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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 93ª, en lunes 13 de enero de 2020
Extraordinaria
(De 16:28 a 20:16)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,
Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:28, en presencia de 22 señores Senadores.

El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 90ª, extraordinaria; 91ª, ordinaria, y 92ª, ordinaria, en 6, 7 y 8 de enero de 2020, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Seis de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, inicia un proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín N° 13.191-12) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos:

1.- El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín N° 12.234-02).

2.- El que crea un subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado (Boletín N° 13.041-13).

3.- El que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (Boletín Nº 12.894-07).

4.- El que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas aplicables en las circunstancias que indica (Boletín N° 13.090-25).

5.- El que moderniza la legislación tributaria (Boletín N° 12.043-05).

6.- Proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica (Boletín N° 13.086-07).
Con los tres siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín N° 13.191-12).

2.- La que modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al delito de contrabando (Boletín N° 12.215-05).

3.- La que establece sanciones a quien dificulte la fijación de las vías de acceso a playas de mar, ríos y lagos (Boletín N° 12.551-12).

4.- De modernización laboral para la conciliación, familia e inclusión (Boletín N° 12.618-13).

5.- La que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).

6.- La que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín N° 12.288-14).

7.- La que crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas (Boletín N° 10.526-06).

8.- La sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).

9.- La que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).

10.- La que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín N° 12.229-02).

11.- La que fortalece la integridad pública (Boletín N° 11.883-06).

12.- La que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (Boletín N° 12.118-04).

13.- La que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (Boletín N° 11.970-34).

14.- La que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).

15.- La que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).

16.- La que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27).

17.- La que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Boletín N° 12.208-07).

18.- La que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (Boletín N° 11.747-03).

19.- La que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (Boletín N° 12.135-03).

20.- La que establece la Ley Nacional del Cáncer (Boletín N° 12.292-11).

21.- La que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal (Boletín N° 12.699-07).

22.- La que establece el Sistema de Clase Media Protegida (Boletín N° 12.661-31).

23.- La que modifica la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Boletín N° 12.734-04).

24.- La que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).

25.- La que fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo (Boletín N° 12.506-25).

26.- La que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores (Boletín N° 12.409-03).

27.- Proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de las autoridades que indica (Boletines Nos 4.115-07, 4.499-07, 8.221-07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos).

28.- La que crea el Seguro de Salud Clase Media a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA (Boletín N° 12.662-11).

29.- La que regula la portabilidad financiera (Boletín N° 12.909-03).

30.- Proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones (Boletín Nos 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07, y 13.013-07, refundidos).

31.- La que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile (Boletín N° 13.124-07).

32.- La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).
Con el último, hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o salida (Boletín N° 9.612-06).

2.- El que sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11).

3.- El que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín N° 11.705-25).

4.- Sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín Nº 8.467-12).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha prestado su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que contempla diversas medidas tributarias y financieras destinadas a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Boletín N° 13.116-03).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos con sus antecedentes.
Con el siguiente comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios, hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016 (Boletín Nº 12.547-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, en su caso.
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Remite copia de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a las siguientes disposiciones:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (roles Nos 7.714-19 y 7.738-19).
Artículo 127, inciso final, de la ley N° 10.336 (rol N° 6.711-19).
Artículo 199 del DFL N° 1, de 2006, del Ministerio de Salud (roles Nos 5.881-18, 6.005-19, 6.114-19, 6.135-19, 6.500-19 y 6.625-19).
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta diversas resoluciones dictadas en procedimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad relativos a las siguientes normas:
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 (roles Nos 7.770-19 y 8.128-20).
Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216, y artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798 (roles Nos 7.923-19, 7.989-19, y 8.102-20).
Artículo 19, incisos undécimo, duodécimo y décimo tercero, del decreto ley N° 3500; y artículo 3°, N° 5, de la ley N° 19.260 (rol N° 7.897-19).
Artículo 2 bis, inciso segundo, de la ley N° 20.261 (rol N° 7.962-19).
Artículo 2° del decreto ley N° 3.643, de 1981, y artículo 4° del decreto ley N° 2.067 (rol N° 7.990-19).
Artículo 3°, inciso final, de la ley N° 19.880 (rol N° 5.600-18).
Artículo 32, inciso primero, de la ley N° 18.287, y artículo 45, inciso tercero, de la ley N° 20.283 (rol N° 7.920-19).
Artículos 1°, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo (rol N° 7.883-19).
Artículos 195, inciso tercero, parte final, y 196 ter, inciso primero, de la ley Nº 18.290 (rol N° 7.893-19).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Finalmente, envía sentencia de control de constitucionalidad recaída sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar en materia de duración en el cargo de los ministros de Cortes de Apelaciones que integren las Cortes Marciales (Boletín N° 12.638-07).
--Se toma conocimiento y se manda agregar a sus antecedentes.
Del señor Director de Presupuestos:
Adjunta, a solicitud del Honorable Senador señor Sandoval listado de glosas comunes para gobiernos regionales relativas a la ejecución de programas asociados a adultos mayores.
Del señor Director del Hospital El Salvador:
Atiende consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre las personas heridas por agentes del Estado que fueron atendidas en ese centro asistencial y que sufrieron pérdida total de globo ocular o pérdida total de la visión.
Del señor Gerente General Ejecutivo del Banco del Estado:
Responde el requerimiento formulado por la Honorable Senadora señora Allende respecto a las medidas adoptadas por el Banco para ayudar a las mipymes de la Región de Valparaíso afectadas por los hechos de violencia ocurridos en el último tiempo en el país.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Mociones
De los Honorables Senadores señoras Rincón y Muñoz, y señores Insulza, Ossandón y Quinteros, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que otorga iniciativa legislativa a los parlamentarios en el ámbito de la seguridad social, con el límite que señala (Boletín N° 13.184-07).
Del Honorable Senador señor Chahuán, con las que inicia los siguientes proyectos de reforma constitucional:
-Sobre promoción de la actividad productiva de la pequeña y mediana empresa (Boletín N° 13.185-07);
-El que refuerza los principios de igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria (Boletín N° 13.186-07), y
-El que faculta a las personas que indica para ejercer la acción penal pública (Boletín N° 13.187-07).
De los Honorables Senadores señor García-Huidobro, señora Ebensperger y señores Allamand, Galilea y Sandoval, con la que inician un proyecto de reforma constitucional sobre quorum para aprobar acusaciones constitucionales que indica (Boletín N° 13.188-07).
--Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De los Honorables Senadores señor Navarro, señoras Muñoz y Provoste, y señor Latorre, con la que inician un proyecto de ley que incluye al pueblo selk'nam en la lista de pueblos originarios de la ley N° 19.253 (Boletín N° 13.189-06).
De los Honorables Senadores señores Quintana, De Urresti, Harboe, Latorre y Navarro, con la que inician un proyecto de ley que garantiza el ejercicio del derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas (Boletín N° 13.190-06).
--Pasan a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
V. ORDEN DEL DÍA



TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA Y AGRAVAMIENTO DE PENAS


El señor QUINTANA (Presidente).- En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables en las circunstancias que indica, con segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública y certificado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.090-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 80ª, en 4 de diciembre de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Seguridad Pública (certificado): sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019.
Seguridad Pública (segundo): sesión 92ª, en 8 de enero de 2020.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (certificado): sesión 92ª, en 8 de enero de 2020.
Discusión:
Sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019 (se aprueba en general)

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 4 de diciembre de 2019.
La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de dos de ellas, esto es, las consistentes en el reemplazo de la denominación del proyecto de ley y la supresión del artículo 268 septies propuesto por el numeral 1 del artículo único, las que se acordaron solo por mayoría y que serán puestas en discusión y votación oportunamente.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas.
Por su parte, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento no introdujo modificaciones en el texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública y el texto que quedaría de aprobarse esas modificaciones.
Para los efectos de la discusión, Sus Señorías pueden dirigirse a la página 1 del comparado.
Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión particular el proyecto.
En primer lugar, entonces, corresponde votar sin debate las enmiendas unánimes.

El señor DE URRESTI.- ¡Cómo, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Debemos votar las modificaciones unánimes, como se hace respecto de todos los proyectos que se hallan en esta instancia.

El señor NAVARRO.- ¡Que se explique de nuevo, señor Presidente!

El señor QUINTANA (Presidente).- Reitero que hay que votar primero las enmiendas unánimes sin debate, tal cual hemos procedido siempre. ¿O no las hay?
Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, teniendo en consideración el debate habido en la Comisión de Constitución, donde realizamos aproximadamente seis votaciones separadas, voy a pedir que procedamos a votar de esa misma manera en la Sala. En dicha instancia, nos dimos a la tarea de revisar aspectos constitucionales y, principalmente desde el punto de vista penal, algunas figuras del proyecto original que despachó la Cámara de Diputados y que luego fue perfeccionado por la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
Todas esas materias se llevaron adelante.
Entonces, para los efectos de la precisión de cada una de esas normas -porque incluso votamos la modificación del título del proyecto-, yo le pediría a la Secretaría o a la Comisión técnica que se explicara esa situación, para no caer en alguna inconsistencia.
Ello, porque formalmente estoy pidiendo votación separada en la misma forma en que lo hicimos en la Comisión de Constitución, donde nos pronunciamos respecto de todas y cada una de las modificaciones planteadas.
Es importante que realicemos ese debate en la Sala.

El señor QUINTANA (Presidente).- De todas maneras, corresponde, en primer lugar, votar sin debate las enmiendas unánimes. Al respecto, debo señalar que solo en la Comisión de Seguridad se introdujeron enmiendas que fueron aprobadas por unanimidad. En la de Constitución no hubo modificaciones unánimes. En aquel órgano técnico se formularon dos enmiendas, y a mi juicio es lo que escucharemos cuando se rinda el informe correspondiente.
Ciertamente, se halla la petición de votación separada planteada por el Senador De Urresti, cuestión que sí es pertinente. Sin embargo, ello es posterior a la votación de las enmiendas unánimes.
Por lo tanto,...

El señor DE URRESTI.- ¿Cuáles son las enmiendas unánimes?

El señor QUINTANA (Presidente).- Las que se señalaron en la relación respectiva.
Tiene la palabra el señor Secretario para reiterar el punto.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Conforme al texto del informe y al comparado que Sus Señorías tienen a su disposición, la única enmienda unánime figura en la página 8 de este último documento, esto es, en el numeral 3 del artículo único, relativo al artículo 449 ter, la que posteriormente fue aprobada también por la Comisión de Constitución, con una abstención.
Sería la única modificación que presenta unanimidad, sin perjuicio de la votación separada solicitada respecto de todas las demás enmiendas, incluida esta.

El señor QUINTANA (Presidente).- Entonces, hay una sola enmienda unánime.

El señor BIANCHI.- ¿Cuántas modificaciones unánimes hay, señor Presidente? No entendí lo que se planteó.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, solo quiero clarificar el punto.
Aquí hay dos tipos de votaciones: una es la que se hizo en la Comisión de Seguridad, y otra, la que se llevó a cabo en la Comisión de Constitución.
En tal sentido, quiero proponer que trabajemos sobre el texto despachado por la Comisión de Constitución. Y quien quiera votar separadamente alguna norma para igualar lo que pudo haber pasado en determinado momento en la Comisión de Seguridad, podrá formular la petición correspondiente.
Eso esclarecerá y tornará mucho más fluido el debate. Porque si vamos a estar con los dos informes, se va a producir una confusión que será difícil de superar.
Entonces, sugiero que nos aboquemos solo al informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y -reitero- si alguien quiere que se vote separadamente una norma, podrá solicitarlo y así nos pronunciaremos.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder de esa manera, es decir, siguiendo el informe de la Comisión de Constitución, en el entendido de que ya no habría enmiendas unánimes, dada la petición hecha por el Senador De Urresti?
Acordado.
Por lo tanto, se votarían todas las modificaciones en forma separada.

El señor LETELIER.- Todas en forma separada.


El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, en mi condición de titular de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar este proyecto, dado que aquella fue la última instancia a que se envió para su estudio, a petición de la Sala.
Esta iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional, tiene por objeto modificar el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios, y fijar penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica.
El referido proyecto tuvo sustanciales modificaciones durante su tramitación en la Comisión de Seguridad Pública, las que posteriormente fueron refrendadas por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, la que no introdujo ninguna enmienda.
A modo de síntesis, las principales modificaciones aprobadas son las siguientes:

1.- En materia de desórdenes públicos se propone un nuevo artículo 268 septies del Código Penal, el cual sanciona la vulneración o afectación de la libertad ambulatoria o libre circulación. La disposición aprobada castiga:
a) A quien -sin estar autorizado- interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública. Al respecto, se exige que esta interrupción...
Les pediría, por favor, silencio para poder seguir informando.

El señor QUINTANA (Presidente).- Les ruego a los señores Senadores guardar silencio, para poder escuchar el informe.

El señor HARBOE.- A quien -sin estar autorizado- interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública. Al respecto, se exige que esta interrupción, además de ser completa, se realice mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la vía pública, con objetos diversos.
En esos casos, de mediar interrupción completa con objetos que impidan totalmente la circulación de personas o vehículos, y siempre mediando violencia o intimidación, la pena asignada para tal conducta es de presidio menor en su grado mínimo. Es decir, de 61 a 540 días.
b) La misma pena (61 a 540 días) se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía pública, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta.
c) A quien lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. Asimismo, para esta acción se impondrá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años). De igual forma, se dispone que, al momento de determinar la sanción, el tribunal tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.
d) En su parte final, el artículo 268 septies dispone que, si alguno de los hechos previstos en él constituyere un delito más grave, obviamente se aplicará la pena señalada a este, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.
2. En materia de delitos contra la propiedad este proyecto de ley incorpora al Código Penal los nuevos artículos 449 ter y 449 quáter, que regulan las siguientes materias:
a) En el caso de los delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto, que se perpetraren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en este, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.
b) Respecto del delito de robo con violencia o intimidación que se cometa con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en este, se aplicará la pena privativa de libertad, con exclusión de su grado mínimo.
Ambas situaciones suponen la existencia de calamidad pública o alteración del orden público.
c) Por otra parte, se dispone que se aplicará la regla que excluye el grado mínimo de la pena si esta es compuesta o el mínimum si consta de un solo grado, aun cuando el responsable no sea reincidente, cuando los delitos de robo con fuerza en las cosas, robo con violencia o intimidación o hurto, se cometen en circunstancias tales que contribuyan a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento. En estos casos el hecho se denominará "saqueo".
d) En caso de reincidencia por condena en delitos que la ley señale de igual o mayor pena o por delito de la misma especie, podrá imponerse el máximo de la pena resultante.
e) Finalmente, se establece que, tratándose de los delitos de robo con fuerza en las cosas y hurto que se cometieren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en este, se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa.
Señor Presidente, la iniciativa aprobada por las Comisiones de Seguridad Pública y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento mejora -a nuestro juicio- sustancialmente el texto aprobado en general; recoge una serie de proposiciones formuladas por los Honorables Senadores y Senadoras, y considera las sugerencias que presentó el profesor de Derecho Penal, don Jean Pierre Matus.
Es cuanto puedo informar.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Harboe.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Hay Cuenta agregada.
Como no estamos en votación, podemos darla.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informe
De la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación tributaria (boletín N° 12.043-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
Comunicación
Del Comité Renovación Nacional, mediante la cual informa que sus nuevos representantes serán los Honorables Senadores señor Rodrigo Galilea Vial (como jefe), y la señora Carmen Gloria Aravena Acuña (como subjefa). Agrega que, no obstante lo anterior, el Honorable Senador señor Manuel José Ossandón seguirá siendo el representante de ese Comité en la Comisión de Régimen Interior.
--Se toma conocimiento.

El señor PIZARRO.- ¿A partir de cuándo, Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- A partir de ahora mismo, claro.
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El señor HARBOE.- Presidente, pido la palabra para una cuestión de reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente).- La tiene, señor Senador.

El señor HARBOE.- Presidente, considerando que tenemos ya en el Senado la presencia de representantes de diferentes pueblos originarios, que han venido de diversas regiones del país, pido autorización para que la Comisión de Constitución pueda sesionar en paralelo a la Sala.
Están todos convocados, están acá. Hemos tenido sesión hoy día en la mañana, en la tarde también y queremos seguir trabajando.

El señor COLOMA.- ¿Para cuándo es el permiso?

El señor HARBOE.- Perdón, señor Presidente. Las que vienen hoy día son las organizaciones de mujeres para efectos de tratar la iniciativa sobre paridad de género. Mañana recibiremos a los pueblos originarios, como bien me corrigen acá.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para permitir lo que ha sido solicitado?
Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- A ver, Presidente, yo entiendo las razones, pero este es un proyecto superimportante que tiene que ver con lo que los representantes de las Comisiones de Seguridad y de Constitución nos puedan explicar. Yo, por lo menos, pediría que primero hablen los miembros de ellas.
Encuentro extraño que justamente en este proyecto funcionen paralelamente. Supongo que será por unanimidad de la Comisión lo que pide don Felipe Harboe. De lo contrario, yo al menos, pediría que los miembros de las Comisiones puedan explicar sus puntos de vista sobre este proyecto, que es crucial.

El señor QUINTANA (Presidente).- Sería bueno ver cómo avanza la discusión de esta iniciativa y podemos reiterar la solicitud en algunos minutos más.

El señor COLOMA.- Sí.

El señor QUINTANA (Presidente).- Son cinco votaciones, según ha tomado nota la Secretaría respecto a lo que ha planteado el Senador De Urresti, fundamentalmente.

El señor COLOMA.- Presidente, ¡no sabía que era discusión en particular! O sea, si se van, ¿cómo van a poder votar? ¡Va a ser imposible!

El señor QUINTANA (Presidente).- Sí, es discusión particular.
¡Claro!, se irían diez Senadores.

El señor COLOMA.- ¿Cómo vamos a poder votar?

El señor QUINTANA (Presidente).- Por eso, veamos cómo transcurre esta votación y cuál es la disposición que existe.
Yo pondría en votación, en primer lugar, el nombre del proyecto, que ni siquiera está asociado a ningún numeral, a ningún artículo. Yo no sé si es posible votarlo, sin discusión.
¿Habría acuerdo para proceder de esa forma?

El señor MOREIRA.- Sí.

El señor PIZARRO.- Sí, Presidente.

La señora VON BAER.- ¿Cómo se vota?

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se vota el nombre del proyecto, a propuesta del Honorable Senador señor Insulza. Quedaría así: "proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública, a través de medios violentos e intimidatorios, y fija las penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica".

El señor QUINTANA (Presidente).- En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el cambio de nombre del proyecto (26 votos a favor, 3 en contra, 6 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Lagos, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores Guillier, Latorre y Navarro.
Se abstuvieron las señoras Allende y Muñoz y los señores De Urresti, Elizalde, Letelier y Montes.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.


El señor QUINTANA (Presidente).- Correspondería pasar a la segunda votación, la del número 1, que crea el artículo 269 septies.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sus Señorías lo pueden ver en la página 5 del boletín comparado que está a su disposición.

El señor PIZARRO.- Es el artículo 268 septies.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Así es.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene razón, Senador Pizarro; es el 268 septies.

El señor PÉREZ VARELA.- ¡El Presidente está tratando de confundir...!

El señor QUINTANA (Presidente).- Me ha pedido ingresar a la Sala el Subsecretario de la Segprés, señor Juan José Ossa.
¿Habría acuerdo?

El señor LETELIER.- ¡No! ¡Que publiquen la ley de los asistentes de la educación primero y después podrán entrar cuando quieran!

El señor SANDOVAL.- ¿Y qué saca con eso?

El señor LETELIER.- No.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay acuerdo.
En votación el número 1, que crea el artículo 268 septies.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, la verdad es que yo quería intervenir una sola vez -uno tiene cinco votaciones y podría hablar 25 minutos...-, para dar una opinión más global.
Chile está viviendo un momento histórico lleno de potencialidades y riesgos. La sociedad, y en especial los jóvenes, han salido a cuestionar el tipo de sociedad en que vivimos.
La desigualdad y los abusos resultan cada vez más intolerables. Todos hemos sido interpelados y tratamos de procesar nuestra responsabilidad.
Valoramos lo que han desencadenado los jóvenes: han abierto condiciones para repensar y recrear el país.
Rechazamos y condenamos categóricamente el vandalismo y la violencia. Condenamos los saqueos e incendios; la destrucción de infraestructura pública y espacios como el cine Arte Alameda; la destrucción de empresas y lugares de trabajo.
Hemos quedado impactados ante tanta rabia acumulada y acción irracional. Sin embargo, pensamos que los protagonistas de las formas de acción vandálica no son todos iguales en sus trayectorias y motivaciones. Distinguimos a lo menos cuatro grupos:
-Sectores marginalizados de todo, sin identidad ni rol social.
-Sectores articulados en las redes del tráfico.
-Sectores con motivaciones de tipo anarquista y antisistémica, que piensan que destruir es crear.
-Sectores más políticos, que de alguna manera creen que estamos al borde del derrocamiento del Gobierno y de la instauración de un gobierno provisional revolucionario.
Estas cuatro realidades requieren diversas respuestas que no hemos asumido hasta ahora.
En tercer lugar, quiero decir que Chile vive una crisis social, política y cultural, que además tiende a convertirse en una crisis económica.
Hay una demanda profunda, aunque difusa, de cambios en la sociedad, expresada pacíficamente por la mayoría de los manifestantes y con algunas expresiones vandálicas y violentas.
El 15 de noviembre, los presidentes de partidos acordaron y propusieron al país un camino político y democrático para enfrentar esta situación. Un camino de nueva Constitución y de cambios sociales. Fue una respuesta con conciencia a la envergadura del problema y a la necesidad de apuntar a las causas sociales e institucionales de la desigualdad.
El proceso constituyente quedó comprometido en una reforma constitucional clara y contundente.
En los últimos días hemos visto a la mayoría de la Derecha en un viraje que cuestiona el camino que se había comprometido. La posición más extrema sostiene que no hay condiciones para el plebiscito y proceso constituyente. En esto se ha visto, incluso, a algunos ministros de Estado.
Han iniciado una campaña del terror feroz.
Otros sectores de la Derecha votarán rechazo al proceso constituyente, y esto está dentro de las opciones del acuerdo, siempre y cuando no se constituyan en voceros de la guerra sucia.
Algún sector minoritario de la Derecha apoya el proceso y respaldará la convocatoria a construir una nueva Constitución.
Nos preocupa profundamente la primera de esas posiciones.
Nos preocupa que el camino acordado y legislado para hacerse cargo de las raíces de la crisis ahora no sea válido para la Derecha más extrema. A su juicio, el camino para enfrentar tanto las demandas pacíficas como las violentas ahora no es válido porque persiste la violencia.
La argumentación es inconsistente y contradictoria. Justamente el camino propuesto el 15 de noviembre busca canalizar de manera democrática e institucional las protestas, sabiendo que habrá protestas pacíficas y no pacíficas.
La Derecha más extrema debe tener claro que su voltereta le hace el juego a los que no creen o no quieren el camino institucional planteado y aspiran a profundizar la crisis. Ellos siempre dijeron que la Derecha no aceptaría una salida democrática y les están dando la razón.
También le hacen el juego a los que sostienen que Piñera debe ser sacado de La Moneda, a fin de instaurar un gobierno provisional.
Desconociendo el acuerdo y la viabilidad del proceso constituyente, la Derecha más extrema está llamando a radicalizar y polarizar el país.
Estamos decididamente por fortalecer el orden público.
Queremos un proceso constituyente de cambios, con expresiones ciudadanas, pero rechazamos enérgicamente la violencia y el vandalismo. Sabemos que afecta la vida de nuestras ciudades, especialmente en Pudahuel Sur, Lo Hermida, Los Navíos y muchos otros barrios, además de la plaza Italia o plaza de la Dignidad.
Voy a quedar hasta acá, señor Presidente, porque están por concluir mis cinco minutos, pero en la próxima intervención espero poder terminar, dada la restricción que hay.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Jorge Pizarro, tiene la palabra.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, estamos votando este proyecto que se inicia en una moción y que, tal como manifestó el propio Presidente de la Comisión de Constitución, luego de su debate en general acá, en la Sala, pasó a las Comisiones de Seguridad y de Constitución, donde cambió de manera bastante importante su objetivo.
Esta modificación, respecto de la redacción original, estableció una "tipificación", llamémosla así, de delitos que hoy día no están claramente establecidos.
En el artículo 268 septies, que es al que se hace referencia, se sanciona a quien, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de las personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación.
¿Y de qué manera lo hace? Lo hace instalando diversos obstáculos.
La sanción es presidio menor en su grado mínimo; es decir, de 61 a 540 días. Por consiguiente, es difícil que por esta conducta una persona quede con pena efectiva, a menos que tenga antecedentes.
Asimismo, no se sancionarán cadenas humanas que se ubiquen en las vías públicas y que puedan implicar una dificultad en el desplazamiento. Esto creo que es importante dejarlo claro.
El inciso primero también sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, "a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta".
En consecuencia, en términos concretos, tendrían sanción penal los paros de transportistas en autopistas (con el solo fin de obstaculizar completamente la vía) o los manifestantes del movimiento "No+tag", que obstaculizan las autopistas, las carreteras o los caminos, según se ha conocido.
El inciso segundo sanciona con pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, de 61 días a tres años, al "que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave" aún. Es el caso de lanzamiento de objetos a propiedad privada ubicada en la vía pública (incluidos carabineros) o a personas. Todo lo anterior, por supuesto, salvo que se configure un delito más grave.
El inciso tercero dispone que lo anterior no tiene aplicación en caso de que se cometa un delito más grave. Por ejemplo, si debido a una barricada se termina produciendo un gran incendio que es capaz de quemar varias casas. En este caso, tendrá lugar la pena de incendio en lugar habitado (uno de los delitos más graves del Código Penal). Además, si se comete un delito más grave, se elimina el mínimo del tramo, es decir, en lugar de aplicar la pena entre 60 y tres años, se aplica el tramo medio, es decir, partiendo la pena en 541 días.
En el caso de que no tenga lugar un delito más grave o bien alguna de las conductas sancionadas en el artículo 268 septies, aplica el artículo 269, que sanciona de forma residual los desórdenes públicos: "los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo", es decir, de 61 a 540 días.
Después está la situación del artículo 449 ter, nuevo, al cual nos podremos referir más adelante, señor Presidente.
En términos concretos, sin duda que lo que se busca aquí es tipificar claramente un delito y, además, aumentar la sanción. Y también, sancionar a quienes cometen reincidencias.
Creo que, más allá de los temas de fondo que aquí se han hablado, lo importante es dar una señal de que aquí se clarifica, por un lado, el tipo de delito, y se establece una sanción más alta de la que hoy día existe, que en la práctica no es inhibitoria de conductas que nadie está dispuesto a aceptar.
Yo, al menos, voy a votar que sí, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, es importante señalar, aunque sea en particular, que el Estado de derecho claramente es una idea, un concepto que requiere la unión de voluntades de las grandes mayorías que están de acuerdo en conceptos básicos. Sin ellos, solo puede haber anarquía y atomización.
Por colocar un ejemplo, la división de la antigua Yugoslavia en los 90 y las cruentas guerras que le siguieron son un dramático ejemplo de lo que ocurre cuando se pierde la idea de unidad, de pertenencia a un todo a pesar de las diferencias.
El orden público forma parte de esos conceptos básicos. El orden público, como la democracia, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para el logro de cualquier objetivo. No puede existir el Estado sin derecho y no hay derecho sin orden público.
Desde el 18 de octubre nos enfrentamos a una situación sin precedentes desde el retorno a la democracia. La violencia reiterada ha ocasionado daños inconmensurables a la economía, a la infraestructura pública y privada, y ha quedado demostrado que el Estado no se ha encontrado a la altura de las necesidades o se ha visto prácticamente desbordado en su misión de asegurar la paz y el orden público.
Pero tampoco, señor Presidente, ha ayudado la actitud de determinada Izquierda que ve la violencia con un romanticismo, a los incendios como una pira donde se quema el neoliberalismo y que es capaz de justificar bajo distintos discursos los saqueos, la violencia contra Carabineros e incluso los atentados contra la PSU.
Hemos sido categóricos en exigir la unidad para condenar y sancionar tales hechos.
Por ejemplo, a nivel regional -no todo es Santiago-, en la Región de Los Lagos los desmanes y violencia desatada por pequeños grupos han terminado en daños a instituciones públicas que sirven a todos los chilenos, ya sea en Osorno o Puerto Montt. Lo vimos la semana pasada con la toma del Liceo Rayen Mapu en Quellón, para dar ejemplos regionales de lo que ha ocurrido a nivel nacional.
Pero, claramente, los efectos más desastrosos están en la Región Metropolitana. Y ahora último, en la comisaría de Pudahuel, atacada ya por diez días consecutivos.
Será lumpen, pero lumpen que se aprovechó de la movilización, se supone pacífica, pero que fue alterada por grupos anarquistas y de una Izquierda radical.
En Chile tenemos a los "peroístas", gente de todos los ámbitos, de cierta Izquierda, que condenan la violencia y que, a continuación, siempre agregan un "pero" que deja como frase vacía y carente de contenido a la condena. Tal actitud hace mucho más daño. Nosotros esperamos que ello se pueda corregir a tiempo.
Pero también es importante señalar que en este Senado ha habido una mirada distinta y hemos visto votaciones en esta línea y el interés de corregir el proyecto que venía de la Cámara de Diputados.
La iniciativa que hoy votamos es una pieza esencial del engranaje de la sociedad que se busca articular para ese nuevo Chile, un Chile con mayor justicia social, sin privilegios y con mayor participación.
La nueva redacción propuesta por la Comisión de Seguridad del Senado corrige de buena manera el texto de la Cámara de Diputados y es un esfuerzo serio para hacernos cargo de la ausencia de sanción para aquellos que se han aprovechado del estallido para sus propios fines.
No es cierto que del fuego de la revolución nace un nuevo Chile. Después del fuego revolucionario solo quedan dolor y pobreza. Necesitamos hacer cambios reales, pero en democracia, con respeto por el otro y sin peros que debiliten lo que decimos defender.
Aquí se ha señalado que existe como una cierta campaña del terror de la Derecha. Aquí no hay ninguna campaña del terror: hay una realidad que tenemos que asumir. Y, obviamente, cuando se indica que no existen condiciones en abril para un plebiscito es en el contexto de que volvieran los mismos grados de violencia. Y para que esos grados de violencia no regresen, necesitamos aprobar este proyecto de ley.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto que estamos debatiendo en particular es muy diferente del que se aprobó en la Cámara de Diputados.
La primera versión contenía errores notorios, como sancionar conductas violentas solo en relación con manifestaciones o reuniones públicas, o tipificar acciones que constituyen formas de movilización tradicionales ejecutadas por sindicatos y organizaciones sociales.
Yo, señor Presidente, por el tiempo, no me voy a referir a los delitos que están contemplados acá, porque creo que en el propio Código Penal se encuentran tipificados.
¡Pero que el Gobierno no se escude en el Congreso para esconder su fracaso!
Señor Presidente, ¡nadie en este Senado apoya conductas violentas!
Nuestro marco institucional podrá ser insuficiente, y por eso una amplia mayoría está decidida a aprobar una nueva Constitución. Pero aun con todos sus problemas, la democracia está generando los caminos que permiten resolver nuestras diferencias excluyendo completamente la violencia o las respuestas autoritarias.
Rechazamos que el Gobierno, a pesar de las masivas y continuas movilizaciones, no esté impulsando una agenda social potente, con los recursos necesarios, que se haga cargo de verdad de las legítimas demandas de la gente en materia de pensiones, de salud, de ingreso mínimo, etcétera.
Rechazamos también que el Gobierno no garantice una de sus principales obligaciones, como es el control del orden público, lo que ha quedado de manifiesto la semana recién pasada con los problemas en la rendición de la PSU, en que el Ejecutivo se desentiende de sus funciones y culpa a los rectores o al Demre de su propia falta de previsión.
Rechazamos, asimismo, las prioridades del Gobierno, que requiere tiempo y más antecedentes para legislar sobre delitos de cuello y corbata, pero que se apresura a legislar cuando los eventuales imputados pertenecen a otro sector social.
Rechazamos, en fin, con energía, que el Gobierno y las policías no logren diferenciar las acciones de protesta legítima de los actos vandálicos o simplemente delictuales e incurran en violaciones flagrantes a los derechos humanos, como lo han comprobado diversas entidades internacionales.
Pero este rechazo a los oídos sordos, la inoperancia, el doble estándar y los abusos no puede llevarnos a amparar acciones violentas de grupos minoritarios que poco o nada creen en la democracia.
Cuando se tipifica y sanciona el delito de saqueo no estamos dándole un cheque en blanco al Gobierno; por el contrario, estamos defendiendo al propio movimiento social, que se debilita, desprestigia y asfixia con la acción de antisociales que buscan la oportunidad más propicia para perpetrar sus delitos.
No queremos que las justas movilizaciones se detengan. Al revés, deseamos que estas tengan éxito. Y su ejercicio debe ser compatible con el desarrollo del proceso constituyente, en especial con la realización del próximo plebiscito al que está llamada la ciudadanía.
Los partidos de Chile Vamos, después de haber firmado el acuerdo constitucional, dicen hoy que a raíz de la violencia llamarán a votar por el rechazo.
¡Qué más violencia que la que había en los 80, en plena dictadura, sin padrones electorales, sin prensa libre, sin garantías, cuando aprobaron la Constitución que nos rige, redactada por cuatro convencionales!
¡Por favor! No usemos estas artimañas para oponerse a una nueva Constitución nacida en democracia.
Sabemos que la nueva Carta Fundamental no resolverá automáticamente los problemas de la seguridad social, especialmente en materia de pensiones y de salud. Pero un nuevo orden eliminará trabas o barreras que hasta ahora y en buena parte han imposibilitado una respuesta más integral.
Chile necesita más democracia y el término definitivo de los enclaves. Así también, el país necesita más movilización de la gente y el fin definitivo de la violencia.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, el camino a la paz social se logra con una agenda social, no con más policías o más sanciones.
Por eso, nuevamente pedimos al Presidente de la República que profundice su agenda de protección social y de recuperación económica, que la ciudadanía está demandando.
Pero estas transformaciones sociales no pueden ser reclamadas por la vía de la violencia. Millones de chilenas y chilenos han salido a la calle de manera pacífica a reclamar un cambio profundo en nuestro país.
Hemos escuchado el mensaje, ¡qué duda cabe! Estamos disponibles para avanzar en ello. Pero no podemos permitir que esa gran mayoría de ciudadanos, de chilenas y chilenos que demandan cambios sociales, sea amenazada, de una u otra forma, por una minoría que ocupa la violencia como forma de acción política, por una minoría que pone en riesgo la seguridad de quienes van a manifestarse y que afecta gravemente a pequeños locatarios, que con esfuerzo han construido su pequeño patrimonio de sobrevivencia familiar y que ven cómo en unos minutos una turba entra y les rompe todo o les roba todo.
Señor Presidente, el artículo en particular que estamos discutiendo en este minuto, el 268 septies, sanciona la interrupción de la libre circulación. Pero no es cualquier barricada, como dijo alguien por ahí en un medio de comunicación. Lo que hemos dispuesto en el artículo es que la interrupción, para que sea sancionada:
Primero, debe ser completa. Es decir, las personas no pueden tener ninguna posibilidad de circular dada esta interrupción.
Segundo, dicha interrupción completa, además, debe ser necesariamente mediante violencia o intimidación. O sea, si una interrupción es completa, pero no ha mediado la violencia ni la intimidación, no se aplica esta norma.
Tercero, además de ser completa y de que medie violencia o intimidación, el tipo penal exige que adicionalmente ello sea con objetos. ¿Para qué? Para distinguirlo de aquella práctica de la protesta social -legítima, a mi entender- que muchas veces significa que un grupo de manifestantes se toman de las manos e interrumpen el tránsito. Esa acción no queda regulada ni sancionada por esta norma. Implicará una infracción a la Ley de Tránsito o, por ejemplo, si se trata de la interrupción de un servicio de salud, recibirá otra sanción, pero no queda regulada por la disposición en análisis. Nos preocupamos expresamente de que eso no fuera así.
En consecuencia, lo que establece este artículo es la sanción a la interrupción completa, violenta, intimidatoria, con objetos. ¡En esos casos!
¿Y por qué? Porque ¿en qué momento debió entenderse que la legítima reivindicación permitía interrumpir la libertad de una persona mediante violencia o intimidación? ¿En qué minuto alguien se siente con el derecho a exigirle a otro una conducta involuntaria a través de la intimidación o la violencia? ¿No es acaso eso un síntoma de la degradación, de la exacerbación de derechos? ¿No es acaso eso un síntoma también de conducta totalitaria, abusiva del derecho?
Señor Presidente, este texto, además, sanciona algo que por lo menos a mí me ha provocado mucha molestia, y lo denuncié públicamente: sanciona a quienes, no mediando desperfecto técnico, ni tampoco un accidente, interrumpen completamente el tránsito a través de la colocación de vehículos o camiones. Porque es francamente inaceptable que mientras en una manifestación ciudadana hay un accionar rápido de los carabineros en otro caso -me tocó verlo en la ruta 68- los efectivos conversen de manera muy amistosa con un grupo de camioneros que impide la circulación.
¡No, pues! Si vamos a sancionar la infracción a la libertad ambulatoria, que sea para unos y para otros. Siempre -como dije- mediando violencia o intimidación, que la interrupción sea completa y que sea con objetos o, en este caso, con vehículos.
Señor Presidente, hay que proteger la protesta social. Hoy día una minoría la está afectando.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Señor Presidente, todos esperábamos abordar el tema del saqueo, que nadie quiere y que debe ser sancionado, porque efectivamente hay un vacío legal. Y si estuviésemos discutiendo hoy específicamente una ley antisaqueos, la votaría a favor.
Pero no nos hagamos los hipócritas, ni miremos para el lado, ni usemos subterfugios. El texto que estamos discutiendo cubre muchos temas, muy complejos, y tiene bastante y numerosa letra chica, que hace pensar que la prioridad es otra. Y ello se refleja en que la cantidad de personas detenidas por desórdenes supera de largo a las que han cometido saqueos u otros incidentes de ese tipo.
Y lo que se busca fundamentalmente es sancionar con cárcel a quienes se manifiestan bajo determinadas circunstancias.
¿Cuál es el contrabando en el proyecto?
Eleva las penas para los manifestantes en la vía pública.
Transforma lo que hoy son faltas en delitos.
Habla de cárcel de hasta cinco años a quien detenga un servicio público.
Quiere meter en la cárcel a cualquier joven que evada el Metro en marzo; a quien tire piedras o interrumpa el paso de un vehículo; a quienes interrumpan el tránsito de personas o de vehículos con barricadas.
Yo creo que aquí no hay que confundirse: estas conductas son sancionables. Y, de hecho, tienen algún tipo de sanción, que nunca se aplica porque la capacidad de investigación y de sanción es nula en nuestro sistema.
Pero lo que se pretende es generar un fantasma de transformar todo en delito para inhibir las manifestaciones. Y, además, amenazar con la cárcel, acabando con toda proporcionalidad en los hechos que se van a denunciar.
Y, además, se genera como agravante la actuación en grupo. O sea, ello alcanza a organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales que convoquen a protestas o manifestaciones.
La propaganda del Gobierno dice que este es "un proyecto de ley antisaqueos", pero en verdad no es así. Ante un estallido social profundo, la respuesta del Gobierno será cárcel.
Y lo que se busca no es hacer frente al saqueo, sino llegar a marzo teniendo mecanismos de represión más violentos y meter a la cárcel a los que salgan a protestar o a manifestarse, suponiendo, además, que va a haber un escenario impredecible con el cual ya están asustando a la gente.
La verdad es que yo no estoy disponible para dar más facultades de represión a un Gobierno que viola los derechos humanos. Organismos internacionales ya lo han hecho presente. Y me apena que el Congreso sea capturado por la agenda de represión y de guerra que se quiere instalar en la opinión pública, en el fondo para combatir las movilizaciones sociales, más que proyectos antiabusos.
En vez de discutir sobre la agenda social, terminar con el abuso de las AFP, de las isapres, el precio de los medicamentos, lo que estamos haciendo es centrar el debate en este Senado en una legislación represiva.
Y se anuncia mucho más.
Ayer, el Ministro de Justicia, a través de El Mercurio, anunciaba un proyecto para limitar el derecho a reunión. Hoy, el Ministro Secretario General de la Presidencia anuncia la reactivación de un proyecto para sacar con más facilidad a los militares a la calle, sin necesidad de estados de excepción. ¡Más represión, menos democracia!
No nos engañemos, es la libertad de expresión, el derecho a manifestación lo que está en juego, y por esa razón voy a votar en contra, señor Presidente. Pero alguna vez seamos sinceros y francos y no busquemos subterfugios.
Por último, ¿qué van a hacer los tribunales cuando, hipotéticamente, tengan que abordar centenares de casos de detenidos por manifestaciones? ¿En qué cárcel van a caber cientos, quizás miles de manifestantes? ¿Quiénes se van a dedicar a hacer frente al narcotráfico, a la delincuencia, al crimen organizado y a los saqueos, cuando, en la evidencia de los hechos, estamos viendo que esos delitos, en estos días, prácticamente quedan en los tribunales en campo libre, sin ninguna actuación?
Terminemos con los discursos que vienen "con chanfle", como se diría en el deporte, y abordemos con seriedad el tema de los saqueos. Lo demás es un pretexto para crear un marco legal que permita, a partir de marzo, sancionar y evitar cualquier forma de manifestación social.
Voto en contra del proyecto en su conjunto.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, este es un proyecto cuyo texto, que fue mejorado por la Comisión de Constitución -a la cual le agradecemos su trabajo-, nos va a permitir hacernos cargo de una situación bastante compleja, relacionada con los saqueos producidos en circunstancias o con ocasión de la alteración del orden público, y de los delitos cometidos en multitud, así como de otros tipos penales, como el de las barricadas, que de alguna manera generan una interrupción en el legítimo ejercicio de la libertad de circulación.
El día de hoy estuvimos, junto al Senador Latorre, con los comerciantes de Valparaíso, los que están completamente afectados y manifiestan, básicamente, la necesidad de restablecer el orden público en la ciudad. Estuvimos también con el Alcalde Jorge Sharp. Y finalmente logramos una declaración de todos los actores: del Intendente regional; del Alcalde; también, por supuesto, de los parlamentarios que concurrimos, y, sobre todo, de los comerciantes que convocaron para hacer un "antes y un después".
Creemos que hay que dar señales públicas en términos de condenar absolutamente las graves vulneraciones al orden público, que han golpeado, fundamentalmente, a los pequeños comercios.
Basta ver algunas calles de Valparaíso, donde, efectivamente, la alteración del orden público y la destrucción de los locales y establecimientos comerciales finalmente han dejado en la calle a múltiples emprendedores. Y esto ha afectado no solamente a aquellos que han sido golpeados por la violencia y la destrucción de sus locales, sino también a quienes, precisamente por los graves desórdenes producidos, no han podido mantener abiertas las puertas de sus comercios.
Lo anterior ha provocado un despido de trabajadores que, lamentablemente, puede ascender a más de 300 mil en el mes de marzo, si revisamos la situación de las pymes en nuestro país.
Por eso era tan importante avanzar en esta dirección.
Tal como lo planteamos en nuestra intervención del 4 de diciembre recién pasado, creemos que estos proyectos van en el camino correcto. Se ha hecho un tremendo esfuerzo para los efectos de llegar a un entendimiento entre el Oficialismo y la Oposición, tal como lo comprometimos mediante un Acuerdo por la Seguridad Pública suscrito en este mismo Congreso Nacional, esperando, finalmente, que tales iniciativas sean aprobadas.
Pensamos -repito- que van en la dirección correcta a través del establecimiento de agravantes para los efectos de que, cuando se produzcan graves alteraciones del orden público, estas nuevas tipificaciones, como la del delito de saqueo o, básicamente, la del delito especial de desorden o desórdenes públicos, terminen por resguardar el principio del libre ejercicio de los derechos, particularmente la libre circulación y la libertad y el derecho a emprender.
He dicho.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, le pido que se autorice el ingreso del Subsecretario.

El señor QUINTANA (Presidente).- Ya fue solicitado, señor Senador.

El señor MOREIRA.- Pídalo nuevamente, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que ingresara el Subsecretario Juan José Ossa Santa Cruz?

El señor ARAYA.- No.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay acuerdo.
Por lo tanto, puede intervenir a continuación el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, creo que se han dicho muchas cosas sobre este proyecto. Yo hubiera querido hacer una intervención más general también, pero me parece importante referirme a él porque creo que su contenido ha sido altamente tergiversado.
Primero, este proyecto llegó de la Cámara de Diputados; no tuvo su origen ni en el Gobierno ni en este Senado, sino en un conjunto de mociones parlamentarias presentadas por Diputados que fueron trabajadas transversalmente por ellos mismos, quienes enviaron un texto que originalmente contemplaba un tipo llamado "desórdenes públicos con concurrencia de violencia" y establecía penas que iban de 541 días a 5 años de privación de libertad.
Considero importante tener en cuenta esto cuando nos referimos a esta iniciativa. Aquí llegó un proyecto aprobado por una gran mayoría en la Cámara de Diputados, más allá del hecho de que a los días siguientes algunos hayan manifestado su arrepentimiento por haberlo aprobado.
Lo que hicimos aquí, por esa razón, fue acoger la idea de legislar y enviar el texto a la Comisión de Seguridad Pública, donde se decidió volver a escribirlo de manera distinta, cambiando, fundamentalmente, los tipos contenidos en él.
El artículo que en este momento discutimos disminuye las hipótesis a sancionar, excluyendo todas aquellas acciones que puedan ser parte de pacíficas y legítimas expresiones de protesta social, y disminuyendo de manera considerable las sanciones dirigidas contra actos ilegítimos de violencia, coacción o intimidación.
Señor Presidente, me parece importante recordar algunas de las palabras expresadas aquí por el Presidente de la Comisión, el Senador Harboe, al referirse a los tipos que se están planteando.
¿Cuáles son las hipótesis ilegítimas de un proyecto que, según algunos que acabamos de escuchar, amenaza al conjunto del movimiento social?
Primero, el impedir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas. O sea, hay dos requisitos. Hace algunos días un muchacho trató de cruzar por Plaza Italia con una de estas mochilas que se usan en las bicicletas y no lo dejaron pasar, pero, si lo hubieran dejado pasar, esa no era una barricada sancionada por la ley. El problema es que le impidieron el paso y lo golpearon. Y pocos minutos después hubo una ambulancia a la que también se le impidió pasar.
Estamos hablando de interrumpir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación. Las dos cosas juntas.
¿Quiénes pueden ser dañados por esta parte del proyecto? ¡Solamente los que realmente usan la violencia para aquello!
Después se habla del que interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos. Los señores que hace pocas semanas hicieron andar sus vehículos de manera lenta por las autopistas no habrían quedado sancionados por las normas de este proyecto; tendrían que haber atravesado completamente sus vehículos en la vía pública y no dejar pasar a nadie.
Enseguida, se habla del que interponga su vehículo en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta. Ocurre lo mismo que en el caso anterior.
Y luego el texto se refiere al que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales. O sea, no estamos hablando de los que tiran fruta, ni de los que tiran pinturas, algo bastante usual en este tiempo. Se está hablando de actos que causan mucho daño.
Entonces, reduzcamos las cosas al punto en que están.
Yo, ciertamente, al igual que muchos aquí, critico la política de seguridad pública del Gobierno. Por cierto, tengo grandes críticas respecto de ella. Pero este es un proyecto mínimo; es casi una señal. Y quiero decir por qué es casi una señal. Porque el que cometa estos actos, por ejemplo el que interrumpa la libre circulación de personas o de vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas, recibirá una pena de presidio menor en su grado mínimo; o sea, de 61 a 540 días. Y todos sabemos perfectamente que esa persona no va a pasar en la cárcel ni un día. ¡Ni uno solo!
Es casi una señal que se da a las personas. Y les tenemos que decir que es una señal que se les está dando.
Por tal motivo, me pronunciaré a favor del artículo en cuestión, así como también de los que vienen después.
Gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, la moción que votamos hoy no puede ser analizada sino en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas en el país el 18 de octubre del año recién pasado.
A pesar de ser esta una moción parlamentaria, fue recogida por el Gobierno y puesta en discusión con urgencia. ¡Fue este Gobierno el que le puso urgencia! Es solo el Gobierno el que puede definir las urgencias de los proyectos. Ello, creemos, no responde a otra cosa que a la necesidad del Ejecutivo de mantener una agenda pública centrada en la represión, en el orden público, única dimensión que pareciera serle cómoda.
Tenemos un Gobierno que, desde que se inició el estallido social, se ha dedicado a la queja permanente en lugar de hacer su trabajo. Se queja de la Oposición; se queja de los organismos internacionales de derechos humanos; se queja, también, de los organismos nacionales de derechos humanos; se queja de no tener herramientas suficientes de represión, y se queja de que no se le aprueben nuevos instrumentos represivos.
Se queja de demandas supuestamente imposibles de satisfacer a sus ojos. Se queja de no poder controlar el orden público al tiempo de respetar los derechos humanos.
La verdad, señor Presidente, es que tenemos un Gobierno incapaz. Y cuando se es incapaz, la única posibilidad que queda es quejarse de los demás. La culpa es siempre del otro.
Por ello, avanzamos poco en la agenda social; hay pocas ideas nuevas, y nos concentramos absurdamente en falsos dilemas, como "orden público o derechos humanos".
Estas discusiones traen al debate lo peor de quienes gobiernan en el día de hoy. Esa lógica, tan perversa, de colocar chilenos contra chilenos; de reducir debates complejos a simplificaciones absurdas, básicas; eso que tanto le gusta al Gobierno, de estar a favor de los delincuentes o a favor de la gente de trabajo.
Por lo mismo, pedimos votación separada de los cuatro numerales del proyecto.
Los dos primeros se refieren a la llamada "ley antibarricadas", más allá de que se le haya cambiado el nombre.
Votaremos en contra el numeral 1, ya que no respeta el principio de proporcionalidad, el cual responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que se aplican en determinados tipos penales. Este numeral no cumple con los estándares de proporcionalidad de la legislación chilena, pues, ante tipos penales que ponen en riesgo o vulneran el delito de propiedad, se aplicarían sanciones reservadas en nuestra legislación para delitos que atentan contra el bien jurídico de la vida y la familia, como lo son el parricidio o el femicidio.
El artículo 268 septies -que estamos discutiendo en este momento- tiene como propósito sancionar la conducta realizada en esta crisis social denominada como "El que baila, pasa", aplicando una pena de hasta 3 años, lo que, en términos prácticos, no es una vulneración a ningún bien jurídico sino una limitación al ejercicio de un derecho.
El numeral 2 es una adecuación formal para el caso de que se apruebe el numeral 1, por lo que pensamos que se deben votar ambos de manera conjunta, señor Presidente.
En el numeral 3 se incluyen dos nuevos artículos en el Código Penal.
Respecto del nuevo artículo 449 ter, creemos que hay posibilidades de aprobación, porque efectivamente se debe establecer una sanción agravada en situaciones de calamidad y que hoy no contempla nuestro ordenamiento jurídico.
En definitiva, señor Presidente, iniciativas como esta dejan claramente en evidencia la incapacidad que ha tenido el Gobierno para escuchar y acoger las demandas sociales, que se expresan con fuerza a lo largo de todo el país, por reformas estructurales que garanticen una educación de calidad y gratuita, una atención de salud de calidad y, por supuesto, reformas a las pensiones.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Kast.

El señor KAST.- Señor Presidente, he escuchado atentamente a varios de los colegas y no sé si algunos no leyeron el proyecto o simplemente creen que vale la pena justificar y validar algo que es muy delicado. En efecto, habiendo mucha gente que se manifiesta pacíficamente, habiendo demandas sociales profundas que tenemos que abordar, hay algunos pocos que se sienten con el derecho de utilizar la violencia como método legítimo para imponer sus términos.
Y la verdad es que resulta lamentable ver que en este Senado no exista unanimidad alrededor de un proyecto tan sencillo como este, el cual, de hecho, como bien lo señaló el Senador Insulza, es bastante mínimo. Me habría encantado que hubiese sido más ejemplificador y que, efectivamente, hubiese terminado con la impunidad en muchos casos.
Aquí se hablaba recientemente de la proporcionalidad. Perdón, pero claramente, con las penas que se están imputando, y de hecho, probablemente, con el sistema actual, como bien lo expresó también el Senador Insulza, esta proporcionalidad resulta bastante baja.
Por lo tanto, yo les pediría a todos, particularmente a los de Oposición, tal vez inclinados a rechazar este proyecto, que entiendan la importancia de que estas normas también son muy relevantes para darle garantías al proceso constitucional, y que, quizás al caer en la lógica de oponerse a cualquier tipo de reforma que busque garantizar el orden público, le están haciendo campaña al rechazo.
¡Eso es lo que están haciendo!
En la práctica, significa mostrar una falta de seriedad tremenda. De hecho, a muchos de los que están acá no los vi en la Comisión de Seguridad cuando discutimos este proyecto. Si este es tan malo y se manifiesta tanta vehemencia en su contra, al menos me hubiese gustado que sus opositores fueran responsables y hubiesen asistido a escuchar a los expertos.
Entonces, les pido que la seguridad ciudadana no sea un tema que solamente aúne a un sector político. Agradezco a muchos que entiendo que van a apoyar este proyecto. Creo que lo hacen porque, efectivamente, no podemos caer en la lógica de pensar que la seguridad ciudadana es un tema que únicamente le importa a un sector.
Y, perdónenme que les diga, pero aquí en ningún caso el Gobierno ha pensado que la seguridad ciudadana es la solución a los problemas. Hay una agenda social que esperamos impulsar de forma transversal. Espero que el mismo espíritu que vimos la noche del 15 de noviembre, cuando se firmó el acuerdo, lo veamos también hoy día.
Algunos, con un clima polarizante, buscan tirar por la borda cualquier tipo de entendimiento, cualquier tipo de iniciativa positiva, simplemente porque la presenta el Ejecutivo o porque este le ha puesto urgencia. Pareciera que cualquier buena intención del Gobierno, por el solo hecho de provenir de él, no tuviese validez.
Por favor, ¡cuidemos Chile!
De hecho, así como es importante la agenda social, así como es importante que podamos tener reformas estructurales en salud, en educación, así como es importante que tengamos reformas significativas en Fonasa, en pensiones, también es importante que cuidemos el clima.
Por eso, de verdad pido un poco más de seriedad. Este es un proyecto que, al igual que como señaló el Senador Insulza, a mí me habría encantado que fuese más lejos. Se logró buscar un acuerdo; fue aprobado por amplia mayoría en la Comisión y, por lo tanto, dejemos hasta aquí los discursos que simplemente le hablan a una trinchera, y tratemos de mejorar la institucionalidad que tenemos. A las Comisiones asistieron expertos penalistas, de distintos colores políticos, y se buscó el mejor texto.
Entonces, si no vamos a fomentar que las Comisiones hagan bien su trabajo y lleguen a acuerdos transversales, si vamos a llegar a la Sala a terminar votando, por la presión de las redes sociales, en la forma que ellas indican, créanme, eso no va a ayudar.
Agradezco a quienes van a aprobar este proyecto, el cual -insisto- ayuda a demostrar que tener una vocación genuina por los cambios estructurales sociales sí es compatible con, al mismo tiempo, garantizar el orden público. Es completamente fascista pensar que uno puede utilizar la fuerza para imponer sus términos. Y esta iniciativa de ley no hace otra cosa que terminar con ese fascismo.
Así que espero que este Senado, hoy día, apruebe el proyecto por una amplia mayoría.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, es como si estuviéramos hablando de dos proyectos distintos. Por una parte, algunos Senadores de Oposición dicen que esto es solo una señal y que no es muy proporcional con el daño que se le hace al derecho de otras personas a desplazarse, y por otra parte, otros señalan que es totalmente desproporcionado.
Creo que la pregunta en el día de hoy es si estamos de acuerdo con que haya personas que puedan interrumpir completamente la libre circulación de otras.
Yo quiero recordar que la libre circulación es un derecho humano comprendido no solamente en nuestra Constitución, sino también en todos los tratados internacionales. Y, por lo tanto, cuando una persona no deja a otra circular libremente, se le está impidiendo el ejercicio de un derecho humano.
¿Esto quiere decir que a los Senadores que hoy están votando en contra de este proyecto, eso no les parece tan grave?
Acá se afirmaba: "No es grave si solamente se está interrumpiendo el desplazamiento". Sin embargo, muchas veces se interrumpe de una manera muy violenta, o incluso, no físicamente violenta, pero sí psicológicamente.
Por su intermedio, señor Presidente, una Senadora que me antecedía en el uso de la palabra minimizó el tema de "El que baila, pasa". No obstante, creo que eso no se puede hacer históricamente ¡para nada! Es una situación con una carga histórica muy fuertemente autoritaria.
Señor Presidente, cuando a través de un acto violento, que puede no ser físico, se obliga a otra persona a hacer algo que no quiere, eso va en contra de la democracia, va en contra de un derecho humano. No es posible que porque yo esté interrumpiendo el paso, pueda obligar a una mamá, que va con sus hijos en el auto, a bajarse y a hacer algo en contra de su voluntad para que no la agredan físicamente. ¿Alguien me puede decir que eso no tiene que ser sancionado? ¡A mí me parece grave! Me parece grave que en una democracia se diga: "Sabe, esto es desproporcionado con respecto a la sanción que aquí se establece".
Señor Presidente, en los dos minutos que me quedan, quisiera hacerme cargo de un planteamiento del Senador Montes, que espero haber entendido mal.
El Senador Montes decía que acá se está desconociendo el acuerdo del 15 de noviembre. Este tiene varias partes, pero en su primera etapa establece que habrá un plebiscito en abril. Y ahí la ciudadanía decidirá si sigue con el proceso constituyente o no.
Cuando uno le pregunta a la ciudadanía, se parte de la base de que su respuesta, cualquiera que sea el resultado, será legítima. Yo supongo, señor Presidente, que el Senador Montes no está diciendo que es ilegítimo votar que no, porque, de otra manera, ¿para qué hacer un plebiscito?
E imagino que tampoco es ilegítimo argumentar que se va a votar que no, porque, a contrario sensu, ¿por qué sería, entonces, legítimo argumentar que se va a votar que sí?
Pienso que no se puede establecer que si es uno el resultado, entonces, es legítimo, y si es otro, no lo es y no lo acepto. Por algo estamos preguntando. No son los políticos los que van a decidir, es la ciudadanía. Y esa es la esencia del acuerdo.
Pero creo que hay otras ideas esenciales en el acuerdo del 15 de noviembre: el respeto por el otro y el ser capaces de llegar a acuerdo y de respetarlo. Y el acuerdo comienza con el plebiscito. Y yo espero, por el bien de nuestra democracia, que respetemos el resultado, cualquiera que sea.
Y, por último, señor Presidente, quiero señalar que no se puede argumentar que la violencia se puede tomar...

El señor QUINTANA (Presidente).- No hemos dado tiempo adicional; pero podemos conceder un tiempo breve, como el del Senador Insulza.

La señora VON BAER.- Decía que no se puede argumentar que la violencia se puede tomar el proceso constituyente. Precisamente, esta ley en proyecto ayudará a que la violencia no siga imperando en nuestro país y, por lo tanto, ayudará en el proceso constituyente.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Señores Senadores, entiendo que no se dio el asentimiento de la Sala para que ingresara el Subsecretario señor Juan José Ossa. Pido, sí, que se autorice el ingreso del asesor del Ministerio del Interior don Pablo Celedón.
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero partir señalando que este proyecto, que se somete a votación, tiene a lo menos tres graves problemas.
En primer lugar, no incorpora ninguna figura que actualmente no sea delito conforme a nuestra legislación vigente.
Basta revisar el inciso primero del artículo 268 septies, introducido por la iniciativa, que castiga a quienes actúan con violencia o intimidación, interrumpiendo la libre circulación de personas o vehículos. Pues bien, el empleo de la violencia para impedir una acción como esta ya se encuentra contemplado en nuestra legislación tanto en el artículo 494, número 16°, del Código Penal, que se refiere a la coacción violenta, como en los artículos 395 y siguientes, relativos al delito de lesiones.
Por su parte, quien intimida a otra persona para impedir la libre circulación ya comete un delito, conforme al tipo penal de amenaza contemplado en los artículos 296 y 297 del Código Penal.
Además, el inciso segundo del artículo 268 septies del proyecto se refiere a quienes lanzan en la vía pública objetos peligrosos a personas o vehículos. Y cabe señalar que esta figura ya se encuentra regulada en nuestra legislación en los artículos 496, números 21° y 26°, del Código Penal.
En cuanto al denominado "delito de saqueo", este se sanciona en nuestra legislación vigente, ya sea como un delito de robo con fuerza en las cosas o como un delito de hurto.
Asimismo, se afirma que el proyecto supuestamente crearía un nuevo delito, haciendo referencia a la calamidad pública o alteración del orden público. Pero esa circunstancia ya se encuentra castigada en nuestra legislación, como una agravante, en el artículo 12, número 10°, del Código Penal.
Por otro lado, más que ser una iniciativa de ley que busca regular y sancionar conductas que no eran delitos previamente, se trata de una suerte de refrito de delitos ya existentes, que buscan además aumentar penas para dar una aparente sensación de seguridad a la población. Esto nos lleva a un segundo problema, que es de proporcionalidad.
Cuando hablamos de proporcionalidad en materia penal, nos referimos a la necesidad de que las personas reciban una pena similar por actos semejantes que merezcan un reproche equivalente. Para esto se deben considerar la gravedad de las distintas conductas que se sancionan como delitos y las penas que se les asignan.
Claramente, este proyecto no cumple con este principio tan básico, lo que se constata revisando las penas que establece el proyecto.
Se pretende castigar el lanzamiento de objetos en la vía pública con una pena que puede llegar a los tres años de privación de libertad, que es la misma que se dispone para quien soborna a un Ministro de Estado, un Senador o cualquier funcionario público en razón de su cargo.
En el caso de los denominados "saqueos", el proyecto obliga a elevar en un grado la pena, lo que significa que en el caso del robo con fuerza en las cosas, que actualmente tiene una pena alta que puede llegar a los diez años, tendrá una que alcanzará a los quince años en caso de ser realizado mediante un saqueo.
Esto implica que un saqueo tendrá mayor pena que el delito de tortura, e igual pena que el homicidio simple. ¿De verdad estamos dispuestos a aprobar una ley que establezca que un delito en contra de la propiedad es igual o más grave que matar o torturar a una persona?
No bastando lo anterior, señor Presidente, hay que considerar el cambio de los efectos de esta iniciativa con el llamado "proyecto antiencapuchados". Este eleva en un grado la pena para quienes usen pañuelos, capuchas y otros elementos análogos en una manifestación pública. De esta forma, si se participa en un saqueo con el rostro cubierto, tendremos que este delito en contra de la propiedad no solo será más grave que el homicidio, sino también que el tráfico de migrantes y la sustracción de menores.
Todo lo anterior, señor Presidente -si me da un minuto más, por favor-, nos lleva al tercer problema, quizás más grave, de este proyecto.
El Gobierno intenta solucionar un problema social, como lo es la grave crisis política institucional que estalló el 18 de octubre, llenando la agenda legislativa y comunicacional, colocándole urgencia a proyectos que solo se enfocan en medidas inútiles para enfrentar temas de orden público, a partir de aumentar indiscriminadamente las penas a conductas que hoy ya están sancionadas, pero que se pretende presentar como nuevos delitos.
Resulta evidente que, a pesar de su fracaso en recuperar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones, el Gobierno ha elegido porfiadamente el camino de insistir en una agenda que no se vincula en nada con los urgentes requerimientos ciudadanos...
Estoy por terminar, señor Presidente, le pido un minuto adicional.
Cuando el Gobierno se decida a enfrentar verdaderamente este problema social, reformando de verdad nuestra institucionalidad y asegurando derechos sociales mínimos, comenzaremos a ver el fin de esta crisis. Si, en cambio, se quiere seguir reprimiendo a los ciudadanos, sin escuchar a las legítimas demandas sociales, el Gobierno seguirá siendo rechazado por nuestros compatriotas y por la comunidad internacional.
En este contexto, no me voy a prestar para ser funcional a una política de Gobierno fracasada, la cual no se enfoca en los problemas reales que nuestra comunidad nos exige y nos demanda atender de manera inmediata.
Acá estamos para representar a la ciudadanía y no para dar contención a toda costa a quienes desde el Gobierno sencillamente no entienden, o no quieren entender, la grave y profunda crisis social que vive nuestro país, ni tiene la voluntad real de hacer lo necesario para hacerse cargo de sus causas, colocando de una buena vez el interés general por sobre el de ciertos grupos que han capturado la gestión del Estado desde hace décadas para su propio beneficio.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador señor De Urresti, don Alfonso.

El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, es importante precisar lo que estamos votando.
Se ha puesto en votación el numeral 1, que agrega un nuevo artículo 268, septies, al Código Penal, que señala textualmente:
"El que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Idéntica pena se impondrá a los que, sin mediar accidente o desperfecto mecánico, interpongan sus vehículos en la vía, en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por ésta.
"Será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el que lanzare a personas o vehículos que se encontraren en la vía pública instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a menos que el hecho constituya un delito más grave. El tribunal, al momento de determinar la pena, tendrá especialmente en consideración la peligrosidad del instrumento, utensilio u objeto lanzado.
"Si alguno de los hechos previstos en este artículo constituyere un delito más grave, se aplicará la pena señalada a éste, sin atención a su grado mínimo o mínimum, según los respectivos casos.".
Señor Presidente, Honorable Sala, lo que se está tratando de construir a través de este nuevo artículo es buscar un instrumento para subsidiar claramente la incapacidad de controlar el orden público en nuestro país.
Aquí, en definitiva, lo que se está consagrando es que aquellas personas que se crucen en la calle y no dejen un espacio para pasar, en una legítima demanda, en una marcha estudiantil, en una movilización de estudiantes, sean formalizadas por este delito. Y creo que nuevamente caemos en una figura equivocada.
Y el Gobierno, tratando de recuperar la iniciativa, solo apela a ese sector más riguroso que le pide mano dura, que quiere subsidiar la ineficiencia absoluta en el control del orden público, ante la incapacidad de Carabineros de anticipar este tipo de situaciones y de levantar pruebas, y también ante la incapacidad del Ministerio Público de constituirse en determinados lugares para generar un adecuado levantamiento de pruebas.
No estamos disponibles para este tipo de sanciones en que, a través de la construcción de figuras penales, se pretenda disminuir la movilización social o la capacidad de los estudiantes, de la ciudadanía, de marchar y desplazarse por la vía pública. ¿Que eso genera alteración? ¡Genera alteración!
Algunos creen que, a través de esta figura, aquella disminución se podrá conseguir. Están equivocados.
Y esto nuevamente, señor Ministro -por su intermedio, señor Presidente- sigue sin estar en la agenda, en el compromiso del Gobierno de avanzar en cambios estructurales en materia de seguridad social, en materia de salud, en materias previsionales.
Llevamos más de setenta, ochenta días de movilización y no vemos ninguna, absolutamente ninguna iniciativa en eso.
Sin embargo, el Presidente consignaba en una entrevista: "Creo que lo más grave ya pasó". Esto significa no querer ver que este país cambió y que no se va a controlar a través de estas medidas. Aquí tiene que haber un profundo cambio de la institución de Carabineros.
Hemos visto situaciones dantescas y risibles.
Me imagino que el Ministro habrá visto al teniente Cavieres y toda esa escena que claramente ya no solo debilita, sino que pone en absoluta contradicción y en una situación deteriorada a Carabineros, además de las causas de derechos humanos que hemos visto y situaciones que están en manos de la justicia.
Aquí tenemos una institución que fue descabezada. Se dio de baja a más de 45 generales para que corriera la fila. Claramente hay una falta de ascendiente dentro de la tropa, pero no vemos nada sobre Carabineros en este proyecto. Y nos lo quieren presentar como la solución, la panacea.
Quisiera leer una enumeración, si me permite un minuto adicional, señor Presidente.
Ley antisaqueo, infraestructura crítica; en otros tiempos, detención por sospecha, control de identidad.
Díganme si alguna de estas figuras cambia efectivamente el comportamiento de la ciudadanía o baja los delitos.
Entonces, señor Presidente, cuando a nosotros se nos plantea la necesidad de contemplar la figura del saqueo estamos a favor, ya que no hay un tipo penal que efectivamente permita que no se arrase una cuadra entera de establecimientos comerciales o pequeños establecimientos de comercio.
Pero seamos claros: aquí no hay ninguna autocrítica, aquí no hay ninguna muestra que nos diga que efectivamente esta legislación va a avanzar en esa línea.
Entonces, ¡por favor!
Yo sé que el Gobierno trata de ganar tiempo, trata de hablarle a su electorado, al 10,8 o al 8 por ciento que aún lo respalda. Pero claramente esta no es la vía.
Hablábamos de seriedad: seamos responsables. Digamos no al populismo penal, y sí a instrumentos que efectivamente permitan defender a la ciudadanía y hacer justicia, pero no castiguemos el legítimo derecho a la protesta social.

El señor QUINTANA (Presidente).- Quedan diez Senadores inscritos. Y, después de esta, hay otras tres votaciones.
La votación siguiente es relativamente sencilla porque simplemente implica intercalar una frase.
¿Habría acuerdo para que los diez Senadores que están inscritos pasen a la siguiente discusión, que es sobre saqueo? Igual es un tema controvertido.

El señor COLOMA.- No, señor Presidente.

El señor ARAYA.- No, porque son figuras penales distintas.

El señor QUINTANA (Presidente).- Bien.
Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, yo creo que este debate, que tiene que ver directamente con un artículo específico, es sorprendente pero muy esclarecedor. Es sorprendente, porque parte de una especie de regla común, en que todos achacan al Gobierno ineficacia y en que también le representan casi con dureza la reposición del orden público.
Todos han dicho "hay que reponer el orden público". Algunos lo hacen con más poesía y otros con menos poesía, pero todos con el mismo concepto. Acto seguido, se van deshilando exactamente para votar en contra de lo que el Gobierno está pidiendo para mantener el orden público.
Entonces, para la galería, el Gobierno necesita y es su deber instalar el orden público. Pero cuando la autoridad solicita reflexivamente y después de un fuerte estudio que se le den a conocer qué medidas concretas se requieren, en ese caso ya hay un montón de explicaciones para tratar de escabullirse de algo que para mí es muy importante en materia penal.
Algunos dicen que esto ya está resuelto. Por favor, no confundamos la legislación penal de 1870, donde se hablaba respecto de los desórdenes públicos como las acciones que "turbaren la tranquilidad pública". No pidamos que esos sean los estándares de la modernidad.
Una expresión de ese tipo no guarda relación con la nueva realidad que estamos enfrentando hoy día en defensa de muchos ciudadanos, quienes nada tienen que reprocharle a quien legítimamente quiera manifestarse, pero sí tienen todo el derecho a exigir que sean respetados sus derechos.
Hay quienes han planteado que van a votar en contra de esta enmienda. Quiero entender qué supondría eso: que están de acuerdo en que aquellos que no están autorizados interrumpan completamente la circulación de las personas, o sea, de uno mismo.
Es el famoso "El que baila, pasa", en sus distintas formas. Es decir, si alguien no hace algo que otros quieren, no pasa. ¡Eso es fascismo del peor tipo!
Yo no puedo creer que, de alguna manera, se esté permitiendo que hoy se instale una lógica que -estoy seguro- es reprobada conceptualmente. ¿Dónde queda la libertad de una persona?
¿Puede alguien, sin mi autorización, impedir que yo transite libremente porque así esa persona lo estima o exigirme tomar decisiones o hacer algo que yo no comparto?
¿Esa es la sociedad moderna que estamos viviendo?
Incluso, ¿puede ser restringido el paso de vehículos en la vía pública mediante violencia -¡violencia!- o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos en la calle para el mismo efecto?
Señor Presidente, quiero hacer reflexionar al respecto: si hay oposición a dicha enmienda, no sé cómo puede pedirse simultáneamente que exista orden público. Al mismo tiempo se dice: "Mire, tiene que respetar el derecho de las personas, de los ciudadanos a manifestarse, y también debe respetarse el orden público".
Por eso pedí, señor Presidente, hablar en este punto específico. Saqueo es otra materia.
A mí me inquieta profundamente el hecho de que haya una negativa en este aspecto, porque, en el fondo, negarse es favorecer. Es como decir que está bien hacer aquello. Incluso, en una intervención anterior alguien dijo que era el ejercicio de un derecho.
Pero el derecho a la manifestación pública ¿es suficiente como concepto para impedir que una persona pueda circular o para que alguien sea atacado en su honra, obligándolo a hacer lo que a otros les parezca y, a contrario sensu, ser sancionado con el impedimento o la violencia, como dice el mismo inciso en estudio?
Para ser muy franco, ese planteamiento me resulta sorprendente pero esclarecedor. Afortunadamente, yo creo que son pocos los que lo sustentan. Creo que va a haber una mayoría importante apoyando este articulado. Comprendamos, más allá de las diferencias políticas, que esto puede pasarle al Gobierno actual, pero también a los que vengan el día de mañana.
¡Cómo no vamos a tener un acuerdo, a lo menos, para decir que hay conductas, expresiones, marchas que son legítimas, y otras acciones que no son legítimas, que es necesario identificar!
Quiero decirlo con claridad: no es legítimo afectar, mediante la violencia, a un ciudadano en la vía pública, además sin autorización (es difícil que la dé). No cabe permitir que se coloque un obstáculo en la calle para impedir la libre circulación, sin permiso de la autoridad, ni nada.
Señor Presidente, entonces, ¿cuál es la sociedad que estamos creando? ¿Una en la que cada uno hace lo que quiere?
¿Qué le estamos pidiendo a ese ciudadano que es violentado en el ejercicio de sus derechos y que no violenta a los otros? Me refiero a esa persona que simplemente desea ejercer su derecho. ¿Cómo tendrá que hacerlo si le estamos diciendo que no es delito que alguien interrumpa la circulación de la persona? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Que reaccione por la vía de los hechos? ¿Que reprima tales actos personalmente? ¿Que ande armado para esos efectos?
Esa no es una sociedad normal.
Por eso, señor Presidente, creo que -y lo digo con un espíritu reflexivo- no estar de acuerdo en esto es ir validando la conducta contraria, y me parece que eso es muy negativo desde una perspectiva penal, moral y social.
Voto a favor de la enmienda.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Pedro Araya.

El señor ARAYA.- Señor Presidente, creo que este debate es bastante interesante, en el cual obviamente no existe el blanco y negro. Pero uno se puede restar del contexto en el que se está dando.
Primero, hay que precisar que este proyecto parte de la Cámara de Diputados, cuya redacción original era bastante mala, pues confundía tipos penales y mezclaba sanciones que no tenían nada que ver entre sí. Incluso, los propios Diputados que en su oportunidad votaron a favor en forma casi unánime terminaron reconociendo que se habían equivocado.
Ese texto fue corregido en parte en el Senado durante la discusión en general y también en la propuesta que analizamos hoy día.
Ahora bien, uno tampoco puede abstraerse de que probablemente la respuesta más fácil frente a la comisión de ciertos hechos es modificar los tipos penales.
Al respecto, me hago cargo de lo que han dicho algunos Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra.
¿Por qué se le exige al Gobierno, especialmente al Ministerio del Interior, reponer el orden público? Porque es el que tiene las atribuciones para ello. No le compete al Congreso dictar instrucciones a las policías o reunirse con ellas a fin de planificar cómo se enfrentan determinadas situaciones de violencia.
Yo lo he dicho hasta el cansancio, por lo menos respecto de la región que represento: una cosa es la legítima protesta -ha habido varias en Antofagasta, con marchas multitudinarias, que han terminado pacíficamente- y otra distinta es lo que ocurre a ciertas horas de la noche, donde uno ve delincuencia pura y dura. Ahí uno les reclama a las autoridades, tanto policiales como políticas, que no ha habido suficiente planificación para abordar estos fenómenos.
En eso claramente el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad en la materia.
Dicho eso, creo que la figura penal que se propone es bastante compleja por la redacción que le dio la Comisión.
Igual valoro el esfuerzo que hicieron los Senadores y las Senadoras que participaron en dicha instancia, así como el de los distintos profesores invitados, quienes aportaron con sus conocimientos.
Pero si uno se detiene a mirar las modificaciones con calma, se da cuenta de que todos los tipos penales propuestos ya se encuentran en el actual Código Penal y en nuestra legislación.
Prueba de ello es que, cuando uno termina de leer el nuevo artículo 268 septies que se propone, advierte que trae una regla particular para resolver lo que se denomina el "concurso ideal de delitos". ¿Qué es esto? Cuando una misma figura puede ser sancionada por dos tipos penales. Nuestro Código Penal, en el artículo 75, da una clara fórmula respecto de cómo se resuelve dicho concurso. Pero en el artículo 268 septies se introduce una regla que, a mi juicio, es un poco extraña y confusa en cuanto a cómo debieran aplicarse las penas.
La sola introducción de ese inciso, a mi juicio, da cuenta de que lo que quiere regular ya está en otros tipos penales; si no, no habría necesidad alguna de señalar expresamente una norma de resolución del concurso ideal.
Al leer con calma y detención el tipo penal que se está pretendiendo consagrar, se observa que es bastante complejo. Yo dudo de que vaya a ser aplicado en algún minuto por algún tribunal. Por ejemplo, se plantea sancionar al que interrumpa completamente la libre circulación de las personas. ¿Qué vamos a entender por "interrumpir completamente la libre circulación de las personas"? ¿Es tomarse una calle, la mitad de una calle, una ciudad completa, un barrio?
He ahí, a mi juicio, un primer problema de contexto respecto de cómo debiera aplicarse el tipo penal.
Claramente se ha dicho: "Mire, aquí no queremos criminalizar o sancionar a las personas que quieren protestar". Pero eso termina sucediendo con el concepto de "intimidación". Según lo que se lee en la RAE y en la jurisprudencia, se entiende que el efecto de intimidar es el miedo que le provoca a una persona una situación que genera un tercero. Y, obviamente, una marcha de por sí puede causar intimidación en una persona que se ve enfrentada a ella, por muy pacífica que sea la manifestación.
Entonces, se requiere precisar los conceptos. Por ejemplo, ¿qué se va a entender por "interrumpir completamente la libre circulación" o por "intimidación"? A mi juicio, tales figuras conllevan problemas para la aplicación del tipo penal propuesto.
En mi opinión, las figuras que se recogen en la iniciativa ya están sancionadas en el Código Penal. Y en esto me remito un poco a lo que dijo el Senador Bianchi en su minuto, quien detalló bastante bien qué otros tipos penales están regulados en esta materia.
En consecuencia, señor Presidente, voy a votar en contra de esta enmienda. Creo que no es la respuesta correcta para recuperar el orden público; más aún, cuando se está introduciendo un tipo penal que, en mi opinión -puedo estar equivocado en esto-, genera enormes complejidades respecto de los actos típicos que se describen o los requisitos copulativos que deben concurrir para poder sancionar la conducta en cuestión.
Asimismo, se incluye en el artículo 268 septies una norma que no tiene que ver con interrumpir la libre circulación, que es lanzar objetos a los vehículos. ¡Esa figura no tiene nada que ver! Una persona que arroja una piedra a un vehículo desde una pasarela va a ser sancionada por este tipo penal.
Termino, señor Presidente, refiriéndome a otra cosa.
A mi juicio, hay una suerte de confusión respecto a cuál es el bien jurídico tutelado al legislar contra este delito. En el proyecto, curiosamente, se incluyen modificaciones al Título Sexto del Código Penal, que tiene que ver con normas que regulan y controlan el orden público. Dicho título básicamente discurre respecto de la protección que se les da a ciertas autoridades para el buen funcionamiento de la administración (por ejemplo, Congreso, Gobierno, Ministerio Público).
Si uno mira con detención las enmiendas, a mi juicio, no tienen que ver tanto con orden público, sino -así han discurrido varios de los discursos de los colegas que me han precedido en el uso de la palabra- más bien con el atentado a las libertades personales, a la libre circulación, que es otro bien jurídico, el cual está tratado en otros títulos del Código Penal.
Entonces, aquí se produce una suerte de confusión respecto de qué queremos efectivamente sancionar y castigar.
De hecho, la modificación se agrega como artículo 268 septies, que va a continuación de las normas que sancionan a quienes atenten contra los fiscales del Ministerio Público o los defensores. No veo la relación entre tales disposiciones y la enmienda que estamos analizando.
Voto en contra, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley busca dotar a los organismos encargados de la seguridad pública y a los tribunales de justicia de una herramienta eficaz para investigar y perseguir delitos que tienen relación directa con la alteración violenta del orden público y que limitan la libre circulación de las personas y vehículos, acciones que se han hecho comunes por estos días, como las barricadas, "El que baila, pasa" u otras limitaciones a la circulación y los denominados "saqueos".
Se busca tipificar la conducta de los delitos anteriormente mencionados, porque estos se han hecho frecuentes en todas las ciudades de Chile, destruyendo todo a su paso y perjudicando a emprendedores, a comerciantes, a pequeños empresarios -muchos no han podido volver a trabajar con normalidad- y, en especial, a los ciudadanos, por parte de grupos que todos los días interrumpen completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública.
Los chilenos nos exigen acoger las demandas ciudadanas, pero también, con la misma fuerza, la necesidad de devolver la tranquilidad pública al país y dotar a nuestras instituciones de instrumentos eficaces para ello.
Constituye un hecho positivo que el tribunal a cargo de estos procesos tenga efectivos instrumentos al momento de determinar la pena a aplicar a quienes, en la vía pública, lancen a personas o vehículos utensilios u objetos punzocortantes o cualquier elemento capaz de causar la muerte o producir lesiones corporales. ¡Causar la muerte o producir lesiones corporales!
La legislación nacional hasta ahora tampoco consideraba el delito de saqueo. Solo aplica la figura del robo en lugar no habitado, que tiene una connotación totalmente distinta. Considerando el contexto del momento actual que vivimos, el proyecto de ley recoge el saqueo en una figura agravada como delito de robo con violencia, tanto por la connotación de desorden público como, fundamentalmente, por los efectos de desabastecimiento de alimentos o medicamentos que pueda generar en la población.
Ese es el punto más grave, que obviamente altera la vida normal de los ciudadanos.
Todos esos elementos llevan a concluir que estas normas son absolutamente indispensables para que se puedan ejercer las acciones legales pertinentes que restituyan la tranquilidad del país.
Luego nos preocuparemos efectivamente de acoger las demandas sociales de las que tanto hablamos, aunque muchas veces cada uno defiende un punto de interés distinto, que hace imposible lograr los acuerdos que hoy día nos exige la población.
Manifiesto mi aprobación al proyecto de ley.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Latorre.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, considero que este proyecto es innecesario, porque ya existe la figura de desórdenes públicos, que castiga con pena de 61 a 540 días a quien altera el orden, no deja pasar una ambulancia o interrumpe el trabajo de bomberos, por ejemplo.
Esta iniciativa expone a sanción a todo aquel que interrumpa circulación de vehículos o personas. Ejemplos: "El que baila, pasa" o, incluso, una performance de "Lastesis" en alguna vía transitada, como ha ocurrido el último tiempo y, probablemente, continúe más fuerte a partir del 8 de marzo. Quienes participen en tales situaciones pueden llegar a recibir un castigo de hasta 540 días de cárcel.
Aunque el proyecto indica que debe haber violencia o intimidación para que esos ejemplos sean considerados delitos, ya hay jurisprudencia de tribunales en la que se ha estimado que existe intimidación cuando se actúa en grupo. Así de genérico, así de amplio.
Estoy en total desacuerdo en añadir una nueva figura de desórdenes públicos. Creo que deberíamos estar mejorando la redacción del actual delito y agravante, en vez de estar creando un nuevo tipo, que, por lo demás, tienen peor técnica legislativa, lo que redunda en una peor efectividad para combatir ese tipo de situaciones.
La figura patrocinada por el Gobierno considera como saqueo -paso al otro tipo penal- las distintas clases de hurto y de robo que se dan en momento de calamidad o tragedia (un terremoto, por ejemplo) y que se cometen en grupo o amparado en él.
Esos delitos ya están establecidos en la ley, como han dicho varios Senadores y Senadoras en la Sala. La posibilidad de que se castiguen tales delitos o comportamientos de manera más dura ya existe. Un ejemplo lo hallamos a propósito del terremoto de Concepción: las personas que cometieron robo en lugar no habitado tuvieron un aumento en la condena por actuar en ese contexto.
Por esto sostengo que esta iniciativa es innecesaria.
Además de ello, considero que es ineficaz, porque propone reglas excepcionales que solo relativizan normas propias de un derecho penal liberal, característico de un Estado democrático de derecho.
Para graficar lo anterior, tomemos el caso de los sujetos que, luego de efectuar el robo a un supermercado, tiran cosas por la calle y que alguien se las encuentra. La persona que recoge ese objeto y se lo lleva a su casa se expone, con la legislación actual, a ser castigado por hurto por hallazgo con 540 días de prisión. En cambio, esa misma persona, con la nueva ley antisaqueos, podría obtener una sanción máxima de tres años de privación de libertad.
Quisiera señalar que rechazo y condeno los robos y delitos que se han cometido aprovechando el contexto de la protesta social. Lo he dicho desde el primer día. Una cosa es la manifestación social, donde la gran mayoría de la gente está por un cambio por la vía pacífica, y otra distinta son los grupos minoritarios que se aprovechan de esa manifestación pública para cometer delitos.
Yo presenté un conjunto de indicaciones en dos oportunidades durante la tramitación de esta materia para eliminar la parte del proyecto que criminaliza la protesta social. Propuse que fuera una facultad del juez aumentar en un grado la pena del robo en lugar no habitado en caso de que este se cometiera en momento de conmoción pública.
Creo que esta iniciativa es ineficiente. ¿Por qué lo digo? Porque desde la llegada de la democracia, desde los noventa hasta la fecha, se han aprobado veinte reformas al capítulo de delitos contra la propiedad, lo que solo ha servido para castigar y tener más personas privadas de libertad, en vez de prevenir o reducir la comisión de esta clase de delitos o la inseguridad de la población.
¿No nos deberíamos preocupar más de prevenir que de castigar?
Basta que nos fijemos en el contingente policial que se ha utilizado para prevenir los delitos en el Costanera Center o en el Portal La Dehesa, a raíz de una alarma de protesta social que puede derivar en saqueos o robos, versus la cantidad de policías ubicados en la calle Condell o en el sector de Aníbal Pinto de Valparaíso para proteger al pequeño comercio.
Las injusticias y desigualdades de Chile también existen en materia de seguridad. La dotación de policías es desigual a nivel país. Hemos visto cómo las policías muchas veces han tendido a resguardar más el gran comercio y no el pequeño o mediano.
Yo solidarizo con los locatarios, comerciantes y emprendedores que se han visto dañados. El Gobierno debería apoyarlos con mucha más fuerza en términos económicos.
Por su parte, el Ministerio del Interior y los gobernadores, en conjunto con las policías, deberían diseñar un plan de seguridad integral, escuchando a los vecinos, locatarios, trabajadores y municipios para prevenir y sancionar delitos adecuadamente, usando proporcionalmente la fuerza, con un estricto apego a los derechos humanos, con inteligencia y de manera focalizada en quienes se organizan para cometer delitos y no en la ciudadanía que se manifiesta contra un Chile injusto y desigual.
Sinceramente, creo que esta no es la forma de resolver los problemas complejos de seguridad pública ni pienso que este sea un buen proyecto de ley. Más bien, va en la línea del populismo penal. Y lo único que genera es lo que dijo la hermana Nelly León al papa Francisco en su visita a la cárcel de mujeres hace un par de años: "En Chile se encarcela solo la pobreza". Los delincuentes de cuello y corbata se las arreglan para no pisar la cárcel.
Eso es injusto, señor Presidente.
Voto en contra.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.

La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, escuchando con atención el debate que se ha dado en la Sala, en verdad llaman muchísimo la atención los distintos planteamientos. Pareciera que hay dos países distintos.
Acá no es el Gobierno el que se está quejando, como se dijo en un comienzo, sino la ciudadanía, porque es ella la que quiere vivir en paz.
En todos los sondeos y encuestas de opinión la gente ha señalado que desea vivir en paz.
¿Las personas quieren tener mejor pensión? ¡Evidente! ¿Quieren acceder a una mejor salud? ¡Evidente! ¿Quieren que haya mayor calidad en la educación? ¡Evidente! Pero también desean paz; desean desplazarse por nuestro país de manera libre, sin que las intimiden; desean caminar sin que las amenacen; desean trabajar sin miedo a que las saqueen y les roben el esfuerzo de toda su vida.
Entonces, en verdad, llama la atención parte de la argumentación que hemos escuchado durante esta tarde. Y ello, porque, al final del día, la legislación de un país, aquello que sanciona, que promueve tiene que ver con sus intereses.
Al respecto, yo recuerdo lo ocurrido hace años, cuando un par de chicos chilenos rayaron con grafitis un monumento nacional de Perú. ¿Cuál fue el resultado de dicha acción? Cárcel. Y hubo que realizar una serie de gestiones diplomáticas para lograr que ellos volvieran a Chile. ¿Por qué? Porque dicha nación protege su patrimonio cultural.
Qué habría pasado si acá hubiésemos tenido una normativa como esa, después de ver que algunos no solo han rayado, sino que además han quemado y destruido completamente parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país. Pero eso no es algo que hoy se encuentre expresamente establecido en la ley.
En segundo lugar, deseo plantear con claridad que acá el derecho a manifestarse, a reunirse, a juntarse -si quieren ponerlo de alguna manera- existe y se halla resguardado. Pero los derechos de los demás terminan donde parten los de los otros. Aquí también la gente tiene derecho a desplazarse, a poder trabajar, a contar con la seguridad de que aquello que ha ganado con esfuerzo, honestidad y trabajo no le será arrebatado por un grupo de vándalos que se tapan la cara y usan la violencia para avanzar.
Llama la atención, pues acá no se está hablando de cuando hay una manifestación autorizada, sino de cuando se obstruye el tránsito deliberadamente para los efectos de expresar una disconformidad que puede ser completamente legítima, pero sin ningún tipo de autorización. Ello, para que no siempre les toque a los mismos no poder trabajar y tener que cerrar las cortinas de sus negocios producto de que las manifestaciones se realicen permanentemente en el mismo lugar.
Ahora bien, esto de defender megaderechos que pasan por sobre los derechos de los otros, es la actitud propia -como lo señaló el Senador Coloma- de un fascismo de Izquierda que a mi juicio hay que combatir. Acá no puede ser que los derechos de unos valgan mucho más que los de otros.
Señor presidente, el orden público es completamente indispensable. No existe democracia posible sin orden público, donde solo valen los derechos de unos pocos que tienen la fuerza y la capacidad de gritar y levantar la voz.
¿Por qué por pensar distinto, por no sumarse a las manifestaciones van a agredir, a insultar a alguien; le van a tratar de imponer una idea por la violencia?
Por último, no quiero dejar pasar lo que de alguna manera ya se ha dicho.
Primero, este proyecto de ley no pretende subsidiar a ningún sector: está planteado justamente para ayudar a la gran mayoría de los chilenos que quiere paz. La mayoría de los ciudadanos quiere orden público, que no haya más barricadas, porque no hay ninguna razón para que, mediante la violencia, le impidan a una persona transitar libremente por las calles. ¡Para eso existe el Estado de derecho! La gente podrá manifestarse, pero sin hacer daño ni obligar al resto a pensar igual.
En cuanto al plebiscito, quiero rescatar lo que dijo la Senadora Von Baer. Hemos escuchado en algunas partes que acá no todos reconocerían los resultados de la misma manera. Creo que ello es inaceptable; es decir, aquí no importa cómo la ciudadanía se pronuncie, sino que todos tenemos que ser capaces de aceptarlo.
Pero también es cierto -y quiero dejarlo planteado- que los niveles de violencia que se están registrando ponen en riesgo la legitimidad de un plebiscito o de un proceso constituyente. Acá no es posible que haya niveles de violencia que coloquen en peligro aquello. Si somos conscientes de que el proceso constituyente, cuyo acuerdo firmamos todos, es lo que debemos llevar adelante, entonces también todos tenemos que cumplir la segunda parte de ese acuerdo, que es por una nueva Constitución y por la paz social.
En verdad, creo que esa segunda parte no se ha cumplido, porque si bien ha habido declaraciones de buenas intenciones, en la práctica estas no se traducen en hechos ni en una voluntad política real de sacar adelante esta materia.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la primera votación que realizamos en esta Sala fue para cambiar la denominación de esta iniciativa, pues en algo coincidimos: ¡el que tenía era un pésimo nombre!
Pero no solo se trata del nombre: ¡este es un mal proyecto de ley!
Todos hemos dicho que condenamos los saqueos, la violencia, y esta era una oportunidad extraordinaria para centrarnos en aquello: en los saqueos. Pero el saqueo es la última palabra de esta iniciativa, que se halla arrinconada al final de su texto: allí se señala que la consecuencia de tales hechos se entenderá como "saqueo".
Es decir, la posibilidad cierta de tener en el Código Penal una figura respecto del saqueo se ha dilapidado. La Comisión que analizó esta materia no fue capaz de tipificar el delito de saqueo. Y dispuso al final, casi cayéndose del proyecto, en la última parte: "se denominará saqueo".
Este mamarracho de iniciativa, que el Gobierno reniega, es un niño sin paternidad, pues nadie en la Sala reconoce su autoría. El Ministro Blumel dice que no es un proyecto del Gobierno, pero viene a defenderlo. Y expresa que se trata de una buena iniciativa.
Pero, claramente, los problemas de Chile hoy no son sino relativos a una agenda social a la que el Gobierno se niega. El asunto no es penal, policial, militar, sino social, de política pública.
El Ejecutivo parece no entender nada. El 18 de octubre partió este proceso. Y el día anterior, el 17, el Presidente Piñera decía: "Este es un oasis de paz y tranquilidad; un ejemplo en América Latina".
¡No entendía nada el 17 de octubre! ¡No entendió nada el 18 de octubre! Y hoy día, 13 de enero del 2020, ¡Piñera sigue sin entender nada! ¡No sabe lo que pasa en Chile! Y cree que con este proyecto represivo va a poder reponer la APEC, la COP25, todo aquello que tenía en las manos y que se le diluyó.
Señor Presidente, este proyecto es inútil. Se dice que permitirá establecer que no haya detención arbitraria y sin autorización del tránsito de los vehículos y las personas.
El 12 de agosto del 2002, en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar, Marinakis paralizó Santiago. ¡Y Lagos lo metió a la cárcel! ¡Todos los dirigentes microbuseros fueron a la cárcel el 2002, hace dieciocho años! Eso estaba prohibido, y existían las herramientas para posibilitar que a quien interrumpiera el tránsito con vehículos o con cualquier cosa lo metieran a la cárcel.
Hace dieciocho años Ricardo Lagos Escobar tuvo los pantalones para realizar aquello. Hubo algunos aspectos que yo critiqué en esa oportunidad, pero lo hizo. No obstante, hoy día se nos dice que necesitamos más herramientas.
Lagos era un Presidente con pantalones: metió a la cárcel a quienes interrumpieron el tránsito. Pero aquí ¿qué ocurre con el Ejecutivo? Negocia: los amenazan los camioneros y corren a negociar el IVA al combustible.
Eso es lo que hace el Gobierno del Presidente Piñera: ¡no tiene ni la voluntad ni los pantalones para enfrentarse a ello!
Por lo tanto, aquí la proporcionalidad de las penas es impresionante. Acá la propiedad privada parece serlo todo para un grupo que yo no llamaría "fascistas de Izquierda", pero que efectivamente defiende la propiedad privada más que la vida. ¡Qué más identidad del fascismo que aquellos que creen que la propiedad privada vale más que la vida; que el agua es de ellos y no de todos los chilenos!
Así lo dije en esta Sala: que los Senadores que tenían derechos de agua debían inhabilitarse; y ahora lo vuelvo a reiterar, porque el agua es parte de la propiedad de todos los chilenos.
A quienes quieran combatir la corrupción los invito a aprobar un proyecto de ley de mi autoría cuyo objeto es hacer que el delito de cohecho sea imprescriptible: o sea, ¡que lo persigamos siempre!
Ahora, señor Presidente, ¿quién quiere acabar con la violencia? Algunos dicen que eso no es tan evidente.
Terminemos con las AFP, con las listas de espera en la salud.
Terminen con el agua en manos de unos pocos privados; con las clases de ética para quienes cometen delitos como en los casos de Penta y Soquimich; con la represión en las calles, que ha costado que más de 370 jóvenes perdieran la vista.
¡Terminen con esa violencia!
La violencia también se halla relacionada con morirse, pues el ser pobre, el que no tiene plata en Chile se muere. En nuestro país quien trabaja cincuenta años recibe una pensión miserable que no le alcanza para llegar a fin de mes.
Violencia es pagar el IVA por el pan y tener un sistema tributario que no les impone impuestos a las transacciones financieras.
Por eso, señor Presidente, los entonces coroneles Coloma y Moreira han dicho que van a aprobar este proyecto.
Pero yo quiero decirles que violencia es violar a mujeres con perros amaestrados; violencia es arrojar a gente en el mar; violencia es encarcelar, torturar, asesinar; violencia es cómo instalaron la Constitución del 80.
¡Esa es violencia!
Y nosotros rechazamos la violencia contra las personas, y queremos que ustedes lo reconozcan.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, a ratos resulta sorprendente escuchar las intervenciones de algunos Senadores de la Oposición, porque llevan esta discusión hacia lados realmente inconcebibles.
¡Qué duda cabe de que la ley en proyecto, en parte, es respuesta a lo que ha ocurrido en Chile en los últimos tres meses! No hay ninguna duda de ello.
De lo que se trata -porque las leyes van evolucionando- es de que ciertas tipologías, determinadas conductas, que resultan contrarias a lo que parece ser la lógica manera de manifestarse, puedan ser modificadas.
En Chile muchas veces en su historia alguien interrumpió el tránsito: ¡es verdad!; en Chile muchas veces alguien tiró piedras: ¡es verdad! Pero nunca se había llegado, probablemente, a los niveles que hemos observado en los últimos noventa días.
Las barricadas empezaron a ser casi normales. En la televisión se empezó a producir una cuestión media ya psicótica, en que se llegó a decir que si a la barricada no le habían prendido fuego, la manifestación era pacífica; pero si ocurría lo contrario se trataba de una protesta violenta.
El apedrear a carabineros y a las propiedades empezó a ser algo casi normalizado; el paralizar el tránsito de la ciudad durante una manifestación también comenzó a verse como algo prácticamente normal para la gente que no entiende cómo se tiene que convivir en sociedad.
Por lo tanto, el que se presentara esta iniciativa de ley, iniciada en moción; el que después fuera patrocinada por el Ejecutivo; el que posteriormente se haya aceptado en la Comisión de Constitución modificar los tipos penales para los efectos de que no hubiese ningún problema legal y que, además, se entendiera que ello no significaba constreñir en ninguna forma las manifestaciones ciudadanas pacíficas, que constituyen un derecho que todos pueden ejercer, hizo que el debate se llevara a tal punto que aquí nos dividimos entre quienes consideramos que la manifestación ciudadana debe tener límites y aquellos que estiman ella puede pasar por encima de cualquier cosa.
A mí me sorprendió mucho escuchar hace algunos minutos a una Senadora decir que "El que baila, pasa" era parte de las manifestaciones normales que podía aceptar la ciudadanía.
Aquello, como lo expresó el Senador Coloma, es entrar a actitudes completamente fascistas que debiéramos extirpar de nuestra convivencia cívica.
La tipología de cada uno de los delitos que aquí se establece (el caso de las barricadas; la interrupción del tránsito, con el requisito de que para cometerlos se utilicen violencia e intimidación; la sustracción de objetos de algún establecimiento, que se denomina "saqueo") forma parte absolutamente ineludible de lo que había que mejorar en nuestra legislación penal para los efectos de que la policía aborde correctamente la pacificación de nuestras ciudades.
No puedo terminar estas palabras sin mencionar también que resulta completamente extraño que algunos parlamentarios digan que el Gobierno solo se preocupa de una agenda que llaman "represiva" y no se ocupe de la verdadera agenda que les importa a los chilenos: la social.
¡Eso es aún más sorprendente de lo que se decía anteriormente!
En estos días llegamos a un acuerdo y votamos una iniciativa que mejora el sistema de pensiones solidarias; en estos días se presentó -e inexplicablemente parte de la Oposición ha retrasado su tratamiento- el proyecto que establece ingreso mínimo garantizado.
Asimismo, se envió y despachamos el proyecto de ley que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Cenabast a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, lo que va a incidir notablemente en la reducción del precio de los medicamentos. También hemos presentado y aprobado iniciativas que tienen que ver con la situación que viven las pymes en estos momentos, que les permite postergar parte del pago del IVA y recuperar anticipadamente el PPM.
Esperamos -ojalá esta semana- llegar a un acuerdo en materia de pensiones, en la parte relacionada con las AFP.
Por lo tanto, señor Presidente, acá no se ha descuidado nada. Hemos intentado dar una respuesta al control de la delincuencia y de la violencia en nuestras ciudades, y además el Ejecutivo ha presentado una agenda sólida vinculada con las mejoras sociales, que son las más demandadas por nuestro país.
Si todos entendemos aquello; si todos ponemos nuestra mejor voluntad, seguro que esta crisis terminará en la conformación de un Chile mejor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, aquí ha habido un esfuerzo permanente tanto en el debate en general como ahora, en la discusión particular, en cuanto a hacer creer que esta puede ser una normativa que enfrente manifestaciones, expresiones públicas de la ciudadanía.
¡Nada más ajeno a eso!
Quien se manifiesta o se reúne pacíficamente no tiene absolutamente ninguna vinculación, ni la más remota, con las normas que se establecen en este proyecto de ley.
Las disposiciones de esta iniciativa se relacionan con los que usan la violencia, con los que intimidan, con los que saquean, con los que cruzan camiones en las carreteras o en las calles, con los que golpean a los demás.
¿Eso hace un manifestante? ¡Por supuesto que no!
El manifestante se expresa públicamente (a través de gritos, cánticos, etcétera), pero no usa la violencia, no intimida, no golpea, no agrede, no impide el ejercicio de los derechos de terceros.
Por lo tanto, el primer elemento que debemos tener presente es que aquí hay una línea divisoria extraordinariamente clara entre quien es un manifestante en una protesta y aquel que usa la violencia y la agresión como método de expresión.
No hay duda de que toda sociedad democrática tiene que sancionar drásticamente a quien usa la violencia, porque eso lo aleja de los principios democráticos, de la cotidianeidad o del estilo de vida democrático. Porque el que una persona o un grupo quiera imponer sus ideas por la violencia es la antítesis de la democracia. Y nosotros debemos defenderla.
Por eso el acuerdo del 15 de noviembre era por una nueva Constitución y por la paz social. Porque todos los sectores se dieron cuenta de que la espiral, el estallido de violencia que se estaba produciendo en nuestro país ponía en riesgo la democracia, el Estado de derecho, el sistema democrático de gobierno.
Las manifestaciones, por muy masivas que sean, no ponen en peligro el Estado de derecho ni la democracia. Podrán colocar en jaque a un gobierno o a una autoridad, pero no a la democracia ni al Estado de derecho.
¡La violencia, la destrucción, el vandalismo ponen en riesgo la democracia!
A mi juicio, aquí todos debemos tener la voluntad clara, evidente para respaldar la democracia e impedir que quienes actúan en su contra puedan salir impunes.
Eso es lo que nos lleva a este proyecto de ley, para poder establecer sanciones claras. No es -como dijo un Senador- una defensa solo de la propiedad y de las cosas: ¡también es una defensa de la vida!
El que intimida y violenta a una persona o a un grupo de personas está poniendo en riesgo su integridad física y psicológica.
¡Estamos defendiendo a quienes quieren ir a su lugar de trabajo sin que nadie los agreda, sin que nadie les impida hacerlo!
¡Queremos proteger a quienes van en una ambulancia y necesitan llegar a un centro asistencial para ser atendidos!
¡Eso es defender a las personas y a su dignidad!
¡Queremos defender a las personas para que no les lleguen piedras, ni elementos contundentes lanzados por los vándalos!
¡Estamos protegiendo a las personas!
Ahora bien, también se ha usado acá mucha argumentación para tratar de justificar el rechazo a esta iniciativa: por ejemplo, decir que quien recoja en una calle algo de un supermercado que fue saqueado puede llegar a tener una pena de tres años de cárcel.
¡Por favor, seamos serios! ¡Hay que leer la norma con estrictez para darse cuenta de que eso es imposible; que ello está fuera de toda lógica, no solo de la letra, sino también del espíritu de la disposición que se propuso!
Y, por lo tanto, quien saquea un lugar -y la disposición lo dice con especial énfasis- es el que, utilizando la violencia, la intimidación, los grupos, destruye y saca todo lo que en determinado momento hay en él. Quien pasa por la calle y ve una caja de alimentos botada y la recoge no tiene ninguna penalidad producto de esta normativa.
Presidente, creo que aquí hay un esfuerzo muy denodado para tratar de justificar el rechazo. Pero quiero decirle que eso no queda claro, no queda nítido. Lo que sí queda nítido y claro es qué hay detrás de esa intención: una justificación a hechos violentos. Hay un respaldo a una actitud de intolerancia, hay un respaldo a una actitud de amedrentar.
La gran mayoría de los chilenos -¡la gran mayoría de los chilenos!- no quiere ser ni violentada, ni amedrentada, ni asustada y está reclamando de sus instituciones respuestas claras y firmes para que quien ocupe la violencia, quien intimide, quien agrede, quien saquee sea sancionado. Y esa es una tarea que nos corresponde a nosotros aquí, en el Senado. Tenemos que tipificar esas acciones con claridad para que el Ministerio Público y los tribunales puedan actuar en consecuencia.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, por último, la palabra el Senador Álvaro Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, nada justifica la violencia, venga de donde venga; nada justifica la violación a los derechos humanos. Tenemos que construir una forma de convivencia que se sustente en el respeto al otro, en el respeto a la diversidad. En eso consiste, precisamente, la democracia.
Y, en ese contexto, por cierto, se pueden revisar las leyes y se pueden perfeccionar. Pero, lamentablemente, genera confusión, y a veces también indignación, el nivel de improvisación con el cual el Gobierno ha actuado en esta materia.
Recordemos: un día miércoles en la tarde llegó aprobado, entre gallos y medianoche, por la Cámara de Diputados un proyecto de ley llamado "antisaqueos", y el Gobierno le puso "discusión inmediata" y pretendía que se votara esa misma tarde, ¡esa misma tarde! Se apuntaba con el dedo a todos quienes dijimos algo básico: "Demos un debate técnico y riguroso para revisar el contenido del proyecto". Y la Comisión de Constitución, a mi entender sabiamente, estableció que se iba a votar por separado, en general primero, y después en particular. Y luego tuvo que rehacer completamente el articulado.
La pregunta que tenemos que hacernos es qué es lo que ha cambiado, por qué en la actualidad estamos viviendo una coyuntura tan compleja y el Gobierno, con los mismos instrumentos que han tenido otros gobiernos democráticos, no ha podido, efectivamente, restablecer el control pleno del orden público.
¿Son los instrumentos o es la gestión gubernamental o es el tema de fondo?
Y el tema de fondo es que en Chile el 18 de octubre hubo un estallido social ante un malestar acumulado por mucho tiempo y que el Gobierno no ha estado a la altura para los efectos de dar respuesta a ese estallido social y poder, efectivamente, dar una señal para restablecer el orden público, con los mismos instrumentos de que han dispuesto otros gobiernos.
Por cierto, se pueden discutir los instrumentos, pero aquí hay ciertos principios conceptuales básicos que es necesario preservar.
En el caso del saqueo propiamente tal, obviamente se requiere una norma que evite aquello de lo que hemos sido testigos durante todos estos meses y que, sin duda, genera un enorme daño.
Pero criminalizar la protesta social y transformar en delito las formas en las cuales se manifiestan la sociedad, los gremios, sin duda que no es la señal correcta.
Y voy a dar un ejemplo. Aquí el Gobierno plantea que es necesaria una legislación de emergencia, urgente. Sin embargo, cuando los camioneros cortan la ruta, ¿qué es lo que hace el Ministerio del Interior? Los escolta. Literalmente, los escolta.

El señor OSSANDÓN.- ¡No es así!

El señor ELIZALDE.- Hay un trato diferenciado respecto de otros tipos de manifestaciones que se realizan a lo largo del país.
Y lamento que el tema de la violencia, del cual todos estamos preocupados, se haya transformado en la excusa de algunos sectores para hoy día oponerse a la Nueva Constitución.
Al respecto, una reflexión muy simple y dos comparaciones.
Primero, ¿hay hoy en Chile más violencia que la que había el 15 de noviembre cuando se suscribió el acuerdo por la paz social y la Nueva Constitución? La respuesta es categórica: ¡No! No hay más violencia. Sin embargo, había disposición plena a firmar ese acuerdo el 15 de noviembre y hoy día se cuestiona el proceso constituyente. Y hay un Ministro, el Secretario General de la Presidencia, que incluso ha cuestionado el proceso en su conjunto, en declaraciones que son especialmente graves.
Es una mala excusa; yo esperaba una mejor. Cuando se dijo "va a haber un punto de prensa de la bancada del principal partido oficialista anunciando su voto en contra", yo esperaba argumentos contundentes, porque sé de las capacidades intelectuales que tienen los Senadores que representan a esa bancada. Y les quiero decir con mucha honestidad, por su intermedio, señor Presidente, y sin ánimo de ofender, que encontré que la excusa era, por decir lo mínimo, débil.
Y la pregunta de fondo: ¿hay hoy más violencia que la que hubo el año 80? Formalmente, había más orden público, pero se impuso la Constitución con detenidos desaparecidos, con torturados, con exiliados. Esas fueron las condiciones que nadie de los sectores conservadores cuestionó, que hasta el día de hoy no cuestionan para plantear siquiera la legitimidad de la Constitución actual.
Sin embargo, lo plantean hoy día como un tema de fondo para llamar a votar rechazo ante un proceso democrático sin precedentes en nuestra historia y que permite que tengamos por fin una Constitución que nos represente a todos.
En ese contexto, creo que la norma antisaqueos tiene sentido, pero las demás disposiciones que criminalizan la protesta social no van a ser una señal que tienda a pacificar los espíritus. Por el contrario, pueden ser una herramienta que, mal utilizada, termine con sanciones contra las manifestaciones legítimas que van a realizar los ciudadanos cuando están molestos ante una determinada decisión de la autoridad o cuando plantean cualquier demanda que debe ser considerada por el sistema político.
Creo que no es la señal para generar un mejor clima en el país ni para superar la crisis que estamos enfrentando.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, muy breve. Yo creo que acá se han dado ya la mayoría de los argumentos, pero me parece importante señalar claramente que en esta modificación al Código Penal no se están penalizando -valga la redundancia- las manifestaciones sociales; se está penalizando la delincuencia. Nadie puede argumentar que cuando, vía la violencia, se impide la libre circulación, o cuando se tiran obstáculos u objetos que pueden causar heridas graves, lesiones o, incluso, la muerte, se está en presencia de una manifestación pacífica. Acá lo que se está tratando de hacer es entregarles al Gobierno, que tiene la obligación de llevar adelante el orden público, y al Poder Judicial, que es el encargado de aplicar la ley, las herramientas necesarias para que nuestro Estado de derecho funcione de la mejor manera.
Decir que a través de estos artículos lo que se hace es penalizar las manifestaciones sociales refleja que, de verdad, o no han leído correctamente esta modificación o, simplemente, están a favor de la violencia.
Creo que aprobar proyectos como este es lo que de verdad demuestra quiénes están en contra de la violencia y quiénes muy fácilmente la rechazan de palabra, pero cuando hay que hacer o dictar normas que van a rechazarla de verdad, no las aprueban.
Voto a favor, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el número 1, que agrega un nuevo artículo 268 septies (24 votos a favor, 14 en contra y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Letelier, Montes, Navarro y Quinteros.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pérez Varela.
¿Es para un punto de reglamento?

El señor PÉREZ VARELA.- No, señor Presidente. Deseo proponer cómo continuar la votación.
Tenemos un número 2, que es formal. Podemos aprobarlo sin discusión, para pasar después al número 3, que incorpora los artículos 449 ter y 449 quáter, y ahí volver al debate.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador, eso lo vamos a plantear en unos instantes más.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, en este momento ha llegado a la Sala el informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias (boletín N° 9.914-11), con urgencia calificada de "suma".
--Queda para tabla.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Pasamos al siguiente numeral, que es adecuatorio, como lo planteaba el Senador Pérez Varela.

La señora PROVOSTE.- ¿Lo aprobamos con la misma votación anterior, Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ello no es posible, porque no están presentes todos los señores Senadores y señoras Senadoras. Votaremos nominalmente.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En esta tercera votación nos corresponde pronunciarnos sobre el número 2 (se encuentra en la página 7 del boletín comparado), que consiste simplemente en incorporar a continuación de la frase "Párrafo anterior" la expresión "y en el artículo precedente".

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En votación el número 2.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Montes, ¿ha pedido la palabra?

El señor MONTES.- Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Le hago una sugerencia: si usted va a realizar una intervención de fondo, yo le recomendaría que la dejara para la norma siguiente, que dice relación con la ley antisaqueos, para que podamos despachar este número sin debate.

El señor MONTES.- Como usted diga, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias.
Senadora Provoste, ¿en la misma línea?

La señora PROVOSTE.- Sí, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el número 2 (17 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Goic y los señores Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Letelier, Montes, Navarro y Quinteros.
Se abstuvo la señora Provoste.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La siguiente votación corresponde al número 3 (se encuentra en la página 8 del boletín comparado), que agrega los artículos 449 ter y 449 quáter.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Secretario, se había solicitado separarlos. Así fue como se votó en la Comisión de Constitución.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Corresponde, entonces, pronunciarse primero sobre el artículo 449 ter.

El señor ARAYA.- Abra la votación, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Eso vamos a hacer.
En votación el artículo 449 ter.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, oigo las intervenciones de distintos Senadores y la verdad es que me preocupan. Parece que se nos olvida lo que estamos viviendo, como que no entendiéramos la profundidad de la crisis.
Y yo estoy convencido de que el Senado tiene que estar a la altura. El Gobierno no está bien; todos lo sabemos, y nos enredamos en un debate parcial y lateral sin asumir el problema que enfrentamos hoy día como sociedad.
Tenemos que asumir la responsabilidad como generación política en esta crisis. ¡No está escrito el desenlace! Y si algunos creen que esto va a bajar y va a cambiar, ¡no está escrito el desenlace! ¡Cuidado!
Yo veo tres aproximaciones de la Derecha (aclarándole a la Senadora que llegó ahora): los que están por una nueva Constitución, por trabajar en ella; los que quieren que gane el rechazo en un proceso constituyente, lo cual es legítimo (la cuestión es que no terminen en voceros de otras cosas); y los sectores de extrema Derecha, que señalan que no están las garantías para darle legitimidad a este proceso. Y dicen: "No puedes hacer una Constitución con una pistola arriba de la mesa. No será una casa de todos, sino de los que tienen pistola".
Estas frases son de la Senadora Jacqueline van Rysselberghe al terminar su discurso en el encuentro de la UDI de estos días.
¡Esto exacerba las rabias! ¡Esto polariza! ¡Esto genera violencia! Y creo que hay un sector de extrema Derecha en este país que está en esa perspectiva.
A mi juicio, hay que recentrar el debate. El debate real es cómo fortalecemos el orden público y qué hace cada uno para fortalecerlo.
El Gobierno inicialmente nos planteó un escenario de guerra, con más represión, con balines, con más chilenos lesionados, mutilados, con presencia de Fuerzas Armadas en las calles, con toque de queda. Hay que fortalecer el orden público, porque ese camino no funciona y se requiere un camino inteligente, eficaz para las condiciones que se viven y que respete los derechos humanos. El responsable de esto es el Gobierno y las policías, eso es indiscutible.
Y yo le digo al Ministro del Interior acá: ¿cuál es el diagnóstico del Gobierno de los problemas del orden público? ¿Cuál es el plan de fortalecimiento del orden público que tiene el Gobierno? ¿Cuál es la organización que se está pensando para ello?
Sería muy importante que nos lo clarificaran.
Vemos dos líneas de acción. Una es legislativa, señala dificultades y busca endosar responsabilidades a otros, y la verdad es que hay un conjunto de proyectos que no dan cuenta del problema ni son respuestas.
Yo les quiero decir una cosa: ¡el modelo europeo de la época de las Brigadas Rojas no sirve! Y aquí estamos repitiendo cuestiones exactas a las que se plantearon en Italia en su momento.
Hoy día, ¿qué se discute en el mundo? Se discute cómo se convive de otra manera en las ciudades y se buscan diseños de convivencia. ¡Nosotros estamos muy atrasados!
Se discute de la policía. ¿Qué dijeron los alemanes que vinieron a hablar con el Ministro del Interior? Le dijeron: "En Alemania hay que pensar la policía en democracia". "¡Aquí no hay enemigos!", afirmaron, ¡no hay enemigos! ¿Y qué nos dicen los franceses, que también han estado acá? ¡Lo mismo!
Necesitamos, por un lado, normalizar la eficiencia de la policía, que está baja, y, por otro lado, hacer una transformación mucho más profunda, de acuerdo a la trayectoria histórica.
¿Y cuál es la otra línea del Gobierno? El fin de semana hablaba el Ministro de un nuevo modelo de control del orden público, así lo señaló. ¿Qué significa? ¡No sabemos! Decía: "Más logística, nuevas tecnologías, drones, cámaras de vigilancia. Otros disuasivos: acústicos, tinta, gas pimienta".
La verdad es que no sabemos cuál es el plan, cuál es la perspectiva del orden público en Santiago y en todas partes.
Creo que el Congreso debiera conocer esto.
Y nosotros tenemos que pedirle dignidad a la política, y lo menos es exigirle al Gobierno que nos diga cuál es su plan, para dialogar respecto a ese plan y no meternos en una discusión de que los buenos están aquí y los malos allá, respecto a distintas alzas o no de penas, aumento o no de penas, agravantes o no agravantes.
Yo creo que el Parlamento debe asumir y aportar a un plan consistente de fortalecer el orden público. No es razonable que nos presenten proyectos débiles, inconexos y que no aportan nada. El Parlamento debe replantear la relación con el Ejecutivo en estas materias. Mientras el Parlamento no se fortalezca, difícilmente vamos a salir mejor.
¡Las cosas no están bien, estimados colegas! Y yo lamento que la extrema Derecha acá no tenga la profundidad para darse cuenta de lo que estamos viviendo.
Y vamos a terminar mal. Aquí lo que se está sembrando es un futuro complejo. A nivel urbano van a generarse fenómenos que no hemos previsto, distintos a los de otras épocas. Tenemos que enfrentar los temas constitucionales. El camino que acordaron los jefes de partidos hay que llevarlo adelante, el camino constitucional, con toda la diversidad de posiciones, y no descalificarlo a priori.
Yo también encuentro que el Ministro Secretario General de la Presidencia se pasó. En verdad, no fue correcto lo que dijo. Él induce a pensar mal las cosas.
Debemos preocuparnos de un camino de orden público; de un proceso de discusión de una nueva Constitución; de reformas sociales en serio, y del respeto a los derechos humanos.
Creo que en eso podemos tener una base de entendimiento.
Y yo lamento el lenguaje de Jacqueline van Rysselberghe, a lo que nos lleva, a hablar de las pistolas. Solamente quiero decirle que para el plebiscito del 80 a nosotros no nos amenazaban con pistolas: ¡a nosotros nos detenían, nos torturaban! ¡No podíamos opinar siquiera: el que opinaba tenía un alto riesgo de vida!
En verdad, pienso que ella está mal. Ella está desubicada. Y lo único que hace es exacerbar conductas inadecuadas.
Tenemos que discutir a fondo, con el Gobierno y entre nosotros, cómo fortalecer el sistema de orden público, junto con realizar las transformaciones de fondo y generar una nueva Constitución para una nueva convivencia en este país.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 449 ter, contenido en el número 3 del artículo único del proyecto (20 votos a favor, 9 en contra y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Provoste y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Allende y los señores Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Montes, Navarro y Quinteros.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Pasamos al siguiente artículo.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Corresponde someter a votación el artículo 449 quáter.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Pérez Varela, tiene la palabra.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, es extraordinariamente complejo cuando alguien señala que lo que dice otro le genera un rechazo tan visceral como lo que ha planteado el Senador Montes.
Lo que ha hecho la Senadora Van Rysselberghe es reclamar que debemos tener paz, tranquilidad, orden público, para que en el proceso constituyente realmente puedan participar todos, y que los violentos sean los que verdaderamente no tengan una participación en el sistema.
Descalificar cualquier posición porque va en ese sentido me parece de una profunda intolerancia.
Al Senador Montes puede que no le guste la declaración, pero descalificarla de la manera en que lo hace demuestra que estamos frente a una actitud de intolerancia, de no aceptar que alguien piense distinto. Cuando alguien ve que se impide a alumnos rendir la Prueba de Selección Universitaria, que se atacan comisarías y carreteras, que hay violencia, y ante ello plantea que si esa violencia persiste se va a generar un problema, creo que está dando un juicio político de valor correcto. Porque, en definitiva, lo que quieren la Senadora Van Rysselberghe y la UDI es que esto se desarrolle en paz, tranquilidad y tolerancia, y no que porque se manifiesta determinada opinión, determinada conclusión, la persona respectiva va a ser funada, atacada o no podrá caminar por la calle.
Eso es lo que está en la decisión de la UDI en esta materia.
Lo que queremos es que esa violencia no esté encima de la mesa, que podamos enfrentarla de verdad. Pero cuando uno escucha argumento tras argumento para no enfrentar la violencia, para no condenarla con la energía que se merece, uno pone en tela de juicio los verdaderos propósitos de varios.
Por eso, lo primero que tiene que pasar, particularmente en este Senado, es dejar de ser intolerantes y comprender y poder acercarse a los argumentos del otro.
¡Podrán no gustarme! A nosotros muchas veces no nos gustan los argumentos que ustedes expresan, pero jamás diríamos que son inaceptables, jamás diríamos que se encuentran en una situación de extremismo y que se alejan de la democracia.
Fueron dirigentes del Partido Socialista los que señalaron que estaba en riesgo el Estado de derecho. Fueron los primeros, entre los grupos políticos, que lo manifestaron públicamente. Y me parece que esa es una línea correcta de argumentación, porque nos pone frente a la realidad, que no son las manifestaciones. El Estado de derecho, la democracia no se quiebran por manifestaciones públicas, sino por la violencia, por la intolerancia, por el vandalismo. ¡Eso es lo que pone en riesgo la democracia!
Pero no se puede condenar la expresión de un discurso político que busca que a todos los chilenos se les garantice que la tranquilidad estará presente, no solo en todo el proceso, sino también el día de la votación, y que no porque una persona vaya a votar de una manera se le fune, se le golpee, se le apedree. Creo que eso es algo que no debe ser rechazado de la manera en que el Senador Montes lo ha hecho respecto de las expresiones de la Senadora Van Rysselberghe.
Yendo a este artículo, creo que también es absolutamente claro y tiene coherencia con lo que planteábamos en la disposición anterior: nadie -¡nadie!- que se manifieste públicamente será sancionado por este artículo. Solo van a ser sancionados los que, aprovechándose de la calamidad pública o la alteración del orden público, se actúe en grupo o individualmente, ocupen esa situación para generar robo, para generar violencia.
Eso, a mi juicio, es fundamental, porque cuando se está en un momento de tensión, de manifestaciones, y se ocupa eso para saquear, pegarle, amedrentar a personas, creo que implica necesariamente una agravante.
Y eso es lo que establece este artículo.
Ningún manifestante será sancionado. No veo a nadie acusando a un manifestante producto de esta norma. No veo a ningún fiscal imputando a alguien por esta norma. No veo a ningún juez sancionando o formalizando a alguien a raíz de esta norma.
Por lo tanto, nuevamente hay una separación nítida y clara entre la manifestación y la violencia y la actitud de robar y destruir, que es lo que este artículo contempla.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Hago presente que el Orden del Día concluye a las 19:30. Resta por votar este artículo, además de otro de carácter adecuatorio. Entonces, les pido consideración en cuanto a los tiempos.
Senadora Allende, tiene la palabra.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lamento no haber participado plenamente en el debate, pero estábamos en la Comisión que discute la paridad de género para el proceso constituyente, que también es tremendamente importante.
En primer término, si bien se le hicieron mejoras a este proyecto, en verdad partió mal.
Se trata de una iniciativa que combinó dos temas diferentes.
Estamos ante algo bien dramático. Porque evidentemente nos provoca rechazo el saqueo, que ha afectado a muchos, y sobre todo a pequeños comerciantes. Obviamente, se requieren penas mayores, que agraven las sanciones a estos delincuentes. Pero esto no lo deberíamos haber mezclado, como ocurrió en un principio, con otras normas que están buscando de alguna manera criminalizar un movimiento social, a personas que se han manifestado muy masivamente protestando contra la enorme injusticia existente en nuestro país.
Y no se trata solo de inequidades, sino de abusos, de soberbia. Los calificativos sobran para explicar lo que a la gente le toca vivir.
Eso es lo que ha provocado esta situación de tanta indignación.
Yo comprendo, al escuchar al Senador Montes, la angustia que nos produce ver que pareciera que este Gobierno no ha entendido desde el comienzo hasta el final lo que exactamente ha estado ocurriendo a partir del 18 de octubre.
Y no lo ha entendido porque su lenguaje desde el inicio fue el lenguaje de la guerra, de la intervención foránea, que no logra entender lo que realmente nos estamos jugando.
Y lo que nosotros queremos es que haya un camino como el que se abrió con el acuerdo que se alcanzó con participación de prácticamente todas las bancadas, porque ese es un camino institucional que nos permitirá canalizar y lograr que la gente participe en un proceso tan democrático como sería tener una nueva Constitución originada en democracia. Y ese es el camino que queremos y estamos llamados a seguir.
Pero es lamentable ver que ya surgieron los discursos del terror, del miedo, del "Chilezuela" que nos tocó vivir en la campaña presidencial, y que evidentemente tuvo efecto. Pero ustedes saben perfectamente, en las bancadas de enfrente, en las bancadas oficialistas, que han iniciado este discurso del miedo.
Es más, ahora vienen a decir que les preocupa que no haya un ambiente de seguridad, que no haya un ambiente de orden. No tuvieron ningún inconveniente el año 80 en apoyar un plebiscito fraudulento y mucho menos una Constitución impuesta en plena dictadura, con desaparecidos, con ejecutados, con detenidos, con las peores y más graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país. En ese momento no levantaron la voz, por supuesto; pero ahora sí.
Me parece muy bien la carta que mandó el reconocido profesor Agustín Squella, en que hace ese pequeño recordatorio. No son necesariamente sus palabras textuales, pero hace exactamente ese recordatorio.
Ahí no hubo ninguna preocupación. Hoy sí la tienen.
Sí queremos decir que nos preocupa y es necesario que un gobierno sea capaz de mantener el orden público. Pero si hay algo que no ha demostrado este Gobierno es esa capacidad. Y, lamentablemente, hemos visto algunos hechos de violencia, que condenamos completamente. Nadie de nosotros en esta Sala va a estar por el saqueo, y ninguno de nosotros lo justifica.
Y yo lo tengo que decir personalmente, porque represento a la Región de Valparaíso, donde hemos sufrido el saqueo de pequeños comerciantes, que son los más afectados. Hemos constatado la incapacidad desde el gobierno regional para mantener el orden público. Hemos visto muchas veces que se están manifestando en la calle, pero al mismo tiempo, una cuadra más allá, hay un saqueo, y los carabineros van contra los manifestantes y no contra los saqueadores. Es algo que ha quedado grabado en videos.
Eso es lo que duele, porque no ha habido ninguna efectividad. Desde el gobierno regional ha existido la más completa ineptitud. Y nos duele porque esto ha afectado tremendamente a una región que ya venía con problemas. Y quiero decir más: ha disminuido el turismo. Cada vez tenemos menos cifras positivas.
Todo eso responde a la enorme incapacidad que ha tenido el gobierno nacional, y para qué decir este gobierno regional.
Y por eso señalamos con claridad que nosotros vamos a apoyar el agravar las penas para el saqueo, porque no estamos dispuestos a aceptar que esos hechos ocurran, porque lo único que están consiguiendo es perjudicar a los más pequeños y a los medianos, y no hay ninguna justificación para aquello.
Pero nos hemos opuesto a otras normas porque no solo no queremos criminalizar, sino que creemos que aquí se mezclaron cosas. Es más, se está tratando de proyectar que se dictan cosas nuevas que ya están incluso sancionadas. Y por eso no tiene justificación.
Digo con toda claridad que vamos a aprobar la norma antisaqueo. Pero me parece lamentable que se use el lenguaje que se ha utilizado. Lo he dicho y criticado de este Gobierno, especialmente de su Presidente, que desde el primer día no entendió y ha usado el lenguaje de la guerra, un lenguaje que es muy inapropiado para contener situaciones como las que estamos viviendo.
Y tampoco han entendido que nada de esto generará una mayor contención si la ciudadanía ni siquiera siente que hemos avanzado en esa agenda social. ¿O creen que la ciudadanía, después de casi tres meses, ha visto que hemos cambiado las pensiones? ¿Ha visto que existe realmente un avance en otros temas? ¡Por supuesto que no! Sí se ha progresado en las pensiones solidarias, materia en la que el Gobierno había propuesto un aumento de 10 por ciento y en que gracias a la presión de la calle se logró un incremento de 50 por ciento en forma gradual.
Para no extenderme, termino diciendo que vamos a votar a favor del artículo antisaqueos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tengo en mis manos el informe de la Comisión de Seguridad Pública y constato que solo dos personas ajenas a este Parlamento asistieron a la Comisión para la construcción de lo que el Gobierno llama "una importantísima ley para combatir la violencia". ¡Nadie! No se consultó a la Corte Suprema, no participó Carabineros, no asistió la PDI, no participó la sociedad civil. Solo concurrieron don Gonzalo Blumel, Ministro del Interior, y el abogado penalista de la Universidad de Chile señor Jean Pierre Matus.
Es decir, a la construcción de esta ley que va combatir la violencia, que va a terminar con los problemas del Gobierno, porque a este solo le interesa terminar con la violencia que hace caer en las encuestas al Presidente Piñera -el peor Presidente de la historia de Chile, con diez puntos-, ¡no invitan a nadie!, ¡la construyen solos! No se invitó a nadie.
Y, ¡por favor!, ¿nos piden seriedad? ¿Nos piden rigurosidad? ¿Y hacen la ley solos? ¿Creen poseer la verdad?
¡Nadie en este Senado tiene la verdad! ¡Nos hemos equivocado todos! Lo dije el primer día: no hemos leído lo que está pasando; no hemos entendido el mensaje de la ciudadanía. El Gobierno, la Oposición no lo hemos comprendido hasta la fecha. Y aquí estamos enfrascados en un debate cuando lo que está pidiendo la ciudadanía es solución a sus problemas sin egoísmos, sin mezquindad, sin poner por delante los intereses personales.
Votamos el proyecto de reforma sobre el agua ¡y la Derecha lo rechaza!
Decimos que vamos a ir a un plebiscito por la Nueva Constitución. Cuando la inmensa mayoría de Chile quiere una nueva Constitución, Allamand nos amenaza -extraño en Andrés Allamand- con que vamos a vivir lo mismo que el 72 y el 73, y casi parecido a lo del 88 y del 89.
Yo viví lo del 88 y del 89, y esto no es nada parecido. ¡Y mucho menos con lo del 72 y del 73! Pero se quiere instalar el discurso de que porque hay violencia, entonces no hay nueva Constitución, como si la Constitución del 80 garantizara per se que no va a existir violencia, ¡cuando es la causa fundamental de la violencia en Chile: una Constitución que no representa a todos los chilenos, impuesta a sangre y fuego!
Me interesaba discutir los tipos penales del saqueo. Los experimentamos el 2010 en la Región del Biobío, y la Senadora Van Rysselberghe lo sabe. La gente saqueó, algunos por necesidad, otros por el mero robo, cuando efectivamente no existía comunicación con Santiago y se había producido el quinto terremoto más grande del mundo, en la Región del Biobío, con tsunami incluido.
Por tanto, teníamos que abordar la figura del saqueo. Pero no, se ha privilegiado el debate sobre la violencia. Y todos hemos incurrido en aquello.
Y cuando debíamos construir el tipo penal del saqueo, no le preguntamos a la Corte Suprema; no les consultamos a los fiscales que están investigando los saqueos. ¡Hay más de tres mil personas detenidas! Pregúntenles a los fiscales qué figura necesitan para meter a los malos a la cárcel, para meter a los que sí saquearon y no a los que agarraron los pacos porque iban pasando. Porque hay que ver el tema de la prueba, del debido proceso. Muchos de ellos no saquearon. ¿O hay alguna confianza en la institución de Carabineros en cuanto a que detienen al que cometió el delito? ¿Existe alguna confianza en aquello? ¿Se ha ganado Carabineros la confianza en el sentido de que cuando presenta a los detenidos ante los fiscales ellos sean, efectivamente, los que saquearon, los que cometieron el delito? ¡No hay confianza! ¡Porque ha habido fraude; porque ha habido montaje; porque Carabineros ha perdido prestigio!
Y esto último es malo para todos.
Por tanto, esta era la oportunidad de establecer la figura del saqueo preguntándoles a las fiscales y a los fiscales que están a cargo de meter a la cárcel a los saqueadores. ¡Porque hay que meterlos a la cárcel! Hemos denunciado el saqueo, hemos denunciado la violencia, particularmente contra los pequeños comerciantes en Coronel, en Concepción, en Valparaíso y en muchos lugares de Chile.
¡Y perdimos esta posibilidad! Decidimos legislar solitos, metiéndonos en la burbuja del Congreso, en esta disputa de que el que es más violento puede ganar posiciones y el que es menos violento puede ganar una nueva Constitución. Es un dilema inexistente en el inconsciente colectivo nacional.
Hemos perdido una gran oportunidad. Este tipo penal de saqueo, sin consulta a los especialistas, particularmente a las fiscales y a los fiscales, y menos a la Corte Suprema -en la modificación del Código Penal-, es absolutamente insuficiente, de mal calibre y pésimamente implementado.
Voto en contra, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Castro.

El señor CASTRO.- Señor Presidente, la verdad es que he escuchado varias intervenciones, y me toca meditar y pienso: ¿Qué está pasando con nosotros, como Senadores? ¿Qué queremos del país que tenemos? ¿Estamos trabajando para nuestro querido Chile? ¿Estamos haciendo las cosas bien, me pregunto?
Y resulta que hoy día veo que este pequeño proyecto, que no me cabe ninguna duda de que le serviría a mucha gente, se cuestiona. Y se cuestiona sabiendo que en nuestro país no tenemos actualmente Estado de derecho. No se puede caminar libremente por las calles. Vemos que siguen los saqueos, los destrozos. Se critica al Gobierno.
Yo les digo a los amigos de enfrente: el Gobierno es pasajero. Al actual le están quedando dos años y después puede venir uno de Izquierda, que también necesita Estado de derecho, paz social.
Creo que nosotros debemos ser capaces de entender los momentos que estamos viviendo. Este no es un proyecto que solamente se lo vamos a hacer notar al Presidente. ¡Va a quedar para el futuro!
Creo que aquí nosotros debemos entender que el país que tenemos lo debemos querer. Y lo debemos querer, obviamente, como Senadores, trabajando para entregar esa paz social que tanto hoy día necesitamos.
Y también debemos entender lo siguiente.
Carabineros de Chile, esa tremenda institución que tenemos, la verdad es que hoy día se ve sobrepasada. Nadie la respeta. Y pienso que nosotros debemos ver cómo somos capaces de recuperar la confianza en Carabineros, de que la ciudadanía entienda que Carabineros es un pilar fundamental para el desarrollo de la paz social.
Hoy día, nosotros nos estamos negando, en esta Corporación, a cooperar, a ayudar, como Senadores, que es nuestra responsabilidad, a cuidar, a querer a este país.
Por eso, los invito a que todo proyecto que venga para restablecer el Estado de derecho, la paz social, lo apoyemos con cariño y con respeto por todas las personas que nos tienen sentados en este lugar.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, yo quiero pedir que le demos dignidad a la política. Creo que, claramente, no es franco el Senador Víctor Pérez cuando distorsiona la argumentación que se planteó aquí mismo, hace pocos minutos.
Nosotros rechazamos la violencia, rechazamos el vandalismo, pero creemos que hay que asumir algo en serio frente a esta realidad, y no pretender sacar pequeñas ventajas, de enrostrarles a otros cosas que no tienen que ver con los argumentos reales.
Usted sabe que estamos en contra de eso. Lo sabe perfectamente.
Yo estoy claro que está en riesgo la profundización del deterioro de la democracia. Esto no está ocurriendo solo en Chile. Son decenas de países los que están pasando por lo mismo. Por lo menos una decena y media. Y esto tiene que ver con el tipo de sociedad, con la desigualdad que se observa; este riesgo tiene que ver, también, con sectores extremos, de los dos lados, que tienden a exacerbar, polarizar y llevar las cosas a un punto que puede terminar mal.
Yo creo que hay una incomprensión de lo que está ocurriendo.
A mi juicio, el 15 de noviembre hubo un gesto republicano, profundo, maduro. Se dijo: aquí tenemos que abrir un camino democrático hacia una nueva Constitución -los que quieren eso, y otros, otra cosa-, y tenemos que hacer reformas de fondo, significativas. Pero se produce un retroceso, un viraje, un lenguaje de la UDI que polariza; aunque no lo quieran creer, polariza y genera bronca y rabia en distintos sectores. Y ese lenguaje igualmente genera violencia.
Lo que se dijo de Jacqueline van Rysselberghe no lo afirmé yo. Leí lo que ella señaló en la reunión de su partido. Expresó: "No están las garantías para darle legitimidad a este proceso, por hechos de violencia en el país. Tú no puedes hacer una nueva Constitución con una pistola arriba de la mesa". "No será una casa de todos, sino de los que tienen pistola".
La verdad es que esa es una manera de polarizar, de generar situaciones. Y fue bien ovacionada, según lo que a mí me contaron.
Creo -y es lo que pido- que hay que reponer el tema central, que no es otro que cómo fortalecer el orden público en el marco nacional para poder llevar adelante bien el proceso constituyente y la consecuente reforma. Pero eso es tarea de todos.
Pienso que ahí el Gobierno está al debe. Y podría haber mencionado nuestras tareas porque incluso las tenía escritas dentro de los desafíos de la Oposición. Porque la Oposición también tiene desafíos en esta materia. No es solo ser el coro del Gobierno, sino ayudar realmente a enfrentar con seriedad los problemas. Porque tenemos problemas, estamos en riesgo. O sea, no está asegurado lo que va a ocurrir. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, y nos dimos un tiempo de casi dos años para esto. Mantengamos el espíritu del 15 de noviembre y creo que puede salir algo muy potente para el país.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Vamos a prorrogar el Orden del Día por quince minutos para que todos puedan hacer uso de la palabra.
Queda solo un artículo más, que es adecuatorio.
Tiene la palabra el Senador señor Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, este ha sido un debate muy intenso, pero que ha ido mucho más allá del proyecto que hoy día estamos viendo. Sin embargo, considero importante que quede en Acta lo siguiente.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero indicarle al Senador Montes que él habla de dignidad, pero dignidad no es maltratar a una mujer. Lo señalo porque las formas de decir las cosas a veces constituyen un claro maltrato. Si alguno de nosotros se hubiese expresado de la misma manera en que lo hizo el Senador Montes contra una Senadora de su colectividad o de la Oposición, se hubiese armado un escándalo tremendamente grande. Pero, cuando se trata de la Derecha, hay que pegarle duro y en el suelo.
Se ha afirmado que este proyecto es inútil; se acusa al Gobierno por este proyecto y resulta que él fue presentado mayoritariamente por Diputados de la Democracia Cristiana.
Algunos hablan a favor y votan en contra.
Otros traen a la discusión a Pinochet, la Constitución del 80, ¡pero eso ya es pasado! Y creo que no se puede ejemplificar el presente con lo que pasó hace más de cuarenta años. Son momentos distintos.
Yo no le tengo miedo a la democracia, porque me he sometido a sus reglas desde el año 89 en adelante. ¡Tengo mis pecados y lo he reconocido! Pero eso no significa que no tenga derecho a pensar distinto y a votar distinto por convicción. Y eso es lo que ustedes están impidiendo, con un grado de conducta totalitaria al tratar de imponer lo que ustedes piensan por sobre lo que nosotros creemos.
Y que quede absolutamente claro: cuando se habla de que no existen las condiciones de orden público para el plebiscito, se está apuntando al contexto -entendámoslo- de que vuelva la misma violencia del 18 o 19 de octubre. Pero, para que eso no suceda y el plebiscito se lleve a cabo de la manera más correcta posible, como siempre ha ocurrido en nuestro país, lo importante es que aprobemos leyes como esta.
Creo que la mayor demostración de totalitarismo es la forma en que se expresa y se expresó recién el señor Montes: con un grado de matonaje, con la mano. ¡Qué le importa lo que hable el otro! Eso es totalitario. Es una falta de respeto. Es no tener dignidad.
Usted, Senador Montes -por su intermedio, señor Presidente-, es viejo en política, y creo que su conducta dejó de ser la de la persona que uno siempre respetaba en el pasado.
Señor Presidente...

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador, por favor, le pido...

El señor MOREIRA.- Está bien.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Le pido que se dirija a la Mesa...

El señor MOREIRA.- ¡Me estoy dirigiendo a través de la Mesa!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Y le pido que mantengamos el debate...

El señor MOREIRA.- No porque él sea más viejo que nosotros, o sea una persona que tenga más experiencia en algunas cosas, tiene derecho a atacar en la forma en que lo ha hecho. Porque, cuando no hay argumentos, hay excusas.
Ahora estamos viendo un proyecto de ley. Si no les gusta, voten en contra; si les parece bien, voten a favor. Es un derecho que tenemos.
Y quienes polarizan al país no somos nosotros. Los que polarizan al país son los que están preocupados de no perder la violencia en la calle. Eso es verdad. En privado le dicen a uno: "¿Cómo contenemos la violencia en las calles? Hay que actuar. El Gobierno debe actuar". Y cuando el Gobierno actúa, acusan constitucionalmente a los Ministros, que es lo único que quieren.
Miren, si este país está polarizado, es responsabilidad de la Izquierda. Y cuando uno ve el matonaje, los manotazos, el descalificar al otro, especialmente a las mujeres -porque tienen una obsesión y un complejo con las mujeres-, tenemos aún más la convicción de que nosotros estamos defendiendo lo correcto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, me sumo a lo manifestado por el Senador Montes en cuanto a que hay algunos actores, incluso en el Hemiciclo, que no entienden lo que pasa en nuestro país.
El Presidente Piñera fue el que habló de "guerra". Algunos Ministros decían "Esto no va a prender", o "Esto es un tema menor". Algunos Ministros, o ex Ministros, exacerbaron las molestias con su actitud. Uno que aún lo es en el área de la salud genera, con ciertas afirmaciones -quizás algunos en este recinto no se dan cuenta-, situaciones que agravian. Y nos preocupa el nivel de violencia que se observa en la sociedad.
Nosotros compartimos esta normativa, que tipifica y precisa el tipo penal de los saqueos; pero nos preocupa más que algunos colegas no entiendan lo que está en juego. La violencia está instalada en nuestra sociedad. Algunos no entendemos -y qué bueno que esté acá el Ministro del Interior- cómo se dejó que ocurriera lo que ocurrió con la PSU, lo cual jugó como anillo al dedo para el libreto y el discurso que enarboló la Presidenta de la UDI en su actividad del fin de semana. Quieren dar a entender que la violencia es la que no va a permitir que se lleve a cabo un proceso constituyente legítimo.
¡Es muy preocupante!
Yo entiendo que la UDI quiera defender el modelo económico; está en todo su derecho. Algunos tenemos la interpretación de que la violación de los derechos humanos que hubo en nuestro país fue la condición que permitió realizar las siete modernizaciones de la dictadura, plasmadas después en el orden político y económico de la Constitución. Esa es nuestra lectura. Entendemos que otros tengan una distinta, también legítima. Pero lo importante es que seamos capaces de mantener un clima adecuado en el país para que el proceso constituyente pueda desarrollarse en paz para que las chilenas y los chilenos se pronuncien.
Decir que unos están a favor de la violencia parece un mal consejero, señor Presidente. Algunos estamos seriamente preocupados de lo que está pasando en las democracias, no solo en la de nuestro país, sino en la de muchos otros. Y vemos que ciertas actitudes, a nuestro juicio, no las ayudan en nada.
Yo no quiero encontrarles la razón a ciertos jóvenes y me duele escucharlos cuando dicen: "Si no hubiese sido por el estallido de octubre y el nivel de violencia que hubo, la Derecha jamás habría aceptado el acuerdo de llevar adelante un proceso constituyente".
¡Qué dramático! ¡Qué dramático! Nos preocupa.
Nosotros queremos buscar cauces institucionales, señor Presidente, para generar un proceso constituyente legítimo, participativo. Nos gustaría que las bancas de enfrente colaboraran con ese proceso, independiente de que hoy haya algunos que antes afirmaban que querían una nueva Constitución y que luego se replegaron para decir que hoy no la quieren. Cambiar de opinión es parte de la democracia, sin duda; pero cuestionar las condiciones para la legitimidad de ese proceso nos preocupa.
Nosotros, señor Presidente, vamos a apoyar esta normativa antisaqueo, porque creemos que existe un vacío en la tipificación de esta clase de comportamiento. No compartimos otra parte del proceso, porque sentimos que constituye un accionar que en nada ayuda. Es más, algunos de nosotros sentimos que es como echarle bencina al fuego, sentimos que es una interpretación errónea de lo que estamos viviendo. ¡No ayuda!
Por lo mismo, creo que el colega que me antecedió en el uso de la palabra a veces se excede en sus juicios pensando que esto es un ataque a las personas. Hubo una crítica política a la Presidenta de la UDI, algo legítimo en este espacio. No tiene que ver con que sea mujer: es por el rol que cumple esa persona. Y la crítica política se tiene que poder hacer, al menos aquí, en el Senado, abiertamente y de frente, ante algo que consideramos que no es bueno para los procesos democráticos y, en particular, el proceso constituyente que estamos viviendo.
En eso la bancada socialista respalda plenamente lo que ha señalado el Senador Montes.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el artículo 449 quáter (25 votos a favor, 5 en contra y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic y Von Baer y los señores Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Provoste y los señores Bianchi, Guillier, Latorre y Navarro.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de la Senadora Muñoz.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El último número del artículo único es el 4 (página 11 del comparado), que agrega un inciso final, nuevo, al artículo 450, referido al iter criminis de los delitos que se sancionan, estableciendo un adelantamiento de la punibilidad.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor KAST.- ¿Va a abrir la votación, señor Presidente?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Sí, se abre la votación.
--(Durante la votación).

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la verdad es que llaman la atención ciertas afirmaciones que se han realizado en la Sala el día de hoy y respecto de las cuales resulta necesario efectuar algunas precisiones.
En primer lugar, quiero señalar que me siento interpretado en un cien por ciento por lo que ha expresado el Senador Montes. Y, por su intermedio, señor Presidente, quiero aclararle al Senador Moreira que lo que hizo mi colega de bancada fue una crítica política, cuando lo que se requiere en Chile es una actitud distinta para enfrentar un cuadro de cuestionamiento del sistema político y una brecha entre la ciudadanía y las instituciones representativas.
Y la forma de resolver esa brecha es, precisamente, que el sistema político se haga cargo de las demandas ciudadanas (en materia social -está pendiente- y también en materia política), a través de un plebiscito donde la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución y el mecanismo para llevarla adelante.
Ahora, llama la atención el cambio de actitud y de postura entre lo que ocurrió la madrugada del 15 de noviembre y lo que se observa hoy: el argumento de la violencia, cuando es evidente que ahora existe menos violencia que la que había ese día.
La verdad, señor Presidente, es que yo creo que lo que sucede es algo distinto. El 15 de noviembre, con la ciudadanía movilizada en la calle, muchos no se atrevieron a decir lo que realmente pensaban. Y hoy día, cuando las movilizaciones han disminuido en su convocatoria, entonces señalan lo que realmente piensan: ¡no quieren una Constitución nacida en democracia!
Y, en materia de contextos, es evidente que el de hoy es distinto del que había en 1980, pero -por su intermedio, señor Presidente- le quiero aclarar al Senador Moreira, tan admirador del dictador Pinochet,...

El señor MOREIRA.- ¡Así es!

El señor ELIZALDE.- ... que ese año, Carlos Montes, hoy Senador de la República, colega nuestro, ex Presidente del Senado, no solo fue detenido, sino también torturado. ¡Torturado!
¡Esa es la diferencia!
Y hoy día, porque un grupo de estudiantes secundarios, en una acción que no comparto, realiza, no diría un boicot -porque boicot hubiera significado que los propios estudiantes se negaran a realizar la PSU-, sino un sabotaje respecto de los demás alumnos que querían, legítimamente, rendir la prueba, entonces se tiene el descaro de afirmar que no existen condiciones para llevar a cabo un plebiscito y para iniciar un proceso constituyente.
La diferencia que hay entre la dictadura y la democracia es como la diferencia entre la noche y el día, entre la muerte y la vida.
Esa es la diferencia.
Y, por tanto, resulta lamentable cómo se abusa del lenguaje para producir un argumento que es propio de los sectores conservadores cuando se niegan a los cambios. Es el argumento del temor: "Generemos temor al cambio". Es preferible mantener el statu quo, aunque este genere insatisfacción y malestar generalizado, porque a través del temor impedimos dar un avance que, en este caso, es un salto democrático y democratizador imprescindible para que tengamos la Constitución de todas y de todos.
Yo lo he señalado. Solo he votado a favor en particular de la norma antisaqueos y en contra de todas las demás disposiciones. En las que no tienen sentido o no generan cambios sustantivos me he abstenido. Pero en las que significan la criminalización de la protesta social, he votado en contra; porque me parece que no es la señal que se requiere hoy día para generar un nuevo clima y para, efectivamente, restablecer el orden público que, sin duda, es un bien preciado en la democracia.
Reitero que el Gobierno tiene una cuota importante de responsabilidad en la forma como se ha administrado esta crisis.
El Presidente habló de "guerra", ya se ha dicho. Los ministros hicieron declaraciones desafortunadas, también ya se ha dicho. Pero la semana pasada, en una interpelación, el Ministro de Salud señaló que los libros de las Compín estaban llenos de felicitaciones. ¡Llenos de felicitaciones!
Yo no sé en qué país vive. Son esas declaraciones las que no contribuyen a que, sin duda, la ciudadanía sienta que hay un Gobierno que escucha sus demandas y da respuestas, y que hay un sistema político que está a la altura de lo que nos piden los ciudadanos: soluciones a sus problemas en su vida inmediata. Y la nueva Constitución nos va a permitir al menos superar esta camisa de fuerza, que es una verdadera guardiana del abuso y que ha impedido transformaciones que los chilenos hoy demandan en las calles de todo nuestro país.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pérez Varela.

El señor PÉREZ VARELA.- Bueno, hemos escuchado al Presidente del Partido Socialista. Y lo que demuestra es la típica actitud soberbia de calificar y descalificar al resto.
Él considera que los que cambiaron de opinión son cobardes, porque cuando existían movilizaciones tenían miedo de expresarse, y ahora que no las hay, se expresan.
Ese argumento, sin duda, utilizando el lenguaje de ustedes, sí que genera violencia. Porque no puede ser más descalificatorio. Es mirar a los demás de una manera despectiva, es mirar a los demás de una manera odiosa.
Pero no solamente utiliza ese argumento el Presidente del Partido Socialista. Dice que los demás no entienden el problema. Y varios Senadores socialistas han expresado que el Gobierno no entiende, que los oficialistas no entienden.
Es una reminiscencia de los regímenes que a ustedes les gustan, en que se decía que había que detener a las personas porque debían elevar el nivel de entendimiento.
El decir que el otro no entiende, tampoco es un lenguaje democrático: es un lenguaje soberbio, es un lenguaje descalificatorio, es un lenguaje de mirar al otro con desdén.
Uno podrá estar en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con ustedes; pero jamás se me ocurriría decir que es inaceptable lo que piensan; jamás se me ocurriría decir que es cobarde lo que piensan; jamás se me ocurriría decir que no entienden.
Y por eso yo critico duramente lo que ustedes plantean al votar en contra de normas que son esenciales en este proyecto para garantizarles a la gran mayoría de los chilenos paz y tranquilidad.
Ustedes no quieren aprobar. Por lo tanto, no condenan cuando los que utilizan la violencia e intimidan a las personas impiden la libre circulación.
Ustedes no quieren aprobar esa norma, no condenan esa actitud. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia fundamental.
Nosotros queremos generar las condiciones para que la ciudadanía se pueda expresar en paz y tranquilidad. Y la única manera en que las personas se puedan expresar en paz y tranquilidad es evitar que los violentos intimiden, amenacen, golpeen, impidan la libre circulación de las personas. Esa es una diferencia fundamental.
Nosotros no estamos criminalizando el movimiento social porque creemos que este no tiene necesidad de intimidar, no tiene necesidad de violentar, no tiene necesidad de golpear, no tiene necesidad de impedir. Porque si el movimiento social requiere eso, claramente estaremos ante un quiebre democrático y nosotros queremos impedirlo. No queremos un quiebre en la democracia.
Yo los llamo a ustedes, que se sienten en la superioridad moral de hablar del lenguaje de los otros, a que también cuiden vuestro lenguaje, a que también cuiden el lenguaje con que se refieren a los demás.
Porque si yo opino de determinada manera y el Presidente del Partido Socialista dice que yo soy un cobarde por eso, no hay duda de que estamos muy lejos de la tolerancia; no hay duda de que estamos muy lejos del respeto y estamos muy lejos de los principios democráticos.
Este debate, señor Presidente, que se ha transformado en un debate político -y es bueno y sano que así sea-, no nos debe llevar a ocultar, en definitiva, que aquí no se quiere condenar la violencia; no se quiere condenar a quien, utilizando la violencia, impide que otro pueda circular por las calles; no se quiere condenar a quien, con violencia, golpea a otro; no se quiere condenar a quien, con violencia, destruye la propiedad, el vehículo o la persona de otro.
Esas son las normas que están en este artículo, que, gracias a Dios, tuvo el apoyo mayoritario de este Senado, salvo de la bancada Socialista, porque no quieren condenar la violencia, en definitiva.
La violencia no es algo que se rechace. Y creo que todos, en democracia, y vuelvo a argumentar a través del documento de los socialistas históricos, debemos rechazar la violencia no solamente de una manera retórica, sino también con hechos y acciones prácticas, como la de aprobar una norma como la actual.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, si de algo tengo convicción, después de estar en la Cámara de Diputados y el Senado, es de que la trayectoria del Senador Montes, más allá de diferencias políticas legítimas, es intachable. Él es de la máxima capacidad intelectual, y sobre todo ética, que en política hace demasiada falta.
¡Jamás pensé que podían acusar a Montes de ser más violento que Navarro!
Eso solo indica que se ha extremado el debate, y tiene que ser corregido.
Creo que estamos llegando tarde al debate de fondo porque lo hemos eludido de alguna manera y, al final, lo que hacemos es enfrentar situaciones personales. Eso los griegos lo llamaban "argumento ad hominem". Este implica no combatir una idea, sino denostar a la persona que la expresa. Es decir, se trata de un enfrentamiento sobre las características personales, no sobre las ideas.
Y yo llamo a que en este Senado discutamos las ideas. Aquí tenemos dos posiciones legítimas, por cierto. Pero también hay un juego inaceptable.
Lo señalé. Se ha dicho que hoy día vivimos como en 1970 o 1973. Y yo quiero recordarles a los Senadores de Derecha que hubo un golpe de Estado, que ellos avalaron las condiciones existentes para dar un golpe de Estado sangriento.
Cuando se afirma que existen las mismas condiciones, hay gente que se asusta legítimamente en Chile. Yo estuve con muchos el fin de semana. Y si Allamand dice que la situación es igual que entre 1970 y 1973, lo que hay es una intimidación a gente que sufrió demasiado.
Por tanto, señor Presidente, pido que retomemos la búsqueda de las causas. Las causas de esta situación tienen una profunda raíz económica: el modelo neoliberal.
¡Eso fue lo que denunció Chile!
Chile se cabreó. ¡La gente se agotó del abuso!, y lo que quiere es que terminemos con él. ¡Y no estamos discutiendo el abuso!
Aquí no se pone el tema de las AFP.
¿Quieren terminar con la violencia? Terminemos con las AFP.
¿Quieren terminar con la violencia? Terminemos con las listas de espera.
¡Terminemos con un debate que a nada nos lleva!
Yo, señor Presidente, solo quiero decirle: si de esto se trata el tema del saqueo, yo exijo al Gobierno que los comerciantes afectados de manera indirecta por una situación política sean apoyados y ayudados; que un bono de estabilización del pequeño comercio sea entregado por el Gobierno para salvar miles de empleos, que es lo que está pidiendo Concepción, Coronel y el resto del país; que el Gobierno vaya en apoyo de los pequeños comerciantes, y que no nos aboquemos solo a debatir si efectivamente al final el apéndice del saqueo es lo que este proyecto aporta, porque no es así. Y lo digo reiteradamente.
Yo solo apelo, señor Presidente, a que reflexionemos más profundamente en los temas de fondo. ¡Hay que hacerlo!
Lo que viene en marzo es preocupante. ¡Y no nos vengan a decir a los que señalamos anticipadamente que marzo va a ser un mes complejo que estamos propiciando la violencia! ¡El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, va a ser un tema complejo! Y si Carabineros quiere ponerle CS nuevamente al agua de los guanacos y quiere usar armas sonoras, auditivas, de ruido, lo que va a hacer es provocar. Y si allí hay incidentes graves, lo que habrá, por cierto, será una respuesta a esa violencia y estará en juego la viabilidad del plebiscito de abril.
Eso va a ser cierto. Pero no puede ser una profecía autocumplida que el Gobierno diga que va a haber violencia. ¡El Gobierno va a aplicar violencia! Y, entonces, el resultado será la paralización del plebiscito, que no quieren porque lo van a perder. ¡Chile va a votar por una nueva Constitución!, porque mayoritariamente así la ciudadanía lo ha señalado.
Y, por tanto, señor Presidente, yo digo que esta ley no va a resolver los problemas, porque el populismo penal no los ha resuelto. Aumentar en uno o dos grados la pena, llevar a entre diez y veinte años la tipificación de delito por robo parece absolutamente desproporcionado.
¡La propiedad privada sigue teniendo un valor más alto que la vida en esta Constitución de 1980, y la desproporción que existe es brutal, es inaceptable!
Hay que castigar a los saqueadores y la violencia, pero esta ley no lo va a hacer. Por eso que he votado en contra, señor Presidente.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, está inscrita la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la verdad es que no puedo dejar de decir que, lamentablemente, en esta Sala se ha faltado a la verdad.
Y lamento muchísimo -lo digo por su intermedio, señor Presidente- lo que señaló el Senador Víctor Pérez: que los socialistas avalamos la violencia o que estamos de acuerdo en lo que hemos visto, como son los saqueos, como son los incendios, como son las destrucciones de estaciones de Metro, es una falsedad, es faltar a la verdad. Y me duele enormemente que lo diga. ¿Y saben por qué? Justamente por lo que aquí se ha recordado: hemos sufrido en carne propia esa violencia desmedida, esa violencia que no tiene nombre, esas violaciones a los derechos humanos como jamás se habían conocido en la historia de nuestro país. Y las hemos vivido en carne propia.
Entonces, decirnos a nosotros que avalamos la violencia, o que porque hemos levantado la voz en relación con los derechos humanos, porque no nos parece que en este país tengamos los trescientos y tantos casos de personas que han tenido lesiones oculares, con pérdida total en dos casos, o parcial, lo que ha sido dramático, nos lleva a levantar la voz.
Por supuesto que condenamos lo que pasó con la PSU. Porque, compartiendo la crítica de fondo a lo que es ese tipo de selección o a la forma de ese instrumento, que merece ser corregido o cambiado completamente, otra cosa es lo que ocurrió.
Sin embargo, también hay que considerar el uso del lenguaje de la violencia.
Primero vimos la ausencia de la Ministra de Educación, porque no apareció en nada, y cuando lo hizo fue para decir: "Por supuesto, hay que aplicar la Ley de Seguridad del Estado" a personas que incluso son menores. Y la propia Defensora de la Niñez tuvo que decir que el derecho constitucional se garantiza y, por lo tanto, si está garantizado, no puede venir a decir que simplemente no van a entrar al sistema educacional y que quedan excluidos, y se les aplica la Ley de Seguridad del Estado.
En consecuencia, no somos nosotros los que estamos confundiendo.
¿Sabe lo que me duele? Que la situación del país era extrema, y costó bastante, y creo que fue un acto de gran madurez y conciencia haber abierto el espacio -repito- a un proceso constitucional, que es una forma de canalizar las profundas inquietudes que tiene esta sociedad, que rechaza una Constitución impuesta en dictadura que, por mucho que se haya reformado, mantiene supra quorum, mantiene una visión de sociedad que, evidentemente, muchos no compartimos.
Y, por lo tanto, la invitación que nosotros hacemos es a seguir este proceso institucional democrático.
Es legítimo, es legítimo que aquí haya bancadas que no están por hacer una nueva Constitución. Lo entiendo: defienden la Constitución de Pinochet, de Jaime Guzmán. A mi juicio, es el modelo perfecto y calcado de un modelo neoliberal que tanto los ha beneficiado. Puedo entender que lo defiendan, pero otra cosa es usar argumentos para atemorizar a la población, para generar temor, para generar dudas, para impedir entonces democráticamente lo que significa el poder participar en un plebiscito. ¡Qué más democrático que la ciudadanía nos diga: "Quiero o no quiero una nueva Constitución"!
Yo creo que hay bastante desesperación porque hasta ahora, si uno revisa las estadísticas, la gente la quiere mayoritariamente. No sabemos que mecanismo se utilizará. Esperamos que sea uno con un cien por ciento de electores.
Pero aquí lo que nosotros no queremos es que se siga con una suerte de campaña del terror como una forma, ¡como una forma! de generar temor y, así, hacer que la gente o se abstenga de participar o simplemente tenga miedo de lo que pueda ocurrir después.
Creemos que eso le hace daño al país. Creemos que significa no entender la profundidad de un proceso social. Creemos que no se han hecho cargo de eso.
De ahí que decimos que, en lugar de usar un lenguaje de guerra, hagámonos cargo de las profundas necesidades sociales que tiene este país, de las profundas inequidades que nos acompañan, de cómo se sienten las familias que están endeudadas en más de un 70 por ciento, a las que evidentemente no les alcanza su ingreso; qué es lo que pasa con nuestros estudiantes que están endeudados con el CAE; cuánto sufre cada una de estas familias que todavía no pueden salir adelante y que experimentan toda su vulnerabilidad apenas se les enferma alguien, porque no tenemos ni siquiera un sistema de protección social, que es a lo que nosotros queremos llegar: a un verdadero sistema de protección social.
Entonces, lo que nosotros estamos diciendo en esta Sala, señor Presidente, es que no se falte a la verdad. Lo que estamos diciendo, sí, es que no queremos criminalizar. Por ejemplo, muchos hemos visto videos en redes sociales en que se observa que el saqueo está en un lugar, y varias cuadras más allá están los manifestantes; sin embargo, se reprime a estos y no a los saqueadores. Y eso no puede ser.
Por eso hemos votado que sí a estas normas, pero por las distintas razones que ya hemos expuesto: en algunos casos porque es necesario, en otros porque ya estaban, o porque no tenían ninguna razón de ser. No obstante, venir a decirnos que por esta forma en que votamos estamos avalando la violencia o el saqueo, nuevamente -y lo reitero, señor Presidente; con esto termino- es faltar a la verdad.
Y lo digo en nombre de la bancada socialista: es una falta de respeto a sus colegas Senadores, en este caso a nuestra bancada.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay más oradores inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba el inciso final, nuevo, del artículo 450 (17 votos a favor, 4 en contra, 7 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Insulza, Kast, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa la señora Provoste y los señores Guillier, Latorre y Navarro.
Se abstuvieron las señoras Allende y Muñoz y los señores De Urresti, Elizalde, Letelier, Montes y Quinteros.
No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, atendido el despacho de las normas precedentes, conforme al certificado emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, queda aprobada también la eliminación del número 1 del texto aprobado en general, que fue suprimido por la Comisión de Seguridad Pública.
Lo señalo para efectos de la comunicación que se debe enviar a la Cámara de Diputados.
Es todo, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.

Señor Ministro, tiene la palabra.

El señor BLUMEL (Ministro del Interior y Seguridad Pública).- Gracias, señor Presidente.
Ha sido muy importante poder escuchar el debate completo, porque este tema es muy relevante. Creo que en este tipo de discusiones se confrontan las visiones respecto de algunos aspectos fundamentales de nuestra vida en común. Me quiero referir especialmente a este punto, señor Presidente.
Antes deseo agradecer a los Senadores por haber aprobado esta iniciativa, que nació de una moción parlamentaria.
El Gobierno presentó un proyecto de ley antisaqueos, mediante mensaje en la Cámara de Diputados, pero, con el propósito de lograr un acuerdo, al final acogimos una moción que abordaba esta misma materia y otras. Se trata de una propuesta transversal, nacida de parlamentarios de Gobierno y también de Oposición.
A mi juicio, ello tiene un valor en sí mismo, porque recoge el trabajo de los Diputados en un tema tan fundamental como el resguardo del orden público. Y en este Senado se hizo un buen trabajo, corrigiendo y perfeccionando el proyecto en varios aspectos.
Pienso que la aprobación y el despacho de esta iniciativa constituyen una señal importante. ¿Por qué? Porque refleja que el orden público, la seguridad pública, la tranquilidad pública son un valor fundamental en democracia, todo lo cual, de una u otra manera, en los últimos tres meses se ha puesto en tela de juicio.
Por cierto, esta no es una reforma estructural, señor Presidente. Aquí no se plantea la solución a todos los problemas de seguridad y orden público, como lo señaló el Senador Carlos Montes.
Hay temas que son mucho más de fondo, evidentemente.
En este proyecto no estamos resolviendo los aspectos fundamentales en materia policial o de inteligencia. Ello sí se aborda en las reformas más estructurales que estamos discutiendo en este Congreso.
De hecho, en este Senado se está analizando una iniciativa que modifica la ley de inteligencia: mañana se va a ver en la Comisión de Hacienda y ojalá pase a la Sala la próxima semana.
Además, esta Corporación aprobó hace algunos meses, previo al inicio de la crisis y el estallido social ocurrido a partir del 18 de octubre, un proyecto para modernizar a Carabineros, que forma parte de uno de los aspectos de la reforma de fondo que se está llevando a cabo en materia policial, lo que surgió del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública de 2018, donde se plantearon 71 medidas.
Entonces, señor Presidente, sí estamos avanzando en reformas estructurales en este ámbito. Yo gustoso de participar si hay que discutir más en profundidad qué vamos a hacer en materia de modernización policial o del sistema de inteligencia.
Yo no quiero minimizar el debate del presente proyecto, porque me parece que es central en función de lo que ha pasado en los últimos meses en nuestro país.
¿Por qué creo que es central? Porque sin orden público la convivencia democrática simplemente es imposible. ¡Sin orden público la convivencia democrática es imposible!
Si no hay convivencia, no hay vida en comunidad. La posibilidad de compartir bajo ciertas reglas comunes pacíficamente -¡pacíficamente!- y entregar el monopolio de la fuerza a la autoridad que tiene la legitimidad para ello es la esencia del ordenamiento y funcionamiento de nuestro Estado de derecho y de nuestra democracia.
Por lo mismo, esta iniciativa, más que una ley antisaqueos, antibarricadas, anti "El que baila, pasa", antilanzamiento de objetos, es una medida para fortalecer la paz pública.
Ese es el valor fundamental de esta futura ley. Da una señal: el orden público, la tranquilidad social, la seguridad en los espacios públicos son un valor fundamental en democracia.
Eso yo lo quiero recoger; lo quiero valorar, señor Presidente. ¡Yo lo quiero valorar!
¿Qué hace la violencia en los espacios públicos? Aleja al Estado de derecho y priva a las personas del ejercicio de sus garantías y libertades en esos lugares. En definitiva, hace más complejo, más difícil o -por qué no decirlo- imposible el buen funcionamiento de nuestra democracia.
Eso es precisamente lo que generan las alteraciones graves al orden público, a lo cual este proyecto busca establecer mayores sanciones. Poner barricadas, interrumpir el libre tránsito, afectar los derechos fundamentales de las personas, efectuar saqueos, lanzar objetos son alteraciones graves del orden público, que hacen más difícil la convivencia democrática.
Por eso este proyecto tiene valor.
De repente, siento que se instala una suerte de falsa disyuntiva entre fortalecer el orden público y hacer las reformas sociales, políticas e institucionales que necesita el país.
Como Gobierno, nosotros tomamos el compromiso de hacernos cargo de todas esas materias. Pero, para avanzar en las reformas sociales de fondo, ser eficaces en los cambios institucionales y abordar de buena manera el proceso constitucional, necesitamos tener orden público, necesitamos tener tranquilidad pública.
Eso la gente lo entiende, señor Presidente. ¡La gente lo entiende!
De hecho, los delitos que se sancionan o a los que se les aumentan las penas con este proyecto cuentan con un amplio respaldo ciudadano, por ejemplo, en materia de saqueos, de barricadas, de alteraciones al orden público, pues las personas comprenden que eso es incompatible con la vida en democracia.
La violencia debilita las posibilidades de nuestro país de hacer reformas efectivas de fondo que se hagan cargo de las necesidades que ha planteado la ciudadanía. Nosotros compartimos, en lo fundamental, el objetivo de abordar esas reformas, pero también entendemos que es deber del Estado y del Gobierno resguardar la paz, la seguridad y el orden público.
Y este proyecto contribuye en esa dirección.
Por algo, señor Presidente, el acuerdo alcanzado hace dos meses se llama "por la paz social y la nueva Constitución". En la madrugada del 15 de noviembre se avanzó precisamente en un consenso por la paz y la nueva Constitución.
¿Qué decía el punto 1 de dicho acuerdo? Que quienes lo suscriben se comprometen con "el restablecimiento de la paz y el orden público" en nuestro país, con pleno respeto por los derechos humanos.
Esa fue una declaración muy valiosa, porque implica que iniciar un proceso para una nueva Constitución y avanzar en una agenda social requiere asegurar el pleno respeto por la paz, el orden público y los derechos de las personas.
Además, este proyecto tiene otra virtud, señor Presidente. ¿Cuál? Que establece mayores sanciones para quienes alteren el orden público, con lo cual se resguarda de mejor forma el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a reunión, que está consagrado en nuestra Constitución.
Por lo tanto, con la presente iniciativa se avanza en aislar a las minorías violentistas para proteger a las mayorías pacíficas, que necesitan tranquilidad y resguardo del orden público para poder expresarse.
Por cierto, este proyecto no es la solución a todos los problemas de seguridad y mucho menos a los de orden público.
Por otra parte, señor Presidente, hemos avanzado, y vamos a seguir avanzando, en la agenda social.
Ya se aprobó la reforma que sube las pensiones del pilar solidario; ya se aprobaron los proyectos que bajan el precio de los medicamentos; ya se aprobó la iniciativa para bajar el precio del transporte público para los adultos mayores; estamos a punto de aprobar -está en este Senado- el proyecto que establece el ingreso mínimo garantizado; estamos ya avanzando con la reforma al Fonasa.
Sin embargo, creo que no hay que perder de vista que es muy importante hacerse cargo de la demanda de fortalecer el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía.
Termino señalando algunas cosas que se comentaron durante el debate, señor Presidente.
Esta iniciativa es necesaria, porque desde el 18 de octubre hemos tenido un aumento muy significativo de los delitos asociados al orden público.
Quiero entregar algunos datos: los saqueos aumentaron en un 156 por ciento; el maltrato a carabineros creció un 52 por ciento; los desórdenes públicos se incrementaron en un 5.600 por ciento.
Por eso tenemos que hacernos cargo del cambio en ese patrón delictual, del hecho de que esos delitos hoy día tienen una mayor prevalencia y están generando un mayor disvalor; más aún, considerando que se producen en un contexto de alteraciones al orden público.
Por lo mismo, agradecemos que se haya aprobado este proyecto en el Senado. Espero que se ratifique muy pronto en la Cámara de Diputados y sea ley a la brevedad, para seguir avanzando con las iniciativas de fondo en materia de seguridad ciudadana y orden público, como las reformas a Carabineros y al sistema de inteligencia, que están en este Congreso. Hay otros proyectos importantes en este ámbito, pero esos son los dos más estructurales.
Entendemos que avanzar en materia de modernización policial, como planteó el Senador Montes, implica analizar varios aspectos sustantivos, lo que hemos venimos abordando.
Carabineros ha sufrido cuatro grandes golpes en los últimos tres años, varios de ellos antes de que asumiera esta Administración. Y el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera se está haciendo cargo de ello.
Recordemos el caso del fraude descubierto a inicios de 2017; la operación Huracán, con toda la gravedad que significó en materia de alteración del sistema de inteligencia -el Ministerio Público lleva esa investigación); el caso Catrillanca, y ahora los hechos ocurridos en materia de orden público y resguardo de los derechos de las personas a partir del 18 de octubre.
Para cada una de esas situaciones hay una agenda, la que incluso se venía desarrollando antes del 18 de octubre, y que hoy día se está fortaleciendo fundamentalmente a partir de un nuevo modelo de resguardo del orden público: con más tecnología, con más capacidades, con más inteligencia policial.
Además, hoy contamos con un consejo para la reforma de Carabineros, que va a emitir un informe a fines de este mes. Y hay una instancia de este Senado que también ha propuesto modificaciones en esta materia, lo que nosotros valoramos.
Este es un tema central.
Necesitamos policías modernas y hacernos cargo de los problemas que se han evidenciado en los últimos años. Se trata de instituciones fundamentales de la república.
Todas las iniciativas que aporten a resguardar la tranquilidad de las personas, el orden público, la seguridad ciudadana y las instituciones que tienen esas responsabilidades son un compromiso fundamental.
Termino, señor Presidente, recogiendo el llamado a cuidar el tono y el lenguaje. Me parece que es muy importante y espero que, en adelante, entendamos que la tolerancia es un valor esencial de la democracia. Todos los planteamientos tienen que expresarse en un marco de respeto por las distintas posiciones que naturalmente surgen en una sociedad democrática.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:Del señor DE URRESTI:
Al Ministro de Obras Públicas y al Director Nacional de Vialidad, para que remitan antecedentes acerca de SITUACIÓN DE EMPRESA ENCARGADA DE MEJORAMIENTO DE RUTA T-340, TORO BAYO-CURIÑANCO, OBRA PARALIZADA QUE AFECTA A HABITANTES DE SECTORES DE CHABELITA, PUNUCAPA, EL POTRERO, LOS PELLINES, LAS MINAS, CURIÑANCO, PILOCURA Y BONIFACIO, EN COMUNA DE VALDIVIA.
De la señora GOIC:
Al Ministro de Defensa Nacional, requiriéndole PLANTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS EN LUGAR DE PINOS EN EJECUCIÓN DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROYECTO ESTANCIA VICUÑA YENDEGAIA, EN TIERRA DEL FUEGO.
Del señor SANDOVAL:
Al Ministro de Obras Públicas, planteándole diversas consultas respecto de PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CHACAO.
Y al Superintendente de Seguridad Social, solicitándole antecedentes con relación a CRÉDITOS SOCIALES OTORGADOS POR CAJAS DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR A TRABAJADORES Y PENSIONADOS AFILIADOS EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS: MARCO NORMATIVO, EVOLUCIÓN DE COBERTURA POBLACIONAL BENEFICIADA, MONTOS APORTADOS, ESTADÍSTICAS ANUALES DE DICHOS CRÉDITOS, MOROSIDAD DE PENSIONADOS Y PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL OFRECIDOS.
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--Se levantó la sesión a las 20:16.
Julio Cámara Oyarzo
Director de la Redacción