REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 105ª, en martes 4 de febrero de 2020
Especial
(De 10:24 a 14:41)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y
SEÑORA XIMENA ÓRDENES NEIRA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Diputados acusadores señora Alejandra Sepúlveda Orbenes, y señores Diego Ibáñez Cotroneo y Jaime Naranjo Ortiz.
Asimismo, se encontraban presentes los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards, y de Vivienda y Urbanismo, señor Cristian Monckeberg Bruner; los Subsecretarios del Interior, señor Juan Francisco Galli Basili; de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Claudio Alvarado Andrade; de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell Awad, y General de la Presidencia, señor Juan José Ossa Santa Cruz; el Intendente de la Región Metropolitana, señor Felipe Guevara Stephens, y los abogados defensores, señores Cristian Muga Aitken y Rodrigo Ávila Oliver.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 10:24, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA INTENDENTE DE REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, SEÑOR FELIPE GUEVARA STEPHENS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Como sus Señorías saben, esta sesión tiene por propósito permitir que los señores Senadores y señoras Senadoras puedan hacer uso de la palabra para fundamentar el voto en relación con la acusación constitucional que ha sido deducida en contra del Intendente de Santiago, señor Felipe Guevara.
Para este efecto, los Senadores contarán con un máximo de siete minutos. Quiero ser enfático en esto: son siete minutos. Ese es el acuerdo de Comités, no es una arbitrariedad de la Mesa. Lo señalo, porque la otra vez hubo reclamos por los tiempos.
Entonces, vamos a proceder de esa manera. La votación va a ser electrónica y se realizará una vez concluida cada una de las intervenciones, tal como se hizo en la acusación anterior.
Está inscrito, en primer lugar, el Senador Alejandro Guillier.
Tiene la palabra.
El señor GUILLIER.-
Es para un asunto de forma, señor Presidente.
Quiero solicitar a la Mesa, en nombre del Comité de Independientes, que se aclare bien el tema de los Senadores en ejercicio, los que están con permisos constitucionales y el efecto de los pareos.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Yo entiendo que el permiso constitucional solicitado es uno solo: el del Senador José Miguel Insulza, como dimos cuenta ayer. Y no altera el quorum.
Señor Secretario, ¿quiere agregar algo?
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Sí, señor Presidente.
Como ha indicado el señor Presidente, efectivamente se ha recibido en la Secretaría la solicitud de un permiso constitucional, para estas dos sesiones especiales, por parte del Honorable Senador señor José Miguel Insulza.
Al efecto, solamente cabe recordar que, conforme al artículo 5° del Reglamento del Senado, pueden votar en este tipo de sesiones todos aquellos Senadores que se encuentran en ejercicio. Y la norma indica que no están en ejercicio aquellos que se hallan suspendidos por efecto de la aplicación del artículo 61 de la Constitución Política de la República -esto es, desafuero- y los que se encuentran ausentes con permiso constitucional, como es el caso.
Para aprobar esta acusación se requieren 22 votos favorables. Y la ausencia o el permiso constitucional de uno de los señores Senadores no altera este mínimo que exige la Constitución.
Respecto de la situación de los pareos, cabe señalar que no obstante que estos están debidamente suscritos y registrados en la Secretaría, no producen el efecto de obligar al señor o señora Senadora pareado a no votar. No existe una norma especial respecto de asuntos de quorum simple, como ocurre en la especie, o de mínimos. Y por una interpretación sistemática del Reglamento del Senado, este pareo no produciría ese efecto de no obligar a la votación. Sin embargo, están registrados y suscritos los pareos de los señores Senadores.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien. No sé si se aclaran las dudas que han sido presentadas.
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, quisiera también una aclaración, porque, si no me equivoco, yo le escuché decir a usted que la votación se hará una vez que terminen las intervenciones de los Senadores y las Senadoras. Pero ayer en la tarde se dio una información en el sentido de que la votación se iba a abrir de inmediato, por lo que cada Senador, una vez que hiciera uso de la palabra, podría votar.
Me gustaría que se aclarara qué es lo que nos va a regir en este caso.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Lo que rige en este minuto es el acuerdo de Comités. Y eso significa que se va a votar de manera electrónica al término de las intervenciones, lo cual puede cambiar, eventualmente, con un nuevo acuerdo de Comités, que puede ocurrir durante la mañana.
Vamos a dar lectura exactamente al párrafo del acuerdo de Comités del martes 28 de enero:
"Finalmente, el día martes 4 de febrero se citará a otra sesión especial, a partir de las 10:00 horas" -es esta- "y sin hora de término, para que cada señora Senadora y cada señor Senador pueda fundamentar su voto respecto del capítulo que constituye el libelo acusatorio, hasta por siete minutos cada uno. Terminadas las intervenciones sobre fundamentación de voto, se pondrá en votación la respectiva acusación."
Ese es el acuerdo vigente hasta este minuto.
Tiene la palabra el Senador Ossandón.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, luego de escuchar a varios colegas Senadores, me pregunto si los que están sosteniendo esta acusación han leído el libelo con detención.
Seamos claros: el libelo tiene 74 páginas. Las primeras 20 son antecedentes generales que no guardan relación alguna con la actuación del Intendente. Hay otras 40 páginas que corresponden a citas de legislación y jurisprudencia variadas, referidas a otros casos que no están asimilados al actuar del Intendente. En resumen, señor Presidente, tan solo 14 hojas de 74 se refieren a la acusación propiamente tal y ninguna acompaña evidencia seria y directa respecto de los hechos de que se acusa. Se trata, por tanto, de un libelo que habría sido declarado inadmisible en cualquier corte o jurado serio del mundo. Puesto que el Senado debe actuar como jurado, tiendo a pensar que esta acusación debiera ser declarada inadmisible antes que improcedente.
Veamos de qué se acusa al Intendente Guevara.
Los hechos en que se sustenta la acusación son los siguientes:
1) El Intendente ha informado que las reuniones públicas masivas requieren autorización.
2) El Intendente ha rechazado la autorización de manifestaciones riesgosas.
3) El Intendente ha informado que las reuniones no autorizadas en bienes nacionales de uso público serán disuadidas.
4) El Intendente ha señalado que se aplicará tolerancia cero a la violencia.
5) El Intendente ha dispuesto el copamiento preventivo de un lugar que ha sido objeto de desmanes.
Yo me pregunto qué clase de acusación es esta. ¿A qué nivel hemos llegado que hoy se acusa a un intendente nada menos que por cumplir con sus deberes legales, informativos y preventivos?
Así es, señor Presidente, el Intendente Guevara no está siendo acusado por infringir la Constitución sino por obedecerla, garantizando el derecho a reunión en la medida en que no sea riesgoso para la población y su seguridad.
Para nadie es un misterio que los locatarios y transeúntes de la zona de la plaza Italia han sufrido injustamente los embates de actos de violencia en el contexto de manifestaciones pacíficas. El Intendente solo ha procurado poner fin al riesgo mediante el despliegue de fuerzas policiales en el sector, indicando claramente la necesidad de resguardar no solo los derechos de los manifestantes, sino también los de todos los ciudadanos de la Región Metropolitana.
En particular, se dice que la estrategia de copamiento preventivo sería antijurídica. ¿Qué base existe para sostener esto? Los acusadores al parecer no conocen que esta táctica policial ha sido validada por las democracias más respetadas del mundo en el siglo XXI. Por ejemplo, las Cortes del Reino Unido han validado esta técnica, conocida como kettling, o acordonamiento policial preventivo.
Igualmente, en el caso Austin con Comisionado de la Policía de la Metrópolis, en 2007, sobre el acordonamiento de Oxford Circus, en Londres, se dijo que "en el caso de una manifestación, sobre todo cuando hay razones para creer que puede dar lugar a disturbios y violencia, podemos esperar que la policía, e incluso exigir de ella, tome medidas para garantizar que tales disturbios o violencia puedan evitarse, o al menos reducirse al mínimo." (Cabe destacar que eso es lo que pasa todos los días en la plaza Italia). "Tales acciones pueden implicar restricciones a la libertad de circulación de los manifestantes, y a veces de los transeúntes que se encuentran atrapados por casualidad en la manifestación". Y esa es la realidad.
Este caso incluso fue llevado a la Corte Europea de Derechos Humanos en 2012, la cual sostuvo que el acordonamiento preventivo ante el riesgo de violencia no afecta el derecho fundamental de reunión cuando "era la forma menos intrusiva y más efectiva posible en dichas circunstancias, para evitar daños graves a personas o bienes".
Hasta ahí mis fundamentos estrictamente jurídicos para rechazar la acusación. Pero quisiera detenerme en otras expresiones del Intendente que son objeto de repudio en el libelo y que, a mi juicio, demuestran un doble estándar o mala memoria de los acusadores.
Por ejemplo, veo que se reprocha la expresión "tolerancia cero" respecto de la violencia callejera. Yo me pregunto, señor Presidente, si los acusadores saben quién fue la primera autoridad que usó la expresión "tolerancia cero" ante los desmanes en Santiago. Fue nada menos que Claudio Orrego, perteneciente a la coalición de Oposición, quien en declaraciones de 19 de agosto del 2016, ante hechos similares a los que nos ocupan, señaló: "En los tiempos que vivimos, de sensación de inseguridad de las personas, impunidad por otros lados, no hay ningún espacio para la tolerancia frente a la violencia".
Sin embargo, el Intendente Orrego no fue acusado por su actuar. ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿No habrá aquí un doble estándar? Seamos consecuentes.
Se reprocha también al Intendente Guevara no autorizar marchas o reuniones riesgosas. Sin embargo, autoridades de la misma coalición acusadora ya habían hecho lo mismo en el mismo lugar. Como declaró el Ministro Secretario General de Gobierno de la Nueva Mayoría Marcelo Díaz el 15 de junio de 2016: "estas marchas no fueron autorizadas, entre otras cosas, porque no daban garantías de desarrollarse en condiciones pacíficas, que es lo que uno espera de cualquier marcha o movilización".
¿Por qué el Ministro no fue acusado por esto mismo?...
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor OSSANDÓN.-
¿Alguien me da sus minutos?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene un minuto adicional, Su Señoría.
El señor LAGOS.-
¡Yo le regalo un minuto...!
El señor OSSANDÓN.-
¡Gracias, compañero...!
Para finalizar, señor Presidente, solo me resta decir que el único modo que tiene este Congreso de recuperar su prestigio ante la ciudadanía es abocarnos a las tareas sociales urgentes. Y creo que una condición mínima exigible a muchos de nuestros colegas era haber estado ayer escuchando la acusación y también la defensa.
Gracias, Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Quiero recabar la anuencia de la Sala para que pueda ingresar el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, don Claudio Alvarado.
¿Habría acuerdo?
El señor GUILLIER.-
Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Acordado.
Y lo mismo se solicita respecto del Subsecretario de la Segprés, don Juan José Ossa.
El señor MOREIRA.-
Sí, Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Acordado.
En seguida, pido la venia de la Sala para que pueda presidir en algún momento más la Senadora Ximena Órdenes.
El señor PÉREZ VARELA.-
Sí.
La señora VON BAER.-
Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Acordado.
La señora VON BAER.-
Pido la palabra.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.-
Solo quiero pedir una reunión de Comités.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien. No tengo más Senadores inscritos.
Se suspende la sesión para realizar una reunión de Comités.
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--Se suspendió a las 10:38.
--Se reanudó a las 11:02.
--Conforme a lo acordado previamente, pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Órdenes.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer lo acordado por los Comités.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Los Comités, reunidos el día de hoy, acordaron de manera unánime proceder a la apertura de la votación a las 12 horas, mientras se haga uso de la palabra por las señoras Senadoras y los señores Senadores.
Ese es el acuerdo que se adoptó.
Es todo, señora Presidenta.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Gracias.
A continuación, tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier, hasta por siete minutos.
El señor GUILLIER.-
Señora Presidenta, estamos acusando al Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, de haber violado la Constitución. Específicamente, de vulnerar los derechos de libertad de reunión, expresión y opinión en dos eventos.
La exposición se ha centrado en la estrategia adoptada desde que asumió el cargo: la tesis de la tolerancia cero y el copamiento policial de los espacios públicos elegidos por los ciudadanos para expresar su malestar contra lo que estiman es el abuso y la desigualdad que campean en nuestro país y para manifestar su demanda por una nueva Constitución que emane de la soberanía popular.
La defensa del Intendente ha planteado que la autoridad regional no tiene nada que ver con la actuación policial y que los diseños operativos y los despliegues en el terreno son de exclusiva responsabilidad de Carabineros. Lo mismo -quiero recordar- argumentó en su oportunidad el ex Ministro del Interior Andrés Chadwick.
Añade la defensa que no habría evidencia técnica que muestre la participación del Intendente en decisiones que han afectado, por cierto, los derechos de los ciudadanos.
La autoridad policial, a su vez, dice que no actúan solos, que nunca lo han hecho y que sus operaciones y despliegues son consensuados con la autoridad encargada del orden público, léase, el Ministerio del Interior y, en el caso de las regiones, el Intendente regional, como representante oficial del Gobierno.
Nosotros no somos un tribunal judicial. No evaluamos las responsabilidades penales de los acusados. Esa es atribución exclusiva de los tribunales de justicia. Pero lo que este Senado sí debe asumir es su responsabilidad histórica de defender los derechos humanos sin matices.
El Congreso juzga las responsabilidades políticas de las autoridades a partir de hechos y toma de decisiones que dan cuenta de una eventual vulneración de derechos constitucionales.
En esta línea de argumentación es imposible ignorar el contexto histórico que está viviendo el país: un cuadro masivo de violaciones a los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la integridad física de la ciudadanía.
Quiero solamente recordar que a la fecha el país suma más de 30 muertos, 253 heridos por gases lacrimógenos disparados al cuerpo de los manifestantes, 191 delitos de violencia sexual, 412 casos de tratos crueles, 842 casos de uso excesivo de la fuerza, incluidos daños oculares por disparo de perdigones que han impactado los ojos de manifestantes.
Cinco organismos internacionales de derechos humanos han hecho ver al Gobierno este cuadro gravísimo de violaciones, pero nadie en el Gobierno quiere asumir esta responsabilidad y la delegan en las exclusivas manos de la Policía, como si esta se autogobernara con total autonomía e impunidad.
De hecho, el Presidente de la República no ha perdido ocasión de reiterar su total respaldo al proceder policial.
Señora Presidenta, el Intendente de Santiago responde al mandato del Presidente de la República y a un diseño de guerra interna contra un enemigo poderoso dotado de tecnologías sofisticadas y con apoyo de potencias extranjeras.
En este diseño la fuerza pública ha sido desplegada para combatir a este enemigo que está en las calles. Al reprimir las manifestaciones de protestas ciudadanas no se ha trepidado en sacrificar el orden público. Porque eso, en los hechos, ha significado el total desvío de recursos humanos para enfrentar los saqueos y la delincuencia, que está desatada en el país.
Estamos en un cuadro de ingobernabilidad y de pérdida del control del orden público.
El hecho de que más de mil carabineros se hayan convocado a la plaza Italia y sus alrededores para anticiparse a una reunión ciudadana y ganar o conquistar ese espacio simbólico de las protestas parece absurdo en este contexto, porque la periferia urbana queda desprotegida.
Los robos y asaltos a pocas cuadras de unidades policiales quedan sin respuesta policial a lo largo de las ciudades de Chile: Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Concepción, suma y sigue.
Solo quiero señalar que en Antofagasta se asaltó el diario El Mercurio, a cuatro cuadras de la prefectura. No llegaron los carabineros.
Estamos hablando, entonces, de violaciones a los derechos humanos en un contexto histórico preciso. No se trata solo de violaciones de garantías o derechos constitucionales a la libertad de reunión y de expresión, sino a la integridad física, a la dignidad y a la vida de nuestros compatriotas.
Señor Intendente, usted es parte de esta locura que se apoderó de un Gobierno acabado y que ya no tiene proyecto ni sentido.
Todos sabemos aquí, porque lo conversamos a diario, que esto no resiste. Sin embargo, la violencia sigue brotando a diario.
Otros dos jóvenes han sido asesinados en los últimos días: Jorge Mora y Ariel Moreno.
Otro fue brutalmente golpeado por policías.
Hay descontrol en las filas policiales y nadie quiere hacerse cargo.
Por lo mismo, hemos planteado que hoy la única reforma posible de Carabineros es con un interventor civil.
No nos engañemos. El país no aguantará dos años más a este ritmo y bajo este diseño de guerra.
El Gobierno está paralizado. No logra entender lo que está pasando y no sabe cómo gestionar la crisis. No sabe cómo recuperar la paz y la gobernabilidad.
El gobierno se acabó.
Y lo señalé hace dos meses: busquemos un acuerdo político y adelantemos las elecciones generales.
En un régimen presidencialista, con un Gobierno sumido en el descrédito, solo cabe esperar más dolor y frustración.
La recuperación del Estado de derecho, del orden público y de la seguridad ciudadana se ve cada vez más difícil.
Por eso necesitamos actuar con responsabilidad histórica, defendiendo los derechos humanos sin matices y construyendo los acuerdos democráticos que nos permitan salir de la crisis.
Señor Intendente, más allá de los afectos personales o de su carrera y su trayectoria pública, usted es responsable de un mal diseño para enfrentar la circunstancia.
No se escude en las Policías ni eluda las responsabilidades del cargo. Las violaciones a los derechos humanos son inaceptables en un régimen democrático y es un deber ineludible de este Senado defender a los ciudadanos que protestan, aun contra nosotros mismos.
Por todo lo anterior, voy a votar a favor de la acusación, como un juicio no solo a usted, sino a lo que usted representa y a un Gobierno al que se le acabó el tiempo.
Muchas gracias.
--(Manifestaciones en tribunas).
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, los acusadores aquí han planteado que el acusado ha violado el derecho de reunión al no permitir, supuestamente, manifestaciones en la plaza Italia los días 20 y 27 de diciembre del año recién pasado.
¡Si alguien ha violado algún derecho en nuestro país son aquellos violentistas que intentan copar los espacios públicos para generar violencia!
Todos dicen que rechazan la violencia, pero nadie responde cuando estos grupos desencadenan en estos lugares un clima de vandalismo, de violencia. ¿Dónde están los derechos de aquellas personas que quieren vivir en paz, que quieren vivir tranquilamente?
La defensa ha señalado que el Intendente se ha limitado a cumplir con su mandato constitucional y legal, sin que se le pueda hacer reproche por ello y sin que exista evidencia que apoye la acusación.
Al respecto, yo creo que cabe, entonces, hacer las siguientes reflexiones.
El uso adecuado de un instrumento lo convierte en una herramienta de precisión, mientras que el abuso de este lo convierte en inútil o, aún peor, deviene en un perjuicio para el fin buscado.
El argumento que se señala con respecto al Intendente Guevara es el aplicarle una responsabilidad política que no tiene. ¡Pero aplicar la responsabilidad política no implica olvidar la justicia, el derecho ni los principios constitucionales!
Hay en la acusación omisiones y contradicciones que hacen imposible su aprobación, si se mira solo la evidencia, dejando de lado el partidismo.
En primer lugar, se acusa al Intendente de omisión constitucional por no asegurar el derecho a la libertad de reunión. ¡La verdad es que esta acusación constitucional no tiene nada de nada! ¡Se basa exclusivamente en una voluntad y en una decisión de un sector de la Izquierda de imponer un estilo del derecho que no es consecuente con lo que significan el derecho y la justicia!
Sin embargo, si el Intendente no hubiese actuado, se le hubiera acusado de faltar a su deber de velar por el orden público y el libre derecho a circular por la ciudad.
Olvida la parte acusadora que la implementación de todo derecho supone, por una parte, el deber de las personas de usarlo con responsabilidad, y por otra, su implementación muchas veces implica colisionar con otros derechos.
El equilibrio entre el ejercicio de ambos derechos lo constituye el Estado de derecho.
En segundo lugar, la parte acusadora indica que habría violado los derechos humanos de los manifestantes, pero nada dice de la flagrante violación de los derechos fundamentales de todas aquellas personas víctimas de esas manifestaciones pacíficas -entre comillas-, porque son violentas la mayoría de las veces, y que no permiten el libre tránsito y han alterado significativamente la vida de los vecinos, de todos los chilenos.
Después de escuchar la fundamentación de voto del Senador Guillier, él dice que "el Gobierno se acabó". ¡Mientras en este Parlamento estemos nosotros, que ganamos en las urnas -porque ganamos en las urnas-, el Gobierno no se ha acabado, señor Guillier! -por su intermedio, señora Presidenta-. ¡No se ha acabado y no se va a acabar!
--(Aplausos en tribunas).
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Silencio en las tribunas, por favor.
El señor MOREIRA.-
¡Porque lo que ha habido aquí es verdaderamente un plan! No se trata de una caricatura, ¡sino de un plan de debilitar el Estado de derecho!
Y yo voy a votar a favor de esta... Voy a votar en contra de esta acusación constitucional...
El señor PIZARRO.-
¡Es parte del plan...!
El señor MOREIRA.-
Exactamente: era parte del plan, señora Presidenta, para sacar la sonrisa de algunos parlamentarios que sé que van a actuar con responsabilidad.
Termino, señora Presidenta, diciendo que yo voy a votar en contra porque tengo la convicción de la inocencia del Intendente Guevara.
Fundamento mi voto diciendo: ¡Gracias, Intendente Guevara, por haber tenido los pantalones para asumir con responsabilidad y no lavarse las manos cuando se trata de imponer el orden público respetando el Estado de derecho¡ ¡Estado de derecho que hoy día lo está defendiendo en las calles solo Carabineros de Chile!
¡Y yo le rindo un homenaje a Carabineros de Chile! ¡Le rindo un homenaje al Intendente, que dio la cara! ¡Le rindo un homenaje a Andrés Chadwick, que fue un gran Ministro, uno de los mejores de los nuestros, y que, en verdad, fue linchado en este Senado!
Por eso, señora Presidenta, la Oposición y la Izquierda, ¡la Oposición y la Izquierda!...
¿Me puede dar el último minuto, como se lo ha dado a los demás?
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Senador, tiene un minuto.
El señor MOREIRA.-
La Oposición y la Izquierda están jugando con fuego; están debilitando la democracia; una herramienta tan importante como la acusación constitucional la están usando irresponsablemente.
El Estado de derecho se defiende con la verdad, con la justicia y con ese derecho que la Constitución nos da. Y esperamos que esa Constitución en un futuro lejano o a corto plazo no la cambien, como ellos quisieran, porque, de lo contrario, el país, en vez de avanzar, se va a retrasar.
Tenemos la convicción de la inocencia del Intendente Guevara y de la buena defensa de sus abogados en este Hemiciclo.
Voto que no.
--(Aplausos en tribunas).
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
A las tribunas les reitero, por favor, que llevemos adelante esta sesión como corresponde, que es sin aplausos.
El señor COLOMA.-
Sin manifestaciones.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Sin manifestaciones, y agradezco la rectificación del Senador Coloma.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Le pido, señora Presidenta, que se ajusten los tiempos.
El señor MOREIRA.-
¿Cómo? ¿Porque hablé un minuto más? Aquí les han dado a todos un minuto más.
El señor BIANCHI.-
Señora Presidenta, acá estoy cumpliendo con mi deber como Senador para señalar y fundamentar mi voto, sin ampararme en permisos constitucionales o en pareos que, como bien se sabe, en el caso de una acusación constitucional solo abonan a su rechazo.
Cabe destacar que el acusado se encuentra sometido a un parámetro de conducta, definido por un conjunto de normas de carácter constitucional, legal y reglamentario, que exige que todo funcionario público deba velar por el respeto efectivo de los derechos fundamentales.
En este contexto, no es un hecho controvertido que el señor Guevara, en su calidad de Intendente de la Región Metropolitana, sostuvo reuniones con autoridades de Carabineros, que sirvieron para definir e implementar una estrategia consistente en que el personal policial ocupara el sector de plaza Italia, o plaza "de la Dignidad", durante días y horas en que se preveían manifestaciones masivas, a fin de impedirlas, bajo el argumento de que no estaban autorizadas por el Gobierno.
Tampoco ha sido controvertido que en tales reuniones el acusado, a lo menos, coordinó con Carabineros dicha medida. Esto, sin perjuicio de que la defensa sostuvo expresamente el día de ayer que el acusado dio instrucciones a las policías en el sentido de que se debía "recuperar la paz", aun cuando previamente se señaló que el Intendente nunca habría entregado algún tipo de instrucción a Carabineros. En otro momento, la defensa expresó que lo que el acusado hizo en realidad fue dar su conformidad, en calidad de Intendente, a la actuación de Carabineros.
En cualquier caso, señora Presidenta, resulta claro que, a partir de las distintas versiones indicadas por la defensa, sumadas a lo sostenido ante la Cámara de Diputados por el General Bassaletti, el acusado a lo menos aportó con su conducta para concretar el referido "copamiento".
Desde ya, se debe recordar que el acusado era la única autoridad que estuvo presente en esas reuniones, sobre lo cual procede hacer efectiva su responsabilidad política a través de una acusación constitucional, ya que ningún mando de Carabineros de Chile puede ser sometido a juicio político, conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico vigente.
En este contexto, señora Presidenta, corresponde evaluar la actuación del acusado a partir del parámetro de conducta al cual estaba obligado. Para esto se debe considerar que al día 20 de diciembre del año 2019 el acusado a lo menos estaba en posición de conocer los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos, los informes periódicos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el informe de Human Rights Watch. En todos ellos se daba cuenta de abusos graves por parte de personal policial en contra de la población civil durante manifestaciones sociales, muchos de ellos cometidos, precisamente, en el sector de plaza Italia o plaza "de la Dignidad".
Fue en ese contexto en que el acusado aportó a que se implementara el referido "copamiento", el cual, en los hechos, no solo impidió el pleno ejercicio del derecho a reunión y a manifestarse pacíficamente, garantizado por la Constitución y tratados internacionales, sino que en la práctica, además, se vio restringido indiscriminadamente el libre tránsito por esa zona.
Resulta evidente que este absurdo es consecuencia de que se consideró el orden público como un fin en sí mismo, cuando en un Estado democrático de derecho debe ser concebido como un simple medio para resguardar y permitir el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En este contexto, señora Presidenta, el acusado aportó, con su conducta, a la generación de un riesgo ilícito, tanto para la población civil como para los agentes del Estado, ya que era previsible que con el copamiento preventivo, y a partir de la dinámica de las movilizaciones ocurridas en las semanas anteriores en ese mismo lugar, se produciría un enfrentamiento frontal entre los miles de personas que llegaban a manifestarse todos los días viernes a plaza Italia y el abundante personal policial desplegado en esa zona.
Este riesgo, aumentado por una medida innecesaria y desproporcionada, se concretó en hechos graves, que incluso terminaron con una persona aplastada entre dos vehículos policiales, más otras personas lesionadas.
Respecto de lo sucedido el 27 de diciembre, el reproche a la conducta del acusado se hace más evidente. Él ya conocía las consecuencias concretas de lo sucedido el día 20, con un saldo de heridos graves y enfrentamientos. No obstante lo anterior, el acusado nuevamente aportó, con su conducta, para llevar a cabo otro copamiento preventivo el 27 de diciembre, afectándose gravemente el derecho de cualquier persona a transitar de manera libre y expedita por esa zona, además de producirse enfrentamientos que incluso terminaron con el incendio del Centro Cultural Alameda y con la muerte de Mauricio Fredes, fuera de un número relevante de personas heridas.
En este punto, señora Presidenta, se debe recordar que con fecha 29 de diciembre del año 2019, y frente a los hechos ya referidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que el señalado copamiento atentaba en contra de lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos y con ello, obviamente, se vulneraba también nuestra Constitución, conforme a su artículo 5°, inciso segundo.
Por último, quisiera recordar las expresiones utilizadas por el acusado, quien públicamente señaló: "Una democracia que reprime la manifestación, que impide la manifestación, es una falsa democracia".
Pues bien, el acusado, mediante su actuación, atentó contra los ideales de una verdadera democracia, vulnerando grave, personal, sustantiva y directamente lo establecido por la Constitución en su artículo 19, números 12° y 13°, en relación con su N° 26°, además del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que debe enfrentar su responsabilidad política.
Quizás, señora Presidenta, con esto no solo ayudemos hoy a empezar a poner fin al círculo vicioso de impunidad que históricamente ha existido en nuestro país en materia de derechos humanos, sino que quizás, ojalá, ayudemos a salvar vidas en el futuro en nuestro país.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señora Presidenta, sin duda, la acusación constitucional, esta institución que establece nuestro ordenamiento, debe ser objeto de un uso racional, equilibrado, responsable. No se puede utilizar como una herramienta política para, en definitiva, solamente menoscabar un derecho fundamental como lo es el establecimiento de un bien superior: el orden público, los espacios públicos, y el resguardo del legítimo derecho que nos asiste a todos para utilizar dichos espacios.
Por eso, los fundamentos de esta acusación se establecen con un propósito que no va al fondo. Más que nada, se transforma en una herramienta utilizada, en mi percepción, de manera irresponsable por los acusadores. Primero que todo, porque no suman a la propia acusación elemento alguno que realmente aporte antecedentes o documentos que demuestren la actuación específica que significa infringir la Constitución. No se vislumbra, en ningún momento, una claridad política ni menos jurídica que determine una responsabilidad concreta.
La infracción a la Constitución debido a la vulneración de la libertad de expresión, del derecho de reunión, del principio de legalidad, es producto, en este caso, de una interpretación absolutamente antojadiza.
Quiero recordar, a propósito de los planteamientos que se han sustentado para responsabilizar de esta situación al Intendente, y en relación con la propia ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las palabras de Patricio Rosende, entiendo que ex Subsecretario de la Concertación, quien expresó, a consecuencia de la aprobación de dicha ley: "Las atribuciones de los intendentes no se extienden a asuntos de carácter administrativo u operativos policiales". Lo dijo un ex Subsecretario, al cual probablemente muchos de los acusadores recurrieron en más de alguna ocasión durante la tramitación de la ley que creó el propio Ministerio.
Se señala acá que se han infringido derechos como el de la libertad de reunión.
Yo creo que todos hemos logrado pasar por la plaza Italia y no sé si en algún minuto se ha visto restringido el derecho a reunión en ese espacio público. Lo que sí hemos visto es la omisión del derecho a desplazamiento y el derecho a reunión de todos los demás vecinos con respecto al uso de ese espacio público.
Nosotros, señora Presidenta, rechazamos absolutamente la violencia, en cualquiera de sus formas. Y frente a esta situación todos debiéramos ser categóricos. Me gustaría que el Senador Guillier se paseara por Antofagasta y viera lo que allí pasa, dentro de su propia circunscripción, cuya población y comunidad lleva no sé cuántas semanas y meses sin poder ejercer un derecho legítimo que aquí se establece como conculcado: la libertad de reunión, la libertad de expresión.
Por su intermedio, señora Presidenta, le quiero decir al Senador Guillier: ¡Por favor vaya a Antofagasta!
La señora ALLENDE.-
¡Qué insolente!
El señor SANDOVAL.-
La Alcaldesa lo va a recibir con los brazos abiertos, esperando que sea un actor relevante, importante, para ver cómo construimos, en definitiva, la paz que tanto nos reclama la comunidad.
Por eso, señora Presidenta, frente a cualquier argumento, hay uno en particular: en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus expresiones, digo, con toda firmeza -y espero que con la misma fuerza se replique por todos los aquí constituidos hoy como tribunal, siendo responsables-: ¡no a la violencia, en ninguna de sus formas! ¡Sí a la construcción del diálogo y de los puentes para salir adelante con las grandes demandas!
Nuestra sociedad nos está mirando afuera. Y la prioridad que nuestra comunidad ve es que estamos sentados aquí, reunidos para llevar adelante una acusación constitucional sin ningún fundamento y que debió haber sido frenada y limitada en la Cámara de Diputados, perdiendo, lisa y llanamente, el tiempo en algo que nuestra comunidad está lejos de querer.
¡No, Senadores! Lo que quiere nuestra gente es que digamos con claridad: ¡No, a ningún tipo de violencia! ¡No, a ninguna forma de violencia! ¡Sí!, a todas las oportunidades que tengamos para construir los diálogos, sentarnos en la mesa, construir los acuerdos para, en definitiva, decirle a la gente que está afuera en las calles, a la gente que está en las poblaciones, a la gente que anoche en Huechuraba no pudo desplazarse con tranquilidad, a la gente que en cualquier rincón de nuestro país anoche no pudo desplazarse. A veces hacemos guiños indebidos y, en vez de propiciar con claridad un "No a la violencia" con nuestras palabras, pareciera ser que en realidad estuviéramos echándole leña al fuego.
"Este Gobierno se terminó". ¡Qué duras palabras de una institución como este Senado o de Senador de la República!
"Este Gobierno se terminó". No es precisamente el tipo de diálogo que nuestra gente quiere escuchar. El diálogo que esta quiere escuchar es: ¡Sí!, construyamos los puentes y hagámonos cargo de las verdaderas, reales y profundas necesidades que legítimamente nuestra sociedad nos reclama de manera pacífica, de manera razonable, de manera como corresponde.
Por eso, Presidente, rechazo absolutamente esta acusación contra el Intendente Guevara.
Muchas gracias.
El señor GUILLIER.-
¿Señora Presidenta?
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Senador Guillier, ¿pidió la palabra para un asunto de reglamento?
El señor COLOMA.-
Al final.
El señor GUILLIER.-
Para una cuestión reglamentaria.
Yo pediría que no empezáramos a transformar esto en una pelea personal, primero, porque tengo gran aprecio por los dos Senadores que me han antecedido. Podemos tener diferencias. Pero yo tengo una historia familiar, personal, y además como antofagastino, zona que he recorrido: vengo de estar en Calama, en Taltal, en Tocopilla y en Antofagasta.
Cuando en un país hay más de treinta muertos, yo habría esperado a lo menos haber mencionado que aquí ha habido abuso, pero que tenemos que resolverlo. Pero ni una sola mención y menos con los heridos, o las personas que han perdido la vista.
Por lo tanto, yo, ante eso, no puedo callar. Y me habría gustado, porque habría ayudado a encontrar un puente cuando uno ve que hay empatía.
No voy a tomarme los diez minutos que dice el Reglamento, pero la verdad es que me parece que no está a la altura de Senadores empezar a golpearse en lo personal. Nosotros planteamos posiciones políticas acá, con las que podemos estar de acuerdo o no. Pero no lo tomemos de manera personal, porque yo no quiero perder la buena relación con mis colegas, pues aquí vamos a tener que estar quizás algunos meses o años más.
Gracias.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
El Senador Guillier tenía preferencia para intervenir, conforme al artículo 114 del Reglamento, dado que fue aludido.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, por segunda vez en los últimos meses hemos sido convocados a pronunciarnos sobre una acusación constitucional, esta vez contra el Intendente de la Región Metropolitana señor Felipe Guevara, que al igual que la anterior, seguida en contra del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick, claramente debe ser analizada en su mérito.
Previamente, quiero señalar que esta herramienta legal que nuestra Carta Fundamental otorga a los miembros de la Cámara de Diputados no debe ser usada abusivamente, con una serie de argumentaciones que, como pasaré a explicar, no resisten el menor análisis como para destituir a autoridades que la Constitución menciona, y dejarlos sumidos en una muerte civil, por cinco años, sanción que, por cierto, es extremadamente grave, más aún para aquellos ciudadanos que han hecho del servicio público una verdadera vocación de vida en beneficio de los ciudadanos.
¿De qué se acusa al Intendente Guevara?
Se le acusa, básicamente, de sostener una estrategia de copamiento policial preventivo en los días 20 y 27 de diciembre, cuyo propósito era impedir el derecho a manifestarse.
Hay que señalar, de acuerdo al mérito, que esa afirmación es completamente falsa.
Lo dijo el propio General Basseletti, que a este respecto señaló en la Comisión que estudió la acusación: "El concepto `copamiento' tiene que ver con una técnica conocida a nivel de los países occidentales, en donde -con el objeto de disuadir, anticiparse a situaciones que sabemos que se van a tornar violentas por la historia- se despliega un contingente de carabineros con los medios necesarios para contener y evitar que se cometan desmanes, buscando el equilibrio, para que las personas que se manifiesten sin actos de violencia y conforme a la ley lo puedan hacer".
El propio Intendente Felipe Guevara señaló: "Las movilizaciones son bienvenidas si se hacen en forma pacífica y coordinada. Así cuidamos a los participantes y se toman las medidas de contingencia vial. Estamos recuperando la ciudad para los santiaguinos y sus familias, velando también por los derechos humanos de la libertad de movilización y circulación de millones de personas que habitan en la Región Metropolitana".
¿De qué más se acusa al Intendente Guevara?
Los acusadores sostienen que el Intendente prohibió el derecho a reunión los días 20 y 27 utilizando un instrumento cuestionado internacionalmente, que es el decreto supremo N° 1.086.
De acuerdo al artículo 100 de nuestra Carta Fundamental y la ley N° 19.175, el Intendente debe velar por el resguardo de la tranquilidad, del orden público y la protección de las personas. Y para esto debe requerir el auxilio de la fuerza pública, de conformidad a la ley.
No resguardar el orden público -¡no resguardar el orden público!- ni llevar tranquilidad a la población, ciertamente, constituiría el incumplimiento de obligaciones constitucionales y legales del Intendente.
Acá se está sometiendo a este juicio político, como lo han dicho los acusadores y algunos Honorables Senadores, a una autoridad por hacer cumplir la ley y velar por sus deberes constitucionales.
La acusación se pone, en consecuencia, en una situación imposible. El Intendente estaría compareciendo ante este Honorable Senado, que actúa como jurado. No hay que olvidar que hoy día los Senadores estamos actuando como jurado y, por tanto, al atribuir una responsabilidad que significa la muerte civil para una autoridad tenemos que actuar en términos de poder acreditar un ilícito legal o constitucional, cuestión que hoy día no se está produciendo básicamente porque el Intendente Guevara está sometido a esta instancia por el cumplimiento de la ley.
Además, sería un pésimo precedente, debido a que justamente si un intendente no puede arbitrar todas y cada una de las medidas para asegurar el orden público, quiero adelantarles que vamos a tener un desfile -un desfile- de acusaciones constitucionales en contra de los intendentes, que tienen que cumplir con la ley respecto del mantenimiento del orden público.
Por tanto, que el instrumento, que es el decreto supremo N° 1.086, esté cuestionado internacionalmente, no es imputable al Intendente de la Región Metropolitana. Incluso, este decreto fue objeto de proyectos de ley que reforzaban el control del orden público (el mensaje N° 321, del año 2007) y de iniciativas derogatorias que no llegaron a puerto. El año 2015 se anunció su derogación con ocasión del caso Avilés, sin embargo nunca ocurrió.
¿Qué más se le imputa al Intendente Guevara?
Que la estrategia de copamiento no se debió implementar, porque existían al menos cinco informes internacionales que daban cuenta de violaciones de los derechos humanos ocurridos en Chile desde octubre.
Claramente, bajo el argumento de "juicio político", la acusación permite la imputación de hechos que ningún estándar de juzgamiento permitiría. Juzga las acciones del Intendente señor Guevara con un estándar diferente de aquel que aplica a casos análogos.
En el día de ayer la defensa nos señaló estrategias de copamiento: Morandé 80 (cerrado entre 2003 y 2013); avenida Pedro Montt, durante las cuentas públicas; la plaza de la Constitución; la calle Moneda, entre Morandé y Teatinos; locales de rendición de la PSU en los últimos días.
El copamiento preventivo o zona de exclusión ha traído consecuencias similares en el pasado, como el caso Avilés en 2015. Y el Intendente de la Quinta Región no fue sometido a ningún tipo de juzgamiento por aquello.
Las recomendaciones internacionales sobre eficiencias regulatorias del derecho a reunión y sus consecuencias sobre derechos humanos son anteriores a los cinco informes y datan de 2007.
No olvidemos que la Relatoría Especial de Derechos Humanos de 2015 recomendó cambios legales en la regulación del derecho a reunión para evitar atropellos a los derechos humanos.
Por último, se señala que el Intendente, al ver su error de hablar de tolerancia cero con las manifestaciones no autorizadas, intenta dar pie atrás y dice que Carabineros tiene autonomía operativa. Ya se ha expresado que la autonomía operativa no es excusa para esta defensa.
En consecuencia, quiero hacer un llamado de atención: este Senado está actuando el día de hoy como jurado; por ello, los livianos argumentos políticos respecto del Gobierno de turno -incluso aquellos que afirman que este Gobierno acabó- son irresponsables desde el punto de vista de la obligación constitucional a la que hoy están sometidos para establecer la eventual responsabilidad y muerte civil del acusado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, el día 20 de diciembre el Intendente Felipe Guevara, quien es el representante del Presidente de la República en la Región Metropolitana, anunció una estrategia de copamiento preventivo, con algo más de mil carabineros en la zona de plaza Italia o plaza "de la Dignidad", como la denomina el pueblo, en una lógica de tolerancia cero ante manifestaciones no autorizadas.
Se puede hacer una evaluación de esta estrategia por sus resultados: la muerte de Mauricio Fredes, maestro yesero que falleció el viernes 27 de diciembre; el atropello a Óscar Pérez, quien resultó gravemente herido al ser chocado entre dos autos policiales denominados "zorrillos" -valoramos que se esté recuperando luego de varias semanas hospitalizado-; el incendio del Centro Arte Alameda, que habría sido causado por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros sobre su techo, y los múltiples heridos a causa de la represión, aumentando así las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en Chile tras el estallido social del 18 de octubre.
Esta estrategia generó más conflicto, más violencia, más violaciones a los derechos humanos.
El Intendente coartó, a través de esa medida, los derechos de reunión y de libertad de expresión, contenidos en nuestra Constitución y en diferentes tratados internacionales. En Chile, ambos derechos configuran el derecho humano a la protesta social.
Este derecho es la manera en que las personas pueden manifestar su malestar, su sensación de abuso, su descontento, cuando las instituciones no son capaces de dar respuestas. Es, por así decirlo, el último espacio democrático. Si no permitimos a los ciudadanos la manifestación pública, nos acercamos cada vez más a situaciones de autoritarismo, debilitando la democracia.
Existen casos en que se pueden afectar derechos para conseguir ciertos fines. Eso es así, y ha ocurrido en democracia. En esos casos, la restricción impuesta debe responder a criterios específicos: adecuación (que la medida sea apropiada, oportuna para conseguir un fin determinado); necesidad (que no exista otra vía posible para conseguir dicho fin con menor afectación de los derechos en cuestión) y proporcionalidad (que la afectación sea en una magnitud razonable en atención al fin que se busca lograr).
En el caso de la medida elegida por la Intendencia, la de tolerancia cero, respaldada por el Ministerio del Interior y materializada por Carabineros, podemos fácilmente apreciar que la estrategia de copamiento no era adecuada, necesaria ni proporcional. Es una estrategia que no pasa ninguno de estos criterios.
Llevamos ciento nueve días de protesta social, y en Chile se están violando grave y masivamente los derechos humanos. Es necesario y urgente, un imperativo ético, perseguir las responsabilidades penales y políticas y generar mecanismos de reparación para las víctimas.
El día 21 de noviembre, como resultado de una misión especial que visitó Chile, Amnistía Internacional presentó su informe. Este comienza con una conclusión central: "Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera" -principalmente, Carabineros y, en un periodo acotado de tiempo, el Ejército- "están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta.".
El 26 de noviembre de 2019, la ONG Human Rights Watch entregó su informe. Entre sus principales conclusiones, indicó: "Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre".
El viernes 6 de diciembre pasado se hizo público el informe de la misión desarrollada en el país por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este informe se pone el énfasis en la obligación del Estado de cesar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, reiterando la necesidad de reformar integralmente a Carabineros y establecer mecanismos de control de su actuación, lo que implica una crítica al rol de las autoridades civiles a la fecha en la materia.
Además, recomienda reforzar el acceso a la justicia de las víctimas y plantea la necesidad de fortalecer las instituciones de derechos humanos, como el INDH y la Defensoría de la Niñez.
Asimismo, la Comisión llama a coordinar esfuerzos institucionales para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales y la creación de un sistema para esclarecer los hechos ocurridos desde el 18 de octubre a través de un mecanismo independiente, con participación de la sociedad civil.
Todas estas recomendaciones son, y deben ser, lideradas por las autoridades civiles y políticas de nuestro país.
Finalmente, el 13 de diciembre la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos también hizo entrega de su informe. Otra vez, entre sus conclusiones, se señala que ha existido un "uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias". También da cuenta de ejecuciones extrajudiciales, en las cuales "adolescentes y jóvenes constituyen la mayoría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y se han visto especialmente afectados".
Estos cuatro organismos internacionales concuerdan plenamente en la situación gravísima de violación masiva de los derechos humanos por parte de las fuerzas de orden. De todas estas recomendaciones, hasta hoy, ninguna ha sido implementada por este Gobierno.
Quiero insistir en lo que señalé en su momento en la acusación del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick. No es la represión la que generará paz. La paz es fruto de la justicia. Solo la justicia social traerá paz social a nuestro pueblo.
Hace pocos días vimos un video de una cámara de seguridad, viralizado en las redes sociales, donde unos diez carabineros, aproximadamente, junto a un encapuchado, agredían a palos y a golpes en el suelo a un joven en el sector de la Protectora de la Infancia en Puente Alto. Este hecho lo dejó con fractura costal y contusiones múltiples. La institución dio de baja a esos efectivos y dijo que se apartan de la doctrina. Espero que exista justicia y se siga esa línea por parte del alto mando: apartar a quienes violan la ley y cometen delitos de tortura y otros en contra de los derechos humanos. Esos malos elementos le hacen daño a la institución.
Se necesita una reforma profunda a las policías, que debe ser impulsada por las autoridades políticas, las cuales deben, además, condenar públicamente estas graves violaciones a los derechos humanos. Pero no se escuchó a las autoridades políticas hablar sobre los hechos ocurridos este fin de semana ni sobre los dos muertos de la semana pasada.
Junto con lo anterior, siguen ocurriendo atentados de carabineros contra las brigadas de salud que en plaza Italia o de la Dignidad atienden a personas heridas o afectadas por gases lacrimógenos. Son brigadas claramente identificadas con cruces rojas, las mismas que buscaron atender a Mauricio Fredes y que fueron literalmente bombardeadas por carabineros.
Los protocolos de Ginebra, que datan del término de la Segunda Guerra Mundial, buscan proteger a las personas que no participan en hostilidades y a aquellas que ya no pueden seguir participando en las movilizaciones. En Chile, estos protocolos diseñados para situaciones de conflicto o de guerra, no se están respetando. ¡Y estamos en Democracia!
Por último, señor Presidente, quiero manifestar algo que me parece absolutamente grave, si me permite un minuto adicional.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Continúe, señor Senador.
El señor LATORRE.-
Gracias, señor Presidente.
Hemos visto que algunos sábados en la mañana grupos de personas se reúnen fuera de la Escuela Militar para pedir la intervención del Ejército. ¿No alteran igualmente el orden público y la paz social esos manifestantes? ¿Cuentan con la autorización del Intendente? En ninguno de esos encuentros, ¡absolutamente en ninguno!, hemos encontrado a Carabineros reprimiendo o al Intendente condenando o rechazando esas manifestaciones. ¿Estará entonces de acuerdo el Intendente con ese sector de la población, que pide la intervención militar relativizando los derechos humanos? ¿Hay derecho a reunión y libertad de expresión con sesgo de clase en Chile?
Me parece que el Intendente no ha estado a la altura de su cargo. Él tiene responsabilidades políticas, y en memoria de las víctimas de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo bajo el Gobierno del Presidente Piñera, yo voto a favor de esta acusación constitucional.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene, a continuación, la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, a mí de joven me tocó leer, al igual que muchos de ustedes, a grandes autores o filósofos, y me acuerdo mucho de una cita de Montesquieu, que decía: "Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad".
Esa frase me quedó dando vueltas por muchos años, en cuanto a ver cómo se podía plantear este asunto, porque generalmente uno tiende a pensar que las injusticias son individuales.
Sin embargo, creo que pocas veces el recuerdo de Montesquieu ha sido más prudente en esa lógica. Porque aquí se está intentando -se hizo en la Cámara de Diputados- llevar a cabo una gran injusticia al acusar a un intendente que no tenía opción de efectuar algo diferente con respecto a la utilización de la fuerza en situaciones de riesgo. En el fondo, lo que se está tratando de hacer es cambiar los estándares en Chile.
En el evento de que esta acusación fuera aprobada -lo veo lejano, pero existe la posibilidad-, constituiría una señal letal para los chilenos acerca de cómo se enfrentan las situaciones de violencia en nuestro país.
Sería una señal letal para todos los intendentes, gobernadores y policías de todas las regiones sobre cómo se atan las manos para enfrentar a aquellos que, sin autorización y más allá de las ideas originales que puedan sustentar, no respetan ninguno de los derechos del resto de la sociedad.
Esto lo encuentro de la máxima gravedad: la lógica del precedente que podría significar una condena al Intendente Guevara respecto de una acusación como la que se ha planteado.
Se le ha dicho que ha violentado la libertad de expresión.
Mire, no nos detengamos en ello, pues pocas veces en Chile ha habido más libertad de expresión que en los últimos cien días.
En cuanto a la libertad de reunión, pocas veces en nuestro país se han registrado más reuniones que en los últimos cien días.
Y se trata de centrar -porque es bastante ridícula la pretensión-, de limitar aquello al principio de legalidad. En el fondo, lo que se plantea es que aquí hay un exceso de facultades al tolerar -no hay otra explicación- que se haya usado un decreto por parte de las policías respecto del eventual copamiento, como se le dice jurídicamente aquí, pero que no es otra cosa -según explicaron los abogados- que una fórmula razonable de entender dónde está el riesgo en cada lugar. Entonces, se intenta decir que esa persona, por una eventual omisión, tendría que estar muerta cívicamente.
Ello me parece una brutalidad sin nombre.
Porque aquí, adicionalmente -y entendámonos bien-, los intendentes, en la misma ley, tienen obligaciones: velar dentro de su jurisdicción por el respeto a la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y bienes. Esa es la obligación de cualquier intendente en cualquier región de Chile.
Aquí los acusadores no están diciendo que él actuó físicamente, sino que de alguna manera toleró o validó un decreto de 1983, que les permite a las policías hacer un pronóstico de riesgo.
Esto lo quiero subrayar, señor Presidente, pues si no hubiera pronóstico de riesgo, querría decir que nunca la policía podría tener la lógica de prevención, y estaríamos hablando solo de la lógica de la represión. O sea, si en este Senado, ante un evento que razonablemente puede generar expectativas de violencia, se prefiere abandonar el principio de la prevención o de la anticipación y se opta por abrazar el de la represión, entonces díganlo claramente.
Yo creo que esa sería una insensatez de marca mayor.
Las policías -lo hemos hablado veinte veces-, junto con reprimir, tienen que prevenir, tienen que anticipar, tienen que contar con la capacidad, una vez generado un escenario donde es posible entender que habrá daños a la sociedad y que hay que resguardar a las personas y a los bienes, para intentar evitar que ello se produzca.
Porque, de lo contrario, pasan dos cosas: se abandona el principio de la prevención y se es susceptible de ser condenado por notable abandono de deberes.
Señor Presidente, quiero plantear este punto con respeto, por mil razones: cuando se empezó a decir al final que lo que está detrás de esto es que se vaya Piñera, que se acabó el Gobierno, se dio una explicación real a un artilugio que se ha tratado de generar y cuyo único objetivo en la práctica es ese. Porque no hay una interpretación diferente en la secuencia de las acciones que se van planteando.
Eso lo considero extraordinariamente severo. Y creo que esa pretensión exige un rechazo categórico por parte de este Senado.
¿Qué ocurriría en cualquiera de las regiones de que estamos hablando si esta acusación es aprobada?
Acá quiero volver al Intendente Guevara, quien quizás ha sido de las autoridades que más permisos han dado para los efectos de poder expresar el derecho a reunión, y es, probablemente, quien más ataques ha recibido en función de la libertad de expresión. Y si, adicionalmente, usa un artículo que existe desde siempre y que ahora se pretende coartar, quiere decir que nunca más habrá capacidad para recurrir a los elementos que la sociedad tiene a fin de enfrentar actos de violencia a través de la anticipación o de la prevención.
¿Alguien puede decir que el Intendente Guevara, quien no tomó la decisión, o el general a cargo que sí lo hizo estaban completamente dementes, estaban alejados de la realidad, estaban en otro mundo cuando previeron que en la plaza Italia, conforme a las condiciones que se venían registrando, era factible vivir una jornada de extraordinaria dureza?
¿No tienen ellos derecho a pensar en la libertad, en los derechos de las personas? Porque aquí se plantea -lo dijo un Senador- que la protesta social es el gran derecho. ¡Ojo!: yo defiendo el derecho de las personas comunes y corrientes a andar en la calle, a decir lo que quieran, a no ser vilipendiadas, a no ser agredidas, a no ser tratadas con desprecio por una masa que puede ser vociferante, pero que no posee la suma de la verdad.
¿Dónde está el individuo, el ser humano? ¿La persona normal no cuenta con derechos en Chile? ¿Solo los tiene el que grita, el que marcha, el que protesta? ¿No hay millones de ciudadanos que quieren un país más en calma y que son menos expansivos en sus derechos o en la expresión de estos, pero que sí los poseen, porque estos nacen de la dignidad del ser humano?
Eso es lo que está en juego: ¡el derecho de esas personas!
Y se está intentando un copamiento de carabineros para que nunca más se pueda generar una política de prevención y para que nunca más alguien diga: "Tengo el derecho a anticipar".
Dicen: "¡No: organismos internacionales!
Señor Presidente, lo único razonable es que los pronósticos de riesgo los tiene la experiencia. Debemos velar por eso, no por tratar de que nos den el visto bueno a miles de kilómetros de distancia respecto de algo grave que está ocurriendo en determinado lugar.
En resumen, señor Presidente, lo digo desde el fondo del corazón: permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen. Yo no estoy dispuesto a posibilitar que más injusticias, a través de esta, se abran en Chile.
Por eso, con convicción, voto que no.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, parto sincerando que esta es una de las decisiones más complejas que me ha tocado tomar en este Hemiciclo. Se enfrentan en ella el rigor técnico-jurídico con el que, idealmente, todos deberíamos actuar en este Senado y también en la Cámara de Diputados, con la mayor crisis en materia de derechos humanos desde la dictadura, que ha quedado consignada en diversos informes de cuatro destacados organismos internacionales y uno del INDH.
Lo primero que quiero constatar es que hemos revisado una acusación constitucional con evidentes deficiencias.
Se acusa al señor Guevara de haber infringido el artículo 19, número 12°, de la Constitución Política de la República, en específico la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa. Al respecto, y más allá de la brutal represión que han sufrido algunos periodistas en la calle, creo que todos podemos concordar en que si hay algo en Chile que no se ha conculcado es la libertad de expresión y que esa es la razón por la cual todo el país conoce de los atropellos a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
Y en ello coincido con un Senador que me antecedió.
Con respecto al segundo artículo supuestamente infringido, el 19, número 13°, "el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas", que tiene una contraparte cuando establece que "las reuniones se regirán...
Señor Presidente, les pediría a los Senadores que habitualmente reclaman que se les escuche que también puedan hacer lo mismo con el resto...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Ruego a Sus Señorías guardar silencio, para escuchar a quienes están exponiendo.
El señor QUINTANA.-
¡Es que en algunos casos es una costumbre...!
Decía, señor Presidente, que con respecto al segundo artículo supuestamente infringido, el 19, número 13°, "el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas", que tiene una contraparte cuando establece que "las reuniones se regirán por las disposiciones generales de policía", entramos ahí en debate, puesto que los anuncios del Intendente en cuanto a una política de "Tolerancia Cero" con las manifestaciones, seguido de un "Copamiento Policial Preventivo" en la zona de Baquedano, naturalmente fueron en contra del espíritu de este artículo.
No obstante, también es claro que el tenor de la Constitución, que le entrega a la policía la facultad de delimitar este derecho, y del decreto N° 1.086, que regula las reuniones públicas, juegan a favor del señor Guevara.
En definitiva, creo que estamos frente a una acusación menos rigurosa que aquella que se entabló contra el ex Ministro Chadwick, y eso me preocupa cuando hemos escuchado a Diputados amenazando con nuevos libelos a otras autoridades del Estado. Es responsabilidad de todos cuidar la institucionalidad, porque eso también implica cuidar la democracia. Hago un llamado, en lo sucesivo, a la responsabilidad.
Si un intendente, cualquiera y de cualquier signo, hubiera sido acusado por estas razones antes del estallido social, no habría dudado un segundo en rechazar la acusación. Ahora, naturalmente que en el contexto de las circunstancias que el país está viviendo desde el 18 de octubre, el examen político debe ser más extenso con relación a cómo la actuación del Intendente de Santiago pudo influir en el desenlace de los graves acontecimientos ocurridos en las últimas semanas de diciembre y, en general, sobre cómo sus acciones contribuyeron o no al desarrollo de la espiral de violencia que tiene a Chile en las portadas de muchos medios alrededor del mundo, lamentando ya demasiadas muertes, torturas, mutilaciones y heridos.
Antes de profundizar en ese análisis, voy a reiterar algo que he señalado en más una oportunidad en este mismo Hemiciclo: si bien las responsabilidades son distintas, en diferentes grados, todo el mundo político tiene una parte de responsabilidad en las causas de la explosión social.
En particular, respecto al derecho de reunión, todos los gobiernos hacia atrás se acostumbraron a convivir con este sistema, donde Carabineros regula las manifestaciones y donde intendentes y gobernadores, de manera discrecional, pueden autorizar o no una convocatoria.
Pero el siglo XXI nos pasó por encima a todos.
Quiero leer solo una parte del decreto 1.086 que muchos han citado esta jornada, para que veamos lo ridículo que se escucha hoy: "El aviso debe expresar quiénes organizan la reunión, dónde se hará uso de la palabra, qué oradores lo harán y dónde se disolverá". ¡Díganme una sola manifestación, desde el 18 de octubre en adelante, donde alguien haya hecho uso de la palabra, donde haya habido "oradores", donde personas claramente identificables hayan sido las convocantes! ¡Eso ya no existe y, probablemente, no va a existir más!
Precisamente por esto, junto a los Senadores Harboe, De Urresti, Navarro y Latorre, y luego de escuchar las sugerencias del INDH, decidimos presentar un proyecto para modificar la ley N° 19.175, sobre administración regional, haciendo expresa la limitación del intendente o delegado presidencial en orden a que no pueda restringir el derecho de reunión, salvo en casos expresamente señalados en la ley. Valoro que el Ministro Blumel haya manifestado su disposición a ponerle urgencia prontamente a esta discusión.
Volviendo a la labor del Intendente, el pasado 17 de diciembre, cuando el señor Guevara anuncia que habrá "tolerancia cero" con las manifestaciones no autorizadas y anuncia el famoso "copamiento", ya habían transcurrido dos meses desde el inicio del estallido social. Es decir, el Intendente sabía perfectamente que el esquema de las antiguas marchas autorizadas ya no tenía aplicación y que sus dichos y acciones podían desencadenar una escalada de violencia.
Pienso, entonces, que ese gran error del Intendente Guevara -del cual, a los pocos días, tuvo que excusarse públicamente- no puede más que ser analizado como parte de una conducta constante de un Gobierno que, probablemente tironeado por los sectores más conservadores de la Derecha -de lo cual hay mucha evidencia-, ha tomado pésimas decisiones en materia de seguridad, las cuales han terminado actuando como acelerante de la rabia ciudadana y de las violaciones a los derechos fundamentales.
Lo quiero demostrar.
En la madrugada del 19 de octubre se decreta un estado de emergencia, pensando que la gente les tendría miedo a los militares y saldría de las calles. ¿El efecto? Todo lo contrario. Dos días después, el Presidente señala "Estamos en guerra" y la violencia se sigue extremando. El 7 de noviembre (tercer caso) se cita al Cosena (Consejo de Seguridad Nacional), habiendo muchos alertado -entre otros, yo mismo- que eso haría aumentar la espiral de violencia. Dos días después, Gustavo Gatica perdió completamente la visión al recibir disparos en su rostro. Luego, el copamiento del 17 de diciembre. ¿Qué pasó? El viernes 20 Óscar Pérez fue atropellado por dos carros policiales, y una semana después se produjo el incendio del cine Arte Alameda y la muerte de Mauricio Fredes, entre otras tragedias.
Partí señalando que esta acusación muestra deficiencias, pero, por otro lado, no tenemos otra herramienta para hacerle ver al Gobierno que su política del enfrentamiento y de la guerra debe parar. Lo hemos reiterado demasiadas veces y en todos los tonos: Chile no resiste más violaciones de derechos humanos; Santiago ni ninguna otra ciudad resiste más jornadas de violencia, y el Ejecutivo es el primero que debe buscar las formas y las acciones correctas para evitarlas.
Por esa única razón, y sopesando el valor que tiene la vida y la dignidad de las personas versus cualquier otra consideración, votaré a favor de la acusación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Antes de darle la palabra al Senador Montes, conforme a lo acordado en la reunión de Comités, voy a proceder a la apertura de la votación a contar de este momento.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Senador Montes, tiene la palabra.
El señor MONTES.-
Gracias, señor Presidente.
La verdad es que no me parecen suficientes los planteamientos que he oído. Por un lado, se quiere sancionar al responsable de hacer las cosas mal, con resultados lamentables. Y, por otro lado, se defiende al inocente de las ilegalidades que se le atribuyen, como si lo que estuviera ocurriendo fuera poco relevante.
Veo cada vez más claro que el mecanismo institucional de la acusación constitucional no es el más adecuado para el problema histórico en que estamos. Cuando la discusión real y sustantiva se da en torno a un punto global de quiebre, no es mucho lo que se puede avanzar centrando todo en una eventual transgresión legal y en el juicio político que nos merece el Intendente.
En primer lugar, enfrentamos el desafío de tratar de entender lo que está pasando en Chile. Creo que estamos ante un amplio estallido social que cuestiona y critica profundamente la sociedad en que vivimos y nos responsabiliza como elite política y empresarial. Y todo esto, después de un período de fuerte crecimiento.
Es cierto que la desigualdad es muy importante, pero también lo es vivir con miedo, en soledad, con incertidumbre, sin sentido. Son las paradojas de la modernidad a que aludía Lechner.
Reducirlo todo a la violencia es no entender el núcleo del problema. Sé que la violencia y la delincuencia desatada son de gran envergadura. Sé que hoy día hay que cuidar el orden público, porque es fundamental, y que la violencia resulta inaceptable. Pero no podemos reducir el problema a aquello, pues surge en un contexto determinado y bajo condiciones también determinadas, más todavía cuando la misma cuestión de fondo recorre muchos lugares. El 25 por ciento de los países del mundo está viviendo situaciones similares. Como dice el filósofo, parece que viviremos más cerca del caos que del orden en el tiempo que viene.
Lo que nos tenemos que preguntar es si nos estamos haciendo cargo del asunto. Esa es la discusión real.
En segundo término, muchos pensamos que el Estado, a través del Gobierno, como principal responsable, ha sido y es todavía errático y confuso en la respuesta a este momento histórico. En vez de resolver la crisis de Carabineros, ha terminado despidiendo a miembros de la institución. Y, ante los hechos, se plantea la guerra con enemigos poderosos, ¡lejos del fenómeno en que estamos! Queda en evidencia su debilidad para mantener el orden público y contener la violencia, con una policía en crisis y con un estallido social de proporciones. Hoy día se opina en el mundo que la policía debe ocupar un lugar central y fundamental en la construcción de la democracia. En Chile, sin embargo, es más un factor disolvente que constructor, por la forma en que opera. El Gobierno ha levantado un conjunto de iniciativas legales de escasa profundidad e impacto.
En tercer lugar, el desajuste entre un fenómeno social fuerte y un Gobierno que no ha logrado encauzarlo adecuadamente ha desembocado en una crisis de derechos humanos, con violaciones y transgresiones a niveles impresionantes. Me han mostrado una lista de jóvenes de Puente Alto -no de uno, no de dos, sino de cien, y ustedes lo deben saber- que han sido golpeados y botados en los alrededores. Hoy día aparecieron dos más. Es un tema que tenemos que ver y que nos parece lamentable que esté ocurriendo. Es algo brutal que no se puede eludir.
Mucha gente nos dice: "¡Hagan algo! ¡Nos están destruyendo, nos están violentando día a día!". Y nos emplazan: "¡Háganse cargo! ¡Respondan con eficacia! ¡Para qué sirven ustedes, como parlamentarios, si no lo hacen!".
En tal contexto, la acusación constitucional constituye una respuesta, sin duda, desesperada, aunque parcial y lateral. Las violaciones a los derechos humanos vienen a potenciar y ampliar las rabias sociales y se está, señoras y señores Senadores, ante un fenómeno cuyas consecuencias no podemos medir tal como se están enfrentando las cosas.
En cuarto lugar, valoro lo que hicieron los partidos políticos y sus dirigentes, percibiendo la profundidad y complejidad del momento histórico que se estaba viviendo y la necesidad de delinear un camino institucional, democrático, para procesarlo, fortaleciendo la democracia.
Esto es lo más valioso que se ha hecho: un camino lleno de potencialidades. Pero, al poco andar, se produce una voltereta y se inicia una demoledora campaña de distorsiones, sembrándose el pánico. En definitiva, hay sectores que no quieren entregar poder o, más bien, no quieren poner en juego el poder constitucional que heredaron de la dictadura. Y se empieza a relativizar la legitimidad y viabilidad del proceso constituyente y también a amortiguar el alcance de las reformas sociales estructurales necesarias.
Paralelamente, hay otro sector, de extrema izquierda, que ve el derrocamiento como la única alternativa, sin asumir la realidad y el futuro y confundiendo a mucha gente.
Cuál es mi decisión. Me ha hecho mucha fuerza la argumentación del abogado Cristian Muga. Él dice que este es un juicio político que supone establecer la transgresión legal propia de la acusación constitucional. Yo no soy abogado, pero veo la fragilidad de los elementos para concluir que el derecho a reunión y el derecho a expresión han sido afectados en estos días y bajo las condiciones señaladas.
Sin embargo, esto no es solo un fallo técnico-jurídico. Hay un contexto histórico muy exigente, del cual nadie se puede abstraer: rechazar la acusación constitucional significaría no hacerse cargo de lo que ocurre, como si esto no fuera relevante.
Votaré a favor. Pero quiero decirle a la Cámara de Diputados desde acá, y a los representantes de ella aquí, que la acusación constitucional es un mecanismo institucional que no es apropiado para cualquier situación.
En este caso, la discusión es otra: la discusión es sobre la naturaleza de la crisis, las alternativas para enfrentarla, las violaciones a los derechos humanos, el descontrol del orden público. Centrar el debate y las decisiones en la infracción específica de un funcionario de segundo nivel es forzar la situación.
No abusemos de la acusación constitucional.
En segundo lugar, quiero decirle al Gobierno que no puede seguir igual. Las policías no pueden seguir violando los derechos humanos. ¡No pueden seguir violando los derechos humanos! La presencia de planes operativos inteligentes y eficaces para contener la delincuencia y el vandalismo es algo fundamental. Estamos a pocos días de marzo, ¿y qué tenemos en Santiago? ¿Qué es lo que se ha pensado? Según lo que yo sé, no ha habido ningún diálogo real y no hay preparación. ¡Ojalá que la hubiera!
El país no es igual, es diferente a través de sus ciudades. Las reformas sociales estructurales deben tener más profundidad. Y antes que nada le digo al Gobierno que hay que repensar en reabrir un diálogo nacional distinto, en que todos nos hagamos cargo de lo que está ocurriendo. ¡Es grave lo que ocurre en Chile! No sabemos en qué va a terminar todo esto.
En tercer lugar, con mi voto positivo quiero decirles a todos los que han vivido y sentido las enormes violaciones a los derechos humanos que estamos tratando de responder a la altura. No es fácil.
Ministro Blumel, usted tiene un papel fundamental en esto y confiamos en que va a lograr que no se sigan violando los derechos humanos.
Y, finalmente, quiero decir a nosotros los Senadores que consideremos en todo lo que significa este momento histórico. Uno de repente oye reflexiones como si no estuviéramos viviendo lo que vivimos. Como generación de Senadores nos toca jugar un papel y discutir algo muy serio. Debemos ser los principales promotores y desarrollar un diálogo nacional más potente. Para repensar y recrear el país a partir de lo mejor de nuestra historia y de los desafíos de justicia e igualdad.
Confiemos en que hay suficiente gente sensata en Chile, con visión, con experiencia para construir un futuro mejor. Nosotros los Senadores tenemos una responsabilidad ineludible en ello.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).-
Tiene, a continuación, la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, la verdad es que las intervenciones de los Senadores Quintana y Montes me quitaron buena parte de las palabras que quería mencionar, porque ambos han hecho ver lo frágil y lo débil de esta acusación constitucional, y lo mal planteada que está. Básicamente, se la justifica en una situación de contextos.
Los Diputados que ayer hicieron uso de la palabra en este Hemiciclo, tratando de justificar la acusación, básicamente se iban a situaciones de contexto, no podían sostener ninguna razón legal, jurídica, mínimamente plausible por las cual el Intendente Felipe Guevara debía ser acusado.
Por lo tanto, me voy a detener muy brevemente en las razones más jurídicas.
Primero, qué garantías estarían siendo afectadas.
El derecho a reunión, la libertad de expresión y el principio de legalidad.
Eso es lo que dice la acusación constitucional. Pero, tal como lo han mencionado mis antecesores, la verdad es que no se descubren en ninguna acción del Intendente Guevara actos reñidos con el principio de legalidad contenido en el artículo 6° y 7° de la Constitución. Todo lo que ha hecho se ha circunscrito a lo que la Constitución dice, a lo que la Ley de Gobiernos Regionales dice, a lo que el decreto N° 1.086 dice.
En fin, no hay nada constitutivo de responsabilidad que lo haga merecedor de una acusación constitucional.
Lo de la libertad de expresión es aún más llamativo, y en la propia acusación prácticamente no se le dedica ni un párrafo. Básicamente, se trata de establecer lo que antes que yo el Senador Latorre hacía ver. Que existe una construcción entre la libertad de expresión y la libertad de reunión que da paso al derecho a la protesta social, que yo entiendo que muchos puedan apoyar en su corazón y que piensan que debe estar en la Constitución, pero que objetivamente no se encuentra amparado en ningún lado en nuestra legislación.
Y el derecho de reunión, contemplado en el artículo 19, N° 13 de la Constitución, evidentemente tiene condiciones: las reuniones siempre deben ser pacíficas, ¡siempre deben ser pacíficas! Y cuando son en lugares públicos, como las calles, las plazas, deben contar con una autorización previa y cumplir con las normas de policía, como ya se ha dicho.
Es evidente, por lo tanto, que en nada de eso le cabe responsabilidad al Intendente Guevara.
Pero acá se pone arriba de la mesa un tema que me parece fundamental y que en definitiva da origen a esta acusación. Ello corresponde a la visión que tienen distintas personas respecto de cómo enfrentar el contexto en el que estamos viviendo.
Ahí se justifica o no se justifica lo que ha hecho el Intendente Guevara.
Para muchos, pareciera que el derecho a la protesta social no admite límites, que si hay personas que se quieren juntar durante 120 días seguidos, copar la plaza Baquedano, cobrar peaje y decir: "El que baila, pasa", en fin, sería parte del legítimo derecho a la protesta social, y no cabría hacer nada al respecto.
Pero yo quiero decirles que esa es una mirada muy parcial de cómo se deben hacer las cosas. Aquí se han dicho muchas cosas respecto al contexto desde el 18 de octubre. Y debo recordarles que la inmensa mayoría de las muertes que hemos debido sufrir los chilenos desde ese día no tiene nada que ver con el actuar de la policía, ¡no tiene nada que ver con el actuar de la policía! Tiene que ver con el actuar del vandalismo desatado.
Por lo tanto, qué debe hacer un Intendente frente a esto. Debe, dentro de sus márgenes legales, por supuesto, hacer lo posible y lo imposible para que no vuelva a suceder. Aquí en esta Sala muchos hemos sido intendentes, muchos, y yo creo que a todos nos tocó en su momento enfrentar situaciones de desorden público, aunque no tan graves como esta.
En mi caso, manifestaciones de pescadores, manifestaciones de agricultores, manifestaciones de estudiantes, manifestaciones por partidos de fútbol, en fin. Cada uno se tuvo que coordinar con Carabineros para resolver lo mejor posible las situaciones que se estaban enfrentando. Pero pensar que en una situación de contexto el Intendente Guevara simplemente debía tomar palco, no es razonable.
Decirle a Carabineros: "Prevenga que no se sigan cometiendo ilícitos en la situación de vulneración del orden y la tranquilidad social en la plaza Baquedano", era lo mínimo que debía hacer.
Así como también permitió -ya se ha dicho- montones de manifestaciones pacíficas. Todos los que trabajamos en el ex Congreso en Santiago vimos que durante varios días permaneció un campamento en la plaza de los Tribunales de Justicia. ¿Alguien puso problemas? No. ¿Por qué? Porque era una manifestación pacífica. ¿Alguien puso problemas para que se hicieran actos, musicales, a que se hablara por megáfono? Nadie, porque era una manifestación pacífica.
Pero aun respetando el derecho a la protesta social, tenemos que ser capaces, y este Senado tiene que ser capaz, de poner límites claros.
Este Senado tiene que ser previsible. Hace poco más de 10 días aprobamos la ley antibarricadas, antisaqueos, etcétera. ¿Por qué? Porque se hizo absolutamente necesario poner un límite a la protesta social, a las manifestaciones sociales. No es legítimo colocar barricadas, no es legítimo lanzar cosas a los autos, no es legítimo imponer peajes a quienes van transitando libremente por las vías públicas. Ahí es donde está el límite. Y probablemente el Intendente Guevara se anticipó a lo que hizo el Senado con la ley antisaqueos y antibarricadas para intentar contener el orden público en la Capital.
Por lo tanto, a mí me parece que, en aras de la previsibilidad que debe tener este Senado en las acusaciones constitucionales, en cuanto a ponerle -como lo dijo el Senador Montes- un estándar a la Cámara de Diputados para hacer acusaciones constitucionales como se deben hacer, bien fundadas y contra quien corresponda, no queda otra que rechazar en todas sus partes esta acusación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Juan Castro.
El señor CASTRO.-
Señor Presidente, la herramienta de la acusación constitucional que tiene la Cámara de Diputados no se puede transformar en una persecución política a un Gobierno. Seamos sinceros entre nosotros: este es un juicio político al Gobierno.
Yo no soy abogado, pero escuché la fundamentación de los Diputados acusadores, y la verdad es que la encontré demasiado básica. Es más, le atribuyen al Intendente Guevara acciones que no son de su responsabilidad. Los hechos más violentos ocurridos en el país estos últimos días han sucedido estando el Intendente Guevara suspendido de su cargo.
Como clase política responsable de administrar el país, debemos tener sentido común para tomar decisiones, ya que la comunidad está descontenta, está dolida, está triste; la comunidad está cansada de todos nosotros, ya que hemos perdido el sentido común.
¡Si un Intendente tiene la responsabilidad de mantener el orden público, al igual que todos quienes estamos en esta Sala! Todos sabemos cómo la delincuencia se tomó la calle. El vandalismo está desbordado. El daño que el país está recibiendo es inmenso.
Por eso, invito a todas las Senadoras y los Senadores a rechazar esta acusación constitucional. Los invito a cuidar la democracia; los invito a cuidar el país que hemos construido entre todos.
No permitamos que el país se polarice como en el pasado. La democracia hoy está muy débil. Apliquemos sentido común hoy, porque mañana puede ser tarde.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, todo entendimiento se construye sobre una base mínima común. Se forma en virtud de un lenguaje compartido, de unos principios y valores, de memorias e historias comunicadas. También el diálogo democrático supone una visión objetiva de las cosas, a partir de la cual reflexionar, discrepar y llegar a acuerdos. En esto consiste el ejercicio de la deliberación lúcida y explícita, que es la función propia del Parlamento.
La defensa del Intendente Metropolitano el día de ayer negó la existencia de los hechos que dan pie a esta acusación constitucional y, en consecuencia, negó la validez y eficacia de este debate. Sostiene que el libelo acusatorio está viciado, que es falso, que está construido sobre suposiciones y especulaciones, en suma, sobre hechos inexistentes.
¿En qué se funda la defensa para negar la realidad que objetivamente han venido experimentando chilenos y chilenas?
En un juego de palabras que invierte las reglas del correcto modo de pensar y razonar, la defensa, asombrosamente, nos dice que la ocupación de la plaza por cientos de carabineros no tuvo como propósito impedir que los ciudadanos protestaran, sino garantizar que los ciudadanos que no protestaban pudieran ejercer sus libertades de reunión y de expresión. Dicho de otro modo, para evitar las eventuales secuelas de la protesta, la autoridad prohíbe la protesta; tira el grano con la paja. O sea, se deshace de algo que presume malo al costo de perder también algo bueno: los derechos civiles y políticos.
Este absurdo sociológico y jurídico es, sin embargo, el argumento político que desde la declaración del estado de emergencia ha venido enarbolando el Gobierno para limitar las libertades públicas y vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales de las personas.
La falsa creencia afirma que se reprime a la población para darle seguridad a la población. Se trata de una ideología justificadora del endurecimiento de la represión policial, de la pérdida de garantías y libertades, y del retroceso de nuestras formas de vida civilizada.
Las descarnadas estadísticas proporcionadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, siempre observadas con sospecha por los victimarios, no consiguen revelar en toda su magnitud el daño moral y humano ocasionado al país durante estos ciento diez días de uso desproporcionado, abusivo e impune de la fuerza.
A medida que va apareciendo la evidencia sobre la agresión propinada a los cuerpos por funcionarios policiales, vamos aquilatando el ambiente de barbarie que nos envuelve en este país, señor Presidente. Al execrable relato acerca de las torturas padecidas por Moisés Órdenes en Plaza Ñuñoa, se suma ahora la sufrida por un joven en Puente Alto por parte de escuadrones militarizados que administran justicia por su propia mano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre "una grave crisis de derechos humanos" en el país.
Aprovecho en este momento, señor Presidente, de saludar a la tía de Óscar Pérez, joven atropellado el 20 de diciembre y que hoy se encuentra con nosotros. Desde acá le enviamos toda la fuerza y nuestros deseos de una pronta y buena recuperación.
Todo eso ha sido real; no es inventado. Están los rostros de las víctimas. Ha existido, como los hechos que configuran el mérito de la acusación contra el Intendente Felipe Guevara. Están formulados en sus propias palabras y son de dominio público.
El 17 de diciembre describió ante la prensa en qué consistiría la operación de sitio de la plaza. Dijo, literalmente: "Carabineros se sitúa en el lugar con anterioridad a que haya manifestantes y cuando estos llegan, entonces van a tener una dificultad, porque el espacio ya va a estar ocupado". De esta forma el Intendente fijó el objetivo y los medios de la llamada "estrategia de copamiento", incurriendo con ello en la infracción jurídica que da curso al presente juicio político.
Mil efectivos formaron un cerco difícil de franquear en el espacio en que debería ocurrir la reunión pública de quienes se han convocado para expresarse libremente. No podrán hacerlo, aunque están amparados por el artículo 19 de la Constitución, que garantiza el derecho de reunión y la libertad de expresión, ambos en relación con el artículo 5, que dispone como "deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
No es que se les hayan restringido sus derechos de reunión y de expresión, sino que se les impidió su ejercicio. Una medida de restricción de derechos debe ser proporcional e indispensable en un país que vive en democracia, tal como lo expresó el profesor Claudio Nash en la Comisión de la Cámara de Diputados: "la proporcionalidad dice relación con que la medida no puede afectar el derecho más allá de lo estrictamente necesario para cumplir con el objetivo legítimo. Impedir completamente el ejercicio de un derecho nunca es una restricción proporcional, ya que la propia Constitución señala que las restricciones no pueden afectar el núcleo esencial de los derechos".
Ojalá esta sea una oportunidad para aprender y para incorporar una verdadera cultura de los derechos humanos. De lo contrario, hechos como los descritos continuarán sucediendo en nuestro país, porque no habrá un real entendimiento de su gravedad y menos de la realidad.
Esta acusación tiene también, en lo profundo, ese gran sentido.
Por eso, voto a favor, señor Presidente.
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, hoy día estamos convocados como jurado para votar, previa evaluación, la acusación constitucional en contra del Intendente Felipe Guevara.
Sobre el particular, el del caso señalar que las acusaciones constitucionales, establecidas en el artículo 52 de nuestra Carta Fundamental, respecto de ciertas autoridades sin duda -como se ha dicho acá- constituyen un juicio político, pero también jurídico. Se trata, por tanto, de un juicio político y jurídico.
¿Qué significa ello? Lo dijo claramente ayer la defensa del Intendente Guevara: este análisis o juicio que hace el Senado necesariamente debe fundarse en infracciones jurídicas previas.
Esto no solo lo señala su defensa: también lo dice nuestra Constitución al establecer las causales en que deben fundamentarse tales acusaciones.
Y esta acusación en particular, que se deduce en contra del Intendente Guevara, se basa en que él habría restringido, amenazado o perturbado, probablemente, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de reunión, y con ello habría infringido también el principio de legalidad. Esto, fundamentalmente, con la estrategia del "copamiento preventivo" efectuado por Carabineros de Chile en la plaza Baquedano.
Entre paréntesis, no la llamaré de otra forma, porque siento orgullo del general Baquedano y de todo lo que ha aportado a nuestro país.
Decía, señor Presidente, que se le acusa de infringir, amenazar o perturbar el derecho de expresión y el derecho de reunión, y con ello, el principio de legalidad.
Sin embargo, señores y señoras Senadores, no basta con que se pongan y se describan hechos y se levante una acusación en un papel. Todos sabemos que el papel aguanta mucho. Pero cuando queremos ser responsables; cuando queremos que nuestra democracia y nuestras instituciones se tornen cada día más fuertes, debemos ser responsables.
Creemos que la acusación constitucional es una herramienta necesaria, y lo seguirá siendo en la medida en que la respetemos y hagamos lo propio con la Carta Fundamental. Cuando juramos o prometimos como Senadores, lo hicimos diciendo que, en el ejercicio de nuestro cargo, íbamos a respetar la Constitución y las leyes.
Y ello es lo que debemos hacer hoy día.
Esta acusación es ambigua; no tiene hechos concretos que sean imputables directa y personalmente al Intendente Guevara. Por lo tanto, no se ha acreditado en este libelo ni en las presentaciones o exposiciones que han hecho los Diputados acusadores la infracción jurídica previa que se requiere.
Se señala también que aquello no es importante, porque este Senado, porque este jurado vota en conciencia.
Sin embargo, quiero recordarles también que la conciencia significa reflexión, conocimiento responsable y personal de determinada cosa, como un deber o una situación. Y en este fallo en conciencia un tribunal, un jurado o cualquier órgano llamado a dictar -entre comillas- una sentencia no pueden nunca alejarse de la justicia.
La justicia es un principio esencial, que nos debe inclinar a obrar y a juzgar respetando la verdad y dándole a cada cual lo que le corresponde. Y al Intendente Guevara no le corresponde ser condenado por esta acusación constitucional débil, no probada, no bajada, no fundamentada en infracción jurídica previa alguna.
Señor Presidente, se dice que no se comparte el llamado a la tolerancia cero. Y se pretende hacer creer que ello es hacia las manifestaciones. ¡No, señores Senadores! ¡No, señora Presidenta! Este llamado a la tolerancia cero es a la "tolerancia cero violencia".
Porque, efectivamente, es fundamental el respeto al derecho de reunión y al derecho de expresión, así como resulta esencial -y debe hacerse con igual fuerza- respetar los derechos de todas las personas que viven en el sector de la plaza Baquedano.
Ya lo decía Rousseau cuando hablaba del Pacto Social: "Todos nacemos con libertad plena, pero cedemos parte de nuestra libertad en este pacto social para ser capaces de vivir en sociedad, respetándonos mutuamente y respetando nuestros derechos".
Permanecer en sociedad significa entregar a la regulación del Estado -en este caso, de nuestra Constitución Política- determinados derechos, cierta parte de nuestra libertad para que vivamos en paz todos juntos, con todas nuestras diferencias políticas.
Aquí nadie va a convencer al otro: ni estas bancadas a las de enfrente, ni las de enfrente a estas bancadas. No obstante, sí creo que el llamado que hoy día debemos hacer es a fallar en conciencia, pero jamás alejando de ello a la justicia, tan importante valor.
Y la justicia hoy día nos indica que el Intendente Guevara es inocente de esta acusación constitucional, que no ha sido probada, que no ha sido fundada debidamente, pues lo único que ha hecho él es cumplir con las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen en el ejercicio de su cargo.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señora Presidenta, la acusación constitucional es un instrumento de naturaleza mixta. Ciertamente, constituye un mecanismo jurídico mediante el cual deben acreditarse la procedencia de las causales y la responsabilidad del acusado; pero es también una herramienta de carácter político.
Es esa, y no otra, la responsabilidad que se busca establecer en una Cámara política como esta.
Nadie duda de que a partir del 18 de octubre del año pasado Chile vive una profunda crisis social. El enojo y el malestar del pueblo chileno han sobrepasado al Gobierno y a la política. Nuestro país despertó y ha desbordado a las instituciones. Y nosotros tenemos el deber de hacernos cargo de esta realidad, de reconocerla y de buscar, desde la política, una forma de enfrentarla.
La rabia se ha ido acumulando y se ha expresado con fuerza en las calles, y sigue manifestándose. Y también ha dado paso a hechos violentos que, por cierto, deben condenarse y sancionarse con energía.
Y quiero decirlo acá, señora Presidenta, con toda fuerza y claridad: ¡nosotros no avalamos la violencia ni la delincuencia!
Digo aquello porque se suele señalar, solapadamente, que desde nuestro sector estamos avalando los actos violentistas.
Sin embargo, con la misma fuerza, hay que decir que no existe derecho alguno a que en ese intento necesario y legítimo de recuperar el orden y la paz pública se vulneren los derechos humanos, como se ha hecho en estos meses.
Ya son cinco los informes de entidades serias y responsables que condenan duramente al Estado de Chile por sus acciones y omisiones en estos ya más de cien días de crisis en el país.
El reproche es tan contundente como unánime en todos estos informes. Los casos de violencia innecesaria y de brutalidad policial, como el de Puente Alto, que hemos podido ver gracias a la cámara de un edificio, donde fue golpeado un joven brutalmente por siete carabineros, realmente son situaciones que no podemos mirar impávidos.
Por alguna razón, muchos efectivos de Carabineros no se limitan a restablecer el orden, que es su deber y todos esperamos que lo hagan. Sin embargo, detienen a las personas, las golpean, no siguiendo los procedimientos judiciales.
Eso, señora Presidenta, no podemos seguir mirándolo impávidos, siendo testigos de esta violencia desatada de parte de algunos miembros de Carabineros.
Hasta ahora, lamentablemente, el Gobierno no ha logrado establecer una línea clara para controlar el orden público y detener esta violencia: ni la del Estado, ejercida por las policías, ni la de grupos violentistas.
En realidad, tenemos que reconocer que desde que se desató el 18 de octubre esta crisis el Gobierno ha esbozado una serie de teorías y ha instalado una serie de escenarios que no han contribuido para nada a hacerse cargo de la situación.
Ya se decía acá por algunas y algunos colegas que han intervenido que, primero, se esbozó la teoría de la guerra.
El Presidente nos dijo, en un hecho sin precedentes, que había un "enemigo poderoso". Hasta el momento no sabemos cuál o quién es ese enemigo poderoso.
Por otro lado, también se planteó el escenario de la instalación de los militares en la calle. Sin embargo, chilenos y chilenas mostraron que no iban a ceder en sus movilizaciones, pese a que estaban los militares en las calles. Sacaron tanques, tanquetas y, realmente, por cierto, lo único que lograron fue traer a la memoria la grave herida, aún abierta, de miles de chilenas y chilenos que han sufrido, y hemos sufrido, las consecuencias de la dictadura militar.
El toque de queda fue sobrepasado en reiteradas ocasiones.
Entonces, señora Presidenta, ¿de qué se ha hecho cargo el Gobierno y de qué nos hemos hecho cargo nosotros mismos como clase política? Porque, en paralelo a todos estos escenarios instalados, se ha intentado desarrollar -y lo hemos hecho, trabajando acuciosamente acá, en el Senado y en la Cámara de Diputados- una agenda social que ha empaquetado una serie de medidas que, por cierto, buscan mejorar pensiones e ingresos de los trabajadores. Sin embargo, todo lo que hemos discutido y aprobado bajo urgencias de "discusión inmediata", etcétera, es de costo fiscal, todas las medidas que hemos despachado aquí. Los generosos ofrecimientos del empresariado de aumentar la carga tributaria y los salarios, mermando las utilidades, se olvidaron. Ya nunca más se habló del salario mínimo de quinientos y tantos mil pesos, ofrecido al inicio de la crisis por algunos conspicuos empresarios. Nuevamente, al parecer, las mejoras las va a pagar Moya, las van a pagar todas las chilenas y chilenos a través de sus impuestos.
Entonces, evidentemente, las propuestas han continuado porque no hemos dado respuesta, desde la política, todos incluidos, a la profunda demanda de transformaciones que recorre el país.
Se trata de buscar formas de orientar, de encauzar las manifestaciones, armonizándolas con la vida en la ciudad. Yo comprendo -y creo que todos lo hacemos- que no es soportable que la plaza Italia o la denominada hoy día "plaza de la Dignidad" esté en las condiciones en que está. Sin embargo, se ha respondido con violencia y de ahí nace el llamado "copamiento preventivo", una idea poco feliz del Gobierno, que muestra una vez más improvisaciones, y de un Intendente, que hemos visto desorientado.
El resultado fue un fracaso. Como aquí se ha recordado, hubo una persona fallecida y hechos de violencia que han continuado con incendios y saqueos.
Señora Presidenta, en la Comisión de Derechos Humanos hemos seguido lo ocurrido desde el primer momento en nuestro país. Hemos recibido testimonios de víctimas, familiares y de organizaciones de derechos humanos.
Supimos a las pocas horas de las graves lesiones oculares que se multiplican por las calles.
Sinceramente, muchos no creíamos que volveríamos a ver en nuestro país hechos como los vividos.
Algunos dicen que esta acusación no es la herramienta adecuada, porque es débil desde el punto de vista de su sustento jurídico. Y yo me pregunto cuál es el instrumento, la herramienta para traer a esta Sala, para desde la política hacernos cargo de lo que está pasando en nuestro país. Porque siguen los jóvenes agredidos en barrios periféricos de nuestro país.
Por todas estas razones, yo señalo que si un grupo pequeño de jóvenes son capaces de alterar el orden, de detener partidos de fútbol, de interrumpir la prueba de selección universitaria y el Gobierno y la fuerza pública fracasan rotundamente en su control, por qué siguen existiendo graves atropellos a los derechos humanos.
Esta herramienta de la acusación constitucional, como dije al inicio, es un instrumento mixto, porque, desgraciadamente, no tenemos otra forma de traer al debate lo que está sucediendo con este grave atropello a los derechos humanos.
Apruebo esta acusación como un llamado sincero, respetuoso y profundo al Gobierno.
¡Por favor, detengamos estos abusos!
Están incubando...
El señor SANDOVAL.-
Ya enteró todo el tiempo.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Se acabó su tiempo, Senadora.
Dispone de un minuto adicional.
El señor PÉREZ VARELA.-
¿Otro minuto?
La señora MUÑOZ.-
Gracias, Presidenta.
Decía que están incubando en una nueva generación de chilenos y chilenas una sensación de rabia y de experiencia tangible de atropellos que antes solo escucharon de sus padres y sus abuelos sobrevivientes de la dictadura.
Puede y debe ser posible, señora Presidenta, recuperar el orden en el marco del respeto irrestricto a la vida y a los derechos humanos de nuestros compatriotas.
Por todo esto, voto a favor.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Señora Presidenta, la acusación constitucional en contra del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se basa en la supuesta infracción de normas constitucionales. ?En la lógica de la acusación, el Intendente, en el ejercicio de sus funciones, habría transgredido derechos fundamentales que el Estado tiene el deber de promover y hacer respetar.
En este sentido, los acusadores afirman que la actuación del Intendente Guevara no habría estado sujeta a Derecho y, por lo tanto, no habría cumplido con su deber de garantizar el orden institucional de la República.
?Los acusadores aplican, sin ningún grado de prudencia, el denominado "derecho penal del enemigo" e identifican como su "enemigo" a cualquier autoridad de Gobierno que se les ponga por delante. Eso es lo único que importa e interesa: censurar, obstruir, descabezar la función del Gobierno, generar un quiebre institucional, sin importar las consecuencias del debilitamiento del principio de autoridad y la contribución que tiene en la generación de un clima de caos y violencia.
?El señor Felipe Guevara asumió el cargo de intendente el 30 de octubre de 2019 y lo hizo, conforme lo reconocen los propios acusadores, planteando, en todo momento, su respeto por las expresiones de manifestaciones pacíficas y legítimas de los ciudadanos y la necesidad de reestablecer el orden público, con pleno respeto por los derechos fundamentales.
?Todo el país ha sido testigo de las masivas concentraciones ciudadanas realizadas en la plaza Italia, como un verdadero e incuestionable canal de expresión democrática, de las legítimas demandas sociales, pero, lamentablemente y en paralelo, se han producido diariamente hechos violentos y vandálicos.
?A estos actos de violencia y de destrucción nos debemos referir. Ellos son causados por delincuentes; provocan temor en la población y en ningún caso se pueden constituir en formas de expresión de reivindicaciones sociales.
?Basta recorrer las inmediaciones de plaza Italia para evidenciar el nivel de daño y destrucción no solo provocado a la infraestructura pública -en cada región del país se han tomado un lugar; en el caso de Arica y Parinacota, es la rotonda Tucapel-, sino también a la propiedad privada de quienes con mucho esfuerzo tenían sus locales comerciales o viven en el sector y que hoy, simplemente, han tenido que abandonar sus casas o autoimponerse un toque de queda voluntario, porque finalmente el nivel de inseguridad y delincuencia es tal que no existe ninguna opción de generar las condiciones para que estas personas vuelvan a la vida normal.
Estos son puntos tomados por los violentistas y que lamentablemente pasan a ser áreas de desgobierno, en donde solo hay que destruir todo; se han transformado en el epicentro de la anarquía y de todo tipo de excesos.
La necesidad de reestablecer el respeto a las normas que permitan la convivencia entre todos solo puede ser satisfecha por Carabineros de Chile, la única institución que, tal como lo han dicho otros parlamentarios, hoy día está en la defensa de la democracia. Ello se logra a través de una labor preventiva, la que obviamente es muy agradecida por los afectados que están día a día sujetos a hechos de violencia, por los vecinos de plaza Italia que aplauden el trabajo que realiza el Intendente Guevara.
Se cuestiona que se habría impedido el derecho a reunión por parte de los ciudadanos en plaza Italia. Pero este cuestionamiento parte del supuesto de que estas reuniones son pacíficas, son respetuosas del resto de la comunidad. Creo que sería inútil hacer presente el nivel de caos, destrucción y violencia que ha rodeado a dichas reuniones. Y los excesos que han provocado en el sector.
El requisito de "pacífico" para el ejercicio del derecho de reunión fue muchas veces inexistente y otras veces, al menos, cuestionable. En ese contexto, la actuación del Intendente Guevara era absolutamente imprescindible para poder generar las condiciones de seguridad.
La presencia masiva de Carabineros en lo que se ha venido a llamar "copamiento preventivo" no puede constituir por sí misma la violación de derechos fundamentales, como pretenden los acusadores. Cualquier hecho en el cual se hayan visto involucrados derechos fundamentales obviamente que va a ser investigado. Pero disponer el despliegue policial en un lugar determinado a los efectos de prevenir precisamente el caos y violencia no puede ser objeto de una acusación constitucional como la que hoy se nos presenta.
Porque los derechos humanos son para todos los chilenos. Y en especial para los que día a día están sufriendo. Para su defensa, las autoridades nacionales y regionales deben ejercer las herramientas que se encuentran a su alcance.
La aprobación de esta acusación constitucional generaría un precedente inaceptable en los gobiernos regionales de nuestro país, limitando arbitrariamente las labores que son propias de los intendentes regionales y que no pueden dejar de ser asumidas, como producto de su responsabilidad.
En regiones, y en especial en las más extremas, los ciudadanos cuentan con la autoridad del Intendente para imponer el orden público y garantizar la convivencia de la comunidad. El privarlos de eso por la satisfacción de intereses políticos temporales, mayorías circunstanciales y mezquinas, es simplemente una irresponsabilidad.
Finalmente, no es sano para nuestra democracia que las mayorías circunstanciales en el Parlamento se transformen en un mecanismo de ejercicio de oposición política para generar permanentemente acusaciones constitucionales.
Las principales herramientas de las democracias deben ser respetadas. En caso contrario, nuestras instituciones se deterioran y ello debería ser motivo de profunda reflexión por parte de quienes hoy ocupamos un cargo de elección popular. Estamos en el Senado de la República y tenemos la obligación de decirles a todos los chilenos que obviamente cuentan con todos nosotros para recuperar el orden público y la institucionalidad vigente.
Rechazo esta acusación constitucional.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.
El señor KAST.-
Señora Presidenta, hoy día hemos escuchado distintos argumentos. Yo quisiera partir comentando -por su intermedio, señora Presidenta- el que dio el Senador Carlos Montes, quien creo que hizo un diagnóstico bastante sincero sobre la profundidad del problema que enfrenta nuestro país y los desafíos tiene por delante nuestra democracia.
Creo que lo grave o impropio de esta acusación es que, frente a problemas complejos, termina tirando la pelota para el córner, no haciéndose cargo de una crisis institucional mucho más profunda que las que hemos vivido antes, donde claramente todos queremos tener un país en paz, donde todos queremos que no se violen los derechos humanos.
Y cuando alguien trata, frente a un momento complejo como país, de caer en la caricatura y de presentar una acusación que sabemos que es una gran mentira, finalmente lo que hace es llevar a la lógica de trincheras y de la pelea política un problema que nuestras instituciones enfrentan.
Incluso esos organismos que, a petición del Gobierno, han venido a observar los derechos humanos han dicho que aquí hay un grave problema institucional que hemos arrastrado por treinta años.
Por lo tanto, no me parece adecuado caer en esta lógica de las acusaciones constitucionales. Además, no lo digo yo. Voy a citar, de hecho, a dos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra para despejar el tema constitucional y jurídico.
El mismo Presidente de esta institución, el Senador Quintana, afirmó que dada la debilidad de la acusación, si se hubiese presentado antes del estallido, no habría tenido dudas en rechazarla.
Luego, el mismo Senador Montes, a quien citaba, dijo: "Estoy cada vez más seguro de que la acusación constitucional no es el camino correcto".
Repito: "Estoy cada vez más seguro de que la acusación constitucional no es el camino correcto".
Entonces, todos sabemos lo complejo que han sido los últimos tres, cuatro meses para Chile.
Además, todos sabemos, y lo dijo también -por su intermedio, Presidenta- el Senador Carlos Montes, que tal vez el momento más alto que tuvimos -y este Senado jugó un rol fundamental en ello- fue justamente la noche del 15 de noviembre, donde dejando de lado muchas de las voces de las trincheras, que decían: "Oye, para qué van a construir acuerdos", este Senado optó por una ruta institucional en un momento donde muchos extremistas lo que probablemente querían era que la democracia no funcionara o que se cayera.
En ese momento y después, durante la crisis, este Senado tal vez ha sido de las pocas instituciones, con algunas excepciones, que en general han estado a la altura y que han evitado caer en el populismo, optando por actuar con seriedad y responsabilidad.
Se ha dicho aquí: "Mire, lo que pasa es que después del 15 de noviembre hemos visto que algunos han caído en campañas del terror o polarizantes respecto del debate constitucional". Bueno, ojalá que hoy día no hagamos lo mismo acá. Porque todos sabemos que esta acusación constitucional al final es eso: buscar polarizar aún más al país, sabiendo que el Intendente Guevara es completamente inocente; sabiendo que el problema del orden público es un desafío estructural que tenemos como país; sabiendo que el Intendente Guevara en ningún minuto ha querido vulnerar ninguno de los derechos -porque lo han dicho ustedes mismos- que plantea la acusación.
Entonces, les pido que dejemos de lado la lógica polarizante para que ojalá esta acusación se rechace no solamente porque faltaron tal vez un par de Senadores. Ojalá que esta acusación hoy día se rechace porque hay coraje en esta Sala, porque realmente se quiere dar una señal de que las instituciones no se pueden seguir erosionando.
Y porque claramente sabemos lo difícil que es ser Intendente hoy día, porque sabemos lo difícil que es ser Ministro del Interior hoy día, porque sabemos lo difícil que es ser Presidente hoy día.
En consecuencia, la invitación que les hago es a mantener ojalá esa altura que hemos mostrado los últimos meses en la agenda social a la que se refería recién la Senadora Adriana Muñoz. La altura que hemos tenido para sacar grandes acuerdos, grandes proyectos hoy día también se pone a prueba.
Yo de verdad creo que lo que Chile espera de nosotros es que trabajemos con unidad. Y ustedes saben: soy de los primeros en querer que el proceso constitucional tenga éxito. Pero para que eso ocurra todos tienen que poner de su parte.
Porque, si finalmente seguimos en la espiral del círculo vicioso de simplemente ocupar herramientas que son delicadas, como esta, para hacerle daño al Gobierno de turno, sabiendo que en realidad lo que está en juego son políticas de Estado, claramente nos hacemos un flaco favor.
Por lo mismo, creo que esta acusación, en lugar de ser responsable y unitaria, es justo lo contrario. Es más de lo mismo, es una pelea de trincheras frente a un desafío complejo que enfrenta nuestro país.
Sinceramente, espero que estemos a la altura y que esta acusación constitucional no solamente se rechace por unos pocos votos, sino que sea una señal que da el Senado de Chile para defender nuestras instituciones.
Espero que sembremos una luz de esperanza y de unidad nacional en el momento en que Chile más lo necesita.
Por eso, voto rechazo.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señora Presidenta, el Senado debe decidir si considera que el Intendente Felipe Guevara es culpable o no de las infracciones constitucionales que le imputa la Honorable Cámara de Diputados, consistentes en la vulneración de la libertad de expresión y el derecho de reunión. Se trata de establecer su responsabilidad político-constitucional, pues las responsabilidades civil y penal son competencia de los jueces de la república, tal como disponen la Constitución y las leyes.
Los derechos cuya infracción se le imputa configuran, a su vez, el derecho a la protesta social, que es un derecho constitucional amparado también por el derecho internacional, tal como le recordó directamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Intendencia de la Región Metropolitana luego de que el señor Guevara anunciara que impediría toda manifestación ciudadana no autorizada por él, en el contexto de masivas protestas espontáneas en el lugar donde históricamente se concentran los santiaguinos para ello, conocido como la "Plaza de la Dignidad".
El derecho a la protesta es esencial para una democracia. Tanto es así que prohibirla o impedirla gravosamente implica renunciar a los valores propios de aquella. Un régimen deviene en autoritario si procede de ese modo.
Y ello es así no solo porque significa vulnerar derechos, sino, sobre todo, porque la protesta es uno de los pocos medios a través de los cuales los sectores desfavorecidos de una sociedad pueden incidir en el debate público y, consecuentemente, enriquecer la deliberación democrática. Es una forma legítima de ejercicio de la ciudadanía.
Por cierto, para que la protesta cumpla su rol democrático no puede ser relegada a la intrascendencia o invisibilidad, por ejemplo, obligando a que manifestaciones se realicen en lugares irrelevantes para marcar la agenda pública. Por ello, los ciudadanos tienen derecho a ocupar los sectores que históricamente se utilizan para protestar y que les den visibilidad.
El deber de la autoridad es garantizar ese derecho, compatibilizándolo con los demás derechos humanos e intereses generales, como el orden público.
En suma, la igualdad política de cada integrante de la ciudadanía solo puede hacerse efectiva realmente si el derecho a la protesta está garantizado.
El anuncio del copamiento preventivo por parte del señor Guevara causó inmediato revuelo en la opinión pública, y tanto actores políticos como expertos en derechos humanos le hicieron presente, por diversos medios, que su decisión de implementar aquella política represiva era inconstitucional y constituía una violación de los tratados internacionales, por impedir el derecho a la protesta.
Pero el señor Intendente insistió. Pasaron semanas y él seguía insistiendo.
El repudio ciudadano y la alarma que generó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de semanas terribles, hicieron que retrocediera y comenzara a desdecirse. Pero su decisión generó consecuencias, pues fue implementada. Esto es lo que hoy se discute.
No se pretende destituir al Intendente por aplicar un reglamento añejo, ni tampoco por responsabilidades penales o civiles que a los jueces les corresponde establecer, sino por su responsabilidad político-constitucional. Las leyes que regulan sus atribuciones le asignan la tarea de resguardar el orden público en la región y, para ello, de disponer de las fuerzas de orden. En ejercicio de esas facultades, decidió e implementó el copamiento preventivo, una medida absolutamente desproporcionada que no solo impedía, en los hechos, el ejercicio del derecho a la protesta, sino que puso en riesgo la vida e integridad de los manifestantes, lo cual, lamentablemente, se materializó en varios casos que son francamente brutales. El señor Guevara, por tanto, tiene responsabilidades al respecto.
En una república democrática no existen autoridades irresponsables. Todas deben responder por sus acciones y omisiones. La decisión política del señor Guevara generó daños irreparables, como es el caso del joven Óscar Pérez Cortés, aplastado por dos carros lanzagases.
El Intendente debe asumir la responsabilidad político-constitucional que le cabe en todos estos hechos.
Por lo anterior, voy a votar a favor de esta acusación.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero saludar al Intendente y lamentar profundamente que tuviera que dejar la alcaldía de Lo Barnechea en un momento en que el Presidente de la República y el Gobierno lo necesitaban para hacerse cargo de la Intendencia Metropolitana.
Eso habla justamente de su vocación de servicio público en momentos que no eran fáciles.
Dejar un cargo de elección popular y ser designado para estar a cargo del orden público y de la Región Metropolitana sin duda que debe de haber sido una decisión difícil.
Por lo tanto, en primer lugar, quiero valorar esa decisión, sobre todo de personas que tienen vocación de servicio público y que históricamente lo han demostrado en las funciones que han desempeñado.
Respecto a la acusación constitucional contra el Intendente Guevara, señora Presidenta, en opinión de los acusadores, las garantías constitucionales que el Intendente habría infringido gravemente serían las siguientes, y es bueno recordarlas: el derecho a reunirse pacíficamente, sin previo aviso y sin armas; el derecho a emitir opinión o libertad de expresión; el derecho a la protesta social, construcción jurídico-doctrinaria no contemplada en nuestra legislación ni en ningún tratado internacional suscrito por Chile, que consiste básicamente en una combinación del derecho a reunión y a la libertad de expresión.
Se subentiende que la justificación para esgrimir esta última infracción sería que, conforme al artículo 5° de la Constitución, las autoridades estarían obligadas a respetar y promover los derechos emanados de la naturaleza humana y el derecho a la protesta sería uno de ellos. De otra manera no se puede comprender el señalamiento de esta infracción. Este elemento aparece como central en todo el cuerpo de la acusación.
Creo que los argumentos son bastante claros y se han planteado por varios señores Senadores.
Los Diputados acusadores justifican su acusación básicamente en opiniones que el Intendente habría emitido en favor de la aplicación de la estrategia. Todo lo anterior, en medios de prensa y redes sociales.
La emisión de una mera opinión no implica, bajo ningún punto de vista, acciones por parte del Intendente tendientes a violar garantías constitucionales de la población. Como se desprende del argumento anterior, la acusación en contra del Intendente carece, sin duda, de fundamentos esenciales.
Es el propio profesor Francisco Zúñiga, ampliamente citado por los acusadores en su libelo, quien señala: "... la infracción de la Constitución es un ilícito específico de naturaleza constitucional, que importa la transgresión personal, directa, grave y causal de una norma de competencia de la Carta Fundamental, sea una norma de conducta o una norma de organización". Y agrega: "la configuración del ilícito por las Cámaras del Congreso Nacional, debe fundarse en hechos determinados, acreditados fehacientemente a través de medios de prueba y pertinentes para establecer un nexo causal entre la actuación del funcionario o magistrado y el tipo constitucional, sea de naturaleza penal o administrativa de que se trate".
Nada de lo anterior es aplicable a esta acusación.
El derecho a la protesta no está contemplado en nuestra legislación ni en ninguno de los tratados internacionales que ha suscrito Chile. Se trata de una construcción doctrinaria reciente. Toda acusación constitucional que se esgrima como consecuencia de una infracción constitucional presupone que la Carta Fundamental ha sido infringida abiertamente, por lo que no es razonable fundamentar una acusación en un derecho no contemplado en ella.
No se infringió el derecho a reunión ni de libertad de expresión.
Todo derecho constitucional contempla situaciones excepcionales en que puede ser limitado, sin afectar su esencia. La limitación de estos durante las jornadas del 20 y 27 de diciembre fue legítima, ajustada a nuestra legislación y efectuada para cautelar las garantías constitucionales de la población no participante en las manifestaciones, la seguridad de los propios manifestantes y el orden público.
En el caso del derecho a reunión, es el mismo artículo 19, número 13°, de la Constitución Política de la República, el que establece las situaciones en que su ejercicio puede ser limitado por la autoridad. Así, según lo dispuesto por dicho artículo, el derecho a reunión debe ejercerse pacíficamente y sin armas. Si las reuniones son violentas y con armas, no existe derecho alguno que garantice su realización. Por su parte, el derecho a la libertad de expresión, desde la perspectiva de los hechos que nos convocan, se expresa en el contexto de reuniones públicas, por lo que malamente podría haber sido legítima su expresión durante las manifestaciones en comento, al tratarse de manifestaciones que no cumplían con los requerimientos constitucionales básicos para su realización.
En resumen, las manifestaciones de los días 20 y 27 de diciembre fueron violentas y con armas (bombas molotov, piedras y hondas, entre otras). En consecuencia, estas no se encontraban garantizadas por derecho constitucional alguno e infringieron abiertamente lo dispuesto en el artículo 19, número 13°, de la Constitución.
Por su parte, la doctrina y los tratados internacionales ratificados por Chile son contestes en señalar que el derecho a reunión y, consecuentemente, el ejercicio de la libertad de expresión durante reuniones públicas, solo se encuentra garantizado cuando se trata de manifestaciones pacíficas, hipótesis no aplicable tampoco a lo ocurrido los días 20 y 27 de diciembre. Asimismo, existe consenso en que la autoridad debe actuar ante manifestaciones violentas, buscando cautelar los derechos de terceros, la seguridad de los manifestantes y el orden público.
Sin duda, señor Presidente, no se infringieron los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y proporcionalidad que le corresponde respetar a la autoridad administrativa...
Un minuto, señor Presidente, si es posible.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Puede continuar, Senador.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Es de público conocimiento que las manifestaciones que se han desarrollado a partir del 18 de octubre de 2019 han desembocado en muchos casos en la comisión de hechos de violencia inusitada y extrema que han puesto en riesgo la vida e integridad de ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, estas han implicado la violación de derechos fundamentales de terceros ajenos a las marchas, como el derecho a la libre circulación, a la libertad del ejercicio de una actividad económica lícita o a la propiedad privada.
Vista la gravedad de los hechos descritos, corresponde que la autoridad haga uso de los recursos con los que cuenta para cautelar el orden público y proteger la vida y derechos de los chilenos. En consecuencia, no queda más que concluir que el despliegue de Carabineros durante los días 20 y 27 de diciembre es concordante con los principios de eficiencia, eficacia y proporcionalidad, dada la entidad de lo que se buscaba contener...
Un minuto, por favor, Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Ya se le dio el minuto adicional, señor Senador.
Tiene otro minuto para que pueda terminar.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Por último, el hecho de que el despliegue de Carabineros se haya efectuado antes del inicio de las manifestaciones y no cuando estas se volvieron violentas no implica una intención de limitar el ejercicio del derecho a reunión pacífica y de la libertad de expresión, dado el contexto ilegítimo en que estos buscaban expresarse, sino que perseguía evitar la comisión inminente de hechos violentos por parte de los manifestantes.
La inminencia de la comisión de hechos violentos durante las manifestaciones que son objeto de esta acusación es indiscutible, dado lo ocurrido en manifestaciones anteriores. En consecuencia, el Intendente y Carabineros, ejerciendo sus obligaciones constitucionales y legales, debían tomar todas las medidas preventivas tendientes a contrarrestar los hechos violentos esperables, entre las que necesariamente se incluía el despliegue anticipado de la fuerza pública.
Señor Presidente, rechazo esta acusación constitucional.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente, todas las situaciones en la vida debemos analizarlas en su contexto. El contexto que estamos viviendo es relevante para analizar cualquier conducta, especialmente, cuando se toman decisiones.
Por ello, hoy debemos analizar y retrotraernos un poquito, hace ya casi cuatro meses, al día 18 de octubre. Desde esa fecha hasta ahora tenemos más de 1.400 millones de dólares de pérdidas en infraestructura, 750 millones de dólares corresponden a infraestructura pública -lo que no es menor- y 850 millones de dólares corresponden a infraestructura privada.
Según el informe diario del Ministerio del Interior, actualizado al día de hoy, hemos vivido en este querido país 2.710 eventos graves. En menos de cuatro meses, tenemos alrededor de 6.500 personas heridas, entre carabineros y civiles; cerca de 64 buses incendiados; la cifra no menor de 1.264 ataques a vehículos policiales; 132 ataques a estaciones de metro vandalizadas o quemadas. Por otro lado, el reporte del INDH también informa que hay más de 1.215 recursos judiciales interpuestos.
En este contexto, el Intendente Guevara, con las atribuciones que poseía, debió velar por que en el territorio de su jurisdicción se respetara la tranquilidad, el orden público y el resguardo de las personas y sus bienes. Y, por supuesto, tuvo que requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, en conformidad a la ley. Y para ello, necesariamente, debió coordinarse con Carabineros para manejar de mejor forma esta situación y sobrellevar días tan complejos, como los vividos entre el 20 y el 30 de diciembre.
El llamado "copamiento preventivo" tenía por finalidad precisamente anticiparse para disminuir el impacto de estas movilizaciones -así lo entiendo yo-, y se sabía que efectivamente plaza Italia iba a ser sin duda un sector que tendría muchas dificultades, las que han sido permanentes, y hoy lamentamos que muchos lo denominen "zona cero", situación que para quienes habitan este territorio se ha transformado en una verdadera tragedia.
La acusación contra el Intendente Guevara dice relación con la vulneración de la Constitución por haber infringido las garantías contenidas en su artículo 19, sobre el derecho a reunión y a libertad de expresión.
En mi opinión, no existe ningún sustento en todo el texto de la acusación constitucional que compruebe que efectivamente se vulneraron dichos derechos, ya que, como han mencionado varios de mis antecesores, desde el 18 de octubre a la fecha, llevamos 16 viernes y 226 manifestaciones en la plaza Baquedano, lo que difícilmente podría conllevar un límite de reunión. En todos aquellos casos se han podido expresar libremente, a menos que entendamos por expresión válida la destrucción violenta de la propiedad pública y privada.
Si ningún antecedente en las casi 80 páginas que posee la acusación constitucional nos lleva a comprobar que efectivamente hubo una vulneración de los derechos de reunión y libre expresión, entonces, ¿para qué acusar constitucionalmente al Intendente? ¿Cuál es el propósito de esta acusación constitucional?
Las acusaciones constitucionales en los sistemas políticos de carácter presidencial, como el nuestro, han sido creadas y aplicadas como un mecanismo de control que la legislatura ejerce respecto de otras autoridades de gobierno, asegurando así la separación -en mi opinión, es bueno que así sea- y el equilibrio entre los diversos Poderes del Estado. Pero cuando se usa únicamente para hacer un punto político todos perdemos, ya que es nuestra democracia la que finalmente pierde.
Y con esto no quiero decir que no lamento profundamente las muertes de ciudadanos ocurridas en estas movilizaciones, como también los innumerables heridos civiles y policías, y las violaciones de derechos humanos que deberán ser investigadas y confirmadas por la justicia chilena. Sin embargo, no es posible atribuir al Intendente la responsabilidad de estos lamentables hechos, dado que es evidente que las manifestaciones han tenido en su gran mayoría un componente muy alejado de lo pacífico. Basta observar la destrucción de este barrio emblemático para evidenciar que hace mucho tiempo dejaron de ser manifestaciones pacíficas.
Muchos días, pero especialmente los días viernes, implican para los vecinos de la zona de plaza Baquedano un nuevo caos e incertidumbre. Se reúnen cientos y miles de personas a manifestarse, y eso está bien. Pero otros tantos simplemente se juntan a destruir y generar caos. La Municipalidad de Providencia ha cifrado en 1.200 millones de pesos los daños en su comuna.
Más allá de la labor que el Intendente se encontraba cumpliendo al momento de resguardar el orden público, debemos reconocer que con su actuar se estaba solo protegiendo y resguardando una serie de derechos del mismo rango fundamental que el derecho a reunión y el derecho a libre expresión, que se le acusa hoy día de haber vulnerado. Hablo del derecho al libre tránsito; del derecho al trabajo, tan importante para las familias chilenas; del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de muchos de los vecinos que habitan en esta plaza.
¿Por qué preferir el derecho de unos por sobre el derecho de otros? ¿En dónde la legislación chilena define que hay derechos prioritarios? El único derecho prioritario que hoy día existe en nuestra Constitución -¡y bienvenido sea!- es el derecho a la vida.
Destaco un testimonio de un vecino del sector -recogido en la Comisión que analizó la cuestión previa-, don José Monsalve, quien señaló: "Hay vecinos que no pueden salir de sus departamentos, hay horarios para poder entrar y salir de los edificios. Si salgo, tengo que volver antes de las 5 de la tarde o después de la medianoche. Entonces, todo lo que decimos es ¿dónde están nuestros derechos humanos, nuestros derechos que se fundan en la Constitución? Nos impiden sinceramente el libre tránsito; el ambiente libre de contaminación. Llevamos 88 días respirando gases lacrimógenos y el humo de las barricadas".
En tal sentido, cabe preguntarse si nuestra legislación, en el ámbito del orden público, está a la altura de lo que hemos vivido como país en estos casi cuatro meses. Es posible que se requiera un análisis respecto a cómo hacernos cargo de las definiciones de orden público, Estado de derecho y de cuándo una manifestación deja de ser pacífica. Y aquí, claramente, hay una deuda pendiente. Existen vacíos legales y definiciones poco claras, y la sociedad chilena cambió, encausando de manera más violenta sus legítimas aspiraciones. Esto implica que debemos legislar de acuerdo con nuestra actual realidad, más que hacernos acusaciones a nosotros mismos.
Definimos una manifestación pacífica como aquella que se realiza exenta de armas. ¿Se consideran armas las piedras, los balines de acero, las bombas molotov, las bombas hechizas? Hay una grave falta de regulación.
Ese es nuestro mandato.
¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Un minuto, señora Senadora.
La señora ARAVENA.-
Gracias.
Más que una acusación constitucional, nuestro Parlamento debe hacerse un cuestionamiento, dado que nuestra legislación no está a la altura de los tiempos. Lamento mucho que estemos en este cuestionamiento a la labor de un ejecutivo que solo ha dado cumplimiento a las atribuciones que la ley le confiere, con las escasas herramientas que tiene.
Ser capaces, como sociedad, de respetar y de cuidar nuestra democracia y estar abiertos al diálogo, y generar espacios para las manifestaciones pacíficas que puedan encauzar las demandas de nuestra ciudadanía, es el camino correcto. Los chilenos, en su mayoría, nos piden paz y unidad.
Termino señalando que voy a rechazar esta acusación haciendo mención a una frase de Mandela, un gran hombre, que decía: "Cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, ¿seremos recordados por haber hecho lo correcto, o por haber dado la espalda a una crisis?".
Yo espero que seamos recordados por lo primero.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra declaró que los votos se emiten a conciencia. Y uno, cuando se presentan estas acusaciones, tiene que hacer una reflexión, a mi juicio, lo más ponderada posible.
¿Cuál es el contexto, del cual nos recordaba un colega? Son cinco informes de derechos humanos: uno de noviembre, de Human Rights Watch; uno de diciembre, del Alto Comisionado de Derechos Humanos; otro de diciembre, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; uno de enero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el último, de hace pocos días, del Ministerio Público. Me voy a quedar con este último, que habla de un altísimo número de víctimas (5.558), algunas de las cuales perdieron la vida; otras (285) sufrieron daño ocular, más varios casos de violaciones.
Ese es el contexto.
Y fue también por este contexto, en que Carabineros de Chile actuó en forma inaceptable, que se llegó a la acusación constitucional contra el ex Ministro del Interior Andrés Chadwick, por lo que hizo y por lo que dejó de hacer. ¡Por lo que hizo y por lo que dejó de hacer!
Ya en noviembre varios habíamos levantado la voz para que el Gobierno tomara las cosas en sus manos de una forma correcta, pidiendo la renuncia del General Rozas, dado que el comportamiento de Carabineros resultaba inaceptable. Porque, a diferencia de lo que dijo la colega que me antecedió en el uso de la palabra, no es lo mismo un ciudadano que tira una piedra que un agente del Estado que golpea, violenta, viola. ¡Es absolutamente distinto! Y es por eso que el empate que proponen algunos es inaceptable.
El contexto es uno de reiteradas violaciones a los derechos humanos: un joven muerto en Padre Hurtado; Óscar Pérez, entre los zorrillos; cómo se trató de camuflar a estos últimos (se vio en las redes sociales, donde primero se mostraba a uno pintado y después uno que no lo estaba; gases lanzados en la plaza; imágenes de zorrillos expidiendo un humo amarillo; para qué hablar de los químicos que usaron los guanacos para evitar el derecho a reunión. ¡Son situaciones reiteradas!
Uno podría mencionar también lo que pasó en Puente Alto, que no es un hecho aislado frente a lo que había ocurrido antes en Valparaíso y en muchos otros lugares.
La pregunta que uno se hace es cuál es la actitud del Gobierno y del Intendente. Y ella ha sido la de reiterar la agenda de seguridad, la ley anticapucha, la criminalización de la protesta social, la defensa incondicional de Carabineros de Chile, y un silencio hasta indolente frente a la violación de los derechos humanos.
Según los datos que yo tengo -pueden estar equivocados-, el Gobierno ha presentado 91 querellas en este tiempo, de las cuales en 78 invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado, y no ha interpuesto ninguna por violaciones a los derechos humanos. Todas han sido por actos de personas que han actuado en el marco de las protestas.
No hay ninguna autocrítica del Ejecutivo. No hay ninguna acción a favor de las víctimas. No quiero detenerme a recordar cuál fue la actitud de las bancas de enfrente y del Gobierno cuando, durante la discusión de la Ley de Presupuestos, quisimos que se reconocieran las responsabilidades del Estado y de sus agentes en los hechos en que personas resultaron con daños oculares. A mi juicio, la actitud de las bancas de enfrente fue vergonzosa al no entender que la violación de los derechos humanos por parte de un agente del Estado debe ser condenada por todos. Pero al Gobierno le gusta el empate en esta materia.
A nosotros, señor Presidente, nos ha tocado enfrentar a gente con bastante rabia. Los que somos de Oposición muchas veces pagamos las cuentas por el Gobierno. Nos gritan: "¡Nos están matando! ¡Hasta cuándo! ¡Hagan algo!". Y la verdad es que yo siento que el Gobierno, que es el responsable del orden público, no escucha. No sé si no escucha o no quiere escuchar. Pero lo cierto es que no actúa.
La renuncia del General Rozas es una demanda que muchos hemos planteado. Carabineros de Chile ha perdido toda legitimidad en este tiempo frente al orden público. Ver las paredes de Chile rayadas con "ACAB", "1312", "la yuta", es reflejo de una profunda crisis. Y la incapacidad del Gobierno de asumirla me sorprende, porque este es un problema país.
Aquí, señor Presidente, hay una responsabilidad: está en el Ministerio del Interior y, sobre todo y sin duda, está en el Presidente de la República. Yo creo que no deben confundir nuestra disposición a dialogar, a buscar acuerdos, a tratar de cooperar, con la convicción creciente de que el Gobierno es el responsable de que los agentes del Estado sigan violando los derechos humanos y no se haga nada al respecto. Estos últimos días han sido la reiteración de, a mi juicio, una actitud indolente, en que se trata de empatar.
Lo que da rabia es nunca ver al Gobierno del lado de las víctimas, sino siempre del lado de los victimarios, defendiendo a Carabineros. Y el señor Intendente, cuando se le ha planteado la situación, se ha ubicado en el mismo coro, defendiendo reiteradamente el accionar de la policía uniformada.
Comparto que la acusación muestra ciertas debilidades en cuanto a qué es el derecho de reunión y dónde está consagrado, dónde está tipificado, dónde se garantiza, cuáles son los procedimientos. No aparece en nuestras normas legales, pero el Derecho Internacional es muy claro en esta materia, por lo que el derecho de reunión es parte de los instrumentos considerados en nuestra Constitución, por lo que dispone su artículo 5°.
En tal sentido, señor Presidente, porque la inacción de la Intendencia y la inacción del Gobierno son, por sobre todo, un problema político, yo, que en un momento tenía otro juicio sobre esta acusación, me he convencido de que no queda más alternativa que votarla a favor.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, asistimos a una acusación constitucional que ya tiene un final. Esta es la crónica de una acusación constitucional rechazada. ¡Rechazada! El Intendente va a seguir en su cargo y, frente a tal circunstancia, yo espero que no cometa los mismos errores por los cuales ha llegado a este Senado en busca de justicia, en busca de un juicio.
¿Por qué digo que está rechazada? El Presidente Piñera dijo hace una hora: "Confío en que el Senado no le va a dar curso, porque significa debilitar la capacidad del Estado para garantizar el orden público".
Presidente Piñera, ¡es su responsabilidad garantizar el orden público! Usted designó con el dedo al Intendente Guevara, es su atribución el designar a los intendentes, pese a que en América completa los gobernadores e intendentes son elegidos por el pueblo y la ciudadanía. Y tengo la certeza de que si el Intendente Guevara hubiera sido elegido por el pueblo, por la ciudadanía, no habría hecho el copamiento preventivo en la plaza Italia. Habría buscado, por cierto, alternativas distintas.
Aquí está claro que ese copamiento refleja el abuso, refleja la violación de la dignidad, refleja las diferencias sociales. Y si el Presidente habló, es porque tiene información privilegiada de que vamos a tener cuatro votos menos, y será la historia la que nos juzgue por nuestros votos o por nuestra ausencia. Los Senadores Felipe Harboe, Rabindranath Quinteros, Ximena Rincón y José Miguel Insulza deberán responder. Tienen el legítimo derecho a ausentarse de esta votación, lo tienen. Yo habría preferido que estuvieran presentes, porque la Oposición busca unidad para enfrentar una Derecha que en ningún minuto ni segundo ha tocado y ni siquiera nombrado los derechos humanos. No he escuchado la palabra derechos humanos en ningún discurso de la Derecha, ¡en ninguno!
Y quiero decir, entonces, que era un deber moral, político de la Oposición el votar afirmativamente la acusación y provocar la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Por cierto, si el Intendente era destituido, se acabaría la dicotomía en el orden público de que se requiere violar los derechos humanos, de que Carabineros tiene que apalear, de que Carabineros tiene que mojar, de que Carabineros tiene que detener y torturar.
Es posible mantener el orden público sin violar los derechos humanos, esa es la tarea del Intendente, esa es la tarea del Presidente de la República, y han fracasado. El Presidente Piñera ha fracasado y no ha entendido nada. A tres meses del estallido social, de esta revolución social, no ha entendido nada.
Y tampoco lo han entendido sus intendentes. Vean sus actuaciones en cada una de las regiones: ahí están más bien ocultos, sin hacer nada por no recibir instrucciones, porque si actúan sin instrucciones del Presidente de la República, ya lo saben los ministros, se van los intendentes, se van los ministros.
Yo quiero decir que los derechos humanos en este país se han violado aquí y ahora. Las acciones judiciales del INDH al 31 de enero son las siguientes: homicidios, cinco; querellas por homicidio frustrado, 18; violencia sexual, 183; tortura y tratos crueles, 879; lesiones, 21; violencia innecesaria, 84. Personas heridas, 3.746: por estallido de globo ocular en su diversa gravedad, 427; por disparo, 2.114; por lacrimógenas, 268.
Y uno dice, bueno, ese es el contexto de esta decisión del copamiento preventivo. Aquí, se lo digo al Intendente y también al Presidente de la República, se ha optado por una decisión y una acción policial, militar y no política. No estaríamos aquí juzgando al Intendente Guevara si tuviéramos un Presidente capaz de ordenar lo público a través de medidas políticas, a través de terminar con las AFP, a través de elevar los sueldos mínimos, a través de hacer más digno el trabajo para miles y millones que se sienten abusados.
Y mientras persiste la decisión de una respuesta policial, el Intendente Guevara, pero particularmente el Presidente Piñera, han dinamitado a Carabineros, instrumentalizándolo, sacrificando la carrera de oficiales que toda la vida se sintieron admirados por la ciudadanía, y que son tirados a la calle a cumplir la pega que el Presidente y su equipo no realizan: dar respuesta política a la demanda social y política.
Ha sido injusto este accionar del Gobierno con Carabineros. La institución de mayor prestigio en Chile y en toda América ha sido dinamitada, instrumentalizada.
Y esta acusación es una acusación política.
Yo no soy juez, soy Senador electo por el pueblo, al igual que todos ustedes acá. Se nos asigna la tarea de jurado, pero yo tengo una opinión política sobre los temas de fondo: en estos hay incapacidad, irresponsabilidad de parte del Gobierno.
¿Y quién nombra al Intendente Guevara?
El Presidente Piñera, a dedo. Él es el representante del Presidente Piñera en la Región Metropolitana. Por eso que yo digo que la exclusiva confianza del Intendente Guevara respecto al Presidente de la República hace que exista una responsabilidad dual, contigua, casi una sola.
La respuesta de carácter policial no era la respuesta adecuada, sino que una política. Si se quiere que la gente no vaya más a la plaza de la Dignidad, denle respuestas: fin al CAE. ¿Por qué se niegan a terminar con el CAE? ¿Por qué se niegan a tener una política social para terminar con las desigualdades?
Yo voy a votar que sí a esta acusación. Los derechos humanos se respetan también en democracia; a sus violadores los vamos a perseguir toda la vida, porque se trata de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles, y si no es en Chile, será en la Corte Penal Internacional.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor de la acusación constitucional.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Por favor, evitemos las expresiones.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, es evidente que esta acusación constitucional se da en un contexto político general que, por supuesto, debe iluminar, en definitiva, lo que aquí estamos discutiendo.
Sin embargo, yo personalmente siento que, independientemente del juicio crítico que uno pueda tener respecto de la situación política general y del rol del Gobierno y de la Oposición en este nuevo escenario social que tenemos en Chile, me parece que por una rigurosidad mínima en el Senado, y por lo que puede venir más adelante, uno tiene que dar una opinión respecto del mérito de esta acusación y de los términos del debate que aquí hemos presenciado entre lo que ha expuesto la señora Diputada y los señores Diputados y lo que han contestado ambos abogados del Intendente señor Guevara.
Y me voy a referir, señor Presidente, a lo que he escuchado en este debate de la cuestión controvertida, asumiendo estrictamente mi rol de jurado y de juez.
El señor Intendente, a través de sus abogados, señala que los términos del debate son los siguientes: "Este es un juicio político pero condicionado a que exista una infracción jurídica". O sea, la defensa acepta que este es un juicio político; pero dice que hay una condición, y es que exista infracción jurídica.
Los acusadores lo plantean de otra manera, señalando que el copamiento por parte de mil carabineros en la plaza de la Dignidad o plaza Italia, como quiera llamársele, atentó contra el derecho de reunión en su esencia y, en consecuencia, eso significó la infracción de la Constitución por parte del señor Intendente, que dio el motivo a esta acusación.
Un breve comentario respecto de la tesis de los abogados defensores. ¿Existe una infracción jurídica? Sí y no. No en cuanto a que se hizo referencia al artículo 158, letra c) del Código Penal, en el sentido de que podría haber una conducta dolosa del señor Intendente tendiente a impedir el derecho de reunión.
Yo no he visto en ninguna parte de la acusación que aquí se esté imputando una conducta dolosa, intencionada, respecto del señor Intendente, que permitiera decir que ha cometido el delito del artículo 158 del Código Penal. Por lo tanto, lo dejo afuera.
Pero aquí se ha dicho otra cosa por uno de los señores defensores: que se requiere un acto jurídico formal. Él ha hablado de un acto jurídico-administrativo, y pregunta dónde está este en virtud del cual se produjo este copamiento.
Yo sostengo que no estamos en presencia de actos jurídicos formales, sino de decisiones políticas. Y hago un paréntesis -permítame, señor Presidente-: aquí hubo un debate y se dijo que muchos de los Senadores habíamos sido intendentes. Yo fui intendente, efectivamente. Y en La Araucanía todos han dicho que el conflicto de violencia política que tenemos desde el año 1997 en adelante es un problema de orden público. Yo sostuve, cuando fui intendente, que siendo un problema de orden público, era de naturaleza política, y que debía tratarse políticamente.
Puestos en el escenario en que hoy día estamos, en Chile tenemos un problema político: un estallido social producto de la maduración de la sociedad frente a los abusos y las desigualdades.
Y, por lo tanto, señor Presidente, no podemos pedir a la gente que protesta contra esta sociedad injusta que haga uso de la "Ley del Lobby" para ir a notificar al Presidente o al Ministro del Interior que están en contra de esta sociedad desigual.
Estas cosas nacen porque socialmente se generó un estallido, debido a que el Estado y la sociedad no dieron a tiempo una respuesta a las personas dentro de los cauces institucionales. Fue lo que pasó en La Araucanía cuando la gente dejó de creer en el Estado y entendió que los métodos de la democracia estaban obsoletos.
Hoy día nos encontramos aquí frente a un estallido social, que dice: "¡No queremos más esta sociedad injusta; queremos cambiarla!".
¿Y cuál debe ser la respuesta de nosotros, del Estado, del Gobierno? No puede ser pedirle a Carabineros simplemente que el orden público sea el centro de las soluciones.
Yo señalé algo similar en el debate respecto del señor Ministro del Interior Andrés Chadwick, cuya acusación aquí aprobamos. Entiendo que el señor Intendente no tiene facultades tácticas en su cargo. Y lo digo porque yo también fui intendente. Sus facultades son de naturaleza estratégica.
Me explico. Por supuesto, el Intendente no va a andar preocupado de dónde se colocan los carros o cuál es el movimiento que deben hacer los carabineros, pues estos tienen autonomía táctica. Pero ello depende de la estrategia que la autoridad política le indique. Y esa estrategia es política; no requiere un acto jurídico formal. Como tampoco lo requiere el Presidente cuando les dice a los ministros: "Saquen adelante la reforma tributaria". Eso significa conversar, dialogar, procesar, ceder, buscar soluciones, los cuales no tienen por qué traducirse en actos jurídicos o administrativos formales.
Acá sucede exactamente lo mismo.
El señor Intendente probablemente conversó con Carabineros, y dijo: "Estamos frente a una situación crítica. Hay un estallido social y tenemos que resguardar el orden público". Y seguramente dio lineamientos objetivos, un marco general, en virtud del cual la policía tenía que actuar. Y la policía actuó en esa lógica de copamiento, cuyo resultado es negativo desde todo punto de vista.
En consecuencia, cuando se quiso asegurar el orden público, lo que se consiguió fue exacerbar la situación.
Señor Presidente, quiero señalar que el derecho de reunión está bien regulado en la Constitución, no en la ley. En efecto, la Carta, en su artículo 19, número 13º, dice exactamente que las reuniones se rigen solamente por las normas de la policía. No se exige ley. Por lo tanto, quienes deseen dictar una ley en esta materia se van a encontrar con que no pueden hacerlo, porque la propia Constitución indica que tal derecho se rige "por las disposiciones generales de policía".
¿Y cuándo se puede restringir el derecho de reunión? Solamente en los estados de excepción constitucional: estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia, estado de catástrofe. ¡No existe otra posibilidad!
Por lo tanto, a mi juicio, con esa decisión política el señor Intendente, usando su facultad estratégica, violó el derecho de reunión en su esencia, que garantizan los numerales 13º y 26º del artículo 19 de la Constitución.
Por lo tanto, voto a favor de la acusación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, he llegado al convencimiento, en mi calidad de juez de esta instancia constitucional, de que la acusación en contra del suspendido Intendente de la Región Metropolitana, don Felipe Guevara, no solamente es de una injusticia manifiesta, sino que también puede ser calificada como un acto de hipocresía, tal como lo señaló recientemente el destacado abogado constitucionalista don Jorge Correa Sutil en un medio de prensa de circulación nacional.
Esta no es una discusión sobre si una táctica o una estrategia policial es atentatoria contra el derecho constitucional. Mucho menos tiene que ver con la persona de don Felipe Guevara y tampoco con el cargo de intendente regional. Esta es una acusación de incompetencia al sistema político nacional; particularmente, a la calidad de las leyes que este Parlamento es capaz de producir para dar coherencia democrática y expresión pacífica a la convivencia nacional.
La clave del problema es que el derecho a reunión, consagrado en la Constitución Política de la República, no está definido ni delimitado. La misma Carta entrega la efectividad del ejercicio de este derecho y delega expresamente a las normas generales de policía la regulación de las reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público.
¿Qué significa el derecho a reunirse "pacíficamente", sin permiso previo y "sin armas"?
¿Quién tipifica lo que es una reunión pacífica?
¿Quién determina si al ejercer el derecho a reunión se está vulnerando algún otro derecho?
¿Si elijo manifestarme en frente de una iglesia e impido el ingreso a ella, es válido?
¿Es válido manifestarse enfrente de un local de votación?
¿Es válido en nuestro país manifestarme para impedir que estudiantes que no piensan como yo rindan su PSU?
¿Es aceptable en nuestra sociedad que unos pocos, cinco a diez personas, abusen y denigren a miles por instalar barricadas, obstruir el tránsito y vulnerar el derecho de libre circulación?
¿Es tan difícil de entender que si alguien se prepara con armas hechizas, con escudos; busca formas de ocultar su identidad, y lleva elementos contundentes o incendiarios, no va a una manifestación pacífica?
Todos sabemos que, en gran parte de estas manifestaciones, hay gente que no va a manifestarse pacíficamente, sino a usar la violencia como forma de visibilidad.
Voy a referirme el reciente estudio de la socióloga Magdalena Claude, académica de la Universidad Alberto Hurtado, consejera de comisiones de Revolución Democrática, quien en dos meses de seguimiento ha logrado perfilar a un clan de primera línea, donde se observan roles variados que se refieren, fundamentalmente, a tareas defensivas y "ofensivas", como lo denominan. Se desempeñan en la primera línea de la marcha los siguientes roles: escuderos o escuderas; peñasqueros o peñasqueras; antigases o "apagalacris", como lo llaman; honderos u honderas; punteros o punteras; hidratadores o hidratadoras; mineros o mineras; pirquineros o pirquineras.
Cito las palabras de un escudero de la primera línea: "En ambos lados hay gente buena y mala, pero a los pacos les gusta reprimir porque se sienten con poder. De eso se trata: de disputar el poder".
¿Es esta una manifestación pacífica?
Es oportuno, entonces, recordar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 29, inciso segundo, señala: "En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.". Respetemos, pues, todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no solo algunos.
Carabineros de Chile, como policía, se caracteriza por un hecho relevante y único: la ley le asigna el monopolio del uso de la fuerza y debe hacer uso de esa fuerza de forma legítima, profesional y diestra. Lo que distingue el auxilio de la fuerza pública a través de una policía es su habilidad para usar y aplicar la fuerza legítima.
Son servidores públicos, ¡qué duda cabe!, pero no son trabajadores sociales. Esa no es su esencia y menos su definición.
¡Qué señal estamos mandando, entonces, desde el Senado a la sociedad a la que servimos si destituimos al Intendente Guevara!
La señal es simple: "Hagan lo que quieran; destruyan lo que quieran. Nosotros estamos aquí para sancionar a cualquier autoridad que trate de decirles que no a algo que hagan ustedes". Esto es fomentar la anarquía e ir en contra de los derechos de millones de chilenas y chilenos de buena voluntad, de buena fe, que trabajan en paz, que no quieren más desmanes, destrucción, abuso ni violencia.
Me niego, pues, a ser parte de esta hipocresía y me niego a ser parte de esta injusticia. Por eso, voto por el rechazo.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los alegatos de mis colegas Diputados y también los de los señores abogados del Intendente Guevara.
Coincido plenamente en que la acusación constitucional, desde el punto de vista del instrumento establecido en la Constitución del cual pudo hacer uso la Cámara de Diputados, es una acusación netamente política. Lo expresó, con claridad, el Diputado Ibáñez y también los abogadores defensores.
Y, así como la Cámara juega ese rol, efectivamente a nosotros, nos guste o no, estemos preparados o no, nos toca actuar como jurado. Por lo tanto, tenemos una doble obligación: por un lado, ser capaces de formarnos una convicción, y por otro, entender que la acusación se halla dentro de un contexto de orden político.
Para ser breve, señor Presidente, yo no me he formado convicción de que haya mérito jurídico para aprobar el libelo. Creo que no existe. Sí entiendo el porqué de la acusación desde el punto de vista político. Y también entiendo que estamos en un contexto social, como todos han dicho, en el que tenemos un país completamente distinto, que está viviendo circunstancias complejas y que está en tiempo de cambios sociales, políticos y económicos que, si no son bien conducidos, si no son bien llevados, si no se aprovecha lo que constituye esta oportunidad, pueden generar, como han dicho algunos de mis colegas, una situación de ingobernabilidad que torne inmanejable el país, que es algo que nadie quiere.
Y aquí es donde creo que el debate político que hemos efectuado en el Senado tiene mucho sentido. Y tiene sentido siempre y cuando seamos capaces de escucharnos: el Gobierno, que tiene la primera responsabilidad; nosotros mismos, Senadores de Gobierno y de Oposición e incluso los propios Diputados, acerca del rol que debemos jugar quienes tenemos alguna representación política, y los partidos políticos, del oficialismo y de los demás sectores.
Y yo hago una autocrítica inmediatamente.
Señor Presidente, este debate podría haber sido distinto si desde la Oposición hubiésemos tenido capacidad de acuerdo para proponer alternativas de salida o de cambios frente a la dramática situación que estamos viviendo.
Hemos dicho que el país requiere avanzar en una institucionalidad, en una nueva Constitución, en un fortalecimiento y modernización de su democracia. Este Senado logró un acuerdo, que constituye un camino, que da esperanza y que enciende una luz en un sentido. Pero hemos indicado que este camino institucional no es suficiente si no se atienden las demandas sociales. Por lo tanto, hay que desarrollar una agenda priorizada en materia de equidad social. Sin embargo, en esta materia el Gobierno solo ha propuesto parches, sin entrar al fondo del asunto.
Hemos dicho también, con claridad -y el país lo sabe-, que no sacamos nada con tener una democracia bastante participativa. El Estado puede colocar todas las platas del mundo, pero, si no existe una estabilidad que permita un crecimiento económico que sea capaz de generar recursos para que sean bien distribuidos entre la población, tampoco tendremos posibilidades de salida.
Se requiere estabilidad, se requiere seguridad, señor Presidente. Y no estoy hablando de una seguridad de orden policial o militar; estoy hablando de que las personas sientan seguridad; sientan que sus derechos están garantizados, que no van a existir las violaciones a los derechos humanos que hemos conocido; sientan seguridad de que van a tener un empleo digno, ingresos que les permitan llegar a fin de mes pese a sus niveles de endeudamiento; seguridad de que se podrán desplazar, llegar a sus lugares de trabajo; que las mamás podrán mandar a sus niños a las escuelas y que estos podrán asistir a clases; seguridad de que podrán volver sin que las asalten; dignidad y seguridad en su vida diaria.
Eso es sentido común; es lo que la gente está pidiendo también en las calles, en las manifestaciones que se dan en todo el país; que no sean abusados, que no sean aprovechados; que las cosas funcionen; que los remedios valgan lo que tienen que valer y no les cobren los precios abusivos que vemos hoy día; que se les atienda y se les reconozca su dignidad.
Si no hacemos todas esas cosas al mismo tiempo, este debate, esta acusación constitucional, lo que se le pueda decir o no al Gobierno, lo que podamos discutir nosotros acá, carece de sentido.
El problema es que no estamos siendo capaces de enfrentar ese desafío.
He escuchado a algunos colegas que han manifestado esta misma preocupación. Tal vez todos tenemos la misma preocupación. La cuestión es que no estamos buscando un camino común que permita reencontrar a los chilenos. En lo que sí estamos claros es en que una sociedad polarizada, en conflicto permanente, donde no hay garantías para los derechos de las personas, en todos los sentidos, no puede funcionar.
Aquí se están tomando decisiones hacia el futuro.
Yo, señor Presidente, me rebelo.
Me rebelo frente a la tozudez del Gobierno. Me rebelo, aunque se sabe que esta acusación no va a ser aprobada dado que no reúne los votos necesarios: porque algunos no están, y porque otros -digamos las cosas como son- no estamos de acuerdo con ella. Otra cosa es que políticamente, en un momento determinado, se pueda expresar un apoyo, pero, claramente, tenemos serias diferencias en la forma como el Gobierno entiende lo que está sucediendo en el país, y las seguiremos teniendo en la medida en que siga con su tozudez, con su falta de conducción política, con no asumir sus responsabilidades, con no entender que aquí hay que hacer cambios estructurales profundos en materia económica, política y social, y no seguir defendiendo solo intereses sectoriales.
Si no somos capaces de construir esa alternativa, señor Presidente, mucho de lo que estamos conversando acá pierde sentido.
Por eso, yo me rebelo.
Sabemos que la acusación no será aprobada. A lo mejor, lo fácil, lo cómodo para mí habría sido decir "Sí, voy a aprobar", pero, si apruebo, no voy a estar dando la señal política que debemos transmitirle al Gobierno, al país, a la Cámara y a nosotros mismos acerca de cómo debemos enfrentar estos procesos.
Si voto a favor, entonces puedo caer en lo cómodo, traicionando la convicción que me formé en cuanto a que no existe mérito jurídico para aprobar la acusación. Si voto en contra, me puedo dejar llevar por la pasión política o por lo que pueden indicar las redes, la presión comunicacional, la opinión pública, el qué dirán, u otras presiones, que son legítimas. Pero aquí nuestro papel también tiene que ser el buscar alternativas de solución y generar puntos de acuerdo que permitan ir conduciendo este proceso, en lo político, en lo económico y, sobre todo, en lo social.
Ahora, si el Gobierno no quiere entender, les quiero decir a algunos de mis colegas que el Senado tiene muchas posibilidades de generar instrumentos políticos para presionarlo o para obligarlo a modificar conductas. ¡No solo la acusación constitucional! Tenemos varias otras fórmulas. No renunciemos a lo que nos corresponde.
Con el debido respeto a la opinión de mis camaradas, señor Presidente, yo no puedo votar a favor de la acusación, así que lo que voy a hacer es entregar una señal política absteniéndome.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Por favor, solicito a las personas apostadas en tribunas que no hagan manifestaciones.
Antes de darle la palabra a la Senadora Isabel Allende, solicito autorización a la Sala para que pueda ingresar la Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Katherine Martorell.
--Se autoriza.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Senadora Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, desde ayer hemos estado escuchando atentamente a quienes han intervenido: a los Diputados acusadores y a la defensa del Intendente.
Aquí ya se ha dicho con claridad y además lo sabemos todos porque conocemos el Reglamento: esta es una acusación jurídico-política. Esta no es una corte penal que va a tener que evaluar el delito penalmente. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto.
Pero, más allá de que esta sea una acusación jurídico-política, lamento tener que empezar por recordarles, a quienes están en las bancadas de enfrente y que han señalado que el presente libelo carece de argumentos, que es solamente político, que no existen argumentos jurídicos, la acusación que se entabló en contra de la entonces Ministra de Educación, Yasna Provoste, que hoy nos acompaña en el Senado, ¡que vaya que no tenía ningún fundamento jurídico, ninguna infracción jurídica que se pudiese sostener, y que, no obstante, la Derecha no tuvo ningún problema en aprobar en bloque!
Por eso, hay veces en que cierto tipo de argumentos resultan francamente inaceptables. Conocemos el doble estándar.
Igualmente, más allá de hacer una defensa a ultranza y plantear que la presente acusación no tiene ningún fundamento jurídico, me duele que no se haya expresado dolor frente a lo que significa tener en este país 31 personas fallecidas en tres meses. Eso no importa; tampoco que tengamos 3.883 heridos, 359 con traumas oculares, algunos con pérdida total de la visión, y así sucesivamente. Se pretende ignorar el contexto.
Pero ¿ustedes creen que la rabia que se siente en las calles nace de la nada? ¿Acaso no hubo soberbia en este Gobierno, que partió su campaña descalificando todas las reformas efectuadas, recalcando las debilidades, y asegurando que iba a resguardar el orden público? ¡Y miren lo que ha pasado hoy día! Lo primero que hace poco tiempo después es descabezar a treinta y tantos generales. Y hoy día tenemos un cuerpo policial completamente desacreditado, que goza de cero confianza, que hace un uso absolutamente desproporcionado de la fuerza, que no tiene contención.
Pero lo más grave -digamos las cosas como son- es que la mantención del orden público le corresponde al Gobierno. En realidad, aquí hay un Presidente de la República que debería estar de alguna manera respondiendo. Sin embargo, con sinceridad, yo no creo que sea el momento de hacerlo ni que esté en la cabeza del Presidente de la República. Pero digamos la verdad: es el principal responsable de las políticas de este país, y para qué decir del orden público. También hay un Ministro del Interior, y ya salió el ex Ministro Chadwick.
Hemos tenido que ver no solo el desmembramiento de Carabineros, sino también a los niveles a que ha llegado esta institución. No vamos a repetir lo sucedido con la "operación Huracán", el asesinato de Catrillanca, el desfalco de 29 mil millones de pesos. O sea, ¿creen que la ciudadanía puede sentir respeto? Pero peor que esto es la desproporción en la forma en que hoy se está reprimiendo en la calle. Y con esto no estamos avalando la delincuencia. No estamos avalando el saqueo. De ninguna manera uno puede quedarse indiferente ante lo que ocurre en Valparaíso, por ejemplo, donde solo en tres cuadras de la calle Condell tenemos diecisiete comercios saqueados, incendiados.
¿Ustedes creen que vamos a avalar aquello? ¿Ustedes creen que no nos preocupa? ¿Ustedes creen que no nos duele pensar que en Viña del Mar hay gente almorzando en un restorán el día sábado que es atacada con piedras, y el resultado es que se cierre el local y queden catorce personas en la calle?
¡Ninguno de nosotros avala eso! Pero, con la misma claridad, queremos decir que aquí ha habido cinco informes internacionales en materia de derechos humanos. Y con toda razón decía el Senador Letelier que se habla de derechos humanos cuando intervienen agentes del Estado, que no es comparable con la acción de personas -con quienes no estamos de acuerdo- que tiran una piedra o -peor aún- una bomba molotov.
Pero, Intendente, cómo no va a haber responsabilidad del Presidente ante la falta de claridad de una política pública; ante una fuerza policial que no tiene capacidad de inteligencia, que no tiene capacidad preventiva, que no tiene capacidad operativa, y que hace un uso desproporcionado de la fuerza.
Cómo no va a haber indignación en la calle cuando todos nosotros presenciamos las imágenes de siete o nueve carabineros apaleando a un joven botado en la calle, al que ya habían golpeado, y que seguían apaleando y apaleando, después de lo cual arrancaron.
¿Esa es la forma de detención de un ciudadano?
Entonces, hay que hacerse cargo de las palabras del Intendente Guevara. Él fue nombrado, y el 13 de diciembre, cuando se celebró un gran concierto en la plaza Italia donde miles de personas se congregaron a escuchar a Los Bunkers e Inti-Illimani, dijo que ya no iba a haber más manifestaciones ni reuniones masivas, sin que existiera previo aviso.
Además, abogados constitucionalistas, como Domingo Lovera y Cristian Vera, dijeron que existían antecedentes para la acusación, y yo también lo creo.
Apoyo lo que dijo el Senador Huenchumilla, quien tiene bastante razón y me ha ahorrado muchas palabras. Nosotros no podemos ignorar las profundas desigualdades, los abusos de esta sociedad, lo que siente la familia endeudada, lo que siente el joven que sabe que tendrá una deuda por treinta años, lo que sienten las personas cuando no pueden terminar el mes y deben ir a un servicio público de salud y esperar meses, años, para su atención, y la diferencia con quienes tenemos recursos, que podemos contar con seguros privados de salud y con respuesta inmediata.
Es doloroso que exista una sociedad tan desigual, pero también que haya abusos. Porque aquí se producen colusiones, se cometen delitos de cuello y corbata, que se condonan o no pasa nada con ellos; pero si una persona roba o piratea va a la cárcel y muere en un incendio.
Entonces, la diferencia es muy brutal. ¿Ustedes creen que esa indignación no tiene sentido? Pero el Gobierno, tozudamente, es incapaz de entender que esto no mejorará si no va de la mano de profundas reformas, ¡profundas reformas!, que terminen con el actual modelo de pensiones, que signifiquen un salario de verdad, ¡un salario de verdad!, para que la familia pueda enfrentar sus necesidades.
A mí me da vergüenza cuando el Ministro de Relaciones Exteriores dice que no deben intervenir los organismos internacionales. ¡Pero qué es lo que le pasa! Qué diferencia, no, cuando el Presidente fue a esa operación absurda en Cúcuta. Ahí no hubo ni pudor ni vergüenza. Entonces, ya no sigamos con esto.
De una vez por todas, este Gobierno debe entender lo que pasa. ¿Quiere un diálogo? Estamos disponibles. Pero para un diálogo de verdad. ¿Saben para qué? Para encontrar un camino a fin de realizar profundas reformas sociales que ayuden a nuestro pueblo a salir adelante en condiciones de dignidad, que termine con el desprecio y la soberbia que tantas veces hemos escuchado de diversos Ministros que ya no están.
Estamos disponibles para el diálogo, pero para avanzar de verdad en esas reformas sociales, porque están profundamente equivocados si creen que esto se puede enfrentar con un par de caluguitas.
Necesitamos encontrar el camino, porque todos queremos una sociedad donde la gente viva con dignidad y protección social.
Por eso, voto a favor.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).-
Solicito autorización a la Sala para el ingreso del Subsecretario de Interior, señor Juan Francisco Galli.
--Así se acuerda.
El señor DE URRESTI (Presidente accidental).-
Senadora Goic, tiene la palabra.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, ya vamos terminando nuestras intervenciones, y debo decir que después de escuchar atentamente en estos dos días las argumentaciones y cada uno de los discursos, creo que es legítimo volver a preguntarse para qué estamos hoy acá.
El debate, sin duda, ha girado en torno a dos elementos que son válidos.
Primero, el contexto de estar ante la mayor crisis social, política y probablemente institucional después de recuperar la democracia en nuestro país; y, segundo, el contexto de una acusación constitucional, con nombre y apellido, con argumentos presentes en su texto, que es la herramienta más dura, más grave de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados. Se trata de un instrumento legítimo, y en que a nosotros nos toca jugar el rol de ponderar las argumentaciones de la defensa y de la acusación y de pronunciarnos al respecto.
Y quiero ser muy clara. Pienso que, de todas las intervenciones y los debates que hemos tenido en esta Sala, no hay ninguna duda de la gravedad de la crisis y de las violaciones a los derechos humanos que ha vivido nuestro país, y valido cada uno de los informes que dan señal de eso con mucha claridad.
Quiero hacerme cargo en mi argumentación, primero, de los elementos del contexto. De esos elementos en que uno siente que cada día que pasa después de la manifestación pacífica, ¡pacífica!, masiva, en plaza Italia y en muchas plazas de nuestro país, seguimos perdiendo tiempo entrampados en una agenda respecto de la violencia y la incapacidad de enfrentarla, y vamos dejando de lado esa magia que hizo que se reencontraran tantos chilenos y que estoy convencida de que es el camino para construir bases democráticas más modernas.
Si uno evalúa hoy día la actuación del Intendente Guevara, observa claramente que está al debe, que no lo ha hecho bien. Y bajo este argumento de contexto, yo no estoy en condiciones de rechazar esta acusación. Pero la misma crítica que le hago a la incapacidad del Intendente Guevara para garantizar el orden público de los habitantes de la Región Metropolitana, se la puedo hacer al Intendente de Magallanes, donde la gente se pregunta por qué cada viernes tiene que sentir temor de que le saqueen su negocio, de que en una ciudad donde estábamos acostumbrados a vivir tranquilos, ahora se pueda perderlo todo, con imágenes dantescas que jamás pensábamos que veríamos.
De ahí que uno haga una crítica política, y se pregunte: "Dónde está Carabineros para defender a la gente, para defender a las personas frente a algo que no es movilización pacífica, sino delincuencia".
Y reitero mi crítica política a la actuación de este Gobierno, habiendo respaldado, además, varias iniciativas que aparecen como impopulares, pero que espero sean herramientas para garantizar el orden público.
Estoy convencida de que con eso no se resuelve la crisis, pero sí aporta una herramienta fundamental.
Quiero señala con mucha claridad que, así como no estoy en condiciones de rechazar esta acusación, tampoco estoy en condiciones de aprobarla, porque el otro aspecto del debate tiene que ver con la argumentación jurídica y con las pruebas para sustentar esta acusación constitucional, que, tal como está presentada, apunta a la actuación del Intendente en dos días específicos, quien habría violado la Constitución en relación con el derecho de reunión.
Creo que ha sido evidente, y comentado por varios aquí, la debilidad de las pruebas que se han entregado.
Y estoy aquí, ¡estoy aquí presente!, para decir que no puedo, por el mandato que tengo, actuar en contra de lo que es mi convicción, en conciencia.
Por lo tanto, yo me voy a abstener, para hacerme cargo de los elementos de contexto, pero también para hacerme cargo de los elementos de este texto, sobre el cual tenemos que pronunciarnos.
Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que a mí no me gusta un Chile donde salimos a la calle con el temor a ser funados, donde a veces flaqueamos en nuestra convicción por el temor a lo que van a decir en las redes sociales. Y no lo digo por nosotros, sino por la gente. Cuando hablamos de cuidar nuestra democracia y de reconstruir las formas de la democracia, estamos hablando sobre tolerancia y respeto.
Quiero citar a Ángela Merkel, una mujer política a quien admiro profundamente. En un discurso ella les dijo a sus parlamentarios: "La libertad de expresión tiene sus límites, y esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Comienzan cuando se viola la dignidad de otras personas". Y luego hizo un llamado a oponerse a los discursos extremistas.
Entonces, lo que quiero plantear aquí con fuerza es que hagamos nuestro trabajo. Somos responsables todos de sacar adelante nuestro país, de cuidar la democracia, que tiene que ser distinta.
La gente hoy día nos plantea su molestia; espera que esto no haya sido en vano. ¡El dolor, las muertes, todo lo que hemos pasado como país no puede ser para nada! ¡No puede ser para volver a la misma desigualdad o a la misma desesperanza! ¡Queremos que eso tenga sentido!
Pero, con la misma fuerza con que pregunto qué haremos nosotros al respecto, le pido al Gobierno que se haga cargo. ¡No bastan medidas parche!
El desafío tiene que ver con reconstruir nuestras formas democráticas desde los principios del diálogo y del respeto, para edificar un nuevo Chile, uno que, si se despierta, ¡no puede ser para quedar aletargado o amenazado en la violencia y en la intolerancia!
Esa será nuestra tarea, con fuerza y convicción, a partir de marzo. A esa discusión estoy absolutamente disponible, señor Presidente. Espero que el Gobierno, en especial el Presidente de la República, se haga cargo de su tarea en esta materia.
Gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, la verdad es que he escuchado con mucha atención el debate que se ha dado hoy día en esta Sala y, tal como lo han dicho casi todos los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, efectivamente acá estamos -así lo reconocieron también los abogados defensores- ante una acusación política, pero esta tiene como requisito que haya algo que la sustente jurídicamente.
Desde esa perspectiva, me llama la atención que muchos de los Senadores hayan reconocido en sus intervenciones que esta presentación es débil, que no tiene fortaleza jurídica, que incluso no considera una conducta dolosa o intencionada -como dijo un colega- y que, al final del día, solo queda el aspecto político.
Se ha dicho también que hay una actitud indolente por parte del Gobierno y que no hace nada en relación con el orden público.
Pero, señor Presidente, acá hemos visto que muchos Senadores reconocen que la acusación no cuenta con elementos jurídicos, pese a lo cual están dispuestos a votarla a favor. ¡Aunque sea mala, igual la votarán a favor! Y después le piden al Gobierno que actúe en temas de orden público, en circunstancias de que, cuando alguien lo hace, como lo hizo el Intendente Guevara, termina habiendo una acusación constitucional en su contra.
Las herramientas que tiene este Congreso están siendo manoseadas a tal punto que en la Cámara de Diputados se usan casi como coacción -para no usar la palabra "chantaje"-, al decir que, si no cambian al General Director de Carabineros, se va a iniciar un proceso de acusación constitucional contra el Ministro del Interior.
Yo creo que hoy día la democracia, sin duda, producto de la crisis social, está debilitada y Carabineros de Chile es su última línea de defensa. Lo que nosotros hacemos hoy es debilitar no solo la última línea de defensa de nuestra democracia, sino también la institucionalidad.
En verdad, me alegra -¡me alegra!- y me genera cierta esperanza en nuestra institucionalidad que haya al menos dos Senadores que están dispuestos a abstenerse, porque son capaces de enfrentar a las redes sociales.
¡Somos el Senado de la República! No podemos estar subyugados al miedo de que en las redes sociales nos vayan a funar o a decir algo, o de que podamos tener una baja en la aprobación. Tenemos una responsabilidad política; debemos ser responsables de nuestras acciones. ¡Somos parte de un Poder del Estado y tenemos que actuar con responsabilidad!
En verdad, eso, tal como lo hizo presente hace algún rato un Senador, a mí me da alguna esperanza de que esta Sala va a actuar con cierto coraje. ¡Eso es lo que uno echa de menos!
Acá son mayoritariamente hombres; somos pocas las mujeres.
Sin embargo, lo que a veces uno echa en falta, como lo dijeron en una alocución anterior, es coraje, porque en los pasillos varios admiten -como lo hicieron en la acusación contra el Ministro Chadwick- que no había elementos jurídicos para seguir avanzando. Pero casi ninguno se atreve a decirlo a cara descubierta.
Creo que no se deben usar las herramientas que da la Constitución para tratar de generar una forma de presionar, que puede ser legítima, pero, a mi juicio, es absolutamente inconveniente, pues termina deteriorando nuestra democracia.
Además, hago presente que el decreto que se usó para generar acciones preventivas viene del año 83, ¡del año 83! Da la impresión de que la Oposición no hubiese gobernado nunca antes; pero, de los treinta años de democracia, han gobernado como veintiséis, y usaron ese decreto durante todo el tiempo. Nunca lo modificaron. ¡Y resulta que recién ahora se les ocurrió que su aplicación provoca un efecto que atenta contra la Constitución!
Yo quiero agradecer a quienes han tenido la valentía de expresar lo que piensan, básicamente porque generan esperanza al saber que en este Senado de la República al menos hay personas con el coraje suficiente para plantear lo que realmente opinan de esta acusación, aunque ello vaya en contra de lo que dicen las redes sociales.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, Honorable Sala, la Senadora que me antecedió habló de la palabra "coraje". Me parece importante usarla.
Coraje necesita este país, lo necesitamos todos, principalmente quienes gobiernan, para enfrentar los problemas de fondo que esta sociedad está manifestando a través de protestas a lo largo y ancho de todo Chile; coraje para decir que esta Constitución se va a acabar y que vamos a concurrir a un plebiscito en que espero que la ciudadanía pueda decir democráticamente que quiere cambiarla para construir otro país, respetando la diversidad y a las minorías, pero claramente conformando otro pacto social.
Ahí radica el problema que el acusado, el Intendente Guevara, y su Gobierno no han entendido. Él representa al Ministerio de Interior, al Ejecutivo en la Región Metropolitana. Y uno lo entiende, pues en su última función, elegido democráticamente, fue Alcalde de Lo Barnechea, que es -si no me equivoco- una de las comunas más ricas de Chile. Entonces, le es difícil comprender el proceso que está teniendo lugar en la Plaza de la Dignidad.
Se señaló a los cuatro vientos de manera anticipada el copamiento de mil carabineros en plaza Italia. El Intendente dijo: "No tenemos manifestaciones autorizadas". ¿Y qué hizo? Anticipó una estrategia; una situación que generó violencia y los hechos que observamos.
La Constitución Política de la República establece en su artículo 19, número 13°, un derecho fundamental: "El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.".
Esto fue lo que se prohibió. Su estrategia de copamiento llevó a una situación francamente inadmisible de restricción de libertades y de capacidad para reunirse.
Y no seamos relativos al evaluar los hechos. Para el Año Nuevo concurrieron miles de personas a la Plaza de la Dignidad: hubo fiesta, se realizaron protestas, pero no se registró violencia.
Sin embargo, se planteó el copamiento, esta política anticipatoria, exponiendo a carabineros a una situación en que claramente sabíamos qué iba a ocurrir.
Se dice: "Mire, la Oposición niega, insiste en materia de acusaciones". Pero estamos ejerciendo un legítimo derecho constitucional. Lo hizo la Cámara de Diputados. Y colocados en esta discusión, nos tendremos que pronunciar como jurado.
¡Claramente la vamos a aprobar!
¡Claramente aquí hay restricciones!
¡Y claramente el Intendente Guevara -seguramente por su falta de experiencia- no visualizó esta situación!
Copamiento: anticipar mil carabineros.
¿En qué se tradujo? En más violencia.
Se ha hecho un llamado en esta Sala para ver cómo salimos de esto. Esta acusación -y ya veremos el conteo de los votos- tendrá una continuidad en otras acciones que seguramente se presentarán respecto de otros Ministros u otras autoridades, porque mientras no se resuelva el tema de fondo, que es la desigualdad, y el Gobierno no quiera hacer una agenda social sin letra chica, sin cuidarles los intereses a los poderosos, no va a haber la tranquilidad necesaria.
Lo mismo respecto de Carabineros.
El Ministro del Interior está en esta Sala: ¡todavía estamos esperando una propuesta sobre el particular! La semana pasada un grupo transversal de autoridades, de Senadores, de académicos presentaron una proposición para llevar a cabo una modificación profunda en esa institución.
Hoy día Carabineros de Chile se ha desfondado. Era un referente y ahora no goza de legitimidad. Hace dos días observamos una golpiza brutal a un joven en Puente Alto.
¡Ni en los peores años de la dictadura vimos algo así!
¿Cuántas otras situaciones ocurrirán y que no son registradas por una cámara? Y aquí no se dice nada. El Gobierno no se ha pronunciado acerca de las violaciones a los derechos humanos.
Sendos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch lo señalan: ¡masivas violaciones a los derechos humanos! ¡Carabineros fuera de control no solo en el orden público, sino también en materia de represión!
¿Y qué hacemos?
Cuando en marzo del año pasado asumimos la dirección de la Mesa, con el Senador Quintana, como Presidente, y quien habla en la Vicepresidencia, en la reunión protocolar con el Presidente de la República señalamos que uno de nuestros objetivos tenía que ver con las reformas constitucionales.
¿Qué se nos dijo? Que eso iba a quedar aparcado.
La historia fue más fuerte y pertinente, y nos indicó que tenemos un plebiscito.
¿Y qué planteamos sobre Carabineros y el orden público? El Ministro aquí presente se hallaba en otro Ministerio, pero recogió el punto: ¡profunda reforma en Carabineros!
Avancemos de una vez por todas para tener un escalafón único en esa Institución; refundemos Carabineros en una policía que termine con el clasismo existente en su interior.
¿Por qué no puede haber un escalafón único? Así tendrán acceso y capacidad operativa todos los carabineros, y no como ocurre ahora, con escalafones de suboficiales y de oficiales en que se dividen el trabajo.
Hagamos que los mejores estén dentro de la Institución.
Entendamos que con la actual forma de organización de Carabineros no habrá posibilidad de que recuperen la credibilidad. Ello no será factible mientras no se sancionen realmente las profundas violaciones en que han incurrido algunos de sus efectivos, porque no es posible que siete carabineros -porque tengo entendido que ni siquiera eran de Puente Alto- estén absolutamente autonomizados para golpear, perseguir y castigar a alguien de una manera brutal.
¡Eso no puede ocurrir!
¡Esto, desgraciadamente, está fuera de control!
Estamos a la espera del informe, de la propuesta del Ejecutivo respecto de Carabineros. ¡Todos queremos una policía con capacidad de gestión! Porque Carabineros está presente en todo Chile. Pero hoy día aquello no será posible mientras no se haga una reforma profunda en materia de inteligencia y en materia social.
Marzo, señor Presidente.
Le hemos solicitado encarecidamente al Gobierno que nos indique cuál es el programa para marzo, que nos diga cuál va a ser la estrategia para decir que se han escuchado las demandas de la comunidad en el ámbito previsional, en salud, en empleo, en derechos, en dignidad, para que la gente sienta que hay un cambio en la sociedad.
¡No vemos aquello! Simplemente se plantean leyes represivas, leyes que establecen nuevos tipos penales, creyendo que con eso se va a arreglar la situación.
Creo que ese es un mal camino, señor Presidente.
Me parece que el Intendente Guevara incurrió en una infracción de ley, conforme a lo que han señalado los Diputados acusadores.
Por lo tanto, voto a favor de la acusación presentada por la Cámara de Diputados.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, sin duda, este es un debate que se lleva a cabo en un momento complejo y difícil para nuestro país. Nadie puede discutir que estamos viviendo una crisis que tiene diversos ribetes, que plantea hechos que nos preocupan y que nos duelen a todos.
En ese contexto se desarrolla esta acusación constitucional.
Una pregunta que nos debemos hacer previamente es si nosotros, quienes tenemos una responsabilidad política ineludible, estamos actuando de manera correcta para enfrentar una situación como esta.
Lamentablemente, en la mayoría de los discursos de la Oposición -no en todos- los fundamentos de la acusación constitucional son obviados, no existen, y, por lo tanto, se pasa a una crítica política general: a la situación de Carabineros; a los informes de las organizaciones internacionales de derechos humanos; a distintos aspectos. Pero no se argumenta sobre la acusación constitucional.
Entonces, una cuestión básica para actuar de manera correcta es tener presentes los fundamentos jurídicos de una acusación constitucional, para saber si la aprobamos o la rechazamos. Porque la crisis social que vive nuestro país hoy día es responsabilidad de todos.
La ciudadanía -ya lo hemos dicho- desconfía de nosotros; nos critica a todos. Por eso, esa suerte de superioridad moral que de repente uno observa cuando se plantea que unos tienen la razón y los otros son quienes están actuando mal me parece que no da respuesta a la situación que estamos viviendo.
Por ello, la responsabilidad política de la que tanto se ha hablado aquí tiene que ver con actuar conforme a lo que son nuestras atribuciones, nuestras convicciones, pero por sobre todo con hacernos cargo de los argumentos que se nos presentan.
Indudablemente, el contexto marca esta acusación constitucional.
Así como algunos Senadores de enfrente plantean que en estas bancas no se oye una referencia en cuanto a la violencia del Estado en materia de derechos humanos, tampoco he escuchado decir aquí, en ninguna parte, que las decisiones que toman la policía, el Ministerio del Interior, las intendencias se hallan reflejadas, porque se han destruido miles de pequeños y medianos locales comerciales.
De eso no se habla; es como si no hubiera pasado: ¡y se trata de miles de pequeños y medianos locales comerciales! Basta caminar -si alguien puede hacerlo- por la zona de la Alameda y de la plaza Baquedano para darse cuenta de lo que han sufrido -y siguen sufriendo- esas personas durante todo este tiempo.
¿El copamiento o la acción policial estaba determinada para impedir que la gente se manifestara pacíficamente? No: era para evitar que esta situación continuara.
Señor Presidente, se quemó una iglesia a media cuadra de la plaza Baquedano: ¡ni una expresión al respecto! Se quemó una universidad a media cuadra de la plaza Baquedano: ¡ni una palabra sobre el particular!
Ante esos hechos, ¿qué debe hacer la autoridad? Tomar medidas de carácter preventivo para ir disminuyendo los riesgos. Y eso ha significado tener heridos y denuncias, pero también miles de carabineros heridos y edificios públicos quemados.
Por lo tanto, distingamos claramente entre manifestaciones y los hechos de violencia. Mientras ustedes sigan haciendo un esfuerzo para señalar que la violencia y las manifestaciones son una sola cosa, no vamos a poder enfrentar con claridad los temas de fondo de la sociedad chilena. Porque se podrá mejorar la jubilación de la gente, pero si los adultos mayores no pueden ir a cobrar su pensión porque sus cajas pagadoras fueron quemadas; si no se logra mejorar el transporte público, pues este fue quemado, en qué podemos cambiarles la vida a las personas de manera cotidiana.
Y en este debate hemos vuelto a intentar confundir a la opinión pública señalando que las manifestaciones y la violencia; la destrucción del comercio; la quema de los buses del transporte público; las heridas de los carabineros; las quemas de los edificios públicos; las quemas de las universidades y las quemas de las iglesias son lo mismo.
Creo que estamos cometiendo un error de juicio fundamental.
Por ello pienso que la responsabilidad de los intendentes, de la gente del gobierno interior es tomar todas las medidas policiales para prevenir y enfrentar aquello que la gente está demandando: la violencia que copa los barrios, que ha destruido el centro de ciudades como Concepción, Valparaíso, Antofagasta y muchas otras; que ha devastado el centro de Santiago y, particularmente, la Alameda al llegar a la plaza Baquedano.
Eso hicieron el intendente y Carabineros: tomar medidas preventivas en dos días. Y como no existe análisis acucioso de dos días, se ha buscado hacer creer que todas las víctimas de la violencia se produjeron en esos dos días.
¡Absolutamente falso! Las cifras son de tres meses, por lo que no se le puede atribuir a la acción policial preventiva, cuyo fin era evitar la violencia, todos los males que hoy enfrenta la sociedad, que son muchos y variados.
Con la Presidenta de nuestro partido, Jacqueline van Rysselberghe, fuimos a visitar a dos carabineras, de 25 y 20 años, que fueron quemadas en la plaza Baquedano: ¡cero análisis de ese hecho!
¿Dónde están los que las quemaron? Protegidos, sin duda, en este heroísmo de la manifestación, cuando verdaderamente se trata de violentistas a los que hay que enfrentar.
Señor Presidente, lamentablemente estoy pareado, y voy a cumplir con mi pareo; pero, sin duda, esta acusación constitucional claramente debe ser rechazada, porque no tiene ningún fundamento y equivoca el camino en cuanto a ver cómo podemos usar nuestras atribuciones en esta materia.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Finalmente, tiene la palabra el Senador Rafael Prohens.
El señor PROHENS.-
Señor Presidente, las acusaciones constitucionales se han transformado, desgraciadamente, en un juicio político a pesar de que la Constitución es clara en señalar que el Senado debe tomar una decisión como jurado, en conciencia y apreciando todos los antecedentes entregados en el juicio.
Tan así es que ninguno de nosotros puede emitir algún juicio sin llegar antes a esta instancia, porque de lo contrario quedaríamos inhabilitados.
Con esto no quiero decir que no tengan que existir contrapesos en el ejercicio del Poder Ejecutivo, el cual puede ser juzgado, y hoy lo estamos haciendo.
Un juicio político como el que se quiere llevar a cabo, atentaría contra el principio de la separación de poderes, donde el Legislativo no debería entrometerse en las labores del Ejecutivo.
La Constitución contempla causales claras y precisas, justamente para que no se considere cualquier acción de la autoridad como una infracción que pueda llevar a la destitución.
En este sentido, creo que acusar políticamente a un intendente por la estrategia policial utilizada para resguardar el orden público, no es otra cosa que entrometerse en las atribuciones que normativamente le corresponden a la autoridad regional.
Cada uno de nosotros podría evaluar el actuar del intendente, pero esa opinión personal no puede ser canalizada por medio de este proceso constitucional.
De esta forma, si nos basamos en opiniones políticas, donde habrá al menos dos posturas, corremos el peligro de caer en el absurdo de poder acusar siempre a una autoridad, y ello, lamentablemente, va a depender de quien tenga la mayoría en el Congreso, donde no se juzga la conducta sino la posición política del acusado.
Señor Presidente, fui Intendente de la Región de Atacama en un período muy complejo. Nos tocó enfrentar diversos estallidos locales, en Freirina y El Salvador, donde se dispuso de diferentes estrategias para relacionarnos con dirigentes y ciudadanos movilizados.
Algunos compartieron mis decisiones y otros no; pero lo cierto es que siempre tuve la libertad para enfrentar el conflicto social y solucionarlo sobre la base de mis atribuciones, sin verme enfrentado a la amenaza de ser juzgado por este Congreso.
Es el momento de enfocarnos en que nuestro país viva un proceso social en el marco de la institucionalidad, donde las autoridades administrativas sientan el respaldo de las autoridades políticas para recuperar a cabalidad el orden público, necesario para que los chilenos se manifiesten y decidan, especialmente en el plebiscito del 26 de abril.
He escuchado en esta Sala -y me llama la atención- como que todo parte del 18 de octubre del año 2019. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar, de relacionarnos con trabajadores permanentemente, nos hemos dado cuenta de que esto se incubó hace más de diez años. Nosotros solo hemos gobernado seis de los cuarenta años que estamos en democracia, y me pregunto si existe alguna crítica, ante toda la situación social que estamos viviendo hoy día, de quienes gobernaron mayoritariamente en el sentido de no haberse percatado de lo que se estaba incubando en Chile.
Creo que es tiempo -y quiero hacerme cargo de las palabras de la Senadora Goic y del Senador Pizarro- de que dejemos de lado nuestras posturas, de que pensemos y busquemos las soluciones en conjunto para el bien de nuestro país, que tanto lo necesita.
Por las razones expuestas, voto rechazo a esta acusación.
)----------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
En este momento ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador señor De Urresti, para ausentarse del país a partir del 10 de febrero en curso.
--Se accede a lo solicitado
)-----------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay más Senadores inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por no haberse alcanzado el
quorum
de la mayoría de los Senadores en ejercicio, se rechaza el Capítulo Acusatorio (18 votos a favor, 15 en contra, 2 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Kast, Moreira, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Goic y el señor Pizarro.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En consecuencia, por no haberse alcanzado el quorum de la mayoría de los Senadores en ejercicio, queda rechazada la acusación constitucional...
--(Aplausos y manifestaciones en tribunas).
Ruego a quienes nos acompañan en las tribunas permanecer en silencio. Esta sesión aún no ha concluido.
Decía que, por no haberse alcanzado el quorum de la mayoría de los Senadores en ejercicio, se rechaza la acusación constitucional deducida en contra del Intendente de la Región Metropolitana, señor Felipe Guevara Stephens, lo que se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes al afecto.
Me ha pedido la palabra, para un asunto reglamentario, el Senador Víctor Pérez.
Tiene la palabra.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, producto del resultado de esta votación, y teniendo presente que en la Cámara de Diputados el señor Intendente fue suspendido, solicito que el trámite de la notificación se haga con celeridad -está presente aquí-, para que pueda asumir inmediatamente sus funciones como intendente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bueno, como está suspendido -por favor, ruego a quienes están en las tribunas permanecer en silencio-, se debe dejar constancia y para ese efecto le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario, a pesar de que ya señalé que se va a comunicar la resolución del Senado, para todos los efectos, a las autoridades competentes.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Tal como lo disponen el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y el artículo 197 del Reglamento del Senado, es necesario realizar o efectuar el trámite de la comunicación del resultado de esta votación a las autoridades que en dichas normas se señalan, comunicación que normalmente se efectúa mediante oficio.
Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a lo indicado, en mi calidad de Secretario General puedo señalar que el señor Intendente, don Felipe Guevara Stephens, estuvo presente durante las dos sesiones especiales en las cuales se tramitó esta acusación constitucional y, también, en el momento en el cual se dio a conocer el resultado de la votación. Entendemos que esta presencia es una situación habilitante para tomar conocimiento del resultado, sin perjuicio de lo cual igualmente se efectuarán las comunicaciones escritas, las que se podrán entregar el mismo día de hoy al señor Intendente y sus abogados.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien.
Con dicha certificación se aclara el punto planteado por el Senador Víctor Pérez.
Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión especial, se levanta, sin perjuicio de dar curso reglamentario a la solicitud de oficio que ha llegado a la Mesa.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
--El oficio cuyo envío se anuncia es el siguiente:
De la señora RINCÓN:
Al Ministro de Hacienda y a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, requiriéndoles diversa y detallada información respecto de TOTAL DE MUJERES Y DE HOMBRES PENSIONADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, DESGLOSADO POR MONTO Y TIPO DE PENSIÓN, ASÍ COMO POR NÚMERO DE AÑOS COTIZADOS.
)---------(
--Se levantó la sesión a las 14:41.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción