REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 97ª, en lunes 20 de enero de 2020
Extraordinaria
(De 16:25 a 19:44)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y SEÑORA
XIMENA RINCÓN GONZÁLEZ, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y LA SEÑORA
PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero, y de Desarrollo Social y Familia, señor Sebastián Sichel Ramírez.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante; y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1.-
El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).
2.-
El que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (Boletín Nº 12.894-07).
3.-
El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín 12.234-02).
4.-
El que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado (Boletín N° 13.041-13).
5.-
El que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA (Boletín N° 12.662-11).
Con los dos siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.-
Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín N° 11.077-07).
2.-
La que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas (Boletín Nº 12.942-15).
3.-
La que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos (Boletín N° 12.535-21).
4.-
La que protege el empleo y fortalece el seguro de cesantía (Boletín N° 13.175-13).
5.-
La que modifica el sistema registral y notarial es sus aspectos orgánicos y funcionales (Boletín N° 12.092-07).
6.-
La que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín N° 11.919-02).
Con el último, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.-
El que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes (Boletín N° 12.233-01).
2.-
El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (Boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
3.-
El que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (Boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Cuatro de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, comunica la Resolución N° 863, del día 14 del mes en curso, adoptada por esa Honorable Cámara, por la que solicita al Senado acelerar la tramitación de los proyectos de ley que indica.
--Se toma conocimiento.
Con el siguiente, hace presente que ha dado su aprobación, con las enmiendas que señala, al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles (Boletín Nº 12.415-04).
--Queda para tabla.
Con el tercero, informa que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica (Boletín N° 13.090-25).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Con el último, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad (Boletín N° 12.239-31).
--Pasa a la Comisión de Salud.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las siguientes disposiciones:
Artículo 195, inciso tercero, parte final, y 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7.568-19).
Artículo 195, incisos segundo y tercero, 196 bis, y 196 ter, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7.448-19).
Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7.491-19).
Artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7.618-19).
Artículo 5, N° 3, y 135, inciso primero, del Código de Justicia Militar, artículos 559 y 560 del Código Orgánico de Tribunales, y artículos 78, frase primera, 110, 318 y 328 del Código Procesal Penal (Rol N° 6.761-19).
Artículos 470, inciso primero, y 473, inciso final, del Código del Trabajo (Rol N° 7.352-19).
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta diversas resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes normas:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 7.899-19, 8.094-20, 8.107-20, 8.117-20, 8.129-20, 8.131-20, 8.137-20, 8.138-20, 8.145-20, 8.146-20, 8.149-20, 8.155-20, 8.158-20, 8.162-20, 8.166-20 y 8.169-20).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 7.666-19, 7.954-19, 8.110-20, 8.115-20, 8.125-20, 8.126-20, 8.139-20, 8.141-20, 8.154-29, 8.156-20, 8.157-20, 8.167-20, 8.175-20 y 8.189-20).
Artículo 1°, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo (Rol N° 7.929-19).
Artículos 3°, letra b), 7° y 8° del Código del Trabajo (Rol N° 8.022-19).
Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil (Rol N° 7.872-19).
Artículos 1°, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo (Rol N° 7.868-19).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Finalmente, comunica sentencias de control de constitucionalidad recaído en los siguientes proyectos de ley:
-el que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín N° 12.431-07).
-el que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Boletín N° 13.116-03).
--Se toma conocimiento.
Del señor Ministro de Relaciones Exteriores:
Adjunta información sobre los requisitos que se exigen a los ciudadanos venezolanos para obtener la "visa de responsabilidad democrática".
De la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones:
Da respuesta a la consulta del Honorable Senador señor De Urresti acerca de seguridad vial, y sobre el proyecto de construcción de una ciclovía en la calle Pérez Rosales, en la comuna de Paillaco.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Se refiere a una consulta del Honorable Senador señor Pugh sobre el financiamiento público del Bote Salvavidas de Valparaíso.
Anexa datos -solicitados por el Honorable Senador señor Navarro- sobre el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos de la canasta familiar, y se refiere a la posibilidad de eliminar ese impuesto para esos productos.
Del señor Subsecretario de Justicia:
Informa, a petición del Honorable Senador señor Navarro, sobre las visitas otorgadas a la persona privada de libertad que indica.
Del señor Director del Servicio Electoral:
Da respuesta a la solicitud del Honorable Senador señor De Urresti relativa a la creación de circunscripciones electorales en los lugares que indica.
Del señor Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental:
Atiende inquietud del Honorable Senador señor De Urresti referida a un proyecto de construcción en el humedal Krahmer, en Valdivia.
De la señora Directora del Servicio de Salud Aconcagua:
Responde una consulta de la Sala referida a los heridos atendidos por centros asistenciales de la región, identificando a los niños, niñas y adolescentes, y las facilidades de acceso a esos recintos que se han otorgado al personal de la Defensoría de la Niñez y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Del señor Alcalde de Cañete:
Responde a consultas del Honorable Senador señor Navarro acerca de un microbasural ubicado en la comuna, del servicio de agua potable para los pobladores del sector La Curva, ubicado en la Villa Cayucupil, y sobre el estado de avance del proyecto de mejoramiento de la Plaza de Armas.
Del señor Alcalde de Curanilahue:
Adjunta copia del registro de Juntas de Vecinos de la Comuna, solicitada por el Honorable Senador señor Navarro.
De la señora Directora Ejecutiva (S) del Servicio Local de Educación Pública de Huasco:
Da respuesta a una consulta de la Honorable Senadora señora Provoste sobre la recuperación de las licencias médicas de los trabajadores de la institución.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes (Boletín N° 11.606-11).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prohíbe actividades en humedales y zonas aledañas (Boletín N° 12.484-12).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la Mujer y la Igualdad de Género, unidas, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República (Boletín N° 13.130-07).
--Quedan para tabla.
Permiso constitucional
Del Honorable Senador señor Ossandón, para ausentarse del país a partir del día 18 de enero en curso.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente, a pesar de que viene llegando el Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, quiero reiterar el permiso, ya solicitado por él, para que dicho organismo pueda sesionar en forma simultánea con la Sala de 16:30 a 17:30, dado que estamos terminando el capítulo de votaciones del proyecto de "Ley corta de Pesca".
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entiendo que también hay solicitudes de otras Comisiones que quieren sesionar en paralelo el día de hoy, así que vamos a ver y ahí procederemos.
Senador Quinteros, ¿era para lo mismo?
El señor QUINTEROS.-
Sí, señor Presidente.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos está viendo el proyecto que incorpora a los changos a la Ley Indígena, con reconocimiento oficial. Están las delegaciones de tres comunidades muy importantes. Sesionamos de una a dos de la tarde. El informe del Ejecutivo, particularmente el del Ministerio de Desarrollo Social, llegó hoy a las 13 horas. Vienen representantes del Gobierno a exponer el informe, y la Comisión tiene acordado votar.
Por consiguiente, solicito que nos autoricen para sesionar simultáneamente con la Sala de 17 a 18 horas, tiempo suficiente para conocer el informe y proceder a la votación de las indicaciones.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Hoy?
El señor NAVARRO.-
Hoy.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, pido que recabe el asentimiento de la Sala para que puedan ingresar el Subsecretario de Defensa, don Cristián de la Maza, y el asesor del Ministro Alberto Espina, don Pablo Urquízar.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, en la Cuenta se tomó conocimiento del oficio enviado por la Cámara de Diputados respecto del proyecto que modifica la ley N° 19.628, el cual puede ser votado rápidamente. La Cámara tuvo una dificultad. Es de público conocimiento. Y se hizo explícito el día jueves. Por lo tanto, se requiere el trámite en el Senado para que pueda constituirse la Comisión Mixta.
De ahí que pido tratarlo como si fuera de Fácil Despacho con el objeto de que pueda configurarse esa instancia bicameral.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para ver dicho proyecto como si fuera de Fácil Despacho en algún momento de esta sesión?
El señor DE URRESTI.-
¿Cuál, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
El "Chao Dicom". Así se lo conoce. Elimina las deudas de educación del Dicom.
El señor HARBOE.-
¿Cuál es su naturaleza?
La señora EBENSPERGER.-
¿De qué se trata?
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay acuerdo para verlo hoy.
La señora ALLENDE.-
¡Hay acuerdo, señor Presidente, pero explique de qué se trata!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, es el proyecto conocido como "Chao al Dicom", el cual, al igual que como este Parlamento ya lo ha hecho con los créditos del INDAP, con las cuentas de los servicios básicos, impide que las deudas aparezcan en el boletín comercial, en este caso las deudas educativas. Ya fue aprobado por el Senado; pasó a la Cámara de Diputados, donde hubo una dificultad en la votación, y necesita cumplir el tercer trámite para que se pueda constituir la Comisión Mixta.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Como bien dice la señora Senadora, el proyecto está en tercer trámite. O sea, ya fue conocido por el Senado en general y en particular. Además, se comunicó en la Cuenta de hoy y quedó para tabla. Simplemente, se trata de discutirlo en esta sesión, como si fuera de Fácil Despacho, para poder dar lugar a la Mixta.
¿Habría acuerdo?
El señor BIANCHI.-
¡Sí!
El señor HARBOE.-
¡Sí!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, laComisión de Infancia solicita autorización de la Sala para sesionar en paralelo entre las 17 y las 18 horas para avanzar en el proyecto sobre garantías.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien. Se harán las consultas sobre funcionamiento simultáneo con la Sala al final.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, pido que se autorice a sesionar en paralelo con la Sala, durante la sesión ordinaria del día de mañana, a partir de las cuatro y media, a la Comisión de Agricultura.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Como es para mañana, ¿habría acuerdo para acoger esta solicitud?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, del mismo modo, pido autorización para que la Comisión de Economía pueda sesionar paralelamente, de 18 a 19 horas, con el objeto de tratar el proyecto sobre portabilidad financiera.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, si los lunes vamos a trabajar en Comisiones, ¡no nos cite a sesión de Sala el mismo día!
¡Con todo respeto!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Por esa razón, señor Senador, he ido acumulando las peticiones para funcionamiento paralelo y no he sometido ninguna a la consideración de la Sala, salvo la de mañana, para su aprobación.
Quiero dar la palabra a todos los señores Senadores. Estamos atendiendo sus solicitudes, viendo los horarios, y de ahí se tomarán las decisiones.
Puede continuar, Senador Durana.
El señor DURANA.-
Simplemente, señor Presidente, quiero reiterar que mi petición es para que la Comisión de Economía pueda funcionar hoy de 18 a 19 horas para analizar el proyecto sobre portabilidad financiera.
El señor BIANCHI.-
¡No hagamos sesiones de Sala, entonces, señor Presidente!
El señor MOREIRA.-
¡Dejen las Comisiones para el jueves!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Todas las materias son importantes, pero ya vamos en la cuarta Comisión que solicita sesionar en paralelo.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, respecto del proyecto de delitos informáticos, ya aprobado por la Comisión de Seguridad, la Sala determinó que "pasara a la Comisión de Hacienda, en su caso". Y la verdad es que no contiene ninguna norma presupuestaria ni de similar tenor. Probablemente fue un error plantear originalmente la posibilidad de que fuera enviado a Hacienda, pues está en condiciones de ser tratado en forma directa por la Sala.
Repito: no contiene ninguna norma presupuestaria.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que el proyecto de delitos informáticos pasara directo a la Sala?
El señor BIANCHI.-
¡No!
El señor SANDOVAL.-
¡No!
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay acuerdo.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
La pedí denantes, señor Presidente, para aclarar que la iniciativa a que se refirió la Senadora Provoste no apunta a las deudas, sino al registro en el Dicom. No es que condone deudas o algo así.
Eso era, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Gracias, señora Senadora.
La Sala ya resolvió que se vería en esta sesión.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, quiero pedir que se abra un plazo acotado para formular indicaciones -podría ser hasta las seis y media o siete de la tarde de hoy-, para tramitarlas en la sesión de mañana de la Comisión de Educación, respecto del proyecto que crea el servicio especializado de reinserción social juvenil. Sería para ver algunas pocas indicaciones el día de mañana y así poder despachar definitivamente de la Comisión dicha iniciativa.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Se recibirían en la Secretaría de la Comisión?
El señor LATORRE.-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Cuál sería la hora límite?
El señor LATORRE.-
Hasta las siete de la tarde.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien.
Entonces, se abre plazo para presentar indicaciones, hasta las 19 horas de hoy, en la Secretaría de la Comisión de Educación.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Señores Senadores, cuatro Comisiones han solicitado funcionar en paralelo con la Sala el día de hoy: Pesca, Derechos Humanos, Infancia y Economía.
Les pregunto a los Presidentes de estos organismos: ¿cuál es la que debe tratar un asunto que necesariamente deba verse hoy?
Entre paréntesis, este es el último lunes en que habrá sesiones. Para la próxima semana, en el evento de que se llegare a citar nuevamente, no se considerará el lunes. Este es el último.
Vuelvo a preguntar, entonces: ¿alguna de las cuatro Comisiones debe discutir alguna iniciativa urgente, como la que planteó la Senadora Provoste, que requiere el trámite en la Sala para que pueda conformarse la correspondiente Comisión Mixta, o alguna de las materias puede dejarse para algún otro día?
El señor NAVARRO.-
Habría que ver la urgencia.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Son todos temas urgentes, pero, si autorizamos a las cuatro Comisiones, tendremos serios problemas con el funcionamiento de la Sala, donde se tratarán asuntos complejos el día de hoy.
El señor NAVARRO.-
Yo tengo invitados a la Comisión, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senadora Rincón, ¿alguna propuesta?
La señora RINCÓN.-
No, señor Presidente, más que propuesta, quiero explicar.
Hoy día íbamos a sesionar antes de la Sala. Yo tuve un problema médico y no pude llegar a tiempo. Están los representantes del Gobierno acá y estamos avanzando muy bien entre el Gobierno y la Oposición. Por eso planteé la posibilidad de sesionar en paralelo. No es otra la razón.
Está el Ejecutivo aquí, y me parece pertinente que la Comisión de Infancia se reúna.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Vamos a ver qué materias de las que han sido señaladas por los Presidentes de las Comisiones tienen mayor urgencia, para así poder sugerir alguna propuesta de solución o bien determinar qué Comisión puede postergar sus labores.
Estoy partiendo de la base de que no hay acuerdo para que sesionen las cuatro el día de hoy.
El señor SANDOVAL.-
¡No!
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay acuerdo.
Entonces, seguimos adelante con los asuntos de la tabla.
Senador Moreira, ¿alguna propuesta?
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, yo entiendo que una o varias Comisiones puedan haber sido citadas, pero lo que no entiendo -y esto no les va a gustar a algunos- es por qué razón, si hay tanta pega, no trabajamos la próxima semana. ¡Eso es lo que no entiendo! Y tenemos que ver todo a matacaballo: "hagamos esto", "hagamos esto otro", ¡cuatro Comisiones funcionando en paralelo!
Hoy día se ven en Sala dos proyectos muy importantes que les interesan a ustedes, entre ellos el de la paridad.
Entonces, ¡discutámoslos acá!
Yo no tengo ningún problema -y lo he dicho; estoy de acuerdo, aunque se enojen muchos- que la próxima semana no sea regional y trabajemos. Si hay tanta pega, ¡terminémosla!
El señor QUINTANA (Presidente).-
En ningún momento se ha descartado esa posibilidad, señor Senador. Lo que pasa es que corresponde a una decisión de los Comités que se verá en el momento oportuno.
Bien.
No existe ninguna fórmula para resolver el tema del funcionamiento paralelo de las Comisiones. Y comparto la opinión del Senador Moreira en cuanto a que no podemos tratar los proyectos a matacaballo, lo cual es válido para todos ellos. Esta mañana escuchamos que el Gobierno quería despachar en dos semanas un proyecto que aborda un asunto que se arrastra desde hace cuarenta años: el de las pensiones. No sé si en ese lapso se pueda aprobar totalmente esa iniciativa.
Pasamos al primer proyecto de la tabla.
REGULACIÓN DE ESTADO DE ALERTA PARA PREVENIR DAÑOS A INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
El señor QUINTANA (Presidente).-
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Senadores señora Aravena y señor Pugh, en primer trámite constitucional, que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.086-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señora Aravena y señor Pugh):
En primer trámite: sesión 75ª, en 26 de noviembre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 85ª, en 17 de diciembre de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es permitir que el Presidente de la República pueda decretar que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país cuando exista un peligro grave que la afecte, sin que esta medida pueda, en caso alguno, implicar una suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece la Carta Fundamental.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, por tratarse de un proyecto de reforma constitucional con urgencia calificada de "discusión inmediata", y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, dicha instancia discutió la iniciativa en general y en particular. Asimismo, propone a la Sala que la considere de igual modo.
La Comisión aprobó en general el proyecto de reforma constitucional por la mayoría de sus miembros, Senadores señores Allamand, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela, con el voto en contra del Senador señor De Urresti. Y lo aprobó en particular con las modificaciones y votaciones que consigna en su informe.
Del mismo modo, el informe deja constancia de que la Comisión acordó cambiar la denominación de la iniciativa por la siguiente: "proyecto de reforma constitucional que concede al Presidente de la República la atribución para decretar que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica en el caso que indica, sin que esta medida pueda afectar o restringir los derechos y garantías que establece la Constitución Política".
Esta enmienda se hizo, según se señala, para definir de mejor manera el objetivo de este proyecto de reforma constitucional.
Cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 127 de la Carta Fundamental, el proyecto de reforma constitucional requiere para su aprobación el voto conforme de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, de 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna entre las páginas 44 y 45 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En la discusión general y particular del proyecto, tiene la palabra al Senador Felipe Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución, para entregar su informe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, la iniciativa de reforma constitucional cuyo estudio inicia la Sala del Senado, tiene por objeto permitir que el Presidente de la República pueda decretar que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país cuando exista un peligro grave que la afecte, sin que esta medida pueda implicar en caso alguno una suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece la Carta Fundamental.
Originalmente el Ejecutivo propuso a esta Corporación aprobar un proyecto para modificar la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, con el fin de otorgarles la función de proteger la infraestructura crítica del país, cuando fuere indispensable para la seguridad nacional (boletín N° 13.088-02).
El estudio de esta iniciativa en la Comisión de Defensa Nacional generó muchas dudas sobre su constitucionalidad y la conveniencia de regular estas materias en una ley sin modificar previamente la Constitución Política de la República, como era la intención del Ejecutivo.
El Gobierno aceptó dichas observaciones y acogió la idea de hacer una enmienda constitucional en esta materia.
Durante el análisis de este asunto, el Ministro de Defensa Nacional expresó que es fundamental que cuando exista un peligro para la infraestructura crítica del país las Fuerzas Armadas puedan protegerla, de manera que Carabineros de Chile se encargue exclusivamente de resguardar el orden público y la seguridad pública.
Explicó que en el último tiempo, si bien se ha dado lugar a una serie de demandas y manifestaciones legítimas, se han producido actos de violencia, vandalismo, saqueos y una grave alteración del orden público.
Frente a esta situación, sostuvo que el Ejecutivo consideró necesario que el Jefe de Estado pueda requerir, bajo determinadas circunstancias, que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica, sin afectar los derechos de las personas ni hacerse cargo de la mantención del orden público. Acotó, a modo de ejemplo, que en esa situación se encuentran servicios de infraestructura de agua potable, de electricidad y de gas, entre otros, cuya interrupción podría colapsar las ciudades y las familias de nuestro país.
La Comisión, antes de adoptar una resolución en esta materia, concordó que en ningún caso este tipo de medidas podía significar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que consagra esta Constitución o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Asimismo, tuvo a la vista que en otras latitudes y bajo circunstancias extraordinarias, países democráticos autorizan la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas para dar protección a la infraestructura básica o crítica del país.
Igualmente, se tuvo en consideración que la actual Ley Fundamental permite la participación de estas en otras materias que no comprendan la seguridad nacional, tal como lo prescribe el inciso final del artículo 18 de la Carta Fundamental, que les confiere el deber de resguardar el orden público durante los actos electorales y plebiscitarios.
Por último, la Comisión consideró fundamental que el Presidente de la República deba informar a la brevedad al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución y que ella solo se podrá prorrogar por una vez, con el acuerdo del Congreso Nacional.
A partir de estas premisas, la mayoría de los integrantes de la Comisión acordó sacar esta materia del capítulo relativo a las excepciones constitucionales y modificar el numeral 17° del artículo 32 de la Constitución Política de la República, para establecer que cuando exista peligro grave para la infraestructura crítica del país el Presidente de la República podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo.
Se acordó que el referido decreto, debidamente fundado, será suscrito, además, por los Ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. Esta medida no podrá extenderse por más de treinta días corridos y solo se podrá prorrogar por una vez con el acuerdo del Congreso Nacional.
Igualmente, se precisó que la infraestructura crítica comprende las instalaciones, sistemas o componentes de empresas o servicios, cualquiera que sea la naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública, cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Asimismo, que la noción de infraestructura crítica incluye las instalaciones del Gobierno, del Congreso, del Poder Judicial y de los órganos de la Administración del Estado.
Por otra parte, se dispuso que el Congreso Nacional determine, mediante una ley, los órganos, empresas y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría.
Tal como ya indiqué, en ningún caso el ejercicio de esta atribución presidencial podría implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Asimismo, el Presidente de la República deberá informar a la brevedad al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución.
Finalmente, se precisa en una disposición transitoria que, mientras no se dicte la mencionada ley, la determinación de los órganos, empresas o servicios que forman parte de la infraestructura crítica se realizará mediante decreto supremo que será suscrito, además, por los Ministros encargados de la Seguridad Pública y la Defensa Nacional.
Desde luego, este decreto quedará sometido al control de constitucionalidad que ejerce la Contraloría General de la República y al control político del Congreso Nacional.
Señor Presidente, la mayoría de los integrantes de la Comisión concurrió a este acuerdo en el entendido de que a través de esta reforma no se crea un nuevo estado de excepción constitucional y que en ningún caso -repito- el ejercicio de esta atribución presidencial podría implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Por todas estas razones, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento aprobó esta iniciativa con los votos favorables de los señores Allamand, don Andrés; Pérez Varela, don Víctor; Huenchumilla, don Francisco; Harboe, don Felipe; y con el voto en contra del Senador De Urresti, don Alfonso.
En consecuencia, por la mayoría de sus miembros, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento propone a la Sala aprobar esta iniciativa bajo las premisas ya indicadas.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, le había pedido la palabra hace cuarenta minutos para decir que retirábamos una petición de la Comisión de Pesca.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Yo entendí que la Senadora Carmen Gloria Aravena hizo referencia al mismo tema, y que usted asintió en su oportunidad.
Tiene la palabra el Senador Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto de ley, que nació de una moción que presenté junto con la Senadora Carmen Gloria Aravena, busca dar un nuevo instrumento al Presidente de la República.
Quiero valorar en esta Sala el trabajo de la Comisión de Constitución, que tomó esa iniciativa y la mejoró, de tal forma de encontrar el mejor lugar, la geografía en donde instalarla para facultar al Presidente con un instrumento adicional, que tiene por objeto resguardar aquellas instalaciones de las cuales dependen no solo los servicios básicos, como algunos creen, sino también la identidad o la vida de las personas.
La protección de la infraestructura crítica es hoy en día una necesidad, y en Chile el 85 por ciento de su vigilancia está en manos de privados. Alguien podría decir que basta con ello. Pero eso no ha dado resultado en el mundo, y ha tenido que ser suplementado, aumentado con fuerzas adicionales preparadas y entrenadas con tal fin.
Hoy estamos discutiendo una reforma constitucional, y por eso quiero recordar que nuestra Constitución habla del "Ministro encargado del orden público". ¿Y por qué? Porque lo que se busca es, precisamente, que sea ese Ministro el que mantenga el orden público y, además, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en lugares precisos, el que proteja la infraestructura crítica.
Esa es la esencia del proyecto, y eso se permite de la forma prevista en el artículo 32 de la Constitución, que faculta al Presidente no solo para disponer el entrenamiento de las Fuerzas Armadas, sino para que ellas puedan actuar, en caso de extrema gravedad, de un ataque inminente.
Las Fuerzas Armadas están preparadas para eso. Yo cito el caso de la Operación Sentinelle en Francia, en 2015, en que diez mil soldados y cuatro mil setecientos policías actuaron en conjunto bajo la dirección de una autoridad equivalente a un Ministro de Seguridad Pública. Y, en esa oportunidad, lograron contener una serie de atentados planificados a la infraestructura crítica, incluso hasta un ataque al museo del Louvre, en que un soldado resultó herido por tratar de evitar que una obra de arte de gran valor para la identidad francesa fuera atacada.
La infraestructura crítica la deben definir los países. Y, por eso, este mismo proyecto de ley considera que, mientras no tengamos un organismo encargado de hacerlo, ella se defina por decreto. Pero el problema no solo es definirla, sino también saber qué significa. Tomemos un solo ejemplo: la Región Metropolitana, con casi ocho millones de habitantes, depende de toda la energía fósil que ingresa a Chile a través de un área que además está saturada: Quintero-Puchuncaví. Y si no existiera capacidad para recibir todos esos combustibles, esa región dejaría de funcionar.
Por lo tanto, la infraestructura crítica es realmente crítica.
La electricidad, si se corta, puede generar problemas gigantescos; y, si afecta a los aeropuertos, es posible que se produzcan situaciones realmente trágicas como colisiones de aeronaves.
Entonces, yo llamo a los legisladores a tomar conciencia de que hoy tienen la tarea de dar un instrumento más al Presidente; pero lo más importante, una señal clara a la ciudadanía de que lo que se busca es que el Ministerio encargado de la seguridad pública cuente con herramientas necesarias para ir actuando en forma gradual. Y esto no significa que no se usen todos los elementos que existen: guardias privados, policías en aquellos lugares en que se requiera y fuerzas militares entrenadas y capacitadas.
Las Fuerzas Armadas chilenas están preparadas para esto. Y de ahí que debemos ser capaces de entender que una operación militar de una naturaleza de este tipo se tiene que definir, se tiene que practicar, se tiene que entrenar. Y las Fuerzas Armadas deben dar a todo el mundo garantías de que las armas puestas a su disposición serán bien usadas.
Esa es la mejor forma de regular este proceso, y le permitiría al Presidente de la República, a través de su Ministro encargado de la seguridad pública, hacerse cargo.
Invito a las Senadoras y los Senadores a apoyarnos a la Senadora Carmen Gloria Aravena y a mí. Y felicito nuevamente a la Comisión de Constitución del Senado no solo por lograr cambiar el nombre del proyecto para que aluda exactamente a lo que queremos, sino también por encontrar el mejor lugar en la geografía de la Constitución para que este nuevo instrumento le permita al Presidente de la República disponer de herramientas para garantizar el orden público.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, este Senado vota hoy un proyecto de reforma constitucional, ni más ni menos. Y es para habilitar a las Fuerzas Armadas a fin de proteger la infraestructura crítica del país cuando exista "un peligro grave", mediante decreto del Presidente de la República.
En nombre de la bancada del Partido Socialista debo señalar que este proyecto es un error técnico y un despropósito político.
Desde el punto de vista constitucional, las Fuerzas Armadas cumplen funciones de protección de la seguridad exterior del país. Cuando se requiere que actúen dentro del territorio, la Constitución establece estados de excepción muy específicos según el tipo de riesgo de que se trate.
Sin embargo, en el proyecto que discutimos ahora se entrega una nueva atribución a las Fuerzas Armadas para la cual no están preparadas, por no contar con capacidades, herramientas ni recursos especializados para hacerlo adecuadamente.
Además, los requisitos para que el Presidente de la República, sea quien sea el que esté en el cargo, decrete esta autorización son muy laxos, y esto implica que la decisión sea esencialmente discrecional y no sujeta a control.
El concepto de infraestructura crítica que propone el proyecto es extremadamente amplio: contempla las instalaciones, sistemas o componentes que atiendan servicios de seguridad pública. Aquí caben las empresas eléctricas, de transportes y hasta las productoras de alimentos. Ni siquiera hay una enumeración. Pero sí la hay en otro texto legal, que está vigente, el decreto ley número 3.607, de 1981, que exige a las empresas estratégicas y servicios de utilidad pública la mantención de sus propios servicios de vigilancia para resguardar sus instalaciones.
Además, por cierto -vale la pena recordarlo otra vez-, está la facultad del Presidente de la República para decretar un estado de emergencia a fin de realizar exactamente la misma tarea.
Hemos dicho que eso es inaceptable, porque no es un rol que le corresponde asumir a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Y hay que tener presente también que estas capacidades se demoran mucho tiempo en ser desarrolladas.
Asimismo, recuerdo que este proyecto permite que el concepto de infraestructura crítica comprenda al Gobierno, al Congreso Nacional, al Poder Judicial y a los órganos de la administración del Estado. Esto es, el Presidente de la República podrá decretar que las Fuerzas Armadas resguarden a los otros poderes del Estado: movilizarlas para resguardar la Corte Suprema, el Congreso Nacional, e incluso, tomar el control de sus redes o sistemas informáticos.
Aquello no suena demasiado prudente, señor Presidente.
Esto también es un despropósito político. Debe ser fácilmente el cuarto o quinto proyecto urgente que se trae a este Congreso para fines no considerados en la agenda de seguridad que hemos concordado. Es lógico preguntarnos entonces por qué esta nueva improvisación, por qué se manifiesta esta amenaza directa a nuestra democracia haciendo caso omiso de nuestra historia y sin proporcionar ninguna protección mayor en ningún caso.
Nosotros no tenemos objeciones para discutir los asuntos de seguridad, pero creemos que el Gobierno se equivoca al ponerlos en el centro del conflicto político, como parte de ese enfrentamiento. Eso les hace daño a las propias Fuerzas Armadas y al país.
Ciertamente, la primera obligación de un Gobierno es asegurar el orden público, pero eso debe enfrentarse con decisión, sin rodeos, sin distracciones, atendiendo las demandas sociales que plantea la gente.
Cómo explicamos a la ciudadanía que hay tres quintos del Congreso disponibles para dar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, cuando no los hay para cambiar la regulación sobre el agua ni para enfrentar la prolongada sequía y cuando no se mandan aún los proyectos de ley que tanto ha requerido la población desde su movilización social del 18 de octubre.
Pedimos coherencia en el debate. Hay que recuperar la confianza de la gente para que las personas que han salido a protestar sientan que están siendo escuchadas, que sus prioridades están siendo recogidas, que vale la pena seguir el camino del plebiscito y la salida institucional.
Señor Presidente, este no es un asunto ligero. Nosotros no queremos ver nunca más a nuestras Fuerzas Armadas con sus armas en las calles del país. Creemos que este proyecto es extremadamente peligroso. Y, por esta razón, la bancada del Partido Socialista lo va a votar en contra.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa, don Alberto Espina.
El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero reconocer el trabajo que hizo la Comisión de Constitución y hacerme cargo de una aseveración que acaba de formular el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
Uno puede estar de acuerdo o no con un proyecto, y está en su legítimo derecho. Lo que no puede decir, no solo porque no le consta, sino porque es lo contrario, es que en esta iniciativa ha existido improvisación. Afirmar eso, en primer lugar, es una ofensa a los integrantes de la Comisión que la trataron en forma acuciosa, profesional, al punto que el texto original que ingresó el Gobierno decía relación con una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y terminó acogiéndose lo señalado por los Senadores de la Comisión de Defensa y de Constitución en cuanto a que lo correcto era que fuera una reforma constitucional, que se cambió considerablemente, acogiendo las buenas ideas que surgieron de ese debate.
Entonces, se descalifica esta iniciativa señalando que es improvisada, no obstante que este Ministro y los parlamentarios nos hemos tomado todo el tiempo para mejorarla.
Señor Presidente, como lo he hecho en la totalidad de los proyectos relacionados con la Defensa, he conversado prácticamente con todos los miembros del Senado, -¡con todos!-, de manera individual, para recoger sus inquietudes, saber sus aprensiones y mejorar el texto.
La verdad es que esta iniciativa es el fruto de la experiencia recogida precisamente a raíz de la declaración del estado de emergencia.
En nuestra legislación, desde la normalidad, en que el orden público le corresponde a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, nuestra legislación da un salto cuando se produce una grave alteración al orden público o estamos frente a una calamidad pública y le entrega ese control a las Fuerzas Armadas.
Pero no hay una etapa intermedia que realmente permita, frente a situaciones que puedan estar afectando nada menos que a la infraestructura crítica de nuestro país, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, ¡colaborar!, sin facultades de orden público para resguardar y cuidar esa infraestructura.
Señor Presidente, durante los primeros días, después de que se produjo el estallido social, hubo ataques a la infraestructura crítica de nuestro país.
Daré algunos ejemplos.
Tocopilla: dos personas fueron detenidas mientras acumulaban objetos de fácil combustión sobre una matriz de agua potable que abastece a toda esa comuna. De haberse concretado el hecho, habría provocado graves consecuencias en el sistema de abastecimiento, afectando la salud de las personas.
Alto Hospicio: manifestantes incendiaron instalaciones de la red de fibra óptica de Iquique y Alto Hospicio.
Copiapó: una turba atacó la subestación de la Compañía General de Electricidad de esta ciudad y saqueó sus instalaciones, causando grave efecto para la comunidad.
Región del Biobío: desconocidos intentaron derribar torres de alta tensión.
Alto Hospicio, nuevamente: personas atacaron las instalaciones y postes que permiten el despliegue de la fibra óptica de la Región de Tarapacá.
Caldera: exactamente lo mismo.
Este proyecto, señor Presidente, no hace otra cosa que modernizar nuestra legislación, porque establece -así se discutió en la Comisión- la medida en comento sin necesidad de que el Presidente de la República decrete estado de emergencia por grave alteración del orden público, lo que significaría entregarles a las Fuerzas Armadas el control del orden público, lo que al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra no le parece correcto ni adecuado. Entonces, esta iniciativa le da exactamente una solución a la inquietud de los señores Senadores que han expresado que rechazan aquello.
¿Cuál es? Que el Presidente de la República, cuando exista un peligro grave -¡peligro grave!- para la infraestructura crítica del país, pueda resolver, a través de un decreto debidamente fundado -¡debidamente fundado!-, del cual toma razón la Contraloría General de la República, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del resguardo de dicha infraestructura por un período de treinta días, prorrogable por otros treinta.
¿Me da un minuto más, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Continúe, señor Ministro.
El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).-
Muchas gracias.
Entonces, estamos frente a una decisión muy importante como país.
Va a haber seis actos electorales este año, que estarán a cargo de las Fuerzas Armadas: el plebiscito y las demás elecciones.
No queremos, como Gobierno, que, frente a una alteración que ponga en riesgo la infraestructura crítica, se tenga que decretar un estado de emergencia, porque en tal caso se entrega todo el control del orden público a las Fuerzas Armadas.
Lo que hace este proyecto precisamente es no entregarles a las Fuerzas Armadas todo el control del orden público, por cuanto se procede mediante una resolución fundada del Presidente, por un período de treinta días, con informe al Parlamento y toma de razón de la Contraloría, con el fin de resguardar la infraestructura crítica, que son los servicios del agua potable, de la electricidad; probablemente las comunicaciones, los aeropuertos, todo lo cual requiere ser protegido para que el país pueda desarrollar sus actividades con plena normalidad.
Además, se define qué es infraestructura crítica. Los miembros de la Comisión de Constitución señalaron que son las "empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública" -¡solo servicios de utilidad pública!- "cuya perturbación en su funcionamiento o su destrucción tendría un grave impacto sobre la población". ¡Grave impacto sobre la población!
Luego, se agrega una segunda categoría de infraestructura crítica: "el Gobierno, el Congreso Nacional, el Poder Judicial y los órganos de la Administración del Estado".
Una ley establecerá la nómina de tales entidades, con lo cual se determinará con claridad cuál es la infraestructura crítica de nuestro país.
Adicionalmente, el Contralor General de la República tomará razón del decreto respectivo y se informará de la decisión inmediatamente al Parlamento. Se deberá dar cuenta exactamente de los efectos que producirá la medida.
Y existirá responsabilidad política de los Ministros que corresponda frente al uso de este instrumento.
Señor Presidente, esta medida existe en muchos países. En efecto, para evitar que las Fuerzas Armadas se involucren en situaciones de orden público, que es un rol de las policías, en muchas partes se permite que aquellas resguarden, como decía el Senador Harboe, en forma estática la infraestructura crítica. Se establece expresamente que la función policial se mantiene, sin que puedan las Fuerzas Armadas intervenir en ese ámbito.
Brasil, México, Colombia, Inglaterra, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda son países que cuentan con un instrumento de esta naturaleza.
Si tal alternativa no existe, al Presidente de la República solo le queda una opción: decretar estado de emergencia si el día de mañana grupos de personas quieren causar daño al proceso democrático que vive el país.
A mí me resulta contradictoria la postura de los parlamentarios que creen que las Fuerzas Armadas no deben salir a cumplir funciones de orden público. El Gobierno acoge su petición; decide apoyar un proyecto para que ellas se hagan cargo no del orden público, sino solo de la infraestructura crítica, y se nos critica igual, pese a que quieren que las Fuerzas Armadas se encarguen precisamente de lo que se ha pedido custodiar.
Finalmente, se propone un artículo transitorio, en el cual se establece que inicialmente el Presidente de la República va a poder decretar, dentro de los parámetros que señalé, cuál es la infraestructura crítica, de lo cual se informará al Congreso y tomará razón la Contraloría.
Señor Presidente, quiero pedirle al Senado su respaldo.
He sido casi dos años Ministro de Defensa. Todos los proyectos de ley que he presentado han sido aprobados por esta Corporación, porque los hemos hecho en conjunto, los hemos hecho trabajando en equipo. Nunca ha existido de nuestra parte la negativa a incorporar una buena idea.
Planteamos esta iniciativa, porque creemos que la defensa de la infraestructura crítica de Chile, entre otras cosas -así lo hicimos cuando derogamos la Ley Reservada del Cobre; cuando tomamos más resguardo respecto de los gastos reservados, y espero que lo hagamos esta semana con relación al proyecto que modifica la Ley de Inteligencia-, es una materia que debe abordarse en forma absolutamente transversal.
Les pido aprobar esta iniciativa. Sabemos que requiere un quorum de tres quintos de los Senadores en ejercicio.
Proponemos este proyecto confiando en que iba a prevalecer el sentido de buscar que nuestro país tenga un año de normalidad y tranquilidad, sin alterar el rol de orden público que corresponde a las policías, y permitiendo en situaciones excepcionalísimas, o sea, "cuando exista peligro grave para la infraestructura crítica del país", y sin facultades en materias de orden público, que las Fuerzas Armadas realicen funciones de resguardo.
Por esas consideraciones, señor Presidente, el Gobierno solicita a esta Sala que apruebe la presente iniciativa.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, hay dos tipos de consideraciones necesarias para abordar este proyecto: la primera, de naturaleza jurídica, y la segunda, de naturaleza política.
Respecto a lo jurídico, lo que hace este proyecto finalmente es establecer una suerte de nuevo estado de excepción constitucional, donde las Fuerzas Armadas asumen un rol de seguridad pública interior, que, conforme a lo dispuesto en el artículo 101, inciso segundo, de nuestra Constitución, le corresponde de forma exclusiva a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Si se considera, además, que esta medida se debe fundar en la existencia de un peligro grave para la infraestructura crítica del país, en el entendido que las Fuerzas de Orden y Seguridad no pueden cumplir de forma adecuada con esta misión, entonces estamos ante un escenario que no puede ser calificado como algo normal. Esto, más allá de que se diga que con este proyecto no se limitan derechos y garantías fundamentales de las personas.
El carácter excepcional de esta medida se hace aún más evidente si se considera que para aplicarla se requiere un decreto fundado suscrito por el Presidente de la República, junto con los Ministros de Defensa y del Interior, el cual no se podrá extender por más de treinta días, renovable por una sola vez.
No se entiende, en este contexto, que el proyecto pretenda establecer tales atribuciones como parte de las facultades normales del Presidente de la República y no como un nuevo estado de excepción.
Por otra parte, este proyecto establece de manera amplia que el Presidente podrá disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del resguardo de infraestructura crítica del país.
De esta forma, si se considera como infraestructura crítica, por ejemplo, un supermercado que está en medio de un sector densamente poblado, con este proyecto el personal militar a cargo podría perfectamente definir un perímetro de veinte cuadras para cumplir su cometido. Así, tendríamos en la práctica una zona con población civil bajo control militar, sin que se haya dictado un estado de emergencia constitucional.
Por otra parte, señor Presidente, la definición de infraestructura crítica es tan vaga y amplia que perfectamente se podrían destinar unidades militares, sin que exista un estado de emergencia, para el resguardo de un mall, de las oficinas corporativas de una empresa eléctrica, de una AFP o de una isapre, ya que cabrían en la noción de empresa que atiende servicios de utilidad pública cuya perturbación en su funcionamiento tendría grave impacto en la población.
Cabe preguntarse, además, si son tan relevantes para la vida diaria, por ejemplo, las empresas sanitarias proveedoras del principal elemento de vida, ¿por qué están en manos de privados y no es el Estado el que administra algo tan esencial como es el agua?
En este sentido, no basta con señalar que una ley posterior va a determinar qué órganos, empresas y servicios van a estar dentro de esa categoría, ya que una simple ley no puede solucionar los excesos o deficiencias de una norma constitucional.
Respecto a lo político, señor Presidente, no podemos seguir avalando la forma como el Ejecutivo está enfrentando la profunda crisis social que vive nuestro país, la cual se basa en legítimas demandas ciudadanas.
No es aceptable que se sigan enviando o patrocinando proyectos de reformas legales y constitucionales para que se discutan bajo urgencias de "discusión inmediata", con los cuales se busca crear supuestos nuevos delitos, aumentar penas sobre las ya existentes y entregar facultades a militares y policías sin que existan mayores controles sobre estas instituciones.
La ciudadanía exige que de una buena vez el Gobierno mande proyectos de ley para hacernos cargo de los temas urgentes: las pensiones, cuya iniciativa veremos en fecha próxima; sueldos decentes; un sistema de salud que ayude de verdad a quienes están en una situación de mayor desamparo; sanciones reales a los abusos cometidos en contra de los ciudadanos desde el sector público y privado. Todo esto, sin letra chica.
Yo no me voy a sumar al evidente intento del Gobierno de atrincherarse, acumulando un conjunto de normas y atribuciones que le permita viabilizar, a punta de represión, lo que le queda de su Administración, frente a las manifestaciones sociales que, por lo que se espera, recrudecerán con especial intensidad a partir de marzo.
Nuestra labor es representar y canalizar las demandas ciudadanas y no mantener intacto, a toda costa, un modelo económico y social que privilegia a unos pocos, en desmedro de la gran mayoría.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, este proyecto hay que entenderlo en lo que implica en sí mismo y no darle otras características que, en mi modesta opinión, no tiene.
Esta iniciativa entró a tramitación el 26 de noviembre del 2019 mediante una moción parlamentaria, y estamos ya a mediados de enero -han transcurrido casi sesenta días- discutiéndola en la Sala, como dijo el señor Ministro y los miembros de la Comisión de Constitución, después de un análisis bastante serio y sereno, que implicó modificar sustancialmente la propuesta inicial.
Eso, a mi juicio, habla bien del trabajo que se ha hecho en la Comisión de Constitución, en un debate que ha sido público, pero que ha tenido muchos elementos de adorno, de distorsión o de prejuicio. Por eso insisto en que lo primero que hay que rescatar es el trabajo sereno y serio que efectuaron los colegas del referido órgano técnico.
Lo segundo es que el objetivo del proyecto es permitir que el Presidente de la República decrete que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país, cuando exista un peligro grave que la afecte.
No es más que eso; así que no le pongamos más cosas. Esa es su finalidad.
¿Por qué se propone esto? Porque hoy día, dentro de las posibilidades que contempla la Constitución con el fin de garantizar al país el cuidado de infraestructura fundamental para la buena y normal marcha del país, haciendo necesaria la acción de las Fuerzas Armadas, al Presidente no le queda otra que declarar el estado de emergencia. Y eso sí es mucho más complejo; es una instancia donde claramente se ven afectados derechos y garantías de las personas.
Vuelvo a decir lo mismo que al inicio: no le agreguemos aditamentos a este proyecto que realmente no tiene.
Se modificó esta iniciativa justamente para cumplir dos objetivos.
El primero es que establece un resguardo claro y muy preciso, en orden a que esta futura ley no suspende, restringe ni priva los derechos y garantías contemplados en la Constitución. Ese es el primer objetivo, y se cumple completamente. Se dice de forma expresa.
El segundo propósito -también se adoptó en la Comisión- es que las Fuerzas Armadas no cumplen funciones policiales; no son responsables del orden público. Por lo tanto, no hay interferencia ni intromisión con el rol de las policías y no se les pide que jueguen un papel que no está establecido para ellas en la Constitución.
Esos son los dos resguardos del proyecto. Entonces, no mezclemos ni confundamos las cosas y no tratemos de plantear un problema donde no lo hay.
Un tercer aspecto es que evidentemente uno tiene derecho a preguntarse qué es la infraestructura crítica. Aquí se han dado varios ejemplos. El señor Ministro mencionó lo relativo al agua, a la energía, al transporte, a los aeropuertos, a los puertos. En definitiva, es la infraestructura crítica que necesita un país para desarrollar su actividad normalmente.
Entonces, la pregunta es: a propósito de los hechos que hemos conocido en el país, algunos de manera reiterada, ¿existe un riesgo serio para que se genere un daño a la infraestructura crítica del país? Obviamente, la respuesta es sí. Tendríamos que ser muy ciegos para no darnos cuenta de ello.
¿Acaso la afección del transporte público del Metro en la Región Metropolitana no afectó la vida diaria de millones de chilenos durante bastante tiempo, y todavía les afecta? ¿O acaso el Metro o el sistema de transporte público no es una infraestructura crítica? ¿Acaso no fue evidente que las policías se vieron absolutamente sobrepasadas por la situación que hemos conocido todos?
Hechos de ese tipo se siguen dando.
No quiero hacer el argumento exacerbándolo en un sentido o en otro. Solo señalo que este proyecto busca un objetivo que me parece absolutamente razonable.
Si se genera un problema mayor y comunidades enteras quedan sin servicios básicos -¡Dios no quiera!-, ¿a quién van a responsabilizar? ¿A nosotros o a quien tiene la responsabilidad del orden público, que es la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y las policías?
Entonces, no confundamos las cosas.
Este proyecto nació de una moción. El Gobierno la asumió; y le ha parecido que requiere una flexibilidad y mejorarla sustancialmente. Así lo han hecho nuestros colegas en la Comisión de Constitución.
Yo voy a respaldar completamente lo que ha dicho el Senador Huenchumilla en la Comisión, y comparto los aportes y las indicaciones que ahora queremos aprobar, pues ayudan a disipar cualquier duda que se haya generado.
Pero -insisto- no mezclemos las cosas, y no digamos que en este Senado estamos abordando solo este tipo de iniciativas, porque la semana pasada despachamos una reforma tributaria que implicó un acuerdo importante de esta Corporación y, en un rato más, una vez que terminemos esto, debemos despachar el proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución.
Entonces, ¡de qué estamos hablando! ¿O acaso no es importante que el Senado empiece a conocer, junto con la Cámara de Diputados -y se está trabajando-, una reforma sustancial al sistema de pensiones? Todavía no hay acuerdo al respecto, pero estamos avanzando en ello.
Acá se solicitaron recién cuatro a cinco permisos para que diversas Comisiones puedan funcionar paralelamente con la Sala, pues están discutiendo temas sectoriales importantes: Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; Economía; Especial de Infancia; Derechos Humanos, en fin.
¡Por favor!
Insisto: no llevemos el debate a un terreno que no corresponde, ni le demos más importancia a una propuesta que viene de una moción que acogió el Gobierno, que fue mejorada en la Comisión de Constitución y que, en mi modesta opinión, es relevante aprobarla, pues resulta necesaria. Ello, porque, lamentablemente, en nuestro país hoy día existe riesgo en materia de infraestructura crítica.
Hace tiempo podíamos vanagloriarnos de que no era así; pero hoy día el riesgo está presente. Eso se ha comprobado. Por desgracia, la realidad es más dura de lo que a veces pensamos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero darle las gracias al Senador que me antecedió por la objetividad con que hizo su análisis.
Cuando el Ejecutivo envió un proyecto relativo a infraestructura crítica nosotros, dos días antes, también habíamos presentado una reforma constitucional sobre la materia. Los caminos, probablemente, no eran los mismos, pero efectivamente había semejanza en sus objetivos.
Nosotros agradecemos el que se haya acogido esta iniciativa, cuyo aporte, humildemente, es hacernos cargo justamente del resguardo de la infraestructura crítica a través de una reforma constitucional.
Este proyecto no tiene mucho que ver, excepto en sus propósitos, con el que hoy día estamos discutiendo en esta Sala.
Y quisiera dar algunos números.
No sé si se ha dicho acá, pero hay más de 1.600 carabineros actualmente cuidando infraestructura crítica. Ello implica que no estén presentes en muchas de las comunas de nuestro país. Quienes permanentemente están viendo noticias se habrán dado cuenta de que muchos alcaldes están solicitando con urgencia aumento de dotación de carabineros en sus comunas.
En ese contexto, esta iniciativa vendría a liberar a esos 1.600 carabineros para que efectivamente cumplan con su labor de resguardo del orden público.
En seguida, me alegro de que estemos en democracia. De eso se trata esto. Porque quizás no vamos a estar todos de acuerdo sobre el particular, pues tenemos distintas miradas.
Yo vengo de una generación que no tiene complejos al respecto, que cree que las Fuerzas Armadas deben modernizarse y han de cumplir también funciones de paz. Ojalá nunca estemos en guerra; pero contamos con un capital humano y un equipo de personas que deben estar disponibles para cuando la ciudadanía los necesite. Lo que les estamos pidiendo a aquellas solo es reguardo de infraestructura crítica.
Tampoco sé si se ha dicho, pero lo voy a mencionar acá: en estos días de complejidad y de convulsión se han dañado más de doce municipalidades, tres gobernaciones, cuatro intendencias. Y también se han registrado daños en hospitales.
Señor Presidente, quien ha sido funcionaria municipal y también funcionaria del Estado de Chile sabe que aquello implica mucho esfuerzo y bastante dinero, en un país carente de recursos. Parece que se nos olvida que somos una nación en vías de desarrollo, que lo único que tiene son necesidades.
Entonces, no da lo mismo que se dañe infraestructura crítica, no solo porque se pierden servicios para la comunidad y para los que más los requieren, pues estos necesitan su hospital, a diferencia del que tiene recursos, que va a una clínica.
¡No perdamos el foco!
Hemos estado trabajando en muchas cuestiones que tienen que ver con agenda social. No hay ningún país del resto del mundo -¡y si lo conocen díganme cuál!- que puede progresar sin resguardo de su infraestructura y del orden público. Si me señalan una nación que esté en caos y que además sea desarrollada, la pondremos arriba de la mesa para aplaudirla y tomarla como ejemplo. Pero mientras no ocurra eso, la ciudadanía espera que avancemos, primero, en encontrar acuerdos para que las personas vivan mejor, pero también para que vuelvan la paz y la normalidad a sus vidas.
Porque hay mucha gente que se preocupa cada vez que se quema un municipio. ¡Cómo no va a ser importante eso! Yo desarrollé más de diez años de mi vida en una municipalidad, y a esta le cuesta mucho comprar un mueble, mejorar una sala de atención. Entonces, da pena ver cómo se destruyen esos bienes: esas son platas, recursos de todos los chilenos.
En verdad, considero importante aprobar esta normativa, más allá de las mejoras que evidentemente se le han introducido. Sin duda, hay que hacer perfeccionamientos siempre. Pero debemos mantener nuestro espíritu. Nosotros somos un país republicano; un país que por años fue ejemplo de normalidad, de respeto a la institucionalidad y a la paz. ¡No perdamos el prestigio que tuvimos y defendamos proyectos que van en el camino correcto!
Lo único que les pido es que dejemos de lado las disputas ideológicas por una vez y pensemos en nuestro país.
Yo soy superrespetuosa de lo que opina la Oposición, y creo que tiene mucha razón para plantear las cuestiones que no le parecen adecuadas. Pero hoy día el país nos llama a la unidad, y esta también se relaciona con cuidar la infraestructura pública que es de todos y que tanta falta le hace a Chile.
Así que, además de apoyar este proyecto y de agradecerles infinitamente a los Senadores de la Comisión respectiva por todas las mejoras que le hicieron, les pido a Sus Señorías, por una vez en la vida, sobre todo hoy más que nunca, que nos unamos no solo respecto de esta iniciativa, sino también de las relativas a la paridad de género, a las pensiones, en fin.
Mejoremos los proyectos; pero demostrémosle al país completo que este Senado es mucho más que el dos o tres por ciento que nos dan hoy día las encuestas: somos personas que no estamos perdiendo el tiempo acá; que queremos construir una nación mucho mejor que la que tenemos en la actualidad. Y para eso debemos unirnos todos.
Así que voy a votar a favor de esta iniciativa, y les pido a quienes todavía no saben por qué votar que piensen en Chile, porque de ocurrir algo grave en marzo, como lo dijo unos de los Senadores acá, todos vamos a ser responsables de la destrucción que se produzca en la infraestructura pública.
El señor QUINTANA (Presidente).-
A continuación, le corresponde el turno al Senador Pedro Araya; pero el Ministro Blumel ha pedido la palabra, y puede intervenir primero dado que aún no estamos en votación.
Puede intervenir, señor Ministro.
El señor BLUMEL (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Señor Presidente, seré muy breve, pues el Ministro de Defensa ya expuso sobre los detalles y la importante de este proyecto. Sin embargo, hay algunos aspectos que se han señalado acá que me parece muy importante precisar.
En primer lugar -y lo digo con mucho respeto por la Sala del Senado-, cuando se plantea que lo único que busca el Gobierno con este proyecto es atrincherarse en la represión, debo manifestar que eso es profundamente equivocado. Existe el deber del Estado, que tiene que llevarse a cabo a través de las instituciones responsables según el mandato constitucional y legal, entre ellas están Carabineros y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de hacerse cargo del resguardo del orden público. Y este proyecto precisamente apunta a fortalecer las atribuciones para su protección.
Aquello es parte de lo que se ha discutido acá, en el Congreso, en los últimos meses y semanas. Y muchas veces se ha señalado que el Ejecutivo cuenta con todas las atribuciones, o bien, si se requieren más facultades, que estas se deben plantear. Eso es, precisamente, lo que hace este proyecto. Porque -como se expresó previamente-, por una parte, se busca proteger la infraestructura crítica, y, por la otra, liberar personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad, de Carabineros en particular, para fortalecer el control del orden público. Porque -lo mencionó el Ministro de Defensa- nuestra institucionalidad en materia de resguardo del orden público tiene un problema: que pasa sin mucha gradualidad desde la situación de normalidad hacia el estado de excepción constitucional.
Esta iniciativa le entrega al Presidente de la República una nueva facultad para proteger la infraestructura crítica, que, como se indicó, es la que nos pertenece a todos o nos presta servicios a todos, pero sin restringir los derechos de las personas y estableciendo explícitamente que las Fuerzas Armadas no pueden tener atribuciones en materia de orden público.
Entonces, de un lado, se le dan atribuciones al Primer Mandatario para resguardar de mejor forma aquello que nos pertenece a todos o que es de utilidad para todos, y, del otro, se libera a una enorme cantidad de funcionarios de Carabineros para los efectos de fortalecer las funciones en materia de control del orden público.
Por ejemplo, hoy día existen a lo menos 500 recintos con vigilancia completa, donde hay más de 1.100 carabineros destinados a esa labor; y, por otra parte, existen otros 500 recintos que tienen vigilancia dinámica y que requieren una cantidad similar de carabineros para su resguardo y protección.
En consecuencia, este proyecto tiene esa doble virtud: le entrega herramientas al Presidente de la República para que las Fuerzas Armadas colaboren en la protección de la infraestructura crítica; pero también libera dotación para el resguardo del orden público.
En seguida, es importante tener a la vista, cuando discutimos esta iniciativa, que el Ejecutivo mandó un proyecto de ley en materia de infraestructura crítica, y, fruto de la conversación, del debate, de la deliberación finalmente se optó por avanzar en una moción que plantea una reforma constitucional; es decir, ha habido plena voluntad y disposición para construir un acuerdo con todos los resguardos democráticos que tenemos, entendiendo que en una iniciativa de este tipo existe aún más protección producto de los quorum que esa reforma constitucional exige.
También se planteó el punto en la discusión del proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas. El Ejecutivo mandó una iniciativa sobre la materia, pero finalmente el texto que se aprobó fue el que se originó en una moción presentada con el ánimo y el objetivo de construir un acuerdo transversal.
En tal sentido, señor Presidente, quiero recoger lo que se dijo previamente: planteemos las cosas con estricto apego a lo que son.
Lo que hay acá es la disposición a construir acuerdos para fortalecer las capacidades de las instituciones estatales a fin de resguardar la democracia.
Cuando se entiende el orden público como un objetivo meramente represivo, me parece que hay un profundo error conceptual o intelectual. Porque, al final, el resguardo de la seguridad pública es el deber fundamental del Estado para permitir la vida en sociedad, la vida en común.
Si no hay orden público, no es posible ejercer eficazmente las atribuciones o las funciones del Estado, y, por otra parte, tampoco es factible proteger y resguardar eficazmente las libertades y los derechos de las personas.
Por eso, señor Presidente, me parece importante entender conceptualmente en forma correcta qué significa el orden público: el orden público es defender los derechos de las personas, es defender los derechos de los ciudadanos y es permitir la vida en sociedad y la convivencia democrática.
Por último, quiero hacer una precisión que me parece relevante.
En una intervención anterior se señaló que aún no se mandan los proyectos sociales que demanda la ciudadanía.
Señor Presidente, pido por favor que seamos rigurosos con las cuestiones que se afirman: puede que a algunos parlamentos nos les gusten los proyectos que enviamos; que, legítimamente, los rechacen o que les parezca que están mal planteados, o que no responden de buena manera a lo que la ciudadanía está exigiendo.
Sin embargo, también quisiera que se reconociera que desde el 18 de octubre se han enviado a lo menos quince proyectos de la agenda social, que se están discutiendo en este Congreso.
Ya se aprobó -y lo agradezco sinceramente- la parte de la reforma previsional que corresponde al aumento de las pensiones del pilar solidario, que beneficia aproximadamente a un millón y medio de adultos mayores. Y hoy día va a ingresar al Parlamento la otra parte del proyecto, que favorece a todos los pensionados de la clase media que están en el pilar contributivo.
En el Senado ya nos hallamos discutiendo la iniciativa que establece ingreso mínimo garantizado, que aumenta los ingresos líquidos de los trabajadores en forma muy sustantiva. Y estamos hablando de beneficios para alrededor de seiscientos mil a setecientos mil trabajadores, quienes verán un incremento muy importante en sus ingresos mensuales producto de esas reformas.
Aprobamos también el proyecto de ley que fortalece a la Cenabast, y hablamos de una institución pública. Y ello, ¿para qué? Para disminuir el valor de los medicamentos. Le entregamos nuevas atribuciones a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud para que baje el precio de los remedios.
Se aprobaron las iniciativas -obviamente, estos no son cambios estructurales, pero constituyen pequeños cambios que en conjunto van produciendo grandes beneficios- que rebajan las tarifas del transporte público y las tarifas eléctricas, que permiten ir bajando el costo de la vida para los ciudadanos, cuestión que ha sido tema central a partir del 18 de octubre.
Ya ingresó al Congreso el proyecto que moderniza y fortalece Fonasa, a fin de que sea el seguro público de salud.
Hoy día se publicó la ley que contempla diversas medidas para las pymes a fin de apoyarlas por las dificultades que han debido enfrentar después del 18 de octubre.
También estamos discutiendo la iniciativa que establece el seguro de enfermedades catastróficas. Y así hay varios proyectos más.
Por ello, cuando se planteen determinados argumentos, pido que ello se haga con la precisión suficiente. Es cierto que algunos pueden no sentirse a gusto con dichas iniciativas. Pero decir que no se han presentado proyectos de la agenda social no solo me parece incorrecto, sino además muy injusto.
También lo señaló un Senador o una Senadora en una intervención anterior: hoy día estamos en medio de un proceso constitucional que se va a materializar en un plebiscito el 26 de abril.
Y ese acuerdo se tomó en este Parlamento, fundamentalmente con la participación del Senado: fue un acuerdo amplio y transversal.
Si ese no es un tema de fondo; si ese no es un asunto importante, independientemente de lo que finalmente decida la ciudadanía, yo no sé qué cosa lo es. Estamos avanzando en el ámbito constitucional; estamos avanzando en la agenda social; pero también necesitamos -y lo digo con total franqueza- más herramientas para fortalecer la seguridad de los ciudadanos y el orden público.
Ese es un deber democrático. Esa no es una agenda represiva: es simple y únicamente entregarles atribuciones a las instituciones democráticas para proteger la democracia, para resguardar a los ciudadanos y para proteger sus libertades.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Solicito la autorización de la Sala para que me reemplace en la testera la Senadora Ximena Rincón.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, ¿será posible abrir la votación, manteniendo los tiempos?
La señora RINCÓN.-
No.
El señor LETELIER.-
No, señor Presidente.
La señora GOIC.-
No.
El señor MOREIRA.-
Está bien; pregunté nomás.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Rincón.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, sin duda, hay personas que vamos a apoyar este proyecto y, también, existen algunos detractores de él. A mi juicio, hay bastante confusión, en lo que uno puede apreciar principalmente en algunos medios de comunicación y en redes sociales, en torno a la discusión de esta materia.
Creo que todos tenemos un diagnóstico común en relación con el orden público: hay un problema en su control.
Por ejemplo, en el caso de la región que represento, la de Antofagasta, si uno mira los titulares de los últimos diez días del principal medio de comunicación, El Mercurio de Antofagasta, nos encontramos con que en ellos todos los días se destacan los destrozos, las jornadas no diría de protestas, sino derechamente de delincuencia que se registran en la ciudad, donde se han saqueado locales comerciales; se han atacado iglesias, centros de salud, en fin. El centro de la ciudad hoy día se halla bastante deteriorado producto, a mi juicio, de que ha habido una mala planificación de parte de las autoridades sobre cómo abordar los temas de seguridad pública, no así en lo que respecta a las marchas, porque estas generalmente han sido multitudinarias y pacíficas. En Antofagasta el problema se suscita después de las 19 horas, en que se genera un verdadero descontrol.
¿Por qué hago ese análisis de contexto? Porque uno podría preguntarse cuál debiera ser el rol de las Fuerzas Armadas en esta materia.
Aquí quiero recordar que desde que se recuperó la democracia las Fuerzas Armadas en nuestro país han ido desempeñando un rol distinto, han cambiado la mirada con relación a la forma de trabajar con la sociedad.
Ello se ha visto reflejado en una serie de situaciones en que, con el transcurrir del tiempo, uno las ha visto cada vez más integradas a diferentes tareas. Ya no están, como se veía antaño, solo en los cuarteles o preparadas en caso de un conflicto bélico con otro país: ahora vemos a las Fuerzas Armadas participar en diversas tareas que nada tienen que ver con lo que es propio de su función.
Así, por ejemplo, es muy común verlas participando activamente cada vez que se produce una catástrofe, un terremoto, un tsunami o un incendio. También las observamos en actividades en que participa nuestro país a nivel internacional. Basta recordar que hace pocos días el Senado autorizó la salida de tropas para realizar misiones de paz.
¿Y por qué digo esto? Porque hoy día las Fuerzas Armadas chilenas son polivalentes: tienen distintas tareas; cumplen funciones que no son las tradicionales.
A mi juicio, producto de las discusiones en materia constitucional, se fue quedando atrás la modernización de las Fuerzas Armadas en cuanto a lo que queríamos como definición para ellas.
Una primera lectura del Texto Constitucional pareciera mostrar que el legislador de la época hizo una clara distinción: a las Fuerzas Armadas solo les correspondería la defensa del territorio en caso de una agresión o de una amenaza externa; y todo lo que tuviera que ver con seguridad interior, entre otras cosas con el orden público, quedaba entregado exclusivamente a Carabineros y a la Policía de Investigaciones.
Así se puede colegir de la sola lectura de las normas constitucionales que regulan el Capítulo Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Públicas.
Dicho aquello, cabe consignar que algunos han sostenido que, bajo ese prisma, las Fuerzas Armadas no podrían cumplir otros roles.
Cuando uno mira los estados de excepción constitucional -esto es bien curioso-, se da cuenta de que el propio legislador ha señalado que, en determinadas circunstancias, el poder civil, el poder político debe entregar el control y el mando de las instituciones a un funcionario militar: por ejemplo, cuando se decreta estado de emergencia o estado de sitio.
Si bien esto se refiere a que las Fuerzas Armadas actúan cuando hay limitación de garantías constitucionales producto del estado de excepción y bajo un mismo mandato constitucional, uno empieza a mirar que existe cierta contradicción en nuestra legislación con respecto al rol que ellas debieran tener.
Para nadie es un misterio -y esto lo han dicho varios de los colegas que me antecedieron y también el señor Ministro del Interior- que tenemos un problema hoy día con las dotaciones de carabineros que están siendo destinadas a cuidar la infraestructura crítica o ciertos sectores que perfectamente podrían ser resguardados por las Fuerzas Armadas y, obviamente, hoy día se necesita una mayor cantidad de carabineros que puedan cumplir labores y tareas de orden público en la calle.
Dicho eso, este proyecto, a mi juicio, no reviste mayores problemas, por varias razones. Porque, como dije, las Fuerzas Armadas chilenas son polivalentes; cumplen distintas tareas. Las hemos visto actuar sin esta norma realizando labores de policía en estados de excepción, estados de emergencia. Lo vimos, por ejemplo, en el terremoto de Concepción; en los aluviones en Antofagasta, en Tocopilla; o en los incendios que hubo en la zona central hace un par de años.
Lo que se pretende hoy día con esta reforma constitucional, que en mi opinión apunta en el sentido correcto, es establecer una suerte de estado de excepción más moderado, donde se les permite a las Fuerzas Armadas la custodia de la infraestructura crítica. Y hay que decirlo: nosotros no estamos inventando la pólvora o descubriendo un nuevo camino; muchos países ya han adoptado este camino y han entendido que se pueden liberar funciones de policía cuando las Fuerzas Armadas se dedican a esto.
Miremos un poco lo que se ha hecho en otras partes. La Directiva 114, del año 2008, de la Comunidad Europea, regula el tema de la "infraestructura crítica". Ahí se les entregan labores a las Fuerzas Armadas y se establece, a mi juicio, una de las definiciones más claras de qué es lo que se entiende por ese concepto.
Esa Directiva dice que la infraestructura crítica es "el elemento, sistema o parte de este situado en los Estados miembros que es esencial para el mantenimiento de funciones sociales vitales, la salud, la integridad física, la seguridad, y el bienestar social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a un Estado miembro al no poder mantener esas funciones.".
Si uno tratara de tener ese concepto, mi impresión es que no hay problemas en que las Fuerzas Armadas se dediquen a la custodia de la infraestructura crítica. Porque es necesario decirlo: ellas no van a cumplir labores de policía, no les va a corresponder el control del orden público, sino solamente la custodia de aquellos lugares que sean definidos por el Presidente de la República como infraestructura crítica. Y en esto regirán las normas generales del Derecho Penal, si es que ocurre alguna situación; o del Derecho Administrativo, si hay ilícitos administrativos.
El proyecto original que se presentó a mi juicio traía una serie de complicaciones producto de que se anexaron términos que tenían que ver principalmente con normas penales, lo que enredó la discusión. El proyecto actual eliminó todo ese capítulo y solamente establece que las Fuerzas Armadas podrán custodiar infraestructura crítica mediante resolución fundada que dicte el Presidente de la República. Y en eso yo no veo que haya un mayor problema.
En segundo lugar, es efectivo que nuestro país no cuenta hoy día con una legislación que defina lo que es la infraestructura crítica. Probablemente vamos a tener que sentarnos a discutirlo. Yo soy de los que sostienen -y así se lo he hecho ver al Ministro de Defensa- que la ley de infraestructura crítica debiera ser lo más genérica posible. Uno no puede entrar a definir qué es infraestructura crítica en forma taxativa, porque eso va cambiando en el día a día. Doy un ejemplo: no es lo mismo que las Fuerzas Armadas tengan que custodiar como infraestructura crítica un supermercado de la Región Metropolitana, donde puede haber cuarenta o cincuenta locales, a que lo tenga que custodiar en una pequeña localidad como es Taltal, donde hay uno solo.
Entonces, eso tiene que quedar al arbitrio de la autoridad política, la cual, con la información de que disponga en ese minuto, debe poder definir qué es infraestructura crítica y qué no; qué es lo que afecta el día a día de los ciudadanos; qué es lo que pone en peligro el normal funcionamiento de las ciudades, el normal funcionamiento de las personas. Y esa es una decisión política.
Claro, obviamente hay una norma de resguardo: que esto tendrá que informarse al Congreso, y si se entiende que el Presidente ha cometido algún exceso, que ha hecho mal uso de su atribución, existen las formas de que esto tenga un control: a través de la vía administrativa, eventualmente con el concurso de la Contraloría General de la República, y en aquellos casos más graves, a través de la acusación constitucional del Primer Mandatario.
Dicho eso, yo creo que este proyecto efectivamente va a ayudar a que las Fuerzas Armadas puedan cuidar la infraestructura crítica y que ello permitirá liberar un número importante de carabineros, para que cumplan efectivamente labores de orden público.
Por mi parte, no veo un mayor inconveniente en no tener hoy día la legislación de infraestructura crítica, que, como ya lo señalaba, tendrá que dictarse en su minuto, porque al final del día lo que nos interesa a nosotros es que acá tengamos una mirada común.
Por último, quiero decir que otro argumento para votar a favor de este proyecto radica en que, si bien es cierto que la Constitución siempre les fija o les establece ciertas tareas a determinados organismos del Estado, no hay que abstraerse de cuáles son los fines y principios que tiene que perseguir este último. Y en eso están llamadas a colaborar todas las instituciones, dependiendo de la experiencia, la expertise, que puedan tener. Y si las Fuerzas Armadas pueden ayudar hoy día en la custodia de infraestructura crítica -por cierto, hay aquí mucha infraestructura sensible, como se señala en el proyecto, que tiene que ver, por ejemplo, con las centrales termoeléctricas, las de luz, el abastecimiento de agua potable- también lo van a hacer respecto de otras situaciones que afecten el normal funcionamiento de la ciudad.
En esto, claramente tendrán que dictarse con posterioridad, por parte del Ministerio de Defensa, normas respecto de cómo las Fuerzas Armadas van a tener que actuar si se encuentran en la custodia de una infraestructura crítica, porque no es lo mismo una infraestructura crítica que está al interior de las ciudades que una que está en el exterior. Es preciso diferenciar lo que ocurre en la Región que uno representa, donde las principales generadoras de electricidad se hallan fuera del radio urbano, como en el caso de Mejillones, de lo que pueda ocurrir, por ejemplo, en la Región Metropolitana, donde existen subestaciones eléctricas que están en el centro o en el corazón de alguna comuna.
Pero, obviamente, en esto confío en que habrá un buen criterio por parte de la autoridad política para definir cómo actúan las Fuerzas Armadas en esa línea.
Dicho eso, Presidenta, voy a votar a favor de este proyecto, porque creo que efectivamente va a permitir liberar una cantidad importante de carabineros. No es un proyecto para satanizar, argumentando, como se ha hecho, que aquí las Fuerzas Armadas van a adquirir labores de control del orden público, porque eso queda absolutamente descartado. Aquí solamente se...
Un minuto y termino, Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor ARAYA.-
Eventualmente, en ese caso, solo se van a aplicar las reglas generales. No hay ninguna norma especial respecto a las Fuerzas Armadas. Y eso, a mi juicio, resguarda o despeja los temores que tenían algunos colegas Senadores y Senadoras para votar a favor de este proyecto.
Aquí no se les está entregando a las Fuerzas Armadas labores de policía, sino, simplemente, de custodia de infraestructura crítica, como se hace hoy día en muchas partes del mundo, principalmente en la Unión Europea. Nosotros hemos visto cómo se han llevado adelante; cómo, por ejemplo, se cumplen labores de custodia en aeropuertos, centrales termoeléctricas, entre otras, y no ha habido mayor inconveniente.
Voto a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señora Presidenta, Honorable Sala, yo pido precisión y reflexión respecto de lo que vamos a votar, porque con la aprobación de esta iniciativa se habilita la muerte y la posible pérdida de vidas de civiles. Y cuando eso ocurra en un supermercado que las Fuerzas Armadas están custodiando; o cuando con esta legislación se autorice la incorporación de fuerzas militares en La Araucanía para resolver otro tipo de conflictos, la responsabilidad recaerá sobre quienes han aprobado una ley en que no hay una definición respecto de la infraestructura crítica. Y eso es una irresponsabilidad.
Esto es un tipo penal en blanco, es una reforma constitucional en blanco.
Por favor, yo les pido que en el boletín comparado lean lo que dice el artículo transitorio:
"Agrégase la siguiente disposición transitoria, nueva, a la Constitución Política de la República:
"VIGESIMONOVENA. En tanto no se apruebe la ley a que se refiere el párrafo cuarto del N° 17 del artículo 32 de esta Constitución, la determinación de los órganos, empresas o servicios que forman parte de la infraestructura crítica se realizará mediante un decreto supremo que será suscrito, además, por los Ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.".
Esto al menos yo lo voté en contra. Y ojalá que quede el testimonio, por lo que voy a pasar a explicar.
Cuando uno dice "infraestructura crítica", ¿vamos a utilizar la de la Onemi?; ¿vamos a usar la del Ejército?; ¿vamos a usar la de otro organismo?
¿Qué significa "infraestructura crítica"? ¿Cuidarle la casa matriz de los bancos a los dueños del capital financiero en Chile? ¿Cuidar los supermercados de determinada cadena? ¿Cuidar, como vimos en medio de la movilización social, los malls y los centros comerciales de determinados sectores, porque ahí sí que había protección? ¿Es utilizar esta misma norma para ocupar y desplazar las Fuerzas Armadas al territorio mapuche, donde está el conflicto?
¡Eso es lo que se va a permitir!
Aquí se está votando una ley con un listado de infraestructura crítica en blanco. Y eso es una irresponsabilidad. Y se lo dije, por su intermedio, al señor Ministro Espina.
Hagamos historia también, pues.
La moción original establecía la exención de responsabilidad penal para el personal de las Fuerzas Armadas. ¡Exención de responsabilidad penal! ¿Qué es lo que es eso? Impunidad. ¡Impunidad!
Luego de refundir el proyecto, se acogió la moción de algunos Senadores que lo habían presentado. Eso es cierto. Pero recordemos cuál fue su origen.
Entonces, cuando nosotros estamos construyendo una figura que autoriza la intervención en un estado particular de excepción para proteger determinada infraestructura, que no sabemos cuál es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando un cheque en blanco para desplazar de su función constitucional a las Fuerzas Armadas y exponerlas, en situaciones que no corresponden, a manejar un conflicto político, ¡político!, como es la movilización social, con armas de guerra, no con el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que son las encargadas de velar por esta infraestructura.
Entonces, ¡no me digan aquí que vamos a liberar personal de Carabineros! Si eso es lo que queremos, ¡saquemos todo el personal de protocolo de Carabineros que está en una serie de oficinas o en agregadurías internacionales! Hagamos el trabajo concreto. Ahí hay carabineros: ¡a la calle!
Entonces, no me digan que hay carabineros hoy día cuidando la infraestructura de torres de alta tensión o suministros de agua, ¡porque eso no es cierto, pues!
El Ministro no señaló detalladamente cuánto era esto. Se hablaba de trescientos, de ochocientos, ahora escuché como mil.
Yo pregunto -por su intermedio, señora Presidenta-: ¿cuántos carabineros hay en labores protocolares? ¿Cuántos podrían estar en tareas operativas?
Entonces, nuevamente el atajo corto, ¡el atajo corto!: pensar que con este desplazamiento de las Fuerzas Armadas a estos puntos críticos, a esta infraestructura crítica vamos a resolver el problema.
Yo quiero preguntarle a algunos colegas Senadores: cuando se envíe una patrulla de la Armada, de la Fuerza Aérea o del Ejército a custodiar una infraestructura de agua, y lleguen dos mil pobladores molestos, dentro de la protesta social, ¿cuál va a ser la forma de reprimirlos? ¿Con un altavoz, con palabras, con gas lacrimógeno? ¡Con armas de guerra!
¿Queremos eso? ¿Queremos exponer a una masacre de civiles producto de una capacidad que debe tener el Estado de Chile, el Gobierno de Chile a través de sus fuerzas de seguridad? Yo me pregunto eso.
Aquí están el Ministro del Interior y el de Defensa. ¿Sobre quién va a caer la responsabilidad? Yo, al menos, como Senador socialista, no estoy dispuesto a hacer eso.
Y creo que el Estado de Chile tiene que utilizar las Fuerzas de Orden y Seguridad. Tenemos que resolver esto políticamente, ¡políticamente!
Y lo decían muy bien varios Senadores: ¿dónde está la agenda social? El Ministro del Interior hacía un resumen de proyectos, ¡sí, proyectos recién presentados!
¿Y dónde está la contribución del Estado en materia de AFP?
Ahí hay unos señores -Larraín, creo que se llama el Presidente de la Asociación de AFP-; ellos no son un sistema de previsión social; ellos son administradores nomás. O sea, nos han mentido durante cuarenta años: no hay un sistema previsional. ¡Ellos nos administran las platas! Y cuando una señora demandó poder tener la disposición de sus fondos, le respondieron: "No, la plata no es suya; en realidad la administramos nosotros".
Entonces, ahí está el centro de la discusión política.
Deudores del CAE, ¿dónde hay algún proyecto, una iniciativa? ¡Cuántas miles de personas, de familias están endeudadas hasta el cogote con el CAE!
¡Cuánta gente hoy día no llega a final de mes con sus remuneraciones!
¿Y el sistema de seguridad?, ¿el sistema de viviendas?
Entonces, es un tema político que corresponde a todos. Y digo a todos, no solo al Gobierno, porque también nos corresponde a nosotros, como Oposición, resolverlo políticamente, ponernos de acuerdo como nos pusimos de acuerdo para la reforma constitucional.
Perdón, dicho sea de paso, Ministro, con mucho respeto y cariño, le recuerdo que el 90 por ciento de las bancadas de Gobierno van a votar en contra.
Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¡Hacemos un acuerdo de reforma constitucional y se va a votar que no!
El señor MOREIRA.-
¡Es una decisión legítima!
El señor COLOMA.-
¡A favor o en contra, es una decisión!
El señor DE URRESTI.-
Bueno, es democrático y ahí está. Pero no nos pidan que resolvamos un problema social, político, de orden público con las Fuerzas Armadas. Creo que eso es una irresponsabilidad.
Y lo digo: no quiero que este tipo de situaciones vayan a encontrar en los territorios aledaños a muchas poblaciones, a muchos sectores con matanzas, con muertes de civiles por fuerzas militares. Yo eso no lo quiero. Lo vivimos en Chile y no deseo que le ocurra ni a este Gobierno ni a ningún otro Gobierno, porque estamos corriendo un riesgo.
Y aclaremos otro punto. Nos señalan que esto ocurre en otros países. Sí, ocurre en países democráticos, en países europeos, pero a propósito del terrorismo internacional. Después de los ataques de la yihad islámica, ahí están efectivamente cubriéndose los aeropuertos, las líneas férreas. Pero no con el espíritu con que se quiere hacer en Chile de cuidarle el capital, cuidarle el negocio a muchos intereses privados. ¡Y eso es el listado en blanco, que no existe!
Entonces, ¿qué certeza nos dan de que el Ejército, una patrulla de la Armada no va a terminar custodiando acá el edificio principal de tal o cual banco, o tal o cual supermercado? Porque ya hemos visto la relación del telefonazo de exautoridades que le dicen al Gobierno: "Por favor, cobertura para tal o cual infraestructura, ¡porque es crítica!".
Si eso no está definido por ley, previamente, ¡es una irresponsabilidad!
Y, por favor, no comparemos con los modelos europeos: ¡ahí había terrorismo internacional, había agresión y muertes de decenas de personas, no por parte de los propios ciudadanos: por terroristas!
Por eso hay, obviamente, cobertura de las Fuerzas Armadas, uno lo entiende. Pero acá estamos poniendo en serio riesgo lo que tanto ha costado: que las Fuerzas Armadas tengan su función constitucional, y las estamos involucrando en una política de seguridad, de orden público donde está Carabineros.
Y sincerémoslo: ¡aquí hay un problema estructural de Carabineros! La institución, producto de una serie de debilidades e irregularidades y delitos que se cometieron, se fue degradando. ¡Ahí tenemos que poner el acento!
Hoy día se hace un listado importante de las iniciativas. A mí me gustaría ver que con la misma fuerza que se ha desplegado en esta ley para decir: "Mire, ¡con esto vamos a resolver el problema!", se tramitaran otras iniciativas.
La modernización de las plantas de las policías; el fortalecimiento del sistema de inteligencia del Estado; la colaboración de las Fuerzas Armadas en la protección de infraestructura crítica. ¿Esto es lo que es usted está poniendo? ¿Ese es el listado? ¡Por favor! Agenda social es lo que corresponde. Pero si vamos a trabajar con el orden público, trabajemos con las policías: Carabineros de Chile. Y no tomemos este atajo que puede tener consecuencias desastrosas, con muertes y con responsabilidades que van a involucrar nuevamente a las Fuerzas Armadas en una situación donde estuvieron muchos años; y, desgraciadamente, ha sido muy difícil borrar ese pasado.
Creo que el proyecto no aporta, no va en el camino correcto. Tengo temor y tengo aprensión respecto de ese listado que hoy día no está hecho; que tiene distintas versiones; que se aclarará en una ley posterior y, mientras tanto, en un decreto supremo.
Eso no corresponde. Eso no es legislar con una mirada de país.
Voto en contra, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, yo quiero felicitar el trabajo minucioso que ha realizado la Comisión de Constitución, liderada por el Senador Felipe Harboe, donde esta iniciativa se aprobó por cuatro votos a favor, de los Senadores Allamand, Harboe, Huenchumilla y Pérez, quienes entienden que un presupuesto mínimo, básico para asegurar el pleno funcionamiento del sistema democrático es el orden público.
En ese contexto, cabe señalar que acá se trabajó para modificar sustantivamente el tenor de los proyectos que estaban en curso. Recordemos que había dos iniciativas en tramitación en esta materia. La de mi autoría introducía una modificación al Capítulo XI, "Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública", por la vía de establecer un artículo 101 bis, y requería además un quorum mayor, pero fue descartada. En definitiva, se tramitó la que concede una atribución adicional al Presidente de la República, a través de una enmienda al numeral 17°, del artículo 32.
Después, ingresó formalmente el proyecto del Ejecutivo. Y ciertamente la Comisión efectuó un estudio acabado para generar un texto con la transversalidad del caso y con la responsabilidad que involucra entender que el orden público es pilar clave y fundamental para el desarrollo del orden institucional en un régimen democrático.
Ciertamente, tenemos más de 1.400 millones de dólares en daños en infraestructura crítica. Y, sin lugar a dudas, este es un proyecto que busca en definitiva resolver uno de los temas por los que más clama la ciudadanía: orden público y seguridad pública.
La realidad es que nuestra fuerza policial muchas veces no ha logrado hacer frente con éxito a las múltiples y continuas situaciones de emergencia, como las que tuvieron lugar durante las últimas semanas. Y ello se ve aún más incrementado debido a que muchas unidades tuvieron que resguardar lo que se ha denominado "infraestructura crítica" de la nación.
No existen cifras oficiales, pero se estima que una dotación de entre 1.600 y 2.000 carabineros ha tenido la función exclusiva de resguardar esos puntos de infraestructura crítica, dada la sensibilidad de estos lugares para el desarrollo cotidiano de la vida del país.
Chile posee una serie de infraestructura crítica considerada clave para el desarrollo y desenvolvimiento de las personas y la mantención de insumos básicos para nuestra vida cotidiana, los cuales tienen que ser debidamente resguardados por el Estado en todo momento y especialmente en situaciones de crisis.
Ahora bien, es necesario tener claro qué se entiende por infraestructura crítica.
Un reciente informe de la Biblioteca del Congreso Nacional nos señala que en el año 2004 la Comisión Europea entregó la siguiente aproximación a dicho concepto: "Son aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos de los Estados miembros. Las infraestructuras críticas se extienden a través de muchos sectores de la economía, incluyendo la banca y finanzas, el transporte y la distribución, la energía, los servicios públicos, la salud, el suministro de alimentos y las comunicaciones, así como servicios gubernamentales clave. Algunos elementos críticos en estos sectores no constituyen `infraestructura' estrictamente hablando, sino redes o cadenas de suministro que apoyan la entrega de un producto o servicio esencial. Por ejemplo, el suministro de la comida o el agua en nuestras principales áreas urbanas depende de algunas instalaciones clave, pero también de una compleja red de productores, procesadores, fabricantes, distribuidores y minoristas".
El mencionado informe indica que, por su parte, el gobierno estadounidense planteó, en el año 1990, la siguiente posición al respecto: "Cierta infraestructura nacional es tan vital, cuya inhabilidad o destrucción tendría un impacto debilitador en la defensa o en la seguridad económica de los Estados Unidos. Esta infraestructura crítica incluye las telecomunicaciones, sistemas de energía eléctrica, almacenamiento y transporte de gas y combustible, banca y finanzas, transporte, sistemas de suministro de agua, servicios de emergencia (incluyendo servicio médico, policía, bomberos y rescate), y la continuidad del gobierno".
En nuestro continente, es del caso destacar el artículo 43 de la Ley de Seguridad Pública de la República Oriental del Uruguay, que dispone la protección a instalaciones e infraestructura, bajo ciertas circunstancias, al Ministerio de Defensa, al establecer: "El Ministro de Defensa Nacional ante circunstancias de inseguridad críticas que pongan en peligro o grave riesgo la gestión de las empresas públicas y privadas, responsables de la gestión de los sectores estratégicos, dispondrá a las Fuerzas Armadas, como medida de prevención, la protección de las instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar el normal funcionamiento".
A su vez, según el mismo reporte al que estamos haciendo referencia, la Ley Marco de Defensa Nacional de Uruguay establece en su artículo 1° lo siguiente: "La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población".
La definición de infraestructura que se contiene en este proyecto de reforma constitucional tiene bastante similitud con la que se ha transcrito de otros cuerpos normativos.
Atendido lo expuesto en estos casos de legislación comparada reciente, lo importante para nuestro país es que se pueda únicamente resguardar dicha infraestructura crítica mediante decreto del Presidente de la República, que dispondrá que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo, por un plazo no superior a treinta días, prorrogable por una sola vez, y con autorización de este Congreso.
Y lo que también es de suma importancia es que el ejercicio de esta facultad no autoriza en caso alguno a suspender, restringir o privar a las personas de sus derechos fundamentales, ni permite que las instituciones castrenses que se designen se empleen para restablecer el orden o seguridad pública, afectando las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
¡Este es un tema de vital importancia!
Yo quiero agradecer -por su intermedio, señor Presidente- al Senador Huenchumilla y al Senador Harboe, por el especial énfasis en esta materia. Lo señalo porque con la incorporación de esta facultad del Presidente de la República se inhibe, justamente, a las Fuerzas Armadas de restablecer el orden o seguridad pública, cuestión que es atribución exclusiva de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
También hay que hacer presente que el Primer Mandatario deberá dar cuenta a la mayor brevedad a nuestro Congreso de las medidas adoptadas en virtud del ejercicio de esta facultad.
Dada la necesidad de contar con esta reforma, que contempla todos los resguardos y un respeto irrestricto a nuestro ordenamiento institucional, estimo que este proyecto apunta en la dirección correcta, por lo que lo votaré favorablemente.
Aquellos que estuvimos acompañando el proceso de negociación entre las distintas fuerzas políticas para el Acuerdo por la institucionalidad constatamos que lo que se requiere es restablecer el orden público, a fin de tener procesos eleccionarios tranquilos y en que la sociedad civil se pueda pronunciar.
Creemos positivos los ajustes que hizo la Comisión de Constitución a estas tres mociones que lograron finalmente amalgamarse. Y vuelvo a insistir y reconozco el aporte insustituible tanto del Senador Felipe Harboe, Presidente de la Comisión, como del Senador Huenchumilla, que tuvieron mucho que ver en el actual texto de esta reforma constitucional, que garantiza los derechos fundamentales y el restablecimiento del orden público y, en definitiva, dispone que las Fuerzas Armadas no pueden, en virtud de esta facultad, restablecer el orden o la seguridad pública, ya que se trata de una atribución exclusiva de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Sin lugar a dudas, pensamos que este proyecto va en la dirección correcta, y lo apoyaremos con fuerza.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señora Presidenta, yo quiero plantear mi visión más bien jurídica de lo que estamos votando.
Yo sé que, por supuesto, esto tiene connotaciones políticas, pero aquí hemos visto explayarse a los señores Senadores respecto de ese punto.
Para el establecimiento de la historia de la ley, deseo señalar mi punto de vista respecto de cómo yo veo lo que hoy día estamos analizando.
Actualmente, en la Constitución tenemos cuatro estados de excepción constitucional. Eso está vigente hoy. Viene de la Constitución del 80, y tras las numerosas modificaciones que se han realizado en los últimos treinta años a la Constitución, estos cuatro estados de excepción constitucional se mantienen centralmente en lo mismo establecido originalmente en la Constitución del 80.
Hoy día, sin necesidad de este proyecto de reforma constitucional, nosotros tenemos el estado de asamblea, cuando hay guerra exterior; el estado de sitio, cuando hay guerra interna; el estado de emergencia, cuando hay desórdenes públicos, y el estado de catástrofe, cuando hay desastres naturales.
Eso es lo que actualmente existe en la Constitución.
Y el Presidente de la República puede decretarlos con las modalidades que establecen los artículos 39 y siguientes de la Carta Fundamental, algunos con acuerdo del Congreso y otros sin necesidad de su acuerdo, con las facultades que se le entregan ahí al Primer Mandatario.
Este proyecto incide no en el estado de asamblea, ni en el estado de sitio, ni en el estado de catástrofe, sino fundamentalmente en el estado de emergencia.
El estado de emergencia está reglamentado en el artículo 42 de la Constitución, que se remite a la Ley Orgánica de los Estados de Excepción.
El estado de emergencia significa que el territorio queda a cargo de un jefe de la defensa nacional (un oficial de alto rango, que normalmente es un general, un almirante o un general del aire) en las jurisdicciones respectivas. Y esta persona tiene, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, entre otras, las siguientes atribuciones:
Por un lado, asume el mando de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la PDI. O sea, este general dirige todo el sistema de Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. En consecuencia, Carabineros e Investigaciones quedan bajo el mando de este general, almirante o general del aire.
A la vez, puede dictar todas las normas para resguardar el orden público. Pero, además, le es posible "Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros".
O sea, hoy día, sin reforma constitucional, este alto jefe de las Fuerzas Armadas posee esas atribuciones en el estado de emergencia.
¿Qué es lo que me llamó la atención y por lo cual yo estime pertinente apoyar este proyecto? Me llamó la atención que establezca una facultad específica respecto de las Fuerzas Armadas que las saca del orden público. Porque ya decretamos estado de emergencia y vimos y presenciamos por los medios de comunicación cómo fue la cosa en las calles y plazas de Chile. Y en esta reforma constitucional nosotros estamos adoptando una variante como país, al decir: "Junto con estos cuatro estados de excepción constitucional ahora vamos a darles a las Fuerzas Armadas una tarea específica". Y esta labor específica significa que el general, el almirante, o quien sea no se hace cargo de Carabineros ni Investigaciones; no se hace cargo del orden público; no está en la calle; no está con la gente, y se dedica exclusivamente a la infraestructura física del país.
Entonces, si nosotros aprobáramos esta reforma constitucional, se produciría, a mi juicio, lo que los teóricos del derecho llaman una "antinomia".
Como a mí me gusta leer filosofía política, pero también teoría del derecho, me encontré con un buen libro de un filósofo italiano -que sé que algunos amigos del Partido Socialista lo leen y les gusta, y a mí también-, que es don Norberto Bobbio, que naturalmente no se refiere al punto de vista político. Él es un filósofo político italiano muy importante (y presento este texto aquí, que tengo entre mis libros), pero que también es un teórico del derecho. Y él habla de las antinomias, que hacen referencia a cuando ciertas normas pueden ser incompatibles entre sí.
Y sostiene este jurista que una norma puede ser incompatible por un problema cronológico, por un problema de jerarquía o por un problema de especialidad.
En términos de jerarquía, se trata de normas de igual jerarquía, porque estamos hablando de normas constitucionales. Las disposiciones sobre estados de excepción y esta reforma constitucional tienen igual jerarquía, por lo que unas no priman sobre la otra.
Ahora bien, en orden cronológico, esta es una ley posterior y, por lo tanto, prima sobre la ley anterior. La normativa anterior se dictó hace treinta o cuarenta años. Esta es una normativa que se está dictando conforme a los actuales requerimientos. Y, en consecuencia, esta es una ley que prima sobre la referida al estado de excepción constitucional de emergencia, que se dictó dentro de la Constitución del 80.
Pero, además, está el principio de la especialidad, en virtud del cual con esto les estamos dando a las Fuerzas Armadas una tarea específica, sacándolas de las labores generales que significan los estados de excepción constitucional.
Por lo tanto, aquí hay una incongruencia entre el estado de excepción constitucional de emergencia y lo que estamos analizando ahora.
Y lo que prima es lo que estamos aprobando aquí.
En consecuencia, ni este Gobierno ni ningún Gobierno podrían decretar el estado de emergencia conjuntamente con esto. O decreta el estado de emergencia -hoy día ya lo tenemos, con las consecuencias que hemos visto, con las facultades que posee, con lo que pasó- o emite específicamente el decreto sobre infraestructura crítica, especialmente por las facultades que nosotros le damos, que es incompatible con el estado de emergencia.
Por consiguiente, el Gobierno no podría decretar el estado de emergencia y, al mismo tiempo, emitir un decreto respecto a una infraestructura crítica, porque este último supone que el jefe de la defensa nacional no se hace cargo de la ciudad, del territorio, ni de la PDI, ni de Carabineros, ni del orden público, sino que específicamente se refiere a la infraestructura crítica.
Es la interpretación que yo le doy, señora Presidenta, a la reforma que estamos analizando.
Por lo tanto, si salimos del estado de emergencia que hoy día tenemos, con todo lo que vimos, y decimos: "No, vamos a ir a la cosa específica", en virtud de los principios jurídicos que yo he entregado, quiero señalar, para la historia del establecimiento de la ley, que el estado de emergencia, en consecuencia, es incompatible con esto, o esto es incompatible con el estado de emergencia.
Por ende, yo prefiero algo específico, en que las Fuerzas Armadas no estén con la gente, no estén a cargo del orden público, no tengan a su mando a Carabineros e Investigaciones. Y, naturalmente, dependerá de la prudencia, del sentido de Estado que tenga el Gobierno ver con qué medida va tratando de encontrar la paz pública.
Pero ese es otro tema.
Termino, señora Presidenta, señalando que las muertes de las personas no dependen de los instrumentos jurídicos. Porque yo, que represento a La Araucanía y a los pueblos originarios, y específicamente también al pueblo mapuche, quiero decirle que en La Araucanía ¡tuvimos muchos muertos!: a Matías Catrileo, a Mendoza Collio, a Camilo Catrillanca, a Álex Lemun. Y ello ocurrió en gobiernos de Centroizquierda y en gobiernos de Derecha. Pero no fue necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas para que ellos resultaran muertos ahí. Ello sucedió con las mismas normas que hoy día tenemos.
Porque los muertos dependen de otros factores: políticos, de direccionamiento, de prudencia, de movimientos estratégicos, de movimientos tácticos, de un montón de otras cosas, en los cuales nosotros también fallamos. ¡Todos fallamos aquí!
Entonces, a mí no me gusta el argumento moral de que unos sean los buenos y otros sean los malos. Porque todos hemos fallado. Me refiero a La Araucanía.
Esta es una deuda que se tiene con los pueblos originarios, específicamente con el mundo mapuche, respecto de sus muertos.
En consecuencia, es bueno que todos asumamos la responsabilidad que tuvimos cuando fuimos Gobierno.
Por eso no me gustan los análisis hipotéticos, de lo que podría pasar, cuando lo que pasó y está pasando es por una legislación que actualmente existe.
Por ello, ante esta normativa específica, que prima sobre lo otro en los términos que he señalado, como miembro de la Comisión de Constitución, donde me gusta trabajar de manera rigurosa, he decidido votar a favor de esta reforma constitucional.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor COLOMA.-
Señora Presidenta, ¿puede abrir la votación, manteniendo los tiempos?
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Se ha solicitado abrir la votación, manteniendo los tiempos.
La señora PROVOSTE.-
No.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
No hay acuerdo.
Puede intervenir, Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señora Presidenta, en verdad, lo que ha hecho el Senador Huenchumilla es dar una explicación pedagógica, jurídica, con una línea argumental sólida y contundente, a quienes en el día de hoy han rechazado este proyecto.
Y yo le agradezco al Senador, en representación de los chilenos que han votado por nuestro sector y que han apoyado a nuestro Gobierno, por la visión de Estado que ha manifestado, sin perjuicio de que es posible que tengamos muchas diferencias en distintos proyectos de ley.
Pero yo no puedo dejar pasar, señora Presidenta -y con mucho respeto-, la actitud del Partido Socialista.
Y lo quiero decir con nombre y apellido, señora Presidenta, porque creo que el Partido Socialista tiene dos discursos. Cuando se enfrentan a las cámaras ellos sostienen que están en contra de la violencia; y lo dicen con mayúscula: ¡en contra de la violencia! Pero cuando se trata de apoyar proyectos que van en la dirección correcta, para evitar esa violencia, votan en contra.
Y se pronuncian en contra porque ya hemos escuchado los argumentos de dos Senadores de ese partido, en que están votando en bloque. Y, en forma permanentemente, esto obedece a una estrategia de la Izquierda, del Partido Socialista: no perder la calle.
Entonces, en la medida que se obstaculiza con mayor fuerza al Gobierno, ellos creen, lamentablemente, que recibirán algún dividendo electoral en el futuro.
El futuro decidirá verdaderamente si esa es la conducta que debiera existir cuando un país ha tenido que enfrentar las situaciones recientes.
Y pienso que el Partido Socialista -con nombre y apellido- no puede sentirse con superioridad moral en temas de derechos humanos por lo que algunos de sus miembros hayan pasado en alguna época de nuestra historia. Invocan los derechos humanos, pero votan en contra todos los proyectos que buscan imponer el orden público.
El actual fue descrito pedagógicamente -a buen entendedor, pocas palabras- tanto por el Senador Huenchumilla como por los Ministros del Interior y de Defensa.
Estamos viviendo conflictos políticos, pero lo que no se puede hacer es comenzar a especular sobre el futuro, qué va a pasar más adelante. Se llega al extremo de una crítica política que dice: no puede ser que los militares puedan o tengan que custodiar los bancos, como alguien señaló por acá. ¡Eso es ir a cuidar a los ricos! Pero, ¿qué pasa en una sede del Banco del Estado, el único banco que les paga a los pensionados, en Calbuco? En situación de catástrofe, dejamos sin su pequeño sueldo a esos jubilados, sin actividad comercial.
Creo que es fácil, muchas veces, esconderse en excusas; excusas que terminan siendo argumentos para un sector de este Hemiciclo.
Evidentemente, señora Presidenta, vivimos momentos difíciles, pero este proyecto permite discutir los alcances del concepto de infraestructura crítica. De hecho, la reforma plantea que la definición sea objeto de ley. Lo que no se puede negar es la posibilidad de que el Estado destine a las Fuerzas Armadas a proteger infraestructura esencial para la nación.
Se dice que ha habido improvisación, que ha habido poca rigurosidad, pero olvidan los términos en que este proyecto llegó desde la Cámara de Diputados y que aquí se fue corrigiendo y perfeccionando.
No puede haber justicia social sin poder tener, en momentos de convulsión política, custodiados y resguardados los elementos básicos: la electricidad, el agua.
El texto acota de manera certera los plazos, la extensión y la forma de la medida, por lo que no debiera despertar el recelo, la especulación que hemos escuchado aquí de parte de la Izquierda, en sectores siempre temerosos de la participación de las Fuerzas Armadas en la vida civil, pero que nada dicen de la participación de militares cuando se trata de incendios forestales, del control de armas, de la vigilancia en los lugares de votación en días de elecciones o en situaciones de catástrofe.
Siento que es tanta la odiosidad que hay con el Gobierno, que aquí se busca cualquier razón para complicarle la vida al Presidente. Parece que algunos Senadores de Izquierda no han visto videos pidiendo renuncias, llamando a la sublevación, generando mayor odiosidad entre todos los chilenos. Unos grupos de feministas ya están llamando a no respetar la ley, a generar violencia el 8 de marzo.
Entonces, vivimos bajo permanente amenaza, y los chilenos necesitan ser resguardados. Pero es mucha la oposición y la obstaculización a la labor del Gobierno, para no dejarlo gobernar. Senadores de Izquierda, del Partido Socialista, dicen: "¡Pero si esto ya está en la Constitución!". O sea, lo que ellos desean es que, en caso de ser necesario, se aplique la Constitución y los militares salgan a la calle.
Uno piensa: ¡qué gran contradicción! Porque, por una parte, afirman que los militares no deben salir bajo esta figura intermedia para el cuidado de la infraestructura crítica, pero, por la otra, opinan que sí deben hacerlo cuando hay un estado de excepción. ¡Qué contradicción más grande! Cuando se trata de defender la democracia, de cuidar a los chilenos, en una bancada se siente la amenaza, la especulación, la ciencia ficción de hablar de matanzas. Lo único que les faltó decir es que habría un genocidio.
Veo en la Oposición partidos que van mucho más allá y que actúan con seriedad y con responsabilidad. Ya habrá otras oportunidades en que tendremos oposición y discutiremos y criticaremos. Pero, por lo menos en este proyecto y en otro relacionado con la situación que estamos viviendo, yo he visto en la Democracia Cristiana, o en la mayoría de la Democracia Cristiana, responsabilidad, seriedad. Y eso hay que decirlo, señora Presidenta, porque a veces nos olvidamos de reconocerlo, por las muchas diferencias que podemos tener. En este caso, se valora el compromiso de ese partido con la democracia, con los chilenos y con un sentido de Estado que le falta a otro sector de este Senado.
Por eso, señora Presidenta, voy a votar a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Navarro.
¿Por reglamento?
El señor NAVARRO.-
Sí, señora Presidenta.
Quiero pedirle, dado que ya se ha dado gran parte del debate y han intervenido Ministros y Senadores, autorización para que la Comisión de Derechos Humanos pueda funcionar en paralelo con la Sala.
Reitero que están presentes comunidades del pueblo chango que han venido desde muy lejos a escuchar el informe que el Gobierno recién ingresó a las 13 horas.
Se podría abrir la votación, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación y así poder autorizar a la Comisión de Derechos Humanos para sesionar simultáneamente con la Sala?
Acordado.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Se abre la votación.
--(Durante la votación).
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).-
Tiene la palabra el Senador Guillier.
El señor GUILLIER.-
Señora Presidenta, tengo la convicción, mirando la historia republicana de Chile, de que este proyecto atenta contra un principio esencial de la democracia, que es no inmiscuir a las Fuerzas Armadas en los procesos políticos internos de los Estados.
Desde los orígenes de la República de Chile, con muy escasas, aunque también -reconozcámoslo- cruentas excepciones, los sucesivos gobiernos, de distintos cortes ideológicos (liberales, conservadores, socialistas), procuraron que las Fuerzas Armadas no se involucraran en asuntos internos y no entraran a transformarse, en los hechos, en una fuerza deliberante.
Hoy, con esto se abre una puerta impredecible, por muchas razones. En primer lugar, porque este proyecto de ley lo estamos analizando en un contexto, en una coyuntura de movilización y protesta social. Es evidente que no se trata de un desorden público generado por los manifestantes, sino la expresión de problemas que están en la sociedad chilena y requieren una solución política.
Los hechos de violencia delictual se han producido, en parte, por una errada concepción de la seguridad y el despliegue de las policías, al exponerlas a reprimir manifestaciones sociales y descuidar, por lo tanto, el amparo de la propiedad y la seguridad de las personas. Eso ha llevado, efectivamente, a un agotamiento de las fuerzas policiales. Todo ello, al mismo tiempo, en el marco de claros casos de violaciones a los derechos humanos establecidos por distintos organismos internacionales que se han pronunciado sobre la materia después de visitar nuestro país y recoger evidencia de todos los sectores.
Por otro lado, no es la crisis de violencia en sí, sino la falta de gobernabilidad para resolver estos problemas de conducción de las Fuerzas de Orden lo que ha llevado al descabezamiento de la policía y, por lo tanto y al mismo tiempo, a la desarticulación de los sistemas de inteligencia, lo cual impide identificar a los grupos violentistas que efectivamente cometen saqueos y excesos en distintas ciudades de Chile y que deben ser combatidos. Pero aclaremos: una cosa es la lucha contra la delincuencia, el saqueo y el desorden, y otra, las movilizaciones sociales.
Manifiesto mi punto de vista y admito que otros han emitido opiniones diferentes, pero yo no me puedo confundir.
Este proyecto le está entregando una facultad al Presidente de la República, recientemente acusado en la Cámara de Diputados por violaciones a los derechos humanos y hoy en medio de un debate público por el uso de información falsa para legitimar una suerte de diagnóstico de un país asolado por el terrorismo, la violencia y grupos poderosos internacionales y así poder justificar una política de guerra.
Es en ese contexto en el cual se está planteando este debate.
Aquí no estamos hablando de leyes permanentes de la república, no estamos analizando el nuevo rol de las Fuerzas Armadas en las democracias modernas. Hay un contexto. Y, con todo el cuestionamiento a la autoridad y al manejo de los derechos humanos que hay en Chile, se le otorga al Presidente un poder discrecional que no resulta tolerable, porque en este proyecto ni siquiera se establece lo que es infraestructura crítica.
Prácticamente cualquier órgano, empresa o instalación podría ser calificada de tal, sin que esto pase por ninguna fiscalización o discusión parlamentaria. Se instaura una guardia pública, ¿para el cuidado de qué? ¿De los puertos? ¿Se usará también cuando haya huelgas y parálisis en los puertos? ¿O en los aeropuertos, en los peajes, en las bombas gasolineras, en los hospitales cuando su personal se manifieste en huelga, en los bancos, en los centros mineros? Todos son recintos estratégicos para el desarrollo del país. ¿Qué no es estratégico, finalmente? Incluso las propias cadenas de abastecimiento, los supermercados.
¿Significa eso que tendremos desplegados a los militares, por el solo llamado del Presidente de la República y una vaga toma de razón de la Contraloría, en todos los espacios públicos o en aquellos que el Primer Mandatario considere infraestructura crítica?
¿No se estará confundiendo la defensa nacional con el orden público, y que lo único que hace este proyecto es reflejar la inconsistencia y la falla de los sistemas y los servicios de orden y seguridad interna para poder enfrentar hechos de violencia que todos repudiamos?
Señor Presidente, creo que estamos confundiendo dos situaciones muy distintas. No podemos engañarnos. Este no es un debate académico, un debate para mejorar el rol de las Fuerzas Armadas. Lo que acá se está haciendo es trabajar sobre la hipótesis de un escenario de confrontación social, que se va a combatir con numerosas leyes aprobadas en este mismo Congreso y en este mismo Senado. Y ahora se agrega otra pieza más, para movilizar a las Fuerzas Armadas con el solo llamado del Presidente de la República, con una justificación que no queda clara. Ni siquiera se conoce cuál es el mínimo rigor que debería cumplir esa invocación.
Solamente se puede aislar la violencia cuando en un país hay justicia, cuando el ciudadano siente que sus representantes lo están escuchando y actúan en consecuencia, cuando se abordan sin complejos y evasiones sus problemas. Entonces hay paz social, hay justicia, hay respeto, hay estabilidad.
No es ese el cuadro que hoy nos está ofreciendo la autoridad.
Todavía está pendiente un debate que aclare cuál es la relación entre grupos empresariales, servicios de inteligencia, el Gobierno, con este famoso big data, al cual no se le ha dado una explicación.
Además, hay campañas hablando de que estamos en una guerra. ¿Vamos a sacar a los militares bajo la hipótesis de que estamos en una guerra?
Perdón, señor Presidente, pero el país debe tener claridad. Este proyecto de ley se da en un contexto particularmente desgraciado, particularmente confuso, y no nos va a traer ninguna estabilidad ni mejora. Por el contrario, establece un potencial de arbitrariedad, ya demostrado con el uso de las Fuerzas de Orden: Carabineros. Excluyo, por cierto, a la PDI, que ha actuado con más apego a la disciplina, al orden y a la ley.
Pero, en este cuadro, seguir dando más atribuciones a un Gobierno no creíble me parecería un grave error político y jurídico, además de peligroso para nuestro ordenamiento institucional.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, he escuchado muy atentamente las intervenciones de los distintos Senadores y de repente me han llamado la atención algunos calificativos que se han expresado frente a este proyecto.
El primero que escuché fue el de "improvisación". Esta es una iniciativa que nace y es discutida en la Comisión de Seguridad del Senado, donde, transversalmente, luego de un debate en su interior, se llega a la conclusión de que una normativa de esta naturaleza requiere, necesariamente, una reforma constitucional. De hecho, el texto que entramos a discutir no era una reforma constitucional, sino una modificación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas a través de la cual se les daba a estas una nueva atribución. Y los Senadores de la Comisión, de distintos partidos, discutimos, analizamos y llegamos a la conclusión de que la propuesta presentada debía revestir el carácter de reforma constitucional y, en tal virtud, ser remitida a la Comisión de Constitución.
Ha habido un debate riguroso que consideró los aspectos constitucionales, los aspectos de seguridad, los aspectos de defensa y los aspectos políticos. Por lo tanto, nadie puede afirmar que aquí estamos frente a un debate apresurado para generar represión. Por el contrario, se ha hecho un análisis muy mesurado para ver cómo nuestras Fuerzas Armadas, en las cuales se han realizado esfuerzos importantes en los últimos años para proveerlas de capacidades ambivalentes, pueden actuar con eficacia ante hechos generados por la naturaleza, así como colaborar y ayudar en materias de seguridad y orden público.
Aquí lo relevante es que, frente a determinada situación, que puede estar relacionada con nuestra actual coyuntura, pero también con los efectos o embates de la naturaleza, la infraestructura crítica quede protegida. Todos vimos cómo en la Región del Biobío, producto del terremoto del año 2010, se iniciaron acciones de saqueo, de destrucción de distintos sectores de la ciudadanía, y resultó necesario que las Fuerzas Armadas mostraran actitud de colaboración para darle tranquilidad a la población.
Ese, para mí, es el elemento central.
Aquí se ha hablado de reprimir. Y fíjense que uno de los factores esenciales de este proyecto es no otorgarles a las Fuerzas Armadas normas, autorizaciones o facultades en materia de orden público. La responsabilidad del orden público sigue siendo de la autoridad política y civil del país: del intendente, de los gobernadores, del Ministro del Interior. Por lo tanto, no se puede argumentar que esta iniciativa sea para reprimir a alguien. Esta iniciativa tiene por objeto que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con las autoridades a cargo del orden interno y la seguridad pública para la protección de infraestructura crítica.
Aquí se ha sostenido también que hay algunas cosas que no se conocen, que no se saben, que estamos dando un cheque en blanco. O no se ha querido leer el proyecto con rigurosidad, o claramente se está tratando de levantar un tema de carácter político o generar confusión en la opinión pública.
Si el Presidente toma la decisión de entregarles a las Fuerzas Armadas esta responsabilidad, en el decreto supremo que tiene que mandar a la Contraloría General de la República -que ahora se mira con cierto desdén-, debe especificar con absoluta claridad a qué infraestructura se está refiriendo. Y el día de mañana, este Senado, este Congreso Nacional, dictará una ley para fijar cuál es esa infraestructura crítica, pues ahora no tenemos una norma legal que así lo establezca.
Sin embargo, eso para nada significa un cheque en blanco, porque un decreto supremo fundado por parte del Presidente de la República, que tiene que ir a la Contraloría, es, sin duda, un instrumento público, un instrumento político que puede ser objeto de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados y de explicaciones por parte de la Sala del Senado. No hay ninguna norma de este proyecto de la cual se pueda desprender que se resta alguna atribución de fiscalización a la Cámara o de información al Senado.
Todas y cada una de esas facultades, todas y cada una de esas atribuciones siguen estando presentes y, por lo tanto, ningún Presidente de la República podrá usar esta herramienta de manera absolutamente irresponsable, porque ahí van a estar los tribunales de justicia, el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República generando una presión, si es que, por ejemplo, se establece que determinada infraestructura debe ser protegida por las Fuerzas Armadas y no se reúnen los requisitos que la propia reforma constitucional contempla para interpretar en términos generales qué debe ser una infraestructura crítica.
Por lo tanto, contestando derechamente esas aprensiones, yo quiero dejar absolutamente de lado que aquí estemos entregando un cheque en blanco.
Lo que estamos diciendo es que tenemos una capacidad instalada en las Fuerzas Armadas en materias de orden público (ayudan en las fronteras ante el narcotráfico y en las calamidades públicas), que permite que puedan garantizar la protección de la infraestructura crítica.
¿Cuál infraestructura crítica? En primer lugar, la que fije el Presidente de la República, y mañana, esta ley en proyecto que tiene que ser aprobada por el Congreso.
Eso es un elemento central para que en momentos de calamidad pública o de violencia, como los hemos vivido, tengamos la tranquilidad de poder decirle a la población que ante problemas de agua, de electricidad, de gas y de transportes, el uso de estos servicios por la comunidad estará resguardado.
Oponerse a esa atribución significaría permitir que los violentos, los vándalos destruyan impunemente una infraestructura que le sirve a la ciudadanía y que le es absolutamente indispensable.
Aquí se ha realizado también una afirmación que no se puede dejar pasar, porque es contradictoria con las expresiones de la propia bancada de quien la formuló.
Las Fuerzas Armadas tuvieron durante algunos días la autoridad para el resguardo del orden público. Y, si mi memoria no me engaña, el propio Senador Letelier expresó -no sé si en esta Sala o en la Comisión de Defensa- que su comportamiento fue ejemplar. Y, por lo tanto, ¿cómo puede manifestar hoy día alguien de su misma bancada que ese comportamiento puede generar matanzas?
Estimados Senadores y Senadoras, en estos meses se han atacado regimientos; se ha intentado tomar regimientos, como también tribunales de justicia; se han destruido municipalidades, edificios públicos, como el de la Gobernación Provincial de Concepción y otros relevantes en nuestro país.
¿Alguien tiene la autoridad para decir que todos esos hechos de violencia pueden producir una matanza?
Quienes han estado resguardando el orden público, ya sea Carabineros o las Fuerzas Armadas, han actuado con prudencia ante hechos que jamás habíamos visto.
Por lo tanto, yo quiero rechazar con energía esas aseveraciones que hablan de un daño hipotético que podrían llevar adelante quienes lo único que hacen es cumplir instrucciones y órdenes del poder político para dar protección a la infraestructura crítica del país.
Por ende, este es un proyecto absolutamente necesario, que envía una señal a la ciudadanía en el sentido de que el Estado va a hacer todos los esfuerzos posibles para protegerla; de que el Estado va a hacer todos los esfuerzos posibles para evitar que sea perjudicada; de que el Estado va a hacer todos los esfuerzos posibles para que su vida cotidiana no sea alterada.
Y así será verdaderamente.
Además, trabajaremos en este proyecto con la misma dedicación, con la misma eficacia, con la misma rigurosidad con que estamos tratando hoy día las iniciativas relativas a la paridad, a los escaños reservados para los pueblos indígenas, a la participación de los independientes, a las pensiones, al pilar solidario, a los medicamentos, y a tantos temas que hoy día hacen que podamos ir dando las respuestas que el país necesita.
Y, por último, una reflexión: los manifestantes no destruyen infraestructura crítica ni impiden que la gente tenga agua; los manifestantes no destruyen el Metro; los manifestantes no destruyen municipalidades; los manifestantes no se toman o intentan tomarse regimientos; los manifestantes no queman edificios públicos. Eso lo hacen los violentos, las personas que no quieren la democracia y ponen en riesgo el Estado de derecho.
Por lo tanto, hay que dejar esa división absolutamente en claro.
Este proyecto no busca enfrentar a los manifestantes, sino impedir, evitar que los violentos destruyan infraestructura absolutamente indispensable para la vida tranquila y democrática de los ciudadanos.
Por eso, vamos a votar a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene, a continuación, la palabra el Senador Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente, primero, quiero felicitar a las Comisiones de Defensa y de Constitución que han estado detrás de este proyecto.
Si hay algo que busca esta iniciativa, paradójicamente, es justo lo contrario a lo que he escuchado de algunos de los parlamentarios que han argumentado en su contra.
De hecho, se pretende alcanzar la gradualidad en el uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar momentos críticos del país y, además, que efectivamente se usen todos los protocolos cuando las Fuerzas Armadas tengan que resguardar el orden.
Lo curioso es que los mismos que hoy día hablan en contra de esta iniciativa, son los que han gobernado en varias ocasiones el país y que utilizaron el mecanismo del estado de excepción.
Entonces, resulta bastante curioso que algunos se esfuercen en buscar algún argumento para oponerse a un proyecto que pretende fijar límites y tratar de que no se tengan que utilizar los estados de excepción con la frecuencia que ustedes mismos ocuparon.
Afortunadamente, hemos visto que varios Senadores de la Oposición han decidido apoyar esta iniciativa con convicción, con seriedad, con rigurosidad; porque, además, busca modernizar las normas según las cuales hacemos uso de nuestras Fuerzas Armadas.
Hay que decir que esto no vulnera ningún derecho civil, como señalaron algunos que no están, quienes, o no leyeron el proyecto o simplemente no han querido reconocer su verdadero contenido, porque su texto tiene la virtud de no tocar ningún derecho civil en lo más mínimo. Por el contrario, simplemente limita y restringe los lugares que deben resguardarse por correr riesgo su utilidad pública.
Pido que aprobemos esta iniciativa en forma transversal y que aquellos que han tratado de buscar alguna excusa para votarlo en contra puedan corregir su postura; porque, sin lugar a dudas, colabora a tener un mejor desarrollo del orden público en nuestro país.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, hay debates que, por su naturaleza, son indicativos de posiciones que a uno pueden parecerles buenas o malas. Pero a veces a uno le pasa que no ve la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Lo digo porque uno puede tener discrepancias (es legítimo, sano, necesario, y forma parte de la democracia, de la convivencia y de la sanidad). Pero, honestamente, de lo que he oído de los representantes del Partido Socialista que han hablado hasta ahora -lo digo sin ninguna pasión, sino como una forma de reflexión-, no entiendo la lógica con la cual están respondiendo no solo a las demandas ciudadanas, sino a un requerimiento del mismo Gobierno en orden a buscar elementos que en paz contribuyan a fortalecer el orden público.
¿Y por qué digo esto? Porque en atención a estos últimos noventa días de estallido social, que han sido duros y de violencia, en que junto con oportunidades y reflexiones han aparecido también escenas dramáticas de nuestra vida, que han costado muertos, que han costado heridos, que han costado injusticias, que han costado que las fuerzas, particularmente de Carabineros, hayan tenido momentos muy duros, siempre se planteó que había que enfrentar estos desafíos como país, buscando cómo controlar el orden público (algo necesario en las democracias y exigible al Gobierno) sin maximizar las posibilidades de que en este esfuerzo de proporcionalidad se produzcan daños mayores.
Esa es la lógica. Y a eso nunca alguien se ha opuesto conceptualmente.
Entonces, escucho lo que plantearon los Senadores y no entiendo cómo pueden oponerse casi con entusiasmo a un proyecto diseñado precisamente para colaborar en el orden público a través de la institución de Carabineros, a la que se le sacan obligaciones periódicas que se endosan a las Fuerzas Armadas y para otro tipo de lugares, como las instalaciones estratégicas, sin que ello suponga el uso de la fuerza respecto de civiles.
A mí algo no me calza.
Se pide orden público, apego a los protocolos de funcionamiento de Carabineros, a fin de alcanzar de esa manera la paz social. Y, a cambio, se solicita dar facilidades para que parte relevante de las funciones que esa institución tiene que realizar en momentos de convulsión, como es proteger la infraestructura pública, pueda ser desarrollada por otra con capacidades y condiciones para hacerlo, aun cuando no esté entre sus funciones primarias.
Sin embargo, se oponen a esto. ¿Cómo se entiende?
Objetivamente, señor Presidente, a mí me parece que aquí se está haciendo algo del más esencial sentido común. Establecer que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica del país cuando exista un peligro grave que la afecte, sin que esta medida pueda, en caso alguno, implicar suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que dispone la Carta Fundamental.
Y, adicionalmente, decretada que sea esa medida, existirá un período de 30 días, por si se quiere reponer, para que pueda ser planteada ante el Congreso Nacional.
Entonces, aunque no hubiéramos tenido una contingencia que remeciera las conciencias, el sentido institucional, el sentido mismo del país, que a todos nos ha afectado, a mí me parecería un proyecto superrazonable. Y yo les quiero decir honestamente que es mucho más razonable todavía ante los momentos difíciles que hemos vivido.
Pero hay dos argumentos adicionales que yo quiero poner arriba de la mesa, y que abundan en la lógica de estar buscando argumentos para decir anticipadamente que no se va a colaborar con un Gobierno, con un país, en términos de generar mayores elementos para cuidar el orden público.
Yo tengo algo de memoria, señor Presidente, y me acuerdo de que esta discusión se dio ante la circunstancia más curiosa, que fue la salida de tropas a Haití.
Acabo de pedir los antecedentes y me encontré con algo que no esperaba, y que me sorprendió: la intervención de la Ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien solicitó por primera vez, en nombre del Presidente Lagos, la salida de tropas al extranjero.
Y lo que planteó la Ministra Bachelet en su momento fue que para que funcionen las policías en países como Haití "es muy importante que las Fuerzas Armadas de otras naciones custodien las instalaciones y controlen los caminos".
A juicio del socialismo de ayer, para establecer lógicas de orden público en otros países y dar a las policías los mecanismos adecuados para concentrarse en ello era necesario el envío de personal de las Fuerzas Armadas de otros países -miren lo que estamos diciendo- no para hacerse cargo del orden público -para eso está la policía-, sino para custodiar las instalaciones y controlar los caminos.
Entonces, si luego de una larga discusión nosotros establecimos esa lógica justamente en el entendimiento de que así se contribuía a que los países repusieran su orden social, no veo por qué la misma argumentación no se puede aplicar con mucho mayor razón cuando se trata del propio país.
O sea, es posible que alguien crea que hay razones de fondo para establecer reglas de orden público y que Carabineros cuenta con todos los derechos necesarios. Y también que un gobernante tenga derecho a decretar estados de emergencia para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir roles mucho más activos en seguridad; eso ha ocurrido. Pero esto es una etapa intermedia, previa, que el mismo país ha postulado respecto a naciones extranjeras.
En consecuencia, los mismos que decían: "esto es importante para proteger el orden público en otros países" lo están negando en cuanto del propio.
No sé dónde está la estructura lógica de haber argumentado con pasión lo primero y renegado con la misma pasión lo que nos es más propio.
Adicionalmente, algunos señalaron que esto no era comparable con otros ejemplos en el mundo, porque esto tiene una lógica completamente normal en muchas democracias, como las de Inglaterra, Francia, España, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, a las que nadie puede calificar de desestabilizadas o cooptadas por sus problemas.
Y se decía que había pocos ejemplos latinoamericanos. Bueno, México, Colombia, Ecuador han adoptado el mismo tipo de decisiones porque entienden y comprenden que hay lógicas por defender y que obviamente debemos hacer un esfuerzo máximo y no uno mínimo.
Señor Presidente, no estamos ante cualquier momento en el país. Estamos ante un momento duro, difícil, en que necesitamos extremar nuestra inteligencia, nuestro sentido común, nuestra valoración. Porque hoy día pasa en este Gobierno, y alguien podría decir: "Por eso tiene tan poca adhesión ciudadana". Pero el problema es que este Parlamento tiene menos y nadie tiene más.
Obviamente, hay un problema social mucho más amplio que no puede, no acepta ser reducido a esquemas de poder político, no acepta esta especie de antropología para efectos de salir al final virtuoso. Aquí somos deudores, no acreedores de lo que el país necesita.
Yo valoro con profundo afecto los argumentos de las bancas del frente que son mucho más reflexivos, que piensan en el país grande, a fin de tratar de establecer normas del siglo XXI y no quedarnos pegados inexorablemente en el siglo XX, manejando con retrovisor.
Por eso, a mí me parece que este es un proyecto bien inspirado, bien desarrollado, que apunta al exacto sentido de colaborar para que en Chile haya orden público y se defiendan los derechos de las personas.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Antes de dar la palabra al Senador Latorre, quiero citar a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, en mi opinión, este proyecto de reforma constitucional tiene diversos problemas. Uno de ellos es su origen. Recordemos que el Ejecutivo fue el creador de esta propuesta como un proyecto de ley, cuestión que era notoriamente inconstitucional. Y así después fue corregida. Fueron Senadores del Oficialismo quienes enmendaron este vicio y presentaron la actual iniciativa, que incorpora al ya copioso catálogo de atribuciones del Primer Mandatario, en este régimen de presidencialismo extremo que tiene Chile, la potestad de acudir a las Fuerzas Armadas para el resguardo de la infraestructura crítica cuando exista peligro grave, sin la existencia, por ejemplo, de un informe de inteligencia que dé cuenta de la necesidad de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle a custodiar infraestructura crítica.
Acá se han dado varios argumentos de países europeos. Pero estos países europeos han estado bajo ataques y amenazas terroristas y con informes de inteligencia que justifican sacar a las Fuerzas Armadas, acotadamente y por períodos temporales, para custodiar infraestructura crítica.
La moción parlamentaria define, apenas vagamente, lo que se entenderá por "infraestructura crítica".
Y yo creo que este es uno de los problemas centrales.
Tampoco se indica el procedimiento por medio del cual el Presidente de la República informará al Congreso sobre lo sucedido durante el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. Es más, hasta el día de hoy no tenemos noticias de lo sucedido durante el estado de excepción declarado en el mes de octubre, pese a que, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución, el Presidente está obligado a informar al Congreso sobre las medidas adoptadas en dicho período.
El proyecto indica que se determinarán mediante decreto supremo las empresas susceptibles de ser protegidas por agentes armados, hasta que se dicte una ley que regule aquello. ¿Cuándo se dictará dicha ley? ¿Cuál será su contenido? No lo sabemos. Mientras tanto, si se aprueba esta iniciativa, aquello se hará por decreto supremo.
En consecuencia, le estamos dando una potestad totalmente discrecional al Presidente de la República, quien en la actualidad -me refiero al actual, al que le quedan dos años de gobierno- tiene un bajísimo apoyo ciudadano y, en mi opinión, no ha tenido mucha prudencia o sensatez para enfrentar la crisis social en la que se encuentra nuestro país. Lo digo, a propósito de los argumentos que se han dado sobre la necesaria prudencia que debe tener un estadista para abordar los problemas de orden público.
Esta propuesta merece varias críticas.
Primero, desde lo formal -como ya decía-, preocupa la amplitud del concepto de "infraestructura crítica".
Y, segundo, destinar a las Fuerzas Armadas a que velen por el orden público no puede autorizarse constitucionalmente sin antes hacerse cargo de la regulación del empleo de la fuerza por medio de ley. Lo anterior vulnera derechos humanos y los mecanismos que sirven para exigir su plena vigencia. Así, se infringe la garantía normativa de los derechos humanos.
En este caso, previo a esta exagerada atribución, se requiere que se dicte una ley que regule el empleo de la fuerza por parte de los agentes armados. Recordemos que nuestro país ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lemun versus Estado de Chile, precisamente por vulnerar, entre otras, la garantía normativa consistente en regular el empleo de la fuerza desplegada por Carabineros -en ese caso, contra el comunero Alex Lemun- por medio de ley, cuestión que aún no se cumple.
Esta iniciativa vulnera derechos y, además, deviene en inconvencional, pues no respeta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que los Estados deben abstenerse de acudir a las Fuerzas Armadas para efectos de resguardar el orden público y, en el caso excepcional de que eso ocurra, las tropas militares deben recibir entrenamiento para ello. Debemos recordar que las Fuerzas Armadas están orientadas a defender al país de amenazas externas.
El concepto de "infraestructura crítica" que propone el proyecto es extremadamente amplio. Contempla "las instalaciones, sistemas o componentes" de empresas que atiendan servicios de utilidad pública. Ahí caben empresas eléctricas, de transportes e, incluso, productoras de alimentos. Pero también caben sus redes informáticas, sus plataformas tecnológicas o sus procesos ("sistemas o componentes"). Es decir, el Presidente de la República podría autorizar, vía decreto, a que las Fuerzas Armadas tomen el control de redes o sistemas informáticos privados del país -¡esto lo encuentro inaceptable!-, lo que también sería aplicable a organismos públicos.
Tengo una visión crítica de este proyecto, porque se basa en las ideas propias de la doctrina de la seguridad nacional. Eso es lo que se trasluce de alguna manera mirando entre líneas la iniciativa. Tenemos que superar la lógica del enemigo interno y el rol de las Fuerzas Armadas de combatirlo. El Presidente de la República en varias ocasiones ha dicho que estamos frente a la amenaza de un "enemigo poderoso", sin precisar quién sería este, declarándole la guerra al propio pueblo de Chile.
Esto en nuestra historia ha traído mucho dolor y heridas que todavía no cierran y, en el contexto pos 18 de octubre, se vuelven a abrir con las graves violaciones a los derechos humanos, reflejadas en cinco informes al menos (cuatro internacionales y uno del Instituto Nacional de Derechos Humanos) en estos tres meses de protestas y movilizaciones.
Además, hago una breve reflexión sobre el resurgimiento de grupos extremos, incluso de extrema Derecha, que por redes sociales empiezan a reivindicar, por ejemplo, el ataque a memoriales de derechos humanos y evocan lo que fue la acción de Patria y Libertad en las décadas de los sesenta y setenta, cuando ese movimiento efectivamente hizo acciones de sabotaje y de violencia contra infraestructura crítica para justificar una solución autoritaria y la salida de las Fuerzas Armadas a la calle. ¡Ojo! Estamos frente a ese escenario también.
Pero se requiere inteligencia para desactivar y perseguir a esos grupos, que podrían estar detrás de los ataques directos a dirigentes y hacer amenazas o intimidaciones a quienes hoy día ejercen oposición o disidencia política al actual Gobierno.
Si queremos recuperar el orden público, debemos garantizar las condiciones para una vida digna en sociedad. La paz social será fruto de la justicia social.
La gente reclama dignidad en la calle, con rabia, con indignación frente a los abusos. Pero, al mismo tiempo, valora la democracia. Las grandes mayorías quieren canalizar por la vía democrática la solución al conflicto social. Así lo reflejan las últimas encuestas. Yo estoy seguro de que el pueblo de Chile demostrará esa vocación democrática en el plebiscito de abril, a pesar de las campañas del terror que algunos hacen.
Pero la gente se aburrió de migajas y no aceptará cualquier solución con letra chica y que mantenga el actual sistema injusto.
La ciudadanía perdió el miedo frente a una agenda de represión ilimitada por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad. De hecho, si se involucra a las Fuerzas Armadas, puede escalar aún más el conflicto, como ocurrió cuando el Presidente de la República decidió sacar a los militares a la calle: la gente salió con más fuerza a protestar, ¡salió con más fuerza a protestar!
No involucremos a las Fuerzas Armadas en un conflicto social y político. Eso puede terminar muy mal. ¡Sabemos que en la historia de Chile eso no ha terminado bien!
Por los argumentos que he dado anteriormente y por encontrar innecesario este proyecto de ley, voto en contra, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, el resguardo de la infraestructura crítica constituye un deber ineludible del Estado, y es fundamental que esta iniciativa otorgue al Presidente de la República las herramientas necesarias para que pueda requerir, bajo determinadas circunstancias, que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica, sin afectar los derechos de las personas ni hacerse cargo del orden público.
Resulta relevante, sobre todo, el cuidado de las centrales eléctricas y plantas de agua potable, así como otro tipo de infraestructura de utilidad pública, porque constituyen una herramienta esencial para la vida y desarrollo normal de los ciudadanos.
Ojalá fuese innecesario dictar una norma como la que hoy debemos aprobar o rechazar, pero los acontecimientos de los últimos noventa días han generado alarma en lo que respecta a seguridad ciudadana con relación a los bienes privados y públicos, sobre todo a aquellos de carácter estratégico o crítico del Estado.
El cuidado de la infraestructura crítica debiese ser un tema asumido como responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos, así también las entidades productoras de alimentos, los servicios de transporte y toda actividad de primera necesidad, para asegurar las mínimas condiciones de calidad de vida de los chilenos.
Lamentablemente, algunos se han dado la tarea o tienen como objetivo destruir infraestructura crítica como una forma de expresión de anarquismo, y, en caso de lograrse, seremos responsables de los sentimientos de temor e inseguridad que tendrá nuestra población.
La encuesta CEP confirmó hace pocos días puntos relevantes que expresan la opinión de la ciudadanía, como el respeto por la valoración de la democracia, en alto porcentaje, y también el apoyo al diálogo, por sobre otras formas para lograr grandes acuerdos nacionales y trabajar por las demandas sociales que ha expresado pacíficamente la ciudadanía, las cuales hoy están en el Parlamento, como la Política Nacional de Medicamentos; la mejora a las pensiones del pilar solidario; el ingreso mínimo garantizado; el proyecto de apoyo a las mipymes, con medidas financieras y donaciones; el contrato especial de trabajo para el adulto mayor, y ahora ingresa la tan anhelada reforma a las pensiones. Hay varios proyectos de ley, lo que constituye una realidad de lo que, en justicia, ha demandado la ciudadanía.
En este escenario, es indispensable recuperar la cordura, y esta iniciativa va en ese camino. Debemos cuidar, mantener y resguardar una infraestructura crítica que nos sirve a todos. Es una materia que requiere el máximo esfuerzo y compromiso.
Por ello, surge la necesidad de que, sin necesidad de dictar estados de excepción constitucional, el Presidente de la República pueda destinar a efectivos de las Fuerzas Armadas, por un plazo acotado y con toma de razón de Contraloría, al cuidado de estas importantes instalaciones.
El ejercicio de esta facultad no puede ser interpretado, por su solo ejercicio, como una violación de los derechos humanos, y para ello, es importante valorar y cuidar el papel de nuestras Fuerzas Armadas en esta materia. Una interpretación contraria nos pone en una situación de vulnerabilidad inaceptable.
Por eso, señor Presidente, apoyo este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Senador Carlos Montes, tiene la palabra.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, encuentro que este debate es poco fecundo. Estamos enfrentados a una situación nacional tremendamente compleja, pero nos quedamos en un punto y reducimos todo.
Además, hay Senadores, como los colegas Moreira y Pérez, que no son muy rigurosos ni con la historia ni con la realidad. Y buscan construir argumentos para caricaturizar y descalificar, más que para deliberar sobre cuestiones más sustantivas.
En mi opinión, es mentira que la Oposición ha obstaculizado los proyectos. La Oposición ha cumplido su rol y ha alcanzado acuerdos con este Gobierno: ha construido acuerdos tributarios para evitar toda una operación contra el peso; ha construido acuerdos presupuestarios para impedir los daños provocados por las modificaciones de la Cámara de Diputados; ha construido acuerdos en materia de proceso constituyente -todos aportamos-, porque creemos que Chile requiere salidas serias.
Tenemos diferencias en muchas cosas, pero hemos asumido un marco de acción con el que se ha ido afrontando, con distintos roles, la responsabilidad sobre la situación.
Creo que es malo distorsionar los argumentos. Se ha llegado a señalar que aquí algunos quieren matanzas. ¡Nada que ver! ¡Se temen las matanzas! Se lo digo al Senador Pérez, quien, con toda tranquilidad, dijo algo así como que algunos quisieran matanzas. Lo que no se quiere es el riesgo.
Además, se adjudica a otros el querer destrucción. ¡Qué destrucción! ¡Se espera que no haya destrucción! Y, para ello, se buscan los caminos adecuados.
Especialistas alemanes estuvieron en el Ministerio del Interior, y ahí les dijeron: "Cuando las Fuerzas Armadas salen a la calle, hacen lo que saben hacer". Por eso hay que tener mucha consideración respecto de esos hechos.
Pero quiero plantear otras cosas.
Le pregunto al señor Ministro del Interior, como situación histórica concreta, no hipotética: ¿cómo enfrentará los problemas de orden público en marzo?
¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué harán en el plano social y en el control del vandalismo? ¿Quién estará a cargo en Santiago y en regiones? ¿Quiénes serán los responsables y sobre qué se responsabilizarán, tanto en el enfoque preventivo y social como en lo operativo?
Es muy importante tomar en cuenta los errores que se cometieron cuando se estableció el estado de emergencia. Los especialistas dicen que el mayor error del Gobierno, ante la destrucción de estaciones del Metro y de otra infraestructura pública, fue no tener un plan específico para cuidar esas instalaciones.
¡Se atacaron 180 comisarías! ¡Se atacaron, incluso, regimientos en esos meses! ¡El problema no es solo si hay o no militares! Eso también es infraestructura pública.
Entonces, el punto es cómo se diseña esto.
¿Qué va a ocurrir, en definitiva, en la plaza Italia?
Algunos creen que sacando a las Fuerzas Armadas a resguardar la infraestructura pública el problema está resuelto. ¡No está resuelto!
Algunos creen que con la ley antisaqueos está resuelto. ¡No está resuelto!
Se requiere establecer un diseño, tener la capacidad de pensar en una forma de enfrentar esta situación en su raíz y efectuar un diagnóstico apropiado.
Las leyes existentes otorgan muchas facultades para hacer eso. Existen atribuciones para afrontar situaciones extremas. Esperamos que no se den, ni siquiera como hipótesis, pero se cuenta con la capacidad para enfrentarlas en caso de que ocurran.
Yo no diría que los carabineros estuvieron cuidando la infraestructura pública y que por eso se gastó energía en otras cosas. La información de que disponemos señala todo lo contrario: ¡no estuvieron!
Además, hago presente que las leyes no se hacen en abstracto, sino en condiciones históricas concretas. Esta no es una discusión académica.
Quiero decirles a los parlamentarios que ya se aplicó en Chile lo que plantea este proyecto. Ni siquiera es novedad, aunque algunos lo presentan como una gran solución novedosa. ¡Esto ya existió!
Lo he contado otras veces: yo vivía en la calle San José de la Estrella en La Florida, y en la calle del lado, la José Miguel Carrera, estaba la radio Minería. Cada vez que había un paro nacional, estaban los militares en la puerta, ¡siempre! Era una cosa automática, parte del funcionamiento de seguridad ante situaciones de ciertas características.
Pero eran condiciones históricas distintas. Ahora no ha habido golpe de Estado ni las matanzas que entonces se dieron.
Hoy día estamos en una transición. Yo sé que las Fuerzas Armadas nada tienen que ver con las de ese momento. Y hay Senadores de enfrente que no captan eso.
Sabemos que hay generales hoy cuyos padres estuvieron presos en Dawson. ¡Sabemos que los padres de importantes generales estuvieron presos! Es otra realidad.
Por eso creemos que no debemos involucrar el rol de las Fuerzas Armadas, como plantea la iniciativa de una manera no muy consciente ni precisa. Esta materia no es una cosa que se deba tomar a la ligera. No pueden ser usadas o involucradas las fuerzas militares sin pactar muy bien en qué condiciones y cómo.
Si la situación es extrema, está la facultad para decretar estado de emergencia. Si la situación es mucho más limitada, hay que buscar distintas alternativas. Y ojalá nunca se deba recurrir a las Fuerzas Armadas.
La Presidenta Bachelet, frente a las catástrofes, sacó a las Fuerzas Armadas a la calle, pero lo hizo en determinadas condiciones, bastante precisas. En algunos lados funcionó mejor que en otros.
Hay Senadores que dicen que con esta futura ley van a resolver los problemas. Ojalá que ayude. Pero no exageremos, ni toreemos a los que quieren provocar vandalismo.
En plena dictadura, en los momentos de mayor represión, las Fuerzas Armadas se vieron superadas en el resguardo de las redes eléctricas y de otros espacios. O sea, las complejidades del control y el orden público son muy grandes. Tengamos modestia y veamos cómo enfrentar esto de una manera seria.
Nuevamente le pido al Ministro del Interior que nos explique su diagnóstico y que nos diga qué supone que va a ocurrir en marzo y qué razones fundamentan esta iniciativa, de acuerdo a la información que maneja su Cartera.
¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el diseño? ¿Quién estará a cargo tanto del enfoque social y preventivo como del control del vandalismo?
Ojalá, Ministro, que se enfrenten las causas de los fenómenos ahora; que se den señales con relación a las causas, más allá de los proyectos de ley que se presenten. Hablo de señales más claras frente al país, en el sentido de que se están asumiendo con seriedad los cambios más estructurales que el país requiere.
Hay insinuaciones, pero no soluciones.
Pido que se contenga el vandalismo con mucha inteligencia, con mucha eficacia, con mucha capacidad. El orden público es fundamental para convivir en democracia, para que el país recupere la capacidad de convivir, pero dentro de un marco en el que se asuman las causas y se tengan planes de control del orden público apropiados y serios.
Termino anticipando un problema futuro, respecto del cual ojalá esté muy equivocado: los dos millones de armas que hay en Chile no han salido a la calle aún. Tenemos que controlar luego esta situación y establecer un congelamiento de su tenencia. Aquí se actúa como si las armas que están en todos lados no existieran. ¡Sabemos que hay muchas armas!
Se lo hemos dicho al Gobierno (a los anteriores Ministros del Interior y ahora al actual y al Ministro de Defensa): congelemos el parque de armas para tener una opción que permita controlar algo que está completamente descontrolado.
Me refiero a las armas legales que no se sabe dónde están, a las armas hechizas y a las que están entrando, incluso, por la Aduana a través del comercio normal. Si alguien quiere saber dónde arrendar una punto 30, le puedo decir. ¡Yo he denunciado varias veces dónde se pueden arrendar las punto 30 y otras armas!
Ministro, el uso de las armas es un tema que, si no lo asumimos ahora, va a generar problemas mañana.
Por último, hago presente que no es mucho lo que aporta esta iniciativa de ley. Creemos que no contribuye. En definitiva, hay que establecer un plan serio, riguroso para enfrentar las situaciones de orden público en marzo, por lo menos, y ojalá de ahí en adelante.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, el Derecho Constitucional estudia, desde el punto de vista material, cómo formar una Carta Magna. Entendemos a esta como una norma jurídica superior que está llamada a organizar el poder político, estableciendo normas de equilibrio, y a regular aspectos esenciales de la sociedad desde la lógica democrática.
Por ello, las normas relativas a crisis y a seguridad deben necesariamente estar contempladas en los textos constitucionales. Por tanto, la Constitución debe marcar los ejes que guíen la política de seguridad y de defensa de un país.
Las crisis de seguridad tradicionalmente han sido objeto de análisis en el derecho comparado y en los distintos textos constitucionales. Ello obliga a analizar los estados de excepción o los estados excepcionales, algo clásico en el Derecho Público.
Como fuere, el encuentro entre Constitución y situaciones de crisis de seguridad, ha adquirido hoy día en el mundo una relevancia trascendente.
Los nuevos riesgos y amenazas se han situado en la primera página de las agendas sociopolíticas de los gobiernos en todo el orbe, y eso ha tenido consecuencias a nivel constitucional.
Uno lamenta que estemos discutiendo este tema hoy día a raíz de lo que vive nuestro país. Quizás si hubiésemos planteado este debate mucho tiempo antes, cuando la sociedad demandaba tener un nuevo Texto Constitucional, esta discusión la habríamos dado.
Pero estamos donde estamos, y hoy día creo que debemos hacernos cargo de aquello.
Los riesgos hoy, como señala cierto autor, son más heterogéneos y difusos. Atrás quedan los tiempos de la confrontación entre bloques, de la bipolaridad, de la Guerra Fría. Los riesgos multidireccionales han dado lugar a que ningún Estado en forma aislada pueda tener éxito completo a la hora de enfrentarse a ello.
Los cambios los sintetiza Del Arenal, cuando afirma que "de un sistema político-diplomático marcado por la bipolaridad se pasó a un sistema político-diplomático marcado por la multipolaridad, desde el punto de vista estratégico-militar, y por la multipolaridad desde el punto de vista económico, científico y cultural".
Sin lugar a dudas, hoy día nos enfrentamos a una discusión que se podría sintetizar en dos esferas: las situaciones de normalidad constitucional y las situaciones de anormalidad constitucional.
Hoy estamos frente a una situación de normalidad constitucional.
Cuando uno mira las legislaciones en el resto del mundo, constata que las variables son distintas y se pueden agrupar en tres grupos: primero, las que tienen un orden definido para las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas, que es el caso chileno, que ciertamente no es solo el nuestro, sino también el de varios países más; segundo, las que mezclan o tienen cierta flexibilidad, como es el caso de Perú, Ecuador y Bolivia, donde pueden transitar de uno a otro esquema, y las de las naciones en que derechamente se comparten las labores de las policías y de las Fuerzas Armadas.
Cuando uno observa la situación de la Guardia Civil española, de los Carabinieris italianos o de la gendarmería francesa, se da cuenta de que se trata de institutos armados que, siendo parte del Ejército, desempeñan funciones policiales, pero que están determinadas.
Cuando uno ve cuáles son los estados excepcionales -es de lo que estamos hablando hoy día-, tiende a pensar en la concentración de poderes y en que se van a afectar los derechos fundamentales. ¿Cuáles? Probablemente, las restricciones y suspensiones de algunas libertades.
Por lo tanto, debemos acotar los procedimientos: tienen que ser especiales, con garantías suplementarias; tienen que ser esencialmente transitorios y provisionales, con un tiempo mínimo imprescindible; tienen que velar por el resguardo de los derechos humanos.
A mi juicio, hoy día nos enfrentamos a una discusión que debimos haber dado en otro minuto, en uno de normalidad, y que nos obliga a tomar decisiones; pero también fuerza al Presidente de la República a ser consciente de lo que estamos legislando hoy día: un cambio constitucional que demarque la actuación, en este caso, del Ejército y lo haga transitar en casos excepcionales -como lo indican los estados de excepción- a ejercer funciones que se delimiten para resguardar la seguridad y la libertad de los ciudadanos.
Lamento -y lo digo ahora, señor Presidente- que no estemos discutiendo esta materia en un escenario de discusión constitucional.
Lamento que lleguemos a eso cuando ha habido un estallido social.
Lamento que muchas y muchos se vean privados de sus derechos de libertad en nuestro país.
Y también lamento que a diario estemos afectando a muchas chilenas y a muchos chilenos que no tienen esa misma libertad, por las injusticias que se han vivido durante tanto tiempo.
Hoy día voy a aprobar esta reforma constitucional por cuanto se trata de un cambio en materia de estados de excepción, en el sentido de que estos deben ser establecidos con los resguardos que he descrito.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO.-
Hay Senadores en la Comisión de Derechos Humanos, señor Presidente.
La señora RINCÓN.-
Ya vienen, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención), dejándose constancia de que se cumple con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Kast, Lagos, Moreira, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Muñoz y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro y Quinteros.
Se abstuvo la señora Órdenes.
El señor QUINTANA (Presidente).-
A continuación, corresponde votar las indicaciones.
El señor LETELIER.-
¡Déjelas para mañana, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Son cinco indicaciones, de los mismos autores.
La propuesta es que la señora Secretaria les dé lectura y se voten en un solo acto.
El señor PIZARRO.-
Que se haga una sola votación, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Las indicaciones formuladas por los Senadores señores Huenchumilla, Pizarro y Harboe y señora Rincón son cinco.
La primera es al párrafo segundo que se incorpora a través del número Dos) del artículo único aprobado en general por la Sala, que dice: "Asimismo, cuando exista peligro grave para la infraestructura crítica del país podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su resguardo.".
Se propone agregar la expresión "e inminente" después de la palabra "grave".
La segunda es para añadir en ese mismo párrafo la palabra "físico" al final.
La tercera es al párrafo tercero que se incorpora mediante el número Dos) del artículo único aprobado en general, que expresa: "El referido decreto, debidamente fundado, será suscrito, además, por los Ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional. Esta medida no podrá extenderse por más de treinta días corridos y solo se podrá prorrogar por una vez con el acuerdo del Congreso Nacional.".
Se plantea reemplazar la palabra "treinta" por "quince".
La cuarta es para sustituir el párrafo cuarto que se agrega en ese mismo número, que comienza con "La infraestructura crítica comprende las instalaciones, sistemas o componentes", etcétera, por el siguiente: "Para estos efectos, la infraestructura crítica comprende las instalaciones, empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública cuya perturbación en su funcionamiento o su destrucción tenga un grave impacto sobre la población.".
Y la última es al párrafo sexto, el cual señala: "El Presidente de la República deberá informar a la brevedad al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución;".
Se plantea reemplazar la expresión "a la brevedad" por la palabra "inmediatamente".
En cuanto a la indicación que sustituye el párrafo cuarto por el que se indicó, cabe consignar que el texto aprobado en general habla de que "La ley determinará los órganos, empresas y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría.", y ello se relaciona con la disposición transitoria VIGESIMONOVENA que se estaría agregando a la Constitución.
No sé qué va a decidir la Sala sobre el particular.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
El señor LETELIER.-
Dejémoslas para mañana.
El señor ELIZALDE.-
No hay quorum.
El señor LETELIER.-
¿Usted quiere votar esto?
El señor ELIZALDE.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, somos 24 Senadores en la Sala, y para aprobar estas indicaciones se requieren 25 votos favorables. Por tanto, si se someten a votación ahora, no se van a aprobar.
El señor CHAHUÁN.-
¿Por qué no?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se pondrán en votación. Haremos sonar los timbres, y cada Senador asumirá su responsabilidad.
El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).-
¿Me permite, señor Presidente?
La señora RINCÓN.-
El Ministro quiere hablar, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se la voy a dar.
El señor ELIZALDE.-
¡Se quiere aprobar el proyecto del Gobierno sin cambios!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor ELIZALDE.-
¡Había pedido intervenir, señor Presidente!
El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).-
Señor Presidente, lo que no entendí de lo que señaló la señora Secretaria es la referencia que hizo a la norma transitoria.
¿Qué quiso decir con que había alguna dificultad con la disposición transitoria VIGESIMONOVENA? ¿O yo escuché mal?
El señor GARCÍA.-
¡Tiene toda la razón la señora Secretaria!
El señor ESPINA (Ministro de Defensa Nacional).-
Es que no entendí. Por eso estoy preguntando.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Lo que pasa, señor Ministro, es que en el texto aprobado en general, en el párrafo cuarto que se agrega mediante el número Dos) del artículo único, que comienza con "La infraestructura crítica comprende las instalaciones", etcétera, se señala al final que: "La ley determinará los órganos, empresas y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría". Y la disposición transitoria VIGESIMONOVENA expresa: "En tanto no se apruebe la ley a que se refiere el párrafo cuarto del N° 17 del artículo 32 de esta Constitución," -es lo que acabo de leer- "la determinación de los órganos, empresas o servicios que forman parte de la infraestructura crítica se realizará mediante un decreto supremo que será suscrito, además, por los Ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional.".
La indicación del Senador Huenchumilla no hace referencia a la ley. Entonces, ahí habría una contradicción con la disposición transitoria.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor García. Luego podrá intervenir el Honorable señor Huenchumilla, y posteriormente, procederemos con la votación.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, yo me atrevo a interpretar la indicación que presentaron los Senadores señores Huenchumilla, Pizarro y Harboe y señora Rincón, en el sentido de que la expresión "La ley determinará los órganos, empresas y servicios que quedarán comprendidos en esta categoría" se mantiene, porque eso lo hace compatible con la disposición transitoria VIGESIMONOVENA.
Creo que esa debiera ser la interpretación correcta.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entendemos que la indicación la reemplaza.
Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, el sentido de la indicación es solamente cambiar el concepto de "infraestructura crítica". Eso es lo que hacemos.
Aquella es la interpretación lógica para reemplazar esa parte del párrafo. El concepto de "infraestructura crítica" se acota a que todo lo que se señala allí sean servicios de utilidad pública.
Por lo tanto, la última parte, que dice "La ley determinará", queda vigente exactamente. Pero la ley determinará en función del concepto de "infraestructura crítica" que cambia.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En votación las cinco indicaciones.
El señor CHAHUÁN.-
¿Si le parece, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Hay que votarlas, pues para aprobarlas se necesita quorum especial.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por no haberse reunido el
quorum
constitucional exigido, se rechazan las cinco indicaciones (18 votos a favor y 8 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Goic, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
Se abstuvieron la señora Allende y los señores De Urresti, Elizalde, Insulza, Latorre, Letelier, Montes y Navarro.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Por no haberse reunido el quorum constitucional requerido, se rechazan las cinco indicaciones presentadas por Sus Señorías.
En consecuencia, el proyecto queda aprobado en general y en particular, y despachado en este trámite.
El señor PIZARRO.-
¡Las abstenciones influyen en el resultado!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, entiendo que las abstenciones influyen, y, por lo tanto, debería repetirse la votación.
Yo le sugiero que este asunto se vote mañana a primera hora.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
No.
El señor PIZARRO.-
Sí, pues.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Porque se refiere a las abstenciones.
El señor PIZARRO.-
Son abstenciones.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Señor Senador, se trata de un quorum especial: modificación de la Constitución Política.
El señor PIZARRO.-
¿Cuántos votos se necesitan? Se precisan 25 votos
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Por lo tanto, se requiere cumplir con el quorum especial exigido, que eran 25 votos. Pero se llegó a 18.
El señor PIZARRO.-
Exactamente. Pero hay 26 votos, de los cuales no hay ninguno en contra y se registraron 8 abstenciones.
Si usted llama a una segunda votación, puede que quienes se abstuvieron decidan modificar su voto.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
No. Cuando se exige determinado quorum, en este caso 25 votos, las abstenciones no influyen: nada más no se cumplió el quorum constitucional exigido.
El señor PIZARRO.-
Claramente influyen, señora Secretaria, ¡por favor! La abstención no es una manifestación a favor o en contra. Por eso se establece que cuando las abstenciones influyen se debe repetir la votación y se llama a quienes se abstuvieron a emitir su voto.
Ahora bien, estos pueden mantener su abstención. En ese caso las abstenciones se deben sumar a los votos a favor.
Por eso le estoy diciendo que sí influyen.
La señora RINCÓN.-
¡Claramente influyen!
El señor PIZARRO.-
Ahora, Sus Señorías pueden votar en contra también, pues no hay ningún inconveniente para ello.
Solo estoy planteando un asunto netamente procedimental, que tiene lógica, señor Presidente.
Usted sabe que cuando se produce una nueva votación y se insiste en las abstenciones, estas se consideran como votos favorables a la posición que haya obtenido mayor número de votos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
La interpretación que tiene la Mesa es que ello no corresponde.
El señor PIZARRO.-
Entonces, no repita la votación. Ahí se acaba altiro el problema.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Y al no haberse alcanzado el quorum constitucional requerido, no corresponde aplicar las normas vinculadas con las abstenciones o para dirimir empates, ni ninguna otra. Ello, precisamente por tratarse de un proyecto de reforma constitucional.
Tampoco cabe repetir la votación, pues no es el caso.
El señor PIZARRO.-
Está equivocado, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Queda, pues, despachado el proyecto.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Les recuerdo a Sus Señorías que no vamos a levantar la sesión aún, pues tenemos una acuerdo vigente.
La Senadora señora Provoste hará referencia a ello.
La señora PROVOSTE.-
Conforme al acuerdo que se adoptó al inicio de esta sesión, le pido que ahora se proceda a votar el proyecto enviado por la Cámara de Diputados que modifica la ley N° 19.628 con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, conocido como "Chao Dicom".
La señora RINCÓN.-
Es el proyecto "Chao Dicom".
El señor QUINTANA (Presidente).-
Ese acuerdo se adoptó al inicio de esta sesión, y es para facilitar la conformación de una Comisión Mixta.
La señora RINCÓN.-
Hay que rechazarlo.
La señora PROVOSTE.-
Hubo un error. Entonces, hay que votarlo en contra.
El señor LETELIER.-
¿Podríamos saber cuándo se publicará la la ley que les otorga derecho a vacaciones a los asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados, ya que estamos pidiendo tantas cosas?
El señor NAVARRO.-
Le quedan cuatro días al Ejecutivo.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Hay que ponerlo en votación. Es de quorum simple.
PROHIBICIÓN DE INFORMAR SOBRE DEUDAS CONTRAÍDAS PARA FINANCIAMIENTO DE EDUCACIÓN
El señor QUINTANA (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.415-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Provoste y señores Latorre, Montes y Quintana):
En primer trámite: sesión 94ª, en 5 de marzo de 2019 (se da cuenta).
En tercer trámite: sesión 97ª, en 20 de enero de 2020.
Informes de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 8ª, en 9 de abril de 2019.
Educación y Cultura (segundo): sesión 43ª, en 21 de agosto de 2019.
Economía: sesión 43ª, en 21 de agosto de 2019.
Discusión:
Sesiones 16ª, en 14 de mayo de 2019 (se aprueba en general); 61ª, en 23 de octubre de 2019 (se aprueba en particular).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Habría que proceder a votar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al referido proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En votación.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se rechazan las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados (28 votos en contra), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Provoste y Rincón y los señores Araya, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor QUINTANA (Presidente).-
El proyecto pasa a Comisión Mixta.
Sus integrantes serían los Senadores miembros de la Comisión de Educación.
Les recuerdo a Sus Señorías que todavía falta dar a conocer los Acuerdos de Comités; hay que fijar un plazo para indicaciones, y se tiene que informar sobre una Cuenta agregada.
No hemos levantado la sesión aún.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Señor Presidente, hay que recordar que el 15 de enero se aprobó en general el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo (boletín N° 11.422-07), por lo que corresponde fijar plazo para presentar indicaciones.
Se propone que sea hasta el jueves 12 de marzo del año en curso, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Informe complementario de las Comisiones de Economía y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión (boletín N° 11.747-03) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Los Comités, en sesión celebrada hace unos minutos, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Citar a sesión especial mañana, martes 21 del presente mes, de 11 a 14 horas, para analizar y despachar la reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales independientes y garantizar la paridad de género en las candidaturas para la integración de una nueva Constitución Política de la República (boletín N° 13.130-07).
2.-
Fijar un plazo para presentar indicaciones a dicha reforma constitucional (una vez que sea aprobada en general por la Sala), hasta las 15 horas del día de mañana, en la Secretaría de las Comisiones de Constitución y Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionadas con la mujer y la igualdad de género, unidas.
3.-
Autorizar a las Comisiones que ya están citadas para sesionar en paralelo con la Sala mañana, martes 21 de enero.
Las Comisiones unidas de Constitución y Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos relacionados con la mujer y la igualdad de género también estarían autorizadas para funcionar simultáneamente con la Sala durante la sesión ordinaria de mañana.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ARAYA:
Al Contralor General de la República, a fin de que inicie un procedimiento de fiscalización acerca del denominado INFORME DE BIG DATA ENTREGADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR AL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES A PARTIR DEL ESTALLIDO SOCIAL DEL 18 DE OCTUBRE ÚLTIMO.
Del señor CHAHUÁN:
Al Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, para que se sirva informar la razón por la NO CIRCULACIÓN DE DIVERSOS BUSES DE TRANSPORTE RURAL EN COMUNAS DE LA REGIÓN DESDE HACE CASI DOS MESES Y QUE FUERON USADOS INDEBIDAMENTE EN MARCHA NO AUTORIZADA REALIZADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Defensa Nacional, a fin de que remita antecedentes relacionados con EVENTUALES DELITOS DE ABUSO SEXUAL Y VIOLACIÓN COMETIDOS POR UNIFORMADOS CHILENOS EN HAITÍ.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director de Obras Hidráulicas, planteándoles PRIORIZACIÓN DE DISEÑO DE INGENIERÍA PARA FUTURO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE APR EN SECTOR CURIÑANCO, COMUNA DE VALDIVIA, Y COLONIA PAILLACO, COMUNA DE MARIQUINA, Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRENO PARA COMITÉ DE APR LOS TAYOS ALTOS, COMUNA DE PANGUIPULLI, y pidiéndoles información detallada sobre PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDAD DE MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA: CRONOGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO, PRESUPUESTO ASIGNADO Y PRONUNCIAMIENTO DE OTROS SERVICIOS INVOLUCRADOS.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad, solicitándoles antecedentes acerca de AVANCES EN PROCESO DE ENROLAMIENTO DE CAMINOS DE SECTORES RURALES; POSIBILIDAD DE PRIORIZACIÓN DE CAMINOS VECINALES EN PLANES DE CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO, Y ACCESO DE CAMINO VECINAL LAGO VERDE A GLOSA PRESUPUESTARIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS (COMUNA DE PAILLACO), y pidiéndoles que remitan antecedentes sobre PRIORIZACIÓN DE CONTINUIDAD DE ASFALTO BÁSICO EN TRAMO DE RUTA T-650, ENTRE SECTORES CRUCE CEA Y LA LUMA, COMUNA DE PAILLACO, REGIÓN DE LOS RÍOS.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, requiriéndoles información respecto de PRESUPUESTO E INVERSIÓN CONTEMPLADA EN PROGRAMAS DE TELECOMUNICACIONES PARA RESOLVER SITUACIÓN DE 275 LOCALIDADES DE REGIÓN DE LOS RÍOS SIN CONECTIVIDAD DIGITAL, y con relación a FISCALIZACIONES DE ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR EN DIVERSOS SECTORES DE COMUNA DE PAILLACO, DEBIDO A SU MALA RECEPCIÓN.
Y al Comandante en Jefe de la Armada, para que comunique NÚMERO DE MULTAS CURSADAS POR GOBERNACIONES MARÍTIMAS POR INGRESO Y TRÁNSITO DE VEHÍCULOS EN BORDE COSTERO, PLAYAS O BALNEARIOS, EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, POR REGIÓN.
Del señor GIRARDI:
Al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitándole entregar diversa información en lo relativo a PROYECTO DE LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO: TRATAMIENTO DE DERECHOS HUMANOS INVOLUCRADOS, PERSONAS VULNERABLES Y GESTIÓN DE RIESGOS.
Del señor NAVARRO:
Al Alcalde de La Florida, pidiéndole información sobre ADJUDICACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS COMUNALES, INDICANDO NOMBRE DE EMPRESA ADJUDICATARIA, MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.
Al Alcalde de Penco, solicitándole antecedentes relativos a BECA MUNICIPAL, SEÑALANDO MONTO ASIGNADO EN PRESUPUESTO 2020 PARA DICHO BENEFICIO Y NÚMERO DE ALUMNOS FAVORECIDOS, y requiriéndole información en cuanto a MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN COMUNA DE PENCO, EN ATENCIÓN A ALTAS TEMPERATURAS EN TEMPORADA VERANO 2020.
Al Alcalde de Talcahuano, pidiéndole DETALLE, POR SECTORES, DE ÁREAS VERDES SIN MANTENCIÓN Y QUE REVISTEN PELIGRO DE INCENDIO.
Al Alcalde de Tomé, solicitándole EVALUACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO PASAJE LAS QUINTAS N° 1, SECTOR CERRO ESTANQUE; LIMPIEZA EN LADO BORDE MAR DE CEMENTERIO N° 1, E INFORMACIÓN SOBRE COORDINACIÓN ENTRE VECINOS, BOMBEROS, CONAF Y MUNICIPIO EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES.
A la Alcaldesa de Hualpén, al Gobernador del Biobío y al Jefe de Unidad Cuarta Comisaría de Hualpén, para que remitan antecedentes sobre CAMBIO DE REALIZACIÓN DE FIESTA CHANGAY DE CALETA DE CHOME A SECTOR CUATRO CANCHAS LAN B CON RECONQUISTA.
Al Director del Sernac, pidiéndole informar sobre PLAN DE EJERCICIOS DE GIMNASIO ENERGY DE VITACURA Y PLAN DE LLAMADAS DIARIAS PARA COBRAR O ENTREGAR INFORMACIÓN.
Al Director Nacional del Sence, en cuanto a MONTOS Y CUPOS PARA CAPACITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Al Director de Obras Municipales de Tomé, planteándole NECESIDAD DE REPARACIÓN DE CALLE CARACOL, SECTOR DE BELLAVISTA.
Y al Comandante del Cuerpo de Bomberos de Hualpén, sobre PELIGRO DE INCENDIO FORESTAL POR EVENTO DE CALETA CHOME.
Del Senador QUINTEROS:
Al Ministro de Obras Públicas, en cuanto a PARALIZACIÓN DE PROYECTO PUENTE SOBRE EL CANAL DE DALCAHUE, CHILOÉ.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, sobre SOLICITUD DE LICITACIÓN DE SERVICIO DE TRANSBORDO NOCTURNO EN ARCHIPIÉLAGO DE QUINCHAO.
Y al Subsecretario de Pesca y Acuicultura, pidiéndole SOLUCIÓN PARA PESCADORES ARTESANALES DE RECURSO JULIANA ANTE PRESENCIA DE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS EN BANCOS CONTROLADOS POR PROGRAMA DE SANIDAD DE MOLUSCOS BIVALVOS DE ISLA ALAO Y RADA NARANJO (Región de Los Lagos).
De la señora RINCÓN:
Al Director Nacional de Aguas, solicitándole FISCALIZACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN CUENCA DE RÍO MATAQUITO POR OBRA DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN SECTOR DOCAMÁVIDA (Región del Maule).
Del señor SORIA:
Al Ministro de Salud, requiriéndole INFORMACIÓN DETALLADA RESPECTO DE HOSPITALES DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD Y DE ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, y consultándole por RECURSOS FINANCIEROS TRASPASADOS A SECTOR PRIVADO POR COMPRA DE SERVICIOS MÉDICOS EN ÚLTIMOS SEIS AÑOS.
)----------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:44.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción