumentar en apenas 6 mil pesos el salario mínimo. Por eso, son poco creíbles en sus exigencias.
Este subsidio constituye una herramienta eficaz y directa en pos de generar mayores condiciones de igualdad para todos los trabajadores chilenos.
Ojalá el día de mañana podamos seguir avanzando, pero lo importante es que hoy ha sido el Gobierno del Presidente Piñera, el Ministerio de Desarrollo Social, con su Ministro a la cabeza y la señora Subsecretaria, quienes han hecho el máximo esfuerzo por revertir una situación injusta. Y espero que podamos reponer la indicación que beneficia a los trabajadores con salario mínimo que trabajan en empresas de mayor tamaño.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Girardi.

El señor GIRARDI.- Señor Presidente, es muy difícil negarse a apoyar un subsidio como este, aun cuando represente una circunstancia sintomática y transitoria. Si con él se puede ayudar a aliviar la situación de muchos chilenos y chilenas que viven en la más absoluta precariedad, me parece que es un esfuerzo que debemos hacer.
Pero creo que no podemos aprobar el proyecto sin hacer una discusión más de fondo, porque tomar este tipo de medidas paliativas de cierta manera puede justificar mantener eternamente un sistema que no es casual; es parte de una cosmovisión, de una filosofía, de una ideología que tiene que ver con un modelo neoliberal estructurado sobre la base de la extracción de una renta capturada por muy pocos, impidiendo la participación de las mayorías.
Esto se relaciona, también, con un modelo que reproducen las elites. El modelo que se da en el sistema económico es el mismo que uno puede reconocer en todos los ámbitos: en materia educacional, en materia de salud, en todos los aspectos que regulan la vida social.
Me parece que si uno no pone atención a esto y no prioriza los temas sustantivos de desigualdad de nuestro país, difícilmente podremos corregir estas brechas.
Creo que la Derecha chilena comete un error capital. No hablo de toda la Derecha, porque creo que hay sectores que tienen una convicción democrática y de justicia social, pero que son minoría.
Cuando uno mira la captura de ingresos de nuestro país, ¿cómo puede justificar que el 1 por ciento de Chile, de acuerdo a lo señalado por la Cepal, capture el 26,5 por ciento de la riqueza? Ahora, si uno toma el 10 por ciento más rico, este porcentaje aumenta a 66,5 por ciento. Pero lo más interesante es que el 50 por ciento de los más pobres solo captura el 2,1 por ciento de la riqueza nacional.
Estas cifras son reveladoras y no son casuales. Cuando uno mira en la perspectiva de un ecosistema coherente, no es casual que la carga tributaria chilena sea de veinte puntos del producto, menos de la mitad de la que tienen varios países europeos.
Además, en Chile no solo el ingreso es bajo, no solo la participación en la riqueza es baja, sino que los beneficios sociales les están negados a las personas. Y, si estas más encima tienen bajas remuneraciones, su posibilidad de acceder a derechos sociales resulta casi inexistente.
No es casual, entonces, que en Chile la educación, la salud y la seguridad social no sean derechos. Tampoco es casual que solo se garantice el libre acceso. Repito: tenemos una carga tributaria de veinte puntos del producto. Porque, si fueran derechos, deberíamos tener una carga tributaria mayor.
Aquí también se da una lógica propia de la visión neoliberal: el rol subsidiario del Estado. Acá todos se apresuran a señalar: "No, esto le corresponde al Estado. Es este el que debe entregar el subsidio". ¿Por qué? Porque, en la filosofía del Estado subsidiario, este debe hacer todo lo que los privados no deseen hacer, no les resulte rentable o no les sea atractivo. Y, evidentemente, en nuestro país a los privados no les interesa avanzar en mayores niveles de equidad, pagar mayores impuestos o reducir las brechas de desigualdad. Entonces, claro, ahí todos son estatistas porque resulta muy positivo que el Estado lo haga. Esa es la dimensión del Estado subsidiario: que se haga cargo de los asuntos que a los privados no les interesa.
Por eso, me parece muy importante avanzar de esta otra manera.
Ahora, ¿cómo se resuelve esto?
Yo creo que debemos ponerlo en el contexto del siglo XXI, con todas sus complejidades. ¿Cuál es la paradoja? Que las recetas del siglo XX no sirven para el siglo XXI; si bien el modelo de desarrollo que tuvimos redujo la pobreza, la pobreza extrema, no fue capaz de disminuir las desigualdades. Y lo que estamos viviendo actualmente es el shock de una revuelta de la sociedad del siglo XXI contra esa desigualdad.
Por lo tanto, yo quiero animarlos a todos, porque lo que está en entredicho acá es la democracia. Si la democracia no logra resolver este asunto, por sus ataduras, por sus limitaciones, por su falta de poder, va a estar en cuestión.
En lo personal, considero que todo nuestro ecosistema es un andamiaje que tiene un garante. Y por eso hoy día es necesario cambiar la Constitución. Porque, aunque para algunos parezca difícil llegar a esta conclusión, el sueldo mínimo de los chilenos, los niveles de desigualdad que sufren los chilenos, los niveles de violencia social que tienen los chilenos cuando no pueden llegar a fin de mes, cuando reciben pensiones miserables, o la incapacidad de hacer valer derechos humanos fundamentales como el acceso a la salud, se relaciona con la existencia de un garante que es el modelo de un orden global establecido, con sus principios y valores, en una Constitución.
Entonces, es cierto, los chilenos tienen razón: hay que cambiar la Constitución para poder avanzar. No significa que cambiarla permitirá resolver los problemas, pero, si no lo hacemos, no habrá ninguna posibilidad de resolverlos. Es una condición necesaria, aunque no suficiente. Y aquellos que dicen "rechazar para reformar", lo que en realidad desean es mantener este sistema de desigualdad.
Quiero mencionar algunos temas que me parecen esenciales.
Chile tiene oportunidades maravillosas en el siglo XXI, pero aprovecharlas implica cambiar nuestro modelo de desarrollo, implica la invitación a romper la elitización de la sociedad.
Hay tantos chilenos y chilenas capaces en las regiones, que podrían ser ingenieros, que podrían ser técnicos, que podrían ser grandes profesionales, muy buenos aportadores al desarrollo y que, sin embargo, se hallan excluidos. Los territorios mismos están excluidos. Es una paradoja. En el siglo XXI, Chile tiene elementos que no posee ninguna otra nación. Somos el país más irradiado del planeta; vamos a tener energía solar para toda la humanidad; podríamos desalar agua para transformar a nuestro país en un valle fértil, incluso en el desierto; somos el único país que podría tener cobre con huella de carbono casi cero, pues podríamos tener fundiciones con hidrógeno, que posee un poder calorífico que es el doble del carbón si se usa como combustible; podríamos ser una potencia alimentaria como ninguna otra.
Pero, ¿dónde está nuestro proyecto país?
Chile tiene una estructura de nicho. Cuando la demanda del siglo XXI son los alimentos saludables, nuestro país particularmente presenta una potencia que muy pocos poseen. También podríamos ser una potencia forestal y hacer construcciones sociales, como edificios públicos con madera, al igual que otros países. Y tenemos una potencialidad astronómica, matemática, de transmisión de datos con la que nadie más cuenta.
Esas son las apuestas que Chile puede hacer desde la vocación de sus territorios, valorizándolos. Y con eso podemos mejorar los ingresos: con capacitación, con formación, con una distribución distinta.
Claro, porque si uno exporta litio a granel, la ganancia se queda en muy pocas personas. No se necesita mano de obra; sí capital financiero intensivo, y entonces muy pocos capturan esa renta. Si exportáramos litio grado batería, que significa aplicar un poco de tecnología, su valor aumentaría seis veces. Y, si produjéramos baterías, la renta del litio sería cien veces mayor. Pero, para eso, necesitamos contar con técnicos, profesionales y, por tanto, con trabajos de mejor calidad y mejor remunerados.
No quiero controvertir al Senador Latorre. No obstante, hay que tener cuidado con la renta básica universal. El mundo que viene es un mundo sin empleo. En los veinte próximos años se va a acabar la mitad de todos los empleos. En el futuro, los trabajadores, lamentablemente, no van a tener contrato fijo. Habrá plataformas que van a suministrar trabajo por tareas y, dados los costos de intercambio, a las empresas no les va a convenir tener personas contratadas.
Debemos separar, entonces, los derechos sociales, de todo tipo, de si la persona tiene o no tiene empleo, porque lo más probable es que el día de mañana no lo tenga. Los seres humanos no vamos a poder competir con los robots, que trabajan 8.700 horas, versus las 1.700 horas que trabaja una persona. Aquello es imposible y, por lo tanto, resulta indispensable una readecuación.
¿Dónde está el futuro en estas reflexiones? Es como si el mundo se hubiera quedado paralizado en el siglo XX.
¡Cuidado con la renta básica universal! ¿Por qué? Porque Silicon Valley, que es como el Vaticano del posneoliberalismo, está planteando un mundo sin gobiernos, sin Estados, sin leyes, en el que impere la tecnología. Ellos afirman: "La tecnología va a avanzar mucho más rápidamente y dejará obsoletas todas las leyes". Lo que están proponiendo es un mundo monopolista, sin competencia, sin mercado. Por eso Google y Facebook no tienen competencia. Y plantean una renta básica universal por temor a una revuelta contra este modelo posneoliberal.
Un minuto, señor Presidente, y termino.
Entonces, hay distintas maneras de concebir la renta básica universal. Pero, en la lógica que propone Silicon Valley, ¡cuidado! Puede ser un caballo de Troya que signifique la capitulación de los seres humanos y su reemplazo por máquinas. ¿Qué vamos a hacer, poner a los seres humanos sin empleos, como larvas alimentadas por una dación? Y esa dación, ¿para qué va a servir: para aspectos básicos, para tocar el violín, para hacer deporte? ¿Para qué?
Hay un estudio muy decidor, publicado en la revista Nature hace un tiempo, relacionado con los taxistas de Londres. Cuando ellos debían saberse de memoria las calles, evidenciaban un tremendo hipocampo en el cerebro. Cinco años después de tener GPS, ya no tenían ese hipocampo.
Por eso, cuidado: la renta básica universal, implementada de esa manera, puede convertirse en un instrumento de sumisión, donde unos pocos tengan acceso al control, al poder, a la economía, y donde vastos sectores de la sociedad capitulen, reciban una dación y estén totalmente controlados.
Por eso digo, cuidado, hay que poner el tema en discusión.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Francisco Chahuán, tiene la palabra.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto de ley responde justamente a una reacción del Presidente Piñera del 22 de octubre, como parte de la nueva agenda social, y de alguna manera sigue también las orientaciones que le diera la propia OECD en el documento Estudios Económicos de la OECD: Chile 2018, donde recomienda reforzar las transferencias monetarias, sobre todo los subsidios al empleo y el apoyo a los seguros médicos y al desempleo.
Esta iniciativa apunta precisamente en esa dirección y se une a otros esfuerzos que ha hecho el Gobierno del Presidente Piñera respecto de la creación del subsidio al empleo joven y del otorgamiento de un bono al trabajo de la mujer. También hemos presentado un proyecto de ley de nuestra autoría que busca establecer el contrato especial de trabajo para el adulto mayor -espero que el Ejecutivo le ponga urgencia legislativa- y que en definitiva nos va a permitir avanzar en ese sentido.
La de ahora es una buena noticia, pues estamos hablando de ciento setenta mil millones de pesos que van a ir en apoyo de seiscientos sesenta y ocho mil trabajadores. En mi Región, la de Valparaíso, favorecerá a cerca de 72.500 trabajadores, lo que significa que alrededor del 11 por ciento de los beneficiarios son de nuestra Región.
Y, por tanto, reitero que es un proyecto que va en la dirección correcta.
Pero quiero también hacer una reflexión sobre lo que ha planteado el Senador Girardi -por su intermedio, señor Presidente-, quien se ha referido a cómo finalmente la transformación del mundo del trabajo se va a ver influida por las nuevas tecnologías.
Y, en ese sentido, hay que hacerse cargo de lo que está ocurriendo porque uno de los proyectos que se está tramitando en la Comisión de Trabajo dice relación con la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Pienso que estamos legislando muchas veces para el siglo pasado, cuando finalmente lo que se debe hacer es legislar para el siglo venidero. ¿Qué quiere decir esto? Significa ver cómo somos capaces de establecer mecanismos de flexibilidad laboral; cómo somos capaces de incentivar el teletrabajo; cómo también somos capaces de compatibilizar el trabajo con el bienestar. A este respecto, hemos presentado un proyecto de ley que busca, por ejemplo, contemplar tres horas vitales en beneficio de los trabajadores, porque está acreditado que eso mejora justamente la productividad.
Entonces, sin lugar a dudas, consideramos que este es un proyecto que va en la dirección correcta en materia de transferencias monetarias, sobre todo pensando que hay un sinnúmero de programas, ¡un sinnúmero!, que son calificados en forma deficiente por el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué pasa con esas malas evaluaciones? Hoy día estamos haciendo un punto de inflexión en cuanto a que existan transferencias directas a los trabajadores.
Pero, además, en esta iniciativa se establecen todas y cada una de las condiciones para sancionar las malas prácticas de los empleadores y que puedan significar en definitiva el despido de alguien para contratar a otro por una renta inferior; se establecen también en este sentido la supervigilancia, la fiscalización, prohibiciones a los empleadores y se determina que este beneficio se pagará a los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de la normativa.
Es decir -insisto-, estoy hablando de un Gobierno que avanza en la dirección correcta.
He escuchado algunas intervenciones que, sin lugar a dudas, rayan también en deseos, más allá de considerar las realidades que pueda tener el país. En efecto, ha habido ciertas exposiciones en orden a poder discutir, por ejemplo, temas como el salario mínimo, en que algunos han planteado incluso un monto de quinientos mil pesos. Claro, si uno pudiera hacer la distinción por el tamaño de la empresa, por supuesto que ello podría estar bien. Pero hoy día, por el impacto que el ingreso mínimo genera en el mundo de la pyme, y particularmente de la mipyme, sin tener en consideración la eficiencia en el trabajo, de la cual poco se habla, y la productividad laboral, de la que también poco se habla, aquellas parecieran ser alegaciones un tanto irresponsables.
Por el contrario, yo quiero aplaudir intervenciones como la del Senador Pizarro -por su intermedio, señor Presidente-, que se hacen con sentido de la realidad, de cómo podemos seguir avanzando en mejorar las condiciones de los trabajadores.
He visto también en la vereda del frente cómo algunos abogan de manera completamente irresponsable por avanzar de algún modo. Por cierto, ese pudiera ser un logro compartido, pero está alejado de la realidad y particularmente de las mipymes.
Ciertamente, tenemos que entender que la discusión del salario mínimo la vamos a dar, y lo haremos en unos pocos meses más.
Sin duda, acá hay que hacer el mayor esfuerzo posible, y me gustaría que el mundo empresarial participara en ello. Porque creo que parte de la crisis se debe también a la inmoral distribución del ingreso en nuestro país, de la cual hay que hacerse cargo. Pero, por cierto, es preciso entender igualmente que el mundo de la mipyme, que da una gran cantidad de trabajo en nuestro país, hoy día está en una situación compleja. Y, por tanto, el subsidio que está otorgando hoy día el Estado directamente al trabajador también va en la dirección correcta.
Ahora, un tema adicional dice relación con que el 66 por ciento de los potenciales beneficiarios trabajan justamente para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Esto quiere decir que dos de cada tres potenciales beneficiarios laboran en esas empresas y, asimismo, que cerca del 60 por ciento de ellos integran un hogar perteneciente al 40 por ciento más vulnerable.
Por consiguiente, quiero decir que acá se está haciendo un tremendo esfuerzo por parte del Gobierno del Presidente Piñera.
Además, este es un proyecto que se ha ido mejorando en la discusión parlamentaria.
Quiero felicitar al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio del Trabajo por el esfuerzo que han estado desplegando justamente para buscar un punto de equilibrio entre las legítimas aspiraciones y las posibilidades reales que pueda tener un Gobierno y un Estado para poder enfrentar una situación como esta.
Por tanto, ¿cuál es el llamado? El llamado es a la reflexión.
Hoy día estamos viviendo un momento de crispación y, por ende, hay que ser muy cuidadosos para no generar falsas expectativas, ¡muy cuidadosos para no generar falsas expectativas!
Algunos han planteado que la redacción de un nuevo texto constitucional va a solucionar todos estos problemas, ¡todos estos problemas! No es así. Ellos no se resuelven solo con un nuevo texto constitucional, sino con mucho esfuerzo; por supuesto, con esfuerzo del Estado y también de los emprendedores, de los que tienen más, con respecto a lo cual claramente se requiere avanzar con más igualdad y más justicia social.
Por consiguiente, el llamado es asimismo a la responsabilidad.
Cuando los televidentes ven estos debates, finalmente se les generan expectativas. Y nosotros hacemos opinión pública. Por tanto, el llamado es a este Hemiciclo, a este Senado. Esto no podría pedírselo a la Cámara de Diputados, que es una Cámara política y donde hemos visto -y quiero decirlo con mucha responsabilidad- cómo se dilapidan horas de trabajo parlamentario en acusaciones e interpelaciones que a nada conducen. La primera sesión de aquella rama del Parlamento después del receso, en vez de enfrentar temas tan importantes, como el fortalecimiento del Fonasa, ¡fue una interpelación a una Ministra de Estado!
Yo espero que el Senado dé un ejemplo distinto, de moderación; que genere un punto de encuentro, de buscar soluciones a los problemas de los chilenos.
Es por eso que me gustaría que ese proyecto tan importante relacionado con el seguro catastrófico, que está en la Comisión de Salud, sea despachado el próximo día jueves, para resolver 35 mil operaciones de patologías no GES que siguen esperando; como también este proyecto, que era largamente esperado, o bien, el de reforma previsional, que va a permitir mejorar justamente las pensiones del pilar contributivo.
En consecuencia, reitero el llamado a la responsabilidad de este Senado en un momento crítico. La democracia es responsabilidad de todos, y avanzar en mejores condiciones de vida para los chilenos y en mejores condiciones dignas de trabajo para quienes hoy día laboran en nuestro país, por supuesto que es una responsabilidad.
El llamado, en definitiva, ¡es a que este Senado sea un instrumento de paz social, una paz social que requiere urgentemente nuestro país!
Como dije anteriormente, este proyecto va en la dirección correcta y, por consiguiente, lo voy a apoyar.
Uno quisiera, ciertamente, que se hiciera un mayor esfuerzo; pero creo que está dentro de las condiciones que hoy día el Estado puede enfrentar.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que me ha tocado estar en estas discusiones tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento.
No podemos hoy día, ante la opinión pública, pensar en votar en contra de este proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.
Sin lugar a dudas, cuando uno mira lo que ha sido nuestro país, ve que claramente ha habido un cambio. El fin de semana pasado hubo una publicación que mostraba cómo ha cambiado en Chile entre 1990 y 2017 la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional.
Uno podría quedarse satisfecho y tranquilo con esa radiografía. Sin embargo, cuando nos vamos al desagregado de esa radiografía, señor Presidente, que además daba a conocer la Subsecretaria en una muy buena entrevista que se publicó este fin de semana, uno solo puede reflexionar en torno a qué nos está pidiendo el país.
Cuando miramos los indicadores en educación, nadie podría decir que no ha habido un avance notable en infraestructura; en el porcentaje de hogares que acceden a la educación; en el porcentaje de hogares que tienen asistencia educacional. Uno observa las cifras y claramente han mejorado.
Cuando nos vamos al indicador de salud, sin lugar a dudas nos pasa lo mismo, salvo con un indicador que todos nosotros conocemos y vemos en las calles, en las reuniones de las juntas de vecinos y de los colegios, que se relaciona con el porcentaje de niños entre 0 y 6 años que se encuentran con sobrepeso. En los noventa teníamos un 5 por ciento de niños con sobrepeso; hoy día se supera el 15 por ciento.
Cuando nos vamos al indicador de trabajo y seguridad social, ahí se encienden todas las alarmas o todas las alertas, porque los indicadores son malos. ¡No hemos avanzado!
Cuando miramos el porcentaje de hogares que estaban o están carentes de ocupación, la verdad es que la aguja casi no se ha movido: de un 9,9 por ciento a un 9,8.
Cuando miramos el porcentaje de hogares que estaban o están carentes de seguridad social, tampoco podemos estar orgullosos: ha variado de un 33,7 por ciento a un 30,7.
Y hago la reflexión, señor Presidente, en torno a estos dos ítems: trabajo y seguridad social, y obesidad en nuestros niños; ambos hechos se encuentran relacionados.
¡Los ingresos de los hogares tienen un problema en Chile!
Cuando vemos cómo se alimentan los niños, eso lo debemos relacionar con los ingresos de sus familias, de sus padres.
Y, entonces, ¡claro!, no podemos negarnos a este subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado.
La pregunta es ¿esto resuelve la aspiración, la demanda, el anhelo de las familias que se han movilizado a lo largo del país? ¡No, señor Presidente, no lo resuelve!
No lo resuelve como tampoco lo resuelven las 2,7 UF del proyecto de pensiones, que, además, posee un agravante: ¡solo se van a entregar en la medida que existan recursos! O sea, la antigua Pasis (los que han sido miembros de la Comisión de Trabajo desde hace tantos años sabrán a lo que me refiero). Creo que tenemos un desafío mayor; esto no calma, no da respuesta ni tranquiliza a la ciudadanía respecto de las demandas que nos están haciendo.
¡Debemos sentirnos interpelados y no podemos quedarnos tranquilos!
Esto no alcanza ni siquiera en una milésima parte a lo que la ciudadanía espera de nosotros, sus representantes.
No está en nuestras manos, señor Presidente, y por su intermedio, al Ministro, poder aumentar este monto. Pero sí decirle al Gobierno que van a ser juzgados igual que nosotros por no alcanzar la excelencia.
Tenemos un desafío mayor y esa pregunta no solo se la deben hacer a los políticos, que estamos constantemente interpelados, sino también a los empresarios.
¿Cuánto están haciendo los empresarios hoy día para mejorar las condiciones de sus trabajadores? ¿Cuánto están dispuestos a hacer los empresarios para mejorar las condiciones de sus trabajadores?
Porque aquí no se trata de poner topes de setenta y cinco mil o cien mil UF a las empresas, sino de ver cómo entre todos hacemos que Chile sea un país en donde queramos y nos sintamos orgullosos de vivir.
Hoy día no podemos sentirnos orgullosos. Hoy día estamos siendo interpelados, y el Gobierno no puede quedarse tranquilo con estas respuestas.
Yo voy a aprobar esta iniciativa, pero creo que no es suficiente.
Las familias no viven con estas cifras al mes. Una familia con un hijo, dos o tres, no es capaz de terminar el mes. Y lo mismo nos pasa con los adultos mayores.
Entones, seamos conscientes de que este proyecto no es la respuesta a la agenda social que demanda el Chile que queremos construir y en el que queremos vivir.
Gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, primero, quisiera hacer un recuento de la historia. Voy a tratar de ser bien breve, porque hemos tenido una larga jornada.
Desde el año 1934 Chile comenzó un trabajo importante en torno al salario mínimo. Los primeros fueron los trabajadores del salitre con todas sus huelgas, las que todos bien conocemos; luego, los empleados públicos en el año 1937; los trabajadores campesinos en el año 1953; lo mismo que los obreros industriales. Ya en la década del setenta el salario mínimo fue algo establecido para todos los empleados del país.
Es bueno aclarar algo, porque se ha hablado mucho de los empresarios -yo en ningún caso soy empresaria; si alguna vez lo fui, era microempresaria-: somos un país de micro y pequeña empresa. Y, lamentablemente, como lo dijo el Senador Pizarro, quien me antecedió, existe muchísimo trabajo por hacer para mejorar la competitividad de las micro y pequeñas empresas.
Lo importante es comprender que solo el 3 por ciento en Chile corresponde a la gran empresa; más del 80 por ciento es micro y pequeña, que, en definitiva, entrega más del 70 por ciento del empleo en el país. Y hacen un gran esfuerzo.
Lo digo con conocimiento de causa, porque me tocó trabajar para el Ministerio de Economía en la División de Empresas de Menor Tamaño por nueve años; y la verdad es que cuando nosotros hablamos de que debemos mejorar los sueldos, es cierto: ¡nadie puede estar contento con el sueldo mínimo de Chile!
Chile, además, es un país con un alto costo de vida comparado con el resto de Latinoamérica; por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo, que debe estar orientado en dos áreas. Una, es fortalecer el desarrollo de las micro y pequeña empresas, claramente, permitiendo mayor innovación, mejores condiciones de crédito, mayor control en la competitividad. Porque con el sistema que tenemos, a esos empresarios les cuesta el triple. ¡Y quienes van a dar el empleo al final son ellos!
Por lo tanto, si queremos una mejor distribución, es ahí donde tienen que apuntar las políticas públicas.
De alguna manera, las grandes empresas, sin duda, deben hacer un esfuerzo; pero son poquitas: corresponden al 3 por ciento de toda la economía del país, y, por otro lado, solamente aportan el 20 por ciento de la fuerza laboral de Chile. Yo espero que ese 20 por ciento otorgue remuneraciones por sobre el promedio del resto de lo que pueden pagar nuestros micros y pequeños empresarios.
Yo también coincido en que este beneficio es una gran noticia hoy día, porque estamos aportando para mejorar el ingreso mínimo a más de 700 mil personas. También creo que es muy razonable y serio que la Comisión lo haya planteado solamente por una cierta cantidad de años. Considero que una política pública hay que evaluarla, porque no sabemos cómo va a estar el país también el año 2023; habrá que evaluar en su mérito si este beneficio tiene un sentido o finalmente ninguno, si es que hemos logrado avanzar equitativamente y el país posee ingresos mínimos superiores a los que hoy día ostenta.
Sí es importante plantear que debemos valorar cada una de las mejoras que estamos realizando; que las familias que se encuentran escuchando esta sesión van a tener un beneficio más, y, por qué no decirlo, que en el caso de mi Región habrá alrededor de 45 mil beneficiarios. Somos la región más pobre del país y, por tanto, no tengo más que celebrar el que se estén haciendo mejoras.
Pero también considero importante analizar algunas otras alternativas: por ejemplo, bonos a la formalización de las empresas. Existe prácticamente un millón de empresas informales, la misma cantidad de formales, razón por la cual su formalización significará reales beneficios a los trabajadores.
Lo otro que sería igual de bueno, en el caso de las familias más carentes del país, principalmente en materia de adultos mayores, es analizar temas vinculados con el transporte público. Los beneficios que implica la rebaja de pasajes son muy importantes.
Y también -¿por qué no?- hay que evaluar el IVA de los alimentos que conforman la canasta básica.
Las medidas mencionadas van directamente a la vena como ayuda para una dueña de casa y para una familia que realmente lo necesita.
Yo valoro la iniciativa, aunque no integro la Comisión, pero sin duda estimo que, en una labor conjunta que debemos desplegar con el Gobierno, tenemos que buscar otras alternativas de política pública más sostenibles, de mayor profundidad. Este beneficio se valora, pero hay que colocar mucho ingenio, mucho talento y mucho conocimiento para efectivamente superar ciertas barreras que nos impiden alcanzar el desarrollo.
Yo apruebo el presente proyecto, pero me quedo con las ganas de que establecer mejores modelos de política pública, a efectos de poder eliminar los bonos algún día y construir una sociedad más desarrollada, cuyos integrantes puedan valerse por sí mismos, con mejores estándares de vida.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de darle la palabra al siguiente orador, solicito el acuerdo de la Sala para que me reemplace en la testera por un par de minutos la Senadora Ximena Rincón.
Acordado.

El señor COLOMA.- ¡Para qué elegimos Presidente y Vicepresidente si después no están...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Rincón.

El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, este proyecto me produce una angustia política, porque me pregunto de qué manera podríamos votarlo en contra y luego decirles a miles de trabajadores modestos que reciben un ingreso insuficiente: "El Gobierno quiere darles un subsidio de cierta cantidad de plata para que ustedes lo reciban". Evidentemente, no estamos en condiciones de señalarles a esos miles de trabajadores de Chile: "Resulta que yo tengo una serie de argumentos, de todo tipo, para votar en contra; o sea, no estoy de acuerdo con la iniciativa".
¿Sabe por qué digo que me angustia? Porque considero que estamos cometiendo (el Estado, el Gobierno, ¡todos!) una profunda equivocación.
¿A propósito de qué se concede este subsidio? No se otorga porque el país esté en una situación normal, al contrario de como ha sucedido con bonos concedidos a lo largo de todos los años. Este subsidio se está dando porque hubo un escenario social que colapsó a partir del 18 de octubre. Y se produjo una situación difícil, crítica en el país.
Entonces, el Gobierno estima que tiene que tomar determinadas medidas sociales, entre las cuales está mandarnos este proyecto de ley, con lo que nos coloca entre la espada y la pared, porque evidentemente no estamos en condiciones políticas ni humanas de decirle al Gobierno: "Mire, no gaste estos 240 millones de dólares", algo así creo que cuesta la presente iniciativa.
Pero, a mi entender, estamos eludiendo el problema de fondo.
Vamos a distribuir esos doscientos y tantos millones de dólares a todos los trabajadores considerados. Y me pregunto: ¿qué efectos va a producir este subsidio en el estallido social que estamos viviendo, en la violencia que todos los días azota al país desde hace unos cuatro meses?
¿De qué agenda social y de qué medidas, en consecuencia, estamos hablando?
Señora Presidenta, creo que el error que estamos cometiendo es atacar los síntomas de la enfermedad social que padecemos y no ir a sus causas profundas.
En la actualidad, hay una profunda rabia acumulada en muchos sectores respecto de la sociedad que hemos construido, por las injusticias y desigualdades que existen en ella. Ante ello, estamos otorgando ciertos paliativos, ciertas aspirinas, que atacan solamente los síntomas y no el fondo de los temas.
Si mi estimado amigo Ricardo Lagos me dejara continuar, se lo agradecería. Normalmente, yo no leo los discursos, sino que trato de razonar mientras hablo. De ahí que requiero mayor concentración.
Señalaba, señora Presidenta, que nosotros estamos cometiendo un error como país.
Y permítame que agregue una cosa (por esto digo que me angustia el proyecto): yo fui Intendente de La Araucanía, y todos saben que me encontré con una situación de violencia que comenzó el año 1997, cuando se quemaron los primeros camiones en la comuna de Lumaco. Y todos los gobiernos cometieron el error de pensar que ese problema era de orden público, por lo que entregaron la solución a los carabineros, a los fiscales, a los tribunales. Esa fue la política que asumieron todos los gobiernos; los nuestros también, de los cuales yo participé.
Cuando fui Intendente señalé que no se trataba solo de un problema de orden público, que era un problema político y que había causas más profundas que explicaban por qué un sector de ciudadanos del pueblo mapuche no le creía al Estado. Por lo tanto, se alejaban de la metodología democrática y querían usar otros métodos, como la violencia, que no es aceptable en una democracia.
Entonces, la obligación del Gobierno y del Estado es atacar las causas profundas de ese conflicto social. No lo hicimos nunca. Han pasado veintitrés años, y hoy día acabamos de guardar un minuto de silencio por un ciudadano de Temuco de fue muerto en una quema de camiones.
Por lo tanto, no hemos aprendido que debemos atacar no los síntomas de una enfermedad social, sino el fondo del asunto. De hecho, aquí estamos debatiendo un proyecto paliativo, sintomático, que no va a las causas profundas.
Por eso digo que estamos equivocados. No vamos a salir de esta espiral de violencia y la gente no va a creer en nosotros, en el Gobierno, en el Presidente, en los políticos, si no entendemos que aquí debemos atacar las causas profundas de por qué en Chile tenemos hoy día un estallido social. La violencia no se justifica, pero sí se puede explicar.
De ahí que me asiste la obligación, como conductor del Estado, de tratar de explicarme por qué se producen estos fenómenos de violencia y de estallido social, que, por lo demás, no son nuevos en Chile ni son nuevos en el mundo. Esto forma parte de la existencia de sociedades que presentan conflictos, donde suceden protestas, donde la gente no cree que haya distintos tipos de ciudadanos, con distintos pensamientos y maneras de abordar las condiciones de vida de la sociedad. Pero la obligación de los gobernantes es, precisamente, conducir el Estado y tener la sabiduría para explicar por qué estamos como estamos, por qué sucedió lo que sucedió y cómo salimos de esto.
Entonces, estamos aplicando una medida paliativa.
Yo digo que debemos entrar al fondo del tema. Aquí, suponte tú -perdóneme la expresión coloquial que usé, señora Presidenta-, decimos que tenemos cierto consenso en que contamos con una economía de mercado. Ante ello, sostengo que si el mercado regula los precios, ¿por qué este no regula, asimismo, el valor del factor trabajo? Y vamos al fondo. Pero eso significa que el factor trabajo ha de estar en condiciones de negociar con el factor capital en condiciones de igualdad, de organización y de fuerza y de equilibrio.
Todo ello supone hablar de organización sindical, de negociación colectiva. Y para aquellas empresas que no logran tener una organización sindical, significa que debemos hablar seriamente acerca de cuánto debe ser el salario mínimo garantizado, exactamente, digno, "ético", como dijo alguien, que nos permita dar una demostración a la gente de que queremos ir al fondo del asunto.
La focalización de recursos públicos tiene una larga historia en el país. En el siglo XIX eran las señoras de los agricultores y de los grandes empresarios quienes juntaban plata, haciendo caridad y filantropía, y se la daban a los pobres. En otra época fueron el PEM y el POJH los instrumentos para entregar recursos a los más pobres, sin previsión y sin nada.
Y hoy día nosotros estamos dando un bono que va desde 2 mil pesos hasta 59 mil, dinero por el que no se cotiza, y pensamos que esto les va a ayudar a las personas. Evidentemente, desde el punto de vista humano, personal y familiar, va a hacer un aporte para la gente que le lleguen 10 mil pesos, 20 mil pesos. Pero ¿es esto lo que tenemos que hacer como Estado cuando tenemos un tremendo problema social y político en Chile y todos queremos superarlo?
Yo llamo a que reflexionemos de esa manera.
Me hubiera gustado haberme referido a los temas de fondo que plantea siempre el Senador Girardi. Será en otra oportunidad.
Y respecto de lo señalado por el Senador Chahuán, quiero decir que la Constitución es un instrumento político que fija las reglas del juego del país. No es una política pública y no forma parte de la economía. Tiene que ver con el tipo de organización del poder, con la distribución, con las facultades que nos damos como sociedad. Son las reglas del juego que nos permiten enfrentar los problemas de fondo.
Y sobre la Constitución en Chile no tenemos consenso, como no lo hay respecto del sistema económico. ¡Esas son las causas profundas de la división que existe!
Por lo tanto, el día 26 de abril en realidad no vamos a decir "Apruebo" o "Rechazo", sino que queremos una Constitución que nos represente a todos y que no nos divida.
En consecuencia, voto a favor en razón de las consideraciones que he hecho.

El señor COLOMA.- ¡Pero sin angustia...!

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, sin duda que existe una demanda ciudadana por mayores ingresos y menor desigualdad, como se ha expresado en las calles de todo Chile durante los últimos meses. Por tanto, resulta difícil oponerse a una iniciativa que va a permitir aumentar los ingresos de los trabajadores.
Voy a votar a favor de esta iniciativa, pero ello no impide que manifieste que, por la premura del Gobierno, creo que no fue posible desarrollar un debate que permitiera analizar el impacto de esta política pública, sus efectos negativos, y ver cómo diseñar una institucionalidad, un mecanismo a través del cual se pudiera pagar este subsidio, en los hechos, pero sin esos efectos negativos.
Se puede analizar este proyecto bajo tres dimensiones, como lo señala, por lo demás, el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que sugiero leer.
Primero, como una política de protección social. El objetivo ahí básicamente es garantizar y mejorar la seguridad de los ingresos de los trabajadores; o sea, aumentar el monto y la seguridad de estos.
Este proyecto está limitado a los trabajadores del sector formal, con salarios que están por debajo de un nivel determinado; por tanto, quedan excluidos los trabajadores informales, los trabajadores de cuenta propia y los trabajadores familiares no remunerados. En consecuencia, no se aplica con criterio de universalidad, que es una base fundamental de las políticas de protección social. En resumen, tiene un marco de cobertura pero acotado, pues excluye a un número significativo de trabajadores.
En segundo lugar, toda política de protección social debe tener un carácter redistributivo. Pero este proyecto, al radicar el esfuerzo en un gasto público, del Estado, obviamente no da el resultado deseado en dicho ámbito.
Además, no distingue de acuerdo al tamaño de las empresas y, por tanto, a la capacidad de los grandes empleadores de hacer un esfuerzo adicional para generar salarios de mayor nivel para los trabajadores.
Por eso, me parece que el Gobierno debió haber tenido a la vista una lógica distinta: fortalecer instrumentos tales como el subsidio único familiar y las asignaciones familiares, asociadas a las cargas familiares. A mí no me gusta la palabra "carga", porque en este caso estamos hablando de quienes deben ser protegidos y como tales no constituyen una carga.
Pero al margen de ese debate, que es más bien semántico, lo cierto es que una política que buscara fortalecer esos instrumentos existentes en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, habría permitido aumentar los ingresos de las familias con un sentido claro de protección social y con un ámbito de cobertura superior, lo que no está presente en el proyecto.
Se podría decir que este subsidio tiene por objeto la política de empleo. De hecho, en Chile existen subsidios para promover la contratación de sectores que tienen más dificultades para ingresar al mundo del trabajo, ya sea por razones culturales o de otra naturaleza. Es lo que ocurre con las mujeres y con los jóvenes.
Pero, cuando existe una superposición de subsidios, que es el caso, se desincentiva la incorporación de estos grupos que tienen un nivel de inserción laboral menor y, por tanto, se termina trabajando en un sentido contrario respecto de subsidios que actualmente existen en nuestro país. Se pierde la priorización que debe existir con estos grupos específicos, mujeres y jóvenes, respecto de los cuales ya existen instrumentos en nuestro país.
Y el tercer ámbito de análisis como política pública es respecto del salario mínimo.
Efectivamente se debe hacer un esfuerzo a veces -muchas veces incluso- para adelantar aumentos de salario mínimo, entendiendo que las condiciones del mercado algunas veces no permiten saltos significativos sin causar un impacto en el empleo. En ello, obviamente, al Estado le corresponde un rol fundamental.
La pregunta de fondo es si estas políticas son las adecuadas, en una lógica más de largo plazo, porque el proyecto establece una temporalidad y entonces tendrá que ser evaluado.
El efecto negativo que puede generar este tipo de políticas es desatender el debate y el proceso de negociación respecto del salario mínimo, lo que perjudica el aumento de dicho ingreso y el esfuerzo que se va a hacer desde el ámbito del mercado para mejorar las remuneraciones. Al radicar el esfuerzo en el Estado, podría generarse un desincentivo para el incremento del salario mínimo.
Tanto es así que los futuros aumentos del mínimo no van a tener impacto en el ingreso de los trabajadores. Lo que va a pasar es que va a disminuir el aporte. De hecho, corresponde ahora, precisamente, un aumento del salario mínimo conforme al proyecto que aprobamos hace un tiempo y que fue bastante controvertido. No olvidemos que el Presidente de la República vetó la iniciativa que había aprobado el Congreso y, finalmente, tuvo que mejorar la propuesta ante nuestra insistencia para hacer un esfuerzo adicional en esta materia.
Ese desincentivo, en el mediano plazo, provocará un efecto negativo en el esfuerzo que hay que hacer para mejorar el salario mínimo, lo que causa, a su vez, un impacto directo en la distribución de la riqueza y en el modo de enfrentar la desigualdad. Hay que pensar en una política pública de más largo plazo.
En consecuencia, se pierde la posibilidad de generar incentivos para que se haga realidad el esfuerzo por mejorar el salario mínimo.
Además, este aporte adicional no se considera en el pago de las cotizaciones previsionales. Por tanto, no genera el aumento necesario en el valor de las futuras pensiones; por el contrario, hace que parte importante de esos trabajadores el día de mañana tengan que recurrir al pilar solidario, pese a haber sido trabajadores de carácter formal y a tener un importante densidad de cotizaciones.
Por tanto, creemos que existe ahí otro efecto negativo.
Asimismo, deja de lado la política que en el mundo ha demostrado ser la más eficiente para mejorar las remuneraciones de los trabajadores y, particularmente, sus condiciones laborales en general: la negociación colectiva, respecto de la cual existe todavía mucho por avanzar en nuestro país en el ámbito de su cobertura y de los sectores económicos que pueden estar sometidos a cotizaciones.
En síntesis, como decía el Senador Huenchumilla, es muy difícil votar en contra de una iniciativa que se traduce en mejorar los ingresos de los trabajadores, por lo que voy a votar a favor. Pero eso no obsta a que, desde el punto de vista del diseño de la política pública, de los impactos que tendrá el mecanismo específico establecido por el Gobierno en este proyecto de ley, yo tenga una visión profundamente crítica.
Creo que existen otros instrumentos, ya sea como política de protección social, ya sea como política de empleo, ya sea como política de aumento de las remuneraciones y los salarios, que son más eficientes que lo que aquí se ha planteado, pudiéndose haber generado, incluso con los mismos recursos, un efecto mayor.
Con toda claridad, señora Presidenta, hago presente que tengo una visión muy crítica sobre esta iniciativa.
Lamento que el Gobierno no haya tenido disposición para escuchar alternativas distintas, que -reitero-, con los mismos recursos, hubieran causado incluso un impacto superior respecto de la remuneración de los trabajadores y hubieran generado mejores condiciones para abordar el tema de fondo, porque los chilenos no solo demandan mejores sueldos y seguridad en los ingresos; también se han manifestado en las calles contra las injusticias.
Y obviamente, un país con una mejor distribución de la riqueza, a través de una sostenida política de aumentos salariales en donde hacemos el esfuerzo por que los que ganen menos puedan ir aumentando sus remuneraciones, debe contar con una política pública mantenida en el tiempo mediante instrumentos más eficientes que los que se plantean en este proyecto de ley.
Por ello voy a votar a favor, pero con serios reparos al diseño de esta política pública, dados los efectos negativos a los cuales he hecho mención.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, saludo a nuestra Subsecretaria de Evaluación Social; al Ministro de Desarrollo Social y Familia, y también al Subsecretario de la Segprés, don Juan José Ossa, quienes nos están acompañando.
Sin duda, me parece muy importante lo que escuché hace unos minutos en cuanto al clima que debemos infundir, pues de alguna manera debiéramos tratar de que las relaciones entre nosotros acá tengan una reacción en lo que nuestro país hoy día requiere.
Por eso valoro muchas de las palabras de Sus Señorías en el sentido de que necesitamos entender que nuestro país lo debemos construir entre todos y que todo lo que signifique acuerdos es mucho más importante que las peleas o divisiones, que a la larga no ayudan a lo que todos queremos: que Chile sea un mejor país, un país más justo, un país que progrese.
Es preocupante, señora Presidenta, la situación que estamos viviendo en la actualidad.
¿Cuántos empleos se están perdiendo? ¿Cuánta inversión existe hoy día y cuánta intencionalidad de ella tenemos?
¿Y por qué está ocurriendo esto? Porque hay dudas respecto del futuro. Y cuando eso ocurre las personas que quieren emprender esperan. ¿Y quiénes son los más afectados? Los más afectados son las personas que están esperando un trabajo; los más afectados son los jóvenes; los más afectados en definitiva son quienes quieren un país que les ofrezca mejores condiciones de vida.
Estamos ante un escenario muy complejo.
Hoy día con el coronavirus, con el estallido social que hemos vivido, con los problemas que se intensifican cada día más nadie está contratando, pues lo que se está haciendo es tratar de automatizar los empleos.
Entonces, enfrentamos uno de los momentos más difíciles de entender, y, por lo tanto, como Senado debemos ser muy responsables respecto de los mensajes que damos, porque cuando se transmite inseguridad lo que viene es justamente la espera.
Por eso, señor Ministro, valoro este proyecto.
Sin duda, no soluciona todos los problemas que tenemos ni mucho menos, pero ayuda a quienes hoy día cuentan con un trabajo -o van a conseguirlo- para que puedan llegar a lo menos a los 300 mil o un poquito más: 301 mil pesos líquidos.
Creo que ello va en el camino correcto, al igual que el esfuerzo que se está haciendo de entregar 240 millones de dólares, dineros que van directamente a los trabajadores, no a la burocracia.
Señora Presidenta, quiero aprovechar de plantearle un par de cosas al señor Ministro.
Primero, porque también hay instituciones del Estado que se rigen por el Código del Trabajo, y me gustaría que no quedara duda alguna, para los efectos de la historia de la ley, de que esos trabajadores tendrán los mismos derechos que los del sector privado.
En segundo lugar -y lamento que no hayamos aprobado este proyecto la semana pasada, porque entre más tiempo pasa, más demora la operatividad del sistema-, quisiera consultarle al señor Ministro cuándo va a empezar a operar esto. Asimismo, deseo pedirle que nos explique más lo relativo al funcionamiento, para claridad de nuestros trabajadores y sus empleadores, quienes tendrán durante el primer año la responsabilidad de entregar esta información, pero después el sistema operará en forma automática. Esto, a fin de que tengamos una información cabal acerca del procedimiento.
Yo solamente quiero agregar, porque nos quedan otras votaciones, que en mi Región a lo menos 43.300 trabajadores van a recibir este apoyo que les están dando todos los chilenos: con los impuestos que pagan y, también, con el endeudamiento en que ha ido incurriendo de nuestro país, que cada día es mayor.
Aquello es complejo, ya que todo se paga, de una u otra forma. Porque cuando no hay inversión y se produce endeudamiento se plantea una situación muy complicada, pues se paraliza el crecimiento.
Cuando vemos que el crecimiento de este año va a ser de 1 por ciento o un poquito más y para el próximo las expectativas no son tan relevantes -más del 2 o el 3 sería difícil; se habla de alrededor de un 2 por ciento-, constatamos la existencia de un escenario complicado, porque Chile no estaba acostumbrado a crecer al 1 o al 2 por ciento, pues hace mucho tiempo habíamos pegado un salto.
Sin embargo, hoy estamos viendo cifras que van a ser muy muy complejas, de modo que todos tenemos que ser muy responsables.
Señora Presidenta, quiero agradecer el trabajo que ha realizado el Ministro. A mi juicio, es una persona que tiene preocupación y conciencia social. No ha sido parte de la Derecha, sino de un movimiento llamado "Ciudadanos", y también perteneció a la Concertación.
Pienso que su experiencia es muy importante en lo que nos está entregando hoy día como trabajo dentro del Gobierno.
Por ello quiero felicitarlo. Y también deseo agradecerles a la Subsecretaria de Evaluación Social, al Ministro Felipe Ward y al Subsecretario Juan José Ossa, quienes nos están acompañando.

La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Por último, tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señora Presidenta, este proyecto va a establecer, como se ha denominado, un "ingreso mínimo garantizado".
Este no es el sueldo mínimo -para que la gente no se confunda-, sino un ingreso mínimo garantizado para 668.511 trabajadores y trabajadoras de diferentes regiones del país que pertenecen a los nueve primeros deciles.
La importancia de este proyecto es que generará un pequeño alivio. Y digo un "muy pequeño alivio" para miles de trabajadoras y trabajadores que hoy día ganan ¡menos de 300 mil pesos líquidos!
La primera pregunta que surge es por qué tenemos que fijar en una ley una remuneración tan baja. ¿Por qué? Porque probablemente no hemos sido capaces de crear una cultura de la distribución al interior de las diferentes empresas de nuestro país. Me refiero a las grandes empresas.
Muchos se llenan la boca diciendo "Mire, es importante que el país resuelva sus problemas sociales; que la política se ponga de acuerdo", pero no escatiman en entregarle el sueldo mínimo a un porcentaje importante de sus trabajadoras y trabajadores.
Lo peor es que hoy día estamos estableciendo una pequeña nivelación: un subsidio con recursos públicos para que las trabajadoras y los trabajadores lleguen al menos a 300 mil pesos líquidos. Y eso se está haciendo con recursos públicos, con recursos de todos los chilenos y las chilenas.
Es comprensible que eso se realice para la microempresa y la pequeña empresa -¡totalmente comprensible!-, porque es muy difícil que ellas puedan subir los sueldos.
Sin embargo, yo me cuestiono por qué lo hacemos para las grandes empresas.
Me decían: "Porque el problema es que cerca de 200 mil trabajadores que laboran en las grandes empresas no iban a percibir este beneficio". ¡Claro! Pero resulta que este beneficio no les debería llegar por ley, sino porque las grandes empresas tendrían que redistribuir sus utilidades y pagarles a sus trabajadores a lo menos 300 mil pesos líquidos.
Señora Presidenta, lo que estamos discutiendo hoy día es una iniciativa de ley que va a crear un subsidio. Y yo la voy a aprobar.
Un número importante de trabajadoras y trabajadores de las regiones que represento -la de Ñuble y la del Biobío- van a obtener este beneficio. Pero vuelvo a insistir: el tema de fondo es cómo logramos crear un mecanismo en virtud del cual las remuneraciones aumenten considerablemente. Me refiero a las de los trabajadores más pobres de nuestra nación. Se trata de personas que cuidan a sus padres, a sus madres; de papás, de mamás que tienen que batirse con un sueldo menor a 300 mil pesos.
¿No parece provocador que haya empresas que reporten utilidades por miles de millones, que ocupen cientos, si no miles, de millones en gastos de publicidad, marketing, paseos, fiestas de fin de año, mientras sus trabajadores y trabajadoras ganan menos de 300 mil pesos?
¡Eso debería provocar una reacción del Gobierno y del Congreso!
¡Eso debería provocarnos!
Sin embargo, nos hallamos discutiendo un proyecto que va a ayudar en algo. Y, por cierto, hay que aprobarlo.
El mundo está cambiando, y, frente a ello, el problema que tendremos es que prontamente la cantidad de empleos va a ser mucho menor.
Les voy a dar algunos datos.
En 1990, las tres principales empresas de Detroit tenían una capitalización de mercado de 36 mil millones de dólares; ingresos por 250 mil millones de dólares, y 1,2 millones de empleados.
El 2018, las tres principales empresas de Silicon Valley exhibían una capitalización de mercado de 1,09 billones de dólares; ingresos más menos similares al que mencioné: 247 mil millones de dólares; pero, atención, ¡con 137 mil empleados! Es decir, se produce lo mismo con el 10 por ciento de trabajadoras y trabajadores.
¡De eso es de lo que estamos hablando! De un proceso de automatización creciente, donde lo que se va a requerir necesariamente son especializaciones, pero, también, mecanismos de generación de nuevas modalidades laborales, particularmente de emprendimientos tecnológicos. Y, por tanto, esa relación entre el capital y el trabajo que separaba a Marx y a Smith puede llegar a sufrir, porque no habrá una relación lineal entre uno y otro.
Entonces, es en ese escenario donde nos movemos, y exige que este Parlamento dé una discusión no solo respecto de los ingresos, que son muy importantes y que condicionan, dicho sea de paso, las bajas pensiones que tienen hoy día nuestros adultos y adultas mayores, sino también, unido a ello, en cuanto a las relaciones laborales en este nuevo contexto.
También debemos debatir acerca de un elemento que no siempre se toma en consideración. Déjenme decirles: con 300 mil pesos no se alcanza a vivir. Muchas de esas familias destinan un porcentaje muy alto de sus ingresos a pagar deudas. Porque hoy día si hay alguien que puede decir que es de una clase media emergente, que no es otra cosa que una pobreza un poquito mejorada por un indicador, es del caso señalar que llega a ella no por su salario, sino por la deuda, o sea, lleva un nivel de vida que no corresponde a sus ingresos, sino a la deuda.
Y si en este minuto queremos salir de la crisis social, debemos hacernos cargo de los bajos salarios, de las bajas pensiones y del nivel de sobreendeudamiento de las familias más pobres de nuestro país.
¡Esos tres elementos son fundamentales!
Por eso, si bien este proyecto avanza en la línea de apoyar mínimamente al segmento de trabajadoras y trabajadores del sector privado que ganan menos en nuestro país, creo que quedan pendientes las discusiones de fondo. Pero también, señora Presidenta, quedan pendientes otros segmentos de trabajadoras y trabajadores: por ejemplo, las trabajadoras y trabajadores a honorarios del sector público que perciben una cantidad incluso inferior a la que hemos mencionado.
Necesitamos una modificación estructural al régimen de remuneraciones. La paz social pasa también por tener niveles de esperanza adecuados. Una familia que no cuenta con la posibilidad de llegar a fin de mes; una familia que ve con desesperanza que la enfermedad de su hijo o hija no recibirá atención oportuna en la salud pública; una familia que ve con desesperanza que la jubilación va a ser sinónimo de pobreza debido a sus bajos sueldos históricos; una familia que, al final del día, ve con desesperanza que el sueldo no le alcanza para pagar una buena educación a sus hijos, no tiene mucho que perder.
Señora Presidenta -insisto-, probablemente este tipo de iniciativas van a ayudar; sin embargo, no podemos obviar la discusión de fondo, que tiene que ver no solo con establecer reformas parciales, sino también con realizar un debate profundo en torno a los niveles de desigualdad de nuestro país.
Voy a aprobar este proyecto, pues avanza en la línea correcta. Sin perjuicio de ello, me parece que hay que reforzar el llamado a dar la discusión de fondo en materia de pensiones, de remuneraciones y, por cierto, de sobreendeudamiento que existe en Chile.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (39 votos a favor y 1 en contra), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votó por la negativa el señor Bianchi.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, habiéndose aprobado la idea de legislar, con la misma votación se aprueban en particular todos los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de solicitud de votación separada.
Ahora bien, con respecto a las indicaciones...

El señor PIZARRO.- Pido la palabra, señor Presidente.

La señora RINCÓN.- ¡Presidente!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quiero hacer una sugerencia para los efectos de la votación particular.
Hablé con el Senador Montes, quien es autor de dos de las indicaciones admisibles, y con el Senador Latorre, quien pidió votación separada del inciso segundo del artículo 1 a fin de manifestar su reparo con respecto a esa norma.
Entonces, podríamos hacer una pura votación, en que aprobemos el artículo 1 y las indicaciones -entiendo que hay acuerdo en las que se presentaron-, y dejemos constancia del voto del Senador Latorre relativo al inciso segundo de dicho artículo.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que plantea Su Señoría, y lo hemos conversado con algunos jefes de bancada. O sea, aprobaríamos las indicaciones que se refieren al aumento de las multas y a la obligación del empresario de informarles a sus trabajadores que tienen este beneficio.
Esas dos las aprobaríamos. Respecto de la otra entiendo que no hay acuerdo. La votación separada tiene por objeto que las empresas más grandes queden fuera de este beneficio.
Sí tengo entendido que el Ejecutivo quiere plantear una pequeña corrección, porque la indicación respectiva tiene un error. Entonces, sería bueno que el Ministro se refiriera a ello, pues estamos de acuerdo también en mejorar esa norma.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En la misma línea reglamentaria, tiene la palabra el Senador señor García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, ya lo señaló el Senador Carlos Montes, la indicación al artículo 9, que plantea la obligación de informar del empleador, está mal redactada, tiene un error. Si la aprobamos tal como fue presentada, quedaría completamente fuera de lógica. Así que...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Su Señoría se refiere a la indicación al artículo 9?

El señor GARCÍA.- Sí, señor Presidente, porque señala: "El empleador deberá informar a todos sus trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual inferior al subsidio", etcétera. Y, en realidad, debiera decir: "inferior a la remuneración que genera el subsidio".

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entendiendo que estamos de acuerdo en ese planteamiento y antes de darle la palabra al Ministro para precisar al respecto,...

La señora RINCÓN.- Está bien.

El señor MOREIRA.- ¿Pero cómo va a quedar?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ... pediría que nos remitiéramos a las indicaciones que debemos declarar inadmisibles. Son cuatro.
Entonces, vamos por parte.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se han presentado siete indicaciones, de las cuales cinco fueron declaradas inadmisibles. En primer lugar, están las planteadas por varios Senadores y Senadoras del Partido Socialista.
La primera de ellas propone eliminar el artículo 1 del proyecto y reemplazarlo por el siguiente:
"A contar del 1 de abril de 2020 elévase a $450.000 el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad.
"Además, establécese un subsidio mensual, de cargo fiscal, para los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato de trabajo vigente y afectos a una jornada ordinaria de trabajo conforme al inciso primero del artículo 22 de dicho Código y que sea superior a treinta horas semanales.
"Tendrán derecho al subsidio aquellos trabajadores dependientes señalados en el inciso anterior que cumplan con el siguiente requisito: percibir una remuneración bruta mensual inferior a $520.000".
Fue declarada inadmisible por implicar administración financiera y presupuestaria del Estado, conforme al artículo 65, inciso tercero, de la Carta Fundamental, ya que eleva los montos.
Esa es la primera.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Veamos la segunda, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La segunda también es inadmisible.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para declararla inadmisible?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ya está declarada.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- O sea, ya está resuelto.
Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, yo propondría, para fines metodológicos, que el señor Secretario leyera todas las indicaciones que se quiere declarar inadmisibles, para que podamos explicar el punto y no hacer la discusión en cada ocasión.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, para clarificar... Hay cinco indicaciones que la Mesa considera inadmisibles. ¿Usted está solicitando que se lea cada una de ellas?

La señora PROVOSTE.- ¡No!

El señor LAGOS.- No. Él quiere comentarlas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminemos primero la lectura de todas las indicaciones inadmisibles.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La segunda indicación es para eliminar el artículo 2 del proyecto y reemplazarlo por el siguiente:

"Artículo 2.- Para aquellos trabajadores dependientes señalados en el artículo 1, cuya remuneración bruta mensual sea igual o superior a $450.000 e inferior a $520.000, y su jornada ordinaria de trabajo sea el máximo de horas a que se refiere el inciso primero del artículo 22 del Código del Trabajo, el monto mensual del subsidio será equivalente a la cantidad que resulte de restar al aporte máximo el valor afecto al subsidio.
"Para efectos de este artículo se entenderá por:
"a. Aporte máximo: $59.200.
"b. Remuneración bruta mensual: aquella definida en el artículo 41 del Código del Trabajo.
"Para aquellos trabajadores dependientes cuya jornada ordinaria de trabajo sea inferior al máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22 del Código de Trabajo y superior a treinta horas semanales, el monto mensual del subsidio se calculará de acuerdo a las reglas del inciso anterior y proporcionalmente a su jornada, según lo determine el reglamento a que se refiere el inciso final del artículo 7 de la presente ley.
"Asimismo, el trabajador que preste servicios por un período inferior a un mes tendrá derecho a que se le pague el subsidio en proporción a los días completos efectivamente trabajados".
Es declarada inadmisible por la misma razón que la indicación anterior.
La indicación número 3 propone eliminar del artículo 3 del proyecto de ley el guarismo "301.000" y reemplazarlo por "$450.000".
También es declarada inadmisible.
La número 4 apunta a eliminar el párrafo 2 del artículo 4 y reemplazarlo por el siguiente: "El subsidio que reciba el trabajador será imponible, tributable, pero no será embargable ni estará afecto a descuento alguno".
Es inadmisible por referirse a temas de carácter tributario. Esta propuesta solo puede originarse en la Cámara de Diputados. Además, implica administración financiera del Estado.
Y, por último, se declara inadmisible la indicación presentada por el Honorable Senador señor Latorre, donde solicita "reponer la letra c) en el inciso segundo del artículo 1° con el siguiente texto: `estar contratado o subcontratado por una empresa cuyos ingresos por venta no excedan las 75.000 unidades de fomento anuales del último año calendario'".
Es todo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, agradezco que podamos plantear nuestra inquietud en una sola intervención.
Por la forma en que está redactada la futura ley -que se supone es laboral, pero que en verdad es un subsidio social-, se dejan fuera decenas de miles de trabajadores que son dependientes pero que no tienen un contrato de trabajo indefinido, trabajadores a jornada parcial, así como temporeros y temporeras.
Es decir, existe una gran cantidad de trabajadores que están contratados por obra o faena que no entran en esta iniciativa. Le hemos planteado al Ejecutivo que el beneficio debería haberse ampliado, porque no es solo el problema del monto del sueldo sobre el cual debería darse. Nosotros éramos partidarios de subir el techo. Ahora va a subir el sueldo mínimo. Por tanto, la cantidad de trabajadores beneficiados se va a reducir. No son los 600 mil que se está diciendo; no es cierto, serán menos, muchos menos. Adicionalmente, se deja fuera a gente que, trabajando toda una jornada, intensamente, están bajo la línea de pobreza per cápita en sus hogares.
Yo, como representante de la Región de O'Higgins, pienso en la gente trabajadora de la fruta, de temporada, que hoy no tienen contratos de trabajo, que no están en los packings, que trabajan en los huertos. Esas personas quedan fuera de este beneficio y, sin duda, deberían haber sido incluidas.
Ese es el motivo por el que la bancada del Partido Socialista presentó estas indicaciones, y le pediríamos al Ejecutivo que considere por qué deja afuera a estos miles de trabajadores, tanto o más necesitados que otros que serán beneficiados.
Por eso, señor Presidente, nosotros hablamos de falta de focalización. En otra ocasión estaremos discutiendo sobre el sueldo mínimo, que debe estar garantizado.
He dicho.

El señor LAGOS.- Agregue el respaldo de la bancada PPD, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Esperamos que en el momento en que intervenga el Ministro se pueda explicar este punto.

--Se declaran inadmisibles las indicaciones leídas por el señor Secretario.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En seguida, corresponde votar los artículos 2, 3 y 4.
En votación.

El señor MONTES.- Hay una corrección...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Después. Estamos en votación.

El señor ELIZALDE.- ¿Por qué hay que votar de nuevo?

La señora VON BAER.- Toque los timbres, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Que suenen los timbres, por favor.
Los artículos en votación son de quorum calificado.
Tiene la palabra el Señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueban en particular los artículos 2, 3 y 4 (32 votos a favor y 1 abstención), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Latorre.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, corresponde la votación separada del inciso segundo del artículo 1, solicitada por el Senador Latorre.

El señor HARBOE.- Con la misma votación...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si les parece...

El senador LATORRE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Latorre.

El senador LATORRE.- Señor Presidente, seré muy breve, pues no es mi intención dilatar la votación. Ya planteé mi parecer en la intervención anterior.
Yo creo que hay que excluir de este beneficio a las grandes empresas que tienen ventas anuales por sobre 75 mil UF, porque ellas pueden negociar colectivamente con sus trabajadores y mejorar incluso la oferta de este beneficio.
Esto estaba en el proyecto que venía de la Cámara de Diputados, pero entiendo que se cambió en la Comisión de Hacienda.
Por lo tanto, estoy en contra de incluir a las grandes empresas en este beneficio.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Vamos a abrir la votación.

El señor COLOMA.- ¿Me permite, Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Muy brevemente, Presidente. Es importante para que no quede suelto.
Este es un beneficio que está pensado en función del trabajador. Eso es lo que importa plantear. Entonces, no parece justo discriminar a alguien por el lugar en que trabaja, pues puede desarrollar la misma tarea.
Ese fue el criterio que se tuvo, para que no quede como si no nos hubiéramos hecho cargo del tema. Fue largamente discutido.
Ese fue el sentido y se generó la lógica de que todos los trabajadores que cumplieran los requisitos tuvieran acceso a este beneficio.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por favor, les pido poner atención.
Lo que se votará es, a petición del Senador Latorre, el inciso segundo del artículo 1.

El señor COLOMA.- ¡Él va a votar en contra de eso!
Hay que votar a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En votación.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Elizalde, tiene la palabra.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, yo le agradecería explicar el efecto de la votación.
Pero, al margen de eso, en el tema de fondo, lo complicado del proyecto -por eso la crítica que yo formulé en mi primera intervención- es que puede generar un desincentivo a hacer un esfuerzo adicional por mejorar el salario mínimo. Y es evidente que en el caso de las grandes empresas existen espaldas financieras para hacer ese esfuerzo adicional.
Por tanto, estamos radicando en el Estado el esfuerzo por el mejoramiento de las remuneraciones, sin que en el ámbito del mercado se realice un esfuerzo adicional, más aún cuando existen limitaciones objetivas en Chile para el proceso de negociación colectiva. Y eso tiene un efecto negativo en el largo plazo, porque atenta contra el objetivo que se ha planteado respecto de lograr una mejor distribución de la riqueza en el país a través de un aumento de las remuneraciones.
En consecuencia, la distinción entre las empresas y su capacidad para hacer este esfuerzo no es un aspecto secundario. Yo comparto el planteamiento que ha hecho el Senador Latorre, porque aquí lo importante es cómo avanzar en lo que se llaman los "ingresos autónomos", independientemente de los subsidios u otros mecanismos de transferencias que pueda realizar el Estado con el objeto de ayudar a los más necesitados.
Por eso, me parece que esto no debiera estar vinculado a una política de remuneraciones, sino a una política de protección social y a otros mecanismos como los existentes en la actual legislación: asignaciones familiares o subsidios familiares. En mi opinión, ese es un instrumento más nítido, más claro y no generaría el efecto óptico de creer que las remuneraciones subieron cuando, en verdad, van a tender a mantenerse estancadas, independientemente de que los ingresos de los trabajadores sí van a verse aumentados por el efecto de este proyecto de ley.
Entonces, creo que eso permite distinguir de mejor forma los instrumentos y, sobre todo, que los ciudadanos, que son los que tienen que valorarlos, sepan cuál es el origen de los recursos y cuál es, desde el punto de vista conceptual, el aporte que se está realizando.
Dicho lo anterior, Presidente, ¿podría precisar el efecto de la votación, qué significa votar "sí", qué significa votar "no" respecto de la indicación del Senador Latorre, para tener plena claridad?

El señor COLOMA.- No es una indicación.

La señora RINCÓN.- Es una votación separada.

El señor ELIZALDE.- Entonces, el "no" implica apoyar la tesis del Senador Latorre. ¡Perfecto!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, votar que no es adherir al planteamiento del Senador Latorre en el sentido de rechazar ese inciso segundo.
Pronunciarse a favor es mantener el inciso como viene en el informe y con la misma votación daríamos por aprobado el artículo, si así corresponde.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso segundo del artículo 1 (26 votos a favor y 5 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre y Letelier.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, con la misma votación daríamos por aprobado el resto del artículo.
--Se aprueba con la misma votación anterior (26 votos a favor y 5 en contra).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Nos queda votar las indicaciones declaradas admisibles.

El señor PIZARRO.- Ya las aprobamos.

La señora RINCÓN.- Ya se votaron.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No, el Ministro iba a hacer una precisión.

El señor MONTES.- Así es.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Ministro.

El señor SICHEL (Ministro de Desarrollo Social y Familia).- Sin perjuicio de que estamos de acuerdo con ambas indicaciones, para ahorrarnos la discusión, Secretario, hay una corrección que hacer en la indicación al artículo 9.
La redacción actual dice: "El empleador deberá informar a todos sus trabajadores que tengan una remuneración bruta mensual inferior al subsidio". La corrección consistiría en señalar: "una remuneración bruta mensual que dé derecho al subsidio tratado en esta ley sobre la existencia del mismo".

El señor MONTES.- Muy bien.

La señora RINCÓN.- Sí.

El señor SICHEL (Ministro de Desarrollo Social y Familia).- Eso es.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en esa redacción?

El señor MONTES.- Sí.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por favor, antes de que se retiren, hay que votar esas dos indicaciones, con la enmienda que ha señalado el señor Ministro, para que conste la votación.
En votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueban las indicaciones declaradas admisibles, con la enmienda propuesta por el señor Ministro respecto del artículo 9 (31 votos a favor), y el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor SICHEL (Ministro de Desarrollo Social y Familia).- Señor Presidente, lo primero es dar las gracias profundas por la amplia mayoría, casi unanimidad, con que fue aprobado este proyecto de ley.
Comparto bastantes de los juicios que se hicieron en ambos sectores. Solo quiero decir que no hay soluciones simples para problemas complejos. En la situación que estamos viviendo, el tema de los ingresos es un problema complejo.
Este es un paso adelante que estamos dando como Gobierno, en una discusión que teníamos desde hace tiempo respecto a cómo avanzar en la transferencia directa y en una solución concreta y urgente para los trabajadores de Chile.
Si no damos soluciones concretas a problemas sociales como los que tenemos, nos puede pasar que otra vez la indolencia cope la agenda.
¡Tenemos que dar soluciones concretas!
Una segunda reflexión de fondo respecto a la focalización: hay 670 mil trabajadores que van a recibir este beneficio. El Senador Navarro dijo algo que yo no comparto. Estas no son migajas. Más de la mitad de estos trabajadores recibirá una cifra superior a cuarenta mil pesos, lo que significa para ellos casi un 20 por ciento de sus ingresos totales. Por tanto, si bien este cambio no es suficiente, pucha que es urgente para quienes viven esta situación.
Todos los días nos toca como Ministerio encontrarnos con gente que vive al borde de la pobreza y una discusión como esta debe tener un sentido de oportunidad y de urgencia que muchas veces no hemos encontrado en la clase política.
Entonces, me encantaría que tuviéramos soluciones mágicas para que se acabaran los problemas de los ingresos en Chile, pero al menos estamos ante una solución simple, rápida, que puede dar una respuesta en menos de sesenta días para aliviar un poco las remuneraciones de fin de mes de todas estas personas.
Ese es el desafío que tenemos en la Agenda Social. Y en la medida en que damos grandes discusiones somos capaces de solucionar temas concretos. Ese es el encargo que me ha hecho el Presidente y estoy orgulloso de que, como Congreso, hayamos aprobado este proyecto de ley.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Ministro, por su intervención.
Creo que queda pendiente el aporte de los grandes empresarios del país a la crisis social.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son del siguiente tenor:
Del señor GIRARDI:
Al Director Ejecutivo de Conaf, pidiéndole informar sobre TALA DE CUARENTA ARAUCARIAS EN PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA.
Del señor OSSANDÓN
Al Ministro de Salud, consultándole respecto de PLAN DE ACCIÓN RELATIVO AL MANEJO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN NUESTRO PAÍS.
Del señor SANDOVAL:
Al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Aysén, consultándoles por DENUNCIA DE ACTUACIÓN IRREGULAR DE FUNCIONARIOS DURANTE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE REPOSICIÓN DE HOSPITAL DE COCHRANE; PLAZOS ACORDADOS DE LAS OBRAS, MONTOS DESTINADOS A ELLAS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO RAZONES DE RETRASOS EN ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL.
)--------------(
--Se levantó la sesión a las 20:43.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción