REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 94ª, en martes 14 de enero de 2020
Ordinaria
(De 16:30 a 19:54)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y
JORGE PIZARRO SOTO, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y LA SEÑORA
PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero, y de Hacienda, señor Ignacio Briones Rojas.
Asimismo, se encontraba presente el Coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, señor Manuel Alcalde Peñafiel.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante; y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:30, en presencia de 24 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 90ª, extraordinaria; 91ª, ordinaria, y 92ª, ordinaria, en 6, 7 y 8 de enero de 2020, respectivamente, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 73ª, especial, en 20 de noviembre de 2019, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para delimitar la infracción que consiste en circular un vehículo sin dispositivo electrónico de pago de peajes o tarifas (Boletín Nº 12.942-15).
Con el segundo, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación del proyecto de ley que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA (Boletín N° 12.662-11).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero informa que ha aprobado el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Coproducción de Películas, suscrito en Berlín, Alemania, el 10 de octubre de 2018 (Boletín N° 12.921-10) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo, informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto que prorroga la vigencia de la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos (Boletines Nos 11.523-14 y 13.060-14, refundidos).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el tercero, comunica que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile (Boletín N° 6.110-24).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los antecedentes.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las siguientes disposiciones:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 4.966-18, 7.327-19, 7.720-19, 7.726-19, y 7.727-19).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 7.686-19 y 7.699-19).
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta diversas resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes normas:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (Roles Nos 8.089-19 y 8.097-19).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Rol N° 8.099-20).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Finalmente, envía una resolución del procedimiento para declarar la inconstitucionalidad del artículo 126, inciso segundo, oración final, del Código Sanitario (Rol N° 6.597-19).
--Se toma conocimiento.
Informes
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica las leyes números 18.695 y 19.175, para establecer una cuota de género en las elecciones de concejales, concejalas y consejeros y consejeras regionales (Boletín N° 11.994-34).
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional Contra el Femicidio (Boletín N° 12.344-34).
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señora Allende y señores Elizalde, Latorre, Letelier y Montes, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que incluye como sujeto pasivo de acusación constitucional al General Director de Carabineros (Boletín N° 13.200-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señoras Allende, Muñoz y Provoste, y señores Latorre y Navarro, con la que inician un proyecto de ley que regula detenciones por funcionarios policiales vestidos de civil (Boletín N° 13.201-07).
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, le solicito que recabe la autorización pertinente respecto de dos asuntos.
Primero, para abrir un plazo, hasta las 18 horas de hoy, a fin de presentar indicaciones al proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos (boletín N° 12.192-25). Esto se acordó con el Gobierno; tienen lista la indicación correspondiente, y desean ingresarla.
Segundo, para que la Comisión de Constitución pueda sesionar en forma paralela con la Sala, a partir de las 18 horas -hemos cambiado la hora fijada anteriormente-, al objeto de recibir a las organizaciones de pueblos originarios que se hallan de visita en el Congreso con el propósito de participar en la discusión del proyecto que reforma la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Es lo mismo que se planteó ayer, solo que ahora se pide autorización para sesionar en paralelo con la Sala más tarde.
¿Les parece a Sus Señorías acceder a lo solicitado por el Senador señor Harboe?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, quiero saber si ha llegado un oficio del Gobierno que explique por qué todavía no se promulga y publica la ley que les otorga derecho a vacaciones a los asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados.
¡Ha transcurrido casi un mes desde que finalizó su tramitación en el Parlamento! Esto se halla al borde de una violación constitucional.
El Congreso aprobó unánimemente el derecho a vacaciones para dicho personal: son más de 80 mil mujeres y hombres, entre los que se encuentran auxiliares, técnicos, administrativos y profesionales no docentes.
¡Nunca antes se había retrasado la promulgación y publicación de una ley que otorga un beneficio como ha ocurrido en esta ocasión!
Se le ha planteado el punto al Ministro Ward en forma insistente para que nos informen por qué aún no se promulga ni publica la ley respectiva.
Se halla presente en la Sala el Ministro de Hacienda, quien sabe que cuando se solicita la promulgación y publicación de una ley con urgencia se puede hacer en 24 horas.
Está bien, ello puede hacerse en 48 horas, o en 72. ¡Pero no un mes después, señor Presidente!
¡Les están robando derechos laborales a mujeres y hombres!
Mi temor es que aquí haya complicidad de gente del Ejecutivo para favorecer a una de las partes en este conflicto, a los sostenedores, en perjuicio de los derechos de las y de los trabajadores.
¡Eso es gravísimo! El Parlamento se pronunció sobre la materia y despachó el proyecto pertinente. El proceso de promulgación de una ley no demora un mes, máxime si se trata del otorgamiento de un beneficio tan obvio.
Señor Presidente, en los colegios municipales los asistentes de la educación y los profesores ya se encuentran de vacaciones. Los únicos que no lo están son este grupo de personas, ¡a quienes el Estado les está pagando el sueldo para que se vayan de vacaciones!
Esto no le cuesta ni un peso al sostenedor.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que se envíe la información correspondiente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
A lo que señala Su Señoría, solo puedo agregar que esta Mesa ha oficiado en dos ocasiones al Ejecutivo (el 19 y el 31 de diciembre) haciéndole presente esta situación, además de haberla planteado personalmente a las autoridades de la Segprés.
El señor LETELIER.-
¡Queda solo una semana, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Sabemos que hay un tiempo límite. Así lo hemos señalado.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, nos sumamos a la petición del Senador Letelier.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Conforme, señora Senadora.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, hoy día en la Comisión Especial del Adulto Mayor se solicitó recabar el acuerdo de la Sala para remitir a la Comisión de Salud el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que restringe gradualmente la capacidad de ejercicio de los adultos mayores con deterioro cognitivo (boletín N° 12.612-07). Ello, en atención a que se informó de una iniciativa muy similar que ya se está viendo en dicho órgano técnico y que va en la misma dirección.
Se requiere la autorización pertinente para remitir el referido proyecto a la Comisión de Salud, a fin de que lo incorporen a la tramitación de la iniciativa que ya se está discutiendo en esa instancia.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el Senador señor Sandoval?
El señor BIANCHI.-
Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Acordado.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar como si fuera de Fácil Despacho en la sesión ordinaria del día de hoy el proyecto signado con el número 3 de la tabla, que modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de resoluciones (boletín N° 11.476-07).
2.-
Considerar en el primer y segundo lugares, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 15 de enero, los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley signado con el número 52 de la tabla, que modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio de parejas del mismo sexo (boletín N° 11.422-07).
-Proyecto de reforma constitucional signado con el número 2 de la tabla, que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (boletín N° 13.086-07).
3.-
Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria del próximo martes, 21 de enero, el proyecto signado con el número 12 de la tabla, sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria (boletín N° 11.540-14).
4.-
Incluir en la tabla de la sesión ordinaria del próximo miércoles, 22 de enero, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Para el proyecto que figura en el número 1 de la tabla de hoy, que se verá a continuación de la iniciativa que los Comités acordaron que se tratara como si fuera de Fácil Despacho, es decir, el que moderniza la legislación tributaria, se ha pedido autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Hacienda y el asesor del Ministro en materias tributarias don Manuel Alcalde.
¿Les parece a Sus Señorías?
El señor LETELIER.-
No.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay acuerdo.
El señor LETELIER.-
¡Si promulgan la ley que señalé yo no me opondré a los ingresos de autoridades!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Estimamos que se trata de materias distintas. Pero en fin, Su Señoría tiene derecho a negarse a ello.
ENMIENDA A LEY QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTOS ANTE JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL EN MATERIA DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES
El señor QUINTANA (Presidente).-
Conforme a lo resuelto por los Comités, corresponde tratar, como si fuera de Fácil Despacho, el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en materia de notificación de resoluciones, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.476-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 55ª, en 2 de octubre de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 47ª, en 10 de septiembre de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo principal de este proyecto es modificar la ley que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local para permitir que determinadas resoluciones que actualmente se notifican por carta certificada se puedan notificar también por medios electrónicos.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, no obstante ser de artículo único, propone discutir el proyecto solo en general, con el objeto de otorgar a Sus Señorías la oportunidad de perfeccionarlo durante el trámite de discusión en particular.
El referido órgano técnico aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, De Urresti y Huenchumilla.
El texto que se propone aprobar en general se consigna en la página 10 del informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, esta iniciativa, que cumple su segundo trámite constitucional en el Senado, se inició en una moción de los Diputados señora Sabat y señores Berger, Fuenzalida, Pérez Lahsen, Rathgeb, y de los entonces Diputados señores Farcas y Cristián Monckeberg.
Su objetivo, en síntesis, es permitir, merced a una modificación del artículo 18 de la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, que además de la notificación de las resoluciones pertinentes por carta certificada, esta se pueda practicar mediante el uso de correos electrónicos.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados consta de un artículo único que agrega tres incisos nuevos al artículo 18 de la ley N° 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.
El primero de ellos faculta a cualquiera de las partes del proceso a solicitar para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar si cuenta con los medios idóneos para ello y si, en su opinión, resulta suficientemente eficaz y no causa indefensión. Agrega que la notificación se entenderá practicada a partir de su envío, y cuando esta forma de notificación sea aceptada por el tribunal será válida para todas las resoluciones dictadas durante el proceso, con excepción de las previstas en el inciso primero del artículo 8o y en el inciso segundo del artículo 18.
El segundo inciso impone a los juzgados de policía local el deber de publicitar, en el sitio internet de la municipalidad correspondiente y en un lugar visible del oficio del tribunal, las cuentas de correo electrónico y otras cuentas o dominios específicos de medios tecnológicos, de los que se valdrán para practicar las notificaciones electrónicas, además de individualizarlas en las resoluciones que pronuncien, según lo dispuesto en el inciso anterior.
Finalmente, esta iniciativa incorpora un inciso final al referido artículo 18 que precisa que, para los efectos de la notificación electrónica, el juzgado de policía local deberá informar a la Corte de Apelaciones respectiva las cuentas de correo electrónico u otras cuentas o dominios específicos de medios tecnológicos de los que se valdrá para practicar las notificaciones electrónicas.
Señor Presidente, este proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Por todos los antecedentes expuestos, dicho órgano técnico recomienda aprobar la idea de legislar sobre esta iniciativa.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, en verdad, quiero intervenir ahora, porque, para ser bien honesto, este es un muy buen proyecto, respecto del cual me ha convocado especialmente el Presidente de los Jueces de Policía Local del Maule, don Mirko Bonacic-Doric León, quien es uno de sus inspiradores y que debe de llevar cerca de tres años insistiendo en él.
Sobre el particular, simplemente quiero aportar dos datos, para darnos cuenta de lo que esto puede significar.
Según antecedentes que me envió don Mirko, que son oficiales, el 2017 se tramitaron 7 millones de causas en los juzgados de policía local: ¡7 millones!
En seguida, el valor de enviar una carta certificada hoy día asciende a 1.300 pesos; o sea, suponiendo que haya una carta por proceso, el costo por este concepto alcanza a los 9 mil millones de pesos.
Entonces, con este proyecto se pretende un ahorro para el Estado, para los distintos juzgados a partir de un acto voluntario de las personas y no con relación a cualquier resolución. Hay demandas, sentencias que obviamente quedan sujetas al requerimiento de la carta certificada.
Pero si voluntariamente una parte o ambas dicen estar dispuestas a ser notificadas, la velocidad de tramitación, el ahorro que esto supone para los distintos municipios de Chile, y en definitiva para el Fisco, va a ser muy sensible, lo cual nos pondrá también en sintonía con el siglo XXI. Aquí nosotros mismos hablamos de cómo generar un Estado sin papeles; cómo podemos darle más velocidad a las actuaciones de las distintas instancias procesales que tienen que ver con la justicia o con otro tipo de medidas.
Señor Presidente, simplemente quiero dar estos antecedentes, porque me parece que son importantes. Es un proyecto valioso, simple, pero que ayuda mucho a que la justicia local sea más rápida, más barata, más expedita, que son los objetivos que uno cumple para estos efectos.
Creo que es una buena iniciativa y que los autores de la moción apuntaron en el sentido correcto. Y puedo decirles a don Mirko Bonacic-Doric y a todos los jueces de policía local que han coincidido en las bondades de esta legislación, que finalmente será aprobada.
He dicho.
El señor ELIZALDE.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Han pedido abrir la votación, ya que es un proyecto de Fácil Despacho.
El señor CHAHUÁN.-
Sí, por supuesto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, quiero señalar que con ocasión de otros proyectos de ley que están tramitándose en la Comisión de Transportes del Senado, que tengo el honor de presidir, tanto los jueces de policía local como los secretarios de policía local se han manifestado abiertamente partidarios de cambiar las formas de notificación, que involucran hoy día un costo significativo para los municipios y, por supuesto, también una carga muy relevante.
¡Hay 7 millones de infracciones por TAG que son notificadas por carta certificada! ¿Usted sabe el costo que esto significa y la carga que representa para el Estado y los municipios?
Efectivamente, habrá distintas posibilidades en otro tipo de causas ante los juzgados de policía local, en que voluntariamente se pueden establecer otras fórmulas de notificación. Además, en este caso la persona manifiesta su voluntad de ser notificada de esta forma.
Creemos que sin lugar a dudas este mecanismo agilizará los procesos ante los juzgados de policía local, lo que, por supuesto, es una buena noticia.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se ofrece la palabra.
Se ofrece la palabra.
Se ha cumplido la "discusión inmediata" en los plazos estrictos que el Reglamento señala.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor GALILEA.-
Presidente, ¿puedo hacer una pequeña intervención?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, solo quería referirme brevemente a este proyecto, dado el impulso que ha tenido desde la Región del Maule.
Tal como lo decía el Senador que me antecedió, el Presidente Regional de Jueces de Policía Local del Maule, señor Mirko Bonacic-Doric, concurrió a la Comisión de Constitución del Senado, donde hizo ver la importancia de este proyecto de ley no solo por la eficiencia en la notificación, sino también porque libera muchos recursos de Carabineros de Chile. Buena parte de las notificaciones de los jueces de policía local deben ser hechas a través de Carabineros. Por lo tanto, ahí se produce una mala utilización de recursos policiales que hoy por hoy no tiene ningún sentido que ocurra.
Así que quiero respaldar entusiastamente esta iniciativa, que es parte de la modernidad, del Gobierno Digital. Ya aprobamos una ley en general en ese tema y debemos trabajar para que cada una de las áreas de nuestro país cuente con esta digitalización, y la justicia local no tenía por qué ser una excepción.
Avanzar en esto me parece una gran medida. Y quiero terminar, nuevamente, agradeciendo a los jueces de policía local del Maule por su apoyo, por su dedicación y tiempo a este proyecto.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, los juzgados de policía local son competentes en distintas materias: infracciones de tránsito y las acciones civiles que dentro de ellas puedan cometerse; procedimientos de protección de los derechos de los consumidores; asuntos relativos a copropiedad inmobiliaria; infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, así como la ordenanza general; y las infracciones a la Ley de Rentas Municipales, entre otros diversos asuntos que la ley ha puesto dentro de la esfera de competencia de estos tribunales.
En el artículo 18 de la ley N° 18.287, que establece el procedimiento de los juzgados de policía local, se dispone que determinadas resoluciones que dictan estos tribunales se notificarán por carta certificada, entendiéndose que esta se efectúa al quinto día hábil contado desde la fecha de su respectiva recepción por la oficina de Correos, lo que se hace constar en el libro que lleva el secretario del tribunal.
Acto seguido, el citado artículo 18 establece que la notificación de las resoluciones judiciales por carta certificada constituye la regla general, siendo sus excepciones los casos de notificación personal o por cédula que se aplica a la cancelación o suspensión de licencia; las sentencias que impongan multas superiores a 5 UTM, y las que regulan daños y perjuicios superiores a 10 UTM. Finalmente, la sentencia que impone la pena de prisión deberá ser notificada personalmente.
Cabe recordar que la ley que establece un procedimiento ante los juzgados de policía local en materia de notificación de resoluciones señala que estas se notificarán por carta certificada, notificación que se entenderá practicada al quinto día contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva, lo que se hará constar en el libro.
Según los autores de esta iniciativa, "puede apreciarse que la carta certificada reviste un permanente problema para el Tribunal, pues resulta imposible dar un correcto avance al proceso si los actos procesales se vician fácilmente por el hecho de la no recepción de la carta certificada".
En todos estos casos la carta genera inconvenientes prácticos; por ejemplo, que la distribución postal no es todo lo eficiente que se podría, de modo tal que desde la recepción en la oficina de Correos hasta su entrega se puede exceder el término de cinco días que establece el artículo 18.
Según el Presidente de Jueces de Policía Local del Maule, Mirko Bonacic-Doric, la aprobación de esta iniciativa sería, sin lugar a dudas, un avance para los tiempos que corren.
En una sesión de la Comisión de Constitución, él señaló: "Hoy todavía estamos con la carta certificada y ya en los tiempos que corren la mayoría de las personas cuentan con un sistema electrónico para ser notificados. Esto no significa que van a quedar fuera de los procedimientos antiguos, sino que simplemente se mantienen los procedimientos antiguos, pero se les suma uno nuevo".
Esto ya lo discutimos en las modificaciones a la Ley Electoral, donde se establecía una notificación o una recepción vía correo electrónico.
La iniciativa que analizamos consta de artículos que modernizan el sistema y que aportan a su mejor procedimiento.
Creo que lo que ha señalado quien me antecedió en el uso de la palabra, el Senador Rodrigo Galilea, va en el justo reconocimiento al trabajo de los jueces.
Porque me parece que es un avance, voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, quiero hacer dos consultas.
Como efectivamente este proyecto es de "discusión inmediata" y...
El señor QUINTANA (Presidente).-
De Fácil Despacho, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
... sí, de Fácil Despacho, ¿existe una marcha blanca o el procedimiento electrónico partirá cuando de mutuo acuerdo la persona informe su correo? Porque esto será complejo, en el caso de las notificaciones, las personas...
El señor COLOMA.-
Es voluntario.
El señor NAVARRO.-
Si es voluntario, siguen las cartas certificadas y después del acto de voluntariedad de las partes comienza la notificación por correo electrónico.
Lo digo para no sorprender a mucha gente, porque en el mismo momento de aceptar la parte, y una vez enviado el correo, se inician los plazos legales, lo que, efectivamente, introduce una revolución en la notificación, porque será casi inmediata. En ese sentido, debe haber mucha claridad en los usuarios y conformidad para no ser sorprendido con los plazos.
Si es después de un acuerdo, donde una de las partes, el notificado, señala su correo con consentimiento voluntario, habrá un proceso de marcha blanca automático y permanente.
Me preocupaba que el procedimiento partiera de manera inmediata, sin marcha blanca, y con plazos perentorios desde el momento mismo del envío del correo. Como dice el proyecto, parte el plazo legal el día en que este se envía.
Si es así, señor Presidente, creo que es un buen avance, pero deberemos hacer un trabajo muy fuerte para informar, pues hay desconfianza en las notificaciones, ya que muchas veces se han cometido irregularidades en ellas, para bien de unos y mal de otros.
En este caso particular, se requiere una buena pedagogía de información de parte de los juzgados de policía local para la implementación de esta nueva tecnología, que traerá aparejado liberar a las policías de las notificaciones. Eso es lo más atractivo, junto con bajar el costo adicional que aquí se señala.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Efectivamente, eso está contemplado, señor Senador.
Es una votación en general, además. El proyecto se puede seguir perfeccionando a través de indicaciones. Pero en él se dice: "Cualquiera de las partes podrá solicitar para sí una forma de notificación electrónica, la que el tribunal podrá aceptar si cuenta con los medios idóneos para ello".
O sea, claramente estamos hablando de algo que es facultativo, donde también las cortes de apelaciones, mediante autos acordados, podrán regular.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor).
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Cuál sería el plazo de indicaciones?
Senador Galilea, ¿alguna propuesta?
El señor GALILEA.-
Una semana.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Le parece a la Sala fijar como plazo hasta el jueves 23 de enero, a las 12?
Acordado.
MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
El señor QUINTANA (Presidente).-
Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación tributaria, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.043-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Hacienda: sesión 93ª, en 13 de enero de 2020.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa es avanzar hacia un sistema tributario más moderno, simple y más equitativo, que promueva la innovación y el emprendimiento e incentive el ahorro y la inversión, con un marco legal más preciso y con reglas claras en su comprensión, contenido y espíritu; que se haga cargo de los avances tecnológicos en la economía digital y colaborativa; que se proyecte en el tiempo, cimentado en base al principio de legalidad tributaria y equidad horizontal, y que permita, por una parte, otorgar mayor certeza a los contribuyentes y, por otra, contar con los recursos suficientes para que el Estado pueda financiar responsablemente sus funciones, inversiones y políticas sociales.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto en general y en particular en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, por tratarse de una iniciativa con urgencia calificada de "discusión inmediata". Aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Coloma, García, Montes y Pizarro. En particular, lo aprobó con las modificaciones y votaciones que consigna en su informe.
Asimismo, la Comisión deja constancia de que los números 37, 45, 46 y 48 del artículo primero; el artículo séptimo; el inciso vigésimo incorporado por la letra q) del artículo décimo sexto; los artículos 6, 9 y 13 propuestos por el artículo vigésimo tercero, y el artículo vigésimo séptimo, permanentes, son normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 705 y siguientes del informe de la Comisión de Hacienda y en el correspondiente boletín comparado.
Hago presente a Sus Señorías que se han solicitado las siguientes votaciones separadas:
-De la letra b), del número 37) del artículo segundo, que incorpora un nuevo numeral 4) al artículo 56 del decreto ley N° 824, de 1974, o Ley de Impuesto a la Renta.
-Del artículo 4°.
-De la letra t) del artículo 16.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, punto de reglamento.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.-
Quisiera pedir, por favor, que se autorice la entrada a los asesores del Ministro, porque hay aspectos técnicos del proyecto que requieren su presencia.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señor Senador, la Mesa comparte su solicitud, particularmente respecto del asesor tributario del Ministro, el señor Manuel Alcalde, quien va a recibir consultas.
Es bastante razonable.
¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado?
El señor LETELIER.-
No.
El señor QUINTANA (Presidente).-
El Senador Guillier ha hecho un planteamiento que yo creo que hay que atender. ¿A quién se le hacen las consultas? Está el Ministro, está bien, pero...
El señor LETELIER.-
No, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien, no hay acuerdo.
En discusión general y particular el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, quiero pedir la votación separada del artículo trigésimo primero transitorio.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Senador Lagos Weber.
El señor LAGOS.-
Pero está pidiendo la palabra el Senador García.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Antes, tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, es simplemente para solicitar que nos hagan llegar por escrito las votaciones separadas.
No tenemos boletín comparado en nuestro pupitre, me imagino que por el volumen del texto.
Entonces, tenemos que buscar las normas en pantalla.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Efectivamente, no hay copias suficientes, porque eso significaría 76 mil fotocopias, pero tenemos al menos uno por Comité en papel.
El comparado completo está cargado en los computadores; son 900 páginas.
Tiene la palabra el Senador Lagos Weber, Presidente de la Comisión de Hacienda, para dar el informe.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, trataré de ser lo más sucinto y claro posible; es un informe relativamente extenso.
Lo primero que cabe decir de este proyecto es que nace de la Administración del Presidente Piñera y que, como consecuencia de los hechos por todos conocidos a partir de octubre, fue modificado de manera sustantiva. Su texto actual es completamente distinto al original.
Estoy como Senador informante, así que me abstendré de dar opiniones subjetivas sobre el contenido de este proyecto o del anterior. Trataré de ser lo más objetivo posible y cuando fundamente mi voto ahondaré.
Hago esta aclaración porque es importante, a la hora de tomar la decisión, entender que la iniciativa original que presentó la Administración del Presidente Piñera junto con el ex Ministro Felipe Larraín no tenía un énfasis en recaudación, sino en los temas de inversión o proinversión, con medidas dirigidas a la pequeña y mediana empresa, y a las grandes empresas, para las cuales se establecían las normas de reintegración tributaria.
Era un proyecto que modificaba y afectaba directamente la llamada "cláusula antielusión" que había sido aprobada en la reforma del 2014.
La reintegración, a juicio de algún sector, generaba cierta regresividad. Y este elemento es dejado de lado en la modificación.
Además, se introduce un impuesto de carácter patrimonial, cual es, una sobretasa para los bienes raíces, o los bienes inmobiliarios, por sobre determinado nivel de precio.
Hago esta aclaración porque este es un proyecto distinto; mantiene mucho del original en algunas áreas, pero es diferente.
Desde el punto de vista de la recaudación, el proyecto original recaudaba menos de 500 millones de dólares en régimen. Este apunta a recaudar más de 2.200 millones de dólares en régimen.
Dicho eso, voy a pasar a enumerar y a mencionar los temas que, a mi juicio, son los más relevantes.
En primer lugar, se establecen beneficios para los adultos mayores. Se amplían sus beneficios en cuanto al pago de contribuciones, rebajándolo en ciento por ciento si su ingreso mensual los ubica en el tramo exento del impuesto global complementario.
Adicionalmente, se les reduce a la mitad el pago de contribuciones a los adultos mayores del segundo tramo del impuesto global complementario.
En materia de medidas de recaudación con un carácter más progresivo, se crea, en primer término, un nuevo tramo del impuesto global complementario y del impuesto único de segunda categoría de una tasa de 40 por ciento, para rentas que excedan en un año de 310 unidades tributarias anuales (esto es, sobre 15 millones 400 mil pesos mensuales).
En segundo lugar, se establece una sobretasa progresiva -a la que hacía referencia recién- de impuesto territorial a beneficio fiscal respecto del conjunto de los activos inmobiliarios de un contribuyente -reitero: respecto del conjunto de los activos inmobiliarios de un contribuyente- cuyo avalúo fiscal total, esto es, sumando todos los activos inmobiliarios, exceda de 400 millones de pesos.
Esta sobretasa se aplicará en forma marginal por tramos y contemplará que el tramo de avalúo fiscal hasta los 400 millones de pesos estará exento; para el tramo sobre los 400 millones y hasta 700 millones de pesos la tasa será de 0,075 por ciento; entre 700 millones y 900 millones de pesos de avalúo fiscal se aplicará una tasa de 0,15 por ciento; en el caso de propiedades, ya sea una o varios activos sumados, sobre los 900 millones de pesos la tasa será de 0,275 por ciento. Las pymes y las inversiones de los fondos de pensiones están exentas del pago de esta sobretasa.
En tercer lugar, se regulariza el pago de patente municipal de sociedades de inversión, aclarando su aplicación hacia el futuro, sin afectar los juicios o cobros pendientes conforme al criterio de la ley vigente.
En cuarto lugar, se incluyen los inmuebles que se reciben por herencia dentro del límite actual de dos inmuebles para aplicar los beneficios tributarios del DFL 2 para personas naturales. Es decir, se hace más restrictivo este beneficio.
En quinto lugar, se establecen nuevos y más exigentes requisitos para que un fondo de inversión privado acceda a un tratamiento tributario beneficioso, pasando de exigirse cuatro aportantes no relacionados que tengan un mínimo de 10 por ciento, según la ley actual, a exigirse ocho aportantes -esto es el doble de los establecidos actualmente- no relacionados, con un máximo de 20 por ciento de participación.
Y se elimina en forma gradual la devolución de impuestos a una empresa que se encuentra en situación de pérdida tributaria, cuando recibe dividendos desde una filial que ha pagado impuesto de primera categoría, los denominados "PPUA".
Ahora bien, dentro del tema de la tributación de empresas, se establece un régimen para favorecer el emprendimiento, denominado "Régimen Pro-Pyme", que tiene por objeto incentivar la inversión, el capital de trabajo y la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Este régimen operará de forma automática para las empresas que al inicio de sus actividades tengan un capital efectivo que no exceda de 85 mil UF y luego, en los ejercicios siguientes, si la empresa mantiene un promedio anual de ingresos brutos del giro que no exceda de 75 mil UF.
Para las empresas de mayor tamaño se pretende simplificar el sistema de tributación mediante un único sistema semiintegrado para las grandes empresas, con una tasa de 27 por ciento. En este sistema, los propietarios de la empresa tributan con su impuesto global complementario o adicional al momento de realizar un retiro o recibir una distribución de utilidades. El impuesto de primera categoría de tasa de 27 por ciento será deducible parcialmente del impuesto final que pagan los propietarios de las empresas, los que llegarán a una carga tributaria de hasta 44,45 por ciento.
Por otra parte, se crea la llamada "Defensoría del Contribuyente", que consiste en un organismo público descentralizado a cargo de velar por la protección y resguardo de los derechos del contribuyente, especialmente de las pymes. A ella se le confiere la facultad de representar a las microempresas y personas naturales de menores ingresos en recursos en materia tributaria con sede administrativa.
Además, se establecen distintas modificaciones a diversos cuerpos legales.
Respecto del Código Tributario, los principales cambios son los siguientes:
Primero, se regula orgánicamente la facultad de solicitar antecedentes por parte del Servicio de Impuestos Internos a los contribuyentes y se precisa la facultad de solicitar información sobre contribuyentes o entidades residentes en Chile que tengan la calidad de constituyente, beneficiario o administrador de un trust creado conforme a la legislación extranjera.
Por otra parte, se actualiza el catálogo de derechos de los contribuyentes, reforzando en materia tributaria los principios contenidos en la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. Y se incorpora, asimismo, un recurso para resguardar los derechos de los contribuyentes.
En tercer lugar, se establece una política general que persigue una mayor transparencia para el ejercicio de la facultad de condonación por parte del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería, que hoy día era bastante gris.
En cuanto a la Ley sobre Impuesto a la Renta, se actualiza el concepto de gasto necesario para producir la renta, precisando que este debe tener la aptitud de generar un ingreso, en el mismo o en futuros ejercicios, y estar relacionado con el giro o interés del negocio.
Asimismo, se simplifican las normas en materia de tributación internacional, unificando, por ejemplo, aquellas que reconocen un crédito por impuestos pagados en el extranjero.
Respecto a la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, se incorporan al IVA los servicios prestados en forma digital desde el extranjero, disponiéndose un sistema de pago simplificado en moneda extranjera para los prestadores extranjeros, siguiendo los lineamientos definidos por la OCDE.
Además, se digitaliza la emisión de documentos tributarios, entre ellos, la boleta electrónica al consumidor, junto con disponer que se debe indicar en forma separada el monto del IVA.
A la vez, se rebaja de seis a dos meses el plazo de acumulación de remanente de IVA en la adquisición de activo fijo para solicitar su devolución y se reduce de sesenta a veinte días el plazo que tiene el Servicio de Impuestos Internos para resolver la solicitud.
También se introducen modificaciones a la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.
Por una parte, se establece que si fallece el sobreviviente del cónyuge o del conviviente civil en un plazo de cinco años, los herederos de ambos pagarán solo una vez el impuesto por el valor de los bienes que ya han pagado el impuesto, de manera de evitar que por dichos bienes se tribute doblemente.
Asimismo, se establece una rebaja del 30 por ciento de impuesto a la herencia para las personas discapacitadas inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.
Además, se norma de manera específica lo que estaba desregulado, que es la posibilidad de donar libre de impuesto y sin trámite de insinuación hasta un 20 por ciento de la renta tributada el año anterior, con un tope para el donante de hasta 250 unidades tributarias mensuales al año. A la vez, se establece que estas donaciones se deberán informar al Servicio de Impuestos Internos.
De igual forma, se incorpora una opción de pagar el impuesto a la herencia en tres cuotas anuales para los casos en que se hereden bienes que no son líquidos.
En materia de zonas extremas, los beneficios actuales, que vencen el año 2025, se amplían en diez años.
Por otra parte, se modifica la norma en que aplica el impuesto verde, pasando de la actual capacidad instalada de las calderas y turbinas a una aplicación basada en umbrales de emisiones. Asimismo, se incorporan mecanismos de compensación de emisiones de contaminantes globales o locales, y respecto de estos últimos, dentro de la misma comuna latente o saturada o en una adyacente.
En materia de tributación regional, se establece una contribución regional de 1 por ciento de los proyectos nuevos de inversión que excedan de diez millones de dólares y que deban pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La contribución se devengará una vez que se obtengan las aprobaciones y el proyecto comience a generar ingresos operacionales. Los recursos de esta contribución se destinarán a un Fondo de Contribución Regional, y se distribuirá al menos un tercio al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y hasta dos tercios a los gobiernos regionales y comunas.
Por último, señor Presidente, se establece como beneficio transitorio para la inversión la posibilidad de depreciar en forma instantánea el 50 por ciento de las inversiones en activo fijo, a partir del 1 de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiendo depreciar el 50 por ciento restante en forma acelerada. Por su parte, se contempla una regla especial para proyectos de inversión en la región de La Araucanía con una depreciación cien por ciento instantánea durante el mismo plazo.
Señor Presidente, como usted señaló, el proyecto es extremadamente largo, tiene diversas aristas, pero en lo grueso lo que hace es recaudar más que el proyecto inicial; poner un acento en la progresividad -es un comienzo que habrá que fortalecer más adelante-, al introducir el impuesto patrimonial, y mantener los beneficios a las pequeñas y medianas empresas.
La modificación de este proyecto fue consecuencia de un acuerdo al cual se llegó entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Hacienda del Senado. Allí se asumió un compromiso y un protocolo, que quedó por escrito, en el cual nos damos un plazo de seis meses para revisar las normas de gasto tributario en Chile. Lo que se persigue es ver qué elementos o exenciones que hoy día están vigentes se justifican, cuáles deberían ser mejoradas y cuáles, derechamente, tendrían que ser eliminadas.
Dicho lo anterior, señor Presidente, esto no precluye que haya una discusión abierta, que ha sido, de alguna manera, recogida por la autoridad. Pero creemos que habrá que profundizar en la necesidad de que una vez despachado este proyecto honremos el compromiso de revisar la actual estructura tributaria chilena y ver cómo hacemos frente a las demandas sociales que deben financiarse con cargo a recursos públicos.
Este proyecto apunta en esa dirección. Aquella es la razón por la cual aumenta su capacidad de recaudación. Pero, a todas luces -y siendo muy respetuoso de la iniciativa que vamos a aprobar-, la presión tributaria en Chile sigue siendo extremadamente baja, no solo considerando los niveles de desarrollo relativo respecto a países que mostraban tiempo atrás nuestro nivel de desarrollo actual, sino además dada la envergadura de los recursos que se requieren.
Por último, señor Presidente, en materia tributaria se hace un esfuerzo y el proyecto se encamina en la dirección correcta al poner el acento en una tributación más progresiva, pero sigue siendo extremadamente desequilibrada la forma de recaudar en Chile, donde los impuestos indirectos suman alrededor de un 50 por ciento en proporción al total de lo recaudado, en circunstancias de que deberíamos poner un acento más fuerte, tal vez, en los impuestos a la renta.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, estoy inscrito también para intervenir por el proyecto, pero quiero solicitar antes que abramos la votación en general, porque se pidió que haya después cuatro votaciones separadas.
Por eso, considero que sería bueno que se abriera la votación en general, manteniendo los tiempos para el uso de la palabra.
El señor QUINTANA (Presidente).-
El Senador Montes tiene razón. Manteniendo los tiempos, podríamos pronunciarnos por el proyecto completo, con excepción de las cuatro normas respecto de las cuales se ha pedido votación separada.
El señor NAVARRO.-
¡Quiere dar por aprobado todo el proyecto!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la bancada del Partido País Progresista e Independientes representamos nuestra posición en la reunión de Comités. La mayoría de los Senadores no está al tanto del proyecto. Se quiere debatir con "discusión inmediata" y votar en general y en particular.
A lo menos, antes de votar en general la totalidad de la iniciativa, me gustaría escuchar al Ministro de Hacienda, porque tengo dudas, primero, sobre si la Comisión -lo señaló el Senador Ricardo Lagos Weber- estuvo de acuerdo en todo, y si no fue así, me gustaría saber en qué no estuvo de acuerdo.
Y en segundo lugar, es necesario que el Ministro nos pudiera decir en qué va a gastar la plata. Porque si estamos recaudando impuestos es para algo.
Solicito poder contar con un conocimiento mayor antes de que el proyecto se apruebe en general.
Creo que es el legítimo derecho de quienes no hemos tenido la posibilidad de participar en su debate, el cual ha sido centralizado absolutamente en la Comisión de Hacienda.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entonces, correspondería abrir la votación en general de todo el proyecto, menos las cuatro normas sobre las que se ha solicitado votación separada.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, la crisis actual de Chile es profunda. No es un brote efímero de protestas sociales masivas. Y no puede reducirse a los repudiables actos vandálicos que se han producido.
Valoramos la posibilidad que abren los jóvenes de repensar y recrear el país a partir de lo que hemos acumulado.
Tenemos que hacernos cargo de que Chile debe cambiar. El deterioro de la democracia; la desaceleración del desarrollo y del crecimiento, y las vergonzosas desigualdades y abusos debemos enfrentarlos con la ciudadanía de manera democrática e institucional.
Respaldamos el camino de una nueva Constitución y de reformas sociales reales.
Pensamos que los conservadores y los extremistas de distintos lados serán superados por la historia.
El crecimiento, la reforma del Estado y el establecimiento de una reforma tributaria sustantiva son desafíos ineludibles.
El sistema tributario chileno requiere cambios, porque no recauda lo suficiente; no es progresivo, todo lo contrario; es complejo.
La reforma tributaria aprobada el año 2014 constituyó un importante avance que contó con el apoyo de todos y en que se alcanzó un acuerdo a su respecto. Incluso la UDI, que ahora se ha desentendido, fue parte de ese acuerdo.
La reforma tributaria de la Presidenta Bachelet tuvo como objetivo aumentar la recaudación y mejorar la progresividad.
El actual Gobierno presentó un proyecto de ley muy regresivo, que quedó superado por la realidad.
Se reponía la integración, lo que favorecía especialmente a los sectores de más altos ingresos, con un costo muy grande para las finanzas públicas.
El Gobierno proponía compensaciones insuficientes y poco confiables.
El régimen propyme no cambiaba de forma relevante.
Se debilitaba el combate a la elusión, modificando la norma general antielusión, haciéndola prácticamente ineficaz.
Se modificaba la definición actual de gasto necesario para producir la renta.
Se aceptaban gastos por responsabilidad social empresarial.
Se ampliaba la franquicia IVA a la construcción, que había sido reducida el 2014. Ese solo hecho significaba más de 100 millones de dólares de menor recaudación.
Disminuían los paraísos fiscales a considerar.
Se le señaló reiteradamente al Gobierno que ese proyecto era contradictorio con los objetivos del país de fortalecer los derechos sociales, para lo cual se requieren más ingresos públicos.
Se le insistió en que la iniciativa contenía medidas muy regresivas y que la persistencia con ese texto afectaba la inversión y la economía.
El 2014 la reforma correspondiente se demoró cinco meses; y llevábamos como quince meses de tramitación con el actual proyecto.
Es cierto que la crisis posterior al 18 de octubre afectó la economía, pero no hay que olvidar que las cifras negativas venían desde antes.
Las manifestaciones sociales demostraron la absoluta imposibilidad de aprobar ese proyecto.
En este contexto, asume el Ministro Briones, quien se dio a la tarea de conversar y de generar las bases para un acuerdo, las bases para un entendimiento.
En definitiva, el Gobierno acepta la necesidad de reorientar el proyecto original. Y la Oposición levanta propuestas alternativas.
No voy a hacer la descripción de la iniciativa, porque ya la efectuó el Senador Lagos Weber.
Pero el Partido Socialista considera que este es un acuerdo razonable respecto del proyecto del Ministro Larraín, en cuanto a que pasó de ser una iniciativa que disminuía los ingresos fiscales a otra que los aumenta en un nivel moderado, más o menos 2 mil millones de dólares en régimen. Además, se eliminaron los aspectos más regresivos, como la reintegración, claramente inviable después del estallido social.
Sin embargo, estimamos que la magnitud de las desigualdades y las demandas sociales en materia de previsión, salud, educación pública, adultos mayores, discapacitados, entre otras, comprometen una considerable cantidad de recursos, los cuales deben financiarse a través de ingresos permanentes.
Por ello, creemos que no son suficientes las medidas que vienen establecidas en el proyecto y que debemos acercarnos a los niveles de tributación efectiva de los países de la OCDE en el momento en que tenían el ingreso per cápita de Chile.
Diversos estudios cuantifican en unos seis puntos del PIB la brecha existente.
Es por eso que les planteamos al Gobierno y al Ministro Briones la necesidad de reabrir el acuerdo alcanzado para incorporar otros temas. La autoridad consideró que no era el momento, pero nosotros queremos insistir hasta el último en que son necesarias medidas que generen más ingresos públicos, especialmente provenientes de los sectores de más altos ingresos.
Y levantamos una propuesta de una medida transitoria y tres medidas permanentes.
La medida transitoria es un impuesto temporal al patrimonio. Estamos conscientes de las dificultades que en todo el mundo ha generado la aplicación de este tipo de tributos. Por ello, proponemos un impuesto que se aplicaría a los 140 altos patrimonios que poseen un activo de más de cien millones de dólares. Alcanza a 140 la cifra que hemos recabado. Y se especifica que esto se haga por una sola vez.
Se trata de que los sectores de más altos ingresos aporten a las necesidades de los chilenos, al menos por una vez, para reducir las brechas sociales que han generado los niveles de malestar que hemos visto últimamente.
Y pongo algunos ejemplos extraídos de la revista Forbes:
El señor Luksic: su fortuna patrimonial pasó de 13.700 millones de dólares el 2017 a 16.300 millones de dólares el 2018. Aportar un 10 por ciento la verdad que no le alteraría más que la mitad de lo que ganó en ese año.
Paulmann pasó de 4.700 millones de dólares el 2017 a 4.800 millones de dólares el 2018.
Ponce Lerou pasó de 3.100 millones de dólares el 2017 a 4.800 millones de dólares el 2018.
Saieh pasó de 2.500 millones de dólares el 2017 a 3.200 millones de dólares el 2018.
Piñera pasó de 2.700 millones de dólares el 2017 a 2.800 millones de dólares el 2018.
Creemos que estos 140 personajes, encabezados por estas seis grandes fortunas del país, pueden hacer un aporte mayor.
Pero además de las medidas transitorias al patrimonio, planteamos una sobretasa permanente a las sociedades de inversión, en concreto, a las 206 family office.
La evidencia muestra que los más altos patrimonios, tanto en Chile como en el resto del mundo, no se encuentran en poder directo de personas naturales. Buscamos gravar a las personas de más altos ingresos a través de sus vehículos de inversión, tales como sociedades, fondos u otras estructuras complejas que combinan una serie de instrumentos.
Para tales efectos, se propone aplicar una sobretasa significativa.
La segunda medida permanente es una tributación a los fondos de inversión privados.
Los fondos de inversión privados son patrimonio de afectación, o sea, no son contribuyentes, por lo que sus rentas no están afectas a impuestos. Quienes pagan el impuesto son los aportantes a estos fondos por las rentas que el fondo les distribuye. Sin embargo, por el diseño actual de la ley, se genera un efecto no deseado, en que parte de las utilidades se mantienen indefinidamente sin pagar impuestos. Hemos propuesto alternativas.
Y, en tercer lugar, planteamos una tributación de la ganancia de capital en la venta de acciones con presencia bursátil. Distintos personajes del Gobierno participaron en un libro y decían que había que terminar con esta exención.
El año 2001, con el objeto de darle mayor profundidad al mercado accionario, se definió que la utilidad obtenida en la venta de acciones con presencia bursátil que cumplieran con ciertos requisitos no pagara impuesto. Esto ha beneficiado, en particular, a inversionistas de alto patrimonio. Tras dieciocho años de aplicación de esta franquicia, vemos que se trata de un foco de inequidad, y hay que aplicar una tasa: o el régimen general o una tasa transitoria.
Finalmente, quiero decir que tenemos que caminar hacia un sistema con mayor recaudación, más simple y progresivo.
Los Senadores de Oposición le solicitamos al Gobierno conformar un equipo para evaluar el gasto tributario. Existen 9.500 millones de dólares de gasto tributario en Chile, y de estos, el 80 por ciento favorece a los sectores de más altos ingresos. Quiero decir que en vivienda social se han gastado casi 30 mil millones de dólares en una franquicia tributaria, gran parte de la cual fue a construir casas en las playas o viviendas de muy altos ingresos.
Tenemos el desafío de aumentar en forma sistemática la recaudación, para costear el mayor gasto social y enfrentar las desigualdades, y mayor inversión.
No nos cerramos a reducir algunas tasas, incluso las de impuestos corporativos, si ello está suficientemente compensado con un aumento en los impuestos a la renta de los más ricos.
Lo relevante es aumentar los impuestos directos efectivos, que hoy en nuestro país alcanzan apenas a 1,5 por ciento del PIB, contra un 12 por ciento de las naciones que miramos como modelo cuando tenían nuestros ingresos.
En esta materia, es importante que se exprese la buena disposición mostrada por el sector empresarial y la Derecha durante el estallido social. No es posible seguir financiando los mejoramientos exclusivamente con reasignaciones presupuestarias y endeudamiento.
Chile debe llegar a un nivel de carga tributaria acorde a su nivel de ingresos, que permita otorgar a los ciudadanos derechos sociales de calidad. Es la base de un nuevo pacto social que permita recuperar la paz y un horizonte compartido.
Apoyamos en general el acuerdo tributario y apoyamos en general esta reforma. Es un cambio de signo. Este es otro proyecto, como ha dicho el Senador Lagos Weber, y representa un avance indiscutible, que tenemos que empujar, pero debemos lograr nuevas reformas. Esperamos que la Cámara de Diputados incorpore nuevos temas y así podamos alcanzar una reforma mucho más significativa.
Es todo cuanto quería expresar, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, este proyecto de modernización tributaria, sobre el cual nos corresponde pronunciarnos, claramente no es igual al que ingresó en agosto del año 2018. Sin embargo, sus principales ejes continúan plenamente vigentes: el crecimiento de nuestra economía, el emprendimiento, la inversión y, sin duda, potenciar a nuestras pymes.
La Comisión de Hacienda escuchó a numerosos especialistas, los que expusieron sobre este proyecto de modernización tributaria entregando un mensaje claro y profundo: el sistema tributario necesita modificaciones, sobre todo simplificación y fomentar la inversión, el crecimiento y el empleo. Esa es la forma concreta como los países construyen su mayor progreso económico y su mayor desarrollo social.
Todo ello fue conocido por los Senadores que integramos la Comisión de Hacienda de este Senado, y poco a poco nos fuimos formando una convicción. Fue así como el 6 de noviembre de 2019, a poco más de dos semanas del llamado "estallido social" y de los actos de violencia que lo sucedieron, el recién designado Ministro de Hacienda, don Ignacio Briones - aquí con nosotros, esta tarde-, llegó a un muy valorado acuerdo con los Senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, mediante el cual se introdujeron diversos cambios al proyecto de ley sobre modernización tributaria, con un claro enfoque recaudatorio.
El proyecto que votamos hoy cuenta con un importante avance en equidad tributaria para nuestras pequeñas y medianas empresas. Hoy existen alrededor de 170 mil pymes -¡170 mil pymes!-, que, luego de la reforma tributaria del año 2014, quedaron sujetas al régimen semiintegrado. Ello ha significado que han debido pagar un impuesto del 27 por ciento, en lugar de la tasa del 25 que estrictamente les corresponde. Y además sus propietarios han soportado un sobreimpuesto de 9,45 por ciento.
Por lo anterior, luego de un importante consenso entre los cinco Senadores de la Comisión, especialistas, dirigentes del sector y el titular de Hacienda, se cimentó un nuevo régimen propyme, que beneficiará a más de un millón de pequeñas y medianas empresas, el cual cuenta con tributación en base a caja; registros de contabilidad simplificados; depreciación instantánea; posibilidad de que aquel emprendedor que trabaja en su pyme reciba un sueldo deducible como gasto tributario; se les reduce la tasa preferencial de los pagos provisionales mensuales, de 0,25 por ciento a 0,2, para quienes tengan ingresos por hasta 50 mil unidades de fomento anuales, lo que les otorgará mayor liquidez, y se aumenta el beneficio de utilidades que pueden ser reinvertidas, de 8 mil a 10 mil UF anuales. Todo ello, reconociendo como pymes a las empresas con un umbral de 75 mil unidades de fomento de ingresos, que hoy es de solo 50 mil unidades de fomento.
Me asiste la convicción de que, apoyando clara y decididamente a las pequeñas y medianas empresas, fortalecemos a los amplios sectores medios de nuestra ciudadanía, y estimulamos el crecimiento, tan necesario para crear más y mejores empleos. Las pequeñas y medianas empresas, además, tienen la virtud de estar repartidas a lo largo y ancho de nuestro territorio; son factores de unidad e integración y además de soberanía, y una gran fuente de empleo para la ciudadanía. Por ello, darles un tratamiento tributario especial, como lo han hecho muchos otros países, constituye un imperativo nacional.
Pero no fue lo único que tuvimos presente. Nuestra preocupación también estuvo centrada en temas como el de la Defensoría del Contribuyente.
Mediante esta iniciativa de ley se crea, por primera vez en la historia de nuestro país, la Defensoría del Contribuyente, entidad que asumirá la representación de los contribuyentes de menores ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos, colaborando decididamente a una mayor justicia tributaria.
Otro beneficio de este proyecto que no puedo dejar de destacar es la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2021, de la depreciación instantánea, como una medida especial para nuestra Región de La Araucanía, y la depreciación semiinstantánea, que permite rebajar instantáneamente el 50 por ciento de la inversión en activos fijos y de forma acelerada el 50 por ciento restante. Esto, naturalmente, para las empresas más grandes, porque todas las pequeñas y medianas empresas de La Araucanía van a estar sometidas al régimen general de depreciación instantánea permanente.
Todas estas y otras materias fueron objeto de nuestra ocupación. Valoro enormemente que en cada una de ellas lográramos un amplio consenso.
Tengo la obligación de destacar, también, el trabajo conjunto que realizaron los Senadores de la Comisión de Hacienda, sus asesores y todo el equipo del Ministerio de Hacienda, encabezado, por supuesto, por el Ministro Ignacio Briones.
Finalmente, no puedo dejar de señalar la importancia de que este proyecto se convierta en ley lo antes posible para crear condiciones de mayor certeza en nuestro país, entregándole, de esta manera, mayores y mejores herramientas a la economía chilena, que tan golpeada se ha visto por los últimos hechos de violencia.
Disminuir las incertidumbres es una tarea vital para que nuestra economía se recupere. Y este proyecto de modernización tributaria va en esa dirección.
Los Senadores de Renovación Nacional anunciamos nuestro voto favorable a la idea de legislar en este proyecto.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, en realidad, yo comparto, igual que otro señor Senador, el hecho de que, por mucho que haya que tratar con "discusión inmediata" algunos proyectos, debería existir la posibilidad de discutirlo algo más a fondo dentro de la Sala.
Todos respetamos bastante a nuestros colegas de las Comisiones, aceptamos con frecuencia sus puntos de vista, pero despachar en general y en particular un proyecto de esta magnitud me parece que realmente excede nuestras capacidades de análisis. Quiero ser muy franco. Y, en ese sentido, no podemos reservarnos nada porque ya votándolo ahora el proyecto quedará despachado esta tarde. No tendremos más cosas que decir.
Sin embargo, es importante comenzar reconociendo el cambio de fondo que ha existido aquí, a partir del mes de octubre y hasta ahora, y señalando que esta iniciativa proyecto presenta una impronta muy diversa de la que tenía hasta hace cuatro meses.
Hace cuatro meses discutíamos, en esta misma Sala y en este mismo marco, el hecho de que nos parecía insólito que se planteara un proyecto de reforma tributaria cuyo objeto fundamental era aligerar la carga tributaria de las grandes empresas y de los grandes grupos económicos, con el fin supuesto, teórico, de alcanzar una mayor inversión. Y nos negábamos; decíamos claramente que rechazaríamos cualquier proyecto que significara cumplir ese objetivo: disminuir los impuestos sobre la base del reintegro a los más ricos de este país.
Ese ya no es el tema del texto que ahora se nos presenta. Los simples títulos del actual dicen relación con una reforma tributaria que financie una nueva agenda social, aunque más adelante tiene un acápite muy fundamental correspondiente a "mayor recaudación progresiva". Y habrá mayor recaudación progresiva; eso es cierto. Sin embargo, respecto de esto último solamente quiero decir dos cosas en el poco tiempo del que dispongo.
Primero, nosotros hablamos mucho de favorecer a la pequeña y la mediana empresa. La sigla "pyme" pretende identificar a las empresas pequeñas y medianas, pero, ciertamente, la mayor parte de esta propuesta apunta o guarda relación con la pequeña empresa. La mediana empresa exhibe en nuestro país una cierta situación, bastante compleja. Es mucho más pobre que una gran empresa, y más rica que una pequeña empresa. Por lo tanto, es bien poco claro a qué nos referimos cuando hablamos de una mediana empresa. ¿Es lo mismo una empresa (no pequeña) que tiene 200 trabajadores que otra que posee 8 mil, 9 mil o 10 mil?
Entonces, ¿por qué cortar la progresividad en un punto que resulta interesante? La cantidad de dinero que las personas van a obtener, sí, es razonable, pero, ciertamente, una mucho mayor segmentación de la progresividad sería bastante más justa.
Hay empresas que, como lo indicó aquí el Senador Montes, llegan a los miles de millones de pesos al año, y, más que eso, a miles de millones de dólares al año de ganancia. Las personas dueñas de esas empresas pagan las mismas cantidades que los medianos empresarios. Y eso, a mi juicio, no es justo. Tener solamente dos tramos -uno que va de los 15 millones de pesos hacia abajo, y otro, de los 15 millones de pesos hacia arriba- hace una tremenda diferencia que le permite refugiarse a las grandes fortunas de este país.
Yo comparto mucho las propuestas que ha planteado acá el Senador Montes. Y realmente me hubiera gustado que hubiésemos tenido tiempo para prepararlas y discutirlas aquí. Si es efectivo que 140 empresarios obtienen ganancias mensuales que pasan por encima de los miles de millones de pesos, nosotros, entonces, deberíamos estar en condiciones de gravarlos mucho más. Debería haber una cifra tope de ingresos a partir de la cual el pago ya tendría que ser bastante mayor.
Estoy de acuerdo en que se cobre 40 por ciento más a los que ganan más de 15 millones de pesos, pero no veo por qué no se les cobra 50 por ciento, o 60 por ciento, o 70 por ciento más a los que ganan, no 15 millones de pesos, sino 150 millones de pesos al mes o 1.500 millones de pesos al mes.
Esa es la realidad de nuestro país. Y esa realidad no está reflejada en este proyecto, el cual, ciertamente, representa un progreso, algún avance, pero que todavía deja grandes vacíos en términos de desigualdad que espero que podamos llenar más adelante.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entiendo que habría acuerdo, ahora, para que pudiera ingresar a la Sala el señor Manuel Alcalde, asesor tributario del Ministro.
¿Así es?
Acordado.
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, para ser bien franco, tengo sentimientos encontrados respecto de este proyecto. Y yo siempre he tratado de decir exactamente lo que pienso en este Parlamento, con respeto, aunque también oigo voces de distinta naturaleza.
Son sentimientos encontrados porque, primero, quiero ser justo. Esta iniciativa -ojo, que entró acordada parcialmente al Senado producto de un consenso alcanzado en la Cámara de Diputados- es fruto y efecto de la administración económica del ex Ministro Larraín, que hizo un esfuerzo honesto por ir resolviendo temas que eran complejos dentro de la situación económica de Chile y que, básicamente, tendían a reenfocar la inversión en nuestro país.
Claramente, si uno miraba el desarrollo económico de Chile -lo vemos a través de las sucesivas exposiciones del IPoM-, veía que todavía se da en Chile un tema latente: la falta de inversión, que, sumada a la falta de productividad, va generando que el crecimiento -que, al final, es el motor más importante del país- fuera deteniéndose o quedándose en un statu quo complejo. De alguna manera había que tomar una decisión. Y creo que la decisión se tomó en el sentido correcto: plantearse cómo fomentar la inversión, lo que, básicamente, tiene que ver con el cambio del sistema tributario, yendo a la integración, que a todo evento es, precisamente, el sistema que favorece la inversión.
En segundo lugar, en esa instancia también había temas que es importante recordar y reconocer. Uno eran las compensaciones regionales, como una nueva forma de determinar que los proyectos de gran envergadura produjeran algún beneficio directo en las regiones. Otro eran las flexibilidades respecto de las modernizaciones, respecto de la ejecución de lo que la reforma tributaria anterior había establecido, facilitándose enormemente los trámites y la forma en que estos habían quedado, con dificultades de implementación muy reconocidas por todo el mundo y que, de alguna manera, se enfrentan.
Por otra parte, menciono la Defensoría del Contribuyente. Para mí, era muy importante tener una persona, una defensoría del Estado, que se hiciera cargo del pequeño contribuyente, quien probablemente no posee recursos para poder hacer frente a temas complejos que se plantean en Impuestos Internos y que, adicionalmente, suelen desarrollarse en instancias de la capital, en distintos momentos, con costos complejos para ese contribuyente.
Y así, creo que había medidas muy relevantes y valiosas orientadas a mejorar la situación económica de nuestro país.
Así que, a aquellos que afirman que el proyecto cambió copernicanamente, quiero decirles que cambió, pero que algo del original quedó, buena parte de lo cual nos va a ayudar a desarrollar de mejor manera, espero yo, esta misma discusión.
Obviamente, después se produjo una situación que cambió las reglas del juego. En efecto, el estallido social y de violencia que se instaló en Chile -no voy a hacer de pitoniso y decir que lo peor ya pasó o que lo peor está por venir; según los comentarios que he escuchado, hay visiones distintas- generó un cambio, entre otros, uno en el equipo económico y una lógica de realismo por parte de las nuevas autoridades que han tenido que abordar una labor que, creo yo, nadie envidia. O sea, si hay alguien que envidia la tarea del Ministro Briones, no sé quién será, porque obviamente es un momento difícil. Y para qué decir todo lo que tuvo que lidiar también Rodrigo Cerda a cargo de la Diprés, a quien aprovecho de hacerle un reconocimiento.
Entonces, aquí se cambia un eje y básicamente qué se hace: se toman elementos consensuados en la reforma anterior y se les genera una lógica diferente, particularmente en lo recaudatorio, porque ahora, por las exigencias del gasto, existe una necesidad de recaudación que va mucho allá de lo que cualquiera hubiera previsto en circunstancias previas. Y se establecen medidas, por cierto, dentro del realismo -no es que a mí me entusiasmen- y se aplican normas de integración a las pymes, mejorando e, incluso, ampliando la base sobre la cual ellas pueden integrarse en el sistema vigente.
Esto obviamente es bueno, y algunos de esos elementos, que no necesariamente se aplican a las otras empresas, podrían ser considerados un logro. Yo no lo considero así, sino que es parte del realismo -no sé si ponerle progresivo u otro apellido- que objetivamente no está dentro de lo que a mí me entusiasma, pero entiendo que era necesario para efectos de impedir la menor recaudación que eso podía suponer.
Por cierto, hay lógicas impositivas adicionales -no pidan que me entusiasme con eso, sí que lo pueda reconocer- que están hechas de una forma, dentro de lo posible, relativamente más cuidadosa. Se genera un nuevo tramo de impuesto a la renta, pero con una cantidad más bien alta respecto del cual se empieza a pagar, y una sobretasa de impuesto territorial que quizás es lo más controvertido de todo, porque se parece a un impuesto patrimonial.
A mí me preocupa la lógica con que se abordan estos temas, porque veo que algunos siguen pensando que todos los problemas en Chile se arreglan subiendo los impuestos. Y quiero decirlo claro: ¡Yo creo que la clave es mejorar el crecimiento, mejorar la inversión, mejorar la productividad! De ahí vendrán cosas por añadidura, y habrá que preocuparse obviamente de que las tasas sean acordes. Para eso el Ministro Briones está convocando a un grupo de reflexión más amplio a fin de ver cuál es la tasa correspondiente al crecimiento que Chile puede alcanzar -no sé si vamos a tener bastante pega porque no estamos creciendo mucho- o el tipo de realidades en otra legislación que tenemos que asumir.
En todo caso, claramente, el tema es complejo. Están la regularización de patentes municipales de sociedades de inversión; limitación al DFL 2 por herencia, cosa que yo comprendo; nuevas exigencias a los FIP; la limitación a los market maker; la eliminación del PPUA, que ha sido largamente discutido al interior de la Comisión de Hacienda. Son elementos que obviamente pueden generar un beneficio en el corto plazo.
No sé si eso va a impactar en el grado de inversión o en la profundidad del mercado. Pero los expertos piensan que era la mejor fórmula en la medida de lo posible.
Quisiera agradecer -por su intermedio, señor Presidente- a ese grupo de personas (no es que esté de acuerdo con lo que han señalado), y particularmente a Jaime del Valle, abogado que me ayudó bastante a entender la lógica de cómo en este difícil mundo tributario podía generarse una mejor solución a partir de un acuerdo que yo valoro mucho dentro de este Senado y que se logró en momentos difíciles. Creo que alumbró para poder salir con alguna decisión distinta respecto de la situación social o de violencia en que todavía nos encontramos.
Señor Presidente, por cierto, me parece que en esto ha habido un tremendo esfuerzo por parte del actual Gobierno. Valoro mucho lo que ha hecho el Ministro Briones y su equipo por tratar de ajustar la nueva realidad a una complejidad objetiva en cuanto al crecimiento y la inversión. También valoro lo que se planteó por el Ministro de Hacienda anterior en cuanto a darle un espacio adelantado a lo que venía en materia de crecimiento, de lo que podía darse en el país. Y espero que haya responsabilidad de todos en relación con lo que viene.
Creo que esto en sí mismo está asimilado. Nadie puede pretender que después de lo ocurrido haya un crecimiento espectacular. ¡No! Solo considero que las pymes van a tener un beneficio que era muy deseado. ¡Sí! Por tanto, no necesariamente hoy día se van a generar todas las inversiones en los otros ámbitos, porque eso tiene que ver más con problemas políticos que con temas económicos.
Esa es la verdad.
En la medida que haya desorden social va a ser muy difícil que se recupere la economía. Y por eso que, en parte, las discusiones que hemos tenido en los últimos días están dadas en cómo establecer más mecanismos para poder enfrentar ese flagelo que a todos nos debería complejizar.
Ahora, de aquí para adelante es lo importante.
Me parece que seguir a quien dice: "Bueno este es el primer paso y ahora tenemos que subir todos los impuestos", sería una mala decisión. A mi juicio, es algo que no va en la línea correcta. Ahora bien, eso tampoco lo he oído con cierto dramatismo; sí lo he escuchado respecto de algunos impuestos. En lo personal, me interesa mucho más pensar a largo plazo, ver cómo juega el crecimiento, cómo juega la inversión, cuál debe ser la tasa correcta que debería existir; si hoy día es razonable el impuesto a las empresas en comparación con lo que otras economías instaladas -porque tenemos competidores- entregan en la actualidad.
Entonces, a partir de aquí, me interesa más lo que viene que lo que está. Lo que está me parece que corresponde a lo que se pudo establecer. Y lo digo sin un entusiasmo exultante, sino con un realismo propio de los momentos que vivimos. Pero llamo a tener la responsabilidad de no seguir agobiando a los emprendedores como si al final fueran ellos los únicos que tuvieran algo que decir respecto del tema económico. Creo que es un asunto distinto: tenemos que cuidar nosotros mismos la economía, y este Senado tiene una tremenda responsabilidad en ese sentido.
Por eso, junto con aprobar este proyecto, hago un llamado a reflexionar sobre cómo debemos trabajar hacia adelante.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.
Les comunico que quedan doce Senadores inscritos en la votación general, cada uno de los cuales tiene diez minutos para intervenir.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, este proyecto fue presentado originalmente con el objetivo de promover la reintegración del sistema tributario, favoreciendo principalmente a grandes contribuyentes. La menor recaudación se compensaba, solo en parte, con una mayor eficiencia de la boleta electrónica y gravando a los servicios vendidos a través de las plataformas tecnológicas.
Ese era el núcleo de este proyecto. No contenía ni una palabra acerca de combatir la desigualdad.
En la Cámara de Diputados se complementó con medidas en favor de las pymes y los adultos mayores. Luego vino el estallido social y, con un nuevo Ministro de Hacienda, se alcanzó un marco de entendimiento que agregó un nuevo objetivo: incrementar el aporte de los chilenos de mayores ingresos al financiamiento de la nueva agenda social.
A este respecto, destaco el esfuerzo, el trabajo de la Comisión de Hacienda, del Ministro y de su equipo.
Pero dicho acuerdo no definió cuál era esa nueva agenda social. Y, en los hechos, a tres meses de que detonara la crisis, aún el Gobierno no entrega una propuesta en materia de pensiones, salud, ingresos y educación, que se haga cargo de las demandas urgentes que ha planteado el país. Y tampoco ha determinado su costo.
De esta manera, estamos discutiendo una reforma tributaria sin tener claros los objetivos ni los montos que se pretende financiar. Esto, a mi parecer, debilita cualquiera intención de cerrar el debate tributario.
Es evidente que el marco de entendimiento es insuficiente. Una mayor recaudación de 2.000, 2.400 millones de dólares no basta para hacerse cargo de la agenda social. Se necesita responder claramente cuáles son los cambios previsionales y de salud qué necesitamos financiar, cuál es su monto, cómo se lo financiarán, en qué plazos. Solo así tiene sentido cerrar un acuerdo tributario.
Para colmo, el marco de entendimiento para una agenda de mediano plazo plantea que una fracción de los ahorros que pudieran identificarse para el Estado debiera destinarse a una rebaja de la tasa general de impuesto. Esta visión no tiene asidero en el Chile actual. Nuestro país posee una carga tributaria todavía baja en relación con los países equivalentes. Y lo que es peor, las transferencias directas a los más pobres son aún más bajas en esa misma comparación.
Lamentablemente, las modificaciones que se proponen no cambiarán sustancialmente esta dura realidad.
La mayor recaudación se sostiene, en lo principal, en más IVA, que sabemos que es un impuesto regresivo, y en impuestos sobre plataformas electrónicas, que son usadas mayoritariamente por las capas medias, especialmente los más jóvenes, que están ganando sus primeros ingresos.
Yo estoy de acuerdo con gravar las plataformas, que se han convertido en un competidor desleal del comercio establecido, afectando muchos puestos de empleo. Pero no puedo aceptar que ese sea el principal mecanismo de recaudación y que se descarten otras formas de afectar a quienes más tienen.
Al respecto, se presenta la sobretasa a los patrimonios inmobiliarios superiores a los 400 millones de pesos como un impuesto a los más ricos.
Me parece que esta forma de presentar esta medida es un insulto a la inteligencia de los chilenos.
Todos sabemos que los más pudientes en Chile tienen la mayor parte de sus fortunas en otros bienes, no en inmuebles.
Me imagino que cuando los empresarios hablan de contribuir más no están hablando de pagar más por su casa en la playa.
Para ser serios, deberíamos hablar de sus patrimonios bursátiles, complejamente diversificados, localizados en paraísos fiscales, y que solo un Servicio de Impuestos Internos robusto puede estar en condiciones de establecer.
En cuanto al contenido mismo del proyecto, quisiera referirme puntualmente a algunos aspectos.
Primero, respecto del nuevo impuesto de 1 por ciento que afecta a los proyectos de inversión mayores a diez millones de dólares que pasen por el sistema de evaluación de impacto ambiental, me parece que es absolutamente insuficiente para responder al objetivo de descentralización fiscal que el país tiene pendiente.
Esto es aún más grave considerando que no hay seguridad de que el proyecto de rentas regionales, varias veces postergado por el Gobierno, se haga cargo de este objetivo.
En segundo lugar, entre los anuncios del Gobierno posteriores al estallido se encuentra una revisión de los mecanismos de distribución del Fondo Común Municipal, en respuesta a la escandalosa desigualdad territorial que es uno de los factores gatilladores de esta crisis.
Sin embargo, a más de dos meses de esos anuncios, el Gobierno no ha presentado iniciativa alguna y, por el contrario, en este proyecto se disminuyen los recursos del Fondo Común Municipal a través del aumento de las exenciones y las rebajas al impuesto territorial, que es la principal fuente de ingresos de dicho fondo.
Todos estamos de acuerdo en mayores beneficios para los adultos mayores, pero ello no puede ser a costa de los municipios y menos de los municipios más pobres, dependientes en mayor medida del Fondo Común. Debe haber una compensación.
Pero lo más insólito es que, al mismo tiempo que se disminuye el impuesto territorial en perjuicio de los municipios, se aumenta el mismo impuesto a las propiedades de mayor valor pero en beneficio del Fisco. ¡Es la vieja Ley del Embudo!
Por último, quisiera referirme a una iniciativa que aparece como popular, pero que me genera muchas dudas: la que crea la Defensoría del Contribuyente.
Con frecuencia, más el antiguo Ministro que el actual, el Gobierno se ha sumado al coro de los detractores del Servicio de Impuestos Internos.
Favorablemente, se logró excluir todas las disposiciones que debilitaban la normativa antielusión, pero se mantienen las normas que fortalecen esta Defensoría.
No comparto esta política. Me parece un despropósito.
Mediante esta nueva entidad, el Estado financiará la representación de contribuyentes, cuyos ingresos sean hasta un millón y medio de pesos mensuales, en sus reclamos frente a Impuestos Internos.
Mientras tanto, para defender a un trabajador afectado por un despido arbitrario, el mismo Estado exige una renta máxima de 500 mil pesos.
¿Acaso interesa más la defensa de un contribuyente que la de un trabajador? Simplemente, no me parece razonable.
Votaré a favor, señor Presidente. Pero hago presente que este proyecto dista mucho de hacerse cargo de los requerimientos financieros que se desprenden de la agenda social que demanda la gente; adolece de varias insuficiencias y reproduce muchas injusticias que se arrastran desde hace tiempo en nuestro sistema tributario y que ha sido imposible enfrentar hasta el momento por la defensa ciega que hacen algunos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, en política, como en muchas cosas, el tiempo es de la esencia a la hora de tener éxito o de fracasar en determinadas políticas, o tal vez de dejar pasar la oportunidad de llegar a acuerdos mejores, entendimientos o reformas que son necesarias.
Sin embargo, a consecuencia de la incapacidad de avanzar, de ponerse de acuerdo, de abordar los problemas a tiempo, es probable que aparezca una crisis. Y esas crisis nos llevan a tomar decisiones en tiempos complejos, las cuales no siempre son las mejores o las más óptimas.
Y a veces esos procesos exigen esfuerzos adicionales mayores que los que hubiéramos tenido que enfrentar o requerir si hubiésemos abordado esas dificultades a tiempo.
Y el tema de la reforma tributaria es un ejemplo de aquello.
La reforma inicial del Gobierno del Presidente Piñera, impulsada por medio del ex Ministro Felipe Larraín, fue objeto de reparos de la sociedad chilena desde el día uno, que se hicieron presentes en el Parlamento por la soberanía popular aquí representada.
Y tenemos dificultades en cuanto a los énfasis del proyecto, sus alcances y ciertos elementos regresivos contenidos en el texto tributario.
Es por ello que, de manera constructiva, en marzo del año pasado -ya van a ser diez meses- se propuso separar la iniciativa y avanzar en aquellas cosas en las que teníamos acuerdo, tal como ocurre hoy con el 90 por ciento de su contenido. Y con relación a las materias que nos presentaban dudas, dificultades, diferencias o que no estaban sobre la mesa o que no fueron incorporados en el proyecto, propusimos tratarlos de manera separada por un comité, un grupo de expertos, técnicos, políticos, académicos, tributaristas, etcétera, para ver si era posible, tras esa discusión, sostener una mirada más holística e integral que permitiera dar un enfoque tributario para los próximos diez años, con el propósito de sacar el tema tributario de la discusión de cada Gobierno que llega.
Lamentablemente eso no fue posible.
El resultado que obtuvimos es lo ocurrido el 18 de octubre y, producto de la presión social, de la preocupación existente desde el punto de vista de la marcha financiera del país y de las señales de falta de gobernabilidad, alcanzamos un entendimiento en materia tributaria que es -yo diría- muy similar a lo que habíamos planteado, pero con un paso más allá.
Nos pusimos de acuerdo rápidamente en todas aquellas materias que recaudaban y eran proinversión, respecto de las cuales teníamos coincidencia. Se eliminaron ciertos elementos regresivos, como la reintegración, y -muy importante- se dio un paso adelante con la introducción de un impuesto nuevo, que es una sobretasa al valor de los bienes raíces.
Todas estas medidas son razonables, a mi juicio.
Con todo, queda una discusión pendiente, que fue parte del entendimiento. El proyecto que está acá es la primera parte del entendimiento con el Gobierno. Se trata de una reforma que va a recaudar 2.200 millones de dólares de mejor manera; elimina los elementos que generaban grandes dudas y dificultades, pero también asumimos el compromiso de que revisaríamos en un plazo no superior a seis meses todo el gasto tributario en Chile.
Para eso hemos hablado con el Ministro de Hacienda y entendemos que vamos a contar con el apoyo de organismos internacionales que nos ayudarán a hacer el trabajo de detectar el gasto tributario y de ver qué pasa con el gasto público en Chile. Con tal fin se creó una Comisión. Porque para incrementar los ingresos hay dos vías: o recaudar más o gastar mejor.
Entonces, la discusión que va a venir -esto es algo que ojalá podamos aquilatar y espero que no nos sentemos en la comodidad de creer que las cosas pasaron- es que vamos a tener que impulsar un cambio estructural en la forma como se pagan los impuestos en Chile.
El año 1990 el PIB chileno era infinitamente inferior al que tenemos hoy. El actual ingreso per cápita, medido al poder de paridad de compra, es de 25 mil dólares. En aquella época no llegábamos a 10 mil. Chile ha crecido sistemáticamente; es un país más próspero.
El ingreso per cápita ha aumentado.
En términos nominales los presupuestos que aprobamos todos los años son sideralmente mayores a los de los años noventa, pero la presión tributaria, medida como porcentaje del PIB, sigue siendo constante. Chile disminuyó la pobreza y aumentó la riqueza, pero sigue siendo constante a nivel de PIB la presión tributaria.
Y más encima, cuando uno desglosa los tributos en nuestro país, los impuestos indirectos hasta hace dos años eran más del 50 por ciento de lo recaudado por el Estado, y no los impuestos directos o los impuestos a la renta, como ocurre en sociedades más civilizadas o sofisticadas que la nuestra.
Entonces, la discusión que vamos a tener ahora es la siguiente.
No se trata de ahogar a ningún emprendedor. Nadie, con dos dedos de frente, va a aprobar esta reforma tributaria para nuevamente aumentar los impuestos en el 2020. Pero nada obsta a que durante este año podamos ponernos de acuerdo en una legislación tributaria que comience gradualmente a partir de los años 2021 o 2022 para elevar la carga impositiva a los niveles que sean necesarios, con el propósito de asegurar ingresos permanentes, hacer frente a gastos permanentes de manera gradual, dosificada y clara, y sacar el tema tributario de la agenda política y electoral.
Hay muchos temas y ejemplos que se han dado que debemos corregir. El Senador Montes enumeró dos o tres de ellos, y coincidimos en que tenemos que abordarlos -no me cabe duda de que lo haremos-: ganancias de capital, exenciones.
Para enfrentar lo relativo a las exenciones tributarias, habrá que tener mucho coraje político, y tal vez no lo haya. No lo hubo en el pasado y ahora va a costar mucho.
Con todo, hay una serie de materias que es necesario abordar en esta discusión.
Creo que lo ocurrido a partir del pasado 18 de octubre debe dejarnos señales bien claras, en el sentido de que no se trata de algo transitorio, de que pasará el tiempo y las cosas van a volver a su normalidad.
Por lo mismo, vamos a tener que asumir desafíos importantes.
En materia de pensiones -antes de esta sesión hablaba con el Senador Letelier al respecto-, la pregunta es: ¿cuáles van a ser las demandas en gasto permanente que va a tener la reforma de pensiones sobre el sistema tributario chileno? Aquí estamos legislando sin saber qué demanda generarán las pensiones desde el punto de vista de la carga fiscal. Por tanto, va a ser ineludible abordar este tema. Pero eso habrá que hacerlo sin anteojeras y sin prejuicios.
Para destrabar el proyecto original, propusimos en su oportunidad eliminar tal vez la reintegración y explorar una rebaja al impuesto corporativo, que podría ser más eficiente para incentivar la inversión. No es popular -comillas- la medida desde el punto de vista de la calle, pero a lo mejor es más eficiente a la hora de asegurar una mayor reinversión.
Señor Presidente, termino señalando que esta iniciativa es un buen avance.
¿Se corrigió la propuesta original? Sustantivamente. ¿Se le introdujeron elementos de progresividad? Sí, y vía impuesto a los patrimonios de bienes raíces.
Pero, ciertamente, nos falta el tema más estructural.
Raya para la suma: no puede ser que Chile aumente su ingreso per cápita, incremente su riqueza como país, como economía, tal como ha sucedido en los últimos veinte, veinticinco años; que gastemos mucho más en términos de presupuesto, pero que la carga tributaria, medida en términos del PIB, siga constante.
Eso refleja que somos un país que no se está haciendo cargo de una creciente demanda por acceder a más bienes públicos a medida que se supera lo básico, que es la pobreza. Para ello, se tienen que financiar las demandas de las clases y capas medias.
He dicho.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Antes de dar la palabra al siguiente orador, quiero recordar que los miembros de la Comisión de Constitución estamos convocados, a partir de las seis, para recibir en audiencia a delegaciones de pueblos originarios.
Dado que en algún momento tendré que ausentarme para asistir a dicha Comisión, desde ya pido el acuerdo de la Sala para que entonces me reemplace en la Mesa el Senador señor Pizarro.
Acordado.
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La señora MUÑOZ.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, solicito que se autorice a la Comisión de Trabajo para sesionar mañana en paralelo con la Sala.
Las reuniones ordinarias de dicho órgano técnico son precisamente los miércoles, a las 12. Tenemos hartos proyectos en tabla con urgencia.
Además, requiero la anuencia de la Sala para tramitar en general y en particular en la misma Comisión el proyecto que reduce la jornada laboral a cuarenta horas.
Son dos solicitudes.
El señor LETELIER.-
Estamos viendo ahí la iniciativa sobre ingreso mínimo garantizado también.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo?
La señora VON BAER.-
No.
La señora MUÑOZ.-
¿Para qué no hay acuerdo?
El señor MOREIRA.-
Para lo segundo.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
¿Hay acuerdo para que la Comisión de Trabajo sesione mañana, a las 12, en paralelo con la Sala?
--Se accede.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
¿Y habría acuerdo respecto de la segunda solicitud?
La señora VON BAER.-
No.
El señor PÉREZ VARELA.-
No.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
La señora MUÑOZ.-
¿Para lo relativo al proyecto que reduce la jornada laboral a cuarenta horas?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Así es.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Senador Huenchumilla, tiene la palabra.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, en verdad, resulta difícil entrar al fondo de este proyecto tan complejo. Claro, los Senadores especializados de la Comisión de Hacienda lo dominan perfectamente; los demás en esta Sala nos formamos rápidamente una impresión desde el punto de vista político.
Quiero solicitarle al señor Ministro que me escuche, porque le plantearé algunas dudas que me surgen de escuchar esta discusión y de haber seguido esta iniciativa a la distancia.
A mi juicio, lo que estamos haciendo aquí es tomando una decisión política fundamental: de qué manera los ciudadanos van a contribuir a financiar el Estado y qué tipo de ciudadanos van a concurrir a ello.
Normalmente, los gobiernos persiguen determinados objetivos cuando presentan un proyecto de reforma tributaria. La Administración actual, cuando ingresó esta iniciativa, buscaba volver atrás la reforma tributaria aprobada el año 2014. Específicamente, quería reintegrar el sistema, mediante el cual se les daban más de 800 millones de dólares a los grandes grupos económicos. O sea, el Gobierno quería, en su primera versión del proyecto, favorecer a los más ricos del país. ¡Digamos las cosas como son!
Y, lamentablemente, en la Cámara de Diputados algunos sectores cercanos a lo que yo represento estaban de acuerdo con eso.
Solamente el estallido social que se generó a partir de octubre del año pasado hizo que el escenario cambiara y que se pudiera llegar a este acuerdo. Es evidente que, sin esa manifestación social -estoy seguro-, este proyecto no sería tan bueno como es ahora. He escuchado a los señores Senadores reconocerse este punto.
Señor Presidente, votaré favorablemente las enmiendas propuestas, pero califico esta iniciativa como "agüita perra". ¡Es nada, en realidad! Consideremos que, después del estallido social, vendrán enormes desafíos en los próximos años, y ahora nos alegramos por una reforma tributaria que va a recaudar en régimen (en cuatro o cinco años más) un 0,5 por ciento del PIB, más o menos: 2.200 millones de dólares.
En Chile los últimos treinta años hemos tenido otras reformas tributarias con objetivos políticos de distinta naturaleza.
El año 90 hubo una reforma en la que se elevó el impuesto de primera categoría del 10 al 15 por ciento. Fue una reforma tributaria estructural, con el propósito de combatir la pobreza. A ese efecto se llegó a un acuerdo con Renovación Nacional, porque los tiempos así lo exigían.
El año 2014 tuvimos otra reforma estructural, presentada por la ex Presidenta Bachelet, la cual tuvo por objeto el financiamiento de la reforma educacional, con lo cual se pretendía recaudar 3 puntos del PIB, o sea, un poco más de 8 mil millones de dólares.
Entonces, me pregunto: lo que estamos aprobando ¿va a ser suficiente para encarar los grandes desafíos que tenemos como país a fin de dar respuesta al profundo quiebre social que se ha expresado?
Creo que debemos tener una mirada mucho más de largo plazo, porque en esta reforma tributaria, mis queridos Senadores y Senadoras de la Centro Izquierda, los ricos están saliendo sin pagar impuestos. ¡No están pagando impuestos en esta iniciativa!
Ese es un problema político.
Es verdad que el Gobierno ha dicho -lo escuché por ahí, en un acuerdo que tuvo con los Senadores de Hacienda- que va a estudiar el gasto tributario. Bueno, esa es una promesa política. Ojalá se analice y algo se saque de ello.
Si queremos como país enfrentar realmente los desafíos tremendos que tenemos en salud, en previsión, en educación, en vivienda, en medio ambiente, políticamente, los grandes grupos económicos y los ricos no pueden mirar para el lado. Ellos tienen una responsabilidad, porque en estos cuarenta años han ganado todo el dinero del mundo. Y no se trata de perforar la economía, sino simplemente de hacer una reforma que responda a las necesidades que el país requiere hoy día. Y, a mi juicio, esta reforma tributaria no va en ese camino.
Yo estoy de acuerdo en que hay cosas buenas en la propuesta, por supuesto: las normas sobre los adultos mayores me parecen bien; el que se hayan mantenido las disposiciones antielusión me parece correcto, así como también el que tengamos algunas normas respecto de sociedades de inversión, de patentes municipales.
Sin embargo, quiero hacerle dos preguntas al señor Ministro de Hacienda -por su intermedio, señor Presidente-, para clarificar de qué estamos hablando.
En primer lugar, se dice que se eleva la tasa marginal del impuesto global complementario al 40 por ciento. Eso, según he visto en el informe financiero, que es bastante completo, por lo que he podido leer, va a recaudar en régimen 146 millones de dólares. ¡Se obtienen 146 millones de dólares con la elevación de la tasa marginal del referido tributo!
Pero ¿quién paga el impuesto global complementario? No lo pagan los ricos, señor Presidente, sino los profesionales exitosos que no se pueden empresarizar, aquellos que no pueden formar una sociedad de inversiones a efectos de desarrollar sus actividades. Son personas naturales, profesionales exitosos, sobre todo, quienes cancelan ese gravamen.
Los ricos no pagan el impuesto global complementario, porque todo lo hacen a través de sociedades de inversión, en cascada. Su casa, su segunda vivienda, su yate, su riqueza y hasta el personal de servicio están insertos en una sociedad, y a través de ese mecanismo descuentan todos los impuestos.
¡Simplemente, los ricos no pagan impuesto global complementario!
No sé si estoy equivocado. No soy un especialista en estas materias, pero eso es lo que uno aprende en la vida respecto de cómo funciona ese tipo de tributo.
La segunda pregunta que le quiero formular al señor Ministro de Hacienda es respecto del impuesto inmobiliario, que se presentó como el gran logro de esta reforma tributaria.
Se plantea que este impuesto recaudaría en régimen 156 millones; que se aplicaría a las propiedades de más de 400 millones de pesos en una escala ascendente, y que afectaría distintos patrimonios de las personas en el aspecto inmobiliario.
¿Cuál es mi duda?
Estamos hablando del impuesto de contribución a los bienes raíces. Entiendo que, si seguimos ese régimen, lo que se paga después se deduce como gasto o es un crédito para el global complementario cuando se cancela el impuesto de primera categoría.
Entonces, si quienes paguen el impuesto inmobiliario, presentado como la primadonna de esta reforma tributaria, lo van a deducir como gasto de la base imponible o lo van a tener como crédito después del impuesto de primera categoría para el impuesto final del global complementario, significa que en definitiva ¡lo va a pagar moya, lo va a pagar el Fisco!
No sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Le pido al Ministro que me excuse, porque no formo parte de la Comisión de Hacienda, no soy un especialista. Pero tengo una cierta visión de cómo funciona el sistema tributario chileno. Me parece que eso debemos dejarlo claro, ¡pues en esta reforma los ricos están pasando piola, no están pagando impuestos!
Por lo tanto, desde el punto de vista político, tenemos una tremenda tarea. Ojalá, cuando se revise el gasto tributario, se revise de verdad. Y espero que podamos consensuar, entre Gobierno y Oposición, un sistema que nos permita enfrentar lo que el país hoy día nos está demandando.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Señor Senador, ¿usted se dirige ahora a la Comisión de Constitución, para escuchar a los pueblos originarios respecto del proyecto que busca asignarles escaños reservados?
El señor HUENCHUMILLA.-
Así es, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, en noviembre pasado los miembros de la Comisión de Hacienda, tanto de Gobierno como de Oposición, buscamos un acuerdo con el recién nombrado Ministro del ramo para modificar, fundamentalmente, el proyecto de reforma tributaria original que presentó el Presidente Piñera en el año 2018.
¿Por qué buscamos ese acuerdo? Porque la iniciativa tal como llegó desde la Cámara de Diputados era un texto regresivo, que incluía una reintegración tributaria que bajaba impuestos, como se ha dicho acá, del orden de 833 millones de dólares a las grandes empresas y era neutro fiscalmente; es decir, no lograba una mayor recaudación fiscal.
¿Por qué proyecto cambiamos el anterior mediante el acuerdo que construimos, por supuesto, tomando en cuenta las distintas situaciones desde el punto de vista social y político? Por uno que va a recaudar fiscalmente 2.200 millones de dólares en régimen y que es más progresivo tributariamente, pues crea una sobretasa al patrimonio inmobiliario, que elimina gradualmente una exención regresiva, como los PPUA.
Posterior a su aprobación legal -lo más importante de lo que hemos conversado-, existe el compromiso de constituir una comisión técnica que revise las exenciones y franquicias tributarias a las rentas del capital.
Esa es la base del acuerdo que se adoptó, y considero que es bueno recordarlo.
Más allá de lo sucedido a partir del 18 de octubre, para ser bien franco y directo, ya había un debate al interior del Senado, en la Comisión de Hacienda, con el Ministro Larraín respecto de los objetivos que perseguía la reforma tributaria que estaba planteada.
Los Senadores de la Oposición, al menos en la Comisión de Hacienda, teníamos una visión sumamente crítica del proyecto original, porque era regresivo, y no estábamos de acuerdo con la reintegración ni menos con la teoría de que, posibilitando rebajas de impuestos a las grandes empresas, a los grandes capitales, íbamos a contar con una mayor actividad en la economía.
Creo que este es un primer paso para tener un sistema tributario que recaude más, de manera que responsablemente podamos ir financiando de forma progresiva las reformas sociales que el país demanda.
En lo personal, espero que este acuerdo marque el inicio de un ciclo con una hoja tributaria común, donde lo principal sea aumentar la recaudación fiscal. Quiero que ella provenga de las personas de más altos ingresos y que sirva para financiar de manera permanente una salud pública de calidad; pensiones más dignas que complementen reformas previsionales que instalen una solidaridad intra e intergeneracional, y más innovación y tecnología para sustentar el desarrollo de las nuevas políticas industriales.
A diferencia de mi colega Huenchumilla, no considero que esta propuesta sea "agüita perra", porque en realidad a nadie le gusta que le suban los impuestos. Y, para ser claro, aquí se plantea un alza de impuestos a los sectores de mayores ingresos del país.
No creo que algún chileno medio piense que esté mal aumentarle los impuestos al 40 por ciento de más ingresos, que gana más de 15 millones de pesos. ¿De quiénes estamos hablando? ¡Del sector más rico del país! Podrán ser profesionales exitosos, como hay varios, y me alegro mucho que existan. Pero es efectiva hoy día el alza de impuestos a esos altos ingresos, que son bastante más. Con la cifra señalada solo estamos colocando un tope.
¡Uno no puede llegar y decir que eso es nada!
No es hora de caer en los maximalismos, sobre todo en los tiempos que se viven, en que hay que ser bien realista. Es hora de que aprobemos esta mayor recaudación en régimen. Además, debemos acelerar la conformación de la comisión técnica que revisará las exenciones y franquicias, para que rebajemos este gasto tributario desfocalizado que ha crecido desmesuradamente en los últimos años y que hoy llega al 3 por ciento del producto interno bruto. Se trata de un gasto tributario desfocalizado, regresivo y centrado en beneficios solamente del mercado de capitales.
Si queremos ser un país más justo, debemos rebajar este desmedido gasto tributario en exenciones a la renta del capital y reorientarlo, de manera que podamos tener un financiamiento permanente para mejores prestaciones en salud y en materia previsional.
Me parece que aquello es prioritario para dar una señal de futuro. Y es lo que está esperando la mayoría ciudadana, que demanda avances concretos en el ámbito de las reformas sociales.
Soy un convencido -y no tengo por qué pensar lo contrario- de que el acuerdo tributario que se ha adoptado lo vamos a implementar antes del término del primer semestre de este año. Asimismo, creo que constituye un logro político, y permite dar una señal desde el Senado en un momento oportuno.
Así como hay demandas en lo social y en lo institucional, que se hallan canalizadas mediante un plebiscito que se va a efectuar el próximo 26 de abril y que posibilitará establecer una convención constituyente que, a su vez, efectuará una propuesta de nueva Constitución, en materia social las prioridades ya están bastante claras.
En el ámbito económico necesitamos trabajar también de la misma manera para los efectos de garantizar que exista un crecimiento, un desarrollo económico sostenible y sustentable, pero que a la vez implique mayor equidad y justicia social.
Si encaramos esos -llamémoslos así- tres ejes temáticos, al que se agrega un cuarto eje, respecto del cual ayer discutimos mucho en esta Sala y que tiene que ver con la seguridad de las personas, las certezas, la tranquilidad de las familias, el orden público; con vivir en un país en calma, sabiendo que los servicios funcionan, que la paz y la seguridad de los ciudadanos se hallan garantizadas, que los derechos se respetan, que las voluntades, el emprendimiento, la innovación también son apoyados por la sociedad en su conjunto, entonces podremos pensar en tener mejores posibilidades de salida.
El aumento de la recaudación fiscal en 2.204 millones de dólares de manera permanente tiene un alto componente de progresividad, o sea, proviene de las rentas altas.
El referido acuerdo tributario desecha la fórmula de la reintegración, que rebajaba los impuestos de 9,45 por ciento a los más ricos; se consolida un sistema de mayor tasa impositiva para las grandes empresas, y se crea un nuevo tramo en los impuestos personales, de 40 por ciento -lo señalé recién- a las rentas superiores a 15 millones de pesos mensuales.
Asimismo, se genera un sistema especial de tributación a las pymes, con una tasa corporativa menor a las empresas de menor tamaño (con ventas de hasta 75 mil UF) y con integración para ellas.
Ahí es donde radica la justificación de nuestro respaldo al mencionado acuerdo y al proyecto.
También hay que decir que debemos revisar -y esto tiene mucha más urgencia todavía- la estructura del gasto presupuestario y la forma como estamos ejecutando el presupuesto que aprobamos en conjunto con el Ministro de Hacienda.
La ejecución presupuestaria debe transformarse, además, en un instrumento que permita una mayor actividad de la economía, sobre todo en las localidades del mundo rural, en los sectores de regiones donde muchas veces, si no hay inversión pública, no existe otra actividad que impulse la generación de mayor empleo y establezca una cadena virtuosa que posibilite contar en ellos, de manera descentralizada, con una inversión que apoye el desarrollo de infraestructura productiva y de servicio.
Señor Presidente, cuando realicemos las votaciones separadas que se solicitaron respecto de algunas normas podremos ahondar más en cada una de estas áreas. Sin embargo, el objetivo primordial de esta reforma tributaria es dar señales de certeza y estabilidad; de que, responsablemente, es factible obtener los recursos para financiar un gasto social permanente, y que es posible, con modificaciones de índole tributaria, tener un país cuya riqueza esté mejor distribuida, en forma más equitativa y con mayor justicia social.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa, porque creo que el acuerdo alcanzado y el texto aprobado por la Comisión de Hacienda, sin duda, cambian la naturaleza del proyecto que había sido aprobado originariamente por la Cámara de Diputados.
Ahí tengo un matiz, una diferencia con lo señalado por el Senador Coloma. Me parece que un acuerdo suscrito con parte de una bancada, con uno o dos partidos...
El señor COLOMA.-
Yo dije "parcial".
El señor ELIZALDE.-
..., no tiene la misma valoración que un acuerdo suscrito con mayor grado de amplitud, que es el que se ha establecido aquí, en el Senado.
Y ese acuerdo ha sido posible, obviamente, gracias al trabajo de los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda, y en particular quiero destacar al representante de nuestra bancada, al Senador Carlos Montes, que cambiaron el sentido de esta iniciativa.
También quiero relevar la disposición que ha tenido el nuevo Ministro de Hacienda, pues me parece que ha sabido leer los tiempos que estamos viviendo. Porque el proyecto primitivo tendía a favorecer a los más ricos, a los que tienen más, a los que ganan más, pues rebajaba la carga tributaria de quienes encabezan los ingresos más altos de nuestro país, de aquellos que cuentan con patrimonios muy altos, lo cual disminuía la recaudación por esta vía.
La tendencia en países como el nuestro es que, a mayor nivel de desarrollo y de crecimiento económico y, por tanto, de ingreso per cápita, contrariamente a lo que podría pensarse, hay mayor demanda de bienes públicos.
El empoderamiento y la toma de conciencia de los derechos de los ciudadanos, que se hallan asociados al crecimiento económico, los hace demandar más y mejores prestaciones y beneficios por parte del Estado. Y eso exige un gasto adicional que forma parte del debate que debemos realizar para el futuro.
Ello, adicionalmente, porque nuestro sistema tributario es moderadamente progresivo, y, por consiguiente, se requiere un cambio de mirada que apunte a que quienes ganan más contribuyan de mejor forma al financiamiento del gasto público, particularmente del gasto social.
Además, esta iniciativa incorpora elementos de equidad tributaria para las pymes, los cuales son muy valorables.
En síntesis, el proyecto original, que rebajaba en 800 millones de dólares o más la recaudación respecto de los que más ganan, a través de la reintegración del sistema tributario, se ha transformado hoy en una iniciativa que en el papel -y esto es bien importante de señalar- recaudaría más de 2 mil millones adicionales.
Y digo "en el papel", porque hay distintos planteamientos en el sentido de que la eficiencia recaudatoria de esta iniciativa no sería necesariamente en esos montos, sino que tendería a montos inferiores. Eso forma parte de lo que se tendrá que ver una vez que ella se implemente, por lo que habrá que estar muy atentos.
No obstante, considero imprescindible que como país llevemos a cabo un debate acerca de nuestro sistema tributario, en especial sobre cuál debe ser la carga tributaria conforme a nuestro nivel de desarrollo; cómo se garantiza una mayor progresividad, esto es, que la distribución de la riqueza después de impuestos sea ostensiblemente mejor que la distribución de la riqueza antes de impuestos.
Hay países que antes de impuestos tienen una distribución de la riqueza similar a Chile y que después de impuestos son de los que cuentan con mayor equidad en el mundo. En consecuencia, se requiere un debate, un análisis respecto de los instrumentos tributarios que se aplican en Chile, y en particular, de cómo fortalecemos de manera sustantiva la progresividad. Asimismo, se halla lo relativo a la eficiencia recaudatoria para contar con los recursos necesarios que permitan financiar el gasto público y el gasto social, esto es, que efectivamente se paguen los impuestos.
Creo que esto forma parte del debate de fondo que necesariamente debemos realizar como sociedad, para los efectos de generar las condiciones tendientes a un entendimiento sustantivo no solo como respuesta al estallido social del 18 de octubre, sino también como resultado de un proceso de convencimiento en cuanto al tipo de sociedad que queremos construir. Esto debe traducirse en políticas públicas y en reformas legales que sean expresión de aquello.
Reitero que valoro la disposición que han tenido las nuevas autoridades. Siempre quienes somos partidarios de cambios más profundos vamos a considerar insuficientes estas propuestas. Sin embargo, me parece bien importante destacar que hubo un cambio en la postura del Gobierno, fundamentalmente respecto del proyecto original que había presentado el entonces Ministro Larraín, que iba en sentido contrario a lo que estaba demandando la sociedad. Y si bien no puede plantearse que esa haya sido la causa directa de lo acontecido el 18 de octubre, sin duda da cuenta de una mirada, de una visión que sí fue cuestionada de manera categórica y enfática por los chilenos.
Por todo lo anterior, voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, sin duda, frente a un proyecto de esta naturaleza, que establece una reforma sustantiva que implica una recaudación fiscal de más de 2.200 millones de dólares, nos hallamos en una situación en que como sociedad, como país debemos hacer frente a muchas demandas.
Aquí se han mencionado algunas de ellas.
Esta iniciativa, que en realidad modifica diversos cuerpos legales, se hace cargo también de la demanda de una sociedad que nos reclama cada vez más políticas públicas superiores que apunten a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la inmensa mayoría de los chilenos.
¿Queremos un país más justo y equitativo? ¡Sin duda que sí!
Pero tampoco podemos mirar el vaso únicamente por la parte vacía: también debemos entender que aquí hay un conjunto de normativas que en este minuto se hallan en pleno proceso de desarrollo y que aquí de alguna manera se han mencionado como demandas insatisfechas.
Y señalo algunas, que dicen relación con las grandes reformas en dos aspectos sustantivos dentro de las demandas de nuestra sociedad; otras tantas, más misceláneas, han sido canalizadas en diversos frentes.
En materia de salud, ¿quién no reconoce que aquí hay una demanda fundamental? Al respecto, debemos señalar todo lo que significan el plan universal de salud; la reciente aprobación del proyecto que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas; el proyecto de Ley de Fármacos II; la iniciativa que establece un seguro catastrófico, cuestión tan demandada, pues cuántas familias en Chile, tras un problema de enfermedad grave, termina hipotecando hasta lo que no tiene con tal de salvar a sus familiares. Este proyecto apunta a que se entregue una atención integral frente a un problema de salud, desde su pesquisa y tratamiento hasta el proceso de egreso.
Y qué decir de una cuestión que ha sido planteada desde hace mucho tiempo y que este Gobierno se atreve a impulsar, como la reforma al sistema de isapre; la transformación del Fonasa no en una mera entidad pagadora, sino que en un verdadero seguro en materia de salud.
Eso involucra gastos cercanos a los 270 mil millones de pesos para nuestro país: aproximadamente, 375 millones de dólares.
La otra gran demanda de nuestra sociedad, sin duda, es la reforma al sistema previsional.
La reciente iniciativa que aprobamos, que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias, que se relacionan con un sector no contributivo. Ella ha significado un gran aporte y apoyo para las familias, para los adultos mayores jubilados que no tienen otro ingreso que no sea a través de este canal.
Allí también hay una respuesta concreta.
También, por cierto, se halla la nueva reforma al sistema previsional que va a entrar a tramitación, respecto de la cual entendemos que ha habido negociaciones sobre su tratamiento con algunas bancadas que se ponen a disposición de este proceso, para dar respuesta a las personas que hoy día están trabajando sobre el futuro mecanismo de jubilación.
En cuanto a la iniciativa que ahora estamos discutiendo, me voy a referir a tres o cuatro aspectos tocantes a mi región -aprovecho que está presente el Ministro-, relativos a materias vinculadas, por ejemplo, con algunos beneficios de las zonas extremas.
Mediante esta reforma se modifica la normativa sobre zonas francas, y reemplaza en su artículo 28 el guarismo "2025" por "2035".
Aquí quiero señalarle al Ministro que, evidentemente, valoramos la prórroga de esos beneficios. Sin embargo, creemos que hay dos detalles que no requieren mayores recursos, pero sí perfeccionamiento de la norma respectiva. Consideramos necesario revisar el beneficio de la ley N° 19.853, que crea una bonificación a la contratación de mano de obra en las zonas extremas.
Allá por el año 2014 se generó una variación que implicó hacer una exigencia adicional a la gente de la Región de Aysén, la que en definitiva, en vez de beneficiar, terminó por desincentivar a los pequeños y medianos empresarios para acceder a ese beneficio, por lo que estamos procurando corregir esta situación.
Reitero: la modificación al mencionado artículo 28 solo prorroga el guarismo del 2025 al 2035. De modo que pensamos que habrá que avanzar en este aspecto.
Hemos sostenido conversaciones con el Subsecretario de Hacienda en tal sentido, que involucran el beneficio de la ley N° 19.853 y lo que dice relación con el crédito tributario de la Ley Austral, al objeto de establecer un solo rango de crédito tributario equivalente al 40 por ciento, que por lo demás es lo que rige prácticamente en la mayoría de las regiones donde, con diferentes nombres, se da el beneficio con el mismo propósito.
Esperamos que tanto en el proyecto de Ley de Rentas Regionales como en la iniciativa sobre responsabilidad fiscal regional, que -según entiendo- ingresarán al Parlamento en marzo, se incorporen específicamente estas cuestiones, que de alguna manera afectan el desarrollo de las zonas extremas de nuestro país.
Ahora bien, en cuanto a los impuestos verdes, quién no duda de la importancia de este asunto. El Gobierno acaba de enviar con "suma" urgencia el proyecto de ley sobre cambio climático.
Aquello nos parece un avance significativo. Yo sugeriría abordar también los incentivos tendientes a evitar las emisiones, como las iniciativas vinculadas con el fomento a la electromovilidad, que podrían contribuir de manera decisiva a disminuir la contaminación de muchas ciudades de Chile. Pensamos que se debe avanzar en el establecimiento de verdaderos incentivos para lograr que la electromovilidad tenga un uso más masivo del que hoy día existe.
Con respecto al aporte del 1 por ciento de proyectos de inversión a las regiones, creo que hay un avance relevante. Era ilógico que las grandes inversiones, muchas veces con asiento en las unidades de gestión de administración de las empresas en otras regiones, no eran copartícipes del desarrollo de las propias regiones. Era absurdo que alguien que generaba un proyecto de inversión en una región no la beneficiara. En tal sentido, el aporte del 1 por ciento nos parece un avance significativo.
Por último, en cuanto los beneficios en materia de contribuciones para los adultos mayores, no podemos más que señalar nuestro total beneplácito sobre el particular.
Esperamos, sí, que las normas de la ley en proyecto, materia que ya se había consignado en la reforma del 2014, sean perfeccionadas, pues en ella se estableció un procedimiento engorroso que impidió que muchos adultos mayores se beneficiaran de la respectiva rebaja. Estamos hablando de la exención total del pago de contribuciones para quienes están en el tramo exento de pago del impuesto global complementario; quienes se encuentran en el segundo tramo pagan el 50 por ciento de las contribuciones, y, además, se amplía el tope del avalúo fiscal de la vivienda de 75 millones a 128 millones de pesos.
Pensamos que son medidas absolutamente razonables y que apuntan a abordar un tema que en la Comisión Especial del Adulto Mayor han planteado reiteradamente representantes de los adultos mayores de las Regiones de Valparaíso, de Aysén; de entidades como la Unión Nacional de Pensionados, en fin.
Por ello, estamos totalmente de acuerdo en esta materia. Valoramos el proceso de negociación, de construcción de acuerdos sobre el particular, más allá de los puntos que ahora se están planteando. No obstante, pienso que se debe valorar el trabajo del Ministro de Hacienda y el llevado a cabo por la Comisión
Finalmente, le pido al Ministro que no se olvide de que cuando se envíen los proyectos de ley de Rentas Regionales y de Responsabilidad Fiscal Regional, se incorporen las correcciones a la ley N° 19.853, sobre bonificación a la mano de obra, y las medidas tendientes a estandarizar una sola línea de crédito tributario para las leyes de fomento austral.
Es la oportunidad para corregir aquello.
Entonces, señor Presidente, salvo en esos dos aspectos, debemos expresarle que contará con todo nuestro cariño, nuestro aporte y nuestra aprobación a la normativa propuesta.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
¡Agréguele el voto, señor Senador, y va a quedar más contento el Ministro...!
El señor SANDOVAL.-
¡Le doy el voto...!
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Por razones reglamentarias, no le puedo dar la palabra al Ministro ahora. Una vez que termine la votación podrá intervenir.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, le había explicado al Ministro que no es que no lo "pescáramos", sino que, como estábamos en votación, no podía intervenir.
Ahora bien, hace ya varios meses, para ser más precisa, el 14 de septiembre pasado, frente a la pregunta que me hacía un periodista en cuanto a si estaba dispuesta a apoyar la idea de legislar respecto de esta iniciativa, yo señalé que lo haría si y solo si el Gobierno asumía los desafíos que teníamos en pensiones, viviendas, fármacos, agua potable, en fin: son siete medidas concretas.
Sin lugar a dudas, desde esa fecha hasta hoy han pasado muchas cosas en nuestro país.
El 18 de octubre es un día que vamos a recordar en la historia de Chile.
Lo ocurrido el 18 de octubre, y los días posteriores, no es baladí. Es profundo y complejo. No solo se trata de una exigencia de la ciudadanía de un par de reformas, sino de cómo, como país, enfrentamos las discusiones en materia de desarrollo.
Se ha develado una sociedad cuyo conflicto moral, derivado de la desigualdad, es sin lugar a dudas abismante.
Si bien esta reforma tributaria permitirá recaudar más recursos para inversión en protección social, nos debe permitir también pavimentar el camino hacia una sociedad más justa.
Sin embargo, cuando uno mira los anuncios en todo orden de cosas, nos quedamos cortos.
Cuando vemos -y lo conversábamos hoy en nuestra reunión de bancada- que se avanza en una agenda de seguridad, pero que cuesta avanzar en la agenda de reformas políticas y sociales, obviamente nos cuestionamos cómo enfrentamos desde el Gobierno y desde este Parlamento esas demandas.
Hay un punto en esta discusión tributaria en el que estamos marcando una diferencia con lo que se había hecho en el pasado. Tiene que ver con el impuesto verde, contenido en el artículo 8 de la ley N° 20.780, para que las empresas que contaminan paguen lo que corresponde por el perjuicio que efectúan al medioambiente.
Esta reforma, señor Presidente, cambia la manera en que se determinará dicho impuesto, pasando de gravar las "fuentes fijas de calderas y turbinas" a gravar "emisiones reales", lo que estimamos positivo, ya que favorece tanto a la recaudación fiscal como a la agroindustria, que solo efectúa faenas de manera esporádica o estacional.
Este tema -lo hemos conversado con los colegas del Maule: los Senadores Elizalde, Galilea, Coloma y Castro-, sin lugar a dudas, se corrige en esta reforma.
Sin embargo, en la disposición transitoria trigésimo primera se deja un período de vacancia legal de cinco años que no tiene explicación ni para la política fiscal de mayor recaudación que urgentemente necesitamos, ni para los acuerdos que nuestro país ha suscrito en materia medioambiental.
Se le presentaron al Ejecutivo dos alternativas para la efectividad de esta norma.
Primero, una "aplicación diferenciada", dejando el período de vacancia solo para aquellos que no se encontraban afectos inicialmente a dicho impuesto, dando un período de adaptabilidad; o, una segunda alternativa, establecer "flexibilidad" de acogerse a la modalidad actual de "fuentes fijas", o a la nueva de "emisión real" planteada por la reforma, hasta el año 2025 en que pasarían todas hacia un último régimen.
En ambas alternativas, el Estado podría recaudar más que lo que plantea la redacción del actual trigésimo primero transitorio. Pero el Ejecutivo optó por mantener la vacancia de cinco años sin una razón de peso que lo justifique. Ello tiene dos consecuencias negativas: menor recaudación y menor justicia para aquellas agroindustrias o contribuyentes con operaciones estacionales.
Señor Presidente, por eso hemos pedido la votación separada, para que el Ejecutivo analice la cuestión y vea de qué manera podemos corregir esta norma.
Más allá de aquello, creo que hay temas en los que no se da respuesta a lo que yo planteaba hace ya tanto tiempo: pensiones, agua potable rural, fármacos, vivienda, sin perjuicio de que se han recogido parcialmente la rebaja de contribuciones, la exención del transporte público o parte del pasaje a nuestros adultos mayores.
Reconozco, señor Presidente, que en materia de fármacos la Comisión de Salud, y en especial su Presidente, han estado abiertos a revisar en la Mixta de Fármacos II la moción parlamentaria que hemos suscrito, para ver de qué manera obligamos a la venta de los genéricos o logramos menores precios en los medicamentos.
Reconozco ese esfuerzo.
Falta mucho todavía para dar respuesta a la ciudadanía en los ámbitos de desigualdad y mayor equidad que demanda.
Por ello, no voy a votar en contra de esta iniciativa, porque creo que hay un avance sustantivo desde lo que entró en la Cámara de Diputados hasta lo que llegó al Senado. Pero tampoco voy a dar mi voto de respaldo, sino que simplemente me voy a abstener.
Gracias, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
La Senadora Allende está en Comisión.
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, quisiera ser optimista frente a este proyecto.
Por cierto que comparto lo que dijo el Senador Coloma en cuanto a que hay cosas que no nos gustan. Y entiendo también que haya algo que a algunos Senadores de la bancada del frente no les guste.
Pero eso es precisamente un acuerdo. Cuando uno trata de llegar a un acuerdo es porque hay posiciones distintas.
Por el bien de nuestro país, y sobre todo frente a la crisis social y a las demandas sociales, necesitábamos de esta reforma, que tiene por objeto un sistema tributario más simple, más equitativo y eficiente.
Por mi parte, más allá de aquello en lo que no se avanzó o con lo que no estoy de acuerdo, quisiera destacar las cosas que me parecen positivas, como los beneficios que se establecen en la exención o rebaja de contribuciones para más de cien mil adultos mayores.
Estoy muy de acuerdo con el artículo 14 ter -y lo destaco-, con la cláusula propyme, que beneficia al ciento por ciento de los emprendedores, pues mejora el sistema actual, simplifica el cumplimiento tributario e incorpora el acceso al financiamiento para este sector tan importante que todos sabemos que genera cerca del 60 por ciento de los empleos en el país.
Estoy a favor de la transformación digital, y particularmente de la factura electrónica, que no solamente facilita el trabajo del Servicio de Impuestos Internos, sino que también el del contribuyente, en una materia tan árida como es la tributaria; y que aporta, además, a reducir la evasión del IVA y amplía la base tributaria, lo que lleva a una mayor recaudación.
Se crea la defensoría del contribuyente; y esta figura me parece importante.
Se establece una contribución regional del 1 por ciento para todos aquellos proyectos de inversión que requieran de una RCA, una resolución de calificación ambiental, para que se invierta en la región. Se aumenta, finalmente, la recaudación en 2.204 millones de dólares cuando esto esté en régimen.
Se incorporan normas contra la elusión; a lo mejor no todas las que hubiéramos querido, porque también se rechazaron algunas indicaciones.
En fin, creo que la suma es positiva. Y eso es lo que hoy día debemos destacar: los acuerdos a que llegó este Congreso en el Presupuesto 2020, en que avanzamos en materia de pensiones; de los pasajes del adulto mayor; de medicamentos en la reciente ley de intermediación del Cenabast; del per cápita de la atención primaria, que aumentó en forma importante; y en tantos otros proyectos que están en trámite en la Cámara de Diputados o acá y que son parte de la agenda social.
Me parece que el resultado es positivo.
Quedan cosas por delante, y muchas. Eso ocurre siempre en un país. Pero quiero destacar el acuerdo y felicitar, no solamente al Gobierno, y particularmente al ex Ministro Larraín y al actual Ministro Briones, sino que también a la Comisión de Hacienda del Senado, que hizo un gran trabajo. Todos sabemos, porque leímos el informe, el proyecto y las tantas indicaciones que ahí se revisaron, estudiaron, analizaron y votaron, que no es una materia fácil.
Reitero: valoro el trabajo en conjunto del Gobierno y de todos y cada uno de los Senadores que forman parte de la Comisión de Hacienda.
Señor Presidente, no puedo terminar sin agradecer una vez más al Gobierno porque ha asumido con la Región de Tarapacá, el 9 de octubre recién pasado, un compromiso que se va a realizar, despachada esta reforma: extender los beneficios tributarios de la Zona Franca de Iquique por treinta años más.
La Zofri es una gran palanca de desarrollo de la Región de Tarapacá, genera 36 mil empleos y, por cierto que, en la medida en que le demos este impulso, en que los inversionistas, llamados "usuarios", tengan un más largo plazo de inversión, vamos a reactivar la economía de nuestra región, tan alicaída, y también a asegurar que no se pierda ningún puesto de trabajo de los que hoy día genera la Zona Franca.
Así que, señor Presidente, optimistamente voto favorablemente este proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, quiero, por su intermedio, saludar al Ministro Briones y agradecerle la actitud que ha tenido con el Congreso Nacional en estos meses, desde que asumió una tremenda responsabilidad a la cabeza de la Cartera de Hacienda en un momento de gran dificultad.
No es para halagarlo, pero creo que va a quedar en algunos registros de la historia de nuestro país como una persona que tuvo la disposición de asumir un cargo en un momento extremadamente complejo, donde hay un estallido social, donde hay una reforma tributaria en curso, donde hay una serie de demandas sobre el quehacer de nuestra economía, que está tremendamente ralentizada.
Junto con saludarlo, quiero plantear un par de inquietudes.
Yo voy a votar a favor de este proyecto. Entiendo que tiene algunos avances, pero también entiendo que no va a cerrar el debate tributario en nuestro país. En ese sentido, quiero, con mucha franqueza, lamentar que no seamos capaces de cerrar ese debate durante un período largo, porque creo que no le hace bien a la economía, y en general a los actores, el que no haya un nuevo pacto fiscal estable.
Sé que este proyecto no tiene nada que ver con el original, no es lo que estaba en el programa de Gobierno del Presidente Piñera, no es lo que presentó el Ministro Larraín en su momento; es otro proyecto. Pero, reitero, no creo que cierre el debate tributario en el país, y eso lo lamento. Quizá no había condiciones -y no las hay aún- para cerrar este punto.
Y entiendo, de la misma forma, que el Ministro es de aquella escuela -se lo he escuchado, lo he leído- que plantea que, junto con estas normas tributarias, lo más importante es ver cómo activar la economía, porque el crecimiento -no es un tema ideológico, es un problema práctico- es lo que permite que la recaudación fiscal sea más o menos generosa. En ese sentido, quiero reiterar lo que ha sido la voluntad, por lo menos de la bancada del Partido Socialista, de colaborar en todo aquello que permita efectivamente las acciones proinversión, proempleo; un crecimiento sustentable y sostenible, donde el trabajo decente sea una de sus variables.
Dicho eso, señor Presidente, yo no quiero quedarme en los detalles. Voy a plantear dos temas del proyecto y después una interrogante sobre la que esperaría que el Ministro nos pudiera dar algunas luces.
Creo que la definición que hubo sobre la sociedad de inversiones y los municipios es relevante, pero quiero también decir que no sé si está bien redactada, pensando en que quizás hay que precisarla.
Hubo un fallo de un tribunal que habló de las sociedades de inversiones pasivas versus las activas, y eso genera mucha ambigüedad respecto a los ingresos para los municipios. Y, por la forma como se legisló en su momento, hay muchos municipios y alcaldes del país que tenían un margen de las tasas que les podían cobrar a las sociedades de inversión, y en cierto momento se produjo un movimiento en sociedades de inversión con relación al municipio en que iban a radicarse para pagar sus patentes. Esto no tiene que ver con las tasas -quizá estemos hablando de inversiones en general-, pero sí con lo que pasa en los municipios; y ha generado problemas por cómo se interpreta la residencia anterior de esas sociedades de inversión.
Quiero -por su intermedio, Presidente- pedirle al Ejecutivo que pueda estudiarlo. ¿Con qué objeto? Hay que hacer un borrón y cuenta nueva, una regularización, porque esto puede significar un ingreso muy importante para los municipios en un momento de dificultades económicas, y va a permitir normalizar la situación, porque antes las sociedades de inversión no pagaban las patentes como ahora.
Les pediría que lo pudieran contemplar. Probablemente hay otras normas para los municipios que se deberían complementar en esta iniciativa -yo sé que algunos me van a decir: eso veámoslo en otro proyecto, no en uno tributario-, pero lo que señalo resolvería un problema de ingresos municipales en tiempos especiales. Es lo mismo que les ocurre a muchos municipios: si pudieran regularizar su deuda por basura, significaría un alivio tremendo, tremendo para muchos alcaldes. O cobrar las últimas patentes de vehículos que no se pagaron durante un tiempo. Es solo una medida de normalización. Pediría que el Ejecutivo la contemple; es una inquietud transversal.
Lo segundo dice relación con una disposición que se discutió y se legisló en un momento sobre donaciones internacionales. Esto ocurrió con origen de la donación Tompkins para el Estado de Chile, donde recibimos, como Estado, cientos de miles de hectáreas.
La pregunta es si esas donaciones con fines ambientales pagan o no pagan impuestos. Yo creo que cuando el país recibe este tipo de aportes, que es algo de evidente interés público, sería muy útil que existiera una norma, restringida, acotada, no para cualquier donación, lo entiendo; en particular para la zona sur. Aquí hay Senadores que representan lugares donde tenemos la mayor red de parques nacionales. Existe una posibilidad de recepción de inversiones para dinamizar el turismo. Creo que es algo que se debe contemplar.
Por último, le consulto al señor Ministro lo siguiente. Valorando los otros temas, nosotros, en la bancada del PS, tendemos a compartir plenamente la mirada del Senador Montes en estas materias. Lo hemos discutido con mucho detalle; entendemos que es un avance; no es todo lo que queríamos. Pero quiero plantear un tema.
Señor Presidente, estamos discutiendo en paralelo en el país la reforma previsional. No es posible arreglar las pensiones de los que hoy están jubilados, en una transición, solo con el aporte adicional que van a hacer los empleadores. Podremos discutir acerca de cuánto es ese aporte: cuatro, cinco, seis puntos. Independiente del guarismo, lo cierto es que el Estado va a tener que hacer un desembolso adicional en el proceso de pensiones. Yo no veo otra forma de resolver la principal demanda social si no es con el concurso de recursos públicos.
El Ministro me dirá: con el pilar solidario hicimos un tremendo esfuerzo. No deniego, no reniego ni desconozco ese esfuerzo. Es muy importante en términos fiscales. Es tan importante que lo tuvimos que hacer de manera gradual. Pero es evidente que el daño previsional existente en nuestro país a partir de un sistema que se creó hace cuarenta años, como el de las AFP, de capitalización individual, dejó un drama en nuestra sociedad, y las expectativas que hay para los que hoy están pensionados son gigantes. Cualquier esfuerzo que hagamos va a ser poco, es evidente, pero no puede ocurrir que una profesora que trabajó cuarenta años, que cotizó los cuarenta años, viva con una pensión de 240 mil pesos. Es ahí donde tenemos que asegurar como transición una forma de financiar el mejoramiento de las pensiones, y no va a poder hacerse solo con el aporte de los empleadores.
Es cierto, el Estado ha comprometido ayudar con recursos para la transición del sistema, pero debemos pensar cómo vamos a abordar el debate previsional.
Se dice que no se puede hacer una reforma tributaria con fines específicos o señalar a qué objetivo se van a dirigir los fondos recaudados. En el Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando se decidió establecer la gratuidad en la educación superior, allí se orientó buena parte de la reforma tributaria.
Señor Presidente, espero que, ya sea con los dineros que se van a recaudar ahora o tras el debate tributario que está pendiente para un segundo momento, encontremos los recursos para resolver lo que considero la principal demanda social de nuestro país, que es rectificar, modificar, reformar, crear un nuevo sistema de pensiones. Y es necesario que en la transición contemos con los recursos públicos, en particular para ayudar a aquellos pensionados que hoy reciben jubilaciones absolutamente insuficientes, por no decir paupérrimas y miserables.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que modificó un mal proyecto tributario del actual Gobierno.
Lo que el Presidente Piñera y el ex Ministro Larraín le propusieron a este Congreso en el año 2018 fue una contrarreforma tributaria, en que se rebajaban los impuestos a las grandes empresas en 9,4 por ciento; en que el Fisco dejaba de recaudar más de 800 millones de dólares anualmente, provenientes de los propietarios de esas unidades productivas; en que se debilitaban las normas antielusión.
Era un mal proyecto para el país y con esta contrarreforma solo se buscaba dar la típica señal neoliberal: que los países crecen rebajando impuestos, sustentada por quienes consideran sacrosanto ese modelo.
Hace rato que la experiencia comparada ha mostrado el error de esa consigna de la Derecha tradicional.
El mérito de este acuerdo es que respondió a las demandas en que la mayoría ciudadana, tanto política como social, persistió por meses, rechazando la regresividad de la reintegración tributaria y que se debilitara el rol fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos. Y el nuevo escenario político, tras el 18 de octubre, generó las condiciones para que el Gobierno asumiera que su idea de rebajarles los impuestos a los más ricos no tenía mayoría en el Parlamento ni era acogida por la ciudadanía.
Se estructuró un acuerdo en una materia en que el Parlamento no posee facultades, pero en que se alcanzaron logros simbólicos, a pesar de la restricción constitucional, por ejemplo: avanzar hacia una mayor recaudación fiscal, que en nuestra opinión es algo significativo.
Queda mucho por avanzar, pero este constituye un primer paso que no debe desdeñarse ni menos rechazarse. Tampoco se tienen que mostrar conductas ambiguas frente a la necesidad de avanzar no solo en la construcción de una forma para conquistar mejor recaudación fiscal, sino además respecto del tema de fondo, en cuanto a que Chile necesita más recursos fiscales para consolidar derechos sociales en nuestra ciudadanía.
El acuerdo tributario no considera reintegración para las grandes empresas, las que se mantienen en el régimen tributario semiintegrado.
Se crea un nuevo tramo en los impuestos personales, que alcanza al 40 por ciento, para las personas que ganan más de quince millones de pesos mensuales.
Las diversas medidas permiten tener una mayor recaudación fiscal de 2.200 millones de dólares en régimen, con un peak de 2.600 millones.
Se avanza progresivamente con una tasa al patrimonio inmobiliario; en un impuesto del 1 por ciento a las inversiones en regiones; en acortar beneficios en el mercado de capitales, y se mantiene sin variaciones la disuasiva norma antielusión, entre otras materias.
Pero para el Comité de la Democracia Cristiana lo relevante se halla en el compromiso de revisar a la baja las exenciones y franquicias tributarias de que disponen las rentas del capital y que para el año 2018 significaron un gasto tributario de un 3 por ciento del PIB.
A estas alturas, cuando hay un país que reclama contra las desigualdades, tener un gasto tributario del 3 por ciento del PIB (más de 8.000 millones de dólares anuales) en beneficio de las rentas del capital es una vergüenza que debemos modificar a la brevedad.
Esos recursos que deja de percibir el Fisco anualmente debieran estar invertidos y enfocados en dar prestaciones a una masiva clase media endeudada, que hoy vive con miedo a enfermarse y a pensionarse.
Contar con una salud pública de calidad requiere invertir al menos un 6 por ciento del PIB anualmente, mientras que hoy nuestro país destina el 4,3 por ciento.
En innovación, invertimos solo el 0,4 por ciento del PIB, mientras que, en promedio, los países desarrollados destinan un 2,5 por ciento anual.
Por tanto, este sistema de exenciones y franquicias a las rentas del capital ha impedido avanzar en la disponibilidad de mejores bienes públicos, como una salud pública de calidad, una mejora en innovación y contar con educación gratuita.
Señor Ministro, si queremos tener un mejor presente y un futuro con más justicia social, con más solidaridad, se requiere construir a la brevedad lo que usted acordó con los Senadores Jorge Pizarro, de nuestra bancada; Ricardo Lagos, de la bancada del PPD, y Carlos Montes, de la bancada del Partido Socialista: encomendar a una comisión técnica que revise y rebaje sustantivamente las exenciones tributarias a las rentas del capital.
Agradezco el esfuerzo desplegado por la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que bajo la campaña "Que no te pasen gato por liebre" -ampliamente reconocida- fueron los primeros en anticiparse respecto de que el proyecto original era una mala iniciativa; fueron los primeros en apoyar una campaña amplia de sensibilización ciudadana acerca de los riesgos de esta contrarreforma tributaria y de rebajarles los impuestos a los más ricos. Y producto del mencionado acuerdo con la Oposición ello se ha evitado.
No se pueden construir sociedades más justas y con más oportunidades de desarrollo para todas y todos con un sistema tributario que no sea justo.
Por eso, debemos avanzar para que no quede ninguna duda en nuestra sociedad de que quienes tienen más deben pagar más impuestos. Esa progresividad tributaria aún es una asignatura pendiente en el país. No dilatemos la concreción de esa parte del acuerdo tributario para terminar con exenciones vergonzosas.
Un Chile más justo y que progresa con equidad requiere más recaudación fiscal, más transferencia desde los que tienen más hacia los que han enfrentado situaciones más complejas.
Hoy, con este acuerdo tributario, damos un primer paso, pero es urgente avanzar en una hoja de ruta tributaria común que nos permita un financiamiento permanente para contar con mejores bienes públicos, como salud de calidad, educación gratuita y, por cierto, para experimentar un avance significativo en más innovación y desarrollo para nuestras regiones.
Con nuestro voto favorable reconocemos que este es un proyecto distinto al que se tramitó inicialmente en la Cámara de Diputados. Y con nuestro pronunciamiento positivo también valoramos el trabajo que han realizado nuestros representantes -particularmente el de quien integra la Comisión de Hacienda en nombre del Comité DC, Senador Jorge Pizarro- en pos del esfuerzo unitario desplegado desde la Oposición para cimentar, a partir de esta política de acuerdos que surge desde nuestro sector, la construcción de un Chile mucho mejor que el que hoy tenemos.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Muchas gracias, Senadora Provoste.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, esta iniciativa busca modernizar la legislación tributaria, generando equidad y justicia en la distribución de los tributos; simplificando normas, procesos tributarios, y otorgando certeza y seguridad jurídicas.
Entre otras materias, destaco el incentivo que significan algunas medidas para dar liquidez y mayor dinamismo a los emprendedores y pymes:
-La depreciación instantánea obviamente que va a generar mayor dinamismo en la economía. Gracias a una indicación, ello podrá operar a partir del 1° de octubre de 2019, independiente de la fecha de aprobación del proyecto.
-La modernización de procedimientos de solicitud de devolución de IVA en la adquisición de activo fijo.
-Las cláusulas pyme en sus tres etapas, lo que permitirá tener beneficios por el solo ministerio de la ley, con una tasa especial de primera categoría, contabilidad simplificada y acceso a financiamiento para innovación, con certificación de Corfo y del Servicio de Impuestos Internos.
-Documentación electrónica para formalizar las transacciones, la separación del IVA de la boleta, que era algo que pedíamos para que los ciudadanos permanentemente se den cuenta de los impuestos que pagan a diario.
-Que los contribuyentes puedan reconocer como un gasto el costo de los bienes entregados o donados a entidades sin fines de lucro.
-La Defensoría de Derechos del Contribuyente como servicio para la protección de los derechos de los pequeños y medianos empresarios. Esta Defensoría, obviamente, va a velar en materia de tributación fiscal interna y por el resguardo de los derechos de los emprendedores más vulnerables, pequeños y medianos empresarios.
-Nuestros adultos mayores van a pagar como máximo al año un 5 por ciento de sus ingresos anuales por su vivienda de mayor avalúo, o bien, no más del 50 por ciento del valor de las contribuciones, entre otras medidas.
Pero en relación con los beneficios de zonas extremas, ello es francamente insuficiente. La Región de Arica y Parinacota esperaba algo más, dado que todos los sectores de la región, transversalmente representados, conversaron con el Ministerio de Hacienda, pidieron reiteradamente al Gobierno que las propuestas de la región fueran consideradas.
Nosotros tenemos una ley de Zonas Extremas, que después de seis años efectivamente ha sido una herramienta eficaz para la economía regional, porque generó un mayor horizonte de tiempo para las franquicias tributarias, que permitió que los inversionistas y las entidades financieras dejasen de tener la incertidumbre de la renovación anual de estas franquicias y pudiesen contar con la posibilidad de flujos proyectados en el mediano plazo. Asimismo, la rebaja de los límites de inversión permitió el acceso a las franquicias de los inversionistas de menor tamaño. Sin embargo, entregamos una evaluación objetiva de cada franquicia contemplada en la ley y se propusieron modificaciones para mejorar su eficacia y cobertura, y nada fue considerado.
Así, en cuanto al crédito tributario a la inversión, solo pedíamos que el comercio, el pequeño comerciante también pudiese recibir este beneficio, porque las cadenas nacionales, que llegan a través de inmobiliarias, sí pueden acceder a dicho beneficio.
La inversión extranjera por tener solo RUT en la región: no es amigable el beneficio y lo hace no atractivo, entre otras materias.
Respecto a los beneficios establecidos por el DFL N° 15, los montos destinados son muy inferiores en relación con otras regiones, quedando permanentemente emprendedores y pymes fuera del concurso por falta de recursos, lo que desincentiva la promoción del beneficio.
Por otra parte, en la modernización tributaria propuesta tampoco se recogió una de las solicitudes más sensibles, en el sentido de que la Zona Franca Industrial pudiera gestionarse con una administración regional autónoma o, al menos, evaluar cómo la podemos promover, gestionar, controlar, de manera que las decisiones no se adopten en una región distinta, sino que, finalmente, estén de acuerdo con los intereses de la Región de Arica y Parinacota.
Esta modernización tributaria es muy importante para cumplir con los desafíos del país y así poder responder a las demandas sociales para alcanzar mayor equidad e igualdad social, medidas que también benefician a mi región. Pero es necesario entender que no es lo mismo vivir en una zona extrema, bifronteriza, con permanentes demandas de reivindicación territorial y con comunas rurales en la provincia de Parinacota abandonadas, sin servicios mínimos y a la espera de un compromiso presidencial, que es el Plan Andino. Esta era la oportunidad de dar señales de desarrollo para una región que no debiera ser importante solo cuando estamos en La Haya y después caer en un pleno olvido.
Estimado Ministro, este es mi Gobierno, confío en él. Voto a favor de esta modernización tributaria. Pero creo que Arica y Parinacota sigue pendiente y esperando el compromiso hacia las regiones extremas. Y ojalá que el proceso de descentralización inevitablemente llegue a partir de la elección de los gobernadores regionales y que sea el destino que finalmente tendrán las regiones, y en especial las extremas, para marcar su futuro sin tener que esperar decisiones del nivel central.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, la verdad es que todo el lenguaje referido a impuestos es árido. Es un lenguaje, para quienes lo utilizan, que no les trae mayores dividendos. Es raro ver Ministros de Hacienda populares; en general, son impopulares. Y para el Ministro Briones es un desafío saber cómo lo va a juzgar la ciudadanía y cómo lo va a juzgar la historia en momentos de crisis, en momentos difíciles.
Hasta ahora, ha habido palabras positivas. Pero los gallitos se ven en la cancha. Y lo que estamos haciendo hoy es probar aquello en lo que ha llegado a acuerdo el Ministro con parte de la Oposición en torno a temas fundamentales.
Les quiero recordar la brutal oposición que sufrió la Presidenta Bachelet en la tramitación de la reforma tributaria, de la reforma educacional y de la reforma laboral, que no se compara con el clima y la colaboración que ha tenido hoy en día la Oposición hacia este Gobierno. ¡Fue brutal! ¡Descalificatorio! Todo era planteado desde el punto de vista del caos. Es decir, fue una reforma tributaria traumática.
Me gustaría que el Gobierno rescatara que ha encontrado una Oposición capaz de avanzar, por las circunstancias históricas, pero también porque el Ejecutivo se ha mostrado flexible. ¿Cuán flexible? Es lo que no sabemos, porque estamos discutiendo en general y en particular mil páginas -aquí tengo los cuatro tomos-, mil páginas de un debate que el club de los iniciados de la Comisión de Hacienda tuvo la posibilidad de desarrollar con el Ministro. Esas son las condiciones. Pero el resto no tuvimos la posibilidad de participar, ¡no porque no quisiéramos!, sino porque materialmente es imposible.
El Presidente Piñera, y en su oportunidad también el Presidente Lagos, entregaron franquicias tributarias a las mineras. Y se planteó la invariabilidad tributaria para estas empresas.
Pregunto a los negociadores de la Oposición y al Ministro: ¿Cuándo vamos a tocar a las mineras? ¿Cuándo va a existir un royalty minero en Chile como lo hay en Estados Unidos, en Australia, en todos los países desarrollados? Hablo de un royalty, no de un impuesto específico a la minería. ¿Cuándo se tendrá la valentía para enfrentar a las mineras a fin de que aporten de verdad al desarrollo de nuestro país y, especialmente, a las regiones de donde extraen los recursos no renovables?
Y eso sigue esperando.
Al parecer, existe un temor de enfrentarse a las mineras. Nadie se quiere meter con ellas. A mi juicio, el impuesto específico es insuficiente. Y la carencia del royalty no habla bien de Chile, no habla bien de la protección al medioambiente y no habla bien de nosotros, que queremos parecernos a los países desarrollados.
Valoro los beneficios establecidos al adulto mayor en materia de contribuciones. La Comisión Especial del Adulto Mayor del Senado los podrá evaluar. He escuchado a su Presidente, David Sandoval, quien ha expresado la importancia de estos. Sí tengo preocupación respecto del 50 por ciento, porque hay gente que trabajó toda su vida, que tiene un gran bien inmueble pero que posee un escaso ingreso. Y no sé si el 50 por ciento va a ser suficiente, pues se han disparado las contribuciones en zonas de alta valorización económica.
Me hubiera gustado tener acceso a datos prácticos.
Respecto de las inversiones en el extranjero, se castiga cuando no hay información. Se obliga a que se informen las transacciones, las inversiones, los traspasos de capitales al extranjero. Pero cuando hay retardo u omisión la multa es de 10 UTM, y puede llegar a 50 UTM, es decir, de 490 mil pesos a dos millones y medio, algo así como 3.500 dólares. ¡Es un poquito! ¡Demasiado poquito! Cuando quienes llevan las platas a las islas Vírgenes, a las islas Caimán no lo informan o lo omiten, ¿la multa es de 50 UTM? Ahí debiera haber una valoración en torno al monto para que la sanción tenga efectividad. Pero si la omisión o el retardo en entregar la información tienen una multa exigua -490 mil a 2 millones y medio de pesos- es realmente preocupante.
Del mismo modo, señor Presidente, deseo señalar, aprovechando la presencia del Ministro Briones, que hay una incoherencia en la búsqueda de mayores impuestos.
El año 2015 interpuse una nulidad de derecho público en contra de Cuprum. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República dictaminó que esta empresa creó una AFP fantasma, Argentum, con el objetivo de descontar impuestos a última hora. Era la reforma del ex Ministro Arenas, se terminaba el goodwill y había que aprovecharlo. ¿Qué hicieron? Crearon una AFP fantasma. Lo afirmó la Contraloría General de la República. Recuerdo que estaba como Ministra del Trabajo Ximena Rincón, quien hizo todo lo posible por detener ese proceso. Tamara Agnic salió de la Superintendencia, pero aquello no fue suficiente.
Hace dos días, junto al movimiento "No+AFP", interpuse una nueva nulidad de derecho público, esta vez en contra de Provida, por su AFP fantasma Acquisition.
Yo me pregunto: ¿Cuánto se quieren escamotear? ¿Cuánto se quieren llevar? ¡420 millones de dólares!
La paradoja es que, cuando vamos a los tribunales (Corte de Apelaciones, Corte Suprema), ¿a quién enfrentamos? Al Consejo de Defensa del Estado, que defiende a la Superintendencia, la que, en definitiva, defiende a las AFP que engañaron a todo Chile. ¡Les esquilmaron 420 millones de dólares, porque no había ni AFP, ni afiliados, ni oficina, ni plan de negocios, ni nada, como lo hemos demostrado en esos procesos!
Entonces, señor Ministro, si usted quiere recaudar, también debe fiscalizar. ¡Fiscalice que no le roben la plata a través de mecanismos odiosos, fraudulentos, como el goodwill de estas dos AFP, que abusan no solo de los afiliados, sino también del Fisco de Chile!
Es por ello que uno se pregunta: ¿Cómo está la fiscalización? ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Le cobrarán una multa de 490 mil pesos a los que no informen, cuando se llevan millones de dólares al extranjero?
Considero que es absolutamente precario, insuficiente y vergonzoso.
Del mismo modo, la ley N° 20.780 -lo planteó la Senadora Ximena Rincón- nos impone ir reduciendo las emisiones de carbono. Ya se estableció una norma que incorpora un impuesto verde, que yo apruebo. Hemos dicho que sí.
Esto se ha implementado desde hace dos años y ha afectado a la agroindustria, agroindustria que con mucho esfuerzo sobrevive en Chile, pero que, además, permite que nuestra zona del carbón, la de la Región del Biobío, pueda vender el carbón que todavía produce y que no podemos reemplazar.
Pero se ha establecido una norma, en el artículo 31° transitorio, que da cinco años de plazo para que se incorporen las cementeras. O sea, ¡una ganga!
La pregunta es por qué no se impone, desde ahora mismo, esa restricción para el uso efectivo de combustibles fósiles y, en particular, para el uso de calderas y no de la capacidad instalada. No logro comprender el aplazamiento ni el criterio, que me parece correcto, de cobrar impuesto por la capacidad usada y no instalada.
Es por eso que me voy a abstener en este proyecto. Y haremos el esfuerzo para que haya Comisión Mixta, porque hay cosas que deben ser revisadas.
Respecto a las zonas extremas, he escuchado al Senador Durana. Y la verdad es que es poco y nada. Estuvimos en la Zofri hace mucho tiempo. Me pregunto por qué la Zofri de Iquique la administran desde Santiago, por qué el reclamo de las zonas extremas es decir "administremos lo nuestro", "a nosotros no nos han escuchado". El centralismo es extraordinariamente vejatorio para las regiones.
Señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente-, ¿por qué sigue el IVA en el pan? ¿Por qué no hay IVA diferenciado, como lo hay en Brasil o en Europa? ¿Por qué los más pobres pagan el IVA? ¡Porque pagan el IVA! ¡19 por ciento, señor Ministro, pagan los trabajadores de su sueldo mínimo en IVA: por el pan, por los tallarines, por los elementos básicos!
El Presidente Ricardo Lagos Escobar propuso devolverles dicho impuesto a quienes ganaran menos de 400 mil pesos, que son casi la mitad de los chilenos. El 50 por ciento de los chilenos gana menos de esa cantidad.
Hay una propuesta. No sé si la discutió la Comisión. Porque el IVA es regresivo. Los ricos no pagan IVA. Los dueños de aerolíneas, de barcos pesqueros, de barcos de transporte, no pagan el IVA al combustible. Lo pagan los camioneros y los más pequeños.
Por otra parte, señor Presidente, ¿se le quiere dar dientes al Servicio de Impuestos Internos? ¿Sí o no? Porque venimos saliendo de una experiencia traumática: Soquimich y Penta. ¡Traumática!
He presentado tres proyectos de ley. El primero es para que haya capacidad de acusación constitucional contra el Fiscal Nacional, a fin de que, al igual que otras autoridades, pueda ser acusado constitucionalmente. Pero también he presentado un segundo proyecto de ley para darle facultades al Fiscal Nacional con el objeto de que, efectivamente, en delitos tributarios de cuello y corbata, en los que participan ladrones de cuello y corbata, que roban miles de millones, como los farmacéuticos, como los del papel tissue, los culpables no terminen tomando clases de ética. El Servicio de Impuestos Internos no se querelló. ¡No se querelló! Y una parte importante de la explosión social se debe a la rabia contenida, porque allí no pasó nada.
Es decir, señor Presidente, tenemos una reforma tributaria que presenta avances sustantivos, pero que me genera dudas en los aspectos que he señalado.
Por eso, me voy a abstener. Y espero que el Ministro pueda dar respuesta a mis inquietudes.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Galilea.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, cada vez que se discuten temas tributarios, se puede llevar la discusión hasta extremos bastante impensados. Se dicen cosas que no se ajustan normalmente a la realidad. Y se hace bien poco por establecer un sistema de tributos que efectivamente sea bueno, sea consistente en el tiempo y logre las recaudaciones tributarias que el país necesita.
Las preguntas clásicas y que más típicamente generan debate son cuestiones como: "Oiga, ¿Chile les cobra muy poco a los ricos del país?". Hace un rato escuchaba discursos que señalaban: "Los ricos acá no están pagando nada". Y uno puede gastar palabras y horas en hacer afirmaciones como esa.
Yo me pregunto: ¿está ahí, en que los ricos eventualmente no pagan nada, el problema de recaudación en Chile? ¿Es ese el origen de la desigualdad en nuestro país?
Y la verdad es que en esto a mí me gusta ser riguroso, revisar experiencia comparada y ver cómo proceden países que se supone que lo hacen muy bien en estas materias.
Pues bien, si uno compara las cargas tributarias de Chile con las de países de la OECD, se topa con un problema estructural bien claro y preciso. Si uno se va a lo que se recauda con el impuesto a las empresas, comprobará que Chile recauda, como porcentaje del PIB, bastante más por este concepto que el promedio que tienen los países de la OECD. ¡Bastante más! ¡Sustancialmente más! Chile es increíblemente eficiente en la recaudación de impuestos a través de las empresas.
Si uno se va al IVA, que es otro gran ingreso del Fisco chileno, verá que nuestro país cobra un 19 por ciento. Efectivamente, hay países nórdicos que aplican un 25 por ciento, pero existen otros, como Australia, que cobran un 10 por ciento. Y, si uno se va a los promedios y tira una línea entre todos los países, constata que nuestra recaudación por el IVA no es tan distinta de la que se espera dentro de los miembros de la OECD.
Hay otros impuestos especiales (al tabaco, al alcohol, royalties mineros, qué se yo) que son bastante habituales. También existen impuestos a las propiedades. Y la verdad es que Chile no se muestra tan distinto a todos esos países.
Donde se produce la increíble distorsión, entre nuestro Estado y los de la OECD, es en el impuesto a las personas, pero, cosa curiosa, no se da en los impuestos a los más ricos: se da en cuántas personas pagan impuestos.
En los países OECD, la gran mayoría de los ciudadanos paga impuesto a la renta. ¡La inmensa mayoría! En el nuestro, en cambio, la inmensa mayoría no paga nada de impuestos.
Yo sé que es muy poco popular decir esto acá, pero les pido a mis colegas -veo ahí al Senador Navarro riéndose- considerar la experiencia empírica.
Los voy a llevar Australia, que es un país que tiene un poco más de habitantes que nosotros. Si uno ve cuál es la tasa máxima de impuesto a la renta de los ricos australianos -hay hartos ricos allá-, notará que es de 45 por ciento. ¿Estamos muy lejos de eso en Chile? No. Estamos más o menos donde mismo.
Si se van al IVA de Australia, este es de 10 por ciento. Acá, estamos en 19 por ciento.
Si nos vamos al impuesto a las empresas, aquí estamos en 27 por ciento, y en Australia creo que hoy día es del orden del 28 por ciento.
La gran diferencia es que en Australia prácticamente toda la gente paga impuesto a la renta. Y esto es lo que, fundamentalmente, hace que la recaudación tributaria en esos países -es la gran diferencia- sea enormemente más grande que en Chile.
Así es que, si queremos mirar en el largo plazo, tenemos que llegar a estructuras como esas; quizás a estructuras variables, dependiendo del ciclo económico. Pero la verdad de las cosas es que, mientras siete millones de chilenos no paguen ningún impuesto a la renta, será muy difícil incrementar sustancialmente la base tributaria de nuestro país.
Dicho eso, también hay que mirar detenidamente qué pasa con las platas que recauda el Fisco. Hay países, Alemania por ejemplo -ya lo señaló el Senador Ricardo Lagos-, en que el famoso Gini -que indica la desigualdad-, es muy parecido al que se da en Chile antes de impuestos. Pero, después de impuestos, la situación cambia considerablemente. ¿Por qué? Porque ellos, en materia de impuestos, usan simplemente transferencias monetarias tratándose de los sectores más vulnerables. Chile tiene un largo camino en que optó por programas. Los países de la OCDE, en general, optan por transferencias monetarias, que es una cuestión sumamente interesante de analizar hacia el futuro, a fin de que las platas sean efectivamente mejor utilizadas, no estén capturadas y no tengan altos costos de administración.
Los objetivos de esta reforma tributaria eran, básicamente, simplificar, abordar y terminar con ciertas exenciones -no todas las que se podían considerar, pero, en fin, se trataba de dar un paso en ese sentido- y también establecer una serie de normas pro pymes, pro pequeñas y medianas empresas. ¿Se está logrando? Pienso que sí. En general, la normativa es bastante coherente, y creo que estamos dando un paso significativo en muchos aspectos.
Me gustaría simplificar más. No me voy a alargar en esto. Pero debo señalar que el sistema semiintegrado que existe en Chile es algo sumamente curioso, muy poco aplicado. Lo normal en los países es usar, o el sistema integrado, que es el que utiliza Australia -ya que hemos puesto ese ejemplo-, o el desintegrado, que es el que se emplea en la gran mayoría. Pero los sistemas que estamos aplicando en Chile, en que las pequeñas y medianas empresas son integradas y ya las más grandes son semiintegradas, creo que solo llevan a confusiones y terminan permitiendo, probablemente, ventanas de evasión que nosotros no queremos que sigan existiendo en nuestro país.
Por lo tanto, señor Presidente, quiero agradecerle al Ministro Briones el trabajo que ha hecho por llegar a un razonable acuerdo; también deseo reconocer el trabajo que hizo su antecesor, el Ministro Felipe Larraín, y a todos quienes colaboraron desde la Comisión de Hacienda para llegar, efectivamente, a un acuerdo que de alguna manera despeja en algo el tema impositivo. Nunca quedará despejado totalmente; siempre habrá que ir haciendo adecuaciones para ir mejorando nuestra estructura tributaria, pero -lo vuelvo a reiterar- no busquemos por donde no hay.
Existen demasiadas experiencias exitosas en el mundo de cómo se construyen los sistemas tributarios, de cómo se recauda bien. Nosotros todavía tenemos una brecha. Efectivamente, la nuestra es una carga de más o menos el 20,5 por ciento del PIB en materia de recaudación tributaria. Si seguimos creciendo, tendremos que llegar a cerca del 26. Pero, para la estructura (dónde poner los incentivos, dónde poner la carga, dónde poner la fiscalización), la verdad es que no tenemos para qué inventar la rueda. Es algo que algunos países ya lo han hecho y lo han hecho extremadamente bien.
Así que, en ese sentido, vuelvo a reiterar las felicitaciones a todo el equipo de Hacienda y a los señores Senadores que trabajaron en esta propuesta.
Por supuesto, concurriré con mi voto a favor.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Sus Señorías, tenemos un problema: hay dos Senadores inscritos y, como estamos en votación, reglamentariamente no podemos tomar acuerdos. Lo digo porque entiendo que hay una petición de la Comisión de Trabajo para poder funcionar el día de mañana en paralelo con la sesión ordinaria de Sala que tenemos. Así que les pediría mantener el quorum para poder adoptar el acuerdo.
En estricto rigor, reglamentariamente, no existe el acuerdo. Y por eso les quiero pedir que, una vez terminada la votación, lo ratifiquemos, entendiendo que hay quorum suficiente.
No sé si me explico, señora Secretaria.
La señora GOIC.-
Es otro el acuerdo, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Me dice la Secretaria que lo que se autorizó fue que la Comisión de Trabajo funcionara en paralelo con la Sala, pero no a que discutiera en general y en particular el proyecto. Entiendo que esa sería la petición en concreto. Pero, para los efectos de adoptar una resolución, el problema sigue siendo el mismo.
Lo que estoy solicitando es la anuencia de la Sala para que, concluidas las intervenciones y la votación, se dé por aprobada la petición formulada.
La señora GOIC.-
Exacto.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Eso es lo que estoy pidiendo. Es una salvedad.
Entonces, voy a dejar con el uso de la palabra al Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.-
Seré muy breve, señor Presidente, porque creo que las intervenciones han sido suficientemente claras.
Primero, deseo agradecer al Ministro su actitud de buscar el diálogo, como ya lo ha hecho en numerosas ocasiones, así como la buena disposición de su equipo.
Considero esta es una reforma tributaria que va a dar un poco de oxígeno. No cambia dramáticamente la forma como se pagan los impuestos en Chile, pero sí proporciona un oxígeno importante, sobre todo en régimen, a cinco años, del orden de los 2 mil millones dólares, que ojalá sea un poquito más.
A su vez, quiero señalar que tampoco suben dramáticamente los impuestos en Chile. Esto debería representar, aproximadamente, un 0,5 del PIB en cinco años más.
Sí deseo poner mi observación en algunos puntos que me parece que va a tener que analizar el equipo económico del Gobierno -porque estamos discutiendo en general y en particular y no hay mucho tiempo-, debido a que todavía, en mi opinión, quedan un poquito en el aire.
Uno se refiere a la creación del sistema integrado de las pymes (punto 2); cómo llevarlo a la práctica, de manera que empresas mayores, a las que se pretende favorecer, no encuentren los mil resquicios para después desintegrarse y poder acceder a los beneficios de las pymes.
Segundo, respecto a las normas antielusión -sobre todo el punto 17- y la modificación de la infracción (más pena), que es la reincidencia o reiteración, queda dentro de un mismo esquema tributario, en un mismo año tributario.
También quiero destacar que los impuestos regionales (punto 15) son impuestos pagados, descontados de gasto. Y la idea es recaudar más. Por lo tanto, habría que ver cómo se aclara eso.
En cuanto a depreciación (punto 1.a): gasto (o ahorro), la norma, en la práctica, tiene activo fijo relevante. Por lo tanto, hay que aclarar bien a quién se está ayudando. Y esto, particularmente en La Araucanía.
Con respecto a la Defensoría del Contribuyente (punto 12) y un conflicto por poseer facultades interpretativas, pero no vinculantes, hay que recordar que este servicio también queda vinculado a Hacienda, y necesita tener autonomía.
En lo relativo al recurso de hecho administrativo (punto 18.b), ¿será reclamable el pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos? Recordemos que la Contraloría considera el recurso jerárquico al margen de la Ley General de Procedimiento Administrativo.
Acerca de las normas de citación y fiscalización (3.a), se deroga el artículo 56, que es una facultad, por lo que solo estaría obligado y no necesariamente -entiendo- facultado. Por consiguiente, se pueden prever algunos conflictos.
Finalmente, le quiero recordar al Ministro algo que ya conversé con él y que, en un acto de confianza -porque le pedí autorización-, me permito reiterar: la necesidad de abordar rápido la ley de rentas regionales. Este año habrá elección de gobernadores -ya está aprobada la reforma-, y llevamos muchos meses atrasados con una ley de rentas regionales que les permita saber a las nuevas autoridades que asuman con qué se van a encontrar. Entiendo que tengo su compromiso en cuanto a que antes de mediados del mes de marzo ingresaría al Congreso el proyecto de ley respectivo.
Por lo tanto, se lo quiero agradecer en forma muy personal.
Gracias, señor Ministro.
Y apruebo en general el proyecto.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Senador Chahuán, ¿usted va a hacer uso de la palabra?
El señor CHAHUÁN.-
Sí, señor Presidente.
Pero entiendo que primero hay que tomar un acuerdo.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Así es, señor Senador, pero a continuación de su intervención, de manera que, mientras más corto hable, mejor.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, simplemente deseo felicitar el esfuerzo que han hecho la Comisión de Hacienda y, por supuesto, también el Ministro para confluir en un sistema tributario más simple, más equitativo y eficiente, aun cuando a mi entender todavía se pueden hacer esfuerzos importantes.
El hecho de que tengamos un sistema semiintegrado para los grandes conglomerados y uno destinado especialmente a las pymes, que va a beneficiar a cerca de un millón de empresas, a todas luces es una señal alentadora.
Además, establecer beneficios para los adultos mayores mediante la reducción o la disminución de las contribuciones también es una larga aspiración. Nosotros le pedimos al Ministro Larraín en su oportunidad hacer el mayor esfuerzo fiscal para incorporar a un mayor número de adultos mayores. Se ha ido avanzando en esa dirección y, por tanto, esa es una buena noticia.
También lo son la transformación digital en términos de la relación que van a tener los contribuyentes con el Servicio de Impuestos Internos y el establecimiento de la factura o boleta electrónica, lo cual va a significar una disminución de la evasión.
Sin embargo, a pesar de que este proyecto va en la dirección correcta, quiero hacer presentes dos temas relevantes.
El primero al Ministro de Hacienda -por su intermedio, señor Presidente-, en cuanto a que nos encantaría que se cumpliera la palabra empeñada con respecto a la Ley de Rentas Regionales.
Nosotros deseábamos que esa materia pudiera tramitarse conjuntamente con la Ley de Modernización Tributaria. Entendemos que en el contexto de la interpelación parlamentaria el Ministro ha señalado el compromiso de presentar dicha iniciativa en el mes de marzo próximo, pese a que el compromiso inicial del Gobierno era el 30 de octubre del año pasado.
Estamos ad portas de una elección de gobernadores regionales y consideramos oportuno no solamente avanzar en la descentralización política, sino también en la administrativa y en la fiscal.
Respecto de la descentralización fiscal, obviamente la Ley de Rentas Regionales es fundamental, y, en lo que dice relación con la administrativa, cabe recordar que el Gobierno no ha enviado la iniciativa de ley para resolver las competencias de los Gobiernos regionales.
A pesar de aquello, nosotros ya hemos presentado los respectivos proyectos de ley, que pasaron de la Comisión de Constitución a la Gobierno, Descentralización y Regionalización, y esperamos que el Senador Letelier pueda ponerlos en tabla al objeto de presionar al Gobierno para que tengamos claridad acerca de las competencias, las atribuciones y los recursos de los nuevos gobernadores regionales.
Asimismo, opino que debemos hacer un esfuerzo mayor en términos de generar una más elevada tributación para los más ricos. Yo he señalado que acá tenemos que realizar un esfuerzo adicional. Y vuelvo a insistir en que acá falta todavía un empeño más consistente respecto de los que tienen más para contribuir efectivamente a financiar una agenda social que esperamos pueda hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía.
Por lo tanto, el proyecto va en la dirección correcta. Establece, además, una recaudación progresiva y un tratamiento especial para las pymes.
Pero, sin lugar a dudas, tenemos la necesidad ineludible de cumplir la palabra empeñada respecto del proceso descentralizador, y eso implica el envío al Congreso Nacional del proyecto de ley sobre rentas regionales. Y esperamos que el Ejecutivo cumpla la palabra empeñada en este sentido.
He dicho.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
No hay más inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas acogidas por unanimidad en la Comisión de Hacienda (37 votos a favor y 2 abstenciones), quedando el proyecto aprobado en general, con excepción de las modificaciones acerca de las cuales se solicitó votación separada, y se deja constancia de que se cumplió con el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron la señora Rincón y el señor Navarro.
El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Mañana en la sesión ordinaria continuaremos con las votaciones separadas de las disposiciones a las cuales ya se hizo mención.
El señor Ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, ha solicitado hacer uso de la palabra al inicio del debate y de la votación que sostendremos mañana.
Por haberse cumplido su objetivo, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:
Del señor BIANCHI:
A la Subsecretaria de Salud Pública, solicitándole atender y dar respuesta a PROBLEMA EN COMPÍN REGIONAL DE MAGALLANES POR DESVINCULACIÓN DE SUS DOS MÉDICOS CUYOS CARGOS AÚN NO HAN SIDO PROVISTOS.
De la señora GOIC:
Al Ministro de Hacienda, pidiéndole información sobre FUNDAMENTO DE NORMAS CONTENIDAS EN ESTATUTO DE PERSONAL CMF PARA SU APLICACIÓN A FUNCIONARIOS SBIF TRASPASADOS, INDICANDO RAZONES PARA DESESTIMO DE CONSIDERACIONES FORMULADAS POR ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS.
Del señor HARBOE:
Al Fiscal Nacional del Ministerio Público, requiriéndole información vinculada con ESTADÍSTICAS DE DELITOS COMETIDOS A COMERCIO; DENUNCIAS REALIZADAS POR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DESAGREGADAS POR REGIÓN; IMPUTADOS POR DELITOS DE HURTO Y ROBO QUE AFECTARON AL COMERCIO; CONDENADOS POR ESTOS DELITOS, Y CANTIDAD DE AUDIENCIAS A LAS QUE NO LLEGAN LOS DENUNCIANTES O GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LOCALES COMERCIALES.
Y a la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, solicitándole DETENCIÓN DE REMATE DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO NO CONSUNTIVO DE AGUA EN AGUAS DE SUPERFICIE DE REGIÓN DEL ÑUBLE.
Del señor NAVARRO:
Al Ministro de Obras Públicas, pidiéndole informar sobre PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN SECTOR DE POBLACIÓN LIBERTAD, COMUNA DE TALCAHUANO.
Al Ministro de Salud, solicitándole COPIA DE REGISTROS DE USUARIOS EN LIBROS DE RECLAMOS DEL COMPÍN.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones y al Presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses de Concepción, consultándoles por COSTO DE REVALIDACIÓN DE PASE PARA ADULTOS MAYORES A PARTIR DEL 21 DE ENERO.
A los 33 Alcaldes de la Región del Biobío, solicitándoles remitir ACTAS DE CONCEJOS COMUNALES DESARROLLADOS EN DICIEMBRE DE 2019.
Al Alcalde de Talcahuano, requiriéndole información sobre EMPRESAS LICITADAS Y ADJUDICADAS PARA ASEO DE CESFAM, CECOSF, CONSULTORIOS Y SAPU.
Al Alcalde de Talcahuano y al Seremi de Medio Ambiente del Biobío, consultándoles por ALCANCES DE PROYECTO HUMEDAL ARTIFICIAL DE CALETA TUMBES.
Al Alcalde de Talcahuano y al Director Regional del Serviu del Biobío, solicitándoles que informen acerca de SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE TALCAHUANO.
A la Alcaldesa de Hualpén, para que dé a conocer MOTIVOS DE CAMBIO DE LUGAR DE REALIZACIÓN DE FIESTA DEL CHANGAI, EN CALETA CHOME.
A los Alcaldes de Tomé y de Penco, para que informen acerca de MONTO ASIGNADO EN CADA PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2020.
A la Gobernadora del Itata, con respecto a INSTALACIÓN DE ANTENA EN SECTOR DE MELA, COMUNA DE TREHUACO.
A la Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor Región del Biobío, solicitándole informar sobre PRESUPUESTO ASIGNADO POR COMUNA AL FONDO SENAMA 2020 PARA LA REGIÓN DEL BIOBÍO E INICIATIVAS A LAS CUALES PUEDEN POSTULAR LOS CLUBES ADULTOS MAYOR Y UCAM.
Al Contralor Regional del Biobío, pidiéndole que comunique RESULTADO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SITUACIÓN FINANCIERA DE DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE TALCAHUANO.
Al Director del Servicio de Salud Talcahuano, a fin de solicitarle información sobre EMPRESAS LICITADAS Y ADJUDICADAS PARA ASEO DE HOSPITAL HIGUERAS.
Al Director de Obras Municipales de Penco, pidiéndole EVALUACIÓN PARA REPARACIÓN DE VEREDAS EN CALLE O'HIGGINS, ENTRE CHACABUCO Y TALCAHUANO.
Y al Superintendente de Bomberos de Talcahuano, requiriéndole DETALLE POR SECTORES DE ÁREAS VERDES SIN MANTENCIÓN QUE CONSTITUYEN UN POSIBLE FOCO DE INCENDIO.
De la señora ÓRDENES:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, para que informe sobre ESTADO DE AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO DE INMUEBLE DE MUNICIPALIDAD DE AYSÉN A SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE ESA REGIÓN.
Del señor SANDOVAL:
Al Ministro de Desarrollo Social y Familia, y al Director Nacional del Senama, para que remitan diversa información sobre ESTADO DE ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA PARA ADULTOS MAYORES EN NUESTRO PAÍS Y AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE FUTUROS CENTROS.
Al Ministro de Salud, pidiéndole antecedentes respecto de IMPLEMENTACIÓN DE LEY QUE CREA DERECHO A ATENCIÓN PREFERENTE DE PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD.
Y al Director Nacional del Sence, requiriéndole información general con relación a PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DISPONIBLES PARA ADULTOS MAYORES.
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El señor PIZARRO (Presidente accidental).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:54.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción