REPÚBLICA DE CHILE

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

PUBLICACIÓN OFICIAL

LEGISLATURA 367ª

Sesión 106ª, en martes 3 de marzo de 2020

Ordinaria

(De 16:26 a 18:54)

PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,

Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE

SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR

____________________

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

I. ASISTENCIA

Asistieron las señoras y los señores:

--Allende Bussi, Isabel

--Aravena Acuña, Carmen Gloria

--Araya Guerrero, Pedro

--Bianchi Chelech, Carlos

--Castro Prieto, Juan

--Chahuán Chahuán, Francisco

--Coloma Correa, Juan Antonio

--De Urresti Longton, Alfonso

--Durana Semir, José Miguel

--Ebensperger Orrego, Luz

--Elizalde Soto, Álvaro

--Galilea Vial, Rodrigo

--García Ruminot, José

--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro

--Girardi Lavín, Guido

--Goic Boroevic, Carolina

--Guillier Álvarez, Alejandro

--Harboe Bascuñán, Felipe

--Huenchumilla Jaramillo, Francisco

--Insulza Salinas, José Miguel

--Kast Sommerhoff, Felipe

--Lagos Weber, Ricardo

--Latorre Riveros, Juan Ignacio

--Letelier Morel, Juan Pablo

--Montes Cisternas, Carlos

--Moreira Barros, Iván

--Muñoz D´Albora, Adriana

--Navarro Brain, Alejandro

--Órdenes Neira, Ximena

--Ossandón Irarrázabal, Manuel José

--Pérez Varela, Víctor

--Pizarro Soto, Jorge

--Prohens Espinosa, Rafael

--Provoste Campillay, Yasna

--Pugh Olavarría, Kenneth

--Quintana Leal, Jaime

--Quinteros Lara, Rabindranath

--Rincón González, Ximena

--Sandoval Plaza, David

--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline

--Von Baer Jahn, Ena

Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero.

Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.

II. APERTURA DE LA SESIÓN

--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 17 señores Senadores.

El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

III. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:

Mensajes

Tres de Su Excelencia el Presidente de la República:

Con el primero, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos:

1.- El que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado (Boletín N° 13.041-13).

2.- El que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA (Boletín N° 12.662-11).

3.- El que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (Boletines N°s 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).

Con el siguiente, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).

2.- La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).

3.- La que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (Boletín Nº 12.894-07).

4.- La que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones (Boletín Nos. 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07, y 13.013-07, refundidos)

5.- La que complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales (Boletín N° 12.991-06).

6.- La que limita la reelección de las autoridades que indica (Boletines Nos 4.115-07, 4.499-07, 8.221-07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos).

7.- La que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (Boletín N° 12.118-04).

8.- La que modifica la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Boletín N° 12.734-04).

9.- La que establece el Sistema Red Integral de Protección Social (Boletín N° 12.661-31).

10.- La que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal (Boletín N° 12.699-07).

11.- La que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile (Boletín N° 13.124-07).

12.- Proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016 (Boletín N° 12.547-10).

13.- La que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín N° 11.919-02).

14.- La que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía (Boletín N° 13.175-13).

15.- La que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).

16.- Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07).

17.- La que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).

18.- La que regula la portabilidad financiera (Boletín N° 12.909-03).

19.- La que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín 12.288-14).

20.- La que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).

21.- La que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín 12.229-02).

22.- La que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27).

23.- La que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).

24.- Sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).

25.- La que fortalece la integridad pública (Boletín N° 11.883-06).

26.- La que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (Boletín 12.135-03).

27.- Proyecto de ley de modernización laboral para la conciliación, familia e inclusión (Boletín N° 12.618-13).

28.- La que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores (Boletín N° 12.409-03).

29.- La que fija Ley Marco del Cambio Climático (Boletín N° 13.191-12).

30.- La que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos (Boletín N° 12.535-21).

31.- La que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (Boletines N° 12.026-13, 11.655-13 y 11.671-13, refundidos).

32.- La que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (Boletín N° 7.550-06).

Con el último, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo (Boletín N° 12.506-25).

2.- Sobre reforma integral al sistema de adopción en Chile (Boletín N° 9.119-18).

3.- El que adecua el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales (Boletín N° 12.826-13).

4.- El que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia (Boletín 12.008-13).

5.- El que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (Boletín N° 9.170-23).

6.- El que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25).

7.- El que modifica la ley N° 20.370, General de Educación, para incorporar la prevención del bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción a las infracciones que atentan contra derechos y deberes que indica (Boletines Nos 11.784-04, 11.803-04 y 12.022-04, refundidos).

8.- El que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín N° 11.934-15).

9.- El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín N° 10.315-18).

10.- El que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores (Boletín N° 7.507-18).

11.- El que modifica el artículo 1.182 del Código Civil declarando incapaz para suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor (Boletín Nº 8.528-32).

12.- El que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín N° 11.705-25).

13.- El que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes (Boletín N° 12.233-01).

14.- El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (Boletines Nos. 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).

15.- El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al delito de contrabando (Boletín N° 12.215-05).

16.- El que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Boletín N° 12.208-07).

17.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Coproducción de Películas, suscrito de Berlín, Alemania, el 10 de octubre de 2018 (Boletín N° 12.921-10).

18.- Sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín Nº 8.467-12).

--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.

Oficios

Dos de S.E. el Presidente de la República:

Con el primero, de fecha 24 de febrero recién pasado, informa que se ausentaría del territorio nacional el día 01 de marzo de 2020, para participar en la ceremonia de transmisión del Mando Presidencial de la República Oriental del Uruguay.

--Se toma conocimiento.

Con el segundo, solicita el acuerdo del Senado para designar como miembros del Directorio de la empresa Televisión Nacional de Chile, por los períodos que se señalan, a las señoras Nivia Palma Manríquez y Paulina Kantor Pupkin (Boletín N° S 2.104-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).

--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

Cinco de la Honorable Cámara de Diputados:

Con el primero, comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (Boletín N° 11.970-34).

--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.

Con el segundo, informa que ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (Boletín N° 12.415-04).

--Se toma conocimiento y se mandó comunicar a S.E. el Presidente de la República.

Con el siguiente, hace presente que ha dado su aprobación, con la excepción que señala, a las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República, y comunica la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (Boletín Nº 13.130-07).

--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento de la Corporación, pasa a los Comités para nombrar a los integrantes de la Comisión Mixta que establece el artículo 71 de la Constitución Política.

Con el cuarto, comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas (Boletín N° 12.942-15).

--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.

Con el último, informa que ha aprobado el proyecto de ley que mejora pensiones del sistema de pensiones solidarias y del sistema de pensiones de capitalización individual, crea nuevos beneficios de pensión para la clase media y las mujeres, crea un subsidio y seguro de dependencia, e introduce modificaciones en los cuerpos legales que indica (Boletín N° 12.212-13).

--Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda, en su caso.

Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:

Remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las siguientes disposiciones:

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos7419-19, 7420-19, 7423-19, 7447-19, 7623-19, 7629-19, 7650-19, 7675-19, 7912-19, 7946-19, 7966-19, 7974-19, 7999-19, y 8020-19).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 7404-19, 7410-19, 7414-19, 7422-19, 7429-19, 7438-19, 7444-19, 7620-19, 7633-19, 7656-19, 7668-19, 7672-19, 7891-19, 7909-19, 7926-19, 7943-19, 7977-19, y 8003-19).

Artículo 169, inciso final, de la ley N° 18.290 (Rol N° 6242-19).

Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7842-19).

Artículo 196 ter, inciso primero, parte segunda, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7869-19).

Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7811-19).

Artículo 38 de la ley N° 18.287 (Rol N° 7464-19).

Artículo 4 bis, inciso segundo, de la ley N° 17.322 (Rol N° 6593-19).

Artículos 294 bis y 495, inciso final, del Código del Trabajo, y artículo 4, inciso primero, segunda frase, de la ley N° 19.886 (Rol N° 7516-19).

--Se manda archivar los documentos.

A continuación, comunica sentencias de control de constitucionalidad recaídas en los siguientes proyectos de ley:

-El que moderniza la legislación tributaria (Boletín N° 12.043-05) (Rol N° 8297-20).

--Se toma conocimiento.

-El que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos paleontológicos (Boletín Nº 2.905-04) (Rol N° 8164-20).

--Se toma conocimiento y se comunicó a Su Excelencia el Presidente de la República.

Adjunta diversas resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes normas:

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 7917-19, 7973-19, 8035-19, 8119-20, 8143-20, 8177-20, 8180-20, 8198-20, 8206-20, 8227-20, 8228-20, 8236-20, 8247-20, 8251-20, 8252-20, 8264-20, 8265-20, 8276-20, 8281-20, 8282-20, 8283-20, 8287-20, 8289-20, 8290-20, 8298-20, 8299-20, 8303-20, 8309-20, 8318-20, 8325-20, 8326-20, 8327-40, 8331-20, 8340-20, 8346-20, 8347-20, y 8348-20).

Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 8109-20, 8201-20, 8219-20, 8224-20, 8225-20, 8235-20, 8237-20, 8241-20, 8248-20, 8249-20, 8256-20, 8258-20, 8275-20, 8279-20, 8284-20, 8285-20, 8286-20, 8288-20, 8300-20, 8301-20, 8304-20, 8306-20, 8307-20, 8310-20, 8314-20, 8332-20, 8333-20, 8335-20, 8338-20, y 8341-20).

Artículo 1°, inciso tercero, del Código del Trabajo (Rol N° 8011-19).

Artículo 125, numeral 18), tercer párrafo de la Ley General de Pesca y Acuicultura (Rol N° 8168-20).

Artículo 126, inciso segundo, oración final, del Código Sanitario (Rol N° 8092-19).

Artículo 169, inciso sexto, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8005-19).

Artículo 171, inciso cuarto, del Código Tributario (Rol N° 8095-20).

Artículo 196 ter de la ley N° 18.290 (Rol N° 8033-19).

Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8160-20).

Artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Roles Nos 7927-19, 8001-19, y 8085-19)

Artículo 2° del decreto ley N° 3.643, de 1981, y artículo 4° del decreto ley N° 2.067 (Roles Nos 8061-19 y 8266-20)

Artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal (rol N° 8060-19).

Artículo 29 del decreto ley N° 211 (Rol N° 7775-19).

Artículo 33, N° 2, de la ley 18.838 (Rol N° 8018-19).

Artículo 4°, inciso primero, parte final, de la ley N° 19.886, y artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 8037-20).

Artículo 61 de la ley N° 20.000 (Rol N° 8078-19).

Artículos 1°, inciso tercero, 485 y 489, inciso tercero, del Código del Trabajo (Rol N° 8122-20).

Artículos 1°, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo (Rol N° 8186-20).

Artículos 195, inciso tercero, y 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley Nº 18.290 (Rol N° 8218-20).

Artículos 195, incisos segundo, tercero y final; y artículo 196 ter, inciso primero, parte final e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 8059-19).

Artículos 248, letra c), y 259, inciso final, ambos, del Código Procesal Penal (Rol N° 8142-20).

Artículos 3 bis, inciso primero, y 9°, del decreto ley N° 321 de 1925 (Rol N° 8108-20).

Artículos 345, inciso segundo e inciso cuarto, frase final; y 403, letra d), primer párrafo, del Código del Trabajo (Rol N° 8116-20).

Artículos 5, inciso segundo, y 10, inciso segundo, de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública (Rol N° 8118-20).

--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Finalmente, comunica una resolución recaída en un requerimiento de control de inconstitucionalidad presentado por un grupo de H. Diputados que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto de las modificaciones introducidas por el Senado en el nuevo numeral 1, del artículo único del proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica (Boletín N° 13.090-25). (Rol N° 8233-20).

--Se remite el documento a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Del Tribunal Calificador de Elecciones:

Informa que la Excma. Corte Suprema designó como integrantes de este Tribunal Calificador, para el cuadrienio 2020-2024, a los Ministros señora Rosa Egnem Saldías -quien ejercerá la Presidencia- y señores Juan Eduardo Fuentes Belmar, Ricardo Blanco Herrera, Jorge Dahm Oyarzún y Jaime Gazmuri Mujica.

--Se toma conocimiento.

Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo (S):

Remite antecedentes pedidos por la Honorable Senadora señora Allende sobre las políticas, herramientas y apoyos regionales destinados a pequeños y medianos empresarios turísticos perjudicados por los hechos de violencia ocurridos en nuestro país en los últimos meses.

Del señor Subsecretario de Educación:

Responde diversas consultas del Honorable Senador señor Navarro.

Informa, a petición de la Honorable Senadora señora Provoste, acerca del estado de avance del estudio de pertinencia y viabilidad de la aplicación de la asignación de zona a los asistentes de la educación traspasados a los servicios locales de educación o que estén regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 21.109.

Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:

Envía antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Navarro sobre el nuevo terminal Pacífico de Copec que se construirá en la comuna de Coronel.

Del señor Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario:

Se refiere a una inquietud del Honorable Senador señor De Urresti sobre plantaciones y exportación de bulbos en la Región de Los Ríos.

De la señora Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo:

Responde a una inquietud del Honorable Senador señor Girardi sobre financiamiento de proyectos de investigación vinculados con la industria de la carne de vacuno y lechera.

De la señora Superintendenta de Casinos y Juegos:

Remite información solicitada por el Honorable Senador señor Navarro sobre el cumplimiento de la ley que regula los llamados "casinos populares" donde funcionan máquinas tragamonedas.

Del señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional del Riego:

Atiende consulta de la Honorable Senadora señora Allende sobre los aportes realizados por la institución a empresas relacionadas con el señor Ministro de Agricultura.

Del señor Director Ejecutivo (S) del Fondo de Solidaridad e Inversión Social:

Remite copia, solicitada por el Honorable Senador señor De Urresti, del Convenio de Colaboración suscrito por la institución y la empresa Blumar, de Corral, para la entrega de contenedores de botellas plásticas.

Del señor Jefe de Gabinete del Ministro de Agricultura:

Se refiere a la solicitud del Honorable Senador señor Navarro sobre la posibilidad de declarar zona de emergencia agrícola y ganadera a la isla Santa María.

Del señor Seremi de Economía, Fomento y Turismo de Valparaíso:

Informa, a solicitud de la Honorable Senadora señora Allende sobre el Plan de Protección del Empleo y la Recuperación Económica impulsado por el Ejecutivo para la Región de Valparaíso.

--Quedan a disposición de Sus Señorías.

Del señor Ministro de Bienes Nacionales:

En cumplimiento con la Ley de Presupuestos vigente, informa sobre las variaciones e incrementos de superficie del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.

--Se toma conocimiento.

Informes

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la Comisión de Hacienda, ambos recaídos en el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado (Boletín N° 13.041-13).

--Queda para tabla.

Mociones

De los Honorables Senadores señoras Allende, Muñoz y Provoste, y señores De Urresti y Elizalde, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que crea dos escaños reservados para la Convención Constitucional para los chilenos y chilenas en el exterior (Boletín Nº 13.257-07).

Del Honorable Senador señor Kast, señoras Aravena y Ebensperger, y señores Coloma y Galilea, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que dispone el cese en el cargo para el parlamentario que haga uso de la violencia, la propugne o incite a ella como método de acción política (Boletín Nº 13.258-07).

--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los acuerdos de Comités.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los Comités, en reunión del día de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:

1.- Tratar, respectivamente, en segundo y tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, los siguientes asuntos:

-Informe de la Comisión Mixta (signado con el número 13 de la tabla) constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago (boletín N° 11.078-03).

-Proyecto de ley (signado con el número 7 de la tabla) que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley Nº 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest (boletín Nº 12.192-25).

2.- Tratar, en primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 4, el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado (boletín N° 13.041-13).

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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, solicito que el proyecto referido a la Ley Marco del Cambio Climático, actualmente en la Comisión de Medio Ambiente, también sea visto por la Comisión de Recursos Hídricos, la cual, obviamente, tiene una estrecha relación con la huella hídrica y el tema de la escasez hídrica. Por lo tanto, parece lógico que sea analizado igualmente por este organismo.

Y, en segundo término, pido que la reforma constitucional relacionada con la función social de los derechos de aprovechamiento, hoy en la Comisión de Legislación, pase asimismo a la Comisión de Recursos Hídricos.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en las solicitudes efectuadas por la Senadora Isabel Allende?

El señor HARBOE.- ¿Cuál es el último proyecto, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Podría repetirlo, señora Senadora.

La señora ALLENDE.- Son dos proyectos diferentes. Uno es el correspondiente a la Ley Marco del Cambio Climático, actualmente en la Comisión de Medio Ambiente, que estoy pidiendo que pase a la Comisión de Recursos Hídricos, por las razones obvias que ya indiqué, de la huella hídrica, de su estrecha relación con el tema, etcétera. Y el otro tiene que ver con la función social de los derechos de aprovechamiento de aguas, para que también sea visto en la Comisión de Recursos Hídricos. Originalmente se derivó a la Comisión de Constitución, y me parece razonable que también sea analizado por la de Recursos Hídricos.

El señor HARBOE.- ¿Después de que sea despachado por la otra?

La señora ALLENDE.- Por supuesto.

El señor QUINTANA (Presidente).- Así es.

¿Habría acuerdo para acoger las dos solicitudes?

La señora EBENSPERGER.- Sí.

El señor QUINTANA (Presidente).- Acordado.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Pasamos al primer asunto de la tabla.

IV. ORDEN DEL DÍA

Boletín N° 11362-13

OTORGAMIENTO DE FUERO LABORAL A DIRIGENTES GREMIALES DE PROFESORES

El señor QUINTANA (Presidente).- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

--Los antecedentes sobre el proyecto (11.362-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite: sesión 80ª, en 16 de enero de 2018 (se da cuenta).

Informe de Comisión:

Trabajo y Previsión Social: sesión 60ª, en 22 de octubre de 2019.

Discusión:

Sesión 101ª, en 22 de enero de 2020 (queda pendiente el tratamiento del proyecto).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Específicamente, se somete a la consideración de la Sala el inciso tercero del artículo 8 ter contenido en el artículo único de la iniciativa.

Es importante recordar que el Senado, en su sesión de fecha 22 de enero de 2020, aprobó en general y en particular el referido proyecto de ley, por tratarse de aquellos de artículo único, y seguidamente acordó, por la unanimidad de los presentes, reabrir el debate respecto del mencionado inciso tercero del artículo 8 ter, quedando pendiente el pronunciamiento respecto de dicha norma.

Cabe hacer presente que la disposición en comento tiene el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que requiere 25 votos favorables para su aprobación.

Por último, es pertinente destacar que el objetivo de la iniciativa es otorgar fuero laboral a los profesionales de la educación que tengan la calidad de director de una asociación gremial. En ese contexto, el indicado inciso tercero dispone que el empleador no podrá poner término al contrato sino con autorización previa del juez del trabajo, el que podrá concederla en los casos que, al efecto, la misma norma detalla.

Sus Señorías tienen a su disposición el respectivo boletín comparado, en cuyas páginas 4, 5 y 6 se consigna el precepto en referencia.

Es todo, señor Presidente.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Varios señores y señoras Senadoras me han preguntado por la Comisión Mixta vinculada al tema de la paridad.

Cuatro bancadas ya hicieron llegar el nombre de su integrante, y entiendo que la que falta lo haría a las cinco de la tarde. Cuando ello ocurra, lo vamos a comunicar inmediatamente a la Sala para que la instancia bicameral pueda constituirse cuando lo estime conveniente, dado que la Cámara ya entregó la nómina de sus representantes.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre el proyecto.

La tiene, en primer lugar, la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el objetivo de esta iniciativa es otorgar fuero laboral a los profesionales de la educación que tengan la calidad de directora o director de una asociación gremial, sea esta de carácter nacional, regional, de directivas provincial, comunal o de directorios territoriales que formen parte del territorio jurisdiccional de un Servicio Local de Educación.

El texto fue aprobado en la Cámara de Diputados y consta de un artículo único. Lo que nosotros esperamos, en esta segunda discusión en el Senado, es contar con el apoyo suficiente, en el marco de una ley orgánica constitucional, para que esta iniciativa se convierta en ley de la república y así los profesionales de la educación que tengan la calidad de directora o director de una asociación gremial tengan derecho a fuero.

El proyecto establece que gozarán de este fuero la totalidad de los miembros de la directiva de una asociación gremial, de carácter nacional o territorial, tal como ya lo señalamos, y que, en el caso de las directivas provinciales de una asociación nacional, aquel corresponderá a un integrante de dicha directiva, si esta representa entre cincuenta y ciento cuarenta y nueve afiliados. Se homologan las leyes en este sentido.

Lo que nosotros esperamos con este proyecto es eliminar una asimetría que existe entre el empleador y los trabajadores, que claramente genera conflictos sociales y pone en riesgo la actividad de trabajo, cuyos mecanismos de equilibrio son la participación en los sindicatos, en este caso en el Colegio de Profesores.

Queremos valorar que esta iniciativa haya sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo del Senado, y queremos recomendar a la Sala que también la acoja con el máximo respaldo, porque no solo contribuye a un desafío que sigue pendiente en nuestro país, como es aumentar la sindicalización, sino que también da garantías a quienes se desempeñan en estas tareas para que lo puedan hacer con total tranquilidad.

Anunciamos el voto a favor de la bancada de la Democracia Cristiana para esta iniciativa que permite otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales del Colegio de Profesores.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más señores Senadores inscritos.

En votación el inciso tercero del artículo 8 ter.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador José García, tiene la palabra.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me gustaría que el señor Secretario fuera tan amable de indicarnos exactamente lo que estamos votando; porque entiendo que no es la totalidad del proyecto, sino solo una parte que quedó pendiente en la última sesión en que se trató la iniciativa.

Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.

Como se indicó al momento de efectuar la relación, lo que corresponde votar es solamente el inciso tercero del artículo 8 ter, contenido en el artículo único del proyecto de ley, norma orgánica constitucional que en la sesión anterior, cuando se votó la iniciativa, no alcanzó el quorum de aprobación requerido, motivo por el cual la unanimidad de la Sala acordó reabrir el debate respecto de este exclusivo inciso para su discusión y votación en la presente sesión.

El señor QUINTANA (Presidente).- Estaría claro, entonces, que estamos votando un tema pendiente, muy acotado.

La norma reviste carácter orgánico constitucional y aún falta que se pronuncien algunos señores Senadores y señoras Senadoras.

Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, seré muy breve.

Nosotros vamos a votar a favor de esta reforma al Estatuto de los Profesionales de la Educación para otorgar fuero laboral a los dirigentes gremiales de los profesores, algo que ha estado pendiente desde hace mucho tiempo.

Hay que recordar que, para efectos de los números, estamos asegurando el derecho a fuero laboral para un máximo de once dirigentes a nivel nacional.

En el caso de los directorios regionales, la norma general será que cinco dirigentes contarán con fuero laboral si el directorio regional representa a entre trescientos y novecientos noventa y nueve afiliados. Y el fuero corresponderá a nueve de sus integrantes si la directiva representa a mil afiliados o más.

A nivel provincial, el fuero recaerá en un integrante de dicha directiva si esta representa a entre cincuenta y ciento cuarenta y nueve afiliados, y a tres de sus integrantes si representa a ciento cincuenta afiliados o más.

Y tratándose de directivas comunales, corresponderá que uno de sus miembros cuente con fuero cuando aquella represente a más de veinticinco y hasta cuarenta y nueve afiliados; a dos dirigentes cuando represente a entre cincuenta y ciento cuarenta y nueve; a tres cuando represente a entre ciento cincuenta y novecientos noventa y nueve afiliados, y a cuatro de sus miembros si representa a mil afiliados o más.

Creo que aquí estamos estableciendo, a la vez, algo que es importante: una transición para los directorios territoriales que forman parte de los servicios locales de educación, donde se establece una cantidad de dirigentes con fuero.

Pero estamos ante un proyecto bastante importante, simple, y que va a asegurar algo más representativo y estable.

Recordemos que experimentaremos una transición muy masiva hacia un nuevo empleador: los servicios locales de educación. Y eso también está contemplado en este proyecto.

He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso tercero del artículo 8 ter, contenido en el artículo único del proyecto (28 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido, y queda despachado el proyecto en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, García, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Letelier, Montes, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.

El señor QUINTANA (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Latorre.

Boletín N° 11078-03

FORTALECIMIENTO DE RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DE USUARIO Y EMISOR EN CASO DE USO FRAUDULENTO DE MEDIOS DE PAGO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Pasamos a considerar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago.

--Los antecedentes sobre el proyecto (11.078-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del Senador señor Ossandón y de los entonces Senadores señora Lily Pérez y señor Tuma):

En primer trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2017 (se da cuenta).

En tercer trámite: sesión 9ª, en 10 de abril de 2019.

Informes de Comisión:

Economía: sesión 40ª, en 22 de agosto de 2017.

Economía (segundo): sesión 77ª, en 3 de enero de 2018.

Economía: sesión 27ª, en 18 de junio de 2019.

Mixta: sesión 96ª, en 15 de enero de 2020.

Discusión:

Sesiones 48ª, en 20 de septiembre de 2017 (se aprueba en general); 79ª, en 10 de enero de 2018 (se aprueba en particular); 30ª, en 3 de julio de 2019 (se rechazan las enmiendas de la Cámara de Diputados y el proyecto pasa a Comisión Mixta).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de las siguientes enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite: los incisos tercero y cuarto del nuevo texto propuesto para el artículo 2° contenido en el numeral 3); el nuevo texto propuesto para el artículo 4° contenido en el numeral 3); el nuevo texto propuesto para el artículo 5° contenido en el numeral 5), y la letra f) del nuevo texto propuesto para el artículo 7° contenido en el numeral 8), todos del artículo 1 de la iniciativa.

La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, y con las votaciones que se consignan en su informe, propone lo siguiente:

Sustituir el numeral 2) del artículo 1 por el que indica.

Que el numeral 3) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, con las siguientes modificaciones:

-Considerar como inciso tercero del artículo 2 el que señala.

-Eliminar el inciso cuarto del artículo 2.

-Considerar como artículo 4 el aprobado por la Cámara de Diputados, con la redacción que señala.

Que el numeral 4) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, sin modificaciones.

Que el numeral 5) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, con la siguiente modificación:

-Considerar como artículo 5, el aprobado por la Cámara de Diputados, con el texto que indica.

Que los numerales 6) y 7) pasen a formar parte del numeral 2) del artículo 1, sin modificaciones.

Que el numeral 8) pase a formar parte del numeral 2) del artículo 1, con las siguientes modificaciones:

-Aprobar la letra f) del nuevo texto propuesto para el artículo 7 por la Cámara de Diputados, con la redacción que señala.

-Incorporar una letra h), nueva, en el texto propuesto para el artículo 7.

Que los numerales 9) y 10) pasen a formar parte del numeral 2) del artículo 1, sin modificaciones.

Introducir bajo el epígrafe "Disposiciones finales", los artículos 10 y 11, nuevos, que señala.

Cabe tener presente que el artículo 5 contenido en el numeral 2) del artículo 1 del proyecto de ley reviste el carácter de norma orgánica constitucional, y requiere, por tanto, 25 votos favorables para su aprobación.

La proposición de la Comisión Mixta se consigna a partir de la página 69 de su informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión el informe de Comisión Mixta.

Tiene la palabra el Senador Durana, Presidente de la Comisión de Economía.

El señor DURANA.- Señor Presidente, me corresponde informar como Presidente de la Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República, la cual tiene el honor de proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de la referencia, iniciado en moción del Senador señor Ossandón, y de los ex Senadores señora Pérez San Martín y señor Tuma.

El principal objetivo de la iniciativa es introducir diversas modificaciones a la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de créditos por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, con la finalidad, entre otras, de ampliar este régimen de limitación de responsabilidad a los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas y de imponer mayores exigencias a los emisores.

La Comisión Mixta propone aprobar lo siguiente:

En relación con el artículo segundo del proyecto, según el cual los titulares o usuarios de medios de pago, así como los titulares de otras cuentas o sistemas similares que permiten efectuar transacciones electrónicas, en adelante referidos en forma conjunta como "los usuarios", estos podrán limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta iniciativa de ley, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, dando aviso oportuno al emisor.

La Comisión Mixta acordó, asimismo, que el emisor deberá enviar al usuario, de la manera más expedita posible, y a través del medio que el usuario hubiera acordado o registrado con el respectivo emisor, una comunicación que incluya el número o código de recepción o identificación del seguimiento y la fecha y hora del aviso. En todo caso, la falta de dicha comunicación no afectará la validez del aviso efectuado por el usuario.

Con relación al artículo 4°, relativo a las operaciones anteriores al aviso que haga el usuario al emisor para limitar su responsabilidad, en los términos establecidos por esta ley en proyecto, en caso de hurto, robo, extravío o fraude, la Comisión Mixta acogió la norma aprobada por la Cámara de Diputados con el siguiente texto:

"En el caso de operaciones anteriores al aviso el usuario deberá reclamar al emisor de aquellas operaciones respecto de las cuales desconoce haber otorgado su autorización o consentimiento, en el plazo de treinta días hábiles siguientes al aviso.

"El reclamo podrá incluir operaciones realizadas en los 120 días corridos anteriores a la fecha del aviso efectuado por el usuario".

"En relación con las operaciones no autorizadas incluidas en el reclamo, se considerará especialmente la circunstancia de que el emisor haya enviado una alerta de fraude al usuario, identificando las operaciones sospechosas, y que exista constancia de su recepción por parte del usuario, conforme al contrato de prestación de servicios financieros correspondiente".

"Tan pronto el usuario tome conocimiento de la existencia de operaciones no autorizadas, deberá dar aviso. En los casos en que el usuario desconozca haber autorizado una operación, corresponderá al emisor probar que dicha operación fue autorizada por el usuario y que se encuentra registrada a su nombre.".

Esta es una norma fundamental, el corazón de esta iniciativa, porque cambia la carga de la prueba, toda vez que hace que ella esté en el emisor (banco) y no en la persona (usuario).

Además: "El solo registro de las operaciones no bastará, necesariamente, para demostrar que esta fue autorizada por el usuario, ni que el usuario actuó con culpa o descuido que le sean imputables, sin perjuicio de la acción contra el autor del delito".

En relación con el artículo 5°, sobre la obligación del emisor de proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas en virtud del artículo 4, la Comisión Mixta acordó la norma aprobada por la Cámara de Diputados, del siguiente modo:

"El emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos correspondientes a las operaciones reclamadas dentro de cinco días hábiles contados desde la fecha del reclamo, cuando el monto total reclamado sea igual o inferior a 35 UF.

"Si el monto reclamado fuere superior, el emisor deberá proceder a la cancelación de los cargos o a la restitución de los fondos por un valor de 35 UF en cinco días hábiles. Respecto del monto restante, el emisor tendrá siete días adicionales para cancelarlos, restituirlos al usuario o ejercer las acciones respectivas.

"Si en cinco días hábiles, el emisor recopila antecedentes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave por parte del usuario (autofraude), podrá ejercer ante el juez de policía local todas las acciones que emanan de esta ley, siendo competente aquel que corresponda a la comuna del domicilio del usuario.".

La Comisión estimó conveniente radicar estas materias en los juzgados de policía local para que sea el mismo tribunal que hoy atiende las acciones propias de los derechos de los consumidores el que se encargue de resolver estas controversias, entre otras consideraciones. También acordó que el procedimiento para ejercer estas acciones sea el establecido en el párrafo 1 del título IV de la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores.

En cumplimiento de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 77 de la Constitución Política y en el artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la norma fue puesta en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema a través del oficio E/1405-2020, de 8 de enero de este año.

Por otra parte, "Si el juez declara por sentencia firme o ejecutoriada que no existen antecedentes suficientes que acrediten la existencia de dolo o culpa grave del usuario, el emisor quedará obligado a restituir al usuario el saldo retenido, debidamente reajustado aplicando para ello la tasa de interés máxima convencional calculada desde la fecha del aviso y al pago de las costas personales o judiciales.".

En relación con las diferencias entre ambas Cámaras con respecto al artículo 7 propuesto por la Cámara de Diputados, que consagra los tipos penales que constituyen delitos de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, la Comisión acordó agregar las siguientes dos conductas:

"f) Usar maliciosamente una tarjeta de pago o clave y demás credenciales de seguridad o autenticación, bloqueadas, en cualquiera de las formas señaladas en las letras precedentes.

"h) Obtener maliciosamente, para sí o para un tercero, el pago total o parcial indebido, sea simulando la existencia de operaciones no autorizadas, provocándolo intencionalmente, o presentándolo ante el emisor como ocurrido por causas o en circunstancias distintas a las verdaderas.".

Es del caso hacer presente que los ilícitos que consagra esta ley serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa correspondiente al triple del monto defraudado.

Finalmente, la Comisión Mixta, recogiendo propuestas de sus integrantes, acordó proponer la aprobación de las siguientes disposiciones finales del proyecto.

La primera dispone que los emisores deberán bloquear todos aquellos medios de pago que se encuentren inactivos por más de 12 meses consecutivos (artículo 10).

Esta norma surgió de una propuesta formulada por el Senador Harboe. Desde su presentación contó con un amplio respaldo de parte de todos los integrantes de la Comisión Mixta.

La segunda disposición establece que las entidades emisoras deberán informar semestralmente en sus respectivos sitios electrónicos acerca del número de usuarios afectados por casos cubiertos por el presente cuerpo legal, señalando los montos involucrados y los plazos en que hayan dado respuesta o cumplimiento a sus obligaciones. También deberán enviar la información de manera desagregada a la Comisión para el Mercado Financiero.

Esta disposición surgió de una propuesta de la Diputada señora Pérez y de la Senadora señora Rincón. La incorporación de esta norma obedece a la conveniencia para el sistema, y también para los consumidores, de que los emisores transparenten su comportamiento y respuesta a los reclamos que reciban de sus clientes por casos propios de esta ley.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Han llegado a la Mesa los nombres que estaban pendientes para la integración de la Comisión Mixta.

Le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario para que proceda a dar lectura a los nombres de los Senadores que enviaron las bancadas, a fin de que se constituyan cuando lo estimen conveniente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, para efectos de la integración de la Comisión Mixta que deberá resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras con motivo del estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental, particularmente para permitir la conformación de pactos electorales independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración de dicho órgano, los Comités han propuesto los siguientes nombres:

Por parte del Partido Socialista, la Senadora señora Isabel Allende; por el Partido Por la Democracia, la Senadora señora Adriana Muñoz; por la Democracia Cristiana, la Senadora señora Yasna Provoste; por el Partido Unión Demócrata Independiente, la Senadora señora Ena von Baer, y por el Partido Renovación Nacional, el Senador señor Rodrigo Galilea.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.

Esa sería, entonces, la nómina de los representantes del Senado en la referida Comisión Mixta.

¡No alcanzó a ser paritaria...!

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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, este es uno de los proyectos, probablemente, de mayor impacto cotidiano en las transacciones que se realizan en el ámbito del consumo en Chile.

Pensemos solamente en que hoy día existen cerca de 22,3 millones de tarjetas de débito y 17,8 millones de tarjetas de crédito que están dando vueltas y se hallan operativas en el mercado.

Solo con tarjetas de débito, se han realizado en los últimos cinco años más de 157 millones de transacciones. Esa es la magnitud del movimiento operacional que tiene hoy día el uso de tales tarjetas.

Por lo tanto, la regulación de esta industria y de esta forma de intercambio es fundamental: uno, para el desarrollo de la economía digital, que es esencial; dos, para la seguridad de las transacciones, que es clave, y, tres, para la seguridad tanto del emisor como de los consumidores.

Evidentemente, lo que se planteó en su oportunidad fue un proyecto de ley que buscara establecer una especie de cobertura legal para las personas que hayan sido defraudadas a través del uso de la tarjeta de crédito o de débito previamente hurtada o robada.

Al respecto, se propuso una regulación que dispone un conjunto de mecanismos de protección para las personas a quienes se les pierdan, les hurten o les roben sus tarjetas de crédito o de débito.

Sin embargo, no parecía lógico establecer que la carga de la prueba para acreditar que no se había hecho un uso malicioso de las mismas recayera en el consumidor.

Entonces, lo primero que hace esta iniciativa es cambiar la carga de la prueba. En efecto, a partir de esta futura ley, el que debe probar el mal uso de dicho instrumento bancario es el emisor.

¿Y por qué se invierte la carga de la prueba? Porque resulta de toda lógica, como dice nuestra legislación, que quien alega una obligación tenga el deber de probarla. En este caso, quien alega un mal uso o uso malicioso de una tarjeta de crédito o de débito es el ente emisor, razón por la cual corresponde a él aportar las pruebas.

En segundo lugar, el proyecto contempla normas en materia de procedimientos.

Frente a una situación de abuso o de uso malicioso de una tarjeta por pérdida o hurto, se establecen, habiéndose dado cuenta del hecho al ente emisor con anterioridad, sin que este haya tomado los debidos resguardos, ciertos grados de responsabilidad.

¿Quién responde en ese caso?

Hasta ahora, con la legislación vigente, el cliente tenía que probar que no había sido negligente ni hecho uso malicioso de las tarjetas. Obviamente, ante grandes corporaciones, ante la industria, era muy difícil probar aquello. Por eso se invirtió la carga de la prueba y ahora ello corresponde al emisor del instrumento bancario.

Adicionalmente, el proyecto consagra que, si un tenedor de tarjeta ha sido víctima de una defraudación menor a 35 unidades de fomento y ha dado el aviso correspondiente, la entidad emisora tiene la obligación de restituir esos fondos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del reclamo. En segundo lugar, si ese monto supera las 35 unidades de fomento, se establece la misma obligación con un plazo mayor, siete días más, es decir, hasta doce días hábiles desde la fecha del reclamo.

Eso tiene por objeto evitar un conjunto de perjuicios que se le pueden provocar al usuario. Por ejemplo, si se tratara de un empleador que usa una tarjeta de débito para pagar los sueldos de su pequeña empresa y la banca le devolviera esos fondos en treinta, sesenta o noventa días, ¿cómo paga las remuneraciones? Va a tener que endeudarse. ¿Quién paga esos créditos? ¿Quién paga esos intereses?

Entonces, se ha establecido una regulación a ese respecto.

Evidentemente, si el emisor bancario, frente a la denuncia de un cliente del hurto o robo de su tarjeta o del uso malicioso de esta sin su consentimiento, tiene dudas y cree que el cliente actuó con dolo o con culpa grave, deberá probarlo. ¡Deberá probarlo!

¿Pero cómo se hace eso procedimentalmente? Dentro del plazo de los cinco o doce días, respectivamente, el emisor tendrá que interponer una denuncia ante el juzgado de policía local correspondiente al domicilio del cliente y ahí decir: "Mire, usted actuó con dolo o culpa grave". ¡Y tendrá que probar ese dolo o culpa grave!

Y será, entonces, el juzgado de policía local el encargado de determinar esa responsabilidad, no una entidad administrativa como ocurre hoy día. La Superintendencia de Bancos, como todos sabemos, no siempre cumplió el rol que se esperaba, dado que sus funcionarios planteaban que su función en el mercado financiero era otro.

En consecuencia, el juzgado de policía local del domicilio del cliente deberá resolver si hubo dolo o culpa grave y, por tanto, quién debe responder por esa defraudación, lo cual es un avance muy importante.

Si la sentencia a firme y ejecutoriada del juzgado de policía local establece que no existe responsabilidad de dolo o culpa grave del cliente, inmediatamente el ente emisor debe proceder a pagar el saldo que ha sido retenido o insoluto de pago, reajustado como corresponde con intereses, costas personales y procesales.La iniciativa establece ese mecanismo.

Asimismo, el proyecto prohíbe la oferta de seguros a los clientes por montos que ya están asegurados por ley.

Muchas veces se contratan seguros antifraude, pero ¿qué se está contratando? Cuando una persona firma un contrato de depósito con un banco -voy a poner ese ejemplo-, la obligación del depositante es pagar la cuota que el depositario le exige, y la correlativa obligación del depositario es cuidar adecuadamente esos fondos. Si el depositario, por falta de inversión en ciberseguridad, incurre en una negligencia inexcusable y se produce una defraudación de esos dineros, ¿por qué ha de endosarle al cliente, al depositante, ese riesgo ofreciéndole un contrato de seguro u obligándolo a tomarlo? O sea, el cliente estaría contratando un seguro por un riesgo que no es asumido por aquel que tiene la obligación de hacerlo. Ahí existe un incentivo perverso.

Por eso esta iniciativa de ley invierte la carga de la prueba. Le estamos diciendo al ente emisor: "Mire, queremos que usted sea responsable, haga las inversiones en ciberseguridad y garantice la seguridad en las transacciones. El cliente tendrá que responder cuando ha actuado con dolo o culpa grave. Pero, si no lo ha hecho, usted tendrá que responder".

En ese sentido se establece un incentivo positivo para propiciar mejores inversiones en materia de ciberseguridad.

Señor Presidente, reitero lo que dije al principio: cuando en nuestro país hay 22,3 millones de tarjetas de débito y 17,8 millones de tarjetas de crédito, la regulación es fundamental.

Necesitamos motivar el desarrollo de la economía digital y, a su vez, salvaguardar los derechos de los consumidores. Esta iniciativa establece normas para dar protección a los derechos de los consumidores.

Algunos propusimos -se lo pedimos al Gobierno, y habría sido bueno que alguno de sus representantes hubiera estado sentado acá- la creación de un registro, porque también tenemos que evitar que alguien pretenda hacer un negocio con esto. Puede ocurrir el día de mañana que una persona diga recurrentemente que le han defraudado su tarjeta. Si hubiera un registro en esta materia, habría un incentivo positivo para no ser un infractor. El Gobierno no quiso acceder a ello, lamentablemente. Creo que eso le habría dado más certeza a la industria, al sistema, para evitar la acción de los abusadores que siempre pueden existir en este ámbito.

Señor Presidente, pienso que este proyecto es una buena solución, en comparación al texto inicial, que estaba bien inspirado pero que no necesariamente lograba el objetivo final.

Espero que tengamos una regulación adecuada, que proteja los derechos de los consumidores, que fomente la economía digital y que nunca más establezca que la carga de la prueba corresponde al cliente, ya que enfrentar a una gran corporación es extremadamente difícil.

A partir de esta nueva legislación, será justamente el cliente quien tendrá por delante el derecho a que la contraparte -en este caso, los emisores- prueben las obligaciones que alegan.

Señor Presidente, este es un buen proyecto, de aplicación práctica, que va en directo beneficio de los consumidores y usuarios de tarjetas de crédito y de débito.

He dicho.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz. Entiendo que por un punto de reglamento.

La señora MUÑOZ.- Sí, señor Presidente.

Solicito el acuerdo de la Sala para la constitución de la Comisión Mixta sobre el proyecto de paridad, a las 17:45.

El señor QUINTANA (Presidente).- Dado que es una facultad de la Mesa citar para que se constituya dicha Comisión Mixta, vamos a proceder de inmediato, en los términos que ha señalado la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ.- Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que el Senador Rabindranath Quinteros también tiene un punto de reglamento.

Tiene la palabra.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, solicito citar a la Comisión Mixta de Salud para el lunes, a las tres y media de la tarde, referido al tema de fármacos.

El señor QUINTANA (Presidente).- La nómina de los integrantes de dicho órgano ya está en conocimiento de la Secretaría.

El señor QUINTEROS.- Así es.

El señor QUINTANA (Presidente).- Por lo tanto, vamos a citar también de inmediato a ella, para el lunes.

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El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador señor Ossandón ha pedido abrir la votación. Entiendo que el informe está claro ya.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

En votación la proposición de la Comisión Mixta.

--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, el mundo ha cambiado y lo vemos diariamente. El dinero ha desaparecido del bolsillo de muchas personas y la gran mayoría ha optado por medios de pago digitales, no necesariamente a través de las tarjetas de crédito, sino también de las tarjetas de débito y las transacciones en línea.

Este nuevo mundo digital requiere ser protegido. Y no me refiero solo a proteger lo físico, al "plástico", como se le llama en el mercado a las tarjetas bancarias, sino también las operaciones que se hacen con ellas en los diferentes puntos donde se efectúan las compras o transacciones, incluido los cajeros, donde las tarjetas también están habilitadas.

Y ello ocurre no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Los convenios internacionales en esta materia hoy permiten que tales operaciones se efectúen en cualquier lugar.

No es de extrañarse, entonces, que quienes poseen algunos de estos sistemas de pago hayan tenido la experiencia -espero que no muchos- de que sus cuentas hayan sido adulteradas o alteradas por transacciones que no fueron originadas con su consentimiento.

En tal caso, ¿quién es el responsable? Al respecto, son múltiples los actores.

Por eso, el mundo digital requiere un cambio cultural.

El primero de ellos es la protección de los datos personales, información que se maneja porque las claves de acceso algunas veces son tan fáciles de adivinar que cualquiera podría perfectamente ocupar un plástico o hacer un ingreso virtual si conoce algunos datos básicos de los clientes.

Lo segundo es establecer medidas relacionadas con quienes efectúan el tratamiento de la información y los datos. Obviamente, ello implica un cambio cultural, porque hoy en el mundo digital la solución no es solo instalar fierros, firewall y todos los dispositivos o antivirus necesarios, sino también ocuparse de las personas.

Durante los últimos años se ha podido apreciar cómo desde el interior de las organizaciones se filtra información, se vende. Es más, existe un mercado alternativo para comprar datos, en la web oscura o en la web profunda. Eso tiene un valor.

El robo de identidad es un negocio y parte del cibercrimen. Por eso debemos entender que, para operar sistemas de esta naturaleza, se deben efectuar diversos entrenamientos, tanto a la comunidad, a la ciudadanía, como a las organizaciones, con el fin de prevenir estos delitos.

En tal sentido, tenemos la ley Nº 21.113, que consagra el mes de octubre como el Mes Nacional de la Ciberseguridad. Pero lo más importante es que necesitamos una estructura, una institucionalidad. Y eso es lo que estamos construyendo. ¿Cómo lo haremos? Protegiendo lo más relevante, un derecho ya garantizado en la Constitución sobre la base de una reforma constitucional: la protección de los datos personales.

Espero que avance muy pronto la iniciativa de ley que dará forma a la Agencia de Protección de Datos, para que así todo aquel que sienta que sus derechos han sido vulnerados pueda exponerlo y aplicar las sanciones y multas correspondientes.

El segundo proyecto de ley, que espero ver pronto en tabla -está ahí, muy cercano-, es el relativo a los delitos informáticos, fundamental para perseguir el crimen transnacional, incluido lo que se produce fuera de nuestras fronteras. Y para eso, la opción del Convenio de Budapest es fundamental.

Ahora, es esencial entender que esta materia llegó para quedarse. No es de extrañarse, entonces, que el Foro Económico Mundial todos los años nos recuerde que, después de los riesgos de la naturaleza, que en Chile conocemos muy bien, enfrentamos los peligros tecnológicos: ciberataques, robos de identidad digital o fraudes informáticos.

Por lo tanto, ha llegado el momento de que ese riesgo sea parte del sistema operacional. Este no es un tema menor, porque debe ser provisionado. En tal materia, convenios y acuerdos, como Basilea III, son fundamentales.

Debemos actualizar nuestra legislación, estar al día. Pero nos quedan temas pendientes.

Los invito a reflexionar, porque el ejemplo de las tarjetas será común en todas las transacciones a futuro. Tenemos que avanzar en identidad digital. Todavía no se puede determinar quién es realmente la persona que realiza la transacción bancaria. La clave única no es la solución; es apenas el inicio de un proceso muy largo.

Debemos tener sistemas transaccionales con seguridad, lo cual está dado por el tipo de transacción. Hoy se les llama "blockchain". Probablemente, a futuro sea otro sistema: redes neuronales inteligentes capaces de sobrevivir a ataques a los cuales actualmente los sistemas con blockchain se ven enfrentados.

Es preciso entender que en el Parlamento debemos estar activos para adelantarnos a los hechos. Y algo que probablemente el mundo financiero realizará es cambiar los plásticos. La modalidad de las tarjetas de crédito no permite dar seguridad. Ello constituye un gran desafío.

Por lo pronto, no hay que traspasar a los usuarios el riesgo. Ya sabemos que el riesgo es inherente a la naturaleza del negocio, lo que forma parte de la gestión operacional, cuyo costo tiene que asumir la entidad financiera que provee estos mecanismos de pago. Y esto es extensivo a todos los otros mecanismos digitales de pago.

Pero si no somos capaces de entender que estamos viviendo una transformación tremenda en Chile y en el mundo entero, nos quedaremos atrás y estaremos reaccionando de forma tardía.

Por eso, señor Presidente, nuevamente quiero recordarle a la Mesa la solicitud para crear una comisión, aunque sea especial, sobre transformación digital segura, que permita avanzar en estos temas para hacer posible que todo lo que queremos funcione mejor.

La tecnología digital segura, que se puede apreciar no solo en los sistemas bancarios, evita la corrupción porque es muy difícil alterarla, es muy difícil cambiar los valores. Ahí está la esencia de la agenda antiabusos. La gente se siente abusada porque los han saltado, porque otros han hecho cosas sin su consentimiento. El riesgo que está inserto se puede eliminar con la tecnología.

La analogía con el mundo bancario, que se protege con mecanismos digitales, que son capaces de medir y cuantificar el riesgo, también debe aplicarse en los sistemas del Estado, de tal manera que nadie se salte una lista de espera o nadie reciba un beneficio que no le corresponda.

Esas son las verdaderas agendas antiabusos modernas, que nos ponen a todos al mismo nivel, porque si hay algo que el ciberespacio permite, es dejarnos a todos a la misma estatura. No hay grandes ni chicos. Todos están expuestos a los mismos riesgos.

A mi juicio, este proyecto de ley es importante, valioso, oportuno, y tiene los elementos esenciales para dar cuenta de una realidad: que las personas usan el mundo digital.

Hablo de sistemas completamente digitales, transaccionales; no de la prehistoria informática que todavía tenemos aquí, en este Parlamento, con documentos en Word, planillas Excel y textos en PDF. Todo eso se puede alterar y no se puede controlar.

Los sistemas bancarios son los primeros transaccionales seguros. En ese sentido, los bancos y las entidades financieras deben contar con la capacidad para resguardar sus operaciones y no traspasar ese riesgo a quienes son los portadores de un instrumento de pago.

Espero que logremos avanzar en esta materia y en todo lo que he mencionado, porque nos toca a nosotros, a esta generación de Senadoras y Senadores, hacernos cargo de la transformación digital segura del Estado y de la sociedad civil.

Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ossandón.

El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, estoy muy contento porque nos hallamos votando este proyecto en su última etapa de tramitación, ya que para mí él es emblemático de nuestra agenda antiabusos.

Con esta iniciativa, como decimos en buen chileno, le estamos colocando el cascabel al gato y se termina con un largo período de abusos, pues no se respondía ante este tipo de fraudes si uno no tenía seguro.

Según se ha dicho anteriormente, aquello es lo más importante y constituye la esencia de este proyecto, que -y quiero contarles- nació porque a un miembro de mi equipo le clonaron la tarjeta en el cajero automático del edificio del Senado. Ahí partimos investigando este asunto, y nos dimos cuenta, por ejemplo, de que a una persona que le robaban 200 mil pesos de la CuentaRUT, que usaba para su sustento, si no era capaz de comprobarle al banco que no había cometido un autofraude, no tenía ninguna posibilidad de que le reintegraran ese dinero.

Aquí por años los bancos se escudaron en vacíos legales y en grandes equipos de abogados contra los que no era factible competir: se trataba de una tremenda lucha entre David y Goliat.

Entonces, este proyecto trae justicia en la materia, porque, en palabras simples, uno pone la plata en un banco para que se la cuiden y no al revés. Esto va a obligar a que todas las organizaciones que dan este tipo de servicio inviertan en seguridad. Y si alguien quiere comprar un seguro, lo podrá hacer. Pero no va a existir la obligación directa, en que también hay un negocio absolutamente vertical, pues el propio banco, con comisiones realmente grandes, cobra por dicho seguro. Es la llamada "letra chica", por cuanto siempre que una persona contrata un producto viene adicionado un seguro.

Además, lo que se plantea mediante esta iniciativa tiene la gracia de que, tratándose de montos menores, de hasta un millón de pesos, automáticamente el banco debe devolver la plata en un par de días, antes de tomar las acciones legales en caso de duda.

Así que, señor Presidente, este es un día muy feliz para nosotros como equipo.

Esperemos que el informe de la Comisión Mixta sea aprobado con amplia mayoría en el Senado, y sé que lo propio va a pasar en la Cámara de Diputados, para que esto sea ley lo antes posible y sea factible defender a mucha gente que es víctima de este tipo de fraudes y que queda en una tremenda indefensión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en verdad, la Comisión de Economía primero y luego la Comisión Mixta abordaron durante su trabajo la importancia de este tema y la forma como este proyecto de ley -y vaya mi reconocimiento al Senador Ossandón y a su equipo, quienes estuvieron permanentemente participando de este debate- recoge aquellas situaciones de abuso en que se encuentran muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país frente a la posición de poder, de fuerza, de preeminencia en este caso del emisor del medio de pago.

Discutimos este asunto largamente, y al final terminamos en un texto que, tal como lo señaló el Senador Harboe, no acogió una propuesta que hicimos en la Comisión en orden a crear un registro de personas que cometan abusos y que reiteren conductas que impidan mantener un sistema en orden.

Esto no fue posible. Esa materia es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo (forma parte de la discusión sobre cuáles son los ámbitos en que tenemos iniciativa). Y llegamos a consensos que tienden a aquello, no en la forma perfecta que queríamos, pero que sí ayudan. Por ejemplo, lo relativo al informe semestral que se plantea en el artículo 11, nuevo, que con la Diputada Joanna Pérez solicitamos incorporar mediante indicación, cuestión que fue ampliamente respaldada por los Senadores y Diputados de la Comisión Mixta.

Asimismo, un aspecto tremendamente relevante de este proyecto de ley que se discutió y resolvió en dicha instancia se relaciona con la obligación de los emisores de bloquear las tarjetas de crédito que no se usen durante doce meses. ¿Por qué? Porque, obviamente, las tarjetas de crédito, los plásticos que están circulando sin ser utilizados, que los contratantes no tienen vigentes en su memoria pueden ser usados, perdiéndose el control sobre ellos.

Finalmente, otro elemento que igualmente fue parte del debate de la Comisión Mixta y que a mi juicio enriquece este proyecto es la imposibilidad de que el emisor ofrezca seguros para proteger la cuenta corriente, la tarjeta de crédito, en fin. ¿Y por qué? Porque cuando este plantea un servicio como ese lo mínimo que debe dar son garantías de seguridad. El cuentacorrentista, el usuario de la tarjeta de crédito hace un acto de fe con la institución financiera respectiva, que debiera otorgarle mínimas garantías de seguridad.

Señor Presidente, el Senador Pugh hablaba de la importancia de ir avanzando en estas materias.

En tal sentido, recuerdo que cuando con el ahora Senador Elizalde nos hallábamos en el Gobierno -él era Ministro vocero y yo Ministra Secretaria General de la Presidencia- discutíamos la necesidad de modernizar el Estado, y desde la Segprés impulsamos...

Señor Presidente, les pediría silencio a mis colegas, sobre todo si los estoy nombrando.

¡Están al lado, pero no hay caso...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías guardar silencio.

La señora RINCÓN.- Decía, señor Presidente, que cuando con el ahora Senador Elizalde estábamos en el Gobierno -¡le estaba haciendo un homenaje a Su Señoría...!- impulsamos la modernización del Estado, y desde la Segprés me tocó implementar la Clave Única, que hoy día es un tremendo instrumento para las ciudadanas y los ciudadanos. Sin embargo, pese a lo potente que es, son pocos los que la conocen: en la medida en que necesitan usarla, van sabiendo de ella.

En esa línea, me sumo a lo que decía el Senador Pugh: creo que tenemos que utilizar este tipo de instrumentos con mayor fuerza para permitir que la vida de hombres y mujeres en los ámbitos de la salud, de la seguridad social, de los bienes y servicios sea más rápida y expedita.

Hoy día respondemos mediante este proyecto de ley -y felicito nuevamente al Senador Ossandón- para cautelar a los ciudadanos y a las ciudadanas en algo tan importante como el uso de instrumentos de pago sin que exista abuso para con ellos, y para que sus emisores den las seguridades respectivas y asuman la responsabilidad cuando aquellos no funcionan, son robados o mal utilizados.

Felicito una vez más a todos los miembros de la Comisión, pues creo que se trata de un paso importante dentro de los que debemos dar hacia delante.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, este me parece un proyecto fundamental, porque se hace cargo, en primer lugar, de la tendencia en Chile y a nivel mundial en cuanto a que las transacciones no se realicen mediante dinero físico. La inclinación será a la eliminación del dinero físico y a que todas las transacciones se efectúen a través de medios electrónicos vinculados con las nuevas tecnologías de información.

Eso ha ocurrido en nuestro país con la extensión de la bancarización y el uso de la tarjeta de crédito, de la tarjeta de débito y de las transacciones electrónicas. Hasta antes de este proyecto se tendía a no proteger adecuadamente a los clientes, y, por tanto, sobre ellos recaía el peso de la prueba cuando eran víctimas de fraudes.

Al respecto, hemos visto casos dramáticos. Por ejemplo, personas con ingresos relativamente bajos, de sectores medios, que viven con complicación mes a mes y que podían perder sus depósitos en el banco, o a las que -y esto es más trágico aún- se les utilizaba la línea de crédito asociada a una cuenta corriente o a una tarjeta de crédito, lo que implicaba contraer una deuda para un dinero que no habían utilizado. Y los bancos resolvían esto de manera muy fácil: si las personas contrataban seguros, estaban protegidas; si no lo hacían, quedaban desamparadas. Y la gran mayoría de los clientes muchas veces se hallaban desprotegidos.

Por lo tanto, quiero valorar aquí esta iniciativa, particularmente a los parlamentarios que la patrocinaron: a los entonces Senadores señora Pérez y señor Tuma y al Senador Ossandón, quien además fue muy activo en esta materia, pues nos contactó a todos quienes fuimos parte de la Comisión Mixta, precisamente para que pudiéramos trabajar en una fórmula de acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado que permitiera resolver estas diferencias, que en los hechos se tradujo en un estándar regulatorio que protege de mejor manera a los clientes, a los usuarios y que, por consiguiente, evita toda forma de abuso.

No voy a entrar en el detalle de lo aprobado, porque el informe del Senador Durana, Presidente de la Comisión Mixta, y las palabras que pronunció el Senador Harboe permiten sucintamente entender lo que se ha resuelto en dicha instancia. Sin embargo, quiero ir a la esencia de lo que representa este proyecto, que a mi juicio va en el sentido de lo que nos demandan los chilenos: un marco de protección adecuado, en que sobre todo rija el principio de buena fe, porque en Chile la mayoría de las personas son honestas; unos pocos no lo son, y por estos se termina sancionando injustamente a gran parte de los ciudadanos.

Aquello tiene que cambiar.

Yo soy un convencido de que se deben aplicar las sanciones más drásticas a quienes cometen fraude. ¡Qué duda cabe! Delitos vinculados con el uso de estas tecnologías han de ser castigados de manera enérgica, porque se termina perjudicando fundamentalmente a las personas. Pero hay que proteger adecuadamente a los usuarios; a los clientes del banco, del sistema financiero, de las instituciones financieras.

Efectivamente, creo que este proyecto va en la senda correcta. Y por eso reitero mi felicitación a los parlamentarios que lo patrocinaron, en particular al Senador Ossandón, quien -repito- nos fue a ver; incluso se reunió con varios de nosotros en nuestras oficinas justamente para que trabajáramos en una propuesta que fuera aprobada. Y me parece que el resultado de la Comisión Mixta fue satisfactorio.

Ahora bien, habrá que evaluar en el tiempo la aplicación de esta normativa y tendremos que efectuar todas las correcciones que sean necesarias, pero en la lógica de lo que implica este proyecto, que consiste en proteger a las personas para que no sean víctimas de abusos. Ciertamente, el Senado y el Congreso Nacional deberán tener la disposición para que todas las enmiendas que se estimen pertinentes se aprueben con celeridad ante el uso, cada vez más extendido, de estos mecanismos de pago electrónico.

Por todo lo anterior, señor Presidente, obviamente voy a votar a favor

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- No, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, puede usar de la palabra el Senador señor Durana.

El señor DURANA.- Ya intervine, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor DURANA.- ¡También habló...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¡Están con pocas ganas de intervenir Sus Señorías luego de las vacaciones...!

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hablamos del abuso que se registra en cuanto al uso de las tarjetas o del dinero plástico, pero, en realidad, tal como lo ha establecido, no el estallido social, sino la rebelión social, lo que hay es un abuso del sector financiero, un abuso de los bancos.

El Banco Central nos informa que el 74,3 por ciento de los chilenos están endeudados, cifra que constituye un récord histórico; es decir, el dinero plástico forma parte del quehacer diario. Hoy día la gente no usa dinero, sino tarjeta para endeudarse a fin de poder comer.

Por lo tanto, lo que está en juego aquí es un mecanismo de seguridad respecto de quienes abusan de manera fraudulenta, delincuencial. Pero yo le pregunto al Presidente de la Comisión cuál es la protección que tenemos contra el abuso de los bancos, del sector financiero, de los supermercados, de las financieras. Porque los que usan la tarjeta firman un contrato con un banco; luego hay un delincuente y estadísticas lamentables.

Señor Presidente, el Senador Ossandón nos ha dicho que se clonó una tarjeta en el Congreso Nacional. Eso fue lo que le escuché: que aquí, en el cajero automático de este edificio -no voy a echar la talla que se me viene a la cabeza-, se clonó una tarjeta. Es decir, ni siquiera el Parlamento es capaz de protegerse de los delincuentes que no son de cuello y corbata, y que podrían serlo.

Creo que el panorama es negro en materia de créditos, con más de 9,5 millones de tarjetas activas y con deudas al cierre del 2018. Los préstamos son parte del diario vivir de los chilenos. Y, entonces, uno debe decir: "Estamos haciendo un análisis y legislando sobre la realidad". La realidad es que hay problemas de abuso con la tarjeta; pero la causalidad de ese abuso es que tenemos alto endeudamiento, bajos sueldos, pensiones miserables; tenemos una situación grave que obliga a la ciudadanía y a los trabajadores a recurrir a este método.

El Sernac ha presentado 27 demandas colectivas contra los principales actores del retail financiero: de los 57 mil reclamos de clientes el 2018, los servicios de crédito del comercio minorista concentran el 50 por ciento. Empresas top en esto: Hites, Tricot, la Polar, abcdin, Corona.

¿Y el resultado? Seguros sin consentimiento que nunca están a la vista del cliente; tráfico de datos personales desde las AFP hacia el retail; cobro abusivo por mantención de tarjetas y giros en efectivo.

Si alguien pudiera decir algo, señalaría: "¡No giren en efectivo! ¡No giren ni una luca!". No sé si algún Senador lo ha visto, pero en la fila de un cajero automático hay trabajadores que sacan dos lucas, tres lucas, cuatro lucas, y les cobran trescientos pesos por cada transacción que efectúan: ¡10 por ciento!

Por consiguiente, tenemos la situación de quienes utilizan el método de fraude en la máquina, como le ocurrió a un funcionario del equipo del Senador Ossandón en el Congreso Nacional; pero también constatamos un mecanismo de fraude, de robo en el propio sistema financiero.

Creo que en algo contribuimos para operar respecto de los abusos cuando a una persona le sacan dinero de manera indebida, le clonan la tarjeta. Sin embargo, la pregunta es qué pasa cuando el abuso viene del sistema financiero: cuando se establece letra chica, cuando tenemos el abuso de incumplimiento de contrato.

¿Alguien irá a juicio contra un banco por la pérdida de 40 mil pesos, de 60 mil, de 100 mil, de 200 mil? Vayan y consúltenle a un abogado cuánto les va a costar llevar adelante una demanda contra un banco por 200 lucas. ¡Nadie lo va a hacer! Las personas prefieren mamársela, callársela, tragársela.

Entonces, la pregunta es si efectivamente vamos a estar en condiciones de brindar protección contra el principal abusador de los usuarios de tarjetas de créditos: los bancos, el sistema financiero.

Señor Presidente, ni los bancos están libres. Yo recuerdo al Banco de Chile, de un conocido empresario nacional, dueño de una inmensa fortuna: Andrónico Luksic. Nunca han revelado el monto de defraudamiento de que fueron objeto por lo que el Senador Pugh nos señala a diario: la vulnerabilidad de los sistemas de internet o de los mecanismos electrónicos del sistema bancario. Nunca fue divulgada la cifra real. ¿Ese banco se hallaba asegurado? Casi tengo la certeza de que sí lo estaba.

¿No debiera ser una obligación, para el dinero que los usuarios depositan y depositamos, que el cuidado sea de responsabilidad del banco y no del cliente a través del pago de un seguro? Porque, como dijo el Senador Ossandón, uno va al banco para tener la plata segura. Si efectivamente está insegura, es responsabilidad del banco.

Pero aquí no se desea tocar a los bancos, pues no se quiere escuchar a la calle, tan vilipendiada en este Senado y en la política. ¡No se quiere oír a la calle! Lo que la calle quiere, lo que el pueblo quiere es justicia. ¡Basta de abusos! No mecanismos de sanciones a quien clona una tarjeta: ¡basta a los abusadores crónicos, a los abusadores sistemáticos, que son del sistema financiero!

Las denuncias son varias...

Le pido un minuto más, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ya le habíamos dado uno. Pero Su Señoría dispone de un minuto adicional más para redondear su intervención.

El señor NAVARRO.- Debió advertirme, señor Presidente.

En todo caso, se agradece.

Entonces, este proyecto da un paso y es meritorio con relación a avanzar. Pero apenas le hacemos cosquillas al sistema.

Yo diría que aquí hay que ir al tema de fondo. Sin embargo, cada vez que lo intentamos estas iniciativas se vuelven infinitas.

Señor Presidente, me voy a pronunciar favorablemente. Creo que se trata de un pequeño avance; pero, como está claro, el sistema financiero, las transacciones financieras no pagan impuestos, y, en verdad, el abuso de los bancos hacia los cuentacorrentistas pequeños y los portadores de tarjetas es tremendo.

Voto a favor, con todas estas observaciones.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (35 votos a favor).

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Saludamos al Senador Ossandón, aquí presente, por su iniciativa en este proyecto.

Boletín N° 12192-25

ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN CHILENA EN MATERIA DE DELITOS INFORMÁTICOS Y CIBERSEGURIDAD

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest, con segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública y urgencia calificada de "simple".

--Los antecedentes sobre el proyecto (12.192-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite: sesión 65ª, en 7 de noviembre de 2018 (se da cuenta).

Informes de Comisión:

Seguridad Pública: sesión 87ª, en 9 de enero de 2019.

Seguridad Pública (segundo): sesión 102ª, en 28 de enero de 2020.

Discusión:

Sesión 2ª, en 13 de marzo de 2019 (se aprueba en general).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 8°, 14, 17 y 21 permanentes, y los artículos primero y segundo transitorios de la iniciativa no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

Cabe señalar que el mencionado artículo 14 requiere para su aprobación de 25 votos favorables, por ser una norma de rango orgánico constitucional.

Asimismo, debe darse por aprobado el artículo 11 de la iniciativa, el cual no fue objeto de modificaciones en el segundo informe.

La Comisión de Seguridad Pública efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.

Es preciso recordar que estas enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas. De las enmiendas unánimes, las referidas a los artículos 9°, inciso tercero, y 12 de la iniciativa, así como los artículos 218 bis y 219 contenidos en los numerales 1) y 2), respectivamente, del artículo 18 del proyecto de ley, requieren para su aprobación de 25 votos favorables, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional.

Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, señor Secretario.

En discusión particular el proyecto.

Vamos a dar la palabra al Senador Harboe para el informe correspondiente.

Les recuerdo a los señores Senadores y las señoras Senadoras que hay normas de quorum especial, por lo que vamos a tocar los timbres para los efectos de proceder a su votación. Cabe aprobar primero aquellas enmiendas que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, así como las que fueron acordadas por unanimidad.

Necesitamos 25 votos para ello.

Senador Harboe, tiene la palabra.

El señor HARBOE.- Muchas gracias, señor Presidente.

El presente proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional, tiene por objeto actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, y adecuarla tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como "Convenio de Budapest", del cual Chile es parte, cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo ello, para dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.

La iniciativa legal tipifica una serie de conductas, permitiendo una adecuación de nuestra legislación a la evolución informática. Estos tipos son los siguientes: el ataque a la integridad de un sistema informático, el acceso ilícito, la interceptación ilícita, el ataque a la integridad de los datos informáticos, la falsificación informática, el fraude informático y el abuso de dispositivos. Asimismo, se incorporó una nueva figura relativa a la receptación de datos, que sanciona a quien, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, almacene, a cualquier título, datos informáticos provenientes de acceso ilícito, interceptación ilícita y falsificación informática.

En este mismo sentido, el proyecto de ley establece una serie de circunstancias modificatorias de la responsabilidad. En efecto, establece la cooperación eficaz como circunstancia atenuante especial, que permite rebajar la pena hasta en un grado, siempre que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de alguno de los delitos previstos en esta ley o permita la identificación de sus responsables; o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley.

Por otra parte, considera como circunstancias agravantes cometer el delito abusando de una posición de confianza en la administración del sistema informático o custodio de los datos informáticos contenidos en él, en razón del ejercicio de un cargo o función; o bien, abusando de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores.

En materia de procedimiento, esta iniciativa de ley dispone que las investigaciones a que dieren lugar los delitos previstos en esta ley también podrán iniciarse por querella del Ministro del Interior y Seguridad Pública, de los delegados presidenciales regionales y de los delegados presidenciales provinciales, cuando las conductas señaladas en esta ley interrumpieren el normal funcionamiento de un servicio de utilidad pública.

Esto es de mucha importancia.

Asimismo, cuando la investigación lo hiciere imprescindible y existieren fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión de algunos de los delitos contemplados en esta ley, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la realización de las técnicas previstas y reguladas en los artículos 222 a 226 del Código Procesal Penal. De igual forma, cumpliéndose los requisitos señalados precedentemente, el juez de garantía, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar a funcionarios policiales actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, con el fin de esclarecer los hechos tipificados como delitos en esta ley; establecer la identidad y participación de personas determinadas en la comisión de ellos, impedirlos o comprobarlos.

En seguida, el proyecto de ley prescribe que caerán especialmente en comiso los instrumentos de los delitos penados en esta ley, los efectos que de ellos provengan y las utilidades que hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. A su vez, dispone que los antecedentes de investigación que se encuentren en formato electrónico y estén contenidos en documentos electrónicos o sistemas informáticos, o que correspondan a datos informáticos, serán tratados en conformidad a los estándares definidos para su preservación o custodia en el procedimiento respectivo, de acuerdo a las instrucciones generales que al efecto dicte el Fiscal Nacional.

Para efectos de lo previsto en materia de acceso ilícito, se entenderá que cuenta con autorización para el acceso a un sistema informático el que, en el marco de investigaciones de vulnerabilidad o para mejorar la seguridad informática, acceda a él mediando la autorización expresa del titular.

Es decir, aquí se ha dado una debida protección a los investigadores, que son aquellos que realizan experimentos o acciones destinados justamente a mejorar las tecnologías.

En cuanto a la preservación provisoria de datos informáticos, se establece que el Ministerio Público, con ocasión de una investigación penal, podrá requerir a cualquier proveedor de servicio, la conservación o la protección de datos informáticos o informaciones concretas incluidas en un sistema informático, que se encuentren a su disposición hasta que se obtenga la respectiva autorización judicial -como corresponde- para su eventual entrega. Los datos se conservarán durante un período de 90 días, prorrogable una sola vez, hasta que se autorice la entrega o se cumplan 180 días. La empresa requerida estará obligada a prestar su colaboración y guardar secreto del desarrollo de esta diligencia.

En relación con las copias de comunicaciones, transmisiones y datos informáticos, la iniciativa legal dispone que el Ministerio Público podrá requerir, en el marco de una investigación penal en curso, a cualquier proveedor de servicios que ofrezca servicios en territorio chileno, que facilite los datos de suscriptor que posea sobre sus abonados, así como también la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos. Del mismo modo, podrá solicitar la entrega de las versiones que existieren de las transmisiones de radio, televisión u otros medios públicos. A su vez, los proveedores de servicios deberán mantener el secreto de esta solicitud. Asimismo, el Ministerio Público también podrá requerir a cualquier proveedor de servicios, previa autorización siempre del juez, que entregue la información que tenga almacenada relativa al tráfico y el contenido de comunicaciones de sus abonados, referida al periodo de tiempo determinado establecido por resolución judicial.

En este mismo orden de ideas, las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y proveedores de internet deberán mantener, con carácter reservado y adoptando las medidas de seguridad correspondientes, a disposición del Ministerio Público a efectos de una investigación penal, por un plazo de un año, un listado y registro actualizado de sus rangos autorizados de direcciones IP y de los números IP de las conexiones que realicen sus clientes o usuarios, con sus correspondientes datos relativos al tráfico, así como los domicilios o residencias de sus clientes o usuarios. Transcurrido el plazo máximo de mantención de los datos señalados precedentemente, las empresas y proveedores deberán destruir en forma segura dicha información.

Por su parte, la infracción a la mantención del listado y registro actualizado, por un plazo de un año, de los antecedentes señalados será castigada según las sanciones y el procedimiento previsto en los artículos 36 y 36 A de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones (amonestación, multa, suspensión del permiso y caducidad). A su vez, aquellos que vulneren el deber de reserva o secreto previsto en los artículos 218 bis, 219 y 222 del Código Procesal Penal, mediante el acceso, almacenamiento o difusión de los antecedentes o la información señalados en dichas normas, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo.

En consecuencia, señor Presidente, esta iniciativa legal viene en adecuar nuestra legislación al vertiginoso avance de la tecnología, tipificando detalladamente una serie de conductas, resguardando la investigación científica en esta materia. Asimismo, establece normas procedimentales que permiten al Ministerio Público llevar a cabo su labor investigativa, resguardando las garantías fundamentales de las personas.

En consecuencia, señor Presidente, la Comisión de Seguridad recomienda a la Honorable Sala aprobar esta iniciativa legal.

He dicho.

El señor MOREIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Me quedó muy clara la intervención del Senador Harboe. Muchas Gracias. Fue muy explicativa.

Deseo solicitar que se abra la votación, porque hay normas de quorum especial, para avisarle a la gran cantidad de parlamentarios que se encuentran en las distintas Comisiones que están funcionando en este minuto, luego de comenzar un año laboral muy interesante y quizás estresante...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para hacer una sola votación, con los quorum que se requieren?

Acordado.

En votación.

--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, me alegra que hoy, cuando estamos retomando nuestra actividad legislativa, se haya puesto en tabla este proyecto, que viene a salvar algo en lo que estábamos atrasados.

Chile es el país que más ha avanzado en desarrollo digital, en conectividad móvil, en acceso a internet, incluso de alta velocidad, pero es el que se quedó más atrasado en materias como la definición del delito informático y la protección de la infraestructura, incluyendo la infraestructura crítica y, dentro de ella, la infraestructura crítica de la información.

Hoy estamos presenciando una puesta al día en una materia en que Chile estaba al debe.

En el Gobierno anterior, cuando se realizó la política nacional de ciberseguridad, uno de los temas que se destacaron fue precisamente cómo perseguir el ciberdelito. Por esa razón, en el mismo momento en que se promulgó la política nacional de ciberseguridad, se incorporó el Convenio de Budapest para perseguir el cibercrimen como parte de nuestro marco jurídico, que era necesario homologarlo a una ley de delitos informáticos.

Esta normativa, que ingresó el 25 de octubre -y me alegro, porque fue durante el mes de la ciberseguridad-, fue tramitada en la Comisión de Seguridad con todos los expertos de nuestro país.

Quiero destacar -por su intermedio, señor Presidente- la labor del Presidente de la Comisión de Seguridad, el Senador Felipe Harboe, quien convocó a todos los que tenían que opinar. Y no solo recibimos a expositores nacionales, sino que también tuvimos la oportunidad, no necesariamente en la Comisión, de escuchar las experiencias de especialistas internacionales.

Debo recordar que durante ese período recibimos la visita de la Fiscal Jefe en ciberdelito de España, Elvira Tejada, quien revisó la iniciativa y dio bastantes orientaciones para llegar a lo que tenemos hoy, que es el primer acuerdo de una nueva forma de enfrentar algo tan complejo y difícil como el ciberespacio y los delitos que se pueden cometer ahí.

¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a los delitos físicos. El problema es cómo se hace un paralelo de la mejor forma posible con el mundo virtual. Y cuando existe un delito, obviamente debe haber evidencia necesaria para poder perseguirlo. Sin ella, su persecución es imposible.

Esto requiere dos elementos. Primero, tener la capacidad tecnológica, establecer un sitio de suceso digital, disponer de evidencia digital y cadena de custodia digital. Y lo más importante es contar con policías especializadas que sean capaces de llevar adelante estos procesos.

Señor Presidente, por su intermedio, el Secretario General conoce muy bien estos temas. A él le tocó enfrentarlos y abordarlos y por eso advierte la importancia que tiene este proyecto para Chile hoy, cuando estamos de regreso en este Hemiciclo.

¿Qué va a permitir la normativa? Perseguir a delincuentes y criminales, no a los hackers.

Y deseo referirme a la comunidad hacker chilena. Los hackers son personas talentosas, hombres y mujeres; conozco a muchísimos de ellos. Son capaces de desarmar y entender cómo funcionan las cosas. Y gracias a eso nos advierten sobre distintos problemas.

No son crackers. Estos últimos son delincuentes, los que usan su conocimiento para perseguir un fin económico, un fin específico, quizás hasta para demostrar su superioridad. Y con eso son capaces de producir daño; un daño que está dirigido a elementos esenciales. Ejemplo de ello son los datos personales, la información sensible o los datos que no queremos que se conozcan y también la infraestructura crítica.

Hoy nuestros servicios dependen de estos sistemas interconectados: electricidad, agua, gas, transporte, cualquiera de ellos.

Obviamente, nos falta una ley de infraestructura crítica para sistematizar la forma de protegerla. Pero por lo pronto debemos definir quién realmente es un atacante, quién es un delincuente y quién está haciendo un uso malicioso de la tecnología.

La tecnología digital no es ni buena ni mala; es neutra. Todo va a depender de cómo se use.

Quizá uno de los puntos más difíciles de tratar en la discusión fue precisamente determinar eso: quiénes estaban actuando de buena fe y quiénes de mala fe.

Por esa razón, el acceso ilícito, considerado en el artículo 2°, fue el que más tiempo tomó.

Tuvimos académicos de diferentes universidades, doctores en Derecho con experiencia informática y personas del mundo hacker, con conocimiento, para definir la línea que es importante entender.

¿Dónde está el límite? Precisamente en donde empieza la información personal, a la cual no se puede acceder aunque se haya descubierto una vulnerabilidad. Este punto es lo que debemos entender.

Los sistemas tienen protecciones y la seguridad asociada está para protegernos a nosotros.

Existirán distintos métodos y formas. Hay empresas que incluso premian con programas de recompensa a aquellos que encuentran fallas en sus sistemas y deciden no denunciarlos porque estiman que efectivamente contribuyen.

Esa gente que lo hace por un bien, ayuda. Pero a los delincuentes, a los criminales, a aquellos que buscan una remuneración económica, un prestigio a costa de cualquier cosa, una venganza o incluso un ataque que tenga algún contenido político, se los debe perseguir.

Entonces, el problema es determinar la atribución. ¿Quién está detrás? ¿Quién está generando esto? ¿Cómo se hizo?

Por eso se fueron definiendo cada una de las diferentes etapas. Todo lo que significa la perturbación informática, la interceptación ilícita, quiénes pueden interceptar y quiénes no.

Hoy se habla de ciberinteligencia, de big data. Y hay análisis al respecto.

Quiero recordar que existe cierta información que no puede ser tratada. ¿Por qué? Porque solo lo pueden hacer las agencias, de acuerdo a la ley N° 19.974 -es decir, el sistema de inteligencia nacional-, o los fiscales, a través de las policías, con instrucciones precisas para investigar.

Por lo tanto, no todo el mundo, aunque tenga las herramientas que hoy están disponibles, lo puede hacer.

También está el daño informático: el destruir, el encriptar, el ransomware, todo lo que evite que la información pueda ser usada por los verdaderos usuarios; la falsificación informática; el fraude digital; el robo de identidad, todo aquello que permita suplantar personas para no solo efectuar transacciones digitales, electrónicas, comerciales, sino también suplantarlas en el mundo virtual de las redes personales, de las redes sociales y generarles problemas de reputación. La reputación, que es algo que todos aquí, en este Senado, tenemos que cuidar, puede ser destruida por un hacker cracker, usando mal la tecnología, y después no se puede recuperar.

Además, se contempla la situación de quienes obtienen datos para negociarlos, venderlos, ya sea que hayan sido obtenidos de forma interna o por filtración.

Se establece la figura de la receptación de datos: se va a perseguir a aquellos que han hecho mal uso de ellos, que han recibido la información. Tal como en el mundo de verdad, la receptación será también perseguida.

Se considera igualmente el fraude informático, cometido por los que engañan: el phishing.

Hoy en día debemos estar preparados para todas estas técnicas, porque es el mundo que nos toca enfrentar.

Por último, está el abuso de dispositivos. En la red existen demasiados dispositivos que permiten entender cómo funcionan los sistemas, pero también abrirlos. Son las "ganzúas electrónicas", que en la actualidad están disponibles en el mercado.

Se ha realizado un trabajo realmente bueno. Tuve la fortuna de participar, reemplazando al Senador Felipe Kast, en la Comisión de Seguridad Pública, y ver la metodología y la forma sistemática utilizadas para tener una ley ordenada, que es uno de los compromisos para el 2020. Tal como lo dije en mi intervención anterior, este año tenemos que sacar adelante la ley de protección de datos personales, con una agencia de protección de datos, con la máxima autonomía que le podamos dar, como también esta ley de delitos informáticos, para perseguirlos, porque no queremos que los delincuentes generen, en el mundo virtual, la catástrofe que uno puede ver en el mundo real.

El ciberespacio es el lugar que permite a todos alcanzar cosas insospechadas: conocimiento, trabajo, oportunidades. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo colectivo que hace no solo Chile, sino también todos los países del mundo a través del Convenio de Budapest, va a permitir contar con un ciberespacio seguro que las futuras generaciones podrán desarrollar mucho mejor que como lo hemos hecho nosotros hasta ahora.

Por eso, señor Presidente, voto a favor. Y felicito a quienes trabajaron esta iniciativa.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias.

Se reitera a los jefes de Comités avisar a los Senadores que están en las distintas Comisiones que concurran a la Sala, pues la votación ya está abierta.

A continuación, tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, la legislación que estamos discutiendo hoy tiene por objeto implementar un convenio internacional suscrito originalmente en la Unión Europea el año 2001 y al cual accedieron posteriormente la mayor parte de los países que llevan el liderazgo en materia de cibernética en el mundo. Chile, como se ha dicho acá, lo hizo el 2017. Y, por lo tanto, esta normativa persigue como objetivo implementar tanto las disposiciones como las sanciones establecidas en dicho Convenio, de manera de armonizar nuestra legislación penal con la legislación internacional, específicamente con la legislación penal de otros países que también lo suscribieron.

En consecuencia, esta es una tarea titánica. Si bien el desarrollo, como dijo el Senador Harboe, es vertiginoso, no siempre es igualmente vertiginosa la adecuación de nuestros sistemas penales a tal desarrollo. Siempre vamos a estar, probablemente, un paso más atrás, porque los delitos, los fraudes, los robos, etcétera, ya existen en nuestra legislación penal, pero era difícil imaginar cómo perpetrarlos usando técnicas digitales.

En definitiva, creo que el trabajo realizado en esta materia enfrenta el obstáculo imponente de que la digitalización es un proceso en marcha, en el cual también están en marcha los métodos que algunas personas ocupan para usarlo de manera indebida y tratar de cometer delitos.

Es importante recalcar la manera en que se ha extendido el Convenio. Ciertamente, se trata de un instrumento vinculado con los delitos informáticos, con la ciberseguridad, pero que asimismo tiene por objeto atacar problemas que son de nuestro tiempo. En este sentido, hay un protocolo anexo interesante, importante, del año 2006, que sanciona los delitos de racismo y de xenofobia, bastante comunes y para los cuales se usa muchísimo el material cibernético que poseen los distintos países.

Es relevante destacar, además, la dificultad que depara una legislación como esta, no solo por su mismo contenido, sino también por su extensión. Se introducen enmiendas sustantivas y se reformulan los tipos penales comprendidos actualmente en la ley 19.223, adecuándolos al Convenio de Budapest, que requiere sanciones en todos sus acápites: la interceptación ilícita de transmisiones no públicas entre sistemas informáticos; la captación ilícita de datos transportados por emisiones electromagnéticas; la falsificación informática (delito que se expande extraordinariamente a través del uso de los medios informáticos por parte de gente que los conoce y que sabe bien de qué manera usarlos, probablemente mejor que quienes los utilizan legalmente); el fraude informático; el abuso de dispositivos.

Todos aquellos son temas que están en esta legislación, junto con normas que tienen que ver, por cierto, con las circunstancias -como corresponde en cualquier legislación penal- modificatorias de la responsabilidad criminal, con reglas de procedimiento y con otros aspectos.

Por lo tanto, señor Presidente, creo que estamos poniendo al día nuestra legislación en esta materia, o poniéndola parcialmente al día, porque no me cabe duda de que, a pesar de que hemos estado trabajando varios años en esta normativa, desde que se aprobó y desde que adherimos al Convenio de Budapest deben haberse inventado gran cantidad de procedimientos y artilugios que tal vez no quedarán considerados en esta legislación. Esta es una batalla en marcha, que seguirá estando en marcha a lo largo de toda la revolución industrial que vive el mundo.

Ojalá hubiésemos aprobado en paralelo un convenio aún pendiente que -me dice el Senador Harboe- se encuentra ahora en la Comisión de Hacienda, como es el relativo a la protección de datos personales. Aquí estamos legislando sobre los tipos penales antes de establecer antídotos y otras formas de protección, pero creo que seguiremos trabajando en esta materia con toda la seriedad que le corresponde a este Senado.

Quiero felicitar aquí sobre todo al Senador Harboe, no solamente por ser el Presidente de la Comisión, sino por haber sido realmente quien mayor entusiasmo y esfuerzo puso para sacar adelante esta iniciativa, así como a los numerosos expertos que nos colaboraron y sin cuya ayuda los Senadores probablemente no habríamos entendido muchas de las ideas planteadas en el proyecto de ley.

Por todas esas razones, señor Presidente, voto a favor, esperando que reunamos los votos para aprobar la iniciativa con el quorum correspondiente, porque aborda un asunto que se halla pendiente desde hace bastante tiempo, en el cual hemos trabajado bastante en los últimos años, y que es lo que el país necesita en el universo digital del cual formamos parte hoy día.

Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, me sumo a los señores Senadores que en este debate han expresado que la Comisión de Seguridad Pública efectuó un trabajo verdaderamente acucioso en una materia que, como acaba de indicar el Senador Insulza, se encuentra en marcha.

Todo lo que es el desarrollo tecnológico, todo lo que es el desarrollo de la industria digital, nadie puede concluir que está finalizado o se encuentra próximo a finalizar. Día a día uno conoce elementos que lo sorprenden: nuevos procedimientos, nuevas formas de ejecución, nuevas aplicaciones que le llegan a la ciudadanía de manera permanente, ya en su vida cotidiana.

Pese a la complejidad de este proyecto, la población debe tener especial preocupación porque muchas de las cosas que hace en su vida cotidiana y en su accionar diario ya están en el mundo digital. Por lo tanto, esta legislación, trabajada bajo el liderazgo del Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Senador Felipe Harboe, y con el aporte de numerosos expertos, pretende proteger a la sociedad de delitos y acciones ilícitas que pueden generar grave daño, primero, a las personas individualmente consideradas, en sus cuentas corrientes, en sus datos personales, en los procedimientos básicos de su vida diaria, así como a la ciudadanía en su conjunto, cuando acciones criminales ocasionan daños a la infraestructura crítica del país.

En consecuencia, en una área tan compleja como esta, en la que a lo mejor muchos no tienen absoluta claridad respecto de qué se está discutiendo, conviene puntualizar que el proyecto busca proteger a la ciudadanía y sancionar a quienes utilizan el mundo digital para delinquir y actuar de manera ilícita, dañando ya sea a personas individuales o a la comunidad en general.

Sin duda, la primera gran dificultad en esta materia es cómo tipificar los ilícitos penales informáticos. El vértigo que genera el progreso tecnológico hace que elementos que el día de ayer parecían muy modernos estén absolutamente pasados de moda en una semana o en un mes más. Y las distintas aplicaciones que se usan a través del aparato celular permiten que la gente se incorpore cada vez con más fuerza al mundo digital.

En consecuencia, teníamos esa dificultad: determinar con precisión cuáles eran esos delitos, cuál es el procedimiento con el cual se podrían investigar y cuáles son las sanciones que se les podrían aplicar. En todo caso, este proyecto posee la visación de expertos a nivel internacional, puesto que incluso se trabajó con especialistas de la Organización de Estados Americanos.

Voy a ilustrar a la Sala sobre la dificultad de tipificar los delitos de los que estamos hablando.

Originalmente se hablaba de "perturbación informática". En la Comisión concluimos, en definitiva, que el delito es el "ataque a la integridad de un sistema informático". ¿Qué se pretende cuando se genera un ilícito denominado de esa forma? Que el bien jurídico protegido sea el normal funcionamiento de un sistema informático.

En primer lugar, la indicación adecúa el epígrafe del título de la norma, que ahora pasa a denominarse "Ataque a la integridad de un sistema", por cuanto la Comisión prefirió seguir la nomenclatura del Convenio de Budapest, que es el instrumento internacional que nos obliga a avanzar en este ámbito.

¿Qué otros delitos se establecen?

El "acceso ilícito". El artículo 2° sanciona a quienes accedan ilícitamente a un sistema informático. La norma se modificó para acoger los comentarios tanto de la Excelentísima Corte Suprema como de los expertos que expusieron en la Comisión de Seguridad Pública. Así, se agrega como requisito, para configurar el delito, que quien acceda ilícitamente lo haga, primero, "sin autorización o excediendo la que posea y superando las barreras o medidas de seguridad". Esta última parte fue recomendada por el Máximo Tribunal. Con ello se pretende evitar que se extienda la aplicación del delito al acceso que únicamente configura un incumplimiento contractual sobre las condiciones del sistema. Luego, ahora se aumenta el estándar de acceso reprochable, exigiendo, además de la falta de autorización, la superación de barreras o medidas de seguridad.

Otro delito que se incorpora, señor Presidente, en este caso en el artículo 3°, es la "interceptación ilícita". La norma contiene, en sus incisos primero y segundo, respectivamente, las hipótesis de interceptación de información de un sistema informático y la captación de datos contenidos en el mismo. En un primer término, y siguiendo comentarios de expertos que expusieron en la mesa de trabajo, la indicación intentó perfeccionar la técnica legislativa, incluyendo como verbo rector, en esta hipótesis de interceptación, la "interrupción" de la transmisión de información en un sistema informático. En el mismo sentido se aclara, mediante la nueva redacción, que esta interceptación puede ocurrir "entre dos o más" sistemas para evitar interpretaciones restrictivas.

Otro delito penal es el "daño informático", el cual figura en el artículo 4° del proyecto. ¿Qué sanciona esta disposición? Sanciona la alteración ilícita de los datos informáticos. Con la modificación se adecúa el delito, denominándose ahora "Ataque a la integridad de los datos informáticos" con el objeto de mantener coherencia con la terminología del Convenio de Budapest. Igualmente, se agrega que la alteración o el daño debe ocurrir ilegítimamente, siguiendo los criterios asentados por la Excelentísima Corte Suprema, que fue de la opinión de que el daño debía producirse "por una persona no legitimada para hacerlo", lo que permitía distinguir entre la conducta de un administrador u operador de un sistema -que puede eliminar datos en el ejercicio de sus funciones- del delincuente. Creemos que esta modificación avanza en el sentido correcto.

Otra tipificación incorporada es la "falsificación informática". Esta es una de las indicaciones mayores al texto original. Tras el análisis de la Corte Suprema y de distintos expertos, se consideró que lo que en realidad se sanciona es la generación de datos "no auténticos" en un sistema para que sean contenidos como reales. Así, con la nueva regulación se sancionaría a quien alterara la base de datos del Registro Civil para que este emitiera un documento electrónico de la institución, como sería un certificado, a efectos de que fuera tenido y utilizado como auténtico.

Este ejemplo ratifica la importancia de la nueva tipificación, pues no hay duda de que el Registro Civil presenta un uso masivo por parte de la ciudadanía. Además, existe un gran avance en términos digitales, ya que basta la clave única para que un ciudadano pueda solicitar digitalmente una serie de documentos no solo al Registro Civil. La clave única se va a ir transformando, en forma progresiva, en algo mucho más importante, incluso, que el RUT.

Otros delitos considerados son la "receptación de datos", el "fraude informático" y el "abuso de los dispositivos", fuera del establecimiento de circunstancias atenuantes especiales y agravantes, lo que demuestra que se realizó un trabajo técnico especializado con muchos expertos y extraordinariamente complejo.

La labor acuciosa de la Comisión avanza en una respuesta adecuada para proteger a la ciudadanía y las personas y, sobre todo, instaurar procedimientos que permitan perseguir a los delincuentes y, en definitiva, generar una institucionalidad que impida que ellos utilicen el mundo informático para cometer sus crímenes y delitos.

Por eso, aprobamos el proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión de Seguridad Pública por el trabajo realizado. Leí con mucho detalle el proyecto y creo que va mucho más allá de su texto original: prácticamente sienta las bases de los delitos informáticos en Chile y nos pone a la altura del Convenio que firmamos.

A quienes nos están escuchando, a la comunidad en sus casas, quiero decirles que el Senado ha tramitado de manera pronta un tema muy complejo, que permite hacernos cargo de un país que se encuentra absolutamente digitalizado: más del 85 por ciento de las familias chilenas tiene acceso a internet. Lamentablemente, así como hay personas de trabajo y de bien, hay otras que buscan la manera de hacer daño y delinquir utilizando diferentes herramientas.

Hoy día el mundo va hacia lo digital y Chile es un país moderno que ha firmado varios convenios en ese ámbito. En tal sentido, hay que valorar el trabajo realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, durante todos los gobiernos, porque, sin duda, si queremos exportar y abrirnos al mundo, también tenemos que cumplir las normativas que ese mundo va instalando y acordando.

Por lo tanto, felicito el trabajo realizado.

No voy a analizar en detalle el proyecto, porque ya lo hicieron mis antecesores, pero sí quiero valorar las dos iniciativas que hemos visto el día de hoy, tanto la anterior, relacionada con fraudes bancarios, como la actual, que, sin duda, han implicado un trabajo muy muy complejo. Esto significa que vamos por el camino correcto y que el Senado se está haciendo cargo rápidamente de los problemas que afectan a la gente, los cuales nos colocan en la tramitación de normativas que deben estar acordes con los tiempos.

Solamente quería manifestar eso, señor Presidente.

Anunció que votaré a favor, y quiero felicitar el trabajo no solo de la Comisión, sino también de los funcionarios de Gobierno y de los expertos que voluntariamente vinieron a apoyar para el tratamiento de las áreas específicas.

Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, la intervención anterior la realicé en mi calidad de Presidente de la Comisión, en que me tengo que limitar a leer el informe, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para manifestar que probablemente estamos en presencia de uno de los proyectos que tendrán mayor impacto en los próximos tiempos, en términos muy prácticos.

Lo veíamos en la iniciativa anterior: hay más de 170 millones de transacciones electrónicas, lo confirmamos a diario, y todas las instituciones (nosotros mismos estamos votando ahora digitalmente) hemos asumido una cultura de digitalización creciente. Y no siempre se adoptan las medidas adecuadas de ciberseguridad para proteger las transacciones, sea de datos o de recursos, que se hacen a través de sistemas informáticos.

Pero lo más complejo era que, adicionalmente a esta falta de cultura de ciberseguridad o de inversión adecuada en ciberseguridad, teníamos una legislación del año 1993. En 1993, si ustedes lo recuerdan, archivábamos documentos en diskettes. No existía Facebook, no había redes sociales. Esa era la realidad en 1993. Los teléfonos celulares eran más grandes -¿se acuerdan?- y no había transmisión de datos en los aparatos, sino más bien solo transmisión de voz.

En consecuencia, nuestra legislación se quedó completamente desfasada. Y lo que hemos hecho en la Comisión de Seguridad del Senado, con la cooperación activa de funcionarios de Gobierno y de expertos académicos y también de las policías, es actualizar nuestra legislación, tal como nos mandataba el Convenio de Budapest, del cual somos parte. Pero quisimos ir más allá. Y, si ustedes observan las normas que contiene el proyecto de ley que estamos aprobando, se percatarán de que ellas nos ubican dentro de los países con legislaciones más modernas en materia del combate a los delitos informáticos.

En la iniciativa contemplamos elementos tales como el ataque a la integridad de sistemas informáticos, que es distinto del acceso ilícito; la interceptación ilícita; el ataque a la integridad solo de datos, no de sistemas; la falsificación informática; la receptación de datos; el fraude informático; el abuso de dispositivos. Son todas figuras completamente distintas, que parecieran, para el que no conoce mucho el asunto, que son más o menos lo mismo. Y cada una constituye una acción absolutamente diferente.

Y como bien saben todos ustedes, en materia penal, para que exista sanción debe existir una descripción del tipo penal. Y acá hemos hecho precisamente descripciones de los tipos penales.

En función de lo anterior, hemos realizado seminarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el Centro de Ciberseguridad, en que tuvimos la oportunidad de contar con la participación de los profesores Daniel Álvarez y Alejandro Hevia, de la Universidad de Chile, quienes permanentemente estuvieron con nosotros en la Comisión, y con los asesores y asesoras legislativos de muchos Senadores y Senadoras que conocen mucho de estos temas y han ido aportando al debate.

Por cierto, destaco la participación permanente del Ministerio Público, no exenta muchas veces de polémica porque pedía algo que no se le podía dar: se contradecía con la opinión de la Defensoría. Y fuimos armando una estructura sustantiva y procesal que, a mi juicio, va a lograr darle a Chile una robustez en materia de protección contra delitos informáticos y una sanción respecto a ellos muy importante.

Asimismo, destaco la participación activa del Asesor Presidencial en Ciberseguridad, don Mario Farren, a quien le tocó asumir el cargo en medio de la tramitación del proyecto, pero se metió rápidamente en el tema, y que formó parte de la discusión, constituyéndose en un aporte muy relevante. Y considero muy muy importante destacarlo también.

Recuerdo que durante las conversaciones que sostuvimos con el Ministerio Público, una fiscal me dijo un día: "El problema que se produce es que como no contamos con una norma específica, a aquellas personas que participan de delitos en materia informática, particularmente en lo concerniente a los datos o incluso en la apropiación de bienes informáticos, muchas veces intentamos formalizarlos por estafa". Y, en verdad, el tipo penal no daba el ancho suficiente para obtener condenas adecuadas.

Por tanto, hay un manto de impunidad, dada la falta de legislación, y hoy día estamos terminando con aquello. Y mi percepción es que hemos realizado un buen trabajo jurídico y, adicionalmente, desde la perspectiva tecnológica fue una labor inteligente, porque cuando hablábamos sobre conceptos, tuvimos la delicadeza de incorporar conceptos evolutivos. Porque es tal la vorágine, la rapidez de los cambios tecnológicos, que el riesgo de obsolescencia de la ley es altísimo. Y por eso fuimos cuidadosos: no hablamos de "correo electrónico", sino de "comunicación digital". Porque lo que el correo electrónico es hoy día, mañana probablemente será reemplazado por la red social y pasado mañana por otra dimensión que se implemente en algún minuto.

En consecuencia, creamos un lenguaje evolutivo, que va a permitir que la ley, más allá de los cambios tecnológicos que se produzcan, acompañe la evolución en el tiempo en este ámbito.

Finalmente, señor Presidente, estimo relevante entender el contexto.

El proyecto contra los delitos informáticos que estamos aprobando se suma al que despachamos hace unos minutos en materia de fraudes con tarjetas de crédito extraviadas, hurtadas o robadas. Pero se suma también al proyecto sobre protección de datos personales, que la Comisión de Constitución ya despachó y que se encuentra a la espera de análisis en la Comisión de Hacienda, y esperamos que dicho órgano técnico lo pueda sacar rápidamente, pues una parte importante de los delitos informáticos no van necesariamente orientados a robar dinero, sino a robar datos. Lo digo porque hoy día, los datos pueden poseer incluso un valor mayor que el dinero mismo, toda vez que son utilizados para la generación de las fuentes de mecanismos de inteligencia artificial, para la determinación de información a través de la decisión algorítmica.

En consecuencia, el apropiarse masivamente de datos permite nutrir a ciertas industrias, permite identificar a personas que antes estaban, a través de ciertas bases de datos, anonimizadas, permite generar vulnerabilidades y también generar delitos asociados: el chantaje personal e industrial, el espionaje industrial. Aquellos corresponden hoy día a ilícitos de común ocurrencia y que se cometen justamente a través de las interceptaciones, de los accesos ilícitos, de la falsificación informática y del fraude informático.

Señor Presidente, a mi entender, con el proyecto vamos a disponer de una legislación adecuada, de una legislación evolutiva y de una legislación basada en evidencia, porque hemos tomado como base la legislación internacional.

Quiero dedicar una mención especial a los profesores, particularmente al profesor Alejandro Hevia, de la Universidad de Chile, quien desde la perspectiva de la ingeniería, no del derecho, muchas veces nos hizo observaciones que nos permitieron modificar ciertas redacciones para evitar situaciones que pudieran afectar la calidad del proyecto. Por ejemplo nos mencionó, y tal vez no quedó lo suficientemente conforme con cómo resolvimos lo relativo al abuso de dispositivos, y quizás tampoco con cómo logramos solucionar algunos aspectos relativos a la protección de los investigadores.

En ciencia, la investigación es fundamental. Para crear un buen mecanismo de defensa informático se requiere que haya personas con las capacidades de vulnerar un sistema informático para modificarlo e implementar las condiciones necesarias a fin de hacerlo más invulnerable. Y esa labor la realizan los investigadores.

Venga mi reconocimiento a todos aquellos investigadores e investigadoras que trabajan para mejorar la seguridad en los sistemas informáticos.

Y por último, señor Presidente, hago un llamado para generar una cultura de ciberseguridad.

Necesitamos que, de una vez por todas, el mundo de la empresa, el mundo del Estado entiendan que la ciberseguridad no es un tema de informáticos, sino un asunto de gobierno corporativo, un asunto que concierne a los tomadores de decisiones, es una cuestión para la sobrevida del Estado y de sobrevida de la economía.

Si no disponemos de mecanismos adecuados en materia de ciberseguridad y de protección informática, Chile no va a ser la potencia tecnológica que tiene que ser para obtener su desarrollo.

En consecuencia, señor Presidente, creo que estamos haciendo un aporte importante. Vendrán, espero prontamente, la ley de protección de datos para que tengamos un todo que permita que Chile, de verdad, avance en materia de una economía digital, una sociedad digital, pero con las condiciones de seguridad adecuadas para desenvolverse de manera segura y eficaz.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que toda esta temática resulta absolutamente contingente, necesaria, urgente. La ciberseguridad, particularmente en materia de datos, debe ser protegida.

Yo quiero recordar leyes contradictorias que hemos votado en este Senado. Acordamos entregar a empresas privadas todos los datos del Registro Civil, todos los datos del Ministerio del Trabajo, todos los datos públicos de Salud a un privado que los va a almacenar y a cuidar por el Estado. Eso es así. Pero es un privado cuyo interés es el lucro y respecto al cual la fiscalización del Estado en materia de manejo de datos es reconocida por su imposibilidad.

Y aquí aprobamos que el Estado no se haga cargo de los datos de los 18 millones de chilenos, sino que los licite para que alguien los cuide. Es decir, el ratón cuidando el queso o el gato cuidando la carnicería.

Siento que para ver una compatibilidad respecto del tema de fondo a que nos anima esta ley, hay que decir que el Estado tiene el deber de proteger la privacidad, la intimidad en materia de datos contenidos en bases de datos de informática, y eso tiene que estar protegido.

Pero el Estado ha acordado otra cosa: entregarle esta responsabilidad a los privados. Es como si -tema que podría estar en debate- la seguridad pública se la entregáramos a los guardias municipales, o a la noble tarea de ser guardia público, que son 144 mil en Chile, contra 66 mil carabineros. La seguridad privada es el triple de la seguridad pública, que es una tendencia que hay que observar.

Entonces, es un avance.

El Senador Harboe me ha señalado que hay un conjunto de elementos importantes respecto de la responsabilidad: cárcel efectiva, acciones que van, de verdad, a proteger y a hacer dudar a quienes quieran cometer este tipo de delitos.

Señor Presidente, dicho eso, yo quiero plantear una duda al respecto. Cuando haya una investigación periodística, y los datos de sus fuentes expongan un fraude sistemático, cuando alguien devele una amenaza integral que afecte la vida de la población, ¿vamos a aplicar esta ley en proyecto?

Y quiero exponer brevemente el caso de Julian Assange, odiado, amado, y objeto de admiración y resquemor social en todo el mundo.

El 2006 él creó Wikileaks, y actualmente enfrenta un juicio en Londres donde se juega la extradición a los Estados Unidos. Cuatro años después de haber fundado Wikileaks, Julian Assange hizo una publicación muy impactante que puso en jaque al Gobierno de Barak Obama. Se trató, primero, de miles de datos concernientes a informes militares y, más tarde, de cuatrocientos mil informes sobre la guerra en Irak. El mundo pudo ver imágenes de tortura y asesinatos deliberados de civiles por parte de soldados norteamericanos.

Esta arriesgada maniobra, señor Presidente, le costó tener que asilarse en la embajada de Ecuador en Londres, y el Gobierno irresponsable, traidor de Lenín Moreno lo entregó porque había un acuerdo, según él, con Gran Bretaña que impedía la inmunidad diplomática que mantuvo Rafael Correa. La entonces Secretaria de Estado de Justicia pidió la extradición de Assange a los Estados Unidos.

Y quiero decir que Assange denunció en el año 2011 que las grandes corporaciones estaban vendiendo a diferentes gobiernos los sistemas de la Stasi, la policía alemana que en los años 80 se infiltraba en la vida privada de todos los habitantes de Alemania del Este. Es decir, una forma de vigilar y controlar a cada persona sin importar quien fuere a través de celulares, correos electrónicos y redes sociales.

Assange, señor Presidente, hizo una denuncia que develó la intromisión en la vida privada de cientos de millones de usuarios en el mundo entero, y estableció que las grandes corporaciones manejan esa información a su antojo: la usan electoralmente, la usan en las finanzas. Y la pregunta es: ¿está en juego la independencia del periodismo? ¿Vamos a sancionar con cárcel, cinco años, como señalaba el Senador Harboe que son las sanciones propias para los que cometan ilícitos, cuando el contenido develado por esta intervención sea otro delito más grave?

Es un tema que bien vale la pena debatir, porque si no, quién se va a arriesgar a denunciar, por ejemplo, el abuso de las farmacias cuando hay miles de millones de pesos involucrados, como lo ha hecho un periodismo valiente como el de Ciper Chile.

Entonces, señor Presidente, me gustaría que quienes han participado en el proyecto me pudieran señalar si el periodismo va a ser sancionado cuando tenga acceso a información que devele delitos. ¿Va a ser utilizada esta ley en contra del periodismo informativo o investigativo?

Porque quiero decir que el caso de Julian Assange así lo ha demostrado. Y se ha utilizado contra él todo el poder de Estados Unidos: su poder militar y su influencia en todo el mundo. Se le ha acusado de delitos inexistentes, de violaciones en Suecia que nunca fueron probadas y hay una persecución para decirle a quien revele datos, sin importar que se trate de asesinatos masivos o de un fraude millonario de corporaciones a millones de usuarios, que igualmente ello será sancionado.

Creo, señor Presidente, que es una reflexión necesaria en el proyecto que estamos votando. Está la sanción del que con intención de defraudar, de generar un delito interviene sistemas informáticos. Pero yo me permito en este Senado de Chile hacer la observación de que el periodismo informativo puede tener acceso absolutamente indirecto.

En el caso de Assange, no es que él haya intervenido los archivos de la CIA, ni de las Fuerzas Armadas de Washington, sino que Chelsea Manning (antes Bradley Manning), analista militar del ejército de los Estados Unidos, copió y divulgó estos informes.

Bendito el día que los divulga, porque los poderosos fueron desnudados, porque los poderosos sufrieron la crítica mundial, porque los gobiernos de todo el mundo sabían que se les espiaba. Se espiaba al Presidente de Brasil, al Primer Ministro de Inglaterra, a la Presidenta de Alemania, ¡se espiaba a todo el mundo! Y esa información formaba parte de una base de datos en el Pentágono.

Y la pregunta que yo me hago es si un día un periodismo informativo expone el tratamiento ilícito de las AFP ¿vamos a ir sobre el periodista o vamos a ir sobre los delincuentes de cuello y corbata que han cometido el fraude? ¿Hacia dónde vamos a dirigir el fuego? ¿Hacia dónde vamos a dirigir las sanciones?

Es una reflexión necesaria en materia de proteger a quienes develan la verdad. Como dice Assange, en una guerra, la primera víctima es siempre la verdad, porque la verdad se oculta, la verdad se traiciona, la verdad se vulnera.

Y quiero decir que quienes hoy día persiguen a Assange dañan la libertad de expresión, dañan el periodismo informativo. Yo he votado a favor de este proyecto de ley porque se me ha señalado que es una derivada, es decir, el proyecto de ley está centrado en quienes cometen delitos con el objetivo de defraudar a los usuarios institucionales o individuales, pero creo que es necesario apuntar que esta ley en caso alguno puede ser utilizada en contra del periodismo investigativo, en contra del que devele acciones fraudulentas, atentatorias a la vida de personas, sean estas unas o millones.

En este sentido, señor Presidente, es bueno para la historia de esta ley que este debate y esta observación que yo he planteado queden en el ámbito de la discusión.

¿Estamos en el segundo trámite, no?

El señor HARBOE.- En el primero.

El señor NAVARRO.- Hay por tanto posibilidad de debatir.

Señor Presidente, voto a favor, con la observación y compromiso de revisar el alcance de estas sanciones respecto de la intervención de las bases informáticas cuando su objetivo sea obtener información sobre ilícitos atentatorios a los derechos fundamentales, a la institucionalidad.

Es decir, como lo ha develado el Washington Post, no existió fraude en Bolivia, no existió, es el segundo organismo internacional que dice que la OEA mintió, que el Secretario General de la OEA mintió.

Si un periódico accede a información, como lo hizo Julian Assange, a través de una persona, no directamente, y revela un delito, ¿se va a perseguir al que revela el delito o al que lo comete?

En este sentido, señor Presidente, yo creo que tratándose de una legislación que sanciona la divulgación de datos obtenidos de manera ilícita, la salvedad sobre el contenido de la información tiene que ser parte del debate.

Por lo tanto, señor Presidente, voto a favor.

Dado que nos encontramos en el primer trámite constitucional, habrá ocasión después de hacer observaciones y formular indicaciones para corregir algunos aspectos.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, estaba oyendo atentamente la última reflexión y, en verdad, el Senador plantea una materia importante.

Ahora, pienso que la solución más fatal sería decir que el fin justifica los medios, en cuanto a permitir, por ejemplo, que se intervenga indebidamente material del Estado con la excusa de que se está buscando, al margen de la justicia, un eventual delito.

Entonces, es un tema grande.

Yo comparto esa preocupación, pero no aventuraría soluciones que impliquen excepcionar de normas generales este tipo de conductas en función de una búsqueda -puede ser legítima, pero también ilegítima- de eventuales ilícitos al margen de la justicia. Por algo esta juega un rol dentro de la institucionalidad.

Dicho eso, valoro este proyecto de ley, que me parece muy relevante.

He estudiado algunas tendencias legislativas de otras partes del mundo, y el tema del delito informático ha ocupado espacios gigantescos en las sociedades jurídicamente más desarrolladas, debido a que las realidades vinculadas al espacio digital generan tipificaciones o formas de enfrentar los delitos completamente distintas de las que se utilizan en el mundo no digital.

Y eso podemos verlo. Todas las últimas legislaciones a nivel planetario, particularmente las de países desarrollados, apuntan a buscar ese justo punto medio para tener acceso a los datos personales y usar la tecnología para fines positivos.

La tecnología abre un tremendo espacio para generar mucho bienestar al mundo desde los puntos de vista económico, social y cultural, pero también debemos entender que en este ámbito es posible cometer una cantidad impensada de ilícitos, que darían pie para provocar un daño social muy relevante.

Por lo tanto, creo que había que abordar este tema. Y se trató de una manera muy razonable -lo plantearon así también los distintos participantes en la Comisión-, en cuanto a darles la suficiente especificidad a los tipos penales. Cambiar o reformular figuras penales en cualquier jurisdicción es muy complejo. No es cosa fácil. Por algo las modificaciones a los códigos penales revisten una dificultad tremenda. Nuestro país bien puede dar fe de ello.

Pues bien, aquí se reformulan tipos penales con la suficiente capacidad de imaginar conductas que puedan ser acciones ilícitas o cosas nuevas que puedan aparecer en esa lógica. Todo eso quedará al amparo de una tipificación que sancione aquello que genere daño o esté destinado a dicho fin.

Me refiero a todas las normas que tiene que ver con el sabotaje y el espionaje informático, con el acceso ilícito a sistemas informáticos, con la interceptación o interferencia indebida o maliciosa de transmisiones no públicas entre sistemas informáticos, con la captación ilícita de delitos transportados o la falsificación informática, con la alteración o supresión de datos no auténticos con el propósito de hacerlos pasar por auténticos. Estamos hablando de una cantidad muy relevante de conductas que, a partir del auge del mundo digital o de los nuevos sistemas informáticos, tienen que ser debidamente consideradas.

Se trata de temas relevantes.

Estuve mirando las estadísticas entregadas por la Fiscalía Nacional, y hay un tipo de delito que ha ido aumentando -y con la actual tipificación, que es parte de la complejidad-: el relativo a sabotaje informático -ojo, se utiliza la expresión "uso fraudulento de tarjetas de crédito", como lo vimos en el proyecto que tratamos anteriormente- y a espionaje informático. Todos esos ilícitos han aumentado de forma explosiva, porque con el desarrollo tecnológico los sistemas pasan a adquirir una gran capacidad de almacenamiento de información, lo que puede generar beneficios o perjuicios de distinta naturaleza, dramáticos para el ciudadano o para el país, según sea el caso.

Entonces, la necesidad de reformular esos tipos penales me parece que apunta en un sentido adecuado.

Considero importante el Convenio de Budapest como ejemplo marco a nivel internacional, pero Chile necesitaba una adecuación y una reformulación de los tipos penales en este ámbito. ¿Para qué? Para contar con una sociedad más segura, en la que existan el derecho a la propiedad de determinados datos, tanto públicos como privados, y también una libre circulación de ellos, cuestión que no se da -así lo hemos comprobado- simplemente por la voluntad, sino en la medida que haya capacidad jurídica de enfrentar las distintas situaciones cuando los sistemas son vulnerados.

También les hice la pregunta a los miembros de la Comisión. Hay circunstancias modificatorias especiales de la responsabilidad penal, sea para atenuarla o agravarla. Quiero señalar que eso pasa por la autorización judicial pertinente, que es muy importante a la hora de establecer las medidas intrusivas. Es sano que una sociedad cuente con estos controles cuando se trata de temas tan sensibles como el que nos ocupa.

El proyecto también contiene elementos destinados a agravar determinadas sanciones en función de la finalidad perseguida, ya sea por obstaculizar la acción de la justicia o por abusar de la posición privilegiada de garante o custodio de datos contenidos en un sistema de información.

Esta iniciativa, además -basta leer los informes-, ha sido de larga tramitación, porque aborda una materia de muy complejo análisis.

Nadie imaginaría que un tema de esta naturaleza podría despacharse sin escuchar el conjunto de invitados que se recibieron en la Comisión, de los que se da cuenta en el respectivo informe, y sin estudiar las modificaciones que se plantearon.

Todo eso, a mi juicio, apunta en un sentido correcto.

En consecuencia, señor Presidente, creo que este es un buen proyecto, que dice relación con una sociedad que debe enfrentar los problemas fascinantes de la modernidad.

Sería un error no hacerlo o creer que basta con fijar tipos generales amplios que puedan adecuarse a cada caso, como a uno le enseñaban en Derecho -igual que un cajón de sastre- en función de la estafa. Eso tiene sus límites. Y lo han dicho bien otros Senadores: aquí tienen que establecerse tipos penales específicos, que permitan enfrentar la otra cara de los beneficios que la información o la digitalización moderna plantean para un país.

En resumen, me parece que la Comisión ha hecho un buen esfuerzo.

Espero que el proyecto sea objeto de una aprobación unánime y que seamos capaces de despacharlo en los trámites siguientes lo más rápidamente posible, pues apunta efectivamente a hacerse cargo de los problemas derivados de la modernidad.

He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el proyecto en particular (32 votos a favor), dejándose constancia de que se cumplió el quorum constitucional requerido, y queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Lagos, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, por favor, agregue mi voto favorable.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Huenchumilla.

A continuación, voy a poner término a la sesión, dado que varios señores Senadores y señoras Senadoras están participando en las Comisiones Mixtas que están funcionando en paralelo con la Sala y muchos quieren asistir especialmente a la discusión de la instancia que está tratando el proyecto que incorpora la paridad de género en el órgano constituyente, tema que interesa a todos.

El señor HARBOE.- Perdón, señor Presidente.

Solo quiero informar que la Comisión de Seguridad Pública comenzará a sesionar a las 19 horas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muy bien.

El Senador Felipe Harboe comunica, además, que la Comisión de Seguridad Pública está citada a partir de las 19 horas.

Como decía, varias señoras Senadoras y señores Senadores me han informado que desean participar en la Comisión Mixta que está tratando la reforma constitucional sobre la paridad de género, por lo cual habría un acuerdo amplio para poner término a esta sesión.

En consecuencia, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.

PETICIONES DE OFICIOS

--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:

Del señor DE URRESTI:

Al Fiscal Nacional del Ministerio Público, al Ministro de Minería y al Defensor Nacional, con el fin de que proporcionen datos acerca de COLISIÓN VEHICULAR ENTRE SEÑORA YESSENIA YÁÑEZ Y UN FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.

A la Ministra del Trabajo y Previsión Social y al Director Nacional del Trabajo subrogante, pidiéndoles remitir antecedentes relacionados con ACCIONES PREVENTIVAS EN AMBIENTES LABORES TRAS OCURRENCIA DE CASOS DE VIRUS HANTA EN PANGUIPULLI Y MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN POR DIRECCIÓN DEL TRABAJO.

Al Ministro de Obras Públicas y al Director de Obras Hidráulicas, en lo relativo a MUESTREOS O ANÁLISIS EN COMITÉ DE AGUA POTABLE PISHUINCO, COMUNA DE VALDIVIA, CON NIVELES DETECTADOS DE HIERRO Y MEDIDAS CORRECTORAS, y con respecto a PRIORIZACIÓN DE DISEÑO DE INGENIERÍA DE APR ÑANCULEN, COMUNA DE LA UNIÓN.

Al Ministro de Obras Públicas, a la Alcaldesa de Paillaco y al Director Nacional de Vialidad, en lo concerniente a PROLONGACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO CALLEJÓN 2, DEL LOTE B, DE 1.600 METROS DE EXTENSIÓN, EN SECTOR DE COMUNIDAD INDÍGENA ANTIÑIR ORMERO, COMUNA DE PAILLACO.

Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad, en lo atinente a PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE ENSANCHE, REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS, CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES Y RECEBO GRANULAR EN RUTA 650, COMUNA DE PAILLACO; ESTADO ACTUAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENCIÓN DE PUENTE CHACALLAY, COMUNA DE MARIQUINA; APLICACIÓN DE LÍQUIDO "MATAPOLVO" EN RUTA T-304, DEBIDO A NEGATIVOS EFECTOS DE MATERIAL EN SUSPENSIÓN EN LOCALIDAD DE PITRACO; PRIORIZACIÓN DE MANTENCIÓN DE RUTA CARRÁN CHICO-LAS MOLIDAS, COMUNA DE LAGO RANCO, E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL SECTOR;RAZONES PARA PARALIZACIÓN DE OBRAS DE ASFALTADO BÁSICO EN CAMINO MANAO-CHUMPECO, COMUNA DE PAILLACO, YPROYECTOS CONSIDERADOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DESDE EL PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO HASTA LA LOCALIDAD DE HUECOLLA, RUTA T-80, COMUNA DE LA UNIÓN.

Al Ministro de Obras Públicas y al Director General de Aguas, pidiéndole antecedentes relativos a TITULARES DE DERECHOS DE AGUA EN RÍO CALCURRUPE, COMUNA DE LAGO RANCO.

Al Ministro de Salud y al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, solicitándoles información sobre POSICIÓN DE ESA CARTERA RESPECTO DE INVESTIGACIONES DE MARÍA INÉS BARRÍA, DOCTORA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN MICROBIOLOGÍA Y ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN, PARA DESARROLLAR VACUNA CONTRA EL VIRUS HANTA, QUE NO HA PODIDO SER PROBADA EN CHILE POR NO EXISTIR UN LABORATORIO CAPACITADO PARA TAL FIN.

Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, a la Ministra del Medio Ambiente, al Director General de Aguas y al Alcalde de Puerto Montt, pidiéndoles antecedentes referidos a ESTADO DE AVANCE Y CONCLUSIONES DE ESTUDIO ELABORADO POR CONSULTORA EIA, POR ENCARGO DE EMPRESA GPR, PARA ESTABLECER UNA CARACTERIZACIÓN DE PARTICULARIDADES ECOSISTÉMICAS DEL HUMEDAL LLANTÉN, UBICADO EN TERRENO DE ESA EMPRESA.

Al Ministro de Agricultura y al Director Ejecutivo de la Conaf, requiriéndoles información y estadísticas acerca de NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES Y ÁREAS AFECTADAS EN REGIÓN DE LOS LAGOS DURANTE LA TEMPORADA 2019-2020.

Al Ministro de Agricultura y al Director Nacional del SAG, para que remitan antecedentes relativos a ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MIEL REALIZADOS POR BIOQUÍMICO E INVESTIGADOR DE LA CCHEN, ENRIQUE MEJÍAS, PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD LOQUE AMERICANA, y en cuanto a CAPACITACIÓN DEL SAG A RECOLECTORES DE MUSGO POMPÓN, TRAS ENTRADA EN VIGENCIA DE DECRETO QUE REGULA SU CORTE Y COSECHA SUSTENTABLE.

Al Ministro de Bienes Nacionales, pidiéndole información respecto de FISCALIZACIONES REALIZADAS EN ACCESO A PLAYA ENSENADA, COMUNA DE LAGO RANCO.

Al Director General de la PDI, para que envíe antecedentes sobre DENUNCIAS E INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS DESGRACIAS EN REGIÓN DE LOS RÍOS, DESAGREGADOS POR COMUNA, EDAD Y SEXO, EN ÚLTIMOS DOS AÑOS.

Al Alcalde de Lago Ranco y al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, solicitándoles informar acerca de PRIORIZACIÓN DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA FUTURO PROYECTO DE AGUA POTABLE RURAL EN SECTORES DE CARRÁN CHICO Y LOS ÁLAMOS, COMUNA DE LAGO RANCO.

Y a los Presidentes del Primer, Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, requiriéndoles información pormenorizada respecto de PROYECTOS DE INVERSIÓN INGRESADOS A CADA TRIBUNAL AMBIENTAL DURANTE 2019.

Del señor NAVARRO:

A la Cancillería, para que remita antecedentes relacionados con DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA EMBAJADA CHILENA EN HAITÍ.

Al Ministro de Obras Públicas y al Alcalde de Cañete, consultándoles por ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO MÉDICO LEGAL EN DICHA COMUNA.

Al Ministro de Salud, pidiéndole enviar información sobre CANTIDAD DE SUICIDIOS EN ÚLTIMOS VEINTE AÑOS, DESAGREGADO POR EDAD Y SEXO, A NIVEL NACIONAL Y EN RAPA NUI; REPORTE DE SERIES A06, A07 Y P6 DEL REGISTRO ESTADÍSTICO MENSUAL DE RAPA NUI EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, Y NÚMERO DE HORAS DE PROFESIONALES NO MÉDICOS, TÉCNICO Y PROFESIONALES MÉDICOS DESTINADAS A SALUD MENTAL EN RAPA NUI.

Al Subsecretario del Interior, para que haga llegar TODAS LAS DENUNCIAS POR TRATO GROSERO, DENIGRANTE Y ABUSIVO CONTRA FUNCIONARIA CAROLINA SOTO EN OFICINA DE MIGRACIONES.

Al Alcalde de Quillón, solicitándole diversa información respecto de ENTREGA DE AGUA EN CERRO NEGRO EL ARENAL.

Al Alcalde de Coronel, planteándole NECESIDAD URGENTE DE REPARACIÓN DE CALLES Y LOMOS DE TORO QUE INDICA.

Al Alcalde de Talcahuano, para que informe, con relación a la prevención de incendios, sobre MANTENCIÓN Y CORTE DE MALEZAS EN SECTORES DE CERRO DAVID FUENTES; ESCALA LOS CARRERA EN MARTÍNEZ DE ROZAS HASTA FREIRE BAJO, Y SITIO ERIAZO UBICADO EN CALLE SAN MARTÍN PASADO CASTELLÓN.

Al Alcalde de Concepción, consultándole por FRECUENCIA CON QUE SE RETIRAN MATERIALES EN DESUSO EN CENTRO DE CONCEPCIÓN, EN ESPECÍFICO DE MICROBASURALES EN CALLES TUCAPEL CON LAS HERAS; TUCAPEL CON MARTÍNEZ DE ROZAS Y OROMPELLO, Y TUCAPEL ENTRE MARTÍNEZ DE ROZAS Y LAS HERAS.

Al Alcalde de Tirúa, para que remita antecedentes respecto de ESTADO DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DE ESTADIO FISCAL DE LA COMUNA.

Al Alcalde de Cañete, requiriéndole información sobre REGISTRO DE SITIOS EN TOMA Y DATOS DE DIRIGENTES COMUNALES; LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS EN VÍA PÚBLICA TRAS MANIFESTACIONES; ESTADO DE OBRA DE ESTADIO FISCAL; ESTADO DE ILUMINACIÓN DE RUTA P-60, ALTURA MOP VIALIDAD; FUNCIONES Y POTESTADES DE GRUPO SEGURIDAD CIUDADANA Y GASTO QUE REPRESENTA MANTENCIÓN DE PATRULLAS Y PERSONAS CONTRATADAS COMO BRIGADISTAS, Y FALTA DE SEÑALÉTICAS VIALES EN POBLACIÓN LLEU-LLEU.

Al Alcalde de Arauco, pidiéndole antecedentes relativos a RESIDUOS Y MALOS OLORES EN SECTOR PUENTE F. WEISSE, CON DIRECCIÓN A CEMENTERIO MUNICIPAL, y respecto de EXISTENCIA DE PLAYAS PRIVADAS EN SECTOR HUILQUEHUE, LAGO LANALHUE.

Al Alcalde de Lebu, para que remita información sobre PARADEROS RURALES POCO VISIBLES PARA LOCOMOCIÓN COLECTIVA EN SECTOR ANTIHUALA Y FALTA DE PARADEROS EN SECTOR VILLA MARU, HUILLINCO BAJO.

Al Alcalde de Los Álamos, requiriéndole antecedentes acerca de CONTAINER CON RESIDUOS PLÁSTICOS EN CAMINO A LA PLAYA Y SKATEPARK CON RESIDUOS DE VIDRIO, así como de CABLES SUELTOS EN SECTOR SANTA ROSA, CERCA DE MONUMENTO A PABLO NERUDA Y DE PASEO PEATONAL.

Al Alcalde de Curanilahue, solicitándole REGISTRO DE FAMILIAS DEPENDIENTES DE CAMIÓN ALJIBE EN LA COMUNA.

Al Alcalde de Contulmo, para que remita información tocante a EXISTENCIA DE PLAYAS PRIVADAS EN SECTOR HUILQUEHUE, LAGO LANALHUE.

Al Alcalde de Chiguayante y al Gerente General de Essbio, consultándoles por FALTA DE GRIFOS EN BILBAO COSTANERA, SECTOR 5-A LOS BOLDOS-LAS VILLAS.

A la Presidenta del CORE de Biobío y a todo el Consejo, pidiéndoles dar a conocer PROYECTOS APROBADOS EN PROVINCIA DE ARAUCO PARA 2020 EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIO AMBIENTE Y CULTURA.

A la Directora Regional de Sernatur Biobío, solicitándole CATASTRO DE LLEGADA DE TURISTAS A CONO SUR DE LA PROVINCIA DE ARAUCO.

Al Director del Servicio de Salud Arauco, consultándole sobre CAPACIDAD HOSPITALARIA DE CADA SERVICIO, CANTIDAD DE ESPECIALISTAS EN PROVINCIA DE ARAUCO Y CANTIDAD DE CAMILLAS PRESENTES EN RECINTOS HOSPITALARIOS DE LA PROVINCIA.

Al Director Ejecutivo de la Compañía General de Electricidad, pidiéndole informar sobre ALTURA DE TORRE DE ALTA TENSIÓN QUE CRUZA SECTOR DE LAS VERTIENTES DE SANTA JULIA, EN POBLACIÓN SANTA JULIA DE TALCAHUANO.

Y al Gerente General de Essbio, requiriéndole información sobre CAMA DE AGUA EN MAL ESTADO EN CALLE LOS ARAUCANOS CON HUILLINCO, POBLACIÓN SANTA JULIA, TALCAHUANO; y respecto de PLANTAS ELEVADORAS EXISTENTES EN COMUNA DE TALCAHUANO.

De la señora ÓRDENES:

A la Ministra del Medio Ambiente, sobre ESTADO DE TRAMITACIÓN DE NOMBRAMIENTOS EN TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL DE VALDIVIA; y solicitándole dar a conocer REGIONES EN QUE SE HAN CONSTITUIDO LOS CONSEJOS REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO, PLAN DE TRABAJO DE ESTOS, FINANCIAMIENTO Y PROYECTOS POR DESARROLLAR.

Del señor QUINTEROS:

Al Ministro del Interior y Seguridad Pública y al Intendente de Los Lagos, sobre GRAVES LESIONES PROVOCADAS A JOVEN IAN CATALDO DE PUERTO MONTT.

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--Se levantó la sesión a las 18:54.

Julio Cámara Oyarzo

Director de la Redacción