Click acá para ir directamente al contenido
TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA Y AGRAVAMIENTO DE PENAS


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto que estamos debatiendo en particular es muy diferente del que se aprobó en la Cámara de Diputados.
La primera versión contenía errores notorios, como sancionar conductas violentas solo en relación con manifestaciones o reuniones públicas, o tipificar acciones que constituyen formas de movilización tradicionales ejecutadas por sindicatos y organizaciones sociales.
Yo, señor Presidente, por el tiempo, no me voy a referir a los delitos que están contemplados acá, porque creo que en el propio Código Penal se encuentran tipificados.
¡Pero que el Gobierno no se escude en el Congreso para esconder su fracaso!
Señor Presidente, ¡nadie en este Senado apoya conductas violentas!
Nuestro marco institucional podrá ser insuficiente, y por eso una amplia mayoría está decidida a aprobar una nueva Constitución. Pero aun con todos sus problemas, la democracia está generando los caminos que permiten resolver nuestras diferencias excluyendo completamente la violencia o las respuestas autoritarias.
Rechazamos que el Gobierno, a pesar de las masivas y continuas movilizaciones, no esté impulsando una agenda social potente, con los recursos necesarios, que se haga cargo de verdad de las legítimas demandas de la gente en materia de pensiones, de salud, de ingreso mínimo, etcétera.
Rechazamos también que el Gobierno no garantice una de sus principales obligaciones, como es el control del orden público, lo que ha quedado de manifiesto la semana recién pasada con los problemas en la rendición de la PSU, en que el Ejecutivo se desentiende de sus funciones y culpa a los rectores o al Demre de su propia falta de previsión.
Rechazamos, asimismo, las prioridades del Gobierno, que requiere tiempo y más antecedentes para legislar sobre delitos de cuello y corbata, pero que se apresura a legislar cuando los eventuales imputados pertenecen a otro sector social.
Rechazamos, en fin, con energía, que el Gobierno y las policías no logren diferenciar las acciones de protesta legítima de los actos vandálicos o simplemente delictuales e incurran en violaciones flagrantes a los derechos humanos, como lo han comprobado diversas entidades internacionales.
Pero este rechazo a los oídos sordos, la inoperancia, el doble estándar y los abusos no puede llevarnos a amparar acciones violentas de grupos minoritarios que poco o nada creen en la democracia.
Cuando se tipifica y sanciona el delito de saqueo no estamos dándole un cheque en blanco al Gobierno; por el contrario, estamos defendiendo al propio movimiento social, que se debilita, desprestigia y asfixia con la acción de antisociales que buscan la oportunidad más propicia para perpetrar sus delitos.
No queremos que las justas movilizaciones se detengan. Al revés, deseamos que estas tengan éxito. Y su ejercicio debe ser compatible con el desarrollo del proceso constituyente, en especial con la realización del próximo plebiscito al que está llamada la ciudadanía.
Los partidos de Chile Vamos, después de haber firmado el acuerdo constitucional, dicen hoy que a raíz de la violencia llamarán a votar por el rechazo.
¡Qué más violencia que la que había en los 80, en plena dictadura, sin padrones electorales, sin prensa libre, sin garantías, cuando aprobaron la Constitución que nos rige, redactada por cuatro convencionales!
¡Por favor! No usemos estas artimañas para oponerse a una nueva Constitución nacida en democracia.
Sabemos que la nueva Carta Fundamental no resolverá automáticamente los problemas de la seguridad social, especialmente en materia de pensiones y de salud. Pero un nuevo orden eliminará trabas o barreras que hasta ahora y en buena parte han imposibilitado una respuesta más integral.
Chile necesita más democracia y el término definitivo de los enclaves. Así también, el país necesita más movilización de la gente y el fin definitivo de la violencia.
He dicho.