INTERMEDIACIÓN DE MEDICAMENTOS POR CENABAST A ALMACENES FARMACÉUTICOS Y FARMACIAS PRIVADAS
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la Comisión de Salud discutió en general y particular este proyecto.
La idea central es que las farmacias podrán intermediar con Cenabast los medicamentos e insumos. De esta manera, a las personas les será factible comprar estos medicamentos, a un precio que será fijado por la autoridad, en farmacias, almacenes farmacéuticos y otros establecimientos autorizados (en este último caso, sin fines de lucro).
Asimismo, existirá un precio máximo de venta. Respecto de estos medicamentos, las farmacias estarán obligadas a respetar un precio máximo, que corresponde al costo de adquisición más un monto que será determinado por la Cenabast. Ello, con el fin de garantizar que el beneficio del menor precio vaya a las personas y, al mismo tiempo, les permita subsistir a las farmacias que operen bajo este sistema, en especial a las más pequeñas, de barrios o independientes.
También les será factible a otros establecimientos comprarle a la Cenabast. Así como las farmacias, los establecimientos autorizados para la venta de medicamentos y que no tengan fines de lucro podrán adquirir los productos de la Cenabast para venderlos a menores costos a sus beneficiarios.
De otro lado, se garantiza la disponibilidad de los medicamentos. Con el fin de que la futura ley no se preste para abusos o publicidad engañosa, todos los establecimientos que intermedien con Cenabast se obligan a mantener en stock estos medicamentos.
Quienes participen de esta normativa estarán obligados a ofrecer primero el medicamento adquirido a la Cenabast y, de esta manera, evitar que las farmacias les proporcionen a las personas uno de mayor valor.
Además, se le otorga a Cenabast la facultad de importar medicamentos directamente. Asimismo, se hacen las adecuaciones en materia de ley de compras para que Cenabast pueda operar en el mercado externo.
La fiscalización de este proyecto de ley estará entregada al ISP, con multa mínima de 250 UTM a quien infrinja las normas sobre petitorio mínimo y multa mínima de 500 UTM a quien infrinja las normas de fijación de precios.
La entrada en vigencia será sucesiva, según el establecimiento de que se trate: noventa días después de promulgada la ley, para las farmacias o almacenes farmacéuticos que sean el único expendio de medicamentos en determinada localidad o farmacias independientes que sean calificadas como empresas de menor tamaño conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 20.416; hasta doce meses, para las farmacias pequeñas pertenecientes a cadenas regionales o macrozonales que excedan lo dispuesto en el artículo segundo de la ley N° 20.416, y veinticuatro meses, para establecimientos sin fines de lucro y el resto de las farmacias.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
Pido a la Sala que este proyecto sea votado favorablemente en general y particular.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, en la consulta municipal realizada hace unos días, la ciudadanía ha ratificado que la salud pública es una de sus primeras prioridades, junto con la reforma previsional, los ingresos y la educación.
Por lo tanto, cualquier agenda social que se proponga debe considerar una reforma de la salud, pero de verdad, que parta de la base de que la salud es un derecho que debe ser asegurado constitucionalmente y no como ocurre hoy, en que solo se garantiza la libertad de elección.
Una reforma que permita al país contar con un sistema nacional, de cobertura universal, que incluya prevención, atención hospitalaria, medicamentos; basado en una red pública que asegure calidad y oportunidad en las prestaciones.
Una reforma de este tipo constituye en sí misma un pacto social, pues es el país el que decide asegurar la salud de todos los chilenos, independientemente de sus ingresos, edad, sexo o condición de salud. Y supone, desde ya, un incremento importante del gasto público en esta materia.
El Gobierno, el Estado debe asumir, de una vez por todas, el objetivo de construir este gran acuerdo nacional.
Hasta ahora ha ofrecido paliativos y soluciones puntuales.
Ante las listas de espera, se ha propuesto un seguro catastrófico que prioriza las soluciones privadas.
Ante los abusos y discriminaciones de las isapres, sin perjuicio de revivir un proyecto de su primer período, ahora se están planteando soluciones administrativas que, en realidad, son meros acuerdos entre el ente regulador y las instituciones reguladas, lo que puede constituir un peligroso precedente.
Ante los abusos en el precio de los medicamentos, se impulsó un convenio de descuentos con una cadena de farmacias para los usuarios de Fonasa.
En esta oportunidad, a través de este proyecto, se posibilita que Cenabast pueda intermediar en la venta de fármacos con farmacias independientes y de cadena, de manera de traspasarles los precios más bajos que obtiene en sus compras masivas.
Siempre estaré disponible, como la bancada, para medidas que vayan a solucionar problemas de la gente. Pero las soluciones definitivas no se lograrán reiterando las políticas que hoy la ciudadanía rechaza: más subsidios, más descuentos, más deducibles y menos Estado.
El presente proyecto tiene aspectos muy positivos. Fortalece el rol de una institución pública como Cenabast, que algunos plantearon prescindible en su momento. Y establece fijación de precios para los medicamentos que este servicio intermedie, lo que se consideraba una herejía hasta hace poco.
Pero no nos engañemos. No es una solución definitiva al alto precio de los medicamentos y a las distorsiones que existen en este mercado, de acuerdo a lo que ha planteado la propia Fiscalía Nacional Económica en un reciente estudio.
No lo es, porque se depende, en última instancia, de la voluntad de las farmacias, en especial de las cadenas, para implementar este nuevo sistema.
Debe ser el sistema de salud el que otorgue cobertura a los medicamentos, como parte de la atención, tal como ocurre en GES y en la Ley Ricarte Soto, pero este mecanismo debe alcanzar al conjunto de las prestaciones.
En el debate en particular de este proyecto no ha sido indiferente el papel que puedan jugar las farmacias de cadena.
Son conocidas sus prácticas abusivas y atentatorias a la libre competencia, pero ha primado en nosotros la intención de traspasar beneficios de precios al mayor número de pacientes.
Eso, sí, con ciertas condiciones.
Si desean incorporarse a este sistema, las farmacias deberán solicitar y mantener en stock el petitorio mínimo de medicamentos, que es el listado que elabora el Instituto de Salud Pública, y dispensarlos de manera preferente. Así, se evitarán abusos o publicidad engañosa, por ejemplo, si se publicita que se venden productos de Cenabast, pero una vez solicitados no hay disponibilidad de estos.
Asimismo, hemos aumentado las sanciones, las que, en todo caso, se elevan aún más en el proyecto de Fármacos II, que estamos analizando en la Comisión de Salud, en tercer trámite.
Necesitamos una salud para todos los chilenos. No bastan mejoras cosméticas al sistema; este debe ser el objeto de una profunda revisión, partiendo de la base de que la salud es un derecho, y que es el Estado el principal llamado a asegurarlo. Por ello, debemos avanzar hacia un sistema de salud universal, que proteja a las personas y que otorgue coberturas financieras que terminen con los bingos y las completadas para financiar sus atenciones; y, a la vez, que permita participar a seguros y prestadores privados, bajo las reglas de la seguridad social y no bajo la óptica del mercado.
Un sistema universal, solidario y eficiente, que es responsabilidad del Estado. Ese es nuestro desafío y hacia allá seguiremos apuntando.
Gracias, señor Presidente.