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MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, este proyecto fue presentado originalmente con el objetivo de promover la reintegración del sistema tributario, favoreciendo principalmente a grandes contribuyentes. La menor recaudación se compensaba, solo en parte, con una mayor eficiencia de la boleta electrónica y gravando a los servicios vendidos a través de las plataformas tecnológicas.
Ese era el núcleo de este proyecto. No contenía ni una palabra acerca de combatir la desigualdad.
En la Cámara de Diputados se complementó con medidas en favor de las pymes y los adultos mayores. Luego vino el estallido social y, con un nuevo Ministro de Hacienda, se alcanzó un marco de entendimiento que agregó un nuevo objetivo: incrementar el aporte de los chilenos de mayores ingresos al financiamiento de la nueva agenda social.
A este respecto, destaco el esfuerzo, el trabajo de la Comisión de Hacienda, del Ministro y de su equipo.
Pero dicho acuerdo no definió cuál era esa nueva agenda social. Y, en los hechos, a tres meses de que detonara la crisis, aún el Gobierno no entrega una propuesta en materia de pensiones, salud, ingresos y educación, que se haga cargo de las demandas urgentes que ha planteado el país. Y tampoco ha determinado su costo.
De esta manera, estamos discutiendo una reforma tributaria sin tener claros los objetivos ni los montos que se pretende financiar. Esto, a mi parecer, debilita cualquiera intención de cerrar el debate tributario.
Es evidente que el marco de entendimiento es insuficiente. Una mayor recaudación de 2.000, 2.400 millones de dólares no basta para hacerse cargo de la agenda social. Se necesita responder claramente cuáles son los cambios previsionales y de salud qué necesitamos financiar, cuál es su monto, cómo se lo financiarán, en qué plazos. Solo así tiene sentido cerrar un acuerdo tributario.
Para colmo, el marco de entendimiento para una agenda de mediano plazo plantea que una fracción de los ahorros que pudieran identificarse para el Estado debiera destinarse a una rebaja de la tasa general de impuesto. Esta visión no tiene asidero en el Chile actual. Nuestro país posee una carga tributaria todavía baja en relación con los países equivalentes. Y lo que es peor, las transferencias directas a los más pobres son aún más bajas en esa misma comparación.
Lamentablemente, las modificaciones que se proponen no cambiarán sustancialmente esta dura realidad.
La mayor recaudación se sostiene, en lo principal, en más IVA, que sabemos que es un impuesto regresivo, y en impuestos sobre plataformas electrónicas, que son usadas mayoritariamente por las capas medias, especialmente los más jóvenes, que están ganando sus primeros ingresos.
Yo estoy de acuerdo con gravar las plataformas, que se han convertido en un competidor desleal del comercio establecido, afectando muchos puestos de empleo. Pero no puedo aceptar que ese sea el principal mecanismo de recaudación y que se descarten otras formas de afectar a quienes más tienen.
Al respecto, se presenta la sobretasa a los patrimonios inmobiliarios superiores a los 400 millones de pesos como un impuesto a los más ricos.
Me parece que esta forma de presentar esta medida es un insulto a la inteligencia de los chilenos.
Todos sabemos que los más pudientes en Chile tienen la mayor parte de sus fortunas en otros bienes, no en inmuebles.
Me imagino que cuando los empresarios hablan de contribuir más no están hablando de pagar más por su casa en la playa.
Para ser serios, deberíamos hablar de sus patrimonios bursátiles, complejamente diversificados, localizados en paraísos fiscales, y que solo un Servicio de Impuestos Internos robusto puede estar en condiciones de establecer.
En cuanto al contenido mismo del proyecto, quisiera referirme puntualmente a algunos aspectos.
Primero, respecto del nuevo impuesto de 1 por ciento que afecta a los proyectos de inversión mayores a diez millones de dólares que pasen por el sistema de evaluación de impacto ambiental, me parece que es absolutamente insuficiente para responder al objetivo de descentralización fiscal que el país tiene pendiente.
Esto es aún más grave considerando que no hay seguridad de que el proyecto de rentas regionales, varias veces postergado por el Gobierno, se haga cargo de este objetivo.
En segundo lugar, entre los anuncios del Gobierno posteriores al estallido se encuentra una revisión de los mecanismos de distribución del Fondo Común Municipal, en respuesta a la escandalosa desigualdad territorial que es uno de los factores gatilladores de esta crisis.
Sin embargo, a más de dos meses de esos anuncios, el Gobierno no ha presentado iniciativa alguna y, por el contrario, en este proyecto se disminuyen los recursos del Fondo Común Municipal a través del aumento de las exenciones y las rebajas al impuesto territorial, que es la principal fuente de ingresos de dicho fondo.
Todos estamos de acuerdo en mayores beneficios para los adultos mayores, pero ello no puede ser a costa de los municipios y menos de los municipios más pobres, dependientes en mayor medida del Fondo Común. Debe haber una compensación.
Pero lo más insólito es que, al mismo tiempo que se disminuye el impuesto territorial en perjuicio de los municipios, se aumenta el mismo impuesto a las propiedades de mayor valor pero en beneficio del Fisco. ¡Es la vieja Ley del Embudo!
Por último, quisiera referirme a una iniciativa que aparece como popular, pero que me genera muchas dudas: la que crea la Defensoría del Contribuyente.
Con frecuencia, más el antiguo Ministro que el actual, el Gobierno se ha sumado al coro de los detractores del Servicio de Impuestos Internos.
Favorablemente, se logró excluir todas las disposiciones que debilitaban la normativa antielusión, pero se mantienen las normas que fortalecen esta Defensoría.
No comparto esta política. Me parece un despropósito.
Mediante esta nueva entidad, el Estado financiará la representación de contribuyentes, cuyos ingresos sean hasta un millón y medio de pesos mensuales, en sus reclamos frente a Impuestos Internos.
Mientras tanto, para defender a un trabajador afectado por un despido arbitrario, el mismo Estado exige una renta máxima de 500 mil pesos.
¿Acaso interesa más la defensa de un contribuyente que la de un trabajador? Simplemente, no me parece razonable.
Votaré a favor, señor Presidente. Pero hago presente que este proyecto dista mucho de hacerse cargo de los requerimientos financieros que se desprenden de la agenda social que demanda la gente; adolece de varias insuficiencias y reproduce muchas injusticias que se arrastran desde hace tiempo en nuestro sistema tributario y que ha sido imposible enfrentar hasta el momento por la defensa ciega que hacen algunos.
He dicho.