CREACIÓN DE SUBSIDIO ESTATAL PARA TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE BAJAS REMUNERACIONES
El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, sin duda que existe una demanda ciudadana por mayores ingresos y menor desigualdad, como se ha expresado en las calles de todo Chile durante los últimos meses. Por tanto, resulta difícil oponerse a una iniciativa que va a permitir aumentar los ingresos de los trabajadores.
Voy a votar a favor de esta iniciativa, pero ello no impide que manifieste que, por la premura del Gobierno, creo que no fue posible desarrollar un debate que permitiera analizar el impacto de esta política pública, sus efectos negativos, y ver cómo diseñar una institucionalidad, un mecanismo a través del cual se pudiera pagar este subsidio, en los hechos, pero sin esos efectos negativos.
Se puede analizar este proyecto bajo tres dimensiones, como lo señala, por lo demás, el informe de la Organización Internacional del Trabajo, que sugiero leer.
Primero, como una política de protección social. El objetivo ahí básicamente es garantizar y mejorar la seguridad de los ingresos de los trabajadores; o sea, aumentar el monto y la seguridad de estos.
Este proyecto está limitado a los trabajadores del sector formal, con salarios que están por debajo de un nivel determinado; por tanto, quedan excluidos los trabajadores informales, los trabajadores de cuenta propia y los trabajadores familiares no remunerados. En consecuencia, no se aplica con criterio de universalidad, que es una base fundamental de las políticas de protección social. En resumen, tiene un marco de cobertura pero acotado, pues excluye a un número significativo de trabajadores.
En segundo lugar, toda política de protección social debe tener un carácter redistributivo. Pero este proyecto, al radicar el esfuerzo en un gasto público, del Estado, obviamente no da el resultado deseado en dicho ámbito.
Además, no distingue de acuerdo al tamaño de las empresas y, por tanto, a la capacidad de los grandes empleadores de hacer un esfuerzo adicional para generar salarios de mayor nivel para los trabajadores.
Por eso, me parece que el Gobierno debió haber tenido a la vista una lógica distinta: fortalecer instrumentos tales como el subsidio único familiar y las asignaciones familiares, asociadas a las cargas familiares. A mí no me gusta la palabra "carga", porque en este caso estamos hablando de quienes deben ser protegidos y como tales no constituyen una carga.
Pero al margen de ese debate, que es más bien semántico, lo cierto es que una política que buscara fortalecer esos instrumentos existentes en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, habría permitido aumentar los ingresos de las familias con un sentido claro de protección social y con un ámbito de cobertura superior, lo que no está presente en el proyecto.
Se podría decir que este subsidio tiene por objeto la política de empleo. De hecho, en Chile existen subsidios para promover la contratación de sectores que tienen más dificultades para ingresar al mundo del trabajo, ya sea por razones culturales o de otra naturaleza. Es lo que ocurre con las mujeres y con los jóvenes.
Pero, cuando existe una superposición de subsidios, que es el caso, se desincentiva la incorporación de estos grupos que tienen un nivel de inserción laboral menor y, por tanto, se termina trabajando en un sentido contrario respecto de subsidios que actualmente existen en nuestro país. Se pierde la priorización que debe existir con estos grupos específicos, mujeres y jóvenes, respecto de los cuales ya existen instrumentos en nuestro país.
Y el tercer ámbito de análisis como política pública es respecto del salario mínimo.
Efectivamente se debe hacer un esfuerzo a veces -muchas veces incluso- para adelantar aumentos de salario mínimo, entendiendo que las condiciones del mercado algunas veces no permiten saltos significativos sin causar un impacto en el empleo. En ello, obviamente, al Estado le corresponde un rol fundamental.
La pregunta de fondo es si estas políticas son las adecuadas, en una lógica más de largo plazo, porque el proyecto establece una temporalidad y entonces tendrá que ser evaluado.
El efecto negativo que puede generar este tipo de políticas es desatender el debate y el proceso de negociación respecto del salario mínimo, lo que perjudica el aumento de dicho ingreso y el esfuerzo que se va a hacer desde el ámbito del mercado para mejorar las remuneraciones. Al radicar el esfuerzo en el Estado, podría generarse un desincentivo para el incremento del salario mínimo.
Tanto es así que los futuros aumentos del mínimo no van a tener impacto en el ingreso de los trabajadores. Lo que va a pasar es que va a disminuir el aporte. De hecho, corresponde ahora, precisamente, un aumento del salario mínimo conforme al proyecto que aprobamos hace un tiempo y que fue bastante controvertido. No olvidemos que el Presidente de la República vetó la iniciativa que había aprobado el Congreso y, finalmente, tuvo que mejorar la propuesta ante nuestra insistencia para hacer un esfuerzo adicional en esta materia.
Ese desincentivo, en el mediano plazo, provocará un efecto negativo en el esfuerzo que hay que hacer para mejorar el salario mínimo, lo que causa, a su vez, un impacto directo en la distribución de la riqueza y en el modo de enfrentar la desigualdad. Hay que pensar en una política pública de más largo plazo.
En consecuencia, se pierde la posibilidad de generar incentivos para que se haga realidad el esfuerzo por mejorar el salario mínimo.
Además, este aporte adicional no se considera en el pago de las cotizaciones previsionales. Por tanto, no genera el aumento necesario en el valor de las futuras pensiones; por el contrario, hace que parte importante de esos trabajadores el día de mañana tengan que recurrir al pilar solidario, pese a haber sido trabajadores de carácter formal y a tener un importante densidad de cotizaciones.
Por tanto, creemos que existe ahí otro efecto negativo.
Asimismo, deja de lado la política que en el mundo ha demostrado ser la más eficiente para mejorar las remuneraciones de los trabajadores y, particularmente, sus condiciones laborales en general: la negociación colectiva, respecto de la cual existe todavía mucho por avanzar en nuestro país en el ámbito de su cobertura y de los sectores económicos que pueden estar sometidos a cotizaciones.
En síntesis, como decía el Senador Huenchumilla, es muy difícil votar en contra de una iniciativa que se traduce en mejorar los ingresos de los trabajadores, por lo que voy a votar a favor. Pero eso no obsta a que, desde el punto de vista del diseño de la política pública, de los impactos que tendrá el mecanismo específico establecido por el Gobierno en este proyecto de ley, yo tenga una visión profundamente crítica.
Creo que existen otros instrumentos, ya sea como política de protección social, ya sea como política de empleo, ya sea como política de aumento de las remuneraciones y los salarios, que son más eficientes que lo que aquí se ha planteado, pudiéndose haber generado, incluso con los mismos recursos, un efecto mayor.
Con toda claridad, señora Presidenta, hago presente que tengo una visión muy crítica sobre esta iniciativa.
Lamento que el Gobierno no haya tenido disposición para escuchar alternativas distintas, que -reitero-, con los mismos recursos, hubieran causado incluso un impacto superior respecto de la remuneración de los trabajadores y hubieran generado mejores condiciones para abordar el tema de fondo, porque los chilenos no solo demandan mejores sueldos y seguridad en los ingresos; también se han manifestado en las calles contra las injusticias.
Y obviamente, un país con una mejor distribución de la riqueza, a través de una sostenida política de aumentos salariales en donde hacemos el esfuerzo por que los que ganen menos puedan ir aumentando sus remuneraciones, debe contar con una política pública mantenida en el tiempo mediante instrumentos más eficientes que los que se plantean en este proyecto de ley.
Por ello voy a votar a favor, pero con serios reparos al diseño de esta política pública, dados los efectos negativos a los cuales he hecho mención.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, yo le agradecería explicar el efecto de la votación.
Pero, al margen de eso, en el tema de fondo, lo complicado del proyecto -por eso la crítica que yo formulé en mi primera intervención- es que puede generar un desincentivo a hacer un esfuerzo adicional por mejorar el salario mínimo. Y es evidente que en el caso de las grandes empresas existen espaldas financieras para hacer ese esfuerzo adicional.
Por tanto, estamos radicando en el Estado el esfuerzo por el mejoramiento de las remuneraciones, sin que en el ámbito del mercado se realice un esfuerzo adicional, más aún cuando existen limitaciones objetivas en Chile para el proceso de negociación colectiva. Y eso tiene un efecto negativo en el largo plazo, porque atenta contra el objetivo que se ha planteado respecto de lograr una mejor distribución de la riqueza en el país a través de un aumento de las remuneraciones.
En consecuencia, la distinción entre las empresas y su capacidad para hacer este esfuerzo no es un aspecto secundario. Yo comparto el planteamiento que ha hecho el Senador Latorre, porque aquí lo importante es cómo avanzar en lo que se llaman los "ingresos autónomos", independientemente de los subsidios u otros mecanismos de transferencias que pueda realizar el Estado con el objeto de ayudar a los más necesitados.
Por eso, me parece que esto no debiera estar vinculado a una política de remuneraciones, sino a una política de protección social y a otros mecanismos como los existentes en la actual legislación: asignaciones familiares o subsidios familiares. En mi opinión, ese es un instrumento más nítido, más claro y no generaría el efecto óptico de creer que las remuneraciones subieron cuando, en verdad, van a tender a mantenerse estancadas, independientemente de que los ingresos de los trabajadores sí van a verse aumentados por el efecto de este proyecto de ley.
Entonces, creo que eso permite distinguir de mejor forma los instrumentos y, sobre todo, que los ciudadanos, que son los que tienen que valorarlos, sepan cuál es el origen de los recursos y cuál es, desde el punto de vista conceptual, el aporte que se está realizando.
Dicho lo anterior, Presidente, ¿podría precisar el efecto de la votación, qué significa votar "sí", qué significa votar "no" respecto de la indicación del Senador Latorre, para tener plena claridad?
El señor COLOMA.- No es una indicación.
La señora RINCÓN.- Es una votación separada.
El señor ELIZALDE.- Entonces, el "no" implica apoyar la tesis del Senador Latorre. ¡Perfecto!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, votar que no es adherir al planteamiento del Senador Latorre en el sentido de rechazar ese inciso segundo.
Pronunciarse a favor es mantener el inciso como viene en el informe y con la misma votación daríamos por aprobado el artículo, si así corresponde.