ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EX MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SEÑOR ANDRÉS CHADWICK PIÑERA
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Pido al señor Secretario que lea nuevamente los acuerdos adoptados el día de ayer a efectos de regular los tiempos de las intervenciones y determinar el proceso de votación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señor Presidente, como se informó al finalizar la sesión anterior, los Comités acordaron, en reunión celebrada ayer, lo siguiente:
1.- Para fundamentar el voto, cada señora Senadora y cada señor Senador dispondrá de hasta quince minutos respecto de los dos capítulos comprendidos en la acusación constitucional. Para tales efectos, los interesados deberán inscribirse para hacer uso de la palabra.
2.- Una vez que haya intervenido el último inscrito para fundamentar el voto, se procederá a la votación separada de cada uno de los capítulos de la acusación constitucional; por tanto, se efectuarán dos votaciones, las que se realizarán de forma electrónica.
Esos fueron los acuerdos, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Se ha solicitado el ingreso a la Sala de los Subsecretarios señores Juan Francisco Galli y Claudio Alvarado.
¿Hay acuerdo?
--Se accede.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Vamos a comenzar la fundamentación de voto.
--(Durante la fundamentación de voto).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, la del Ministro es la acusación más delicada que puede formularse a las autoridades del Estado, porque coincide con las palabras de su juramento. En el fondo, se lo está acusando de violar su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
De acuerdo con el tenor de la norma pertinente (artículo 52, Nº 2), letra b), de la Constitución), la responsabilidad que tenemos que definir como Senado es jurídica y no política. La expresión "juicio político" utilizada en la Constitución se refiere a la responsabilidad por actos políticos antijurídicos. Por ende, no es una especie de "moción de censura" del presidencialismo. En los sistemas presidencialistas la responsabilidad política se hace efectiva en las elecciones, no en las acusaciones.
Por tratarse de un asunto tan serio, la Carta Fundamental exige que la infracción debe ser probada. El profesor de Derecho Constitucional don José Luis Cea sostiene en su tratado que "fluye de esa norma que el rol de la Cámara es efectuar una declaración o pronunciamiento apoyado en hechos acaecidos y no eventuales ni hipotéticos". El acusador debe probar no solo la conducta, sino también el dolo (consentir) o la culpa del Ministro.
El libelo acusatorio no cumple ninguno de los requisitos anteriores. Dedica decenas de páginas a citar normas y a describir abusos de las Fuerzas de Orden y Seguridad en contra de civiles, y no establece ninguna relación entre tales conductas y el actuar doloso o negligente del Ministro del Interior. Ni siquiera elabora presunciones o conjeturas. No logra vencer la presunción de inocencia del Ministro.
Señor Presidente, no existe ninguna prueba aducida durante este proceso que demuestre que el Ministro del Interior haya omitido deberes preventivos, causando u ordenando violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, o que con su conducta haya comprometido gravemente el honor de la nación. El nexo causal no está acreditado y, por lo tanto, claramente esta acusación es improcedente.
Antes bien, el Gobierno al que pertenecía el Ministro Chadwick como responsable de la seguridad pública desde el primer minuto asumió un rol activo en evitar los abusos y excesos de poder de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
El Gobierno por propia iniciativa convocó al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se constituyera en el lugar, y le garantizó todas las facilidades y los recursos logísticos para cumplir con su deber.
También el Gobierno por propia iniciativa contactó a la Fiscalía y le dijo que tenía que investigar cada delito o uso excesivo de la fuerza.
Sin perjuicio de la falta de responsabilidad del Ministro, las imputaciones que realiza el libelo son alejadas de la realidad y de la percepción de figuras políticas, incluso, de la Oposición.
La violación de los derechos humanos no fue sistemática. Así lo sostuvo, entre otros, Sergio Micco, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos: "Conceptualmente, la violación sistemática de los derechos humanos supone una concertación entre distintas instituciones, donde se crea leyes o se hacen políticas públicas que directamente o intencionalmente tienen el objetivo de violar los derechos humanos. Si tú me preguntas a mí, como director del INDH, yo te diría que no y que quien afirme lo contrario tiene que probarlo". Eso lo dijo Sergio Micco en el programa Mesa Central de Canal 13 el domingo 3 de noviembre. Después, ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Micco dijo que no podía descartarlo, pero nunca lo ha afirmado (lunes 4 de noviembre).
El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar dijo: "A mí no me parece que sea sistemático. O sea, han sido situaciones dada la magnitud de las movilizaciones".
Alegar que la declaración de toque de queda no fue delegada por el Presidente de la República al Jefe de la Defensa Nacional es falso. La Corte Suprema, en los fallos Roles Nos 29978-2019, 29972-2019, y 29963-2019, sostuvo que esa atribución sí fue delegada.
Señor Presidente, aquí los únicos que han menospreciado la Constitución y las leyes y han comprometido gravemente el honor de la nación son los delincuentes que han vandalizado al país, destruyendo la economía, quemando los medios de transporte de los más pobres y saqueando nuestros locales. También los agentes que han abusado de su poder de fuerza ante la ciudadanía y aquellos actores económicos que se han aprovechado de los más débiles, de aquellos que han salido a protestar legítimamente por mejores condiciones de vida.
Acusar al Ministro del Interior por culpa de los primeros sujetos que he nombrado, ¡sujetos antipatrióticos!, es perder el norte de la responsabilidad política de este Senado. ¡Es a ellos a quienes debemos dirigir todas las acusaciones!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Solicito la autorización para que ingresen a la Sala el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick y su abogado señor Luis Hermosilla.
¿Habría acuerdo?
--Se accede.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el decreto Nº 472, de 18 de octubre de 2019, el primero de los diecinueve decretos de emergencia firmados por el ex Ministro Andrés Chadwick, establece, dentro de sus considerandos, que los antecedentes que motivaron su dictación fueron los "múltiples atentados contra la propiedad pública y privada, especialmente contra medios de transporte público de pasajeros", haciendo notar que, como consecuencia de dichas acciones, se produjo "la destrucción de buses y la total paralización de la red del Metro de Santiago, incluyéndose respecto de este último servicio la quema y destrucción de sus bienes e instalaciones en diversas estaciones", comprometiendo la privación de medios de transporte para el desplazamiento de la ciudadanía, y agrega dentro de los antecedentes "la quema, saqueo y destrucción de edificios y locales comerciales". Asimismo, se describe la privación del derecho a la libre circulación de las personas.
Estos antecedentes, tal como señala el decreto de emergencia antes citado, configuran graves alteraciones del orden público y motivan que el Estado, utilizando todos sus medios legales disponibles, asegure la integridad, seguridad y tranquilidad de sus habitantes. Tal es así que el mismo decreto establece la necesidad de adoptar medidas extraordinarias destinadas a la protección de las personas y sus bienes.
Pareciera que, en el análisis de los acusadores, los hechos desencadenados a partir del 18 de octubre del presente año no tuvieran trascendencia ni importancia a efectos de justificar la dictación de los decretos de emergencia constitucional suscritos por el ex Ministro. No les importa o no les interesa el nivel de violencia y daño alcanzado por lo que algunos llaman "el estallido social".
Dado el tenor de la acusación, cabe señalar que a los acusadores no les importa que la columna vertebral del sistema de transporte de Santiago haya sido, en primer término, objeto de un ataque sistemático y destructivo, a través de actos que solo pueden ser catalogados como terroristas.
Posteriormente, esas acciones destructivas se extendieron a otras zonas del país. Tal es así que en mi Región de Arica y Parinacota se ocasionaron destrozos de la infraestructura pública por más de 300 millones de pesos, siendo especialmente lamentable los daños producidos a monumentos nacionales e inmuebles de conservación histórica de Arica, algunos de ellos centenarios, y se verificaron detenciones por delitos de daño, robo en lugar no habitado, infracción a la Ley sobre Control de Armas, así como posesión y porte de artefactos explosivos e incendiarios. Ello, sin perjuicio de los nefastos efectos que estas acciones tienen sobre las pymes, que representan el 99,7 por ciento de las empresas de mi región.
La ciudadanía quiere paz social y que el Estado de Chile y sus instituciones seamos capaces de alcanzar los mayores acuerdos para acoger las justas demandas sociales en salud, educación, pensiones, transportes, etcétera. No habrá una nueva Constitución ni justas reformas sociales si no logramos paz en las calles.
Los ciudadanos tienen miedo por los índices de violencia que causan terror en la población. Desde el 18 de octubre, y no solo por los estados de emergencia, se vive en muchas ciudades un toque de queda impuesto por la delincuencia.
Parece superfluo para los acusadores que Carabineros de Chile haya sido superado por el nivel de violencia desatada y que el irrespeto por la institucionalidad y el orden público haya sido una dolorosa realidad que nos ha tocado presenciar. Los graves perjuicios ocasionados a nuestros escolares, así como los ocasionados a la actividad comercial de pequeños emprendedores y la gran presión a la que han sido sometidos los funcionarios de la institución policial y sus familias, son hechos que no debemos relativizar.
Solo refiriéndonos a los daños, el Ministro de Obras Públicas señala que estos alcanzan a más de 29 mil millones de pesos y de acuerdo al Presidente del Directorio de Metro ascendería a 376 millones de dólares, sin perjuicio de los inmensurables daños provocados a nuestro sistema productivo y a nuestra valiosa infraestructura pública.
Como consecuencia de lo anterior, cada uno de los decretos de emergencia obedece exactamente al cumplimiento de los deberes que le correspondía a Andrés Chadwick Piñera, como Ministro del Interior y, en consecuencia, garante de la seguridad pública.
Conforme a lo estipulado en el artículo 5° de la ley N° 18.415, una vez decretado el estado de emergencia corresponde al Jefe de la Defensa Nacional designado en cada una de las regiones del país asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicha situación.
El ex Ministro Chadwick firmó el decreto 472 y los decretos de emergencia posteriores y nadie puede interpretar, dado su tenor, que autorizó la violación de la normativa vigente y menos que consintió, en forma previa y posterior a su dictación, cualquier eventual transgresión de los derechos fundamentales.
Cabe entonces preguntarnos por qué se lo somete hoy a esta acusación constitucional. Y las verdaderas razones son, a la luz de mínimos criterios de justicia y equidad, a lo menos cuestionables.
Muchos de los datos contenidos en la acusación provienen de fuentes cuya veracidad es discutible, tal como relatos de prensa sin confirmar la fuente, declaraciones de prensa emanadas de las Juventudes Comunistas o citas de Twitter posteriormente desmentidas por las mismas fuentes, dando cuenta de una absoluta falta de rigurosidad.
Seamos sinceros, la acusación busca un rostro, un culpable para hechos que todos saben que no fueron ocasionados por el ex Ministro. Se refiere a situaciones que no se encontraban bajo su control y responsabilidad, intentando encontrar un chivo expiatorio para justificar discursos políticos, y se le pretende sancionar bajo la lupa de una interpretación sesgada de la historia que debiese ser rechazada en el marco de este proceso constitucional.
Se trata, en consecuencia, de configurar a un enemigo a quien endilgar hechos sin importar qué relación tienen con el propio acusado. Es una expresión pura de la barbarie jurídica que implica el ejercicio del denominado "derecho penal del enemigo".
Algunos decidieron que ese "enemigo" es hoy Andrés Chadwick, un demócrata ejemplar, y que por ello hay que sancionarlo, sin importar sus propias garantías constitucionales, el debido proceso, el derecho al establecimiento de la verdad jurídica y una aplicación mínima de justicia.
Quienes promueven esta acusación buscan sancionar al ex Ministro con brutal torpeza e irresponsable urgencia, enceguecidos en la búsqueda de una aparente y efímera victoria política, sin importar todo el daño que se está realizando a nuestra institucionalidad.
Es simple: de prosperar el criterio de los acusadores, nadie estará disponible para ejercer la función de Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Por su intermedio, señor Presidente, y de acuerdo a declaraciones de prensa, el Diputado Boric aclara que este es un juicio político y no un juicio penal, tratando de justificar que, al momento de decidir, este Senado debería moverse en ese ámbito: el de los intereses políticos, el del cálculo por mezquinos intereses y el de la pequeñez. Olvida el hoy Diputado acusador que esta acusación constitucional es un proceso sancionatorio, y que, como tal, debe estar inspirada en principios del debido proceso y contar con el resguardo de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de imparcialidad de los juzgadores.
El primero de los decretos de emergencia constitucional es del 18 de Octubre de 2019 y el ex Ministro Chadwick dejó sus funciones el 28 de Octubre de 2019. Esta última fecha es de trascendental importancia, dado que una buena parte de la acusación se refiere a una eventual e inexistente inacción del ex Ministro, a partir de un reporte del INDH, entregado al mediodía del 27 de Octubre del presente año. No importa para los acusadores si los hechos consignados en ese informe se encontraban o no en una etapa inicial de denuncia y si debían ser aún investigados y, menos aún, comprobados.
Al parecer, se estima que, en menos de 24 horas, el ex Ministro debía dar por investigadas y comprobadas la totalidad de las denuncias, ejercer acciones y sancionar culpables.
Esta pretensión es claramente insostenible. Pero ello no importa, porque los acusadores decidieron identificar a su enemigo, al ex Ministro Chadwick, y no les importa la racionalidad ni los argumentos para ello, y menos la dignidad del circunstancial acusado y la tranquilidad de la familia de quien ha dejado la función pública.
Nada se dice de la necesaria tramitación de acciones legales iniciadas por el propio ex Ministro del Interior, el respeto a la institucionalidad, a la imprescindible participación del Ministerio Público y a la intervención de los órganos jurisdiccionales.
En relación con el Capítulo I de la acusación, este se basa en hechos de terceros, en los cuales no participó el ex Ministro, no existiendo ninguna relación de causalidad con acciones que él desarrolló o que omitió realizar.
Se pretende que los actos u omisiones del ex Ministro configurarían una "sistemática violación de los derechos humanos", sin identificarse qué hechos estaban bajo el control causal que habría podido ejercer el ex Ministro y sus consecuencias. Nada de eso importa en la acusación. Solo se busca sancionar a quien se identificó como enemigo y al que se decide aniquilar enceguecidamente.
Es más, algunos hechos consignados por la acusación fueron desechados, tales como:
-La existencia de un gran número de detenciones, sin importar el porqué, y la eventual existencia de un centro de detención, situación posteriormente desmentida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
-Se menciona a 28 personas desaparecidas y no se consigna que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos dio cuenta de que 26 de ellas fueron localizadas y que se continuaba investigando el paradero de las otras dos.
Lejos de lo antes dicho, el ex Ministro del Interior promovió en los días que transcurrieron entre el 18 y el 28 de Octubre del presente año el esclarecimiento de todos los hechos, oficiando, en cada caso y en reiteradas oportunidades, a Carabineros de Chile y a la PDI. Y, además, facilitó la labor de vigilancia y denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de entidades independientes e, incluso, de los medios de comunicación.
Con relación al Capítulo II de la acusación, esta se refiere, por una parte, a una eventual omisión de delegación de potestades presidenciales en el decreto del estado de emergencia y, por otra, al hecho de que el marco de acción de los Jefes de la Defensa Nacional se encontraría restringido a partir de la derogación de una disposición constitucional a partir del año 2005.
En relación con el primero de los puntos, la Contraloría General de la República ha validado en reiteradas oportunidades, realizando una interpretación sistemática de la Constitución y de las leyes aplicables, que el decretar el toque de queda en el contexto de un estado de excepción no requiere ni exige ningún tipo de delegación. Ello porque es una herramienta muchas veces necesaria para resguardar el orden y la seguridad pública a cargo, a partir del estado de excepción, del Jefe de la Defensa Nacional respectivo.
Sin perjuicio de lo anterior y de contar con el pleno respaldo legal, son los Jefes de la Defensa Nacional los llamados a contestar por qué decretaron toque de queda y su necesidad, no el Ministro del Interior.
Finalmente, dado que hoy nos encontramos en el papel de juzgadores, es preciso referirme a la persona de Andrés Chadwick Piñera, a quien considero un demócrata excepcional, respetuoso de los derechos humanos, siempre abierto al diálogo, a tender puentes con quienes piensan distinto.
Puedo dejar constancia de que desde el Ministerio del Interior, él siempre tuvo una especial preocupación por la situación de Arica y Parinacota, en especial en materias económicas, de seguridad, del resguardo de nuestras fronteras, de la lucha contra el narcotráfico y de atención a la crisis migratoria.
Andrés Chadwick es una persona que en muchas circunstancias de la vida siempre ha ayudado a quienes más lo necesitan en forma anónima, que ha formado personas desde las aulas y los pasillos de la Universidad Católica y que ha actuado con principios y valores excepcionales.
La vida pública de Andrés Chadwick Piñera avala su proceder de buena fe e integridad en todo momento, y esto debe ser especialmente considerado por todos nosotros. Yo creo firmemente en su inocencia, en la corrección de su actuar y, en definitiva, en la buena intención de cada uno de sus actos. Él, en sus tiempos de parlamentario, fue siempre un hombre clave en la historia de Chile y en guardar la democracia.
No es tiempo de la mezquindad, sino de la más bienvenida justicia en la plena libertad de nuestras conciencias.
En consecuencia, manifiesto mi voto en contra y rechazo el tenor y contenido de las pretensiones de ambos capítulos acusatorios presentados en contra de Andrés Chadwick Piñera.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, Honorables colegas, estamos frente a una decisión muy significativa para el país. Es una tarea muy difícil ser juez, especialmente para los que no somos abogados.
No se trata de considerar las características personales y humanas de Andrés Chadwick, con quien compartimos desde la Cámara de Diputados. No se trata tampoco de analizar su trayectoria política como parte de una generación de Derecha que ha tenido mucho poder en las últimas cuatro décadas de la historia de Chile y que estableció límites y condicionó nuestra democracia, nuestro desarrollo, el tipo de sociedad que se generaba.
Lo que se analiza hoy es un asunto muy específico: su gestión como ex Ministro del Interior en la labor de control del orden público en los hechos que tuvieron lugar a partir del 18 de octubre -incluso antes- y hasta la fecha en que fue relevado de su cargo.
Es imprescindible recalcar la naturaleza mixta del juicio político.
Por una parte, este tiene una evidente connotación jurídica. Se busca determinar si se configuraron hechos precisos, si estos se enmarcan en los ilícitos constitucionales que ameritan la acusación y, por último, determinar si está acreditada la responsabilidad del acusado en ellos.
No buscamos responsabilidades civiles ni penales. Tampoco administrativas. Se busca establecer una responsabilidad política.
Quiero reconocer que la acusación está situada en episodios de conmoción pública inéditos en Chile y muy complejos, la situación más difícil desde el retorno a la democracia. Es difícil evaluar con posterioridad y en frío lo que se hizo o pudo haberse hecho en tales circunstancias.
Señor Presidente, Honorables Senadoras y Senadores, el 14 de octubre comenzaron diversas manifestaciones estudiantiles en rechazo al alza en el transporte público. El viernes 18 ya eran masivas, a consecuencia de lo cual se anunció el cierre anticipado de la red de Metro y el colapso fue total. Las protestas cobraron intensidad, incluyendo el incendio y destrucción de gran cantidad de estaciones y otros recintos públicos y privados.
Como respuesta, el 19 de octubre el Presidente de la República declara el estado de emergencia en diversas comunas del territorio nacional.
La reacción inicial del Ejecutivo, expresada en la voz del Primer Mandatario y en su Ministro del Interior, remarcó la situación de violencia, apeló a una situación de guerra con un enemigo poderoso y expuso la existencia de un grado de organización y logística propios de una organización criminal, vale decir, una actitud y lenguaje que lejos de apaciguar los ánimos contribuyeron a crisparlos; a separar a la población entre unos y otros; a criminalizar a los manifestantes, asociándolos con el vandalismo, y con ello respaldar en forma irrestricta las acciones represivas y de fuerza.
Es un enfoque claramente equivocado, que mira parcialmente la realidad y que ha sido una constante en los Gobiernos de Derecha. El propio Andrés Chadwick, sobre el final del primer Gobierno del Presidente Piñera, advirtió que era un error simplificar el análisis en esta materia. Sin embargo, se sigue viendo la seguridad y el orden público con una mirada de corto plazo y sancionadora, incapaz de advertir la complejidad de los problemas que enfrentamos.
Parte de ese error de enfoque se expresa en la intervención realizada al comienzo del actual Gobierno en Carabineros de Chile.
Es cierto que la institución atraviesa una grave crisis, requiere una urgente y profunda reforma y no solo modernización. Pero en lugar de apuntar a ello, se optó por llamar a retiro a gran cantidad de generales y coroneles. Se quiso remover a sus directivos, pero con un riesgo muy alto, y se perdió capacidad operativa, de inteligencia, de formación.
Es una visión autoritaria a la que incluso le cuesta asumir cabalmente la historia de Chile, particularmente las violaciones a los derechos humanos en dictadura y todos los temas pendientes, como los mil detenidos desaparecidos que aún no se clarifican.
Es una visión que llevó a cometer errores graves en la comprensión de lo que estaba ocurriendo en el país. Durante bastante rato se trató y se sigue abordando como simple violencia y delincuencia, y ello condiciona la forma de enfrentarlo y sus resultados.
Muchos creemos que estamos frente a una sociedad chilena que, liderada por jóvenes, expresa un gran descontento con el modelo de sociedad generado a partir de la dictadura y de la transición. Es un descontento muy diverso pero profundo, que va mucho más allá de las tradicionales diferencias entre Izquierda y Derecha. Ese modelo de sociedad permitió un significativo crecimiento y acceso a bienes y servicios de la modernidad, pero ha agudizado las desigualdades, ha tolerado los abusos y privilegios, ha mercantilizado todas las necesidades sociales y que deshumanizado la vida.
Eso es lo que se nos critica a los políticos, a todas las elites. El 89 por ciento cree que nosotros gobernamos en beneficio de los poderosos y que el Parlamento y los partidos no son representativos y carecen de autoridad moral.
Enfrentar esta situación requiere mucho más que el enfoque represivo. Requiere abordar a lo menos tres desafíos claves de Chile: mejor democracia, un nuevo modelo de desarrollo, superar la desigualdad.
Primero, una mejor democracia, advirtiendo que esta institucionalidad, incluyendo al Parlamento, es estrecha para contener a una sociedad que quiere participar e integrarse; que tenemos un Estado precario; una administración territorial ineficiente, especialmente a niveles locales y cuya ley fundamental, la Constitución, carece de legitimidad y de la capacidad de reflejar una sociedad más plural y diversa.
Segundo, un nuevo modelo de desarrollo que permita dar un salto en crecimiento y equidad; que supere el extractivismo y el rentismo financiero que se agotó, aunque algunos no quieran verlo; que modernice al Estado para que este sea un motor de nuevas áreas y sectores productivos y para que preste servicios sociales de calidad y en forma oportuna, recuperando la idea moderna de industrialización.
Tercero, una mejor democracia y un nuevo modelo de desarrollo para superar la desigualdad. No hay cohesión social con una carga impositiva que no alcanza al 20 por ciento, con un puñado de chilenos que acumula buena parte de la riqueza y con enormes masas de trabajadores que, teniendo empleo, apenas superan la línea de pobreza.
Pensamos que esos son parte de los desafíos fundamentales de Chile, de un nuevo pacto social para Chile.
Este error de concepto y enfoque condicionó las respuestas a las manifestaciones públicas posteriores al 18 de octubre, muchas de las cuales son severamente reprimidas por fuerzas policiales y militares.
El artículo 3°, letra b), de la ley N° 20.502 entrega al Ministro del Interior la misión de velar por el mantenimiento del orden público. Ello debe hacerse con plena vigencia de los derechos humanos; introducidos en nuestro ordenamiento jurídico con carácter vinculante en una multiplicidad de textos, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos; la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, entre otros, que por mandato del artículo 5° de la Constitución limitan la soberanía. Ellos configuran el estándar básico de protección de los derechos humanos en nuestro país y no se tuvieron en cuenta en la vida misma.
El Gobierno y el Ministro del Interior mostraron una errada evaluación de los sucesos: se enfocaron en la represión. Lo anterior tuvo escasa efectividad en el control del orden público por un período demasiado prolongado. La percepción generalizada es que se actuó con extraordinaria severidad para disolver manifestaciones pacíficas, vulnerando gravemente los derechos humanos, expresada en miles de detenidos, lesiones severas, particularmente oculares, mientras no se tenía el mismo rigor con conductas sencillamente delictivas, como saqueos y vandalismo.
Al 27 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta 1.092 heridos; 546 con arma de fuego; 24 por balines; 122 lesiones en el globo ocular; 4 pérdidas oculares.
Además, informó que a esa fecha se presentaban 303 querellas vinculadas a torturas, tratos crueles y violencia sexual. También 4 homicidios cometidos por agentes del Estado. La situación era entonces evidentemente masiva, pública y notoria.
Al 6 de diciembre, o sea, la semana pasada, se constata que este enfoque represivo instalado desde el comienzo fue creciendo y de una manera exponencial. Tenemos hoy día en el último informe de Derechos Humanos 3.349 heridos; 1.983 con arma de fuego; 180 con balines; 371 con el globo ocular afectado; 21 con pérdidas oculares; 1.383 querellas por tortura y violencia sexual.
Frente a reiteradas denuncias de organismos nacionales e internacionales no se adoptaron medidas enérgicas. Solo el 19 de noviembre se anuncia la suspensión del uso de balines y perdigones, cuando algunas cortes de apelaciones empezaban a pronunciarse en el mismo sentido.
A nosotros, Senadores, nos llamaban día por medio para contarnos de gente conocida cuyos hijos, nietos estaban con los globos oculares afectados. La verdad es que hablábamos con las autoridades y no encontrábamos una respuesta a la altura.
Señor Presidente, Honorables colegas, nuestro país y miles de chilenos sufrimos la violación grave y reiterada de los derechos humanos en dictadura. Desde entonces hemos dedicado nuestra acción política a generar condiciones para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta gravedad. Nos asiste la convicción de que nunca es tolerable la violencia entre seres humanos.
Nunca nos imaginamos que se repetirían las violaciones a los derechos humanos como ha sucedido. Nunca nos imaginamos que las autoridades y Carabineros repetirían enfoques y acciones que creíamos superados.
Las violaciones a los derechos humanos en estos días han activado la memoria; han activado las broncas por lo que no hemos hecho todavía; han activado los temores y los dolores de la historia.
La cantidad personas a las que se les han declarado todo tipo de brotes, de distinta naturaleza; todo tipo de problemas producto de la situación que estamos viviendo hace recordar la historia de Chile.
Esto hay que tenerlo muy presente con relación al desprestigio de los dirigentes políticos y también en el marco y sentido de esta acusación constitucional.
Señor Presidente, también aprendimos que la democracia es el sistema de gobierno que, aun con sus imperfecciones, mejora y asegura los derechos de todos.
El resguardo del orden público es una tarea fundamental y una misión esencial del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Orden y Seguridad; pero no a cualquier precio, sino con pleno respeto a los derechos humanos: ¡el fin no justifica los medios!
Tal como señala claramente la sentencia de la Corte Interamericana recaída en el caso Velásquez Rodríguez, citada en el libelo acusador:
"Está más allá de todo duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Pero -se agrega-, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana.".
Eso es lo que está en juego en esta acusación: sentar o no el precedente de que en nuestro país el mantenimiento del orden público y la represión de actos ilícitos pueda o no realizarse vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos. Y, con convicción, afirmo que no es aceptable que el resguardo del orden público admita la violación de los derechos humanos.
En tal sentido, creo que el señor Andrés Chadwick, entre los días 14 y 27 de octubre pasado, en el ejercicio de su cargo como Ministro del Interior, que le responsabilizaba la mantención del orden público, infringió la Constitución y las leyes y las dejó sin ejecución al no haber adoptado acciones eficaces para detener este proceso de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
Asimismo, creo que hubo errores y omisiones graves en la declaración del estado de emergencia y en las acciones adoptadas en ese marco.
Aprobaré ambos capítulos de la acusación.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, comúnmente se suele afirmar, a veces con bastante ligereza y liviandad, que la acusación constitucional como mecanismo previsto en la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad política de un Ministro, o exautoridad, se trata simplemente de una puesta en escena, donde las decisiones están preconcebidas, o bien, los argumentos de derecho no tienen cabida alguna o no poseen el peso necesario para inclinar o revertir un voto. Se trataría, simplemente, de un mecanismo para derrotar a un gobierno, eliminar a un adversario político, etcétera.
Lo anterior tiene sentido cuando no se comprende a cabalidad la finalidad jurídico-política de ese instrumento.
En esta línea, algunas editoriales de diarios de circulación nacional se han permitido afirmar en estos días que "no se estaría evaluando en su mérito jurídico". Y concluyen con total liviandad que "el débil fundamento jurídico hace inviable una acusación de esta naturaleza".
Esas afirmaciones, develan una dramática falta de comprensión sobre la naturaleza jurídica de la acusación constitucional, sus objetivos y la importancia de esta en el equilibrio de poderes y, en particular, en el control del límite del poder en una democracia y el ejercicio de la responsabilidad política de los gobernantes.
Esto nos lleva, indefectiblemente, a hacer referencia a dos elementos centrales que vale la pena tener en consideración. El primero de ellos dice relación con la supremacía constitucional y su control; y el segundo está estrechamente unido con el concepto de responsabilidad, en específico, de la responsabilidad política.
Primeramente, cuando hablamos de la supremacía constitucional, nos referimos a que la Constitución Política de la República, ubicada en la cúspide en el sistema de fuentes, posee una fuerza normativa y obligatoria que es justiciable o, si se quiere, aplicable directamente por el juez en el caso concreto.
Por ello, para quienes creemos en el control difuso de constitucionalidad, el principal control (y aplicación de ella) lo hace el órgano jurisdiccional. Por consiguiente, la fuerza obligatoria y expansiva de la Constitución se ha ido enraizando en nuestra tradición jurídica desde hace ya varias décadas. Esto es lo que se conoce como "constitucionalización del derecho".
Pero la supremacía constitucional no obedece únicamente a los jueces o al Tribunal Constitucional. Dicho de otro modo, como señala el profesor Silva Irarrázabal, "en ninguna parte de la Constitución se especifica quién sea el guardián de su supremacía jerárquica. Es más, ni siquiera señala expresamente que haya guardián de la supremacía constitucional".
Aquello refleja que la Carta Fundamental admite diversas dimensiones de resguardo: los jueces; el Tribunal Constitucional; cada órgano administrativo, como la Contraloría General de la República, al aplicar la Constitución o la ley, y, por cierto, el Congreso justamente a través de la acusación constitucional.
Se trata, entonces, de que la acusación debe entenderse como un mecanismo de protección o resguardo de la supremacía constitucional en su dimensión política.
Por eso, la acusación se rige por criterios como los de "oportunidad y conveniencia". Es decir, un acto u omisión del acusado, en su entonces condición de Ministro, perfectamente puede ser controlado jurisdiccionalmente o en sede administrativa (la Contraloría), y es factible verificar su legalidad. Pero, además de los anteriores controles, puede realizarse el control político: el Congreso tiene la facultad de controlarlo políticamente, que no es otra cosa que la manifestación de la antigua obligación de los soberanos de "rendir cuentas" u "obligación de responder", que es el origen etimológico de la voz "responsabilidad".
Por ello, en un esquema de separación de poderes, la prohibición de actuar arbitrariamente del soberano posee límites jurídicos, pero también políticos. Y es precisamente el control político lo que permite que los actos estén en armonía no solo con "lo jurídico", con la ley, sino también con los "designios populares" (al decir de Sánchez Lobo).
Fue por esta razón que el uso del impeachment, en Inglaterra, mutó desde una herramienta penal a un juicio eminentemente político; es decir, se permitió cesar en el cargo a aquella autoridad que no contara con el apoyo del Parlamento, pudiendo esto tener lugar no solo cuando se cometen ilícitos, sino también, por el contrario, es factible acusar constitucionalmente aun cuando no haya una conducta antijurídica, pues lo que se busca es determinar qué es lo justo políticamente, verificando si los actos están o no acordes con el bien común.
Por ello el Senado tiene una finalidad interpretativa de la Constitución, pero una de carácter política. Esa es la interpretación que hace el Congreso Nacional a través de la acusación.
Lo anterior se manifiesta por medio de diversas instituciones. La primera de ellas es que el Senado actúa como "jurado"; sí, donde no se requiere ser letrado, como en un tribunal de derecho.
Además, se vota en conciencia, sin que exista la necesidad siquiera de dar razón de la decisión, cosa impensable en un órgano que ejerce control jurisdiccional, donde la fundamentación es condición sine qua non de la legitimidad de un fallo. En cambio, el Senado no debe necesariamente -como ocurre acá- dar razones del proceso lógico con el cual se arribó a la decisión, pues el jurado, como representante del pueblo, está dispensado de dicha obligación, como probablemente lo harán muchos de quienes hoy día no intervendrán en la Sala.
Esto no se traduce en pura emocionalidad o prejuicios, sino que en un examen sobre la base de criterios de oportunidad del actuar político del acusado; es decir, se debe decidir yuxtaponiendo las convicciones del representante del pueblo con el actuar político del acusado.
Seguidamente, si analizamos las causales de acusación, verificaremos que estas son amplísimas, lo que reafirma el carácter de control político, pues si el examen fuera eminentemente jurídico, debería existir una tipificación precisa y clara de cada una de las conductas.
Por consiguiente, lo que hace en definitiva el Congreso al conocer una acusación como la que hoy nos convoca es delimitar "el marco jurídico político dentro del cual debe desarrollar el ejercicio del poder político".
Esto no pasa por hacer un examen ni de legalidad, ni menos aún de reproche penal. Por el contrario, entiendo que el verdadero reproche que se le realiza al ex Ministro dice relación con la dimensión política de su actuación respecto de actos que jurídicamente son lícitos. Así las cosas, desde ya, quien pretendiera en el futuro usar en sede penal una eventual decisión de este Senado estaría incurriendo en un error manifiesto, ya que aquí y ahora no se decidirá nada en el ámbito penal, no solo porque no nos corresponde, sino además porque no se han hecho imputaciones penales, no seguimos estándares probatorios propios de dichos procesos y no fallamos conforme a las reglas de la justicia penal.
En otras palabras, la acusación constitucional "es un instituto de garantía de la Constitución que permite hacer efectivo el principio de responsabilidad constitucional de funcionarios y magistrados singularizados", cuyo objetivo no es el castigo del funcionario, sino -según la doctrina norteamericana- "la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo".
Dicho de otro modo, "la responsabilidad política tiene que ver con la justicia de carácter constitucional, es decir, implica la responsabilidad del Estado frente a la forma de controlar el poder".
A mayor abundamiento, la acusación constitucional posibilita un verdadero control de poderes, incluso en un sistema tan presidencial como el nuestro, ya que la amplitud de las causales acusatorias permite que puedan ser utilizadas como evaluación de la gestión política.
En cuanto a los capítulos acusatorios, despejada la naturaleza jurídica de la acusación constitucional y, por tanto, de nuestro deber de revisar la eventual responsabilidad política del acusado, debemos abocarnos al análisis de los capítulos acusatorios, examen que -como he dicho- tiene que someterse a la conciencia de cada uno de los miembros del jurado, que en esta oportunidad somos los Senadores.
En el Capítulo I se acusa al otrora Ministro Chadwick de infringir gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la república, producto de omitir deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y de los cuerpos de seguridad del Estado.
A ese respecto, cabe señalar, en concreto, que se ha de resolver si desde el punto de vista del deber que el artículo 3°, letra b), de la ley N° 20.502, le impone al Ministro, esto es, velar por la mantención del orden público, el modo en que este desplegó las fuerzas policiales en el contexto de la manifestación social reciente fue racional, necesario y proporcional.
Primeramente, debo ser tajante en señalar nuevamente que no estamos en posición de calificar si los hechos acaecidos se traducen o no en una figura penalmente típica. Eso debemos de plano desecharlo, pues esta no es la sede ni la oportunidad para ello. Por consiguiente, debemos ver si existe responsabilidad política comprometida.
Es del caso señalar que, de acuerdo con los antecedentes que obran en este procedimiento y que ya se han expuesto latamente, se colige que el entonces Ministro Chadwick no habría estado a la altura que tal investidura demandaba; no tuvo la conducción necesaria, y no supo dar órdenes precisas para evitar que, en el ejercicio de la fuerza para el control del orden público, esta no fuera desproporcionada, irracional, o innecesaria.
Este es el estándar que se le exige al acusado, donde, por cierto, no es posible hacer imputaciones de otra naturaleza.
Ahora bien, en el Capítulo II se acusa al ex Ministro Chadwick de ser responsable por omitir tomar acciones para evitar la flagrante vulneración de derechos constitucionales, y se hace una descripción lata a este respecto.
Un Ministro de Estado es un colaborador directo e inmediato del Presidente en el gobierno y administración del Estado, según lo establece el artículo 33 de la Carta Fundamental. Por ende, posee la misión constitucional de llevar un conjunto de políticas públicas, de acuerdo con el programa que fue aprobado ampliamente en las últimas elecciones presidenciales. Pero, asimismo, este cargo implica, por mandato de la ley, determinar los lineamientos normativos y políticos en la conducción de la seguridad pública.
En efecto, en la propia ley N° 20.502, en su artículo 1°, luego de disponer la creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se establece que "para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias", y coordinará, evaluará y controlará un conjunto de planes y programas.
Por consiguiente, la ley radica en ese Ministerio no solo los aspectos normativos propios derivados del Derecho Administrativo, sino también la conducción política al decir "concentrará la decisión política en estas materias". O sea, es por mandato del legislador que el Ministro del Interior posee esas potestades, ni más ni menos que de decisiones políticas en el ámbito de seguridad y orden público.
Sin embargo, de esa conducción política derivan responsabilidades que comparten esa misma naturaleza.
Al respecto, vale la pena preguntarse: ¿De dónde proviene el reproche político?; ¿Cuáles fueron los hechos lícitos ejecutados por el Ministro que precipitaron la situación por la que hoy se le acusa?
A mi entender hay dos hechos que podrían comprometer su responsabilidad política.
Primero, si bien de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes es el Presidente de la República quien mediante decreto supremo posee las facultades para llamar a retiro a los oficiales de Carabineros, lo cierto es que, como colaborador directo e inmediato, el Ministro del Interior es quien recomienda los ascensos o retiros del personal de nombramiento supremo, más conocido como "escalafón de oficiales", y en particular, de aquellos que conforman el Alto Mando institucional.
Es un hecho público y notorio que los recientes acontecimientos ocurridos en Carabineros de Chile ameritaban cambios relevantes. No obstante, la forma de llevarlos a cabo demandaban sabiduría, templanza y prudencia. Pues bien, dichas virtudes fueron obviadas al momento de llamar a retiro en un período de doce meses a 51 generales de Carabineros. Sí: ¡51 generales fueron llamados a retiro!
Pensemos que todo el Alto Mando institucional lo conforman 41 generales. Tal decisión significó, en la práctica, el desmantelamiento de los altos mandos institucionales, la pérdida de experiencia acumulada, la fractura de estructuras jerárquicas internas y, como consecuencia, una institución sumida en su mayor crisis desde 1927.
¿Qué empresa es capaz de sobrevivir sin sus 51 principales directivos? ¿Cómo una empresa descabezada enfrenta a su competencia? ¿Y, perdón, si la competencia de Carabineros es el crimen organizado, a quiénes se benefició con esta medida? ¿Quién garantiza que sus reemplazos poseían las competencias, experiencia, roce y mando operativo necesarios para sacar adelante su institución en el marco del pleno respeto a los derechos fundamentales?
Son muchas las interrogantes cuyas respuestas lamentablemente no conocemos, pero al menos las intuimos.
Entonces, no era de extrañar que en el momento de mayor inseguridad de la ciudadanía, a partir de los atentados incendiarios a diversas estaciones del Metro, Carabineros no fuera habido en la ciudad; o que la estructura de inteligencia policial haya sido incapaz de prever lo que ocurriría, y que una vez acaecidos los atentados siguieran demostrando su incapacidad para alertar de futuras acciones o identificar a los responsables.
La crisis en que se encuentra la institución policial puede tener muchos orígenes; pero, sin duda, el descabezamiento completamente inapropiado precipitó estos hechos y profundizó la crisis.
¿Sabía usted, señor Presidente, que el descabezamiento masivo implicó, entre otras consecuencias, que el general que estaba a cargo de la inteligencia nacional durara solo dos meses en sus funciones? Nunca sabremos si, de no mediar dicho descabezamiento, la reacción ante el estallido de violencia hubiera sido igual o no.
Ahora bien, si la causa del descabezamiento masivo fuera una limpieza masiva de la institución, podría justificarse. Sin embargo, por desgracia, observamos que el objetivo era otro: poner a un conocido al mando de la Institución. Con esto no quiero criticar al actual General Director de Carabineros, porque no participa en el procedimiento; pero sí deseo hacer cuestión de una decisión estrictamente política.
¿Esa fue una decisión que la prudencia aconsejara? A mi entender, ¡no!
La decisión del entonces Ministro es lícita, se encuentra dentro de sus facultades, no constituye delito alguno; no obstante, a todas luces se trata de una decisión políticamente equivocada, inadecuada; una decisión que afectó gravemente los destinos de una institución fundamental para la república.
Una segunda decisión política equivocada la constituyó la omisión de parte del entonces Ministro de no ejercer su autoridad y separar de sus funciones al oficial general cuyo mando operativo se encontraba en cuestionamiento.
Despejemos un punto previo, señor Presidente.
El Ministro no es responsable de los actos operativos. Pero eso no lo excluye de la responsabilidad política, pues cuando el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos le representa los hechos ocurridos, en el sentido de que cientos de personas estaban siendo afectadas por violaciones a los derechos humanos, el Ministro del Interior, al decir de la defensa, habla con Carabineros y le exige la realización de sumarios.
Señor Presidente, se efectúan sumarios para las infracciones administrativas, no para las violaciones a los derechos humanos. Para las violaciones a los derechos humanos correspondía la intervención de las unidades policiales, la separación de los mandos y -por qué no decirlo- la separación incluso del Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, quien es el responsable operativo, según la cadena de mando, de todas las unidades operativas del país.
Resulta evidente, pues, que tenemos una situación extremadamente compleja.
Ciertamente, se trata de un momento humanamente ingrato. Aquí, en el Senado, no estamos acostumbrados a denostaciones o acusaciones, y menos a juzgar virtudes personales o relaciones humanas o de amistad; sin embargo, es el rol que la república nos ha asignado, y el momento que vivimos nos demanda responsabilidad y seriedad en nuestras decisiones. Seriedad para asumir la profundidad de la crisis social, política y de confianzas que tenemos hoy día. Nunca antes habíamos estado en esta situación.
Por eso es muy importante que se ejerza el principio de responsabilidad de las autoridades. No se trata aquí de imputar delitos, ni tampoco de establecer responsabilidades en materia de violaciones a los derechos humanos, lo que sería en extremo injusto y delicado, sino simplemente de determinar exclusivamente su responsabilidad política frente a decisiones de autoridad que trajeron consecuencias que no queremos repetir.
Estamos en presencia de un mecanismo de control del poder por parte de los representantes ciudadanos. Debemos entender nuestra importancia y misión: la de ayudar a preservar la república haciendo efectivas las responsabilidades políticas de quienes ostentan u ostentaron el poder.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, Honorables colegas, en verdad, una acusación constitucional es un momento de especial relevancia en la historia de un país, y significa una gran responsabilidad para este Senado.
En esta jornada nos toca cumplir un rol importantísimo, y, por lo tanto, debemos huir de las consideraciones de cálculo, del que dirán, de las redes sociales, de los deseos de revancha o de sentir que con nuestra decisión reparamos ofensas que el acusado nos hubiera inferido.
No estamos aquí para desentendemos de la enorme crisis que afecta a nuestro país a partir del 18 de octubre pasado. Desde ya firmemente condenamos los abusos y atropellos a los derechos humanos. Y eso lo he hecho presente permanentemente como miembro de la Comisión de Derechos Humanos, porque entendemos que, si ha existido algún atropello a los derechos humanos, no va a haber impunidad. Y para eso están los tribunales de justicia.
Ya lo ha dicho el Presidente de la Corte Suprema: la justicia chilena no está al debe en esta materia.
Pero también lamentamos, señor Presidente, cómo al correr los días hemos ido dándonos cuenta de denuncias falsas, de manipulación de información y de supuestas verdades y casos que no existen.
Nuestra función es hoy ajustarnos a la Constitución y a la ley, fundar nuestro juicio en hechos probados y que se correspondan con las causales previstas en la Constitución, plenamente detalladas. Porque la acusación que nos ocupa hoy día contiene dos capítulos que han sido explicados ya en varias oportunidades.
Yo he leído los antecedentes y he escuchado con mucho respeto y atención las intervenciones de los Diputados acusadores y de la defensa del ex Senador y ex Ministro del Interior.
Conozco personalmente lo difícil que es sostener y defender una acusación constitucional, porque lo hice aquí hace algunos años.
En ambos casos, los acusadores han fallado en acreditar los supuestos que ellos mismos señalan que se necesitan para el éxito de una acusación constitucional.
En el Capítulo I se requiere, en primer lugar, la existencia indubitada de violaciones reiteradas y graves a los derechos humanos; en segundo lugar, que la responsabilidad penal de esas eventuales violaciones sea de Carabineros de Chile o de las fuerzas de orden y seguridad; en tercer lugar, que el ex Ministro Chadwick haya tenido conocimiento de eventuales y concretas acciones de violación a los derechos humanos; cuarto, que el acusado tenía la obligación legal de actuar, y por último -y más grave-, que don Andrés Chadwick, voluntaria y premeditadamente, no haya tomado las medidas que eran necesarias para frenar estas tropelías.
Los acusadores no han podido sindicar hechos concretos y determinados. En vez de eso, se remiten solo a expresiones críticas de orden general, objeciones a su persona, que funcionan como juicios de valor y no como antecedentes de hecho que expliquen la relación entre el acusado y alguno de los hechos latamente relatados tanto por escrito como en las alegaciones vertidas en los Hemiciclos de la Cámara de Diputados y de este Senado. Tampoco se hacen cargo del hecho de que hasta ahora no hay condenas -no hay condenas- por los hechos que ellos entienden que fundamentan la acusación y, a mayor abundamiento, tampoco logran superar la objeción de la defensa respecto al tipo de responsabilidad que tiene el ex Ministro del Interior sobre las policías.
En cuanto al Capítulo II, es de una construcción tan endeble y poco prolija que de la propia argumentación expuesta por los Diputados acusadores se desprende que los responsables, si los hubiera -porque ello es altamente dudoso-, son los generales encargados de zona, quienes habrían actuado decretando toque de queda sin contar con las facultades para ello. Si la responsabilidad del acusado radica en haber participado en los decretos que declaran los estados de emergencia, ¿cómo es que no se acusó al Ministro de Defensa, quien también participa en los decretos supremos?
Es tanto así que incluso el profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, señor Viera, presentado por los propios Diputados acusadores ante la Comisión de Diputados que debía informar, rechazó referirse a este capítulo por cuanto consideraba que no tenía, en sí mismo, ningún valor, ninguna consistencia.
No cabe, entonces, reproche alguno a las actuaciones que hagan posible la determinación de responsabilidad del ex Ministro Chadwick.
Dado el resultado anterior, cabe preguntarse cuál es el fundamento para la acusación que se plantea, por qué algunos Diputados la aprobaron aun sabiendo -o debiendo saber- que carece de méritos de forma y fondo. La propia parte acusadora plantea como argumentos de la procedencia de la acusación que "El país lo demanda", "La gente lo exige", y se ha esgrimido la noción de que "alguien tiene que pagar por los eventuales excesos de las fuerzas de orden y seguridad".
Se ha enfatizado en esta tribuna que la acusación no es contra la persona de Andrés Chadwick, que tampoco se busca "perjudicar la honorabilidad del señor Chadwick"; y sin embargo, se acusa a un destacado demócrata de haber actuado expresamente para evitar tomar medidas que previnieran la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile. Lo que necesariamente se funda en supuestos que la parte acusadora no ha logrado acreditar.
En consecuencia, es imposible no asumir que se acusa al ex Ministro del Interior de ser encubridor de toda una maquinaria destinada a violar los derechos humanos de chilenos y chilenas.
Eso haría a Andrés Chadwick no solo responsable, sino que implica necesariamente un juicio moral en base a lo que "activamente" él habría dejado de hacer. Es decir, se hace un juicio personal y de méritos al acusado.
Andrés Chadwick tiene una carrera política excepcional: fue Diputado, Senador por dos periodos, Ministro Secretario General de Gobierno, Ministro del Interior en dos oportunidades, y en muchas ocasiones Vicepresidente de la República. No estamos hablando de cualquier persona.
Andrés Chadwick ha sido un hombre y un político imprescindible. Es difícil hablar de una persona que sea imprescindible, pero para nosotros y para muchos chilenos él sí lo es. Por eso, señor Presidente, puedo señalar que es una persona íntegra, con una visión que despierta admiración y respeto entre quienes lo conocen, no importando el sector político.
Un ex Ministro que, como pocos, decidió estar presente durante las alegaciones del día de hoy y de ayer. Y se presenta aquí para mirarlos a todos de frente, con respeto, porque él no tiene nada que ocultar y porque, además, manifiesta un rasgo característico propio de los hombres de Estado: coraje.
Otro gran hombre de Estado, Winston Churchill, definía el coraje como "Lo que se necesita para pararse y hablar, pero también lo que se necesita para sentarse y escuchar". Y si algo distingue a Andrés Chadwick es su capacidad para escuchar, para dialogar, pensando siempre en el futuro de Chile, dentro del respeto democrático.
Las circunstancias de turbulencia social que hemos vivido en nuestro país exigen de este Senado un alto nivel de responsabilidad. Es posible inferir de esta acusación la loable idea de encontrar un responsable a quien culpar y responsabilizar de las supuestas violaciones masivas de derechos humanos. Pero ante la imposibilidad de hacerlo, se incurre en falacias argumentativas. Como el "hombre de paja", se inventa un rival imaginario a quien quemamos para satisfacción de la calle sedienta de sangre.
Lo que el país demanda es justicia, pero no un linchamiento constitucional; la gente busca que la verdad prevalezca, no que triunfen la mentira y la condena de un inocente.
Debemos actuar con responsabilidad; tenemos que trabajar por mejorar el prestigio del Congreso en general y del Senado.
Por eso, señor Presidente, yo quisiera decir, con mucho respeto, con cariño, con humildad en un momento como este, porque estamos hablando de la vida de una persona, que varios Senadores y Senadoras en la conversación privada se sienten entre la espada y la pared -no puedo afirmar que todos- ante la idea de tener que votar favorablemente esta acusación, tanto porque carece de mérito como también porque conocen a Andrés Chadwick y valoran su persona, su trayectoria política, su idoneidad intelectual y moral.
Es, entonces, del todo injusta la comparación odiosa que hicieron ayer los acusadores, quienes trataron de hacer un símil entre el Ministro nuevo y ejecutivo...
¡Qué pasa, Presidente! Siempre hay problemas cuando se trata de mí. ¡Me cortaron la inspiración! Faltan cuatro minutos y se apaga el micrófono...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Debe de haber habido un inconveniente. Se respetará su tiempo.
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor MOREIRA.- Entonces, yo creo que es muy injusta la comparación que se hizo por la parte acusadora, entre un Ministro nuevo que llega, muy ejecutivo, y un Ministro obsoleto y ausente como habría sido Andrés Chadwick. La verdad es que es una caricatura que no venía al caso, entre el bueno, el malo. ¡Bueno, el feo lo dejaré fuera en esta ocasión...!
Un hombre de Estado, como es Andrés Chadwick, ayer, al dirigirse a nosotros, señaló que ese sería su último discurso en el Senado, enfrentado a acusaciones que rozan en un verdadero ajusticiamiento por parte de quienes no lo conocen.
No obstante, yo debo decirle a don Andrés que en política no existe un último discurso, porque estoy seguro de que si la patria requiere de sus servicios, sin importar tiempo o circunstancia, contaremos con él para los desafíos que el país le pueda confiar en el futuro.
Es tiempo, entonces, para que aquellos Senadores que tienen conciencia de la inocencia de Andrés Chadwick den un paso al frente, tengan el valor de actuar en consecuencia y no por conveniencia. Hoy, ante la historia, no cabe la excusa -como me lo dijo un Senador que yo respeto mucho- de decir que se cumple un rol político. Hoy este Senado tiene la enorme responsabilidad de decretar la inocencia de Andrés Chadwick y, de esa manera, entregar justicia y dignidad a un hombre al que casi todos en este Hemiciclo conocemos y apreciamos.
Termino, señor Presidente, con una frase de Martin Luther King: "Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto". Y hoy es el momento oportuno para hacer lo correcto.
El escritor C.S. Lewis dijo que "El coraje no es simplemente una de las virtudes, es el punto de partida de todas las virtudes".
Estimados colegas, señor Presidente, cuando asumí como Senador juré guardar la Constitución Política...
¡Otra vez se corta el audio, Presidente!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Le queda un minuto y medio.
Tiene la palabra, Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- No voy a buscar ninguna interpretación, señor Presidente, pero le pido, en aras de los demás Senadores que van a tener que hablar, que sea revisado el sistema, porque me parece que no es correcto que cuando está hablando un Senador en un tema tan delicado como este, en el momento final de su discurso, y antes, se le corte el micrófono.
Eso no corresponde. Y quiero decirle que ¡nunca! en este Senado, se había dado en una acusación constitucional, un tema tan importante, lo que ha pasado hoy día.
Yo dije, señor Presidente, que apelo a la humildad, apelo al sentido común, apelo al corazón, apelo a la justicia, apelo al derecho. Y si yo juré respetar, guardar la Constitución Política del Estado; desempeñar fiel y lealmente el cargo que me ha confiado la nación, en razón de ello, y siguiendo a mi conciencia, voy a rechazar esta acusación constitucional, porque Andrés Chadwick Piñera es inocente.
¡Sí, señores: es inocente!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de dar la palabra al Senador Quinteros, quiero reiterar que de la Mesa no ha habido ninguna manipulación respecto de los tiempos o del audio. Hemos encargado que se revise el sistema, porque entiendo la situación y no se debiera repetir.
El señor MONTES.- Está fallando la transmisión también.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Estaría fallando afuera la transmisión, pero de todas maneras, por favor, pido verificarlo.
Senador Quinteros, tiene la palabra.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, estimados colegas, no nos confundamos: en nuestra tradición, la acusación constitucional es un juicio político.
Esta es una de las formas que nuestro ordenamiento contempla para hacer efectiva la responsabilidad política, que no es sino la aplicación de una sanción; en este caso, la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Vamos a suspender la sesión algunos minutos para verificar lo que ocurre con el sistema.
Se suspende la sesión.
)----------(
--Se suspendió a las 11:27.
--Se reanudó a las 11:39.
)---------------(
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
Antes de entregarle la palabra al Senador Rabindranath Quinteros, quiero señalarles que hay un problema técnico. Cuando comiencen sus intervenciones, verán en pantalla un tiempo de diez minutos. Al vencerse, se agregaran los cinco correspondientes. Eso es lo que nos indica nuestro equipo de audio.
Se conservan los quince minutos para fundamentar.
Reitero: al inicio de la intervención aparecerán en pantalla diez minutos y luego se añadirán manualmente los cinco restantes. Eso se hará hasta que se solucione el problema técnico.
Senador Quinteros, tiene la palabra.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, estimados colegas, en nuestra tradición, la acusación constitucional es un juicio político.
Esta es una de las formas que nuestro ordenamiento contempla para hacer efectiva la responsabilidad política, que no es sino la aplicación de una sanción -en este caso, la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años- por actos u omisiones de una autoridad en el ejercicio de su cargo.
Aunque algunos de los hechos que pueden dar lugar a la acusación son, en sí mismos, delitos, ello no le otorga carácter jurisdiccional a este proceso.
Sería imposible determinar alguna clase de responsabilidad de ese tipo en un proceso que en este Senado toma apenas dos días y que, si bien cumple normas básicas del debido proceso, carece de las características mínimas que debe tener un proceso jurisdiccional, como un período de recepción de pruebas o una sentencia fundada.
Si se acoge la acusación, no se le está condenando por un delito penal. Y si se rechaza, tampoco se le está absolviendo de una eventual responsabilidad de esta índole.
Esta confusión se origina, en parte, en que nuestro sistema no contempla una regulación sistemática de la responsabilidad para las autoridades. Algunas están sujetas a responsabilidad administrativa, otras no o solo de manera restringida, como sucede con los Ministros de Estado.
En muchos casos, la responsabilidad política se hace efectiva con la sola renuncia de la autoridad. Pero en otros, por la gravedad de los hechos y la investidura de las autoridades, y dentro de plazos bien acotados, esa responsabilidad se puede perseguir a través de una declaración solemne del Congreso.
Por ello, desde mi punto de vista, la defensa del ex Ministro cae en una contradicción al sostener, por un lado, que este último había asumido su responsabilidad política cuando renunció a su cargo el 25 de octubre, y al afirmar, al mismo tiempo, que es inocente.
Por cierto, se puede ser inocente penalmente, pero no políticamente cuando se está a cargo de un Ministerio responsable de preservar el orden público con pleno respeto de los derechos humanos y del principio de legalidad. Y se fracasa estrepitosamente en este objetivo, como hemos podido apreciar los chilenos y la comunidad internacional.
El fracaso ha sido rotundo: se han producido violaciones a los derechos humanos a manos de efectivos de la fuerza pública mientras el acusado era el máximo responsable del orden público después del Presidente de la República.
Estas violaciones han sido numerosas y graves. Así lo concluye el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha presentado decenas de querellas por esta razón. Lo ratifican organizaciones internacionales de derechos humanos convocadas por el propio Gobierno e, incluso, lo sostiene el mismo Presidente de la República.
No se necesitan sentencias a firme para dar por acreditadas estas violaciones en un proceso político como este. Se necesita solo nuestra convicción personal. Y por eso se dice que resolvemos como jurado.
En cuanto a los capítulos del libelo, en el primero se acusa de infringir la Constitución al omitir el cumplimiento de sus obligaciones como Ministro y superior jerárquico de la fuerza pública, especialmente en cuanto a adoptar las medidas para prevenir y poner atajo al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, que provocó numerosas y graves violaciones a los derechos humanos.
La defensa sostiene que Carabineros goza de una autonomía operativa y que el Ministerio no tiene facultades para intervenir en ella.
No deja de ser una paradoja que esa autonomía operativa, defendida con fuerza por el propio ex Ministro mientras fue parlamentario, es la que ahora actúa en su contra.
Sistemáticamente, se intentó mantener a las instituciones policiales y militares fuera del control político. Pero no es posible seguir sosteniendo esta idea al menos después de la reforma constitucional del año 2005 y de la nueva Ley del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que estableció la dependencia de Carabineros respecto de esa Cartera.
El intento de deslindar responsabilidades se parece mucho a la figura que patentó el propio Presidente hace seis años, cuando habló de los "cómplices pasivos de las violaciones a los derechos humanos", es decir, personas que no podían sino saber de la existencia de dichas violaciones y no hicieron nada para evitarlas o condenarlas, refiriéndose con ello a la conducta de jueces y otros civiles durante la dictadura militar.
El ex Ministro no debe responder por sus subordinados, sino que por sus propias omisiones. La omisión de prevenir y corregir hechos que no fueron aislados y fuera de todo patrón, sino que fueron numerosos y constantes, incluyendo a personas fallecidas, lesionadas, víctimas de trauma ocular, torturas y maltratos.
Se requería otra reacción del Gobierno y especialmente del ex Ministro a cargo del orden público. No podía limitarse a pedir informes.
Respecto del segundo capítulo, la infracción a la Constitución es evidente.
No hubo delegación de facultades en los jefes de la defensa nacional que los habilitaran para restringir y suspender derechos constitucionales en la forma como lo hicieron mientras duró el estado de emergencia.
Señor Presidente, en el marco de un proceso político como el que estamos llevando a cabo, es imposible prescindir del contexto político en que se desarrollan los hechos que dan lugar a la acusación.
Se trata de la mayor crisis política, social y, probablemente, económica que ha atravesado el país en los últimos treinta años.
Por cierto, el Gobierno no es el único responsable de esta crisis, pero, sin lugar a dudas, es el principal responsable tanto por el papel jugado por su sector para impedir o retrasar los cambios mientras fueron Oposición como por la porfiada política impulsada durante su administración para retrotraer las limitadas reformas que habían sido impulsadas en los últimos años.
Atendida la gravedad y el escalamiento en el desarrollo de la crisis, la oportunidad en la adopción de las medidas resultaba y resulta fundamental.
La idea de que estamos en guerra; los discursos que omitían referirse a las violaciones de los derechos humanos; la caracterización de la crisis solo como un problema de seguridad; el endurecimiento de la respuesta policial -no sabemos si por instrucciones del Gobierno-, todo ello, junto con las causas de fondo que lo originaron, contribuyeron a que el conflicto se potenciara y creciera.
La acción del Gobierno no fue neutral en cuanto a determinar la respuesta de la fuerza pública.
Una reacción decidida, firme y oportuna del Gobierno, y en especial del Ministro del Interior, habría corregido el accionar policial y habría precavido muchas de las consecuencias que conocemos, con el triste saldo de víctimas personales y daños a los bienes públicos y privados.
Señor Presidente, nadie le pide cuentas al ex Ministro por no haber evitado el estallido de la crisis, pero sí podemos hacerlo por no haber evitado que escalara con las graves vulneraciones a sus derechos que han sufrido muchos chilenos.
La defensa del ex Ministro se ha referido a la inconveniencia de que la Constitución contemple la sanción de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años en el caso de acogerse la acusación y que bastaría la destitución. Yo comparto este último criterio. Esto fue objeto de un proyecto de reforma el año 2008, presentado por el ex Senador Núñez. Y si mal no recuerdo, dos Senadores, incluyendo al actual acusado, se opusieron a esa reforma.
En esta parte, el ex Ministro, el ex Senador, el ex Diputado critica la Constitución que ha defendido acérrimamente a lo largo de toda su vida política.
Nunca imaginó -como él mismo lo declaró en el día de ayer- que se encontraría acusado de infringir la Constitución que celosamente ha resguardado.
Ahora una nueva Constitución comienza a abrirse paso, pero para muchos habrá llegado tarde y costado caro.
Anuncio mi voto a favor de ambos capítulos.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, quiero señalar que no tengo ningún estado de ánimo ni prejuicio particular contra el ex Ministro Andrés Chadwick. Yo no trabajé con él y lo he conocido originalmente en mi calidad de periodista y ahora en las ocasiones en que me ha atendido, y muy abiertamente, pues han sido encuentros muy productivos.
Pero tengo conciencia del significado histórico de lo que hoy estamos haciendo en esta Sala.
Desde el 18 de octubre -es lugar común ya decirlo- hemos vivido un estallido social sin precedentes desde el retorno a la democracia, en que se han producido violaciones graves a los derechos humanos como no conocíamos en estas tres décadas.
Y, en verdad, es doloroso para el país que el "Nunca más" de Patricio Aylwin a comienzos de los años noventa sea letra muerta, al igual que las promesas de "nunca más" que se habían hecho por instituciones de la defensa nacional.
Estamos viviendo una crisis política, producto de este estallido social, que tiene tensionado al extremo un régimen presidencialista autoritario, jerárquico, centralista, que además ahoga al país y que ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas de Chile en una circunstancia como la actual. Esta es una crisis mucho más profunda que simplemente el problema de orden público. Por lo mismo, tendremos que resolver ese tema.
Pero también se debe considerar que hay un contexto.
El Presidente de la República le comunicó al país que estábamos en guerra, que había enemigos poderosos, sin que hasta ahora haya identificado ninguno. A Dios gracias, para los creyentes, a su lado estaba el General Iturriaga, que tuvo el buen sentido y el buen tino de decir que no estaba en guerra con nadie, porque se pudo haber generado en Chile un baño de sangre y un nivel de enfrentamiento pocas veces visto en nuestra historia.
Y también quiero destacar a héroes más sencillos, como el soldado antofagastino David Veloso, que simplemente se negó a tomar las armas para reprimir a su pueblo. Y me lo dijo así: "Don Alejandro, ¡cómo voy a tomar un arma y dispararle a un nieto suyo!".
¡Ha habido un estallido con un nivel de víctimas, de violaciones a los derechos humanos, de violencia, de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza sin precedentes! ¡Lo que ha ocurrido es brutal! ¡Pocas democracias en el mundo están viviendo un cuadro como este!
¡Cuántos compatriotas, miles, haciendo uso de sus derechos que están consagrados en la Constitución se han manifestado pacíficamente! Y el Estado, que tenía el deber de proteger el ejercicio de esos derechos, incumple con la obligación constitucional de dar esa protección. Ese es un hecho. Eso está pasando en Chile, incluso el día de hoy.
¡Para qué hablar del número de víctimas!
El Instituto Nacional de Derechos Humanos, al 6 de diciembre, nos dice que han sido heridas 3.350 personas, 1.354 con perdigones, y, de ellas, 352 con pérdidas oculares por perdigones y 51 con balas.
En relación con el período de esta acusación, el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos certifica 1.117 heridos civiles, 93 policías y militares, y 123 de estos casos presentan graves daños oculares.
Y la escalada no ha cesado.
Nadie puede decir que porque los últimos días esto ha disminuido el problema está superado.
De hecho, anoche ingresaron a la Posta algunas personas heridas. Se están investigando las condiciones. Una de las hipótesis es que pudo ser una bomba lacrimógena.
A mayor abundamiento, a propósito de los heridos por perdigones, cuando ya, tras múltiples insistencias y reclamos ante el Gobierno efectuadas por organismos internacionales y de derechos humanos, se decidió poner término y límite al uso de perdigones, comenzaron los heridos por bombas lacrimógenas.
¿Quién puede negar que esto ha sido una práctica que se ha hecho sistemática en las últimas semanas, y que ha habido un afán claro, desproporcionado, del uso de los recursos del orden público para reprimir las movilizaciones, mientras a la misma hora delincuentes comunes y bandas armadas, incluso con instrumentos violentos, saquean supermercados, pequeñas propiedades, totalmente desguarnecidos, por una manera errada de poner las prioridades? Reprimir las movilizaciones sociales ha resultado, para este Gobierno, más importante que la protección de la vida y de la propiedad.
Además, se actúa con una justificación, una suerte de tesis de la autonomía operativa. ¿Desde cuándo las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen autonomía del gobierno de turno, del poder civil? Estamos negando un principio básico de las democracias modernas: la sujeción del poder uniformado al poder civil. Y ahora resulta que la policía se manda sola y, por consiguiente, volvemos al viejo discurso de "mal de muchos, consuelo de tontos".
No es posible, señor Presidente, que se haya llegado a este nivel de violación de los derechos humanos sin que las autoridades civiles asuman su obligación, que es cautelar el ejercicio pacífico de los derechos y, por cierto, aplicar toda la fuerza cuando hay violencia contra la propiedad y las personas.
Por lo tanto, no estamos juzgando solo lo que se hizo, sino también lo que no se hizo. No resulta razonable, para la opinión pública, ese apoyo incondicional a una policía que violaba a diario, en forma pública y visible, los derechos humanos, usando armas que ni siquiera el jefe de la policía conocía. El General Director de Carabineros no tenía peregrina idea de lo que estaba usando, no solo con los balines, sino también con las bombas lacrimógenas.
Estuve en la Comisión de Derechos Humanos, donde las autoridades policiales mostraron no tener idea de lo que hacen. ¡Y nadie les pone control! Entonces, ¿a dónde recurrimos? ¿Cómo protegemos a la población civil? ¿Qué señal le damos al país de que aquí se respeta el Estado de derecho y de que las garantías y las libertades públicas están aseguradas?
De no existir, por lo tanto, esta obligación del Congreso de hacer una contención, de salir a proteger a los ciudadanos, ¿cuál es, entonces, nuestro rol? Si no existe el derecho a exigir el cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la Constitución, ¿cuál es, entonces, el rol que cumple el poder civil?
Y quiero agregar algo.
Muchos dicen, en estos días, que todo esto que ha pasado en Chile le podría haber pasado a cualquiera, que nadie lo vio venir, y que, por ende, estamos en un escenario que nadie pensó. Y, por consiguiente, como es un problema que nadie vio y del cual todos somos responsables, ¡nadie es responsable! Esta es una manipulación para afirmar que, si todos somos responsables, nadie es responsable. ¡Eso no puede ser en una democracia seria!
La Constitución es clara: hay autoridades que tienen responsabilidades precisas en materia de orden público y de cautela de los derechos ciudadanos. Por ello, no podemos sino exigir el cumplimiento de las responsabilidades políticas, más allá de los méritos personales y de los vínculos afectivos que se puedan tener. Estamos hablando de seres humanos que han asumido una misión histórica, pero que no han estado a la altura de la situación y han dado una pésima señal, una señal además para la historia, de que no se salió a defender los derechos. Se le ha hecho un profundo daño a nuestro país, a nuestras instituciones, a nuestra democracia. ¿Qué les vamos a decir a las nuevas generaciones en un país donde la impunidad es total y nadie se hace cargo, donde nadie protege lo que las leyes establecen?
Por lo tanto, mirando al futuro -porque eso es lo que debemos tener presente en esta jornada- y al estándar de la democracia chilena, de los valores democráticos, de la responsabilidad de las autoridades ante las nuevas generaciones que nos observan, me parece que lo que corresponde es hacer efectivas las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos.
Los tribunales juzgarán al policía que disparó. No es nuestra tarea; no tenemos facultades para eso, pero sí las tenemos cuando se trata de autoridades civiles, y eso es lo que hoy estamos ejerciendo.
Por todo lo anterior, voy a aprobar la acusación, señor Presidente, con la esperanza y la convicción de que no se sigan relativizando los derechos humanos jugando al empate, como lo vimos ayer en el discurso del Presidente de la República.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, se ha requerido a este Senado con la finalidad de solicitar que nos pronunciemos respecto de una acusación constitucional presentada en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad Pública don Andrés Chadwick Piñera.
Pese a todas las consideraciones humanas que uno tiene en atención a todos los hechos que han acaecido desde el denominado "estallido social", nosotros estamos llamados a pronunciarnos institucionalmente sobre los hechos contenidos en el libelo acusatorio y, más claramente aún, tal como lo señala el artículo 53 de nuestra Constitución Política, acerca de "si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa".
No es habitual que el Senado se reúna con esta finalidad, y bien que así sea. Por lo mismo, tenemos una gran responsabilidad al momento de resolver la presente acusación, de conformidad con lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico, porque, sin duda, estamos sentando un precedente en esta materia.
En tal sentido, creo que conviene recordar, una vez más, que al Senado no le corresponde pronunciarse sobre la eventual responsabilidad penal o civil que le pudiere caber al señor Andrés Chadwick Piñera respecto de eventuales acciones penales o civiles que se interpongan en su contra, sino pronunciarse acerca de su responsabilidad política en los hechos que se le imputan en la acusación.
Junto con ello, esta Corporación debe resolver esta acusación actuando como jurado, es decir, como un tribunal no profesional ni permanente y cuyo único objetivo es resolver la inocencia o culpabilidad del acusado. Además, cada Senador y Senadora, al fallar, deberá hacerlo en conciencia, de acuerdo a su leal saber y entender, por lo que la decisión que tomamos no se sujeta a regla probatoria específica: basta el convencimiento personal conforme a la conciencia que tome cada Senador y Senadora al momento de fallar.
Esta Alta Cámara tampoco ha sido convocada para juzgar las cualidades personales o la extensa trayectoria política del señor Andrés Chadwick Piñera. Como consecuencia de ello, no nos corresponde pronunciarnos sobre su rol de dirigente político o como exparlamentario, sino determinar si, en su calidad de ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, cumplió o no las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes en el ejercicio del cargo que desempeñaba.
Entrando al fondo del asunto, y específicamente respecto del Capítulo I, no considero necesario tener que reproducir aquí in extenso los crueles y desgarradores hechos -la mayoría, de conocimiento público- en los cuales se funda la presente acusación: 1.117 personas heridas en total, de las cuales 890 eran hombres, 159 mujeres y 68 niños, niñas o adolescentes; 123 personas con lesiones oculares, cuatro de ellas con pérdida o estallido del globo ocular, todo según lo informa el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que, además, ha presentado diversas querellas por homicidios presumiblemente cometidos por parte de agentes del Estado, así como por torturas y tratos crueles, algunos de ellos incluso de carácter sexual.
No creo que alguien, en este Senado, se atreva a negar los lamentables hechos, los abusos o delitos, en su caso, que han ocurrido desde el estallido social.
Mucho más allá de lo estremecedor de los números, detrás de cada uno de ellos hay personas y familias que han sufrido y están sufriendo como consecuencia del actuar estatal abusivo y descontrolado que se desarrolló en el período en que el acusado ejerció como Ministro del Interior y Seguridad Pública.
Si tales hechos no se consideran al menos ilícitos constitucionales de infracción al deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, la verdad es que no sabría cómo calificarlos.
Se ha dicho, por parte de la defensa del ex Ministro, que se está intentando extenderle la responsabilidad por hechos materialmente ejecutados por las Fuerzas de Orden y Seguridad, y que don Andrés Chadwick no tendría atribuciones para dar instrucciones operativas a Carabineros y a la Policía de Investigaciones de Chile.
Yo quiero desvirtuar parte de los argumentos de la defensa.
1. En cuanto a la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Conviene recordar que el artículo 101 de nuestra Constitución Política señala, en su inciso segundo: "Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública".
Entonces, para entender cuál es la relación entre el Ministro del Interior y Seguridad Pública y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, hay que descifrar qué se entiende por dependencia en los términos en que la utiliza el constituyente. Al respecto, cabe destacar que esta frase se agregó en la reforma constitucional del año 2005.
Consta en la historia de la referida ley, que el entonces Senador Viera-Gallo señaló, a propósito de dicha enmienda, que "la voluntad es que haya un Ministerio de Seguridad Pública del cual dependan orgánica y funcionalmente las policías, y que tenga una función específica, cuya definición esté centrada en la seguridad pública".
Así las cosas, la Real Academia Española de la Lengua define dependencia como la "Subordinación a un poder", y, a su vez, la subordinación es la sujeción a la orden, mando o dominio de alguien.
Desde la perspectiva del Derecho Administrativo, se suele hablar de dependencia en los servicios públicos centralizados -como es el caso de Carabineros y la PDI-, en los que existe una relación jerárquica respecto del Presidente de la República por medio del Ministerio del ramo. Este principio jerárquico está establecido claramente en el artículo 7° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.
Conviene señalar que el artículo 11 de la misma ley señala que "Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones".
Y agrega en su artículo 12: "Las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas" -como es el caso del Ministro del Interior y Seguridad Pública- "deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación de éstas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia".
Por otra parte, el ya citado artículo 101 de la Constitución continúa señalando, en su inciso tercero, que "Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas".
¿Qué significa que sean "obedientes y no deliberantes"? Como indica don Enrique Evans de la Cuadra, la no deliberación implica "la prescindencia política como instituciones". O sea, lo que no pueden hacer los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad es adoptar actitudes políticas o someter su vida y carrera militar a posiciones o ideas partidistas.
Ahondando en este punto, el profesor Molina Guaita ha señalado que "El carácter de ser esencialmente obedientes tiene un aspecto externo y otro interno. Desde el punto de vista externo, significa que estas fuerzas como entes orgánicos, deben obediencia al ordenamiento jurídico y en consecuencia a las autoridades del Estado, que actúen dentro de sus competencias. Desde el punto de vista interno, importa la consecuencia de su carácter jerárquico y disciplinado".
En tal sentido, la deliberación política respecto del actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública recae claramente en el Ministro del Interior y Seguridad Pública. Es él quien políticamente determina hacia dónde se dirige el actuar de dichos cuerpos armados, correspondiéndole, además, velar por que dichas actuaciones se sujeten al lineamiento político que se ha fijado. En consecuencia, no cabe sino concluir que es el Ministro del Interior y Seguridad Pública el responsable político del actuar de tales fuerzas.
La sujeción de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad al poder civil es hoy prácticamente indiscutible, y desconocerlo resultaría un grave riesgo para la estabilidad política y la democracia.
La anterior conclusión, a la cual se arriba del mero análisis de las normas constitucionales, viene a ser refrendada por la normativa específica en la cual se reguló al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las Fuerzas de Orden y Seguridad.
En efecto, la ley N° 20.502, que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dispone en su artículo 2°: "Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública será el Ministerio encargado de la seguridad pública. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de este Ministerio y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas".
La misma ley señala previamente en su artículo 1°: "el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias".
Y a ello se debe agregar el artículo 3°, letra b), del citado cuerpo legal, que expresa: "Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del Interior en otras materias, corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad Pública: b) Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional".
Los artículos citados son claros al centrar la decisión, y por ende la responsabilidad política en materias de orden público, en el Ministro del Interior y Seguridad Pública.
De hecho, al revisar la historia de la ley recién indicada, se ve que en el nuevo primer informe de la Comisión de Constitución de este Senado, en primer trámite constitucional, consta que se llegó a un acuerdo, denominado "Acuerdo Político-Legislativo en Materia de Seguridad Ciudadana de noviembre de 2007", suscrito por el Ejecutivo de la época con representantes de las principales coaliciones políticas, en el cual se señala expresamente en el punto 1, letra b): "El Ministro del Interior será el responsable político de la seguridad pública y de él dependerán las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública".
Dicho acuerdo fue el marco bajo el cual se logró la aprobación de dicha ley y, de hecho, varios Senadores que intervinieron pusieron especial énfasis en la responsabilidad política exclusiva en esta materia.
Por su parte, el artículo 1° del decreto ley N° 2.460, Ley Orgánica de la PDI, establece que "La Policía de Investigaciones de Chile es una Institución Policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas de Orden, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública".
Mucho más enfática es la ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, la cual, en su artículo 1°, inciso segundo, señala que Carabineros "dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública". Llama la atención este apelativo de "directamente", el cual no se usa respecto de la Policía de Investigaciones, ni tampoco en la Constitución Política, y que da cuenta de la sujeción que existe entre Carabineros y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Cabe preguntarse entonces: ¿son las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública independientes del poder civil-político? La única respuesta posible es que no lo son.
Si bien puede que ciertos funcionarios actúen al margen del ordenamiento jurídico -de lo cual no podríamos hacer responsable a un Ministro de Estado-, durante el estallido social se han evidenciado falencias institucionales sistémicas en el control del orden y la seguridad pública y en cuanto a los abusos cometidos mediante el uso de la fuerza, lo cual depende directamente del curso político que el Ministerio del Interior les asigne a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Por parte de la defensa del ex Ministro se ha señalado, como argumento, que el señor Chadwick Piñera no tenía facultades para dar órdenes táctico-operativas a las policías, lo cual, ciertamente, compartimos, pero nada se dice respecto del uso indiscriminado de la fuerza, y la defensa del acusado tampoco dice cuáles fueron las medidas concretas y reales que, como autoridad política encargada de la seguridad, llevó adelante el ex Ministro Chadwick frente a las numerosas denuncias recibidas por uso abusivo de la fuerza y actos que constituirían violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad, situación que cae en contradicción con lo que señala la propia defensa al sostener, por ejemplo, que en el caso de la Operación Huracán se le dieron instrucciones expresas de querellarse frente a las actuaciones de funcionarios de Carabineros de Chile, participar en todas las audiencias, o llamar a retiro a varios funcionarios involucrados en dicha operación.
Hay una clara contradicción entre la actuación del Ministro en la Operación Huracán y lo que han sido las condenas a las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad desde que se detonó el estallido social.
Debemos recordar, además, que no es primera vez que a don Andrés Chadwick se le imputan cuestionamientos vinculados al uso excesivo de la fuerza policial que ha desembocado en vulneraciones a derechos humanos. ¿O acaso la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca no resultó ser producto del uso indiscriminado de municiones letales en contra de población civil? ¡Munición letal! Así, ¡tal cual!
Si bien el hecho recién relatado no forma parte de las imputaciones que se formulan en la presente acusación, da cuenta del conocimiento que tenía el Ministro respecto de los riesgos asociados al uso abusivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden y Seguridad, hechos de los cuales tuvo conocimiento al menos desde noviembre del 2018.
2. En cuanto a laresponsabilidad política que se persigue con la presente acusación.
En honor al tiempo, señor Presidente, no voy a desarrollar ampliamente la teoría de la responsabilidad política, que a mi juicio varios ya conocen.
Aquí hay distintos tipos de responsabilidad: civil, política, penal y administrativa. Este Senado debe perseguir la responsabilidad política.
En el presente caso, se debe destacar que, por regla general, la responsabilidad política de los Ministros de Estado depende solo de la confianza del Presidente de la República, que es quien la hace efectiva. Siguiendo la misma línea, fue el propio ex Ministro quien renunció a su cargo, por lo que se podría decir que el Presidente de la República ya hizo efectiva la responsabilidad política del acusado.
Pese a lo anterior, de las pocas injerencias que tiene este Congreso en la marcha del Poder Ejecutivo se encuentra, precisamente, la determinación de la responsabilidad político-constitucional derivada de una acusación constitucional, que es la que este Senado debe ejercer el día de hoy.
La defensa del ex Ministro ha incorporado una serie de cuestionamientos a la acusación formulada, propias de los procedimientos penales. Y vuelvo a insistir: aquí no se está juzgando la responsabilidad penal del ex Ministro, sino su responsabilidad política.
Termino, señor Presidente, diciendo que a algunos les ha gustado señalar que esto sería una "venganza política". Esto no es venganza; es determinar la responsabilidad política. No aceptar esta acusación significaría, a mi juicio, un concepto aún peor: la impunidad política.
No podemos caer en la tolerancia de las vulneraciones a los derechos humanos, dejando sin una sanción política a quien tuvo la responsabilidad de velar sobre el actuar de los agentes del Estado que las efectuaron.
De tal forma, no se trata aquí de revanchismos políticos ni de venganzas, sino de determinar, conforme al leal saber y entender, si al señor Chadwick Piñera le cabe responsabilidad política por no haber cumplido con las tareas que le imponían la Constitución y las leyes cuando ejerció el cargo de Ministro del Interior y Seguridad Pública.
En consecuencia, atendidos los argumentos expuestos, no queda sino concluir que votaré a favor de la responsabilidad constitucional del ex Ministro de Interior y Seguridad Pública don Andrés Chadwick Piñera, por los hechos de que se le acusa en el Capítulo I de la acusación constitucional, por haber llegado al convencimiento personal de que no ejerció las labores que le correspondían y que le imponía la ley en su cargo de Ministro de Estado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar que don Andrés Chadwick, ex Ministro del Interior, estuvo veintidós años en el Congreso Nacional: ocho años como Diputado y catorce como Senador, y durante todos esos años estuvo siempre integrando la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
¡La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía!
Durante su permanencia aquí, en el Parlamento, como lo han señalado varios Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, él se ganó el respeto de todos, el reconocimiento de todos. Siempre fue considerado un parlamentario respetuoso; un parlamentario que aportaba al debate y a los procesos políticos de nuestro país; una persona seria, responsable, siempre dispuesta al diálogo, siempre dispuesta a construir los acuerdos que Chile necesita para su desarrollo económico y social.
En privado y en público se ha sostenido siempre que Andrés Chadwick es una persona positiva, constructiva; en todo el sentido de la palabra, una persona honorable.
Pues bien, hoy día se dice: "No vamos a juzgar la trayectoria del señor Chadwick ni su aporte en el Congreso Nacional. Lo que tenemos que juzgar son las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante los días en que a él le correspondió actuar como Ministro del Interior", antes de dejar su cargo, obviamente. ¡Como si la trayectoria y la experiencia de una persona no tuvieran ninguna relación con sus actuaciones!
Yo creo que es completamente al revés. Precisamente porque conocemos a Andrés Chadwick, porque sabemos lo que siente, porque sabemos lo que piensa, porque valoramos su aporte a los procesos legislativos y políticos de nuestro país, porque conocemos su trayectoria en materia de respeto a los derechos humanos, tengo la convicción de que él es completamente inocente de los cargos que hoy día se le formulan.
Además, señor Presidente, deseo recordar que la sanción que recibiría si esta acusación se aprobara es, ni más ni menos, la inhabilitación por los próximos cinco años para ocupar cargos públicos. Yo me pregunto: ¿es justo, con la trayectoria, con la experiencia, con el aporte de Andrés Chadwick a nuestro país, que se permita una situación como esa? Yo creo que no.
En mi opinión, nos corresponde también juzgar las actuaciones de Andrés Chadwick por su trayectoria y por su aporte al país.
Señor Presidente, aquí muchas veces se ha omitido el hecho de que desde el 18 de octubre en adelante Chile ha vivido una situación de violencia extrema, de destrucción extrema.
Hace pocos días escuchamos al Presidente del Banco Central de Chile. Y lo menciono a él, porque nadie podría decir que es una persona ideológicamente cercana al actual Gobierno. El Presidente del Banco Central advirtió sobre los graves efectos que ha causado esta violencia extrema en el desarrollo económico de nuestro país, y también en el desarrollo social, con la pérdida de empleos y de confianza.
¡Cuánto le va a costar al país reponerse de todo eso!
A mi juicio, ello refleja en toda su magnitud lo que han sido los hechos de violencia extrema y la destrucción extrema que ha vivido nuestra sociedad durante estas últimas semanas.
Asimismo, quiero recordar que la principal tarea de un Estado moderno -¡su principal tarea!- es garantizar la seguridad pública. Así lo dice un inciso del artículo 1º de nuestra Constitución Política: "Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población".
Esa noche del viernes 18 de octubre, cuando supimos que estaban siendo incendiadas estaciones del Metro y el edificio de ENEL -no por el edificio en sí, sino porque ahí están las oficinas centrales de distribución de energía eléctrica para la Región Metropolitana-, yo tengo la certeza, la convicción de que una inmensa mayoría de chilenos en sus casas, una inmensa mayoría de chilenos que buscaban llegar a sus domicilios sentían miedo, sentían un enorme temor de lo que podía suceder.
Y, por supuesto, el Ministro del Interior, dentro de sus facultades constitucionales y legales, asumió el tremendo desafío de garantizar la seguridad de nuestra población.
Por ello, insisto en que las actuaciones de don Andrés Chadwick han estado siempre apegadas a la Constitución y a las leyes. Su trayectoria demuestra que siempre ha respetado los derechos humanos. Así lo ha mostrado su conducta aquí, en el Congreso, y también en el Ministerio del Interior.
En consecuencia, señor Presidente, rechazo la acusación.
Yo tengo la convicción de que don Andrés Chadwick es un hombre de Estado. Sus actuaciones han sido las de un hombre de Estado que siempre ha tenido presentes el bien común y el bienestar general de la población.
Por eso, creo que hay que rechazar las acusaciones que hoy día se le imputan.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.- Señor Presidente, primero, quiero precisar que nos encontramos hoy día enfrentados a una acusación constitucional que se funda en un libelo acusatorio y, por tanto, en base a esa presentación debemos plantear nuestros argumentos, más allá de las legítimas opiniones políticas que podamos tener con relación a otros hechos que no tienen que ver con lo que hoy día nos convoca.
El contexto en que se enmarca esta acusación constitucional guarda relación con el hecho de que el pasado viernes 18 de octubre y los días posteriores a ese fin de semana el país vivió un estado de conmoción pública por estallidos de violencia provocados por grupos de personas que de forma simultánea, organizada y coordinada atacaron a decenas de estaciones de Metro en Santiago y destruyeron pequeñas, medianas y grandes empresas sin ninguna contemplación. Las fuerzas policiales fueron sobrepasadas, al punto que esos grupos sin ningún control vandalizaron la propiedad pública y privada, provocando un enorme temor en la población de todo el país.
Y aquí quiero hacer una distinción: tanto dirigentes de algunos sectores políticos como parte de la prensa continúan tratando lo ocurrido el 18 de octubre como un estallido social, cuando lo que en realidad observamos ese día, y en los posteriores, fueron hechos de violencia pura, que se valieron de un legítimo malestar social que se venía acumulando en la sociedad chilena para aprovechar la oportunidad y desestabilizar el sistema democrático e institucional chileno.
De otra forma no se explica que quienes vienen protagonizando la violencia como supuesta expresión de ese malestar social hayan atacado, sin contemplación alguna, sitios y lugares que cumplen un rol esencial para la ciudadanía, especialmente para los chilenos de clase media y de menores recursos.
Atacar y destruir una parte importante de las estaciones de Metro fue una agresión directa a 3 millones de santiaguinos que se trasladan diariamente por este medio de transporte, que es uno de los principales espacios de integración social de nuestro país.
Atacar y destruir farmacias, supermercados, locales comerciales, que son fuente de trabajo de miles de familias y entidades fundamentales para que las personas puedan adquirir bienes de primera necesidad, es un claro intento por romper la cadena de abastecimiento y es otra muestra de que los violentistas nada tienen que ver con las legítimas demandas planteadas por un número muy significativo de chilenos.
Hasta la fecha, la violencia ha dejado como saldo más de 20 mil personas formalizadas por la comisión de distintos delitos durante estos casi dos meses de revuelta; más de 15 mil pymes afectadas de forma directa y otras miles perjudicadas por lucro cesante; más de 70 mil puestos de trabajo destruidos, con cifras que podrían llegar a los dos dígitos en las próximas semanas, además de una caída del Imacec de 3,4 por ciento en octubre y una proyección a la baja del crecimiento de la economía.
Pero detrás de estas cifras hay rostros humanos, de personas y de sus familias, que comenzarán desde ahora a vivir un verdadero drama social, porque son muchos los chilenos que hoy están siendo despedidos de sus trabajos o que tuvieron que cerrar sus proyectos de vida que con tanto esfuerzo lograron levantar a lo largo de muchos años.
Estos chilenos, en su mayoría de clase media y de sectores de menos ingresos, anhelan un Chile mejor, con mayores oportunidades para ellos y sus familias, y efectivamente están cansados de los abusos. Pero ahora, después de la violencia desatada a partir del 18 de octubre, han resultado aún más perjudicados en su esperanza de alcanzar un mayor bienestar.
He querido señalar lo anterior para contextualizar el escenario en el que el Gobierno del Presidente Piñera tuvo que declarar estado de emergencia a veinticuatro horas de ocurrido el estallido de violencia ese 18 de octubre, con un país que veía horrorizado y con angustia cómo grupos de personas destruían todo a su paso y con el temor de observar que las fuerzas policiales estaban siendo sobrepasadas por el actuar coordinado de violentistas, cuyo propósito era precisamente atemorizar a la población.
Fue esa violencia la que obligó al Ejecutivo a tomar una medida excepcional para intentar restablecer el orden público, sin el cual no es posible el Estado de derecho. La democracia estaba siendo tensionada al límite, lo cual obligó a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles para apoyar la labor policial y establecer algunas restricciones a los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, con el objetivo de restituir la seguridad pública.
Y pese a toda esa violencia, a la destrucción de bienes y al enorme temor y angustia que hemos visto en los chilenos, hoy seguimos sin lograr acuerdos con algunos sectores políticos para aprobar iniciativas que permitan y faciliten el control del orden público, algo que a estas alturas piden abiertamente millones de chilenos que efectivamente quieren que en nuestro país se mejoren las pensiones, el salario mínimo, el acceso y la atención a la salud y medicamentos, entre otra muchas cosas, pero que también quieren y necesitan paz para continuar con sus vidas y poder seguir soñando con un Chile mejor.
En este contexto, un grupo de Diputados presentó una acusación constitucional contra Andrés Chadwick, quien se desempeñó como Ministro del Interior entre el 11 de marzo de 2018 y el 28 de octubre de 2019, acusación que se refiere a un solo hecho por él ejecutado, cual es, su participación en la dictación de decretos supremos entre el 19 y el 21 de octubre, señalados en el libelo acusatorio, que declararon estado de excepción constitucional de emergencia en las comunas, provincias y regiones que cada uno señala.
Ninguno de los otros hechos señalados en los dieciséis puntos del capítulo de los antecedentes de la acusación fueron ejecutados por el ex Ministro o se imputan haber sido ejecutados por él.
Como todos sabemos, esta acusación consta de dos capítulos.
El primero lo acusa de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir deliberadamente adoptar medidas adecuadas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias de los estados de excepción en territorio nacional.
Y el segundo, haber infringido gravemente la Constitución al participar de la declaración del estado de emergencia y afectar los derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional.
En relación con el Capítulo I, la acción que se le imputa es omitir adoptar medidas adecuadas para detener "violaciones sistemáticas" a los derechos humanos durante la vigencia de las declaraciones del estado de emergencia.
Sobre lo anterior, cabe señalar que no se han aportado antecedentes que prueben efectivamente violaciones a los derechos humanos por órganos del Estado durante el período señalado. Si bien hay antecedentes que apuntan a que estas pudieron haberse producido, no existe ni se esgrime ninguna circunstancia que permita calificarlas de "sistemáticas". Y en este sentido se han pronunciado el Director del INDH, Sergio Micco, y la ONG Human Rights Watch, a través de su Director, José Miguel Vivanco.
De esta forma, no existiendo antecedentes que permitan calificar de "sistemática" una violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en el período de excepción, la acusación de este primer capítulo no puede ni debiera prosperar.
Es cierto que cualquier violación a los derechos humanos, aunque no sea sistemática, es un acto gravísimo y, por tanto y como tal, no podemos dejarlo pasar y debe ser investigado. Es más, de ser efectivos los hechos denunciados, se debe sancionar a sus autores.
Entonces, debiéramos preguntarnos: ¿qué medidas habría omitido adoptar el ex Ministro para evitar estas violaciones?
La respuesta es ninguna, por cuanto:
a) El texto de los decretos impone claramente la obligación a las Fuerzas Armadas de respetar plenamente los derechos humanos de la población.
b) Al firmar los decretos, lo que debe prever la autoridad es que quienes los ejecutan lo harán en forma lícita y dentro de sus facultades.
c) Y no respetar los derechos humanos es un acto ilícito, por lo que no puede representarse que eso harán los llamados a mantener el orden en cumplimiento de los decretos.
Por otra parte, el Gobierno y el ex Ministro tomaron una serie de medidas para evitar actuaciones ilícitas por parte de las Fuerzas de Orden. De este modo:
1.- En pleno estado de emergencia y toque de queda, se adoptaron las medidas que permitieron a la prensa cubrir libremente y en vivo todas las manifestaciones que estimó cada medio de comunicación nacional y extranjero.
2.- En pleno estado de emergencia y toque de queda, se adoptaron las medidas que permitieron a los observadores de distintas ONG de derechos humanos, chilenas y extranjeras, desarrollar sus labores de observación.
3.- El INDH, organismo público que tiene por función resguardar los derechos humanos, ejerció su labor con la absoluta autonomía que la ley le confiere, no solo observando y accediendo a los lugares que ha estimado sin restricciones, sino que ejerciendo además las acciones penales por los hechos que ha considerado atentatorios contra los derechos humanos, acciones penales que precisamente fundan esta acusación.
4.- El Ministerio Público ha desarrollado su labor de investigar los hechos denunciados y los tribunales de justicia han funcionado con la más absoluta independencia para resolver las cuestiones que han llegado a su conocimiento.
Por lo tanto, las instituciones del sistema democrático están funcionando, al punto que precisamente esta acusación se funda -como ya dije- en los hechos materia de querellas presentadas por el INDH, y que todos los hechos señalados en la acusación están siendo investigados por el Ministerio Público.
Eso es lo importante: que todo hecho denunciado sea investigado y sus autores sancionados por los tribunales competentes, de ser efectivo el hecho y tener aquellos participación criminal. Todo esto, obviamente, con pleno respeto a las garantías del debido proceso para los imputados.
Por otra parte, no debemos olvidar que la sola denuncia, querella o el hecho de la formalización, no significa una condena penal para el denunciado, querellado o formalizado y, por lo tanto, no permite calificar de culpables de las violaciones de los derechos humanos a los denunciados o querellados o investigados, ¡y mucho menos! extender su responsabilidad al Ministro del Interior por haber firmado los decretos supremos que establecieron los estados de emergencia constitucional.
Esto demuestra que los hechos y responsables solo los conoceremos una vez agotada la investigación por los tribunales competentes.
A modo de ejemplo, la acusación cita cinco querellas por homicidios presentadas por el INDH, presuntamente cometidos por agentes del Estado. Sin embargo, en el día de ayer se dio a conocer en medios de prensa nacionales que la Fiscalía anunció que el militar formalizado por la muerte de un joven en Curicó no es responsable por dicho crimen. Sin embargo, esta querella está en las bases de la actual acusación constitucional en contra del ex Ministro Andrés Chadwick, lo que evidentemente altera las normas del debido proceso.
Otro ejemplo se refiere a un hecho ocurrido en mi zona, en la comuna de Talcahuano, donde en horario de toque de queda un vehículo militar atropelló a Manuel Rebolledo Navarrete, quien lamentablemente falleció.
Estos hechos también están siendo investigados por los tribunales de justicia, que deberán determinar si fue un delito de homicidio, un cuasidelito de homicidio, o un atropello por caso fortuito o por culpa del peatón. Pero sea cual fuere la situación que determinen los tribunales, ninguna medida pudo tomar el ex Ministro Andrés Chadwick para evitar ese atropello.
Por lo tanto, esta acusación constitucional no puede determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos u otros ilícitos en casos que actualmente se encuentra investigando el Ministerio Publico, y cuya resolución por parte de los tribunales de justicia se encuentra pendiente, y menos extender la responsabilidad por esos hechos a Andrés Chadwick, que se desempeñaba como Ministro del Interior a la fecha.
Por estas razones, este capítulo de la acusación debiera ser rechazado.
En relación con el segundo capítulo, la acción que se le imputa es afectar los derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad y afectar gravemente el prestigio de la república en el exterior.
En este capítulo nos encontramos nuevamente ante hechos que han sido denunciados al Ministerio Público, que están siendo investigados por este ente autónomo, y que están siendo juzgados por el Poder Judicial.
Nuevamente es necesario destacar que no existió ninguna acción del ex Ministro que pudiere entenderse como una invitación a afectar derechos no contemplados en el estado de excepción constitucional, y que él debió presumir que lo normal es que quienes cumplen esos decretos lo harán en forma lícita.
El ex Ministro actúo en forma lícita, dentro de sus facultades, y ninguna de sus órdenes puede entenderse como una instrucción a violar la ley o la Constitución, o a afectar derechos más allá de lo permitido y estrictamente necesario para restablecer el orden.
Pretender, además -y con esto termino-, hacer responsable al ex Ministro Andrés Chadwick del deterioro de la imagen internacional del país por los hechos de violencia registrados desde el 18 de octubre pasado es un despropósito inaceptable, toda vez que fueron los violentistas quienes coordinadamente actuaron para afectar gravemente el orden público y vulnerar la Constitución. Y esto lo ha reconocido expresamente Florencia Lagos Neumann, ex Agregada Cultural de Chile en Cuba durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, e hija del ex Secretario General del PC y Presidente del Directorio de la Universidad Arcis, Juan Andrés Lagos.
Por estas razones, este capítulo también debiera ser rechazado.
Creo, absolutamente, por los antecedentes que he aportado, en la inocencia del ex Ministro Andrés Chadwick.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, estamos aquí para emitir un veredicto en un juicio político.
Nos recordaba ayer el abogado defensor que el período que se debe considerar en nuestra decisión es solo el que va desde el 18 al 28 de octubre. Es decir, entre el inicio de la movilización social y la salida del Gabinete del Ministro Andrés Chadwick.
Pero ese breve periodo merece al menos dos calificaciones: primero, será recordado como el mayor estallido social en la historia del país; y, segundo, fue la expresión material de la indignación ciudadana en contra de un Gobierno que reflejaba, mucho más que cualquiera antes que él, una total indiferencia ante la realidad social de un país que ha crecido de manera impetuosa a lo largo de varias décadas, pero profundamente injusta.
No comparto la afirmación que algunos propagan en cuanto a que todos somos igualmente responsables o, más absurdo aún, que aquí han pasado treinta años sin que ocurra nada. Todos sabemos que Chile ha cambiado mucho en los últimos años. De un país pobre ha pasado a ser un país que ya no es pobre.
Hemos fallado en muchos aspectos, especialmente en nuestra incapacidad para canalizar de manera más equitativa un producto nacional que en tres décadas se ha multiplicado cinco veces. Pero hemos tenido enormes logros gracias a ello en materia de educación y de gratuidad de la educación; hemos desarrollado una enorme infraestructura; hemos logrado una importante reducción de la pobreza, de 40 a 10 por ciento. Y, dicho sea de paso, parece que hemos alcanzado algunos logros políticos también, porque hoy día todo el mundo reconoce que hubo violaciones a los derechos humanos, y se dice que hay que respetar los derechos humanos. No deja de ser importante que hoy el mundo político reconozca la necesidad de una democracia y del respeto a los derechos humanos.
La indignación, entonces, es de quienes sienten que a pesar de ello sus salarios son tan bajos que no alcanzan para pagar las crecientes tarifas de los servicios públicos concesionados; que su agua está privatizada como en ningún otro lugar del mundo; que su acceso a la salud es precario, lento e insuficiente; que la educación de sus hijos es de carácter desigual; que están cada vez más expuestos a una delincuencia que crece, y que la previsión social es, en realidad, un sistema de ahorro individual obligatorio que solo beneficia a quienes en cuarenta años se han apropiado de una riqueza que no generaron, equivalente a 270 mil millones de dólares. Y el principal blanco son aquellos que creen que esa desigualdad es natural o un producto indispensable del desarrollo.
El grito, entonces, es contra el modelo y contra todos quienes han promovido su permanencia. No compartiremos responsabilidades con el peor Gobierno de nuestra historia reciente, que llegó al poder lleno de promesas de tiempos mejores y promovió una reforma tributaria para acentuar las desigualdades; unas políticas educacionales para sepultar la educación pública; unas iniciativas de salud para mejorar las isapres y dejar igual el Fonasa y la salud primaria, y unas utilidades de los servicios básicos y unas reformas laborales propicias para las empresas.
En suma, un Gobierno que parece haber nacido más para beneficiar a los ricos a costa de los demás.
El panel de expertos que subió la tarifa del Metro, provocando el estallido, tenía por misión legal asegurar el beneficio de la empresa y no de los usuarios. Y sin que muchos nos diéramos cuenta de ello a tiempo, fue la gota que rebasó el vaso de la indignación.
Provocada la crisis, advertimos al Gobierno, el mismo día, públicamente, que no incurriera en el error del estado de emergencia, porque ello profundizaría el conflicto al mostrar la represión como única respuesta. En esos días hubo violencia; saqueos; enfrentamientos; heridos y muertos. El Presidente declaró la guerra, y se generaron muchas violaciones de derechos humanos, obra sobre todo de una Policía que se encontraba en su peor momento de preparación, ineficiencia y desmotivación como producto de su propia crisis interna. No fueron ciertamente diez días cualesquiera y en ellos se incurrió en grandes violaciones de derechos humanos.
Para Chile es especialmente gravoso ser apuntado desde el mundo como un país en el cual se violan los derechos humanos. Nuestra democracia nació respaldada por un poderoso movimiento de solidaridad mundial, inédito en su tamaño y variedad de defensa de los derechos humanos. No es ninguna exageración decir que el fortalecimiento de esa causa tan central de nuestra época está indisolublemente ligado a la causa democrática chilena.
Yo recuerdo que, como exiliado en Italia, vi en la noche de la elección del Presidente Carter, el año 76, al Primer Ministro italiano, al que le preguntaron qué esperaba de ese Gobierno, y dijo que el Gobierno del señor Carter se iba a definir según lo que hiciera respecto del tema de los derechos humanos en Chile. En otro país lejano al nuestro, los derechos humanos eran puestos como el tema central.
Por más que las instituciones han funcionado para procesar denuncias y que muchas actuaciones policiales han sido denunciadas por el propio Gobierno, que el Estado democrático de Chile sea sentado en el banquillo de los acusados y criticado por todas las organizaciones competentes por el uso desmedido de la fuerza y el daño causado a los manifestantes pacíficos, es un baldón que lamentaremos por mucho tiempo.
Frente a esta realidad, el Senado está llamado esta vez a pronunciarse. Y solo esta vez, porque no somos la rama fiscalizadora del Congreso, no podemos crear Comisiones investigadoras, sino solo actuar hacia el futuro, sin enjuiciar el pasado, salvo ahora. No podemos dejar eso de lado. Lo que hoy digamos o dejemos de decir será el testimonio de nuestra acción, como cuerpo deliberante, de la peor crisis de este siglo.
Una breve nota sobre el sentido de nuestra participación:
Los actos legales deben ser legítimos y justos, pero eso no basta. De acuerdo a la doctrina constitucional moderna, también deben tener en sí un germen de obediencia espontánea de parte de la comunidad. La legalidad da cuenta de la consistencia del acto con el ordenamiento jurídico, de la voluntad de apego y sujeción a las normas que garantizan la juridicidad del acto.
Por su parte, la legitimidad corresponde a la idea de derecho que existe en la colectividad. El que los actos cuenten con esa dimensión contribuye a resolver los problemas políticos que pueden desencadenarse, y finalmente, el contenido ético de los actos garantiza la presencia de la justicia en la acción del Gobierno y la Administración.
Dicho de otro modo, los actos de poder, para transformarse en actos de autoridad, o para ser coincidentes con ellos, no deben conformarse con ser solamente legales. Hoy la experiencia ciudadana nos está mostrando y demostrando que el ejercicio del poder no puede pretender manu militari tomar decisiones sin un control de la legitimidad o justicia ex ante. Hoy más que ayer, es un imperativo incluir la participación, establecer relaciones de diálogo colaborativas y consultas con la finalidad de legitimar el ejercicio del poder y de dar cabalmente cumplimiento a los objetivos de orden gubernamental o administrativos que se nos imponen como obligación en la Constitución Política.
Las normas del Estado de derecho que establece la Constitución, que imponen a los órganos del Estado el deber de garantizar el orden institucional, requieren, para ser eficaces, efectivas, oportunas y reconocidas, ser legales, legítimas y justas. Nada más lejano de la realidad que se vivía en Chile entre el 18 y el 25 de octubre de 2019.
Este juicio no es penal, es político. No hay evidencias que vinculen al ex Ministro del Interior con la comisión directa de delitos, ni siquiera con el conocimiento de que se estaban cometiendo en el momento en que ello ocurría. Eso es materia de la justicia en otras sedes. Y aquí no se han presentado antecedentes válidos que permitan afirmarlo, no se está enviando ningún tipo de pruebas a otros poderes del Estado.
Pero existe evidencia más que suficiente de un Gobierno que perdió por completo el control de la situación del orden público en el país, de que bajo su vigilancia se cometieron graves violaciones de derechos humanos. No se está condenando a alguien por un crimen, ese no es el papel del Senado y eso no lo ha pedido nadie aquí. Lo que se está haciendo efectivo es la responsabilidad política de un Gobierno y sus principales autoridades que perdieron de vista lo que estaba ocurriendo en las calles de su país y equivocaron plenamente la respuesta a esos hechos.
No dramaticemos excesivamente la decisión. Cuando un militar pierde sus batallas se le destituye, cuando un gerente tiene graves pérdidas también se le saca, hasta a un entrenador se le echa cuando su equipo pierde todas las veces. Cuando un Ministro comete graves errores en la conducción de su Ministerio, se le pide la renuncia o se le destituye. Y eso es lo que establece la Constitución.
Este es, entonces, un juicio político. Y es también la única oportunidad que tenemos de decirle al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que antes, durante y después de la crisis ha hecho un pésimo trabajo, que con su ineficacia e insensibilidad ha perdido la confianza de las chilenas y los chilenos, y que para recuperarla, al menos en los mínimos necesarios, debe aclarar lo ocurrido en cada una de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública bajo su autoridad y, sobre todo, debe restablecer el imperio de la ley haciendo, finalmente, coherente esa ley con las demandas y aspiraciones de su pueblo.
Que no se diga nunca, Honorables colegas, que frente a hechos tan graves como estos, la clase política se eximió de sus responsabilidades lavándose las manos ante una crisis política como la que el país ha vivido en los últimos dos meses.
Voto a favor de ambos capítulos de la acusación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, se nos ha convocado a esta sesión especial para pronunciarnos, como lo establecen tanto la Carta Fundamental como nuestra Ley Orgánica Constitucional, sobre la acusación constitucional entablada en contra del ex Ministro del Interior don Andrés Chadwick Piñera.
Conozco el ejercicio parlamentario y profesional de Andrés Chadwick. No puedo sino manifestar que fue un destacado parlamentario hasta que el Presidente Piñera lo llamó a formar parte de su gabinete en su primer Gobierno, y en su actual mandato lo designó nuevamente en el alto cargo de Ministro del Interior.
Lo que resulta más paradojal de esta acusación constitucional, contenida en dos capítulos y que la Cámara de Diputados declaró admisible, es que durante toda su extensa trayectoria parlamentaria, iniciada el año 1990, el señor Chadwick integró las Comisiones de Derechos Humanos de ambas Cámaras, destacando por los valiosos aportes efectuados a las diversas materias que dichas instancias legislativas debieron conocer.
Entonces, nadie puede dudar del innegable compromiso del señor Chadwick con el apego irrestricto y el compromiso con el resguardo y protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, y en especial de los habitantes de nuestro país.
¡Y lo tuvo! Y lo tuvo desde que asumió el cargo de Ministro del Interior, no solamente hasta el 18 de octubre, sino, como explicaré, en los días posteriores a que dejará su cargo, el 28 de octubre.
Por esta razón, resulta insólito, por decir lo menos, que se le haya acusado constitucionalmente en la Cámara de Diputados por las acciones y omisiones contenidas en ambos capítulos del libelo acusatorio, sobre las cuales me referiré más adelante.
Si bien la acusación constitucional es un instrumento que nuestra Carta Magna ha entregado a la Cámara de Diputados desde hace más de un siglo, correspondiéndole a este Senado resolver como jurado, no es menos efectivo que dicha facultad debe ejercerse ponderadamente, justificando plenamente los hechos que la justifican, y no puede usarse, en caso alguno, como un elemento de crítica política hacia un Gobierno legalmente constituido, o como una forma de encauzar malestares de parte de la sociedad, buscando una víctima propiciatoria.
De hecho, el propio constitucionalista citado por los acusadores, Francisco Zúñiga, señala: "La responsabilidad exigida es dual, configurándose una figura de carácter mixta en la medida que se trata de una responsabilidad jurídica porque se funda en inconductas constitutivas de ilícitos constitucionales y revestido de resguardos mínimos como las garantías del principio de legalidad y el principio del debido proceso".
Algunos han argumentado en esta Sala desde los razonamientos de contexto, y es cierto, la historia de Chile se ha construido a sangre y fuego. Cada cuarenta años se han producido quiebres institucionales de envergadura: lo vimos en la guerra de la Independencia, las revoluciones del 30, la batalla de Lircay, la guerra civil de 1891 y, entremedio, en la matanza de Santa María, de El Mercurio de Valparaíso, de la carne, en el quiebre institucional de 1924, en la república socialista de Marmaduke Grove, en el Seguro Obrero, en 1973 y hoy día.
Y eso dice relación con los temas de falta de confianza y de pacto social, que no se ha actualizado debidamente.
Pero ahora no estamos en eso. Hoy día estamos resolviendo en conciencia una acusación constitucional en que el debido proceso es fundamental para que haya un mínimo de coherencia entre esta y la emisión de un juicio de culpabilidad o inocencia en tanto jurado.
Debemos actuar en conciencia.
Acá hay dos elementos sobre los que debemos pronunciarnos: el primero tiene que ver con la delegación de facultades en los estados de emergencia; y el segundo se relaciona con los casos de base que fundamentan esta acusación.
Como ya sabemos, Andrés Chadwick terminó su función como Ministro del Interior el 28 de octubre del año en curso, y la acusación fue presentada inmediatamente después, el 30 de ese mismo mes.
Ahí tenemos un dato objetivo.
Algunos han pretendido incorporar elementos posteriores a dicha fecha. Claramente, eso vulnera el principio del debido proceso, tal como lo ha señalado el abogado Hermosilla.
En ese mismo sentido, tiene que haber una mínima relación entre lo que se imputa y la persona imputada; se deben probar las dos afirmaciones: la acción de omisión y que ella haya sido deliberada.
Acá hemos constatado una vulneración flagrante a las normas del debido proceso, pues se debe responder por actos propios, sin ser factible imputar actos de terceros en caso alguno. Debe haber una responsabilidad directa: tiene que ser personalmente responsable de los hechos ocurridos.
En tal contexto, señalamos de manera clara que las afirmaciones que se han hecho en el libelo acusatorio no solo vulneran el estándar constitucional, sino también el legal y el reglamentario. Porque existe un reglamento de Carabineros, que establece la responsabilidad de mando; quién aplica las sanciones; a quién le corresponde tomar las decisiones; quién es competente para impedir que se realicen determinadas conductas.
En tal virtud, debo señalar que uno de los efectos que produce el estado de emergencia es que el mando de las fuerzas policiales y de seguridad pasa a su jefatura, que se halla en manos de cada jefe de plaza que se nombra en ese minuto, situación que debe analizarse en conjunto con las potestades del Ministro del Interior versus las que posee el General Director de Carabineros en tanto institución profesional.
Acá hay dos instrumentos de los que debemos hacer mención.
En primer lugar, el protocolo lo realiza el General Director de Carabineros en cumplimiento del lineamiento que emana del Ministerio del Interior. Luego, ni el entonces Ministro del Interior, ni cualquiera que venga en el futuro, pueden restablecer el orden público. A ese Secretario de Estado no le es factible salir a la calle a imponerlo. Lo que debe hacer es velar para que se den las condiciones a fin de que ello ocurra.
Asimismo, es importante precisar que aquí hay principios de carácter constitucional, legal, reglamentario, incluso vinculados con pactos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, que garantizan el debido proceso de Andrés Chadwick.
¿Qué ha pasado con estos protocolos? Han sido objeto de 66 modificaciones, y este proceso concluyó en la circular N° 1.832, de marzo del 2019, dictada por Carabineros, sobre el uso de la fuerza.
Se crearon sedes de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros en Antofagasta y en Temuco, además de la de Santiago.
Se establecieron nuevos contenidos del programa de capacitación en materia de derechos humanos: solo en 2019 Carabineros ha capacitado a 6.933 funcionarios, y desde el año 2016 a la fecha, a más de 46 mil.
En octubre, precisamente al día siguiente en que dejó su cargo don Andrés Chadwick, en cumplimiento de las políticas implementadas por él, Carabineros dictó la Orden General que aprueba el Plan Institucional de Derechos Humanos, que constituye una hoja de ruta para la Institución en ese momento.
Desde el 18 de octubre en adelante, son numerosísimas las declaraciones públicas del Ministro señor Chadwick con relación a la crisis que se vivía.
Por ejemplo, el 22 de octubre -fue citada por el abogado Hermosilla-, después de la reunión con Sergio Micco en La Moneda, dijo textualmente: "Él me hizo presentes algunas situaciones que le preocupan y que inmediatamente han sido transmitidas" -se entiende que a Carabineros- "para los efectos de que se pueda precisar, aclarar y entregar toda la información al Instituto Nacional de Derechos Humanos". Ello se señaló en un punto de prensa realizado en aquel minuto.
Pero, además, fue el propio Ministro Chadwick quien encabezó el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, donde se establece que: "Asimismo, es fundamental dotar a las instituciones policiales de controles internos y externos con miras a perseguir y sancionar excesos en la función policial, así como cualquier otra conducta alejada de los estándares de probidad".
Durante el período de toque de queda se otorgaron 244 mil salvoconductos: 1.411 de ellos fueron entregados al Instituto Nacional de Derechos Humanos para facilitar su labor; 1.746 a periodistas, y 1.082 a abogados independientes. Igualmente, se extendieron autorizaciones especiales, mediante credenciales, para el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía y el Servicio Nacional de Menores.
Durante la grave crisis social que nos ha afectado, que lleva cerca de cincuenta días, en que el Presidente decretó estado de emergencia, se han cometido hechos reñidos con los derechos humanos que están siendo investigados. Pero en nada pueden ser imputables al Ministro del Interior.
En materia de delegación del Presidente de la República a los Jefes de la Defensa Nacional y sus facultades para declarar el toque de queda, cabe señalar que fue justamente la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado la que señaló expresamente aquello.
Ella dijo: "La regulación constitucional de los estados de excepción ha sido modificada en dos oportunidades: la primera en 1989 y la segunda en 2005".
El estado de emergencia puede decretarse "en caso de grave alteración del orden público". Originalmente, en cuanto a sus efectos, se asemejó al estado de sitio. Sin embargo, a partir de 1989 tiene una configuración especial.
Actualmente, su regulación principal está en el artículo 42 de la Constitución, el cual dispone que, luego de la declaración de estado de emergencia efectuada por el Presidente, las zonas respectivas "quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y la supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.".
Se ha sostenido que el estado de emergencia que nos rigió tendría vicios formales. Pero ello no es así, por lo siguiente:
-Fue establecido por decreto supremo del Presidente de la República suscrito por los Ministros respectivos.
-Hubo toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
-Cada uno de estos decretos se adecúa a la ley y a la Constitución: establece el estado de excepción constitucional y designa al Jefe de la Defensa Nacional, quien asume la supervigilancia y dirección de la zona.
-Todos ellos cuentan con un artículo 3, que es común en este tipo de actos administrativos, en el que se dice: "En el ejercicio de sus funciones, el Jefe de la Defensa Nacional tendrá todas las facultades previstas en el artículo 5° de la ley N° 18.415 (...)", es decir, expresamente se hace mención de las facultades que la ley le asigna al Jefe de la Defensa en la zona señalada.
-Hasta la fecha todos los estados de excepción que se han decretado a partir de 1990 han seguido la misma formalidad.
Entonces, cuando la Constitución se remite "a la ley", se está refiriendo a la N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, que establece las funciones del Jefe de la Defensa Nacional.
Su artículo 4° establece claramente la facultad del Presidente de la República de delegar sus facultades una vez declarado el estado de emergencia, total o parcialmente, en los Jefes de la Defensa Nacional que designe. Y el artículo 5° incluye las potestades para controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de excepción.
Ambos artículos son claros. Hay atribuciones que la ley le asigna al Jefe de la Defensa Nacional, sin que sea necesaria otra delegación adicional.
Por tanto, uno de los argumentos basales de esta acusación constitucional se cae completamente.
Lo mismo ocurre con relación a los dos derechos garantizados por la Constitución, que en los estados de excepción tienen alguna restricción.
Las distintas cortes le han dado la razón a aquello, rechazando todos y cada uno de los recursos de amparo.
En ese contexto, respecto de los casos de fondo, debo señalar que no resulta serio iniciar una acusación constitucional sin haber agotado todas las instancias de investigación judicial.
Sobre el particular, cabe indicar que en el caso de la muerte de un joven en la comuna de Curicó el peritaje científico determinó que la bala que causó su deceso no provino del arma del militar a quien se había sindicado como autor del disparo, sino que fue percutada por un civil.
Ello demuestra que, en casos de contexto, se debe actuar con el mayor rigor posible.
Ahora bien, para justificar los capítulos de la acusación se citan muchos antecedentes de diversos organismos, así como varios informes de prensa; sin embargo, ninguno de tales documentos tiene el mérito de demostrar que el entonces Ministro Chadwick, quien hoy enfrenta esta acusación infundada, haya cometido deliberadamente las acciones y omisiones que se le imputan.
En cuanto a la declaración del estado de emergencia -tal como lo hemos señalado- se ha actuado conforme a lo que dispone la ley en materia de delegación de facultades.
Por todo lo expuesto, votaré en contra de ambos capítulos, pues creo que acá nos hallamos frente a una responsabilidad dual, en que tiene que respetarse el debido proceso, en que las garantías constitucionales del acusado Andrés Chadwick deben estar sobre la mesa.
Ciertamente, nos encontramos más bien ante una acusación con argumentos puramente políticos respecto de dos hechos basales, en que la delegación de facultades fue realizada correctamente y los casos de fondo están siendo investigados. Porque acá el Estado de derecho ha imperado; los tribunales de justicia han operado, y se están efectuando las investigaciones del caso. Además, el entonces Ministro Chadwick señaló en su oportunidad que había que velar por el respeto a los derechos fundamentales y que la violación a estos no debía quedar en la impunidad.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, para tener una democracia sólida es esencial que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos, sobre todo en nuestro país, que registra una dolorosa y sensible historia en esta materia, por cuanto aún tenemos capítulos pendientes en lo que respecta a verdad, justicia y reparación; aún tenemos a personas que buscan respuestas para saber qué ha pasado con los cuerpos de sus familiares y qué ha sucedido con aquellos que los hicieron desaparecer; aún tenemos a gente que postula el negacionismo, que intenta negar lo que ha sido nuestra dolorosa historia pasada.
Por lo mismo, para que aquello ocurra debe sancionarse a los responsables que, por acción u omisión, hayan incidido en esas vulneraciones.
En nuestra labor como Senadores nos toca resolver como jurados la acusación constitucional para determinar si el acusado es culpable o no de la infracción que se le imputa, ejerciendo el control político sobre la autoridad, cuestión que es facultad del Congreso Nacional.
Es así que con esta acusación se pretende demostrar la responsabilidad política del señor Andrés Chadwick por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país entre el 18 y el 28 de octubre pasados, tiempo en que ejerció el cargo de Ministro del Interior, debido a que habría incumplido sus deberes constitucionales y legales para proteger la vida y la integridad física de chilenas y chilenos.
En efecto, desde el 18 de octubre, en que Chile despertó, iniciándose el llamado "estallido social", el más grave desde la vuelta a la democracia, nuestro Estado de derecho quedó en vilo.
En nuestro país, como una forma de controlar este profundo descontento social, el Gobierno y el Ministerio del Interior plantearon una disyuntiva entre el orden público y los derechos humanos. Y para conseguir este fin se vulneraron reiteradamente los derechos más esenciales.
Ahora bien, nadie en esta Sala ha defendido (no lo hemos hecho nosotros, ni lo vamos a hacer) a los delincuentes que cometieron delitos, que realizaron saqueos y que incurrieron en graves hechos de violencia.
¡Condenamos aquello enérgicamente! Pero, al mismo tiempo, exigimos el respeto a los derechos fundamentales.
En tal sentido, lamentamos que el Presidente Piñera y su Gobierno nunca hayan podido entender la profundidad de este estallido social; no han logrado comprender que es la reacción ante un sistema extraordinariamente injusto y que ha excluido a las personas, las que ven que no los beneficia; que no tienen el mismo acceso a los servicios básicos; que constatan que privilegia a los que más poseen; que perciben su extraordinaria fragilidad por cuanto, al lograr surgir un poco, les basta con que un familiar se enferme o que sobrevenga cualquier situación para caer de nuevo en la vulnerabilidad.
No entienden que hay una justa indignación por el abuso, por el maltrato, por la soberbia de tantos años, por las declaraciones del último tiempo -es mejor no mencionarlas- de algunos Ministros de este Gobierno, que no tienen ninguna sensibilidad social para comprender qué hay detrás de esta crisis social, la cual, por lo demás, no se ha producido solamente en Chile -conversé el punto con el Senador Montes-, pues esta situación también se ha registrado en muchísimos países.
Entonces, aquello algo nos está diciendo acerca de un modelo concentrador que excluye; que no les da las mismas oportunidades a todos.
Señor Presidente, la ley N° 20.502 regula las facultades del Ministro del Interior, siendo su principal función velar por el orden público, concentrándose en dicha autoridad la decisión política al respecto. Su artículo 2° señala que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de él, de lo cual se deduce que las acciones que tome Carabineros son decisiones del Ministro por ser el superior del General Director de Carabineros, quedando el uso de la fuerza de esta policía supeditada al requerimiento político del Ministro. De acuerdo con esto, existe una relación de jerarquía, debiendo el Ministro controlar la labor de esta policía.
Pero la atribución de velar por el orden público no puede ser a cualquier costo, como dramáticamente lo ha mostrado nuestra realidad. Tiene como límite constitucional el artículo 5° de la Carta Fundamental, que señala que es deber de todo órgano respetar y promover los derechos humanos tanto los que se hallan consignados en la Constitución como los que están garantizados en los tratados internacionales. Por tanto, el control político que debe ejercer el Ministro sobre Carabineros, conforme a estos parámetros, es para que las Fuerzas de Orden y Seguridad actúen con respeto a los derechos constitucionales, lo que es válido incluso en un estado de excepción.
Señor Presidente, es un dolor admitir que en nuestro país se han violado -y se siguen violando- de manera extendida los derechos humanos, especialmente los derechos a la vida y a la integridad física y psicológica de la población, los cuales son reconocidos por diversos tratados internacionales ratificados por nuestro Estado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ayer cumplió 71 años, señala que nadie será sometido a tortura ni penas o tratos crueles y degradantes; la Convención Americana sobre Derechos Humanos declara que el respeto al derecho a la integridad personal incluye el derecho a no sufrir ni torturas ni tratos vejatorios.
Estos mismos principios son consagrados en nuestra Constitución: el artículo 19, N° 1, establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los ciudadanos.
Es en este marco jurídico y político en el cual se tiene que desenvolver el Ministro del Interior.
Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a la convicción de que existieron violaciones a dichas garantías cuando el señor Chadwick fue titular de esa Cartera? Existen fundamentos que constan en informes y en declaraciones de organismos internacionales.
Por ejemplo, el 8 de noviembre el Comité de Expertos de Naciones Unidas señaló que el elevado número de heridos y la manera en que las armas no letales fueron utilizadas parecen indicar que el uso de la fuerza fue excesivo, violando los requisitos de necesidad y proporcionalidad, siendo deber del Estado proteger a la población de los actos de violencia.
Señor Presidente, este viernes conoceremos también el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, quien envió una misión de verificación a nuestro país.
Asimismo, la Comisión Interamericana, a través de su Secretario Ejecutivo, Paulo Abrao, señaló: "En Chile hay violaciones a los derechos humanos; hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido".
En esa misma línea, Human Rights Watch reveló su informe el 26 de noviembre, en que relata graves casos que dan cuenta de las vulneraciones por parte de Carabineros, que incluyen abusos graves en las detenciones. Son todos hechos que sucedieron mientras Andrés Chadwick era Ministro del Interior.
En la etapa en que él estuvo a cargo de esa Cartera, hasta el 28 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó en su oportunidad -ya se señaló- que se presentaron doce recursos de amparos; cinco querellas por homicidios; dieciocho querellas por violencia sexual; setenta y seis querellas por torturas, con un total de 3.535 detenidos. Un dato no menor hasta hoy es que la mayoría de las querellas por homicidio fueron presentadas durante la gestión del entonces Ministro Chadwick.
En particular, existieron en ese periodo 127 personas con traumas oculares producto de disparos con perdigones. Esto fue expuesto ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado a la semana siguiente del inicio de las movilizaciones, cuando el acusado aún era Ministro. Pese a ello, no existió un cambio en la actitud del ex Ministro. Y en los días posteriores de haber dejado el cargo, la Sociedad Oftalmológica afirmó estar frente a una de las peores crisis sanitarias del mundo.
Estos casos de traumas oculares fueron por la utilización de armas antimotines, no letales, las cuales eran disparadas como métodos disuasivos contra los manifestantes. Eran percutidas directamente a los cuerpos y rostros, ¡sin cumplir protocolo alguno!
Debemos recordar que el ex Ministro dictó el decreto N° 1.364 el 13 de noviembre de 2018 -ojo: un día antes de la muerte de Camilo Catrillanca; y ya este país había tenido que conocer la dolorosa falsedad de la "Operación Huracán" y el montaje que había hecho Carabineros-, del que emana la orden general que aprueba el protocolo de Carabineros para el orden público, el cual señala que las escopetas antidisturbios se podrán utilizar cumpliendo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y progresividad, frente a una agresión activa o potencialmente letal. Es decir, tenía que ser en respuesta a una agresión. Pero esto no sucedió. Carabineros utilizó en forma indiscriminada los perdigones, disparando directamente a los rostros, sin mediar agresión alguna, no existiendo de parte del Ministro Chadwick acción alguna para fiscalizar este cumplimiento. A lo anterior se agrega que entre el 18 y el 23 de octubre ocurrieron 29 casos de traumas oculares; pero en los cinco días posteriores se dieron más de 70 casos, lo cual es un aumento exponencial en un breve plazo, durante la gestión del ex Ministro.
También hubo violencia sexual en el accionar de Carabineros. Existen diversas denuncias de obligar a mujeres, hasta niños, al desnudamiento. Según el informe de la Asociación de Abogadas Feministas, en las comisarías se golpeó y se humilló a las mujeres.
También niñas y niños en nuestro país sufrieron violencia por parte de Carabineros. Al 26 de octubre, la Defensoría de la Niñez tuvo una gran labor: habló de 6 niños heridos por balas, 18 por maltratos, 19 por perdigones. ¡Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes! Así es como declaró, junto a la UNICEF, que no es tolerable -¡no es tolerable!- que en un Estado democrático se sigan vulnerando los derechos humanos.
¿Qué responsabilidad tiene el Ministro en esto? Su defensa nos ha dicho que no puede responder por actos de terceros, lo que por cierto podemos compartir; pero lo que se le está imputando son hechos personales, son omisiones, su negligencia en el ejercicio de sus atribuciones, el no haber cumplido con sus deberes constitucionales y legales. ¡Estos eran hechos públicos y notorios, que estaban en su conocimiento!
La negligencia se demuestra en sus declaraciones del 21 de octubre, en que el Presidente afirmó estar en guerra contra los manifestantes, polarizando al país, ¡qué duda cabe! En ese entonces, el ex Ministro declaró que el Presidente "ha señalado una expresión que demuestra la autoridad y decisión con la que nosotros, como Gobierno, queremos combatir ese vandalismo y darle seguridad a la ciudadanía." Comillas: "hemos adoptado distintas medidas para efecto de lograr la acción más decidida en contra de esta violencia". De acuerdo a esto, claramente consiente, entonces, acciones más represivas contra la población.
Dijo respaldar -comillas- "con total decisión a nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros, porque están cumpliendo un deber en resguardo de todos los ciudadanos del país".
A esta fecha ya existían graves denuncias contra el actuar de Carabineros. El ex Ministro estaba en conocimiento de estos hechos. El 22 de octubre sostuvo una reunión con el Director del INDH, como aquí se ha señalado, quien le manifestó su preocupación por las violaciones de derechos fundamentales. ¿Su reacción? Algunos sumarios -que, como aquí recordaba un Senador, son medidas administrativas-, pero no hubo una acción concreta para salvaguardar la integridad de la población. ¡No condenó el actuar de Carabineros! Es más, tenía facultades incluso para haber pedido la renuncia del General Director de Carabineros, hecho que posteriormente a que saliera el Ministro ¡por lo menos el Partido Socialista lo pidió reiteradas veces!
Con esto, por su actuar, infringe su deber legal de mantener el orden público en forma racional y responsable, lo cual -como ya hemos visto- ha significado graves violaciones de derechos humanos, incumpliendo el deber de respetarlos. La posterior actuación del actual Ministro Blumel muestra que era posible pedir un uso del protocolo y el cumplimiento de aquel.
El acusado no realizó acción para detener estas vulneraciones, teniendo las facultades para hacerlo y el deber legal de controlar el actuar de Carabineros, lo cual queda acreditado en este proceso. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no actuó más enérgicamente frente a lo que sucedía en el país, teniendo conocimiento de ello?
El Capítulo II se basa en una infracción grave de la Constitución al participar en la declaración del estado de emergencia, que podía afectar derechos constitucionales.
Desde la declaración de estado de emergencia hasta su término sucedieron más de 3.193 casos de personas privadas de libertad. En ese intertanto se cometieron graves afectaciones a los derechos constitucionales; se provocaron vulneraciones al debido proceso. Una de ellas es el derecho a la defensa, pues se negó el registro público de detenidos a los abogados. Con esto se obstaculizó el derecho a la defensa de los detenidos. Esto fue expuesto ante la Comisión Interamericana en Quito por parte del Colegio de Abogados.
Al declararse el estado de emergencia, las zonas bajo este estado de excepción quedan bajo la dependencia del jefe de la Defensa Nacional, que puede restringir el derecho de reunión y de locomoción. Se fue mucho más allá de aquello.
En el estado de emergencia ni las atribuciones constitucionales ni las legales de las autoridades se suspenden. Asimismo, con mayor razón, se mantiene la obligación de respetar y promover los derechos humanos. Eso lo señala el artículo 44, al afirmar que no pueden verse afectadas las competencias ni el funcionamiento de los órganos.
Señor Presidente, en estos últimos tiempos hemos visto violaciones generalizadas de estos derechos y la repetición de las vulneraciones a la integridad física y psíquica, principalmente por parte de Carabineros. Por eso quiero señalar la necesidad ineludible de este Congreso de hacer un estudio a fondo, junto al Gobierno por cierto, del cuerpo de nuestra policía. Tiene que haber un estudio en profundidad de la preparación, de la capacitación, de la prevención, de los servicios de inteligencia y de lo que son sus responsabilidades y su formación.
No queremos volver a escuchar a un General Director ofrecerles impunidad a sus subalternos. Tampoco quisiéramos ver que se repita el despido de tantos generales...
¿Presidente, me concede un último minuto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continúe, señora Senadora.
La señora ALLENDE.- Esta no es una acusación personal contra Andrés Chadwick, como aquí se nos ha dicho. Se ha hablado de "venganza", de "revanchismo", de "oír a la calle sedienta de sangre". Aquí lo que estamos haciendo es cumplir la Constitución y las leyes, tal como lo juramentó el Ministro en su momento. Y existen pruebas de que ha habido violaciones a los derechos humanos que pudieron haberse evitado si se hubiese ejercido esa acción y no esa omisión. Y no lo hizo.
Es deber de nuestro Congreso ejercer el control político sobre las autoridades. Esto no es un juicio penal. Aquí se ha dicho: no estamos determinando las responsabilidades penales. Pero sí debemos señalar que el descontento social no se soluciona con represión. Nuestro rol, entonces, es ratificar la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, lo que no ejerció el Ministro en su oportunidad.
Por eso, señor Presidente, voto a favor los dos capítulos de esta acusación.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, se nos ha citado para conocer de la acusación que la Cámara de Diputados ha entablado en contra del ex Ministro del Interior don Andrés Chadwick.
El Senado, tal como lo dice la Constitución, resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable de un delito, de una infracción o de un abuso de poder.
Eso es lo que estamos llamados a resolver.
Por lo tanto, y haciendo referencia a lo que ya muchos han señalado, hay que tener claro cuál es el rol de una acusación constitucional. Algunos afirman que es solo política, ¡solo política! Yo creo que esa es la manera más fácil de no apuntar adonde tienen que apuntar las responsabilidades sobre las cuales tenemos que pronunciarnos. Es como si decir "es políticamente culpable" eximiera al Ministro de todo lo que puede seguir ocurriendo en el futuro.
Y la verdad de las cosas, señor Presidente, es que la acusación constitucional en Chile tiene, evidentemente, matices y aspectos políticos, pero también tiene aspectos jurídicos.
Algunos Senadores que me antecedieron hacían ver que esto es más o menos parecido a lo que podría ser lo que se llama el "voto de confianza" en los sistemas parlamentarios, o incluso una especie de acusación o impeachment, en el caso de la democracia norteamericana. Pero en todos esos ejemplos la acusación es efectivamente ciento por ciento política, y lo único que busca es que el personero que está acusado o que tuvo un voto de confianza negativo abandone el cargo. Ahí cesa cualquier otro tipo de responsabilidad; simplemente, deja de ejercer el cargo.
Acá, en cambio, las consecuencias pueden existir, y de eso hablaré al final de esta presentación.
¿De qué se le acusa al Ministro Chadwick? Básicamente, de dos cosas: omitir deliberadamente medidas para detener violaciones de los derechos humanos y, en segundo lugar, participar de la declaración de estado de emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado excepcional.
Voy a despejar primero el segundo punto, porque me parece que es la acusación peor entablada y que no tiene mayor relación con nada de lo sucedido.
El estado de emergencia está contenido en la ley Nº 18.415. Como ya se ha dicho, en un decreto el Presidente delega sus facultades en un jefe de zona militar, que asume el control de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y entre otras muchas cosas puede, por supuesto, limitar el tránsito dentro de esa zona.
Ayer escuchábamos a un Diputado que alegaba contra el toque de queda. De hecho, en esos días hubo interposición ante las Cortes de que no podía existir toque de queda, qué se yo. Todo eso fue absolutamente rechazado por todas y cada una de las Cortes que alcanzaron a ver esos procesos, y ¿por qué? Entre otras cosas, porque la declaración está bien hecha y porque, de hecho, la propia ley N° 18.415 establece expresamente que pueden existir ese tipo de medidas.
Por lo tanto, vamos a concentrarnos en la primera de las acusaciones, que es omitir deliberadamente medidas para detener violaciones a los derechos humanos.
La verdad es que no se me ocurre que exista una acusación más grave que se le pueda hacer a una persona. No es simplemente "omitir". Es hacerlo "deliberadamente". Es decirle a una persona que actuó con dolo. Es decirle que omitió algún ejercicio de su poder con el propósito definido de que se violaran los derechos humanos.
Yo les quiero pedir a mis colegas Senadores que, por favor, mediten un poco en lo que significa esa frase. Acá se le está diciendo a un ex Ministro de Estado que, de manera premeditada, con dolo, con la intención positiva, omitió hacer algo para evitar que se violaran los derechos humanos.
A mí me parece que el solo plantear una acusación en esos términos es de una injusticia tal que ya, per se, nos hace rechazarla, por todo lo que conocemos al ex Ministro Chadwick en persona y por todo lo que ha sucedido además.
¿Pudo haber errores durante este período de tiempo que va desde el 18 al 28 de octubre? Evidentemente. Él mismo lo señalaba el día de ayer. Errores, como todo ser humano, puede haber cometido muchos. Pero de ahí a la intención positiva hay un trecho y un camino demasiado largo.
Algunos han tratado de justificar esta intención positiva en la historia. Al Senador Montes -por su intermedio, señor Presidente- le faltó poco para decir: "No fueron treinta pesos, fueron treinta años". La Senadora Allende iba en el mismo sentido.
Otro Senador que me antecedió aludió a que habían pasado a retiro demasiados generales durante un tiempo y que, por lo tanto, eso habría llevado a que se cometieran y se violaran los derechos humanos entre los días 18 y 28.
En fin, aquí podríamos estar horas discutiendo de esos aspectos. Pero la acusación es precisa y clara. Dice que el ex Ministro Chadwick habría omitido deliberadamente tomar acciones para evitar que se violaran los derechos humanos.
¡Eso es lo que se está diciendo!
Uno de los antecedentes que se ponen es bien curioso: que él no le envió una carta a los carabineros, como la que el Ministro Blumel les habría enviado dos días después de haber asumido, pidiéndoles que ratificaran por favor los protocolos.
Pero miren todo lo que hizo el Ministro Chadwick en el último año, ¡solo en el último año!
Se conformó una mesa de trabajo transversal en materia de seguridad con 150 medidas, que fue parte del acuerdo al que llamó el Presidente Sebastián Piñera.
En noviembre del 2018, el Presidente Piñera envía al Congreso Nacional los cinco primeros proyectos.
En diciembre del 2018, después de lo sucedido en el caso Catrillanca, se impulsan quince medidas administrativas, entre ellas, la revisión y la actualización constante de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público.
El 4 de diciembre del 2018, el Presidente dicta el decreto N° 1.364, que establece ocho lineamientos generales de uso de la fuerza; entre ellos, el de que las fuerzas de seguridad deberán velar por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas.
En enero del 2019, con los integrantes de la mesa de seguridad pública del Senado, revisión y actualización constante de los protocolos de actuación de Carabineros; creación de la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros; fortalecimiento del Programa de Formación Continua de Derechos Humanos en Carabineros; creación de un nuevo modelo de prevención y denuncia de conductas indebidas al interior de Carabineros.
Se conforma una mesa técnica con Carabineros, la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Y el 29 de julio de 2019 se dicta una orden general en ese mismo sentido.
Además, se sube la página "www.comisariavirtual.cl" para que la gente, anónimamente incluso, pueda hacer denuncias contra el actuar de Carabineros.
Creo que ningún otro Ministro del Interior había hecho tanto en un año como ha hecho el Ministro Chadwick para ordenar y velar por el correcto comportamiento de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. ¡Creo que ninguno!
Entonces, es muy raro -¡es muy raro!- decir que esa misma persona en diez días decidió omitir deliberadamente acciones para impedir que se violaran los derechos humanos en este país.
Todos se plantean acá en una posición muy fácil. Dicen: "Oiga, pero si el artículo 1° de la Constitución dice expresamente que el Estado debe promover y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno realizarse".
El Estado debe "resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población".
El artículo 5º: el ejercicio de la soberanía tiene que reconocer como autoridad los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
El artículo 19, número 1º: el Estado garantiza la integridad física y psíquica de las personas.
Todo eso está perfecto y aquí, sentados en esta Sala, es refácil decirlo y obligar a todo el mundo a cumplirlo. De hecho, debemos autoimponernos el cumplimiento de eso.
Pero cuando ocurre lo que en Chile ocurrió el 18 y los días sucesivos, ahí cuesta mucho lograr armonizar, compatibilizar lo que es el combate contra la delincuencia, saqueos, anarquismo, narcodelitos, etcétera, desatados, con dar seguridad a la población y que no ocurra nada.
Yo en esto les pido a los señores Senadores que analicen lo siguiente.
Hace un año no más, en Francia ocurrieron sucesos graves. Todos debemos suponer que ese país tiene una policía quizá mejor preparada que la chilena, tiene una institucionalidad mucho más robusta, tiene, en fin, todo tipo de organizaciones que también preservan los derechos humanos.
El balance en Francia es 11 muertos, 4 mil heridos, 12 mil arrestados, 1.700 policías heridos, 313 sumarios en la policía, 24 ojos perdidos, 5 manos perdidas; críticas de Amnesty International, críticas de Human Rights Watch, críticas de la Comisaria de Derechos Humanos de Europa. Se les pidió también que no usaran perdigones, que no usaran granadas de dispersión, que no usaran lacrimógenas, etcétera, etcétera, etcétera.
Es decir, la historia ocurrida acá es increíblemente parecida a la ocurrida en Francia hace un año atrás.
¿Alguien podría pensar que el Presidente Macron, que el Ministro del Interior francés, que la policía francesa, etcétera, también tenían alguna voluntad de violar los derechos humanos? ¡Por supuesto que no!
Yo no sé si en Francia existe propiamente una acusación constitucional, pero a nadie se le ha ocurrido allí acusar al Presidente Macron, ni al Ministro del Interior, ni a nadie, por algo como por lo que se está acusando al ex Ministro Chadwick o al Presidente Sebastián Piñera.
De lo que aquí se trata es de aprender, de sumarnos, de intentar -en casos tan graves como los ocurridos en Chile en el último mes y en Francia hace un año- ser capaces de que la policía, usando todos sus medios, legítimamente, como corresponde a un Estado democrático, pueda contener la violencia en un país. Pero la experiencia práctica nos dice que es muy difícil que no ocurran situaciones que, por supuesto, nadie quiere.
Por lo tanto, la pregunta de fondo es: ¿Cómo se controla todo esto en un Estado democrático, en un Estado de derecho? A mí me parece que se controla haciendo lo que el Ministro Chadwick hizo. Si las declaraciones para la galería que citan los artículos 1°, 5° y 19 de la Constitución son un "desde". Pero se debe llevar esto al terreno práctico: ¿Cómo se controla? Estando cerca de las fuerzas policiales. ¿Lo hizo o no lo hizo el Ministro Chadwick? Estuvo ahí.
El General Rozas ha señalado una y otra vez que el Ministro le pidió que actuara siempre con estricto respeto a los derechos humanos.
En cuanto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, el ex Ministro no solamente estuvo con el organismo, sino que, además, se le dieron más recursos para que efectivamente pudiera cumplir con su misión.
A Human Rights Watch y a observadores extranjeros se les invitó -¡se les invitó!- y se les entregaron todas las facilidades, al igual que a la totalidad de la prensa.
No solo se hicieron sumarios, sino que también se enviaron informes a la fiscalía para que actuara.
Es decir, a mi juicio, el ex Ministro Chadwick hizo todo lo que legítimamente y en el sano juicio de cualquier persona se podía haber hecho para tratar de evitar todo esto.
Alguno de ustedes puede sostener: "Es que debió haber hecho algo más".
Un Senador señaló: "Tendría que haber sacado al General Director de Carabineros". Yo no estoy tan claro de que hubiera sido una buena solución. Y si ya existe la duda entre nosotros, ¿por qué vamos a exigirle algo así?
Otros sostienen: "Es que nunca se debió haber declarado estado de emergencia". Yo creo que nadie tiene la bolita de cristal como para decir que no haber decretado el estado de emergencia habría sido mejor para nuestro país.
O sea, aquí le están pidiendo al ex Ministro Chadwick cuestiones respecto de las cuales ninguno aquí en su sano juicio habría tenido claridad de que mejorarían las condiciones.
Señor Presidente, me parece que en esto todos debemos colaborar más que embarcarnos en acusaciones que solo empeoran las cosas en nuestro país: se crea más odiosidad, más violencia política, que finalmente se traduce a la calle. Por lo tanto, creo que estamos dando los pasos equivocados.
Un minutito más, por favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Dispone de un minuto adicional, señor Senador.
El señor GALILEA.- Como decía, el Ministro Chadwick hizo todo lo que debía hacerse en el contexto de un Estado democrático, en términos de libertad de prensa, transparencia de información, estar cercano a todos las instituciones que tienen que ver con derechos humanos, invitando a los extranjeros, a todos y cada uno de ellos.
Para algunos puede que esto no sea suficiente; tienen todo el derecho a pensarlo. Y vuelvo a reiterar: creer que no hizo todo lo suficiente o que no hizo todo lo correcto no tiene nada que ver con señalar que el ex Ministro Chadwick decidió, con intención positiva, no hacer algo para que se violaran los derechos humanos.
Nuevamente reitero: pienso que ningún Senador debiera permitir que se acuse en eso al ex Ministro Chadwick.
Esto tiene consecuencias, no es así nomás. No se trata simplemente de una declaración.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, tenemos por mandato constitucional el deber y la facultad de pronunciarnos sobre una acusación constitucional en contra del ex Ministro del Interior don Andrés Chadwick Piñera.
Como señalaban varios de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, a nosotros nos corresponde actuar como jurado, no como tribunal; a nosotros nos corresponde pronunciarnos sobre un sí o un no, en conciencia. Ni siquiera se nos exige fundamentar el voto en la Constitución. Acá se podía emitir el voto sin hacer uso de la palabra.
Hago esto porque ese es el sentido que tiene nuestra labor hoy día. No se trata de una tarea que nos pueda gustar o no gustar, no es un tema que sea grato o no grato, sino que es parte de las responsabilidades que conlleva haber postulado a este cargo, haber hecho una campaña para ello, haber jurado sobre la Constitución cumplir con ella y las leyes, y, de la misma forma, ejercer dicho cargo con la responsabilidad que corresponde.
Debemos pronunciarnos sobre la responsabilidad política de un Ministro, no sobre su persona, no respecto de su pasado político como Senador o Diputado en este Congreso, ni siquiera sobre su pasado anterior a la recuperación de la democracia. Eso no está aquí en consideración. Y hay que dejarlo claro.
No se trata tampoco de ejercer responsabilidades penales. Todos lo han planteado, porque saben lo que están diciendo con eso. Y creo que no está de más reiterarlo: acá estamos frente a una acusación sobre responsabilidad política, a partir de una actuación de la Cámara de Diputados, que es un órgano político, para pronunciarnos sobre la conducción de un Ministro político sobre decisiones de carácter político.
Y ello tiene que quedar subrayado muy claramente, porque sabemos lo que está detrás, ante la eventualidad de que se apruebe la acusación, o cuáles son las preocupaciones que algunos tienen.
Entonces, esa materia debe quedar muy clara en este Senado.
Ese es el marco en el cual tenemos que pronunciarnos.
Lo que hemos vivido los chilenos en estos últimos cincuenta días se puede mirar y evaluar desde distintos ángulos. Hay uno luminoso: millones de chilenos, de manera bastante espontánea, alcanzan un punto en que expresan sus demandas o su disconformidad, mejor dicho, por la sociedad que tenemos, por el tipo de distribución del ingreso, por la desigualdad, por los abusos, etcétera. Y creo que eso nos sorprendió a casi todos.
Yo voy a ser de los humildes acá. Yo no tengo las razones profundas acerca de lo que ha ocurrido; no tengo tampoco una respuesta clara de cómo abordar la situación, para ser bien franco.
Me he preguntado si yo hubiera sido Ministro o Presidente de la República, o si hubiera tenido que tomar estas decisiones, y en verdad no tengo claro, para ser muy franco, cómo habría abordado este desafío. Esto no estaba en nuestros libros.
Sí, muchos dicen "Chile despertó". Pero, con mucho respeto y siendo muy honesto, así como no tengo la respuesta, también voy a ser bien humilde. Llevo diez años como Senador, fui dos años Ministro de Estado. Y aquí hay personas que llevan veinticinco o treinta años en el Parlamento, que llevan una vida en la política, que han tomado decisiones en gobiernos de distinto signo político. En este sentido, quiero decir que los chilenos tienen el derecho a despertar, y despertar no significa caer en cuenta, sino movilizarse en torno a algo, pues ellos hicieron un punto más que político. Pero creo que los que estamos en instancias de toma de decisiones y hemos tomado decisiones en el pasado tenemos menos derecho que ellos a despertarnos, pues podríamos haber estado un poco más alertas.
En consecuencia, siento que ante este Chile que despertó debemos ser muy cuidadosos con las formas en que nos expresamos para interpretar a los que ya hablaron, que son los ciudadanos que se movilizaron y que todavía están movilizados.
Yo no voy a pretender ahora descubrir las desigualdades. Yo creo que las conocíamos. Alguien me señalaba tiempo atrás: "¿Cómo es posible que la pensión básica solidaria haya sido tan baja?". Y yo sabía que era baja. La pregunta es si podía ser más.
Entonces, esto lo planteo para todos los sectores acá sentados.
Pienso que hay que ser bien humilde en esto y no pretender ahora que soy nuevo y hablo por los que no tienen voz o por los que se expresaron en estos últimos cincuenta días. Yo sería más modesto en ese sentido.
Pero le agregaría algo: no todos tenemos la misma responsabilidad en que se haya llegado a este estado de ebullición en Chile. Porque hubo sistemáticamente un sector refractario al cambio, amparado en una Constitución que le permitió tener un sistema binominal injusto, con Senadores designados -¡diez Senadores designados!-, algo también injusto, y con varios quorum muy altos en la Constitución que impedían realizar los cambios.
Hagamos toda la autocrítica respecto de si alguien tal vez se conformó con menos, de si hubo que tranzar por la democracia, etcétera, la que ustedes quieran. Pero no somos todos iguales.
Entonces, yo siento que en el clima que hemos vivido hay que ser un poco más modesto.
¡Le tocó a este Gobierno enfrentar esta crisis!
Los gobiernos no eligen las crisis. Las pueden evitar, tal vez; pero tienen que darles conducción. Y siento que acá faltó conducción. Reitero: faltó conducción para esta crisis.
Todos fuimos sorprendidos con lo que ocurrió, ciertamente. Y lo que vimos, que es el motivo de esta acusación constitucional, es que entre el 18 y el 28 de octubre, para controlar el orden público, se cometieron excesos.
Los abusos y los excesos parece que son evidentes. ¡Fíjese que aquí no hay discusión sobre eso! ¡No existe discusión!
La defensa hablaba de una reunión del Instituto Nacional de Derechos Humanos, creo que el 22 o el 23 de octubre, con el Ministro del Interior de la época en la que se planteaba el tema. Después conocimos los informes. ¡Pero hubo excesos! ¡No hay duda de eso! ¡Lo vimos por televisión!
Carabineros y la Policía de Investigaciones realizaron su labor de la mejor forma posible, ¡no me cabe duda! ¡Pero hubo excesos! Al punto de que asume un nuevo Ministro del Interior y lo primero que hace en cuarenta y ocho horas es pedir que se observaran los protocolos, que se hicieran las cosas de mejor manera, etcétera. Y al cabo de un tiempo, entonces, se empieza a decir que el uso de las armas disuasivas debía ser de otra forma -lo vimos-, que se les iba a capacitar de mejor manera, etcétera.
O sea, hubo un acuse de recibido.
Con relación a esto la pregunta es, y hacia allí estamos apuntando: ¿se pudo haber hecho más? Creo que sí. Lo digo responsablemente: creo que se podría haber hecho más.
Se hizo algo. La defensa habló de los oficios que se enviaron para recabar información. Pero hubo otro Ministro después que hizo más que recabar información: pidió cambios en los protocolos.
Entonces, están claros la violación, los abusos y los excesos a los derechos de las personas en virtud del control del orden público. Pero señalar, por otra parte -y esto es muy importante-, que con esta acusación puede haber una revancha o un oportunismo político ante lo acontecido es algo que yo no comparto. Aquellos que voten distinto a como lo voy a hacer yo no pueden pensar eso.
Señalo lo anterior porque lo que ha habido acá es la crisis más profunda que hemos tenido desde que recuperamos la democracia. Pienso que está dentro de los estallidos sociales más complejos que Chile ha vivido, incluido también el período previo al golpe militar. Debe de estar en los rankings en lo más alto. Sobre todo, por lo inesperado. Porque los episodios de violencia que hemos tenido y sufrido en Chile anteriormente, ¿de qué estuvieron acompañados? De situaciones económicas gravísimas, de gobiernos más autoritarios.
Aquí no ocurrió eso. Acá hay un Estado de derecho que funciona; estamos en una acusación constitucional; se conocen los recursos de amparo; hay sumarios; hay gente formalizada -¡todo ha funcionado!-; hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos; tenemos una economía -comillas- sana (acá no existe una inflación de 1.000 por ciento, un desempleo de dos dígitos). Y así y todo, se generó este malestar y este estallido.
Entonces, ¡acá hubo un problema grave!
Decir que hay una acusación por temas menores o pretender plantearlo siquiera es algo que quiero que despejemos muy rápidamente. De lo que se trata acá, como señalaba, es de una acusación política que realiza un órgano político, que es el Congreso, ante una responsabilidad de carácter político.
Recalco que no existe una motivación política menor.
La magnitud de la crisis fue tal, y voy a ser honesto, que -muchos me acompañarán en Chile, no sé si acá- hubo en un minuto el vértigo de ver caer nuestra institucionalidad. ¡Así!
Tal vez no se señala. "No hay que decirlo", dirán. Pero políticamente creo que hay que plantearlo a estas alturas. Hubo un momento en que se pensó que estaba en riesgo nuestra institucionalidad. Ese fue el grado de desborde que se vio en algún minuto en este período.
Por lo mismo, muchos, no al día 30, no al 25 ni al 40, sino en los primeros días tras el estallido social, cuando el Presidente Piñera convocó a un diálogo con la Oposición, para buscar un camino de conducción, fuimos de aquellos del sector que dijeron: "Hay que participar en ese diálogo", al margen de las consideraciones que algunos tuvieran, en el sentido de que eso era prestarle ropa al Gobierno, de que se estaban cometiendo excesos, ¡porque los excesos estaban! Pero consideramos que había que lograr un entendimiento; o sea, había que darle conducción a esta crisis. ¿Desde dónde? Desde los órganos que tenemos la representación soberana. ¡Si eso lo tenemos! Entonces, hay que ejercerla. Y eso se hizo.
De la misma forma concurrimos al marco de entendimiento tributario, que al lado de estos temas parece menor hoy día. Pero en ese marco de entendimiento tributario, durante ese fin de semana largo de jueves y viernes feriados, que fue eterno, ¿qué estaba en juego? La estabilidad económica de Chile, y para eso ayudamos en el tema tributario, entendiendo que debe haber una reforma tributaria de otra naturaleza más adelante.
Del mismo modo ayudamos al Gobierno y al nuevo gabinete en el entendimiento para la Ley de Presupuestos.
Y lo mismo se hizo la noche en que se llegó a un entendimiento para tener un camino hacia una nueva Constitución.
Entonces, nadie puede decir que no ha habido disposición en sectores importantes de la Oposición para ayudar al Ejecutivo a darle conducción a este proceso.
Por lo tremendo que ha ocurrido, por los excesos que nadie discute a estas alturas -la pregunta es si hay o no responsabilidad política, no si hubo excesos-, debemos abordar esto con mucha sabiduría, porque lo que estaba en juego era nuestra institucionalidad. Y sigue estando en juego, en cierta forma, cómo nos vamos a entender de aquí para adelante, porque mañana, pasado mañana deberán tomarse otras decisiones.
Y esta decisión es parte de ese proceso, de esa cadena de decisiones que viene. Por eso, hay que actuar con responsabilidad en esto, entendiendo todas las consecuencias que tiene.
Ciertamente, yo rechazo lo que hemos visto en materia de violencia en estos cincuenta días. Rechazo la fuerza y la energía de la violencia y el vandalismo; rechazo los saqueos y los incendios; rechazo la funa; rechazo, incluso, "El que baila, pasa", que para mí es lo peor y la violencia más destilada que puede haber, en el sentido de que el que no piensa como yo no pasa: primero, que se baje el padre o la madre de familia, quien vaya manejando el auto; después, que se bajen el acompañante y los cabros chicos, porque no piensan como yo.
¡Todo eso lo rechazo!
Pero, de la misma forma, lo que está en juego hoy día -y lo digo con mucho respeto, porque nos acompaña acá el ex Ministro y ex Senador- no es la persona de Andrés Chadwick, es lo que pasa con el hoy día ex Ministro respecto de una situación que no habíamos vivido nunca en Chile después de la recuperación de la democracia, que fue un tremendo estallido social, y en que para controlar el orden público se cometieron excesos muy grandes. Y ese estallido social nos tuvo a un tris -es mi convicción profunda- de un colapso institucional, de un desborde eventualmente.
Entonces, debemos hacernos cargo de eso, porque Chile tiene la solidez institucional para salir adelante, y lo está demostrando con esta acusación constitucional.
Por eso, voy a ejercer mi responsabilidad en conciencia respecto de esta acusación y voy a ejercer mi mandato de la forma que mejor me representa, haciéndolo de la manera más leal con mis convicciones y lo que está en juego.
Voy a apoyar esta acusación constitucional en sus dos capítulos.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Finalmente, antes de suspender la sesión, tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, cuando uno escucha las argumentaciones sobre los hechos que han gatillado la situación que hoy día vive nuestro país, como lo expresaba el Senador que me ha antecedido, ve que realiza un diagnóstico de la realidad muy objetivo, muy objetivo, con una suma de contenidos. Y señala con mucha claridad lo sorpresivo, lo extraño, lo imprevisto, el no haber sido capaces de percibir el escenario y el ambiente que se estaba incubando en nuestra sociedad.
Creo que entrega todos los argumentos precisamente para señalar con mayor claridad que lo que hemos vivido ha sido una situación absolutamente inesperada para la cual no estábamos preparados, a pesar, como bien se ha sostenido acá, de tener percepciones respecto de la realidad y de las demandas que nuestra comunidad y nuestra sociedad nos exigían.
Esta acusación constitucional, que persigue una de las responsabilidades probablemente menos cuantiosas en nuestro ordenamiento, como es la responsabilidad política, no pasa por ello a ser irrelevante. Y menos considerando que esta pone en tela de juicio la integridad y los derechos humanos en el país.
Lo que está en juego es una carga muy grande para la honra del acusado y, por lo mismo, este Congreso está llamado a evaluar con argumentos y en justicia las responsabilidades aquí contenidas.
El Senador Insulza expresó hace poco aquí que el estallido social era contra el Presidente Piñera, contra el Gobierno actual. Pero el ex Presidente Ricardo Lagos señaló: "La situación actual no es una crisis del Gobierno de Piñera, sino del Estado de Chile", incluida nuestra propia miopía por no asumir las prioridades sociales que el país tenía. ¿Cuántas veces debatimos acá proyectos irrelevantes, tramitaciones legales que estaban muy lejos de dar respuesta a lo que hoy día la sociedad nos pide en las calles?
Respecto del mérito de esta acusación, con relación a los aspectos que se ponen en duda, se habla de "omitir deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de la manifestación social reciente". Si queremos poner esto en la disyuntiva de las decisiones responsables, a las cuales el Senador Lagos nos convocaba, ¿amerita que debamos creer que el ex Ministro Andrés Chadwick actuó de manera deliberada al no instruir expresamente a las policías en cuanto a su quehacer y su conducta?
Quienes conocemos el comportamiento y el accionar del ex Ministro sabemos que estamos lejos de esa situación.
Por ello, creemos, sincera y definitivamente, que decretar los estados de emergencia fue una decisión lícita desde el punto de vista jurídico, pero además necesaria según los acontecimientos y los hechos que se estaban viviendo.
Cuando veíamos estos grados de violencia incontrolables en las calles, condenamos absolutamente cualquier abuso en contra de la población, cualquier conducta que escapara a los protocolos señalados en cuanto a la manera de proceder de las policías para restablecer el orden público. No hay cuestión ni duda respecto del particular.
Pero nos dimos cuenta, como pareciera ser que quisiéramos desconocerlo en un minuto dado, de los hechos desbordados que estaban aconteciendo en nuestro país.
Lo señalaba recién el Senador Lagos Weber: estuvimos al borde de un colapso, de un quiebre institucional, ¡de un quiebre institucional! Y muchos en los pasillos, en las calles y en las poblaciones y en nuestras regiones nos señalaban la urgencia del reclamo que se le hacía al Gobierno para restablecer el orden y la paz, tan necesarios en nuestro país.
Todos percibimos y nos percatamos del enorme riesgo y peligro que tuvimos como sociedad, lo cual nos motivó, tras el llamado que hizo el Presidente de la República el día 12 de noviembre, a la suscripción de acuerdos donde, por primera vez, el Senado, disponiendo todas sus capacidades, les puso prioridad a las inquietudes y demandas de la gente y suscribimos los acuerdos con tal propósito.
Estábamos al borde de una situación extremadamente compleja, que ameritaba, desgraciadamente, a lo mejor, tomar acciones que no hubiésemos querido, como los estados de excepción. Pero el país no se hallaba en condiciones normales para poder dialogar o enfrentar las legítimas demandas, porque detrás de esas legítimas demandas hubo algunos -pocos, probablemente más que pocos- que incurrieron en actos violentos absolutamente condenables, en agresiones, saqueos, incendios, en atentados contra hospitales, contra la propia institucionalidad, los servicios, las policías. Atentaron contra nuestras propias integridades, contra las personas. Hubo parlamentarios que vivieron el rechazo de esas mismas comunidades en sus propias caras. Porque estas quejas, al contrario de lo que dijo el Senador Insulza, no son contra el Presidente Piñera en particular, sino contra todos, ¡contra todos nosotros!
Y hoy día estamos conminados a resolver en este foro, mientras la sociedad espera, descansa, porque cree que acá hay un grupo de personas que va a pensar, más que en cosas particulares, en los intereses generales del país. ¿Estaremos hoy día a la altura de esos planteamientos? Yo creo que no. Y creo que no, fundamentalmente, porque pienso que todavía no somos capaces de sintonizar el ejercicio de nuestro trabajo político con las legítimas demandas que plantea nuestra sociedad.
No estamos en eso. Deberíamos estar construyendo grandes acuerdos para avanzar y ver cómo, en definitiva, terminamos con estas enormes desigualdades, con estos grandes abusos, con todos los problemas que vive nuestra sociedad, los mismos que, habiéndolos olfateado, habiéndolos visto, habiéndolos percibido, no tuvimos claridad mental para hacer frente al desafío.
Y hoy día, en vez de actuar con responsabilidad, como foro del Senado de la República, creo que todavía no nos hemos puesto en sintonía. Y no lo hemos hecho porque creemos que todavía hay que responder sobre la base de trincheras, ¡que tanto daño le hicieron al país! ¡Cuánto sufrió nuestro país cuando nos pusimos en posiciones antagónicas y no había capacidad alguna para sentarse a dialogar sobre esas diferencias y poder construir los caminos de salida y, en definitiva, de solución!
Creo, sinceramente, que nosotros, como Senado, como actores políticos en este foro, no estamos a la altura de las demandas de nuestra sociedad. Y hoy día, probablemente, la gente en las calles, la gente en las poblaciones, la gente en nuestras regiones espera ver otra conducta de nosotros, pero no somos capaces de generar las señales adecuadas y precisas para indicar que estamos haciendo un giro en la forma de hacer nuestro trabajo. Eso es lo que la comunidad nos pide. Y hoy día estamos enfrentados a tomar una decisión frente al fondo de una acusación con la que se pretende, en definitiva, establecer, en la figura del ex Ministro Andrés Chadwick, al responsable sustantivo de una crisis de país de la que, perdónenme, todos somos absolutamente responsables. ¡Todos!
Aquí hay parlamentarios que han sido ex Ministros, que han sido Subsecretarios, así como quienes hemos cumplido funciones políticas y públicas de diferente naturaleza en nuestro país. Pero, ¿qué hicimos cuando tuvimos la oportunidad de resolver las demandas que hoy día la gente nos señala y que nos estallaron en la cara sin saber cómo responder? Al contrario, nos cubrieron con un manto de temor, de profunda angustia, fuera del dolor y la angustia que tenía la gente en las poblaciones, en las calles, porque la inmensa mayoría de los chilenos, obviamente, no está con la violencia, que, tal como hemos señalado, nosotros condenamos absolutamente.
Pero, ¿qué pretendemos con acceder a la acusación del Ministro Chadwick? A mi juicio, de alguna manera lo hacemos para deslindar nuestras propias responsabilidades de aquellas causas que concluyeron en este estallido social.
No voy a entrar en el fondo de los contenidos, porque ya se han hecho latas expresiones de lo mismo.
En definitiva, sin pruebas de dolo e imputaciones que exceden las facultades de un Ministro, esta acusación se transforma en un -escúchenme bien- grave precedente. No vamos a quedar exentos, y ojalá que mañana no sea esa la conducta al generar un gravísimo precedente en este tema.
La sociedad afuera nos pide responsabilidad como Senado de la República. Creo que esta es la oportunidad que tenemos hoy día, como Senadores, de responder a esa demanda, pero también, adicionalmente, empezar a responder de manera adecuada, a ponernos en sintonía con lo que nuestra sociedad y nuestras comunidades nos reclaman.
Yo, sin duda, no le encuentro mérito a la acusación y tengo la más profunda convicción de que el ex Ministro Andrés Chadwick no infringió la Constitución ni las leyes y, por tanto, la rechazo.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Vamos a suspender la sesión para reanudarla a las 15 horas.
Se suspende la sesión.
)--------------------(
--Se suspendió a las 14:04.
--Se reanudó a las 15:24.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).- Continúa la sesión.
Hay Cuenta agregada.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- En estos momentos han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Mensajes
Dos de S.E. el Presidente de la República:
Con el primero retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los proyectos de ley que indica:
1.- El que complementa normas para la segunda votación de gobernadores regionales (Boletín N° 12.991-06).
2.- El que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (Boletín N° 12.118-04).
3.- El que establece la Ley Nacional del Cáncer (Boletín 12.292-11).
4.- El que modifica la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Boletín N° 12.734-04).
5.- El que fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo (Boletín N° 12.506-25).
6.- El proyecto de reforma constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica (Boletines Nos. 4.115-07, 4.499-07, 8.221-07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos).
7.- El que regula la portabilidad financiera (Boletín N° 12.909-03).
8.- El que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín N° 12.431-07).
9.- Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados (Boletín N° 12.332-05).
10.- El que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín 12.288-14).
11.- El que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).
12.- El que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín 12.229-02).
13.- El que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27).
14.- El que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
15.- El que Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
16.- Sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).
17.- El que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín N° 11.919-02).
18.- El que fortalece la integridad pública (Boletín N° 11.883-06).
19.- El que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (Boletín 12.135-03).
20.- El que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín N° 11.705-25).
21.- El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).
22.- El que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (Boletín N° 11.970-34).
23.- El que establece el Sistema de Clase Media Protegida (Boletín N° 12.661-31).
24.- El que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal (Boletín N° 12.699-07).
25.- El que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).
26.- El que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (Boletín N° 11.747-03).
Con el segundo, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes con más de una vía de acceso o salida (Boletín N° 9.612-06).
2.- Sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11).
3.- La que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala (Boletines Nos 10.811-06; 9.068-06; 11.892-07; 12.028-06; 12.029-06; 12.030-06; 12.119-06; 12.179-06, y 12.194-06).
4.- Sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín Nº 8.467-12).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficio
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que señala que ha aprobado el proyecto de ley que entrega un bono extraordinario de apoyo familiar
(Boletín N° 13.102-05) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.
)--------------(
El señor QUINTANA (Presidente).- Le corresponde hacer uso de la palabra a la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, lo primero que quiero decir es que las decisiones, en la vida, siempre hay que analizarlas en su contexto.
El estallido social ha sido una de las peores crisis que hemos vivido como país. Desde el 18 de octubre, el volumen y el tiempo en que se dieron los hitos de violencia han sido inusitados y absolutamente impredecibles. Nadie imaginó, ni en sus peores pesadillas, una crisis como la que estamos enfrentando como país. Y digo "estamos enfrentando" porque esto todavía no ha terminado.
En los cincuenta días de estallido social lamentamos los 25 fallecidos, las más de 350 personas con daños oculares y las más de 4.500 personas heridas de diversa consideración, entre civiles y carabineros.
El Gobierno cifra en cerca de 15 mil las micro, pequeñas y medianas empresas que han sido afectadas tras este estallido, y en más de 1.300 los supermercados dañados. Solo hasta la fecha se estima una pérdida de más de 75 mil puestos de trabajo y, sin duda, llegaremos a una cifra mayor a inicios del próximo año.
Es importante hacer referencia a que en el terremoto del 2010, uno de los más grandes en la historia de la humanidad, hubo pérdidas y daños en alrededor de 20 mil pymes afectadas. Es decir, casi los mismos daños en la microempresa que hemos tenido hasta hoy por esta convulsión social.
Por otra parte, la Fiscalía informó que alrededor de 30 mil personas han sido llevadas a audiencias de control de detención por diversos delitos, el 87 por ciento de ellas detenidas en flagrancia.
Además, el Metro, utilizado por más de 2,6 millones de santiaguinos diariamente, resultó con graves perjuicios, avaluados en cerca de 400 millones de dólares, con 118 estaciones dañadas, lo que implica prácticamente un 87 por ciento de la red.
El fiscal a cargo de la investigación de los ataques incendiarios reconoció la existencia de una coordinación previa a ellos en varias estaciones del tren capitalino, la que fue concertada por una estructura organizada mucho más peligrosa que personas actuando de manera individual o espontánea.
Por otra parte, también hemos vivenciado más de 70 ataques a diversas comisarías del país.
Pongo esto en contexto porque -vuelvo a repetir- las cosas siempre hay que mirarlas en el contexto de las situaciones y de cómo ellas se producen.
¿Cuándo, en la historia de Chile, habíamos sido testigos de hechos de esta naturaleza?
Es importante plantear lo siguiente.
Todos funcionamos en base a lo previsible, en base a lo razonablemente esperable. Estas cifras reflejan que, evidentemente, esto no era ni predecible ni esperable. ¿Nos sacó del molde? Sin duda, con una institucionalidad de la cual todos teníamos plena conciencia de que debíamos reestructurar. Se hizo todo lo que estaba al alcance por quien tomó una decisión que, a todas luces, no era para nada fácil.
Y yo me pregunto: ¿qué se persigue con las acusaciones constitucionales y con esta en particular?
La acusación constitucional, en los sistemas políticos de carácter presidencial, como en el nuestro, ha sido creada y aplicada como un mecanismo de control que la legislatura ejerce respecto de otras autoridades de gobierno, asegurando, evidentemente, la separación y el equilibrio entre los diversos Poderes del Estado.
Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de la Constitución estadounidense, sostiene: "La finalidad de la acusación constitucional constituye un mecanismo de control cuyo objeto es contener y sancionar el abuso o desviación de poder, las infracciones constitucionales y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por parte de las personas o autoridades acusables".
Resulta, por ende, evidente que esta acusación, en mi opinión, no tiene sustento, ya que el ex Ministro Chadwick no abusó ni violó alguna confianza pública, sino que, todo lo contrario, nos trató de proteger frente a una amenaza grave e inusitada.
Nuestro ex Ministro es un hombre de trayectoria política y mesura política, reconocido por estas cualidades por muchos de los que estamos en este Senado. Ha sido un servidor público de larga trayectoria: una vez Diputado, dos veces Senador, tres veces Secretario de Estado (dos como Ministro del Interior y una como Ministro Secretario General de Gobierno). Se trata de una persona que, a todas luces, contaba y cuenta con la preparación y la experiencia para asumir la responsabilidad que emana del cargo.
Planteo ese tema, porque no da lo mismo la trayectoria que una persona ha tenido en relación con los cargos que se le atribuyen.
Respecto de los hechos que se imputan específicamente, se acusa al ex Ministro de haber infringido gravemente la Constitución y las leyes o haber dejado estas sin ejecución. Dicha infracción se habría producido durante un periodo de diez días, entre el 18 y el 28 de octubre.
Asimismo, se le acusa de haber omitido deliberadamente dictar las medidas eficaces para evitar el uso abusivo e indiscriminado de la fuerza por parte del personal policial uniformado encargado de resguardar el orden público, impidiendo -vuelvo a reiterar- deliberadamente resguardar los derechos humanos.
Se le acusa también por haber concurrido con su firma a la suscripción de los diecinueve decretos de estado de emergencia dictados desde el día 19 de octubre, responsabilizándolo de haber omitido en la declaración de estos el tomar las acciones pertinentes para evitar la vulneración de derechos constitucionales.
Luego de haber escuchado a la defensa el día de ayer y los argumentos de la efectiva realización de acciones concretas por parte del ex Ministro y entendiendo el contexto de conmoción y las decisiones institucionales prácticamente inmediatas que hubo que implementar, resulta imposible sostener que las acciones debían realizarse en los tiempos que la teoría propone.
Cuesta, entonces, comprender que se siga argumentando la hipótesis de que deliberadamente dejó de tomar acciones para evitar la violación de los derechos humanos.
Sobre estos puntos, me gustaría preguntar lo siguiente: nosotros, como Senado, ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer en esta crisis social?
Desde el año 2018, había preocupación de este Gobierno, a través del Ministerio del Interior, por ordenar la casa, inquietud que no tuvo eco en el Senado. Se presentaron proyectos de ley en este sentido, y no hubo voluntad política de priorizar la seguridad de los chilenos. Todavía existen temores de legislar al respecto. Es una situación compleja. Si todos los que estamos en esta Corporación queremos proteger nuestra democracia, tenemos que hacerlo en Estado de derecho.
El Gobierno venía ya trabajando una agenda de modernización de las policías e inteligencia del Estado. Se han presentado varios proyectos de ley en este sentido: para modernizar y especializar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (noviembre de 2018); para mejorar el sistema táctico de operación policial (abril de 2018); para modernizar la gestión institucional y fortalecimiento de la probidad (enero de 2019); para obtener un sistema de inteligencia acorde a nuestros tiempos (noviembre de 2018), hace más de un año en este último caso.
Esto nos permite ver que su tramitación dependía de todos los que nos hallamos acá, por lo que, de una u otra manera, todos somos responsables.
Con esta grave crisis y con hechos que no pudimos haber previsto y, por ende, no teníamos cómo estar preparados, yo me pregunto: ¿corresponde juzgar a una persona cuando aún no hay certeza respecto de los hechos imputados y aún hay investigaciones pendientes?
Todas las denuncias están siendo debidamente investigadas, por lo que debemos esperar esos resultados para conocer lo que ocurrió y juzgarlo.
¿Qué pasó con el principio de inocencia? Pongo como ejemplo el caso del militar procesado por el homicidio de un manifestante en Curicó, donde finalmente, en el día de ayer, se determinó su inocencia y la Fiscalía retiró los cargos.
Reitero en este lugar mi profundo compromiso con el respeto a los derechos humanos y a la justicia. Por lo mismo, debemos esperar con seriedad el resultado de las investigaciones y juzgar lo ocurrido.
Por último, después de haber escuchado las acusaciones expuestas en el día ayer, don Andrés Chadwick iba a ser considerado responsable por cualquier decisión que hubiera tomado. Probablemente, ante los hechos de violencia inédita acaecidos, habría terminado acusado por cualquier vía de acción que hubiese adoptado. No había alternativa; ya sea si tomaba medidas para resguardo de orden público con las herramientas de que se disponía en ese momento, ya sea de no haberlo hecho, en perjuicio de la gran demanda que tenía la ciudadanía por seguridad. No había ningún camino fácil. ¡Ninguno!
Es muy probable que, si el ex Ministro no hubiese desplegado las fuerzas policiales o hubiera limitado los elementos disuasorios que estos poseían para intentar controlar el orden, estaría igualmente sentado en esta tribuna, pero ahora como culpable de haber infringido la Constitución por no haber hecho lo suficiente para garantizar el orden público y la seguridad de los chilenos.
La historia nos terminará juzgando a todos (incluidos los que estamos sentados en este Senado, no solamente al ex Ministro Chadwick y al Gobierno), si estuvimos o no a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir, si cumplimos con hacernos cargo de las legítimas demandas sociales y también, por supuesto, haber velado por la seguridad de todos nuestros ciudadanos.
Si sancionamos al ex Ministro sin siquiera haber comprobado fehacientemente las acusaciones que se le imputan, no habremos tomado una decisión en base a la justicia -esto es, dando a cada uno lo suyo-, en base a sus méritos o deméritos, en base a hechos comprobados por la Justicia.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, voy a citar a reunión de Comités, sin suspender la sesión.
Quiero pedir la anuencia de la Sala para que en unos minutos pase a presidir la Mesa la Senadora Ximena Rincón.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, hoy estamos llamados a pronunciarnos actuando como jurado, no como jueces, frente a un libelo de características especiales que persigue la responsabilidad política, y no penal, del ex Ministro del Interior.
Nos dicen que debemos votar en conciencia.
Quiero compartir algunas consideraciones iniciales.
¿Qué significa "actuar en conciencia"? He reflexionado horas, días, semanas sobre qué es actuar en conciencia.
¿Es abstraerse de las consideraciones acerca de la persona involucrada? ¿O tener presente esas consideraciones?
¿Abstraerse de quien es la persona acusada, de su trayectoria, de su parte buena, muy buena u oscura, de la amistad cívica, de la cercanía? ¿O hay que tener presente su simpatía, sus características, su inteligencia?
Reconozco en la trayectoria de Andrés Chadwick sombras y luces, como en la de todos nosotros: de Chacarillas a la transición; de la transición al presente.
Y sí, en esta segunda parte de su trayectoria, nos conocimos en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, en particular en la Región de O´Higgins, siendo ambos Diputados. Fuimos colegas. Fui testigo de cómo en varias ocasiones cruzó fronteras y bajó barreras. A eso apeló ayer el ex Ministro, hombre de Estado, hombre de bien común, hombre transversal.
Después de días y semanas de reflexión, he llegado a la plena convicción de que actuar en conciencia es abstraerse de lo anterior, de la persona involucrada y, por ende, apegarse a los hechos y a las responsabilidades políticas frente a estos. Esta es la opción que he tomado, lo cual no significa, como han dicho algunos, revanchismo.
Hay un colega, quien no está presente ahora en la Sala, que escribió un libro llamado "El desalojo", y puso como hito principal del inicio del desalojo una acusación constitucional contra una persona que hoy es nuestra colega.
En esta ocasión, nos corresponde atenernos a lo que dice el artículo 53 de la Constitución. Implica una gran responsabilidad. Es actuar como representantes, es actuar pensando en la república.
Respecto de los hechos, hay un contexto en el que identifico dos consideraciones.
Primero, están las consideraciones políticas sobre el estallido social que vivimos. Los Senadores Insulza, Montes y Lagos hicieron referencia a ello.
Y es verdad, no sentimos las mismas responsabilidades. En estos años ha habido tremendos progresos para el país. No soy de aquellos que reniegan de lo que Chile ha cambiado en este tiempo y hago presente lo que significa tratar de avanzar en una democracia protegida, en una democracia con una Constitución que nos condiciona y un Tribunal Constitucional que nos arrebata a las mayorías nuestras propuestas.
Esa es una dimensión. No me voy a detener en ello. Pero creo que hay responsabilidades históricas que se evaluarán en su contexto.
Y, por otro lado, está la situación de Carabineros: "Operación Huracán", "Pacogate", caso Catrillanca, la decisión de descabezar al cuerpo de generales (51 altos mandos que pasaron a retiro), la pérdida de una experiencia acumulada de capacidad de inteligencia.
El Ministro del Interior sabía que Carabineros vivía una crisis; sabía, cuando se produjo el estallido social, que había un problema con esta institución. Y aquí se ha dicho correctamente: él presentó protocolos e iniciativas; actuó frente a aquella situación de debilidad de Carabineros. ¡Por cierto, lo hizo!
Pero, aun conociendo las debilidades de la policía uniformada para enfrentar el estallido social, hay que preguntarse qué ocurrió.
¿Cómo actuaron los carabineros a partir del 18 de octubre? Hicieron detenciones, abusaron, realizaron acciones de clara connotación de abuso sexual, efectuaron apaleos, tormentos. Hubo pérdidas de vidas humanas, centenares de heridos con armas de fuego. ¡Para qué hablar de la pérdida de glóbulos oculares!
Además de esa represión, en ocasiones se retiraron de los lugares en conflicto, permitiendo saqueos. Por momentos, desaparecían de la escena. Cerca de Plaza Italia fue saqueado un hotel: ¡los policías estaban a menos de 40 metros del hecho!
Carabineros de Chile le ha fallado a la nación en lo que dice relación con la mantención del orden público. ¿En qué sentido? En que no hicieron lo que debían o lo que esperábamos que hicieran.
Trataron como si fueran delincuentes a los que ejercían su derecho constitucional a la protesta pacífica, y por eso tenemos tantos casos de violación de derechos humanos. Actuaron con impunidad y, por desgracia, no fueron casos aislados.
¿Por qué Carabineros actuó así? ¿Fue por su formación? ¿Porque sus efectivos estaban sobrepasados? ¿Acaso fue una trampa que le pusieron al Presidente Piñera y, por tanto, fue algo intencional para perjudicar al Gobierno? ¿O fue porque querían pasarle la cuenta al Ministro del Interior de ese entonces, Chadwick? No sería la primera vez que Carabineros actúa así. ¿O fue porque sintieron que contaban con el respaldo del Presidente cuando dijo que estábamos en guerra?
En esta era de la tecnología, donde toda imagen se viraliza y, por ende, nadie puede decir que no sabía lo que estaba pasando, ¿vamos a pensar que el alto mando de Carabineros no estaba al tanto de lo que sucedía?
¿O actuó así la policía luego de escuchar las primeras reacciones del ex Ministro del Interior, quien enfatizó el tema del orden público, poniéndole un énfasis incorrecto?
En la disyuntiva de apoyar a Carabineros o condenarlos por la violación de derechos humanos, lo que se escuchó fue el respaldo a Carabineros, el respaldo sin ninguna inflexión, pese a su mal comportamiento, a su comportamiento inaceptable. No porque el ex Ministro los haya instruido para ello, sino porque no los paró, ¡no los paró en relación con la represión!
El documento de Carabineros sobre la composición de los perdigones y su impacto se conoce hace más de siete años, ¡más de siete años! Carabineros sabía lo que pasaba con los perdigones y los efectos que causaba disparar no al piso, no de acuerdo a los protocolos, sino al cuerpo y a las cabezas.
El Ministro del Interior, como bien se sabe de acuerdo a la ley N° 20.502, tiene como función primordial velar por el orden público; concentra la decisión política en esta materia; coordina sectorial e intersectorialmente el logro de los objetivos para mantener el orden público; es el superior directo del General Director de Carabineros.
Frente a ello, no hay que olvidar que el uso de la fuerza de dicha institución no es autónomo, pues actúa a requerimiento de la autoridad administrativa. Por tanto, desde el punto de vista legal, carece de iniciativa propia para el ejercicio de la coacción sobre las personas.
Desde luego, es revelador que el Ministro declare explícitamente que las acciones de control del orden público de Carabineros responden a decisiones del Gobierno.
No sé, y no tengo cómo saberlo, si el ex Ministro le representó al Presidente de la República que había que cambiar el rumbo de lo que hacía la policía uniformada.
No sé si el ex Ministro en el comité político representó una voluntad de actuar para frenar lo que estaba haciendo Carabineros.
No sé si el ex Ministro le representó al segundo piso de La Moneda -a Larroulet, en concreto- o al Presidente que había que cambiar al General Director de Carabineros. ¡No sé!
Pero sí sé que no trascendió ninguna acción que él promoviera para frenar lo que estaba ocurriendo.
Quizás no sabía qué hacer; quizás estaba superado por los acontecimientos; quizás Carabineros no le hacía caso; quizás le mentía, al igual que los organismos de inteligencia; quizás no tuvo el respaldo para hacer o revertir lo que estaba pasando con las detenciones, con las mujeres desnudadas, con las sentadillas, con los daños oculares.
¡Quizás!
Pero convengamos en que no era ni es suficiente pedir información o instruir sumarios. Es necesaria una proporcionalidad, una acción frente a lo que estaba ocurriendo.
No digo que el ex Ministro promovió la violación de derechos humanos, ni en lo más mínimo. ¡No! No digo que hubo una decisión de violentar sistemáticamente los derechos humanos. ¡No!
Por cierto, el Ministro del Interior es el responsable de las acciones de control de orden público de Carabineros. Y este control -aquí es donde tenemos una diferencia profunda- incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos. El problema es que no todos entendemos este punto de la misma forma.
Entre respaldar a Carabineros y criticar y cambiar su rumbo para garantizar los derechos fundamentales de las personas, lo que se escuchó más fuerte fue el accionar para parar la violencia de grupos delictuales y no para frenar o revertir lo que estaba haciendo la policía.
Algunos han dicho aquí, en la Sala, que el ex Ministro se transformó quizás en un "cómplice pasivo"; que el cargo político que se le hace en el primer capítulo se relaciona con lo que no hizo. Lo único de que tengo convicción es que, frente a lo que hacían los carabineros, nadie trató de pararlos desde el Gobierno para revertir la cantidad de acciones que estaban ocurriendo, que no eran aisladas.
Referido al estado de emergencia y a la transgresión de los derechos de las personas más allá de lo permitido, nadie puede decir que no sabía lo que estaba sucediendo.
Más allá de ser parte de una generación para la cual la presencia de los militares en la calle nos trae malos recuerdos, además de dolor y rabia, debo reconocer que la actitud del Ejército de Chile frente a lo que vivía nuestro país fue distinta de la de Carabineros. La opinión del General Iturriaga ayudó, apaciguó los ánimos en un momento clave. Sin embargo, Carabineros violentó los derechos de las personas y, por desgracia, en los últimos días lo sigue haciendo con ciertos actos.
Durante el estado de emergencia se violentaron los derechos fundamentales de miles y miles de conciudadanos. Y nadie puede argumentar que no sabía. Todos estábamos en conocimiento de aquello.
Más allá de las falsas noticias, las informaciones erróneas y de cualquier consideración que se quiera plantear aquí, todos sabíamos lo que estaba pasando. Y me refiero al uso desproporcionado de la fuerza y del abuso de Carabineros. Agentes del Estado violentaban a las personas.
Señora Presidenta, lo que se pregunta aquí no es solamente lo que hizo el ex Ministro, sino lo que dejó de hacer. Yo no me quedo con la definición de si fue reiterado, de si fue una omisión deliberada. La Constitución señala -y actuando como jurado lo debo aquilatar- que se debe considerar si el acusado actuó o no dentro del marco de la ley, si hizo o dejó de hacer aquello.
Me asiste la convicción de que no se realizó lo necesario para evitar el abuso de Carabineros en forma sistemática en este último tiempo, con una educación y una formación inadecuadas, y que siguen maltratando, violentando a las chilenas y los chilenos.
Por ello, como juez, dentro del marco de una acusación política, y considerando que no tiene ninguna connotación penal -¡ninguna!- lo que vamos a votar, voy a apoyar los dos capítulos de la acusación constitucional.
--Conforme a lo acordado anteriormente, pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Juan Castro.
El señor CASTRO.- Señora Presidenta, hoy estamos buscando en esta Sala la responsabilidad política del ex Ministro Chadwick. La crisis más grande de los últimos años es una crisis política, que incluye a los dirigentes gremiales, que no han estado a la altura del país que tenemos. Han sido irresponsables al llamar a protestas pacíficas que saben en qué terminan.
Asimismo, es una crisis familiar, porque hay padres y madres que no saben qué hacen sus hijos. No tienen control sobre ellos.
También puedo decir que es una crisis que se extiende al Ministerio Público, porque las fiscalías tampoco han estado a la altura de los momentos que el país está viviendo.
Obviamente que se trata además de una crisis de la educación, principalmente de la universitaria. ¿Qué valores están entregando las universidades a sus estudiantes? En verdad, la educación de nuestro país hoy día tiene mucho mucho que decir, y no está a la altura de la sociedad que estamos construyendo.
Atravesamos una crisis en numerosas instituciones. Y si empezara a identificarlas, mencionaría a bastantes.
Los Gobiernos de los últimos años, cinco de Izquierda y uno de Derecha, les quitaron todas las facultades a las policías, responsables de establecer el orden público. Las privaron de la opción de capacitarse, de especializarse.
Y, en verdad, como sociedad tenemos obligaciones que cumplir.
Las manifestaciones pacíficas reclaman derechos sociales que todos apoyamos, y todos estamos de acuerdo en que hay desigualdades sociales.
¡Y de verdad que las apoyamos!
Pero todos sabemos en qué terminan dichas movilizaciones sociales: en desmanes, en destrozos, en saqueos, en robos, en daños a la propiedad pública y privada. Y, además, en agresión física y material a Carabineros de Chile, institución responsable de mantener el orden público.
¿Y cómo se controla el orden público sin la participación de Carabineros o las policías?
Carabineros se encuentra sobrepasado por los manifestantes, por niños delincuentes, por niños saqueadores que participan en las protestas pacíficas. Todos sabemos que es así. Y nadie dice nada.
¡Me dicen que el ex Ministro violó los derechos humanos! Y yo me vuelvo a preguntar: ¿Derechos humanos para los niños delincuentes, para los saqueadores, para los que destrozan los bienes públicos y privados?
¡De qué derechos humanos hablamos!
¿Derechos humanos para los trabajadores, para los emprendedores, para los pequeños comerciantes?
¿Derechos humanos para los adultos mayores, que tienen miedo de ver cómo el país está el día de hoy?
¿Derechos humanos para las personas que reclaman la paz social para trabajar y sacar a su familia adelante?
Yo me pregunto: ¿qué responsabilidad le cabe al ex Ministro Chadwick en el asunto? Si Carabineros muchas veces actúa en su propia defensa al verse sobrepasado por una turba de agresores. ¿Y eso nadie lo reconoce? ¿Nadie valora el esfuerzo que realiza Carabineros en la calle, tratando de mantener el orden público?
¿Qué valor les damos a esos hombres, que también son chilenos, que exponen su vida, y muchas veces sin contar con las herramientas técnicas adecuadas?
La verdad, creo que nos falta más sentido común.
Hay que preguntarse si la actual crisis es valórica: ¿obedece a los valores de nuestra sociedad? Si es así, en la clase política recae toda la responsabilidad.
Los que llevan más tiempo en este edificio tienen, obviamente, mayor responsabilidad que los que llevamos menos tiempo.
Si seguimos amparando lo que está pasando en el país, no habrá que ser cientista político para darse cuenta de que nuestra democracia, nuestra institucionalidad se va a quebrar. Puede ser en este Gobierno o en el siguiente, pero el camino va para allá.
Esta democracia, con la actual clase política, obviamente se va a quebrar.
Señor Presidente, ¿este Senado se halla preparado moralmente para tomar una decisión tan dura como acusar constitucionalmente al ex Ministro Chadwick? Yo considero que no. Siento que este Senado no está preparado moralmente para asumir esa decisión, porque es responsable.
El señor BIANCHI.- ¡Hable por usted, no más...!
El señor CASTRO.- Me voy a quedar con las palabras del propio ex Ministro Chadwick: "Hay que votar en conciencia". Seguramente dice "en conciencia" por haber estado en esta Sala dieciséis años y haber trabajado al servicio del país otros años más.
Y es posible que él piense que aquí tiene amigos o que cultivó amistad con los presentes que hoy deben evaluarlo, por los muchos años que trabajó en esta Corporación.
La verdad es que él se puede equivocar al pensar eso. Pero un ser humano normal ¿qué debería pensar cuando se enfrenta a un juez o a un jurado? Espera enfrentarse a hombres justos, correctos, con valores y principios.
Cuando el ex Ministro se enfrenta a este Senado o a este jurado, espera encontrarse con Senadoras y Senadores justos, correctos, con valores más allá de las ganancias políticas.
Señora Presidenta, Jesús dijo: "El que esté libre de pecado que lance la primera piedra". Y creo que en este Senado no hay nadie que esté libre de pecado.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Latorre.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, quiero referirme inmediatamente a los capítulos de la acusación. Hoy estamos convocados, como jurado político, para referirnos a esta acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados.
El primer capítulo acusatorio apunta a la infracción grave de la Constitución y de las leyes y a haber dejado a estas sin ejecución al omitir adoptar medidas eficaces para detener violaciones graves a los derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias de estado de emergencia en el territorio nacional.
Revisando algunos de los hechos que creo importante destacar en el marco de esta acusación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a través de su Director Nacional, los jefes regionales y asociaciones de funcionarios dieron cuenta de los hechos gravísimos que dieron lugar a esta acusación. Así, al 26 de octubre se reportaban más de 1.051 heridos en centros de salud, de los cuales 531 correspondían a lesiones provocadas por el uso de armas de fuego por parte de la Policía. A ese día ya se contabilizaban 124 personas con lesiones oculares, situación que ha sido catalogada como una emergencia sanitaria.
Asimismo, se han verificado desnudamientos en comisarías, los que fueron prohibidos en marzo de 2019 por los protocolos de uso de la fuerza y que, además, son considerados una forma de tortura por el derecho internacional, pero que en Chile todavía se mantienen. Al respecto, el INDH ha presentado 74 querellas por tortura con connotación de violencia sexual durante este tiempo, al menos 3 veces más que en los últimos nueve años desde que se creó el Instituto.
Se han constatado acciones que son reiteradas, tales como el uso indiscriminado de escopetas antimotines; desnudamientos en recintos policiales; torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes con connotación sexual; y uso indiscriminado de la fuerza policial en contra de manifestantes.
A propósito de la sistematicidad, me permito citar a las abogadas Fabiola Girao y Karina Fernández, quienes sostienen que existen patrones de conducta que implican violaciones de derechos humanos y que se percibe una falta de control de las fuerzas policiales y militares, la cual se comprueba incluso con la dictación de bandos militares.
Los funcionarios estatales debieron y deben cumplir las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si atendemos a estas, Chile debió y debe gestionar el empleo de la fuerza policial por medio de una ley y no de un acto administrativo como un protocolo; atender a los criterios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad, y propender a evitar acudir a fuerzas militares para restablecer el orden público.
Así, en la sesión número 174° de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador se señaló, a propósito de la situación chilena, que el uso de la fuerza policial debe orientarse a disuadir hechos de violencia y a garantizar el derecho a la protesta, sin existir espacio legítimo para la represión y la detención arbitraria de manifestantes.
El Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, no cabe ninguna duda. Sin embargo, no existe una incompatibilidad entre la protección, resguardo y promoción de los derechos humanos y la seguridad y el orden público. Cuando el Estado usa su monopolio de la fuerza de manera desproporcionada se vulnera nuestra propia Constitución y los diversos compromisos internacionales suscritos por Chile, especialmente en materia de derechos humanos.
Creo fervientemente que es posible imaginar un Chile en que la vida y el respeto por los derechos humanos, el ejercicio democrático de la opinión en espacios públicos y la seguridad pública son compatibles.
El Estado de Chile contravino no uno, sino varios estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, violó estándares sobre prohibición de tortura y tratos crueles e inhumanos, sobre prohibición de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre prohibición de violencia contra la mujer, sobre el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia de las personas mayores.
De tal modo, estimo que el ex Ministro del Interior, señor Andrés Chadwick Piñera, en primer lugar, contravino los deberes de mantener el orden público de forma racional y responsable, y, en segundo lugar, de contener la violencia contra las personas.
El ex Ministro contravino nuestra Constitución, en especial, sus artículos 6° y 7°, por no someter su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, no garantizar el orden institucional de la República, no actuar en la forma prescrita por la ley. El ex Ministro negligentemente no cumplió con sus deberes constitucionales y legales, dejando leyes sin ejecución con su proceder y, producto de todo lo anterior, se cometieron graves atrocidades por Carabineros de Chile que condujeron a la violación del derecho a la vida y la integridad física de miles de personas en nuestro territorio, infringiendo gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de la persona contenidos en el artículo 19, número 1°, de la Constitución Política de la República, además de múltiples compromisos internacionales a los cuales ya he aludido.
En segundo lugar, me referiré al Capítulo II acusatorio, que trata de la responsabilidad constitucional del ex Ministro Chadwick por haber infringido gravemente la Constitución al participar de la declaración de estado de emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepción.
En efecto, el Presidente tiene la potestad de decretar estado de emergencia, y para ello dispone efectivamente de un margen de discrecionalidad. Sin embargo, este margen no lo exonera de la responsabilidad política y del control de constitucionalidad respecto a lo cual debemos velar como Congreso y, en particular, como Senado.
El ex Ministro del Interior y Seguridad Pública es responsable por la omisión de tomar acciones que evitaran la flagrante vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso legal -artículo 19, número 3°-; de la inviolabilidad del hogar -artículo 19, número 5°-, y de la libertad personal y seguridad individual -artículo 19, número 7°- de miles de personas en la república, producto de aplicarse medidas no contempladas en un estado de excepción constitucional de emergencia, que es el que se decretó con su firma.
No aseguró el respeto de la prohibición de afectar el derecho a la vida e integridad física en los estados de excepción decretados. Igualmente, incumplió de forma grave sus deberes referidos a restringir solo mínimamente los derechos fundamentales en un estado de emergencia. Y, finalmente, no controló los límites formales y materiales de este régimen de excepción en tanto responsable político y constitucional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Un estado de excepción es una medida de emergencia. El haberlo decretado implicó dejar un espacio de poder del que notoriamente abusaron las Fuerzas de Orden, debiendo haber sido supervisados por el ex Ministro del Interior. En la excepcionalidad, una instrucción más o una instrucción menos, y hacerlo, además, de manera pública y enfática puede implicar una lesión, mutilación o incluso la muerte de una persona. Se podrían haber evitado situaciones que hoy día lamentamos.
Ante una ciudadanía que se siente abusada, pedimos dignidad. Y pedimos una vida libre, en que se permita a quienes se manifiestan legítimamente enarbolar en las calles aquello que necesitan y aquello que ha sido desestimado y silenciado por el Estado. Necesitamos justicia social como condición para la paz y una democracia de alta calidad para ser libres y soberanos.
Personalmente, pienso que el ex Ministro del Interior debió haber renunciado hace un año, cuando agentes del Estado de Chile asesinaron a Camilo Catrillanca, asesinato para el que aún no hay justicia. Pero hoy día estamos en otro escenario.
El ex Ministro del Interior es responsable políticamente de lo que se le imputa en esta acusación. Obviamente, no es él quien torturó; no es él quien cometió abusos sexuales contra mujeres; no es él quien mató, pero es responsable político de lo que hicieron las Fuerzas de Orden bajo su control.
Como dije, respecto del primer capítulo, es culpable por omitir el apego al derecho internacional y nacional sobre la gestión del monopolio de la fuerza estatal, lo cual implicó la exposición a la vulneración de derechos humanos de miles de personas.
Del mismo modo, en el segundo capítulo, es responsable por haber infringido gravemente la Constitución al participar de la declaración del estado de emergencia y permitir la afectación de derechos no contemplados por dicha declaración.
Vamos a tener que iniciar un proceso de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violación a los derechos humanos, sin siquiera haber todavía completado esta misma verdad, esta misma justicia y esta misma reparación para todas las víctimas de la dictadura. Nuevamente volvemos a este ciclo, del cual Chile todavía no sana.
Sin memoria no hay futuro.
Es importante que los civiles asuman su parte de responsabilidad frente a la violación de los derechos humanos que cometen agentes del Estado, quienes hacen -o han hecho en el pasado- el trabajo sucio, reciben órdenes y muchas veces ejecutan planes políticos.
¡No queremos más cómplices pasivos en Chile!
Esa es la responsabilidad política de los civiles.
Por Alex Núñez, quien murió durante la madrugada del 22 de octubre, luego de ser golpeado brutalmente por carabineros en la comuna de Maipú; por Manuel Rebolledo, atropellado por una patrulla militar naval en Talcahuano, lo que finalmente le causó la muerte; por Romario Veloz, quien recibió el impacto de un proyectil en el tórax por parte de militares en La Serena; por Gustavo Gatica, Fabiola Campillay y por todos aquellos a los que les han arrebatado sus ojos; por todas las mujeres a las que han obligado a desnudarse y que han sufrido vejaciones sexuales en las comisarías, votaré a favor de ambos capítulos de la acusación.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, hoy no es una sesión normal del Senado; hoy esta Alta Corporación -tal como varios colegas lo han dicho- actúa como jurado; hoy tomamos una de esas decisiones que no solo quedarán marcadas en la historia de nuestro país, sino que también permanecerán impresas en la memoria de cada uno de nosotros, grabadas en nuestra conciencia.
No solo la historia va a revisitar este momento. Estoy segura de que igualmente cada uno de nosotros traerá a la memoria este día muchas veces en su vida. Y espero, colegas, que lo recordemos con la conciencia tranquila y que cada uno de nosotros pueda decir que su decisión hoy fue justa. Justa, porque tomaremos una resolución muy delicada: decidiremos como jurado si el ex Ministro Andrés Chadwick es culpable o no del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, tal como establece el artículo 53, N° 1), de nuestra Constitución.
Señora Presidenta, mucho se ha escrito y dicho acerca de la naturaleza de las acusaciones constitucionales, y no pretendo extenderme demasiado en ello. Sin embargo, hay una cuestión que no podemos olvidar: este no es un juicio exclusivamente político, pues también tiene un aspecto jurídico que no podemos rehuir. Como muchos han señalado, se trata de una institución mixta: jurídica y política a la vez; una de esas tantas instancias en que política y derecho confluyen, aportando cada cual sus propias características, complementándose, pero además tensionándose entre sí.
Recordaba el Senador Harboe la raíz política de nuestra acusación constitucional en el impeachment anglosajón. De hecho, él recalcaba que al aprobar la acusación -y lo han dicho varios señores Senadores- no se puede concluir, desde una perspectiva penal, que Andrés Chadwick violó los derechos humanos de los chilenos. Señaló Su Señoría que la decisión de hoy es exclusivamente respecto de su responsabilidad política.
Pero, según plantea Francisco Zúñiga, el juicio político de los gobiernos parlamentarios, de donde nace el impeachment, tiene como función la protección -y cito- "de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo", configurándose como un procedimiento de naturaleza política que cuestiona "la capacidad del funcionario para el cargo que ostenta". Es por esto que el juicio meramente político termina en la pérdida del cargo por parte del acusado.
Entonces, señora Presidenta, la responsabilidad política se asume con la separación del cargo público.
Por lo tanto, la responsabilidad política a que se refería el Senador Harboe -y así ocurre en el impeachment anglosajón- ya la asumió el señor Chadwick el día en que renunció a su cargo.
El Senador Insulza lo dijo con mucha claridad en su intervención al plantear -espero repetir bien sus palabras- que cuando un gerente no hace su trabajo, debe dejar su cargo; cuando a un entrenador no le va bien, tiene que dejar su cargo, y cuando un Ministro no cumple con su trabajo, se lo separa de su cargo.
Pero Senador señor Insulza: ¡hoy en este Senado no comparece un Ministro, sino un ex Ministro que ya asumió su responsabilidad!
Entiendo que no se puede juzgar a una persona por el mismo hecho dos veces. ¡Y eso es, señora Presidenta, lo que se está haciendo ahora!
Por consiguiente, si hoy la decisión del Senado -como muchos colegas lo han señalado- es exclusivamente con respecto a la responsabilidad política de Andrés Chadwick, ¡la acusación debe ser rechazada, porque él ya asumió su responsabilidad!
Por lo tanto, quienes apoyan esta acusación y dicen que lo hacen por una razón puramente política están buscando una excusa para calmar su conciencia, cuestión que los va a acompañar por muchos años.
Queda claro, entonces, que solo resta por revisar el aspecto jurídico. Sobre ello deberemos decidir hoy. Porque -reitero- no se juzga dos veces por un mismo hecho.
Este argumento se ve reforzado en la idea de que la consecuencia de esta acusación ya no es la separación del cargo de un Ministro, como en el caso anglosajón, sino la condena de no poder ejercer un cargo público por cinco años.
La decisión que tomaremos ahora, señoras Senadoras y señores Senadores, no es en cuanto a la responsabilidad política de Andrés Chadwick, porque ella ya fue asumida el día en que renunció a su cargo: hoy decidimos si en justicia él merece una condena adicional.
De hecho, el Senador Montes reconoció que hoy debemos juzgar -así lo señaló- si se acreditaron los hechos específicos -utilizó esta palabra-que sustentan esta acusación.
¿De qué se acusa realmente a Andrés Chadwick el día de hoy?
Primero, de vulnerar gravemente -y cito- "los derechos constitucionales de miles de personas, producto de omitir deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden".
¿Alguien puede específicamente sostener con la conciencia tranquila que Andrés Chadwick deliberadamente -o sea, a propósito- omitió acciones o las realizó para violar los derechos humanos de los chilenos?
Estimadas Senadoras y estimados Senadores, si el ahora ex Ministro Chadwick hubiese buscado deliberadamente infringir los derechos humanos de los chilenos, ¿creen ustedes, que han dicho que votarán a favor de esta acusación, que se habría reunido en La Moneda con el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Micco, y que hubiera apoyado la labor de dicho organismo aumentando su presupuesto en la mitad de la crisis? ¿Piensan que les habría dado a las Fuerzas Armadas y de Orden la instrucción de investigar, a través de más de quinientos sumarios, las violaciones a los derechos humanos que estas pudieran haber cometido, así como la de entregar los antecedentes a la Fiscalía?
Frente a eso, ¿pueden decir los señores Senadores y las señoras Senadoras, sin faltar a la verdad, que el Gobierno y, especialmente, el entonces Ministro, no hicieron nada? Así lo señaló el Senador Letelier: ¡que él no hizo nada! ¿Pueden decir con la conciencia tranquila que el ahora ex Ministro Chadwick no hizo nada para frenar las violaciones a los derechos humanos?
Sorprenden, entonces, los niveles de vaguedad y de imprecisión. Cuando uno toma decisiones de manera vaga e imprecisa es porque no puede acreditar -como dijo el Senador Montes- hechos específicos y porque está buscando una excusa.
Me llama la atención que Senadoras y Senadores serios hayan abordado este debate sobre la base de hechos vagos que se sostienen en el texto de la acusación.
Se dice que no se tomaron las medidas eficaces para evitar las violaciones a los derechos humanos ocurridas. ¿Pero a qué medidas eficaces se refieren? ¿Qué medidas concretas estiman los acusadores que se debieron adoptar en una situación de crisis para evitar las violaciones a los derechos humanos?
Acá se han enlistado -y no las voy a repetir- todas las acciones y los cambios que hizo el entonces Ministro Chadwick en Carabineros para mejorar el trabajo en derechos humanos.
Es muy fácil señalar hoy día que todo lo que se realizó no fue suficiente y que se debieron adoptar "otras medidas" frente a la crisis más grave que ha vivido nuestro país desde el regreso a la democracia.
El Senador Letelier dijo que no se hizo lo suficiente. Pero nunca señaló, en toda su intervención, qué debiera haber efectuado el otrora Ministro Chadwick para cumplir con las señoras y los señores Senadores.
Señora Presidenta, no es aceptable lanzar una acusación vaga sin detallar específicamente qué se esperaba que el entonces Ministro hiciera y no realizó, omitiendo intencionalmente todo el trabajo que por años llevó a cabo para resguardar los derechos humanos de los chilenos.
Los acusadores incluso mencionan una diligencia del actual Ministro Blumel para demostrar una gestión que el otrora Ministro Chadwick pudo haber hecho y, se supone, no efectuó.
Pero, estimados colegas, resulta irónico que indiquen justamente esa gestión, toda vez que ella nació en una diligencia y en una comunicación que días antes había sido efectuada por el propio señor Chadwick al mismo General Director de Carabineros.
De otro lado, el Senador Lagos dijo que el actual Ministro Blumel sí hizo algo concreto que el entonces Ministro Chadwick no habría realizado: pidió cambiar los protocolos de actuación de Carabineros.
¡Pero, señora Presidenta, cuando alguien hace una acusación tan grave como esa debe tener claros los datos! Porque resulta que los protocolos siguen siendo los mismos.
Entonces, en verdad, una se pregunta en qué están basando las señoras Senadoras y los señores Senadores su decisión. ¿En impresiones? ¿En presiones? ¿En que forman parte de un conglomerado político?
Pero lo que más me sorprende es que Senadores y Senadoras que uno ve serios estén apoyando el Capítulo II, en circunstancias de que los propios profesores que fueron citados por la parte acusadora a la Comisión Revisora lo desecharon, pues lo encontraron infundado.
Por lo tanto, a una le sorprende que en el día de hoy las señoras Senadoras y los señores Senadores no estén a la altura del momento que estamos viviendo.
Estimados colegas, no abordar esta acusación con la rigurosidad y el debido discernimiento implica cometer una flagrante injusticia. Apoyar una acusación vaga, con imprecisiones, sobre la base de hechos antedatados y algunos lisa y llanamente falsos, envuelve cometer una gran injusticia.
Como dijo el escritor Paul Auster: "Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia".
Señora Presidenta, todos esperamos que existan responsables por las violaciones a los derechos humanos ocurridas. Y los habrá. Se investigará y se harán valer las cuestiones que se resuelvan sin que exista nada de impunidad. Todos nos vamos a preocupar de eso.
Pero plantear, como dicen los Diputados, que no es posible esperar las condenas -se ha demostrado que algunos casos son falsos- y apresurarse a buscar un responsable, lanzándolo a la hoguera para responder a las hordas de Twitter y de las redes sociales, no es actuar como jurado, no es hacer justicia.
Por eso, señora Presidenta, voto en contra de esta acusación injusta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero saludar al ex Ministro Andrés Chadwick y a los Secretarios de Estado que lo acompañan el día de hoy.
Sin duda, quienes en la vida hemos sido testigos de la capacidad moral del señor Chadwick, de su vida intachable, de su servicio al país, primero como Diputado de mi Región, la de O'Higgins, luego como Senador, como Ministro y como Vicepresidente de la República, podemos decir que se trata de una de las personas más valiosas que tiene nuestro país, de un hombre que se ha entregado por entero para servir a Chile.
Quienes hemos sido testigos de ello -esta tarde lo acompañan parlamentarios de mi región- vemos que la acusación que se le está haciendo al ex Ministro del Interior es una tremenda injusticia.
Ayer el señor Chadwick fue muy claro para decir la verdad y afirmar que es absolutamente inocente de los cargos que hoy día se le están formulando para quitarle -porque eso es lo que están tratando de hacer- la posibilidad de seguir sirviendo a Chile.
Esta acusación, señora Presidenta, es de las cuestiones más fuertes que le pueden pasar a un ser humano, y también atenta contra los derechos humanos del ex Ministro Chadwick.
Yo soy testigo de que, en el trabajo parlamentario, el señor Chadwick fue una de las personas, desde la Oposición en esa época, que hicieron un trabajo y lograron un reconocimiento en materia de los detenidos desaparecidos.
Lideró aquello junto a otras personas de mi partido. Y vimos cómo hijos y familiares de detenidos desaparecidos valoraron lo que él abrió en ese instante con el fin de empezar a limar las heridas y a sanarlas, para que nuestro país sea cada día más una familia integrada.
Nunca desconoció los horrores que se cometieron en su momento. Fue una transparencia eterna, permanente. Y lo digo porque eso habla justamente de la calidad humana de Andrés Chadwick.
Para qué recordar el apoyo que entregó en momentos difíciles de nuestra democracia a un partido que quedaba fuera de la ley; a un ex Presidente en momentos complejos, la época de los "sobres", siempre pensando en el bien común de nuestro país; siempre pensando en lo mejor para Chile.
Me correspondió, señora Presidenta, asumir como Senador cuando él asume como Ministro. ¡Qué tarea nos dejó! ¡Qué tremendo orgullo siento y sentimos por el esfuerzo y el trabajo que realizó tanto en el primer Gobierno del Presidente Piñera, como en el segundo, en que dejó su cargo!
Un hombre demócrata, un hombre siempre accesible. De orgullo, nada. Un hombre al que se le está juzgando de una manera impresentable para lo que requiere hoy día nuestro país, y se le acusa, tal como se ha dicho, de una omisión deliberada para permitir las violaciones de los derechos humanos en Chile.
Yo quisiera saber, tal como lo hizo la Senadora Von Baer, si quienes van a votar a favor de esta acusación realmente piensan eso. Tengo serias dudas, porque creo que aquí hay un aprovechamiento político para encontrar a alguien al que querían ver caer.
Sin duda, quiero valorar el hecho de que esté aquí. Y quiero valorarlo, porque no tiene nada que esconder. ¡No tiene nada que esconder, porque su vida ha sido siempre transparente!
En cuanto a estas acusaciones, por ejemplo, respecto de lo que no hizo, yo creo que no existe ningún Ministro del Interior que haya hecho más en Chile que el Ministro Chadwick. ¡Miren, todas las instrucciones, todas las reuniones! ¿A quiénes no recibió? Los recibió a todos. Creó mesas para trabajar en el tema de la seguridad en nuestro país y en el respeto a todos los chilenos y fundamentalmente, lo más importante, a sus derechos humanos.
Señora Presidenta, insisto en que cuando ocurren estas situaciones que se utilizan hoy día para juzgar a un inocente, en vez de solucionar los problemas estos se acrecientan.
Por ello, les quiero pedir, hayan resuelto o no su votación, que piensen más allá de la pequeña ventaja política. Así no se va a avanzar.
Él siempre se ha preocupado de los acuerdos, siempre los ha llamado a eso, nos ha convocado a todos. Por eso, al iniciar mis palabras, no pude dejar de referirme a quién es Andrés Chadwick.
En segundo lugar, acerca de la acusación, debo señalar que las responsabilidades penales son personales y el ex Ministro no actuó personalmente respecto de ninguno de los hechos que podrían ser constitutivos de responsabilidad penal. Tampoco los ordenó ni los toleró. Es más, declaró la necesidad de que fueran investigados y sancionados en caso de corresponder, lo que es coherente con la herramienta que nuestro ordenamiento le entregaba.
Se le podría imputar responsabilidad si las violaciones hubieran tenido origen en una organización y planificación por parte del Estado con la finalidad de vulnerar los derechos humanos, caso en que se podría configurar -como dicen- una violación "sistemática" de estos. Pero nada de ello ocurrió. El Ministro nunca ordenó que se violaran los derechos humanos y menos lo hizo en forma organizada y repetida (eso significa "sistemático"). Al contrario, se expresó la necesidad de que se actuara de conformidad a los protocolos vigentes y la legislación aplicable. Ni los unos ni la otra contemplan la violación de los derechos humanos como una facultad.
Como se ha señalado, la acusación intenta demostrar la existencia de violaciones a los derechos humanos sobre la base de denuncias, publicaciones de prensa, declaraciones de las Juventudes Comunistas y otra serie de hechos carentes de objetividad legal, al tener su fuente en una de las partes involucradas y en algunos casos, incluso, en organizaciones que no se vieron afectadas directamente por los hechos supuestos. No existen condenas ejecutoriadas que acrediten ninguno de los hechos relatados.
Por su parte, se menciona la existencia de centros de detención ilegales, lo que ya fue descartado formalmente por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. De más está señalar que tanto dicho organismo como el informe de Human Rights Watch descartaron la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos; y la Corte Suprema señaló por medio de su vocero que no correspondía adelantar juicios al respecto.
Desde lo legal también, señora Presidenta, no se configuran los criterios de sistematicidad contemplados en la ley N° 20.357. Por su parte, la "sistematicidad" debe ser decretada por un tribunal. No les corresponde ni a los acusadores ni menos al Congreso determinar su existencia.
Se señala también que Carabineros de Chile es un organismo autónomo, sujeto a normas constitucionales, legales y reglamentarias, por lo que el Ministro del Interior carece de facultad para impartirle órdenes operativas. ¡No tiene el Ministro del Interior facultad de impartir órdenes a los operativos de Carabineros!
A pesar de ello, y con el ánimo de resguardar los derechos de los manifestantes, el Ministerio del Interior reiteró criterios de accionar a las policías. Y digo "reiterar" porque estos ya están contemplados justamente en la normativa que regula su accionar. Así, se les solicitó apegarse a los protocolos existentes; respetar la autonomía plena del Instituto Nacional de Derechos Humanos; garantizar el pleno ejercicio de las facultades del Ministerio Público, los tribunales de justicia y la Defensoría Penal Pública; facilitar vías de denuncia a todas las personas que se sentían víctimas y transparencia plena en el acceso a la información.
Sí se tomaron medidas, dentro del marco de las facultades del Ministerio del Interior, para cautelar justamente los derechos humanos.
Señora Presidenta, frente a toda denuncia y querella contra el actuar de la fuerza pública, se enviaron reiterados oficios a Carabineros y a la PDI para asegurar el rápido y exitoso esclarecimiento de los hechos. Se entregaron salvoconductos, como se ha informado aquí.
Antes del estallido social ya se había iniciado un proceso de evaluación y reestructuración de los protocolos de Carabineros en lo que respecta al uso de la fuerza, considerando también las observaciones que habían realizado el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Asimismo, se lideró el proceso de establecimiento de una Dirección de Derechos Humanos dentro de Carabineros de Chile.
Se cumplieron, además, señora Presidenta, obligaciones contenidas en el decreto supremo N° 1.364, al establecer disposiciones relativas al uso de la fuerza en intervenciones destinadas a mantener el orden público.
Se cumplió también con el deber semestral de fiscalizar la orden general N° 2.635 de Carabineros de Chile, cuyo último informe fue remitido justamente en la primera quincena de julio del año en curso.
Se intenta culpar al ex Ministro de una afectación negativa de la imagen país, por el hecho de que no habría cautelado apropiadamente el orden público y porque se habrían cometido violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, primero, no tiene sentido, ya que don Andrés Chadwick y el Gobierno actuaron en conformidad con sus facultades para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, a saber:
-El Estado tomó todas las medidas que el ordenamiento jurídico chileno le otorga para reestablecer el orden público.
-La Convención Americana de Derechos Humanos señala que la dictación de estados de excepción, como los que fueron dictados durante la crisis, dadas las circunstancias de esta, es legítima. No hay en ellos, intrínsecamente, violación alguna a los derechos humanos, sino que solo una limitación a su ejercicio justificada en una situación extraordinaria de inseguridad y justamente con la finalidad de reestablecer el orden.
-Se notificó también a la OEA y a la ONU de la dictación del estado de emergencia, y de que este limitaba los derechos de locomoción y reunión, sin que ninguna de dichas organizaciones pusiera reparo alguno.
Por su parte, visto que no se puede responsabilizar al ex Ministro Andrés Chadwick por los hechos de violencia extrema acaecidos en nuestro país, si estos afectaron la imagen de Chile, tampoco se le puede responsabilizar de dicha situación, pues no existiría ninguna relación entre los hechos que afectaron la imagen nacional y el accionar del Ministro Chadwick.
Por último, quiero señalar que estamos frente a una situación compleja en el país, y requerimos unidad. Y esto, en vez de colaborar, ayuda a separar más a los chilenos.
Voto en contra absolutamente convencido de la injusticia que se está haciendo con el ex Ministro Andrés Chadwick.
¡Gracias, ex Ministro Chadwick, por lo que ha hecho por Chile!
Apoyo a su familia, a sus hijos y a su mujer; y agradezco lo que ha hecho y seguirá haciendo por nuestra patria, porque personas como usted son las que Chile hoy día necesita.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Goic.
La señora GOIC.- Señora Presidenta, sin duda hoy nos toca una decisión compleja. También la situación que hemos vivido como país ha sido compleja, tremendamente dolorosa y ha significado costos que nadie hubiera querido tener para las familias, para las autoridades. Pero es lo que nos toca vivir. Es el momento en que estamos ahora, en cada uno de nuestros cargos, con cada una de nuestras responsabilidades.
Es así que hoy día, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, estamos discutiendo una acusación constitucional a un Ministro, quien no por el hecho de haber renunciado -por lo tanto, hoy día es ex Ministro- queda fuera del cuestionamiento que considera una herramienta vigente en nuestro ordenamiento constitucional. Y creo que eso es muy importante señalarlo.
Porque el hecho de la renuncia no excluye el uso de esta herramienta. Y eso tiene que ver con cómo se asumen las responsabilidades en el momento en que nos toca ejercer un cargo.
Lo primero que quiero decir es que hoy no estamos haciendo un juicio a la persona del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick. Ya se ha planteado y yo lo quiero volver a repetir, porque me parece que es justo, que es necesario.
Lo que estamos revisando es su actuación en cuanto autoridad encargada de la seguridad pública, según lo establece la Constitución que actualmente nos rige, en el contexto de la que seguramente es la mayor crisis social que ha vivido nuestro país, salvo probablemente la excepción del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Este es un juicio político constitucional, no es un tribunal de justicia. Y lo remarco, así como ya lo han hecho varios. No se trata de la responsabilidad penal. Tampoco es un juicio sobre la intención de causar daño. ¡Quién podría decir eso, por favor! No es parte de las intenciones.
De lo que se trata es de pronunciarse respecto a si el ex Ministro hizo todo lo que estaba en su poder para cumplir las funciones que la Constitución le asignaba, en una coyuntura particularmente compleja, sin duda; ¡particularmente compleja!
Me parece que es fundamental poner estos elementos de contexto sobre la mesa cuando estamos discutiendo esta acusación.
¿Lo complejo implicaba mayor riesgo? Sin duda.
Pero también es necesario recordar acá, por alguna de las intervenciones que hemos escuchado, que lo sucedido el 18 de octubre, el estallido social, ¡pasó por algo!
Es cierto que los chilenos y las chilenas se pronunciaron con malestar, con mucha fuerza; que hubo gotas que colmaron el vaso de algo que se venía acumulando por muchos años. Y hablamos de la desigualdad, hablamos del abuso. Pero se dio en el contexto del manejo de un Gobierno que posee una responsabilidad en esto; un manejo que no fue neutro, que detonó la crisis también.
Quién podría olvidar la soberbia de varios Ministros en declaraciones irritantes para la gente común; o la fracasada promesa de "tiempos mejores", de excelencia en la gestión pública, de éxito económico y de los grandes titulares, anuncios que finalmente varios se borraban por la letra chica.
Entonces, discutimos esto en el contexto político de un Gobierno que fracasó en su promesa, y que ha tenido implicancias de las que no nos alegramos, ¡por favor! Al contrario. Ellas han afectado la identidad internacional de nuestro país, la economía de nuestro país. Pero no nos olvidemos de ese contexto.
Nos pronunciamos sobre esta acusación en el marco de un Gobierno que se vio absolutamente superado para gestionar el orden público, y en el que el Ministro del Interior, como Jefe de Gabinete, tiene un rol insustituible. Como Ministro del Interior posee una responsabilidad que es ineludible.
A partir del 18 de octubre de este año, en el contexto de este estallido social de dimensiones que nadie probablemente podía haber anticipado, se produjeron hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, los cuales han sido reconocidos. Eso se ha señalado por parte de las propias autoridades de Gobierno y es materia de investigación para los organismos competentes.
Estos graves hechos han redundado en secuelas físicas permanentes para compatriotas que han sido privados de su capacidad visual, de manera parcial o total; en al menos dos casos, para poner solo algunos ejemplos. Según los antecedentes que se manejan, ellos se debieron a la acción de efectivos de Carabineros, quienes se habrían excedido en el uso de la fuerza necesaria o proporcional para controlar diversas manifestaciones sociales.
Y es en este contexto en que se enmarca la actuación institucional del ex Ministro del Interior Andrés Chadwick, quien por mandato constitucional era el encargado de coordinar las acciones relativas al orden público y la seguridad.
Como aquí ya se ha dicho, es indudable que no se atribuye la acción física de los apremios ilegítimos sufridos por compatriotas al ex Secretario de Estado, ¡por favor! Pero sí el haber podido hacer más en el impedimento o cese de ellos.
El resguardo del orden público no es incompatible con la promoción o con la protección de los derechos humanos. No puede ser incompatible.
Los Ministros de Estado, en tanto colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, como lo establece el artículo 33 de la Constitución, son funcionarios públicos que, como señala el profesor Silva Bascuñán, actúan como órganos del Estado y asumen plena responsabilidad personal de sus actuaciones, tal como lo dispone el artículo 36 de nuestra Carta Fundamental.
En tal sentido, la Constitución consagra en su artículo 52 un mecanismo mediante el cual el Congreso Nacional puede hacer valer la responsabilidad política de un Ministro de Estado cuando este ha dejado sin ejecución la Constitución o las leyes.
En este caso, y de acuerdo con los antecedentes de hecho, que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos y las actuaciones concurrentes del ex Ministro en tanto autoridad, yo he llegado a la convicción, y esto en conciencia -¡en conciencia!-, de que al ex Secretario de Estado le correspondía y podía haber ejecutado medidas más eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza pública.
Al ex Ministro Andrés Chadwick, de acuerdo con el artículo 3°, literal b), de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, le correspondía como autoridad de dicha Cartera "velar por la mantención del orden público en el territorio nacional", concentrando en él la decisión política sobre dicha materia, estando a su cargo las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de dicha ley.
Sin perjuicio de sus atribuciones legales, la responsabilidad que hoy nos corresponde ejercer a nosotros es pronunciarnos, como Senadores de la república, en un juicio político constitucional.
Ya lo he señalado: yo creo que el ex Ministro no resguardó en forma suficiente y oportuna el actuar de las instituciones que se encontraban bajo su responsabilidad, a las que de acuerdo con el artículo 1° del decreto N° 1.364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, les correspondía velar por la protección de los derechos de las personas cuando realicen cualquier acción destinada al mantenimiento del orden público.
Ya lo señalé: es una decisión difícil y creo que ninguno de nosotros quisiera estar hoy día en esta discusión.
Probablemente, si el Ministro hubiera podido escoger, hubiera sido distinto, si se hubiese anticipado. Pero creo que lo que hoy día discutimos tiene que ver con cómo, así como desarrollamos a diario nuestra tarea en función de quienes han confiado en nosotros -en mi caso, los magallánicos y las magallánicas-, ejercemos nuestras responsabilidades, por más duro que sea.
Quiero señalar aquí algo que no es parte de los argumentos, pero que me parece imprescindible decir.
La defensa ha expuesto como argumento que aquí se busca un culpable para enfrentar o resolver la crisis. El resultado de esta acusación constitucional no nos va a ayudar a resolver la crisis. Se equivoca quien piensa eso. Esto tiene que ver con utilizar las herramientas que posee nuestra Constitución para que se asuman responsabilidades políticas en el contexto de situaciones extremadamente graves. Eso es lo que hacemos.
Pero nos queda una tarea inmensa, en la que, además, desde el primer día hemos tratado de colaborar, entendiendo que si bien hay responsabilidades distintas respecto del estallido social y la crisis, nos corresponde a todos ser parte de la solución. Ser parte también de aquellos que hagan que los costos que se han vivido en Chile tengan sentido. Y eso implica, sin duda, avanzar en cambios más profundos, como lo hemos discutido aquí, en este Hemiciclo. En cambios más profundos para esta democracia, porque hoy día estamos hablando todos de respeto a los derechos humanos en democracia y de situaciones dolorosas respecto de sus vulneraciones.
Pero ¿cómo avanzamos hacia un modelo en el que se ponga al centro a las personas? Esa es la demanda que está atrás, y no nos perdamos, estimados colegas.
Hoy día, sí, la gente espera que se asuman responsabilidades.
Pero no es la política pequeña la que nos va a llevar a solucionar esta crisis.
Podremos solucionar la crisis si construimos las bases de un país que ponga al centro a los ciudadanos; en que los temas relacionados con el bienestar de los chilenos y las chilenas no dependan de la lógica del mercado; en que movamos el eje, efectivamente, en materia de salud, de previsión, de equidad territorial.
Pero eso se tiene que hacer asumiendo lo que pasó en nuestro país; asumiendo las responsabilidades. A mi juicio, eso es fundamental. Si no, permaneceremos o tendremos el riesgo de seguir desconectados, de que la política siga viéndose desconectada de la realidad de las personas que hoy día nos demandan a gritos, efectivamente, estar a la altura.
En consideración a los antecedentes y a los fundamentos que he expuesto, señora Presidenta, voy a aprobar la acusación constitucional en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad Pública don Andrés Chadwick Piñera.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señora Presidenta, permítame comenzar estas palabras señalando que estoy confundida, asombrada y frustrada. Tal vez por ingenuidad, tal vez por falta de experiencia en este Hemiciclo, pero yo soy de las personas que creen que la política es una noble profesión y que muchas veces se ensucia por el actuar de malos políticos.
Yo pienso que ser Senador o Senadora es un honor; es un honor servir a Chile, pero también es una gran responsabilidad. Y me parece que hoy este Senado no está a la altura de esa responsabilidad, porque hoy día estábamos llamados a votar una acusación constitucional contra el ex Ministro Chadwick por causales concretas y precisas, pero lo que hoy este Senado ha estado haciendo es un juicio político al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Me alegra que haya varios Ministros acá, porque están acompañando a un ex colega, pero también porque -insisto- hoy el Senado se ha alejado de su obligación constitucional de ser jurado de lo que veníamos a resolver y estamos haciendo -reitero- un juicio político al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Juicio político, al gobierno de turno que sea, que no está contemplado en nuestra Constitución. Tenemos un régimen presidencialista. Si no estamos de acuerdo con eso, busquemos los instrumentos, si tienen mayoría, para cambiarlo. Pero mientras eso no ocurra, respetemos lo que establecen nuestra Carta Fundamental y nuestras leyes, que juramos respetar al asumir estos cargos. Porque lo que resulta, por decir lo menos, sorprendente es que estemos juzgando a un ex Ministro diciendo que es de acuerdo con la Constitución y que en ese mismo juzgamiento no estemos cumpliendo el propio juramento que hicimos.
Como decía, nos corresponde hoy votar como jurado la acusación constitucional contra el ex Ministro Chadwick. Y debemos asumir -y espero al menos yo hacerlo así- esta responsabilidad con el rigor que significa el decidir el futuro político, público y humano de una persona.
La decisión que cada uno de nosotros tome hoy debe enmarcarse, como ya lo mencioné, en el ámbito legal y constitucional, pues estas acusaciones tienen un doble carácter: son políticas y jurídicas. Son políticas porque revisan la actuación, en el ejercicio de un cargo, de aquellas autoridades señaladas en la Constitución. Y son jurídicas porque este análisis debe ajustarse a lo establecido en la Carta Fundamental y en las leyes, en cuanto a sus causales y en el desarrollo de toda la acción, desde su presentación hasta su resolución final.
Al ex Ministro Chadwick se lo acusa en el Capítulo I por su supuesta responsabilidad en infringir la Constitución y las leyes o haber dejado estas sin ejecución. En el caso puntual, por la omisión deliberada de tomar medidas o acciones para evitar violaciones a los derechos humanos durante los hechos ocurridos en nuestro país entre el 18 y el 28 de octubre de 2019; y en el Capítulo II, de haber faltado al principio de legalidad en las declaraciones de los estados de excepción, particularmente de emergencia, y los consecuentes toques de queda que estos generaron.
La primera causal de la acusación se funda en un listado de presuntas violaciones a los derechos humanos de personas que resultaron heridas, incluso muertas, durante estas jornadas. Hechos absolutamente lamentables y que repudiamos fuerte y claro, pero que no son responsabilidad del acusado ex Ministro del Interior, porque son hechos que hoy investigan los tribunales de justicia, por lo cual no quedarán en la impunidad. Y es precisamente tarea de los tribunales establecer su veracidad y responsabilidad, por lo que no corresponde condenar a nadie a priori, aun a pretexto de que sea una condena política. Por otra parte, no basta tampoco con condenar un listado de hechos sin probar la relación causal entre la ocurrencia y la autoría de ellos en el actuar del ex Ministro.
También pudimos apreciar ayer en la formalización de esta acusación por parte de los Diputados que, no obstante que el Ministro dejó su cargo el 28 de octubre y que la acusación se refiere a hechos ocurridos entre el 18 y el 28 del mismo mes, se ha seguido responsabilizándolo e imputándole hechos que han pasado con anterioridad o posterioridad a esa fecha.
Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las acciones u omisiones que el ex Ministro no habría realizado entre estas fechas.
Ayer la defensa del ex Ministro detalló latamente -no voy a repetirlo- lo que había realizado durante estos diez días con Carabineros, con la PDI, con el Ministerio Público, con el INDH y con un sinfín de autoridades.
El Ministro del Interior concentra la decisión política en materia de seguridad y orden público y, efectivamente, tiene la dirección de estas fuerzas de seguridad, pero no participa, de acuerdo con la propia ley N° 20.502, de la operatividad en terreno de las policías.
Y, a pesar de ello, en los diversos oficios dirigidos a todas las instituciones ya nombradas han quedado acreditadas las instrucciones generales del ex Ministro en orden a mantener e instruir el respeto de los derechos humanos en el contexto del combate a las graves alteraciones del orden público que experimentamos.
Durante su gestión, además, se publicó la circular N° 1.832, sobre el uso de la fuerza, que incorpora el principio de responsabilidad que se supone que se debe perseguir al funcionario que cometa actos u omisiones que importen el abuso en el uso de la fuerza.
En el mismo sentido, se encuentra la orden general N° 2.635, que actualiza los protocolos de mantención del orden público.
En definitiva, no se ha logrado acreditar la participación de don Andrés Chadwick en la infracción u omisión de las normas constitucionales y legales de las que se le acusa. No existe -reitero- un nexo causal entre los lamentables hechos descritos en el documento con el actuar del ex Ministro, por lo que es dable concluir que procedió dentro de sus facultades constitucionales y legales y no se ha podido probar la existencia de hechos u omisiones que le sean imputables según las causales constitucionales de esta acusación.
Si no fuera necesario probar nada, entonces no existirían causales establecidas en la Constitución para estas acusaciones y simplemente podría, por cualquier hecho, procederse a ella.
El ex Ministro durante el ejercicio de su cargo realizó las acciones y tomó las decisiones necesarias para enfrentar la situación que se vivía en el país, por lo que no infringió la Constitución ni ley alguna, que es lo que exige la causal invocada por la parte acusadora.
Cosa distinta es que algunos parlamentarios estén de acuerdo o no con cómo se enfrentó la crisis durante estos días, con las medidas que se tomaron o si ellos hubieran optado por otras distintas. En democracia, no se puede imponer una decisión o posición política distinta a la del gobierno de turno cuando este ha sido elegido legítimamente por el pueblo. Es decir, no es posible querer gobernar vía acusación constitucional.
De ser aprobada, esta acusación sentará un grave precedente para la estabilidad democrática de este o cualquier gobierno futuro. Porque, señora Presidenta, las pruebas que fundamentan cualquier acusación deben ser objetivas, ciertas y, por sobre todo, han de acreditarse los hechos que se imputan y la participación en ellos del acusado, cosa que en la especie no ha ocurrido.
Algunos sostienen que nada de esto se requiere porque fallamos en conciencia. Puedo admitir la discrecionalidad, ¡pero jamás, estimados Senadores, la arbitrariedad! Lo que acá se está haciendo -insisto- es un juicio político al Gobierno del Presidente Piñera a través del ex Ministro Chadwick, y eso atenta contra el debido proceso. No existe ni en la acusación ni en las fundamentaciones escuchadas una sola coherencia de esta entre la acusación y lo que hoy, al parecer, muchos están dispuestos a votar como jurado.
Señora Presidenta, no puedo dejar de referirme a un punto que ayer mencionaron los Diputados y hoy varios señores Senadores, que es la calidad humana de Andrés Chadwick.
Se señaló que esta acusación nada tenía que ver con sus cualidades humanas, que lo consideraban una buena persona. Y eso es al menos contradictorio. Lo más importante en el ejercicio de un cargo de relevancia es precisamente el ser buena persona. Eso asegura que el ejercicio de su autoridad será el correcto, pues el ejercicio de las virtudes humanas es lo que marca el quehacer diario de una persona en todo momento de la vida. Andrés Chadwick es un gran profesional y político, pero, sobre todo, es una gran persona, que jamás, -reitero- ¡jamás!, habría realizado una acción o una omisión para permitir la violación de derechos humanos.
Si hoy esta acusación constitucional se aprueba, no solamente se pondrá término a la brillante carrera política de Andrés Chadwick. También perderemos a un gran servidor público, a uno de los mejores políticos del país, quien siempre en su vida pública y privada ha puesto en su actuar primero a Chile y a los chilenos.
Con frustración veo cómo hoy este Honorable Senado no está cumpliendo con su obligación constitucional. No está actuando como jurado, sino que está siendo el verdugo de un gobierno a través de un ex Ministro para hacerlo responsable de la grave crisis que vive nuestro país y de la cual todos, sin excepción, somos responsables.
Una mayoría parlamentaria no puede ser la excusa o el medio para lograr un fin, un objetivo injusto, mezquino e ilegal, que solo persigue una victoria política, pero que la historia mostrará que se tiñe de revancha por sobre la justicia, de ganancia política por sobre el bien del país y de nuestra institucionalidad, de mentira e inexactitud por sobre la verdad.
Señora Presidenta, yo creo en la justicia y no en la venganza. Yo creo en la buena política y no en el abuso que se hace en su nombre. Yo juré respetar en el ejercicio de mi cargo la Constitución y las leyes. Por eso, como dijo un filósofo griego que quiero recordar ahora: "El mejor logro de la injusticia es parecer justos sin serlo". Y lo que hoy se está haciendo es injusto.
Por ello, como abogada, como Senadora, pero principalmente como una persona que en su actuar trata de ser justa, anuncio, señora Presidenta, con convicción y fundadamente, mi voto en contra de los dos capítulos de la acusación constitucional contra el ex Ministro Chadwick.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señora Presidenta, el 18 de octubre fue el día del salto del torniquete, el símbolo de la respuesta social al alza de la tarifa del Metro. Algunos señalaron que esta acción no prendería. Y hoy día, en esta Sala, estamos hablando del estallido social más importante de las últimas décadas en la historia de Chile.
Esa es la magnitud de la crisis: expresión manifiesta contra la desigualdad.
Parto con este contexto, señora Presidenta, porque creo que aún no hemos dado respuesta al salto del torniquete del día 18 de octubre.
El ex Ministro Andrés Chadwick se mantuvo como titular del Ministerio del Interior hasta el día 28 de octubre del 2019. Hasta esa fecha, el Instituto Nacional de Derechos Humanos estableció que 1.132 personas registraron heridas en los hospitales (38, por disparos de bala; 295, por perdigones; 238, por armas de fuego no identificadas, y 24, por balines); 127 personas con heridas oculares producto de impactos de balines y bombas lacrimógenas; 3.243 personas detenidas, más del 10 por ciento de ellas niños, niñas y adolescentes.
Por último, quiero cerrar con la cifra de 18 casos de violencia sexual cometidos contra hombres, mujeres y niñas menores de edad. Y lo digo porque, en esta expresión o respuesta represiva del Gobierno, se ha manifestado un fuerte sesgo de género y también de medidas adoptadas contra niños, niñas y adolescentes.
¿Qué tenemos a la fecha? Varios informes.
En el contexto internacional, se han activado dos mecanismos de monitoreo sobre los hechos y de recomendaciones.
Intergubernamentales:
La Misión de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ONU, que está pendiente, y la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano especializado de la OEA en materia de derechos humanos, cuyo informe se hizo público el 6 de diciembre de este año. Al revés de la tesis de "hechos aislados", dicho documento sugiere que estamos ante conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes en el contexto de las recientes protestas sociales.
Informes privados:
El de Human Rights Watch, de 26 de noviembre de 2019, declara que "Miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y continuaron durante varias semanas".
Por último, señora Presidenta, permítame citar el informe de Amnistía Internacional de 21 de noviembre de 2019: "Las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera -principalmente el Ejército y Carabineros (la policía nacional)- están cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta".
Señalo estos datos, señora Presidenta, porque me parece que, de alguna manera, permite objetivar un contexto inicial. Podemos tener visiones distintas, pero nadie puede negar las cifras y la coincidencia de los informes a nivel tanto nacional como internacional.
Hoy día estamos enfrentados a una acusación que es política. Se juzga el rol que desempeñó el ex Ministro: si cumplió o no con las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes.
En ese sentido, tal como ya lo mencionaron varios que me he antecedieron en el uso de la palabra, el Capítulo I habla de omisión: "De haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al omitir adoptar medidas eficaces para detener violaciones graves a los Derechos Humanos durante la vigencia de las declaratorias de Estado de Emergencia en territorio nacional".
Dados los testimonios y las cifras que hemos conocido, creo que, efectivamente, existió omisión de parte del Gobierno y la responsabilidad sí recae en el Ministerio del Interior, por cuanto tengo la convicción de que las policías, particularmente Carabineros de Chile, sí tiene relación de dependencia con el Ministerio político, que es el Ministerio del Interior, en tanto también representa al Presidente de la República.
Acá se adoptó una decisión política bajo el argumento del orden público y la seguridad pública interior. Nadie pretende minimizar lo que ocurrió. Efectivamente, cuando se habla de estallido social, algunos señalan que es un hecho inédito y, efectivamente, hubo actos que alteraron el orden público. Pero también seamos sinceros: no hemos sido capaces de hacer la separación que requiere este análisis, entre lo que significa la protesta pacífica de miles de chilenos y chilenas a lo largo de todo el territorio nacional, y los actos de vandalismo y saqueo que cubrieron toda la agenda pública del país.
Y permítanme aquí una reflexión respecto al rol de Carabineros de Chile.
¿Qué pasó, efectivamente, con los servicios de inteligencia? ¿Por qué no se fue capaz de prevenir ciertos hechos de saqueo y vandalismo que alteraron el orden público y que han tenido efectos negativos, sobre todo -y los vamos a conocer, creo yo-, en las condicionantes económicas que suponen?
Por eso, señora Presidenta, en lo referido al Capítulo I, voy a votar a favor de la acusación constitucional.
En segundo lugar, se nos consulta si el ex Ministro del Interior ha "infringido gravemente la Constitución al participar en la declaración del Estado de Emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional".
Aquí quiero ser bien clara, señora Presidenta.
Según el decreto de estado de excepción de emergencia, los únicos derechos que debieron haberse limitado fueron el de reunión y el de la libertad de circulación. Y eso no ocurrió. Vimos otros derechos que fueron restringidos y también vulnerados, como la vida de las personas, su igualdad ante la ley, su integridad física y psíquica, y un menoscabo a su identidad.
Hago esta reflexión porque, al final del día, lo que nos tiene acá conversando sobre este tema es cuál es el límite para restablecer el orden público y mantener las condiciones de seguridad a nivel nacional. Y a mi juicio, en democracia, lo primero que se debe garantizar son los derechos humanos.
Debemos hablar de cuáles son los estándares mínimos necesarios para que las personas puedan vivir con dignidad, porque, al final del día, eso es lo que hay en la demanda y en lo expresado contra la desigualdad. Lo que los chilenos están esperando hoy día es una agenda.
Por eso, también voy a votar a favor la acusación constitucional en su segundo capítulo, señora Presidenta.
Y, por su intermedio, le digo al ex Ministro del Interior señor Andrés Chadwick lo siguiente: este no es un tema ni personal, ni estamos cuestionando el rol, la experiencia y el desempeño que ha mostrado en espacios tan importantes como el Congreso Nacional. Quienes compartieron aquí con él lo han reconocido. Pero nosotros debemos hacer un punto de inflexión y determinar, si queremos sacar adelante al país, dónde está el límite. Y, en tal sentido, yo creo en la subordinación de las policías con respecto al rol que desempeña el Ministerio del Interior.
Desde esa perspectiva, no se cumplieron los estándares, no estuvieron los mínimos democráticos que garanticen una manifestación pacífica, y la respuesta dada por el Gobierno tampoco fue la adecuada, porque los desórdenes continuaron.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, ahí se evidencia el fracaso de la decisión política que se adoptó en su minuto.
Este no es un tema de quienes están a favor de la paz y de quienes no lo están. Todo lo contrario. Y a este respecto quiero destacar el rol que el Senado ha tenido. Al menos hemos cumplido, de manera coordinada, para lograr un acuerdo en materia de reforma tributaria, porque entendimos que, si queremos mejorar las políticas públicas en el país, lo mínimo que debemos tener es mayor recaudación; tanto, que probablemente sea necesario hablar de una nueva reforma tributaria, dado que la agenda a la cual debemos dar respuesta es mucho más amplia.
Además, existe un acuerdo y una ruta constituyente, y espero que en abril tengamos una masiva adhesión y todos vayan a votar para cambiar una Constitución que, a mi juicio, ha sido una camisa de fuerza, sobre todo para el trabajo parlamentario, según la experiencia de un año y medio que llevo acá. Hay muchas iniciativas que no podemos sacar adelante, porque, siendo respetuosa de la Constitución y las leyes, debo señalar que ahí hay un amarre que ha complicado dar respuesta a los chilenos y las chilenas como ellos la esperan. El mejor ejemplo creo que es el tema de las pensiones en el Presupuesto 2020.
Digo todo esto porque también quiero hacer un llamado a romper con la miopía del Gobierno. Acá no hay agenda social. Hemos logrado tres acuerdos, que me parecen importantes, pero son las primeras señales que indican hacia dónde vamos a ir y que la respuesta no va a ser represiva.
En materia de orden público y de seguridad, la responsabilidad recae, a mi juicio, en el Ministerio del Interior; así como, en las regiones, en los intendentes, pues considero que en algunas regiones también hubo algunos sesgos.
Siendo así, tendría que aprobar ambos capítulos de la acusación, que es lo que voy a hacer.
Solo quiero hacer un llamado a reivindicar la política. La desconfianza actual nos obliga a dar hoy día una respuesta adecuada. Si somos capaces de hacerlo, probablemente vamos a recrear este espacio, pero también debemos ser capaces de recrearlo para poder decirle a Chile que pudimos tomar la agenda de aquellos que ya estaban cansados.
El salto al torniquete, para mí, siempre va a ser un símbolo: una nueva generación de jóvenes en un claro acto de rebeldía, no porque los 30 pesos les afecten a ellos, sino porque en su misma casa está el abuelo, con la pensión que no le alcanza; la madre, que terminó en la lista de espera y aún no la atienden; el padre, que se desplaza más de una hora en el transporte público. ¡Fue eso! Y, en algunos casos, las respuestas, como cuando se decía: "Levántese más temprano", o "Compre flores". Hagámonos cargo de que, desde lo político, las reacciones también fueron inadecuadas.
Por eso mi llamado al Gobierno.
Reconozco que esta es una instancia relevante para la historia del país, en tanto compromete a todos los que estamos acá. Lo he dicho antes: todos tendremos que hipotecar parte de nuestro capital político. Pero, o nos ponemos a disposición de la demanda -porque, quiero ser honesta: acá no hay agenda social-, o el orden público y la seguridad no se podrán restablecer hasta que seamos capaces de dar una respuesta contundente, a largo plazo y sólida para los chilenos y las chilenas.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señora Presidenta, como primera consideración, cabe destacar que, para determinar si se debe aceptar una acusación constitucional, se deben considerar dos elementos.
El primero, de carácter jurídico, está definido por la realización de algunos de los supuestos establecidos por la Constitución para su procedencia. Y el segundo elemento, de carácter político, consiste en la gravedad que se atribuye a la infracción o falta que se imputa en el caso concreto.
Este análisis, señora Presidenta, debemos hacerlo de la forma más objetiva e independiente, ya que considerar al Senado, para estos efectos, como una suerte de club social o fraternidad de amigos constituiría una infracción grave a nuestro deber como Senadores.
Ahora bien, EN CUANTO AL CAPÍTULO PRIMERO DE LA ACUSACIÓN, se debe aclarar que la responsabilidad política que se le atribuye al ex Ministro Chadwick se relaciona con la infracción a un estándar de actuación fijado por normas constitucionales y legales. Este estándar, referido al respeto y garantía de los derechos humanos, exige una responsabilidad mayor por parte de la autoridad política.
No se trata de normas meramente reglamentarias o administrativas; se trata de normas que flanquean, regulan y garantizan derechos fundamentales, las cuales fijan un parámetro de actuación acorde con la trascendencia y la universalidad de los derechos protegidos.
Los derechos humanos establecidos en estas normas son universales, le pertenecen a toda persona por igual, y son prioritarios.
Que sean prioritarios significa que para su resguardo efectivo no basta con el cumplimiento meramente formal de normas administrativas.
En este caso, el ex Ministro del interior debió realizar actos idóneos, proporcionales y eficaces ante los hechos que conoció o estuvo en posición de conocer, vinculado con la denuncia concreta de numerosas conductas calificadas como violaciones a los derechos humanos por una autoridad pública con competencia en la materia, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Estos actos, idóneos, proporcionales y eficaces, debieron ser realizados por el ex Ministro con la finalidad de prevenir nuevos atentados contra la población civil por agentes del Estado que forman parte de una institución sobre la cual tiene responsabilidad política directa y jerárquica, como es Carabineros de Chile.
Frente a esto, señora Presidenta, la defensa del acusado ha sostenido que las numerosas querellas y denuncias interpuestas por el INDH no sirven para acreditar los hechos de la acusación, por vincularse a investigaciones penales en curso. Sin embargo, si tuviéramos que esperar la culminación de dichos procesos penales, se haría imposible hacer efectiva la responsabilidad política de los Ministros de Estado, la que solo se puede requerir hasta seis meses después de haber dejado el cargo.
Esto demuestra, una vez más, que la responsabilidad política y constitucional de un ex Ministro de Estado tiene un sentido y alcance muy distinto a la responsabilidad criminal que le podría corresponder tanto a los autores directos como a la autoridad civil, por crímenes de lesa humanidad, en conformidad a lo establecido por la ley 20.357 y por el Estatuto de Roma.
Además, la defensa ha dicho que, operativamente, Carabineros de Chile sería una institución que contaría con total independencia y autonomía frente al Ministro del Interior.
Quiero expresar con mucha fuerza, señora Presidenta, que resulta inaceptable que tal afirmación pase desapercibida. Y voy a ser claro en esta materia: ¡no existe independencia ni autonomía de ninguna institución del Estado cuando se trata de la violación de los derechos humanos!
Este no es un asunto técnico-operativo de Carabineros, ya que el respeto a los derechos humanos no se reduce al cumplimento de meras formalidades vacías. De esta forma, ningún órgano del estado, y menos Carabineros, puede ampararse en su autonomía.
En este contexto, un Ministro de Estado que renuncia a su deber de ejercer un control material sobre Carabineros de Chile a través de actos idóneos, proporcionales y eficaces, está violando la Constitución y las leyes y dejando sin aplicación las normas sobre protección de los derechos humanos.
Es así como el acusado, en su calidad de Ministro del Interior, debía garantizar el respeto efectivo de los derechos humanos de la población civil en el período en cuestión, que va desde el 18 al 28 de octubre de este año. Esta era una obligación personal y propia del Ministro, no de terceros.
Cabe recordar en este punto, señora Presidenta, los criterios establecidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual forma parte de nuestro ordenamiento constitucional conforme a lo establecido en el artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental.
Es así como, de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Americana, es obligación del Estado y de todos sus agentes, cualquiera que sea su carácter o condición, el no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los derechos y libertades fundamentales de las personas. Esto supone la obligación de frenar y de prevenir las violaciones a los derechos humanos.
Como ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo decisivo, en esta materia, es determinar si una violación, en este ámbito, ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público.
En este aspecto, la defensa del acusado ha intentado confundir la discusión, haciendo referencia a los requisitos de la omisión en materia penal. Esto es un error, porque esta no es una imputación penal, sino una imputación político-constitucional. En este contexto, la omisión, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, consiste en no dictar acciones de cumplimiento para asegurar el respeto de los derechos fundamentales. Se incumple esta obligación cuando no se dictan medidas suficientes y efectivas frente a actos generalizados de tortura, de apremios ilegítimos, de maltrato y de violencia sexual, conforme lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En este caso, cabe preguntarse qué medidas de cumplimiento dictó el Ministro Chadwick, entre el 18 y el 28 de octubre de este año, frente a la información pública que daba cuenta de violaciones generalizadas a los derechos humanos por parte de Carabineros de Chile, institución respecto de la cual tiene una posición jerárquica.
El día 22 de octubre del año 2019 ya existían 269 personas heridas y 30 acciones judiciales interpuestas por el Instituto de Derechos Humanos, entre ellas 9 amparos, 3 querellas por violencia sexual, y 18 querellas por otros hechos ilícitos. Ese día, ¿qué estaba haciendo el acusado según su defensa? Mandaba oficios solicitando alguna información.
El día siguiente, 23 de octubre, se sumaba una querella por torturas en contra de miembros de la 43ª Comisaría de Carabineros. El mismo día, en la Región de Tarapacá, se confirmaba que un joven de veintidos años había perdido un ojo durante protestas en Alto Hospicio. A esa fecha, ¿qué hacía el señor Chadwick, según su defensa? Mandaba oficios solicitando alguna información.
El día 24 de octubre, en Quilpué, se habían interpuesto 3 querellas por torturas, apremios ilegítimos y vejámenes sexuales.
El día 25 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informaba que ya existían 582 personas heridas y 67 acciones judiciales; entre ellas, 12 querellas por violación.
El día 28 de octubre, existían antecedentes respecto de 127 personas con lesiones oculares.
Frente a este patrón de violaciones a los derechos humanos, la defensa nos señala que el acusado seguía mandando algunos oficios pidiendo alguna información.
Cabe destacar en este punto que el acusado tenía atribuciones directas para realizar el control y dirección de los funcionarios encargados de la seguridad pública. Es así como el artículo 3º de la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior, explicita que el titular de esta Cartera posee la facultad para autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones legales en materia de seguridad pública, a la vez que lo faculta para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control en lo que se refiere a actos delictuales y violencia.
La misma ley citada indica que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependen directamente del Ministerio del Interior, cuyo titular, en consecuencia, es la autoridad política responsable en el ámbito de la seguridad pública.
En este contexto, el no haber tomado medidas idóneas, proporcionales ni eficaces de forma oportuna, y el no haber hecho uso de sus facultades de control y coordinación para frenar la vulneración de derechos humanos por miembros de una institución que depende de manera directa de su cargo de Ministerio del Interior implica, indefectiblemente, responsabilidad política y constitucional del acusado, por no cumplir con su deber de garante.
Frente a una denuncia por tortura, por abuso sexual, por mutilaciones, por lesiones graves, no basta con dictar un oficio pidiendo alguna información; no basta con emitir una declaración pública señalando que se deben respetar los derechos humanos.
En ese punto, el abogado defensor -así como el propio ex Ministro- ha reiterado, en diversos tonos, que no habría existido un actuar deliberado del acusado. Sobre esta materia, se debe aclarar algo básico: la intencionalidad de un acto no se define a partir de descubrir lo que pensaba la persona, lo que solo se lograría a partir de una acción imposible, que es meterse en su mente. De esta forma, la intencionalidad no se descubre, sino que se imputa, se atribuye, a partir del análisis de la conducta del acusado: de lo que hizo y de lo que dejó de hacer.
En este ámbito hay varios antecedentes relevantes, señora Presidenta.
Por otra parte, entre los días 18 y 28 de octubre existían reportes periódicos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que daban cuenta de los patrones de violencia sistemática ejercidos por agentes policiales en contra de la población civil.
Se trata de antecedentes emanados de un órgano del Estado con competencias en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Es por esto que sus informes, denuncias y querellas constituyen antecedentes suficientes para exigir el cumplimiento del deber de prevenir la violación de los derechos humanos por parte del personal de Carabineros. Este deber es también exigible a la autoridad política que se encuentra, jerárquicamente, sobre Carabineros, que es precisamente el Ministro del Interior.
El día 23 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló públicamente que condenaba el uso excesivo de fuerza en contra de quienes se manifestaban en Chile, indicando expresamente que el uso de armas era una medida extrema y solo debían utilizarse en situaciones excepcionales.
Frente a esto, yo quiero preguntar: ¿cuántas declaraciones dio el acusado reconociendo las masivas y sistemáticas lesiones oculares provocadas por Carabineros?
¿Qué tipo de control efectivo ejerció sobre Carabineros, mientras se conocían denuncias por apremios ilegítimos en contra de manifestantes?
¿Qué tipo de medida urgente practicó el acusado para evitar la continuación de los abusos sexuales y las torturas que estaban siendo denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos?
¿Qué medida concreta dictó el acusado para asegurar que las personas ejercieran su derecho a manifestarse sin miedo a perder la vista?
¿Qué investigación ordenó sobre la composición de los balines de Carabineros?
¿Qué responsabilidad le exigió el Ministro del Interior al General Director de Carabineros frente a las vulneraciones de protocolos?
En ese contexto, señora Presidenta, el solo hecho de hacer numerosas declaraciones públicas, sosteniendo de manera genérica que la institucionalidad funciona, que existen protocolos que deben ser respetados, que se van a perseguir las responsabilidades de quienes vulneren esos protocolos y los derechos de las personas, constituyen actos vacíos, meramente formales.
Y en materia judicial, cabe preguntarse:
¿Cuántas querellas interpuso el Ministro del Interior en contra del personal militar o policial? Esta pregunta es relevante, toda vez que se ha informado profusamente en la prensa sobre múltiples querellas interpuestas por Interior en contra de civiles por Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero, al parecer, se olvida que esa misma ley, en su artículo 4º, letra e), establece expresamente como delito la desobediencia por parte de policías y militares a las órdenes de la autoridad.
¿Cuántas querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado se interpusieron en contra de Carabineros, que infringió sus obligaciones legales? La respuesta es: ninguna, señora Presidenta.
EN CUANTO AL CAPÍTULO SEGUNDO DE LA ACUSACIÓN, me parecen relevantes dos materias: las detenciones efectuadas en contra de personas que vulneraron el toque de queda y la no entrega de los listados de detenidos en distintas comisarías del país.
Durante el estado de excepción declarado en el mes de octubre de 2019, a través de un decreto que incluyó la firma del acusado, se vulneraron derechos y garantías fundamentales de quienes fueron detenidos por infracción al toque de queda, lo que ninguna disposición legal autoriza.
La defensa del acusado niega que tales detenciones sean ilegales, por haber sido realizadas en flagrancia. Sin embargo, ello atenta contra los artículos 129 y 124 del Código Procesal Penal, que solo habilitan a la detención por faltas en casos determinados por la propia ley, los que no incluyen la infracción al toque de queda.
Señora Presidenta, lo anterior resulta aún más grave si se considera que, acorde a las cifras entregadas por la misma institución de Carabineros de Chile, fueron más de 1.400 personas las detenidas durante el toque de queda del mes de octubre del presente año.
Por otra parte, se imputa al ex Ministro el no haber acometido ninguna actuación efectiva para evitar la falta de comunicación oficial del registro de detenidos en las comisarías y las negativas de los funcionarios policiales para entregar la información a los abogados que la estaban solicitando.
Para concluir, me permito citar una frase que expresó el propio acusado ante este Senado el día de ayer: "Que no exista impunidad es la forma como la democracia se defiende frente a las violaciones a los derechos humanos".
Voy a votar a favor de ambos capítulos.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señora Presidenta, las últimas intervenciones me obligan a repasar qué pasó en Chile entre el 18 y el 28 de octubre, que corresponde al período que analiza esta acusación constitucional.
Efectivamente, irrumpió una manifestación social importante, significativa, legítima, válida, que tuvo su mayor expresión -si mi memoria no me engaña- el día 25 de octubre, con la concentración más grande que ha tenido la historia de Chile, según todos los analistas, concentración que se desarrolló en paz y tranquilidad. Las personas que participaron en esa manifestación pública no tuvieron ninguna dificultad ni para llegar al lugar ni para retirarse. Se hizo en un margen de absoluta libertad.
Entre el 18 y el 28 de octubre, a través de la televisión, pudimos ver que todas las noches se juntaban en la plaza Ñuñoa alrededor de 11 mil, 15 mil personas -y en ocasiones un número mayor- más allá de la hora del toque de queda, y jamás hubo ninguna dificultad ni represión.
Fuimos testigos en nuestras ciudades de manifestaciones legítimas, válidas, necesarias, donde ninguna autoridad ejerció una acción de represión que pudiera significar que los manifestantes eran reprimidos.
¿Pero qué pasó el 18 de octubre? Digámoslo con sinceridad: se quemaron más de doce estaciones del Metro.
¿Para qué? Para obligar a más de 2 millones de chilenos a irse caminando ese día viernes a sus casas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por cierto, considera que eso no tiene ninguna importancia ni relevancia.
¡Más de dos millones y medio de capitalinos debieron volver caminando a sus casas por un hecho de violencia!
¿Qué nos dice el ex Presidente de la República Ricardo Lagos al respecto? Cito: "Aquellos que entraron ese día a la estación del Metro sabían dónde dirigirse para desconectar o reconectar la red eléctrica. Eso no lo sabe una turba que entra y quiere destruir". ¡Eso no lo sabe una turba! Y agrega: "Los elementos para acelerar el fuego son elementos que usted no compra en la ferretería de la esquina".
Ahí empezaron hechos de violencia inusitados, que han significado, entre otras cosas, la destrucción masiva del centro de Concepción, la destrucción masiva del centro de Valparaíso, la destrucción de una serie de centros en las ciudades de nuestro país.
Dividamos, separemos a los manifestantes de los violentos.
¿Cuántos carabineros han sido lesionados?
Yo visité, junto con la Presidenta de mi partido, a una detective atropellada y baleada en esos primeros días y a dos carabineras que fueron quemadas en sus rostros por bombas molotov. Esto no ha estado representado en esta discusión.
Eso pasó en esos diez días.
No fueron solo manifestantes pacíficos reprimidos. También hubo una asonada violenta organizada y orquestada a lo largo de todo el país, con un lenguaje similar, que destruyó ciudades.
¿Qué tiene que ver destruir el centro de Concepción con mejorar las pensiones?
¿Qué tiene que ver destruir aquello que la gente de Puente Alto y La Florida requiere para su movilización con combatir la desigualdad?
¿Qué fue eso sino una asonada violenta a la que nos tuvimos que ver enfrentados?
¡Digámoslo con sinceridad!
Eso no aparece en esta discusión, pero alteró la vida de todos o de la mayoría de nosotros, incluidos los que estamos sentados en esta Sala.
¿Cuántos pudieron salir a caminar por las calles de sus ciudades o de Santiago o de las capitales regionales? Todos estaba con temor, porque los carabineros los reprimían o porque los violentos los atacaban.
¿Cuántos pudieron seguir su vida habitual en las poblaciones, en los barrios, llevando adelante un quehacer cotidiano y político normal?
Eso fue lo que pasó entre el 18 y el 28 de octubre. A eso nos vimos enfrentados durante esos diez días. Y, posteriormente, hubo hechos de violencia inusitados, así como manifestaciones muy masivas, pacíficas, que no tuvieron ningún problema.
Recuerdo haber visto por la televisión, porque era toque de queda, a miles de personas frente a la Escuela Militar en una acción de repudio. No hubo ninguna situación de violencia desde que llegaron hasta que se disolvieron.
Por lo tanto, no digamos que aquí ha habido una acción concertada de represión sobre manifestantes pacíficos. Mejor reconozcamos los hechos de violencia, como lo dice el propio ex Presidente Ricardo Lagos.
¡Es inaceptable la violación de los derechos humanos, como lo es también la violencia con que han actuado algunos grupos que quieren destruir el país!
Eso es lo que vivimos en diez días.
Durante ese tiempo don Andrés Chadwick era Ministro del Interior y se lo acusa -como aquí han reiterado quienes respaldan esta acusación- de haber omitido deliberadamente acciones, con lo cual se favoreció la violación de los derechos humanos.
Y nos dicen que esto no tiene relación alguna con el ámbito penal. ¡Perdón! No somos ingenuos. Traten de mejorar el argumento. Si el Senado sanciona a alguien por omitir deliberadamente el cumplimiento de la ley y la Constitución para permitir la violación de derechos humanos, ello constituye una antesala al tema penal. ¡No vengan a decir que es algo absolutamente distinto! Por lo tanto, esa es la naturaleza de la acusación que debemos enfrentar.
Además, no se da ninguna prueba específica, concreta, para determinar cuál es la omisión. ¡Nadie ha entregado una prueba! Solo se manifiestan explicaciones difusas: "Esto nada tiene que ver con lo penal"; "Esto es política"; "Hay que resolver en conciencia".
Pero, perdón, estamos actuando frente a un acusación constitucional, que conlleva una especial responsabilidad política. Como dijo el Senador Galilea, esto no es inocuo. Si la decisión resulta mal, traerá consecuencias que pueden ser extraordinariamente graves.
Se dice que el Ministro Chadwick no hacía nada. El Diputado que justificó la acusación constitucional lo señaló reiteradamente. "¿Qué hacía el Ministro? ¡Nada!".
En la historia reciente de nuestro país no ha habido un Ministro del Interior que haya hecho más por los temas de seguridad y orden público.
Primero, los proyectos de ley.
Andrés Chadwick recibió a Carabineros en una situación lamentable. Tuvo que enfrentar los casos de desfalco de la "Mafia de la Intendencia" y de la "Operación Huracán".
¿En qué consistía la "Operación Huracán"? En falsificación de pruebas para detener ilegalmente por más de dos o tres semanas a seis, siete, ocho personas.
¿Eso no es violación de derechos humanos? ¿Por qué para ustedes ese hecho no motivó un llamado al Ministro del Interior de entonces para saber lo que estaba haciendo? No hay ni una declaración de los que hoy día tratan de condenar a Andrés Chadwick señalando que ese hecho era absolutamente ilegal y violatorio.
¡Esas eran las fuerzas de Carabineros que tuvo que recibir nuestro Gobierno y de las cuales hacerse cargo!
Ahora nos dicen: "Descabezaron el alto mando". Sin embargo, no hay una declaración, ¡ni una! -y revisé concienzudamente-, de ustedes diciendo que ese descabezamiento no era necesario. Muchos lo aplaudieron, ¡muchos lo aplaudieron!
Por lo tanto, cuando uno enfrenta una institución tan importante, tan necesaria, tan fundamental, como Carabineros de Chile, debe actuar siempre con la verdad. ¡Y Andrés Chadwick la enfrentó!
Hay diversos proyectos de ley presentados con la firma de Andrés Chadwick y aprobados unánimemente por las Comisiones de Seguridad de ambas cámaras y por esta Sala. ¿Por qué? Porque buscaba incorporar sistemas y protocolos modernos de estrategia y gestión operativa debidamente transparentados, con miras a un control institucional, gubernamental y ciudadano.
¿Qué Ministro del Interior puede mostrar una iniciativa en esa dirección?
Son dos los proyectos de ley que ya tienen el respaldo de este Senado.
¡Eso hacía Andrés Chadwick!
Así enfrentó también esos diez días duros, difíciles que nos tocó vivir, que, sin duda, fue uno de los momentos más complejos que cualquier otro Ministro pudo afrontar.
Como algún colega dijo, si alguien quiere violar los derechos humanos, no invita a conversar ni recibe al Instituto Nacional de Derechos Humanos; no le entrega recursos adicionales, y no invita a las distintas organizaciones internacionales de derechos humanos.
Cabe señalar que algunas de esas entidades utilizan un lenguaje venido de otras latitudes: "fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente de la República". Cuba podrá hacer eso; Venezuela podrá hacer eso; la antigua Unión Soviética podrá hacer eso. Claramente, ustedes saben que ese lenguaje aquí no tiene ningún asidero.
Al justificar el voto, algunos sostienen que esta crisis refleja una crítica al peor Gobierno de nuestra historia, una crítica al Presidente Piñera. Pero otros más serios señalan que esta es una crisis del Estado de Chile, no de un gobierno. ¡Es una crisis del Estado de Chile! En consecuencia, todos tenemos que enfrentarla para resolverla adecuadamente.
Podrá el Presidente de la República tener un 10,3 por ciento de adhesión en las encuestas, pero me pregunto: ¿Cuánto porcentaje de adhesión ciudadana tiene el Senado? ¿Cuánto tienen los partidos? ¿Cuánto tiene el Partido Socialista?
Tenemos que actuar con humildad, sin arrogancia, reconociendo nuestros errores, no con esta actitud soberbia de decir: "Tú eres más responsable que yo. Yo no reconozco mi responsabilidad". Miren que cosa más increíble: ¡No reconocen responsabilidad! ¡Pero si gobernaron veinticuatro años!
¿Quién creó las sanitarias en nuestro país? ¿Nosotros o ustedes?
¿Quién creó el sistema de las concesiones, que hoy día son los tag? ¿Nosotros o ustedes?
¡Perdónenme! Actuemos con responsabilidad.
Y vuelvo a reiterarlo: esta acusación constitucional no se fundamenta. Y tan importante es el que no se fundamenta que la mayoría de ustedes han utilizado argumentos absolutamente distintos para justificarla, ¡absolutamente distintos para justificarla!
Señalar que la única manera que se le puede decir a un Gobierno, representar esto, es abandonar el escrito, el hilo de lo cual tenemos que enfrentar para sacar una responsabilidad política, creo que habla muy mal de cómo se resuelven las cosas.
Reitero: aquí hay un esfuerzo muy importante del Gobierno del Presidente Piñera, impulsado por el Ministro Chadwick, de modernizar, de perfeccionar, de fortalecer Carabineros, en base a una situación de transparencia frente a la ciudadanía y a las instituciones.
Por primera vez se coloca una norma clara, contundente, de control civil respecto a Carabineros.
Por primera vez existe una normativa en la Ley Orgánica de Carabineros en orden a que el Ministro del Interior y Seguridad Pública es el que tiene que aprobar los planes operativos, toda la acción de Carabineros. Nunca antes se había hecho.
¿Y quién hizo eso? ¿Quién lo vino a defender aquí, a este Senado, en las Comisiones? El Ministro Chadwick.
¿Pero hoy día lo queremos acusar porque cometió omisiones "deliberadas" para permitir la violación de derechos humanos? Las actas de la Comisión de Seguridad Pública, las actas de este Senado desmienten eso categóricamente. Porque se ve el esfuerzo que realizó el Ministro Chadwick para lograr que tengamos una policía que nos dé garantías absolutamente a todos. Vuelvo a decir: se tuvo que hacer cargo de una policía en crisis, una policía con serias dificultades, y, por lo tanto, debió tomar medidas extraordinariamente duras para evitar que esa política siguiera así, para que sus desórdenes financieros o esas alteraciones de prueba se presentaran en los tribunales y se pudiera seguir adelante. Porque lo importante aquí es investigar, detener a las personas que verdaderamente son culpables, y no inventar pruebas para detenerlas, como se hizo en la "Operación Huracán", que significó el silencio de muchos, ¡el silencio absolutamente de muchos!
¡Y creo que no hay mayor violación a los derechos humanos que inventarle una prueba a una persona para tenerla detenida ilegalmente!
Esa sí que es una situación límite. Y hay declaraciones de autoridades políticas de la época, superiores a Carabineros, respaldando el accionar de esta institución.
Por lo tanto, actuemos con responsabilidad política y con seriedad para enfrentar una acusación que no tiene fundamento, que no se sostiene y que será un baldón político negativo que va a afectar, que generará consecuencias particularmente en lo relativo a la necesidad de acuerdos que tiene el país para poder salir adelante de las dificultades que tenemos hoy día.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señora Presidenta, hace 54 días venimos siendo testigos de la crisis social más profunda desde el retorno a la democracia y, probablemente, una de las más graves de toda nuestra historia republicana.
Es una crisis sistémica y de magnitudes insospechadas. Es, tal vez, la consecuencia de un cambio de época que nos muestra que muchas instituciones y formas de organización de la sociedad están quedando obsoletas.
De alguna manera, es una crisis mundial, y por eso se han repetido en distintos países movilizaciones con algún grado de similitud a las que hemos vivido en Chile.
Considerando lo anterior, pretender que las responsabilidades son de un solo gobierno o de una sola persona es un error que la historia sabrá juzgar posteriormente. Atrincherarse en esa idea es algo que aporta únicamente en la esfera personal, pero que nada contribuye a buscar soluciones que permitan adaptar nuestra institucionalidad a las exigencias de la sociedad chilena.
Por eso, y a veces transformándome en blanco de críticas, en algunos casos de mi propio sector, he asumido la actitud que -creo- le corresponde adoptar a un Presidente del Senado en medio de una situación como esta: que es estar siempre disponible para dialogar, para acercar posiciones, para lograr entendimientos que permitan avanzar. Aunque se avance poco, incluso un centímetro, lo que no nos puede pasar como país es que terminemos retrocediendo.
Aquí todos y todas tenemos algún grado de responsabilidad, y debemos hacernos una autocrítica completa como mundo político. Así se lo expresé públicamente, el domingo 20 de octubre, al Presidente Piñera, junto al entonces Ministro del Interior Andrés Chadwick, cuando nos invitó a los otros Poderes del Estado a La Moneda.
Pero en Chile este cambio de época está produciendo una fractura social mucho más fuerte que en otros países, y ha desatado una ola de violencia y destrucción que todos hemos condenado enérgicamente. Es que nuestro país tiene algunas particularidades: nuestros niveles de desigualdad son similares a Ruanda; tenemos uno de los peores sistemas de regresión tributaria del mundo (porque antes de impuestos y después de impuestos estamos prácticamente iguales), y los derechos sociales han sido transformados en mercancías que se transan en el mercado.
Y en eso tenemos que ser muy claros: el que todos tengamos algún grado de responsabilidad no significa que todos seamos igualmente responsables.
Desde la vuelta a la democracia, hemos estado regidos por una Constitución que ha actuado como una camisa de fuerza frente a los cambios. Por suerte, hoy día hemos abierto un camino constituyente desde este mismo Senado. Pero, ¡vaya paradoja!, abrir ese camino habría sido imposible sin aquella sensación que rondaba en los días previos al 15 de noviembre: de que el sistema democrático estaba al límite. Fue esa presión la que hizo que sectores que siempre se habían opuesto a las transformaciones profundas cedieran en sus posiciones. ¡Y todos tuvimos que ceder!
Por otro lado, tenemos un Gobierno que desde el día uno de su mandato quiso por todos los medios profundizar el modelo y hacerlo aún más extremo. Eso lo vimos en esta Corporación en los distintos mensajes que se habían presentado antes de la crisis. Un Gobierno que, conociendo las necesidades de amplios sectores de nuestro país, nos había planteado el Presupuesto del sector público con menos crecimiento en diecisiete años (algo que luego de la crisis se corrigió, y es el presupuesto que más creció en diez años).
Por eso tal vez creyeron que resistirse a bajar la tarifa del Metro en 30 pesos era una buena idea y que con pura represión a los estudiantes, quienes llevaban varios días manifestándose antes del 18 de octubre, se podía resolver el problema. La verdad sea dicha, mucho antes del 18 de octubre, hace ya más de un año, en esta misma Sala, en la misma Comisión de Educación, algunos especialistas nos alertaban y advertían del daño profundo que nos estábamos ocasionando como país al estigmatizar y criminalizar a menores de edad en el marco del proyecto Aula Segura.
¡Pero no! La gente se cansó y la olla a presión explotó.
Hoy nos toca ejercer una de nuestras atribuciones exclusivas como Senado y declarar si el ex Ministro Andrés Chadwick es o no responsable político de la acusación que se le imputa, en particular respecto a su posibilidad o no de haber evitado las violaciones a los derechos fundamentales durante las jornadas de protesta.
Hoy nos corresponde actuar como jurado, dando término a un proceso, que, según el profesor Silva Bascuñán, busca fundamentalmente poner al margen del desempeño de funciones públicas de la más elevada relevancia e importancia a quienes no se muestren a la altura de la misión recibida y dar paso a la aplicación de sanciones.
Cabe señalar que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública legalmente detenta las siguientes responsabilidades en materia de control del orden público, de conformidad con la ley N° 20.502:
-Le corresponde "Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional", de acuerdo con el artículo 3°, letra b);
-Concentra la decisión en materia de orden público, según el artículo 1°;
-Es el superior directo del General Director de Carabineros, conforme al artículo 22, que modificó la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros. Al respecto, cabe tener presente que el uso de la fuerza por parte de Carabineros no es autónomo, sino que dichos funcionarios uniformados actúan a requerimiento de la autoridad administrativa, tal como lo prescribe el artículo 4° de su Ley Orgánica al precisar que -comillas-: "prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio -legítimo- de sus atribuciones".
Teniendo eso claro, y considerando las graves vulneraciones a los derechos humanos que han tenido lugar en nuestro país, en particular aquellas ocurridas durante el período de estado de emergencia, que coincidió con Andrés Chadwick al mando del Ministerio del Interior, la pregunta que cabe resolver es si él podía o no haber evitado esas situaciones tan horrorosas.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el término del mandato del ex Ministro Andrés Chadwick, los civiles heridos ascendían a 890 hombres adultos, 159 mujeres adultas y 68 niños, niñas y adolescentes. De ellos, 24 fueron heridos por disparos, mientras que 123 presentaron lesiones oculares. Entre esos casos se describen algunas situaciones realmente aberrantes, como aquel de violencia sexual contra un estudiante de medicina en Pedro Aguirre Cerda.
En la misma línea, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico constata en su Informe de atención de lesionados la existencia de 1.183 pacientes atendidos por lesiones relacionadas con disturbios entre el 18 y el 22 de octubre. Se destaca en el mismo informe el "Balance de trauma ocular", que distinguía a esa fecha 29 pacientes con trauma ocular severo, 15 con estallido ocular y 9 con visión cero al ingreso.
Todo lo anterior sin contar las denuncias por detenciones ilegales, las formalizaciones por torturas y, por supuesto, los al menos cinco casos de muerte donde se investiga como principal responsable a un agente del Estado.
En las horas y días posteriores al estallido social, además de la declaratoria de estado de emergencia, que en lo personal no compartí, pero que entiendo como parte de las atribuciones exclusivas del Gobierno, se instaló por parte del Ejecutivo un lenguaje bélico que dejó en un segundo plano el necesario lenguaje de diálogo, cuestión que fue coronada por la desafortunada frase del Presidente de la República cuando señala que "el país está en guerra contra de un enemigo poderoso".
Pero la verdad es que ese lenguaje no nació en esos días. Venía siendo una constante en este Gobierno y en el mandato del ex Ministro Chadwick.
A propósito del asesinato de Camilo Catrillanca ocurrido el 14 de noviembre de 2018, ya lo habíamos advertido. Le dijimos en todos los tonos al Gobierno, incluso en esta misma Sala, que la utilización de un lenguaje y de un despliegue de guerra lo único que puede traer de vuelta es muertes y heridos.
Más allá de cada una de las investigaciones penales que deben realizarse y de las sanciones que todos esperamos para quienes resulten responsables, es del todo evidente que cuando las autoridades políticas, y en especial quien tiene la subordinación de las Fuerzas de Orden y Seguridad, le hacen sentir al país que estamos en guerra aumentan las probabilidades de que las fuerzas que están en la calle se alejen de los protocolos, cometan abusos y terminen dañando a personas inocentes, como ha ocurrido con tantos manifestantes pacíficos.
El ex Ministro Chadwick validó y respaldó la estrategia de la guerra interna: "La guerra la están haciendo a través de la violencia aquellos grupos vandálicos", fue una de sus declaraciones el 21 de octubre.
Creo que fue un profundo error.
El Estado no puede hablar de guerra contra sus ciudadanos. ¡Contra ninguno!
A los delincuentes, a los saqueadores, a los violentistas, se les combate, se les investiga y se les detiene. No se les declara por los medios de comunicación una guerra mediática inconducente y que puede terminar con vidas inocentes.
Los cientos de casos de disparos a quemarropa y directos al rostro de manifestantes, que han dado la vuelta al mundo y que le han reportado un daño gigantesco a la imagen internacional de Chile, no fueron responsabilidad directa de Andrés Chadwick. Él no apretó el gatillo y probablemente no tenga responsabilidad penal. Pero el clima bélico y el lenguaje de la guerra, que en su rol contribuyó a generar, pueden haber influido en que esos agentes del Estado, en ciertos casos concretos, actuaran de manera más laxa frente a los protocolos y las instrucciones que habían recibido.
Creo firmemente que el Gobierno podría haber actuado mejor en materia de respeto a los derechos humanos, dando señales mucho más claras desde un comienzo.
La historia muestra que se puede y se debe hacer.
El 31 de mayo de 2006, en plena revolución pingüina (la misma generación de universitarios que salieron a las calles en el 2011 y ahora convertidos en trabajadores lo hacen este 2019), la Presidenta Bachelet dio frente al país una señal pública de disconformidad con el actuar de Carabineros, luego de que dos camarógrafos y un fotógrafo resultaran heridos en una marcha, tras lo cual se tomaron acciones orientadas a la prevención de estos hechos.
En esta oportunidad, y frente a situaciones muchísimo más graves, el Gobierno del Presidente Piñera y el ex Ministro Andrés Chadwick no actuaron ni con la mitad de dicha decisión frente a los excesos de la fuerza policial.
Durante el estado de emergencia, en ninguno de sus discursos el ex Ministro Chadwick puso el énfasis que se requería en torno a las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas.
Tampoco envió los mensajes de moderación que se necesitaban hacia las Fuerzas Armadas y de Orden. Existieron omisiones y las consecuencias de ellas fueron muy graves.
Como Senador integrante de la Comisión Especial de Infancia, no puedo dejar de hacer mención a la situación vivida por nuestros niños, niñas y adolescentes.
La Defensora de la Niñez es dura en su diagnóstico y señala que estas violaciones a los derechos humanos vienen desarrollándose desde mucho antes del estallido social, particularmente sobre grupos específicos: mapuches, niños en situación de calle, adolescentes, estudiantes secundarios, los mismos que han sido criminalizados -reitero- desde hace bastante tiempo.
En lo que respecta a la situación vivida entre el 18 y el 28 de octubre, la Defensoría de la Niñez ha podido constatar vulneraciones al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica; al derecho a la salud; al derecho a la educación y a la libertad ambulatoria de niños, niñas y adolescentes. Cinco niños fueron afectados por lesiones de bala; veintitrés niños víctimas de agresiones físicas; trece menores víctimas de perdigones disparados por personal policial, tres con traumatismos oculares y cuatro sin información.
La decisión que estamos tomando es muy difícil.
Conozco a Andrés Chadwick. Es más, pocos días antes del inicio de la crisis habíamos firmado un protocolo transversal en este Senado para generar importantes cambios en la legislación sobre porte de armas. Pese a nuestras radicales diferencias ideológicas, sé de su compromiso con Chile y con el servicio público.
Pero las situaciones complejas nos ponen en estos tránsitos.
Una de las grandes victorias de la humanidad es que cada violación a los derechos humanos de una persona debe transformarse en un dolor y un constreñimiento para la sociedad toda. Y en Chile no ha habido una, sino muchas, demasiadas.
En tiempos de incertidumbre, tengo dudas sobre muchas cosas. Pero hay una sobre la cual no tengo duda alguna: se pudo y se debió haber hecho mucho más para evitar las heridas, las violaciones, las mutilaciones y las muertes.
Por eso, señora Presidenta, votaré a favor de los dos capítulos que contiene esta acusación constitucional.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señora Presidenta, cuando se llega a estas alturas del proceso jurídico-político que tenemos en frente, son muy pocos los elementos nuevos que se pueden agregar al debate.
Si miramos hacia atrás, comprobaremos que hemos estado examinando el fondo del asunto por casi dos meses, desde que se estableció el estado de emergencia.
Hemos conocido el contexto en que ocurrieron los hechos; hemos oído los juicios de observadores externos; hemos conocido muchos y diversos testimonios de quienes han visto lesionados sus derechos, así como también hemos revisado informes en derecho, arribado a consensos y expresado divergencias.
El último de estos eventos fue la lúcida y explícita deliberación de la Cámara de Diputados, y los alegatos escuchados en el día de ayer.
Solo queda resolver en conciencia. Lo nuevo será el veredicto de este Senado.
He reflexionado mucho sobre este momento. He meditado en los valores y principios que justifican mi labor parlamentaria y, sobre todo, he procurado entender, sentir y compadecerme del dolor de cientos y miles de víctimas en nuestro país.
Es debido a estas motivaciones que una acusación constitucional me resulta algo muy serio para sancionar acciones muy graves.
Lo que ha ocurrido en Chile no tiene parangón alguno con la historia de los últimos treinta años. No hay nada que se le compare en magnitud e implicancias para la vida en común de los chilenos y las chilenas.
Las cifras de víctimas fatales, de heridos, de detenidos, de niños y niñas reprimidas, de mujeres ultrajadas son extraordinarias para el breve período de tiempo en que ocurrieron los hechos que estamos juzgando.
Pero lo más lacerante es la imagen de un país perplejo, de un pueblo que no puede creer cómo fue posible desencadenar tanta violencia, con tanta fuerza, con tanta saña y con tanta impunidad contra ciudadanos inermes.
¡Cómo pudo ocurrir una degradación tan grande del valor acordado a la dignidad de las personas y un desdén tan desembozado por las convenciones que garantizan sus derechos fundamentales!
¡Cómo fue posible el retroceso de la democracia que veníamos construyendo y del Estado constitucional de derecho creado para fijarles límites al poder, al monopolio de la fuerza armada y al ejercicio de la violencia legítima, y garantizar así la integridad física y espiritual de las personas!
Asistimos a un punto de inflexión histórica, a un antes y un después de la conciencia política nacional, a una ruptura de nuestras formas de vida y de pensamiento. La mentalidad de Chile ya no es ni será nunca como era antes del 18 de octubre. Difícilmente consentirá que las únicas responsabilidades intervinientes fueron las de aquellos que presionaron el gatillo, lanzaron la lacrimógena o abusaron de su poder contra los detenidos, no solo porque es un argumento inaceptable, cuando la especie de que se trata es una multiplicidad de actos delictivos cometidos por agentes del Estado que exhiben patrones comunes, que tienen como objetivo a la población civil que se manifestó en las protestas sociales: es también inaceptable, porque todo el edificio institucional, desde la base hasta la cúspide, desde la historia pasada hasta la historia reciente, así lo confirma.
El Ministro del Interior es la autoridad política responsable de los agentes de orden bajo su dependencia. Es quien tiene la responsabilidad final de los actos, sea en sus aciertos o en sus errores. Lo contrario sería aceptar que las policías constituyen órganos autónomos del poder civil que se controlan y regulan a sí mismas.
Es un hecho avalado por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que en Chile se han cometido excesos injustificables de la fuerza pública contra las personas que se manifestaban pacíficamente, mientras grupos cuyo origen claro y preciso aun el Gobierno no logra identificar realizaban actos vandálicos.
En ambas situaciones, tanto en el uso de la fuerza desmedida observada en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público como en la falta de la producción de inteligencia para desenmascarar a los autores e instigadores de los actos de violencia, incendios y saqueos, la responsabilidad política es del Ministro del Interior.
El artículo 1° de la ley N° 20.502 establece que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es "el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias, y coordinará, evaluará y controlará la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social, en la forma que establezca la ley y dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior".
El artículo 2° señala que "Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 101 de la Constitución Política de la República, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública será el Ministerio encargado de la seguridad pública.".
El artículo 3°, letra b), establece que, además de estas facultades, al Ministerio del Interior le corresponde "Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.".
El decreto N° 1.364, publicado el 13 de noviembre del año 2018 en el Diario Oficial, del Ministerio del Interior, dispone en su artículo primero los "Lineamientos generales sobre el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público", y enuncia en detalle los comportamientos que esta fuerza debe tener.
En su artículo segundo dispone la "Revisión y actualización periódica de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público.".
Y, en su artículo tercero, ordena que Carabineros de Chile debe presentar informes al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por medio de la Subsecretaría del Interior, que contengan información estadística relativa al uso de la fuerza y episodios violentos, y que esta información debe estar desagregada por región y provincia.
La circular N° 1.832, del 1° de marzo del 2019, emitida por el Director General de Carabineros, instruye el uso de la fuerza por parte de Carabineros, en cumplimiento de lo ordenado en el decreto N° 1.364 recién citado y dictado por el Ministro del Interior.
Pues bien, de toda esta normativa deriva la responsabilidad del ahora ex Ministro Andrés Chadwick en los excesos cometidos por agentes del Estado en contra de manifestantes.
Sin embargo, como se deduce en diversos informes elevados a las cortes de apelaciones respectivas, el ex Ministro deslinda esta responsabilidad que imputa a los funcionarios policiales y militares que se excedieron en el uso de la fuerza pública y, eventualmente, a sus superiores jerárquicos.
En uno de esos recursos, presentados en conjunto con el Senador Navarro, el Colegio Médico, el Colegio de Periodistas y quien habla, en el informe rol N° 2202-2019, del 25 de octubre pasado, con el cual el Ministerio del Interior procura salvar la responsabilidad de mando del Ministro, puede leerse lo siguiente: "que estas situaciones se enmarcan dentro de la responsabilidad que le cabe a cada uno de los funcionarios que incurre en estos hechos ilícitos, y eventualmente su superior jerárquico según sea el caso, pero de ninguna manera es el Ministro del Interior y Seguridad Pública el responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario policial en particular".
A renglón seguido, agrega que "esta Secretaría de Estado cuenta con facultades para coordinar, controlar y evaluar las acciones en materia de control de seguridad y orden público, pero no puede señalar a las fuerzas policiales ni a las de defensa nacional los procedimientos, el contingente que participa en ellos, ni los equipos o armamentos a utilizar, debido a que esa determinación compete exclusivamente a los altos mandos institucionales".
Si como sostiene el ex Ministro Chadwick, él no es responsable de alguna conducta ejercida de forma personal por un funcionario policial en particular, ¿quién es el responsable de múltiples conductas ejercidas por varios funcionarios policiales?
¿Quién es responsable cuando las fuerzas policiales no velan por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas? ¿Quién es responsable cuando las fuerzas policiales no respetan y cumplen la ley? ¿Quién es responsable cuando los funcionarios policiales hacen uso intencional de armas letales? ¿Quién, entonces, es responsable cuando funcionarios policiales hacen uso excesivo de la fuerza contra reuniones pacíficas? ¿Quién, en fin, es responsable cuando no se da estricto cumplimiento a la legislación interna y a los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile en materia de derechos humanos?
Todas esas son preguntas relativas al uso de la fuerza que se halla contenido en el decreto N° 1.364, que el ex Ministro Chadwick no ignora, pues lleva su firma.
Es el Jefe de la Defensa Nacional quien afirma que en ningún momento el Ministerio del Interior cedió jerarquía de autoridad y mando sobre Carabineros.
Pese a haber ocurrido muchos hechos bajo el estado de emergencia en Santiago, el Jefe de la Defensa Nacional, General Javier Iturriaga, señaló con fecha 6 de noviembre de 2019, en una ampliación a su informe, en el recurso de amparo N° 2202-2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que "no activó protocolos especiales para las fuerzas policiales encargadas de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad de la zona a su cargo, manteniéndose en todo momento plenamente aplicables las disposiciones contenidas en la Orden General N° 2635 de 01 de marzo de 2019".
Esto significa que la actuación de Carabineros continuó siempre bajo el mando regular dependiente del Ministerio del Interior.
La defensa nos ha señalado erróneamente que en un Estado democrático las responsabilidades sobre hechos particulares son solo personales, obviando que en los gobiernos existen las responsabilidades políticas y también las de mando, más si hablamos de actos cometidos por Carabineros o las Fuerzas Armadas. El Estado, en materia de derechos humanos, es uno solo, y como tal responde por los actos cometidos por los agentes del Estado. Por eso posteriormente las víctimas pueden pedir reparación al Estado, así como también al funcionario o funcionaria que haya cometido el daño.
Si nada de esto es real, y si todo es una ficción política destinada a presionar al Gobierno y a provocar la ingobernabilidad del país, ¿por qué renunció el Ministro Andrés Chadwick? ¿Por qué el Presidente le pide a quien ejerció la jefatura de gabinete y la Vicepresidencia de la República alejarse de la Cartera?
Más allá de los hechos y consideraciones contenidos en la acusación, y de los alegados en su defensa, no puede haber más sustento que una motivación política. El Ministro Chadwick no pudo haber resignado al cargo sino por una razón política, como es su responsabilidad en el manejo de una crisis traumática para nuestro país.
Un Ministro se aleja o es alejado por situaciones excepcionales de carácter personal, o por la asunción de una eventual candidatura a un cargo de elección, o por alguna afectación de carácter moral sobreviviente o conocida con posterioridad. Pero no hay antecedentes en nuestra democracia reciente de un Ministro que, después de haber renunciado a su cargo, haya sido sometido a un juicio político. Bastaba con su propia evaluación o la del Presidente, en ambos casos, obviamente de carácter política, para justificar su dimisión sin más ruido que el que despertara la noticia en el momento.
¿Por qué se acusó constitucionalmente al señor Chadwick después de haber renunciado al cargo?
¿Qué tuvo que ocurrir para que por primera vez en la historia se acusara constitucionalmente a un Ministro de Estado después de haber abdicado?
No hay respuesta más verosímil que la que enseñan la razón y la sensatez de juicio. Para que el Ministro dimitiera y, además, fuera acusado, los hechos que se le imputan a su responsabilidad como autoridad solo pudieron haber sido muy graves, porque de otro modo su alejamiento no tendría hoy al Congreso Nacional debatiendo su culpabilidad por no haber respetado la Constitución y las leyes o por haber dejado a estas sin ejecución.
Con ello me refiero también a uno de los argumentos señalados por la defensa del ex Ministro y por la Senadora Ena von Baer, cual es que su responsabilidad política estaría asumida con el solo hecho de su renuncia. Si la renuncia es la forma de asumir la responsabilidad política, entonces, ¿por qué la propia Constitución establece un plazo claro y preciso para que las autoridades puedan ser acusadas aun después de su alejamiento del cargo?
Claramente se trata de un argumento inconsistente. Para la Constitución no es suficiente la renuncia para asumir la responsabilidad política. Por eso permite acusarlo incluso después de dejar de ser Ministro.
Finalmente, señora Presidenta, quiero centrarme en un aspecto de la defensa que el abogado Hermosilla señaló el día de ayer, no sé bien con qué propósito. Se trata de la presentación que realicé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de la acusación constitucional de la que yo misma fui objeto hace más de una década y sobre la cual no guardo rencor...
Le pido que me conceda un minuto adicional, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Ya se lo otorgué, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.- Tengo derecho a vindicación.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Necesito que lo solicite, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.- Pido más tiempo, conforme a mi derecho a vindicación, señora Presidenta.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Puede continuar, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.- Gracias.
Decía, señora Presidenta, que se trata de la presentación que realicé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de la acusación constitucional de la que yo misma fui objeto hace más de una década y sobre la que no guardo rencor alguno.
Mi origen, mis principios, mi vida y mi familia han permitido reconstruirme en paz, por muy injusto que haya sido ese momento y sus consecuencias inmediatas.
El alegato presentado relativo a la prohibición de ocupar cargos públicos durante cinco años ha sido rechazado por el propio ex Ministro, a partir del proyecto de ley presentado por los Senadores Núñez y Pizarro el año 2008. Entiendo, entonces, que considera que dicho castigo, ideado como una degradación cívica por el fallecido Senador Jaime Guzmán, es correcto y debe ser aplicado cuando corresponde.
Por mi parte, concurriré con mi voto positivo a cualquier propuesta de reforma que termine con dicha situación.
Este Senado tiene un deber moral con las víctimas de la violencia padecida; tiene un juramento con Chile y con sus instituciones; tiene una responsabilidad con el mañana, con la justicia, con la libertad, con la caridad hacia los que sufren. El país espera una respuesta que esté a la altura de su madurez y de sus expectativas de paz y concordia.
Sin perjuicio de lo que puedan resolver los tribunales de justicia respecto de la conducta del ex Ministro Andrés Chadwick, los antecedentes conocidos me llevan, en conciencia y como jurado, a reconocer la responsabilidad política del personero acusado en los hechos acontecidos desde el inicio del llamado "estallido social" del 18 de octubre y hasta que hizo abandono de su cargo.
Por eso, votaré a favor de los dos capítulos de esta acusación.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.- Antes de comenzar mi intervención, deseo expresarles mi solidaridad a las familias de los tripulantes y pasajeros del vuelo de la Fuerza Aérea de Chile que iba con destino al territorio antártico chileno y que despareció en el mar de Drake.
Mis oraciones están con ellos y con los rescatistas que hoy se hallan comprometidos en su búsqueda.
Señora Presidenta, hemos sido convocados ahora a votar como jurado, de acuerdo a nuestra Constitución Política, reformada -y quiero recordarlo- el año 2005 con la firma del entonces Presidente Ricardo Lagos, que en su artículo 53, N° 1), señala que nos debemos limitar a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa
Un año antes, el 2004, se promulgaba la ley N° 19.974, que establecía el Sistema Nacional de Inteligencia del Estado. Han transcurrido quince años en que nuestro Estado de derecho ha sido ajustado y adaptado, viendo nacer el Ministerio Público, con la reforma procesal penal, y el trabajo de fiscales para dirigir las investigaciones de las policías; los juzgados de garantía; los tribunales especializados; la Defensoría Penal Pública, e incluso la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
También las leyes han cambiado, y con ello, los procesos asociados, como el de la competencia de los tribunales militares en tiempo de paz después del gran terremoto y tsunami del 2010.
Nuestro Estado de derecho se fue perfeccionado, pero con fragilidad, y sus falencias quedaron desnudas ese pasado viernes 18 de octubre, cuando la ciudad de Santiago fue atacada después del llamado a la desobediencia civil, superando con creces cualquier guion que alguien pudiera haber imaginado.
La realidad superaba a la ficción: con minutos de diferencia ardían estaciones del Metro hasta su completa desintegración y se atacaba el centro de despacho eléctrico principal de la ciudad.
Sobrevino el caos total: la primera víctima, el sistema de inteligencia nacional, que no fue capaz de advertir un riesgo de tan grande naturaleza, lo que hubiese permitido alertar a las autoridades de Gobierno con anticipación para enfrentar esta situación de la mejor forma.
El Foro Económico Mundial publica todos los años el Informe de Riesgos Globales, y en la última versión de la matriz de riesgo del 2019 ubica la inestabilidad social profunda con la misma probabilidad de ocurrencia que el colapso de la infraestructura crítica de la información. Si esto no fue advertido con oportunidad, es imposible luego, solo con la fuerza pública, contenerlo.
Carabineros de Chile es una institución jerarquizada de carácter militar, de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes, y su rol es insustituible para el mantenimiento del orden público, para lo cual dispone de la fuerza pública. Esa fuerza pública, solo en las ciudades de mayor tamaño, está materializada por unidades especializadas de fuerzas especiales equipadas para contener las manifestaciones en los sectores definidos y autorizados, y en caso de que una parte de ella accione de forma violenta, actuar con capacidades especiales que incluyen armamento menos letal, cuyo uso se encuentra reglamentado y recientemente actualizado por la circular N° 1.832, del 1 de marzo de 2019, emitida por el General Director de Carabineros de Chile para conocimiento de toda su institución.
Son más de 60 mil hombres y mujeres que sirven a la patria con la convicción de dar su vida en el cumplimiento del deber para protegernos, desde Visviri, en el extremo norte, hasta el retén de Puerto Toro, en la isla Navarino en el canal Beagle; y también aquí, en nuestro Congreso Nacional.
Hoy todos ellos son estigmatizados como violadores de derechos humanos.
Se discute, entonces, el tipo de dependencia de esta policía al Ministro del Interior y Seguridad Pública para fundamentar la acusación. Las fuerzas policiales deben ser las primeras en cumplir la ley, y ellas sirven al país "conforme a las leyes y reglamentos vigentes". Así lo señala en su promesa o juramento todo hombre o mujer que se incorpora a Carabineros, en el juramento a la bandera. Si se revisa en detalle el accionar del Gobierno y de este Parlamento, se advertirá que aquel ha tenido por propósito, precisamente, perfeccionar estas leyes y reglamentos vigentes, que nuestros carabineros deben cumplir. Si esto no ocurrió, es porque todos hemos fallado.
Nuestra frágil democracia, construida con tanto esfuerzo, ha sido llevada al límite y hoy, si no actuamos con prudencia, la podemos debilitar aún más.
Este es, pues, el contexto que le tocó vivir al ex Ministro del Interior Andrés Chadwick por diez días, ente el 18 y el 28 de octubre de este año, y por el cual se lo acusa, desconociendo todo lo que no se hizo bien con anterioridad. No se fortaleció a tiempo un sistema de inteligencia nacional, no se equipó adecuadamente a las policías ni se las entrenó para poder contener escenarios tan complejos como el vivido. Era imposible, entonces, estar preparados para enfrentar lo que ocurrió.
Respecto de la presentación de la acusación realizada el día de ayer por los Diputados, me permito comentar primero el carácter emocional de la argumentación realizada por ellos.
Han vertido en la formalización de la acusación una serie de afirmaciones que terminan siendo verdaderas declaraciones de principios o aspiraciones: "justicia, no venganza", "responsabilidad política, no revancha". Incluso, uno de ellos hace una petición casi dramática en orden a que se acoja esta acusación, señalando que no es necesario exigir de ella mayores argumentos jurídicos, porque es política, y como tal debe aceptarse por el solo hecho de ser presentada, con la agravante de que todos los partidos políticos de Gobierno están en minoría en el Congreso Nacional. Así, no se puede ser jurado.
La argumentación emocional no debe ser un elemento decisorio o diferenciador en este mecanismo de acusación constitucional. La argumentación de una acusación tan grave como esta, debe contener "hechos y pruebas".
La argumentación de los acusadores se desarrolló, finalmente, en torno a la falta de prueba.
Si bien la acusación constitucional tiene un fuerte componente político, su naturaleza es más bien mixta. En efecto, se acepta por gran parte de la doctrina que este mecanismo tiene un elemento jurídico y un elemento político. El aspecto jurídico de esta figura exige la presencia de ciertos requisitos propios del debido proceso; entre otros, el respeto al principio de legalidad, el derecho a defensa y la demostración de los hechos imputados, es decir, la prueba.
Los Diputados acusadores han insistido en negar el carácter penal del juicio, pero tenemos que aceptar que en cierto modo este tipo de juicios tiene una condena, manifestada en la destitución y posterior inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Esa destitución no fue necesaria, como sí ocurrió en todos los casos anteriores de acusaciones constitucionales, donde quienes fueron hallados culpables debieron dejar sus cargos. Tal como lo señala el señor Andrés Chadwick en la sesión de ayer, al terminar su derecho a dúplica, él tomó la decisión política más importante de su vida al presentar su renuncia como Ministro del Interior al Presidente de la República, al término de la marcha más grande que se recuerde en nuestra historia, ese viernes 25 de octubre. Este es, precisamente, el balance de poderes requerido en un Estado con sistema presidencial que han señalado Senadores que me han antecedido, ejecutado de la forma más digna y que enaltece la política, al dar un paso al lado sin esperar a tener que ser acusado constitucionalmente para dejar el cargo.
Quiero destacar que esa gran manifestación del 25 de octubre será recordada no solo como un hecho histórico, de cobertura mundial, sino porque ocurrió dentro de un estado de excepción constitucional, que facultaba incluso a restringir el derecho constitucional a la libertad de reunión, considerada en el estado de emergencia vigente entonces. Pero, como todos vimos, y el mundo fue testigo de ello, se pudo desarrollar pacíficamente y con una gran convocatoria, dando cuenta de que no había una suerte de política de uso indiscriminado de la fuerza por parte del Ministro y, por ende, de Carabineros.
Este solo antecedente no puede pasar desapercibido ante quienes hoy debemos ejercer nuestra calidad de jueces, considerando que, con este acto político, personal y en conciencia Chadwick resolvía la parte más importante, que es fundamental en la existencia de este mecanismo de acusación constitucional para mantener los equilibrios de poder. La persona con el mayor poder en el Gabinete, dejaba su cargo.
Sin embargo, uno de los fundamentos más fuertes presentados por parte de los acusadores fue el atribuirle al Ministro la calidad de "garante de los derechos humanos", siendo la calidad de garante una categoría penal, por lo que se contradicen nuevamente con su argumento de negar el carácter penal del juicio. Esto se debe corregir en la acusación, dado que este es un juicio político.
En ese sentido, la acusación adolece de un importante defecto, que es el contener una serie de hechos y situaciones enumerados, pero cuya veracidad y ocurrencia se encuentra en espera de verificación dentro del debido proceso.
Por ello, durante la dúplica el abogado defensor hizo presente que mientras se desarrollaba la audiencia, se anunció por la prensa el retiro de la querella por parte de la Fiscalía precisamente respecto a uno de los hechos expuestos en la acusación. Es decir, durante la defensa quedó de manifiesto que uno de los hechos imputados no era tal.
Se ha mencionado también el inciso segundo del artículo 5o de la Constitución Política, donde se señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.
Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por nuestra Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, debiendo también tener presente el respeto a los derechos de la mayoría de la población, lo que hace necesaria la mantención del orden público. Ese es el desafío esencial de todo gobierno que cree en la democracia y en el valor del Estado de derecho.
No existe un funcionamiento totalmente ideal de los mecanismos que permiten la mantención del Estado de derecho durante graves crisis sociales. Al parecer, los acusadores pretenden que el Estado ideal en esas condiciones es aquel que se alza como un mero espectador frente a las vulneraciones de derechos que pueda sufrir la población civil.
El problema es que siempre existirá la posibilidad de que la actuación destinada a contener o a disuadir la propagación de la violencia produzca excesos, abusos e incluso la comisión de delitos, que sin duda deben ser sancionados y perseguidos, pero ello no significa que el Estado debe ser un ente que actúe prácticamente como facilitador de la comisión de delitos durante una manifestación que se torna violenta.
La votación en conciencia como jurados no significa que los Senadores deban votar por cuestiones meramente emocionales o partidistas, prescindiendo de toda otra consideración. Debe existir una ponderación entre el fundamento de lo que se imputa y la proporcionalidad de la sanción.
En esta acusación se ha afirmado que el acusado incurrió en omisiones deliberadas. ¿Es eso comprobable? ¿Fue probado en la acusación? A mi parecer, no.
La inclusión de hechos posteriores al 28 de octubre de 2019 dentro de la responsabilidad política del acusado debe quedar fuera de todas las consideraciones y los fundamentos vertidos en la acusación, por corresponder al día en que el acusado dejó de ser Ministro.
Respecto de las graves acusaciones donde se le señalan la ausencia de actuaciones concretas para impedir la ocurrencia de hechos constitutivos de violaciones a los derechos humanos, entre otros, estos fueron citados largamente por la defensa, señalando los documentos y actuaciones emanadas del ex Ministro destinados a evitar situaciones que, desde todo punto de vista, son totalmente reprochables cuando se afectan los derechos humanos.
En resumen, nuestro frágil Estado de derecho ha sido capaz de funcionar de la mejor forma que ha podido en una de las crisis sociales más graves que nos ha tocado vivir, en donde nadie puede estar sobre la ley y quienes así lo hayan hecho deben responder por sus actos. Para eso, todos tenemos el derecho al debido proceso, para responder por nuestras acciones personales y no por las cometidas por terceros, como las que se le imputan al ex Ministro.
No puedo cerrar mis palabras sin hacer una especial mención sobre un concepto que estimo fundamental rescatar para el país y para las generaciones venideras. Tenemos que hacernos cargo del hecho de que el Congreso Nacional figura entre las instituciones menos valoradas por la sociedad a la cual servimos. Es duro, pero es evidente que algo estamos haciendo mal. No estamos cumpliendo las expectativas de servicio público que nuestros compatriotas nos mandataron.
Hoy tenemos la responsabilidad de emitir un juicio político respecto de la evaluación del servicio público que prestó un Ministro de Estado. La señal que vamos a dar aquí tiene dos salidas: o presentamos al ex Ministro Andrés Chadwick como un mal ejemplo de servidor público, para el escarnio de la sociedad, lo inhabilitamos luego por cinco años para ejercer cargos públicos y lo exponemos ante el país como un ejemplo de cómo no hay que comportarse; o bien, reconocemos que el ex Ministro tuvo una trayectoria de servicio público en distintas funciones y especialmente como Ministro del Interior y Seguridad Pública en una de las situaciones de insurgencia más violentas que el país ha debido enfrentar en las últimas décadas.
Ninguno de los argumentos ni las pruebas presentadas por los acusadores apunta a desacreditar el servicio público demostrado por el ex Ministro Chadwick. Incluso, algunas de las pruebas presentadas para fundamentar esta acusación política han sido desestimadas ya por la justicia en el marco de las investigaciones amparadas por el debido proceso.
Quiero recordarles algo que un Primer Ministro británico de apellido Churchill siempre les preguntaba a sus cercanos: "¿Tiene enemigos? Bien. Eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida".
Por eso, voto en contra de esta acusación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, hoy día se acusa al ex Ministro señor Andrés Chadwick de infringir la Constitución y la ley afectando los derechos humanos con ocasión del mantenimiento del orden público y de la dictación y aplicación del estado de emergencia.
Me parece relevante, aunque resulte reiterativo, recordar la secuencia de los hechos, pues creo que ilustra y permite comprender cabalmente lo que está en juego en esta acusación.
El 14 de octubre comenzaron diversas manifestaciones en las estaciones del Metro de Santiago, realizadas especialmente por estudiantes secundarios, destinadas a rechazar el alza en el valor del transporte público. Se trató inicialmente de actos de evasión que luego fueron subiendo de nivel, incluyendo desórdenes y la alteración y suspensión de los servicios.
El viernes 18 de octubre las protestas ya eran masivas. A consecuencia de ello, se anunció el cierre anticipado de la red de Metro, con un efecto brutal en la ciudad, dificultando a millones de santiaguinas y santiaguinos retornar a su hogar.
Los hechos cobraron una violencia inusitada, incluyendo el incendio y la destrucción de estaciones de Metro y de otros recintos públicos y privados. Ciertamente, lo que vimos esa noche y los días posteriores son quizás, como ya se ha dicho en esta Sala, los hechos más complejos en la historia republicana o al menos del último siglo.
Como respuesta, el 19 de octubre el Presidente de la República, Sebastián Piñera, declara el estado de emergencia en diversas comunas.
La reacción del Ejecutivo, en mi opinión, fue desafortunada. No pareció comprender las características ni el alcance de lo que sucedía. En esa alocución el Presidente Piñera nos habló de una "guerra" y de "un enemigo poderoso", vale decir, un lenguaje que lejos de aquietar los ánimos contribuía a aumentar la incertidumbre y a encenderlos.
Más de alguien pudo recordar el episodio de la estación de Atocha, en Madrid, cuando un atribulado José María Aznar apuntó hacia ETA, cuando la responsabilidad por los atentados era derivada del fundamentalismo islámico, error que le costó el gobierno a los pocos días.
El 19 de octubre se decretó el estado de emergencia, pese a lo cual las manifestaciones continúan y se incrementan. La policía uniformada y los militares en sus mandos superiores comprenden escasamente la connotación social del fenómeno principal. A partir de eso, los errores se suceden.
Se confunde alteración del orden público con cualquier suceso que ocupe las calles e impida la circulación. Se confunde la actitud de millones de chilenas y chilenos que se expresan pacíficamente contra un modelo de sociedad desigual y abusivo con la de un grupo mucho menos numeroso, aunque ciertamente significativo y violento, que realiza pillaje y vandalismo.
Se reprime por igual. Quizás, incluso se tiene la percepción de que se actúa con mayor rigor sobre las manifestaciones pacíficas y con menor intensidad sobre los delincuentes.
Son demasiadas las imágenes, señor Presidente, de piquetes policiales golpeando severamente a civiles ya reducidos y detenidos en lugar de limitarse a aprehenderlos y ponerlos a disposición de la Justicia.
Ya el 23 de octubre se tiene una primera información pública y oficial acerca de la masividad y gravedad de estos hechos. Ese día la Comisión de Derechos Humanos de este Senado, de la que formo parte, recibió al Presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, quien detalló -aquí ya se han entregado cifras- que 1.183 personas habían sido atendidas por lesiones en servicios de urgencia hospitalarios de la red de salud pública, diez de ellos con riesgo vital.
Agregó ya en esa época, en esos días, que un 5 por ciento fue herido por perdigones o balines; 17 por ciento por armas de fuego; 10 por ciento por golpes; 4 por ciento por impactos de bombas lacrimógenas a corta distancia, y 4 por ciento por impactos en el cráneo.
Por su parte, en la misma sesión el Vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, expuso que solo en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital Salvador se había atendido a 29 pacientes, 2 de ellos niños, 15 de los cuales presentaban estallido ocular. Agregó que 9 personas ingresaron con pérdida total de su visión y que muchos de ellos tendrán ceguera o secuelas visuales de por vida.
Señor Presidente, el 23 de octubre, apenas cinco días después de iniciado el estallido social, el Senado y la opinión pública tuvieron conocimiento concreto, de primera fuente, de la magnitud y gravedad de estos hechos.
El 26 de octubre el Presidente de la República anunció un cambio de gabinete, el que se concretaría el lunes 28.
Al 27 de octubre las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos seguían incrementándose aceleradamente, llegando a 546 heridos por arma de fuego; 122 lesiones en el globo ocular; 4 pérdidas oculares; 103 querellas vinculadas a torturas, tratos crueles y violencia sexual; 5 homicidios cometidos por agentes del Estado, y 3.193 detenidos.
El ex Ministro del Interior señor Andrés Chadwick expuso en su defensa que no había infringido ni dejado de cumplir deliberadamente ni la Constitución ni la ley. Detalló diversas acciones que, a su juicio, apuntaron a prever y detener estos hechos, entre los cuales mencionó la dictación de los lineamientos sobre uso de la fuerza; reuniones con el Director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, señor Sergio Micco; la disposición a recibir delegaciones de organismos internacionales, y constantes llamados e instrucciones a autoridades de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Todo esto sucedió, señor Presidente. Pero ¿cuál es el problema? A mi juicio, son dos.
El primer problema es que creo que faltó energía, decisión en una materia de extraordinaria relevancia para nuestro país, más aún por nuestra historia reciente.
Como ya se ha señalado, había información oficial en esa época del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sesiones de Comisiones parlamentarias, imágenes de medios de comunicación en torno a lo que ocurría, pero se privilegió un discurso de orden y seguridad.
Los llamados a controlarlo, los calificativos gratuitos a los manifestantes, la apelación a una guerra inexistente, la invocación a enemigos nacionales y extranjeros son, evidentemente, un llamado a las Fuerzas Armadas y de Orden a actuar con severidad.
En cambio, los reproches, las llamadas a la cautela, la invocación a actuar con total celo con los derechos humanos quedaron minimizados y silenciados. No hay duda de que el tono fue muy distinto.
Ese es mi primer reproche, señor Presidente. Faltó fuerza en una materia que por nuestra historia merecía especial relevancia.
En segundo lugar, quiero remarcar que estamos ante un juicio político y no penal, como aquí ya se ha dicho. No buscamos responsabilidades ni penales ni civiles ni administrativas. Estamos ante conductas y reproche políticos.
La política, señor Presidente, es una actividad donde sin duda las intenciones son relevantes. Evidentemente, el fuero interno, la convicción son parte inherente a la acción política. Pero la política se valora y juzga esencialmente por los resultados.
La cantidad de chilenos asesinados, lesionados, mutilados, de hombres y mujeres abusados sexualmente, de detenidos, de torturados es enorme, como ya ha sido señalado, muy superior a la de otros países que han enfrentado conflictos similares.
Más allá de la intención del ex Ministro señor Chadwick, más allá de su trayectoria y calidad personal que no pongo en duda y que valoro, creo que el resultado de su gestión en términos de la protección de la vida, de la integridad física y psíquica de los chilenos y las chilenas en esos días es cuestionable.
Nadie podrá decir que fue exitoso en la defensa de los derechos humanos, cuando miles de chilenos y chilenas los han visto vulnerados de un modo tan dramático. Nadie puede decir que no se han dejado de cumplir los tratados internacionales que Chile ha suscrito cuando no ha habido ni proporcionalidad ni racionalidad en el uso de la fuerza, lo que ha estado a la vista de todas las chilenas y los chilenos.
Por esto, señor Presidente, creo que la acusación constitucional no es una revancha ni es venganza, como he escuchado en esta Sala, de forma errónea y malintencionada. Se trata de un acto político responsable que ejercemos al amparo de las facultades que nos entrega la Constitución para representar y resguardar los derechos del pueblo por cuyo mandato estamos en esta Sala.
Yo invito, señor Presidente, a los colegas de la Derecha a que hagan realidad su discurso de respeto a los derechos humanos y se pongan del lado de las víctimas.
Por todo esto, en conciencia y con total convicción, aprobaré la acusación constitucional en sus dos capítulos.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, lo que se juzga acá es el ejercicio, debido o no, de una responsabilidad política y no penal.
En 1946, en el norte, los sindicatos de las oficinas salitreras Humberstone y Mapocho habían declarado la huelga en protesta por las descaradas alzas de los productos de primera necesidad en las pulperías, decretadas arbitrariamente por las empresas de esos yacimientos.
Producto de ello, se organizó una movilización convocada por la Confederación de Trabajadores de Chile, autorizada por el Intendente.
Una de las manifestantes y organizadoras de esa movilización explica que se autorizó el mitin "detrás del monumento a Bulnes", pero que producto de la inmensa cantidad de manifestantes "empezaron a presionar porque la concentración se hiciera frente al monumento, con vista a la Alameda... de repente un oficial da la orden de apaleo. El parlamentario Andrés Escobar se identifica y le indica que ya no era relevante que la concentración se hiciera detrás o delante del caballo. A pesar de eso, el oficial de Carabineros procedió y le rompió la cabeza de un sablazo. Cuando ya la gente vio que le salía sangre de la cabeza, cuando vio correr sangre por su ropa, reaccionó... y se empezó a enfrentar con carabineros... con lo que llevaba en sus manos". Ese día quedaron muchas personas heridas y hubo seis muertos.
¿Por qué hago mención a este hecho?
Hago referencia a la historia porque nunca debemos olvidarla y, sin embargo, la olvidamos. Y eso hace que el Estado vuelva a repetir una y otra vez los mismos errores.
En 1946, durante la llamada "Masacre de la Plaza Bulnes", Eduardo Frei Montalva era Ministro de Obras Públicas. La violencia empleada por las fuerzas policiales en contra de los participantes de esa concentración, contraria al Gobierno, motivó que el Ministro Frei Montalva renunciara a la Cartera el mismo día de los hechos descritos. ¡Ni un día después!
En diversas épocas ha habido violencia dolorosa, pero nunca al nivel que alcanzó en la dictadura hace ya tantos años.
En estos casi treinta años hemos avanzado en medidas de respeto para todos, sin cerrar aún todas las heridas abiertas. Pero hemos dado pasos valiosos para respetar las legítimas diferencias e intentar pagar la tremenda deuda social y humana que nos legaron.
Lo hicimos tomando como base una norma constitucional aprobada con el 90 por ciento de los votos el año 1989, y con la participación del 93 por ciento de los chilenos con derecho a sufragio: el respeto a los derechos humanos de todos.
Con pena constatamos que en pocos días hemos retrocedido enormemente. Respiramos tóxico, no solo por el aire contaminado, sino por algo peor: por temor, por odio, por miedo, por venganza, por excesos, por desconfianza generalizada.
Nunca dejaré de condenar la violencia criminal para alcanzar fines políticos o la violencia de las instituciones que no reparan en la dignidad de las personas.
Señor Presidente, la crisis institucional vivida por Chile hoy es responsabilidad del Estado, no de los ciudadanos que protestan.
Las decisiones adoptadas por el Gobierno para el manejo de la crisis también son decisiones de Estado. Los responsables de tales decisiones y de sus efectos son las autoridades que las toman o no las toman.
El Ministro del Interior, persona a la que estimo y valoro, es la autoridad encargada de la seguridad pública, facultad conferida por el artículo 101 de la Constitución. En la estructura de poder de un Estado democrático de derecho no hay otra autoridad encargada del orden y la seguridad pública. Y en el ejercicio de esa función pública tan relevante, en la que es central el respeto de los derechos fundamentales de las personas, no existe excepción alguna.
La gravedad de la crisis no lo excusa de ejercer su autoridad en el control y dirección de la fuerza pública.
Señor Presidente, como ha quedado establecido, esta es una acusación política y no criminal.
La argumentación del abogado Hermosilla confunde la responsabilidad penal con la responsabilidad política. El objetivo de una acusación constitucional es sancionar a la autoridad que deja de cumplir con la responsabilidad política y los deberes que asume al ser nombrado en un cargo público y que jura cumplir.
La responsabilidad penal corresponde a agentes concretos de las policías que realizaron las acciones respectivas y a los civiles que hayan atentado contra sus integrantes, y eso deberá ser resuelto en los tribunales de justicia. Lo que sí es responsabilidad de todo Ministro es el cumplimiento fiel y oportuno de su cargo y con arreglo a los preceptos constitucionales.
Si la que hemos mencionado es su función y su deber constitucional primario, no es legítimo que se escude en un inadecuado estado institucional de las fuerzas de seguridad para diluir la responsabilidad política que a él le cabe como autoridad superior.
El ex Ministro vio cómo día a día el armamento de Carabineros, las escopetas antidisturbios, las bombas lacrimógenas, los chorros de agua eran disparados directamente a los cuerpos y las caras de las personas; cómo se acumulaban las detenciones ilegales, incluso de niños; cómo el Colegio Médico anticipaba lesiones graves en los ojos y en el cuerpo por balines; cómo se sumaban las acusaciones por abusos en las comisarías.
Según la propia Constitución, del Ministro del Interior depende el monopolio del uso de la fuerza pública que el Estado ejerce contra la ciudadanía. Sin embrago, la "fuerza pública", conforme al mismo precepto constitucional, no solo "existe para garantizar el orden y la seguridad pública", sino también para "dar eficacia al derecho".
Según el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ministerio del Interior "concentra la decisión política en materia de orden y seguridad pública interior y debe coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas".
No obstante, el Ministro Chadwick no se hizo cargo de modo alguno de las protestas pacíficas de la sociedad civil, ni protegió a la ciudadanía que se manifestaba, ni tampoco, al final del día, a quienes no se manifestaban y sufrían saqueos y destrucción.
Muestras de pasividad y omisión hay varias. Solo una a vía de ejemplo:
El 23 de octubre, al acudir a la Cámara de Diputados a dar cuenta de los estados de emergencia, se limitó a informar que a la fecha existían dieciocho personas muertas. No se pronunció sobre la violencia de Estado contra la ciudadanía ni se hizo cargo en modo alguno de ella.
El 26 de octubre agrupaciones de mujeres denunciaron públicamente violencia sexual y exigieron su renuncia. Nada hizo al respecto, ni tan siquiera les dio una pública muestra de apoyo.
Los estados de emergencia son situaciones excepcionales que solo autorizan la restricción de dos derechos: de reunión y de locomoción, nunca la violación de ningún derecho. No se entendía que vivíamos en democracia y no en un estado militar, ni menos policial.
Señor Presidente, a diferencia de lo que hizo el Ministro Eduardo Frei Montalva en 1946, el ex Ministro, en los diez largos días de su mandato en crisis, no solo no renunció, sino que defendió el uso de la fuerza y no dio importancia al resultado de lesiones y arrestos.
Recién ayer, en esta Sala, escuchamos al ex Ministro que lamentaba y condenaba las muertes, los heridos y la existencia de casos de violaciones a los derechos humanos, como también lo ocurrido con aquellas personas que han sido gravemente dañadas. Recién ayer enviaba "solidaridad a las familias", "respecto de civiles o uniformados por igual" y esperaba que se hiciera justicia prontamente.
Olvidó el Ministro del Interior, en una situación tan crítica, que su deber constitucional primario, el límite absoluto que tiene al ejercicio del poder político que detenta es el respeto de los derechos esenciales de las personas. Su cargo y el de toda autoridad pública deben ejercerse sin dejar de velar, promover y respetar los derechos de las personas. El artículo 5°, inciso segundo, de nuestra Carta, establece ese mandato constitucional.
¡Qué más esencial que la vida, la integridad física y psíquica y la indemnidad sexual!
Olvidó los límites a su mandato. Y en ello radica su responsabilidad política.
¿Qué precedente institucional estaríamos creando si este Senado no dijera con fuerza, contundencia y claridad, que en todo momento, cualquiera sea la crisis, el Estado, por medio de sus Ministros y, por cierto, con mayor jerarquía el Ministro del Interior, deben respetar y resguardar los derechos de las personas?
Debemos dejar férreamente establecido que la fuerza pública siempre debe subordinarse al respeto de los derechos humanos, y que eso es responsabilidad del Ministro del Interior durante todo su mandato.
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, una acusación constitucional no es baladí, es delicada y requiere seriedad. Por lo mismo, no puede el abogado del ex Ministro instalar en este Senado la idea de que es un juicio penal. ¡No es así! Y su abogado y nuestros colegas lo saben.
Tampoco los colegas que están en contra de la acusación pueden sostener que lo que se juzga aquí es el actuar del Ministro en una violación sistemática de los derechos humanos.
Lo que aquí juzgamos es la responsabilidad política del ex Ministro en el manejo de esta crisis.
La ciudadanía ya venía expresándose y haciendo frente al silencio de la política. No queríamos verlo, pero el abuso ahí estaba, en los hogares de los más pobres, en la vida de los excluidos y en el silencio cómplice de muchos.
Por eso mismo, hoy a muchos les cuesta condenar la violencia, los saqueos, los actos de abuso o la intimidación en todos los ámbitos.
Pero no debemos confundirnos. No podemos permitir que se instale la justificación de ninguna forma de violencia, ni la del Estado en contra de la ciudadanía, ni la de la delincuencia en contra de la comunidad. Ni tampoco podemos seguir permitiendo los abusos y saqueos que se perpetran desde el poder político o económico en contra de otros ciudadanos, que hemos vivido y permitido en nuestro país por demasiado tiempo ¡y que la ciudadanía ya no resiste más!
Chile no puede volver a ser igual después de las voces levantadas y los costos sufridos.
Nuestro rol es resolver los problemas que la ciudadanía nos demanda y dejar de defender intereses que no corresponde defender a quienes ejercemos cargos públicos.
Y cuando asumimos cargos de responsabilidad, como los del ex Ministro Chadwick, no podemos dejar de ejercerlos.
Este proceso político termina hoy, pero nuestra tarea sigue.
Tenemos que responder a las angustias y esperanzas de nuestros compatriotas y corregir nuestros errores, aún más, aprender de ellos y tratar de crear nuevamente un vínculo sólido, respetuoso e indispensable en una democracia entre civiles y sus instituciones y entre el pueblo y sus organizaciones.
La regla de oro en política para ello es el pleno respeto a los derechos humanos.
Señor Presidente, permítame terminar mis palabras con un saludo a las familias del teniente coronel del Ejército Óscar Saavedra, de Curicó; y de los integrantes de la Fuerza Aérea cabo Luis Iturriaga, de Sagrada Familia, y teniente Enrique Ruiz y sargento Alexis Baeza, ambos de Constitución. A la familia maulina le expreso mi más sentido pésame.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el Senador Prohens.
El señor PROHENS.- Señor Presidente, he escuchado en esta Sala hablar de que este es el peor Gobierno. Personalmente, no lo creo, porque hace bastantes años terminamos en una crisis peor de la que vivimos hoy día y con las consecuencias que todos conocemos.
Se habló de que habían pedido la salida del general Rozas. Recuerdo que al general Villalobos se le pidió la salida muchas veces por una tremenda crisis institucional, por todos conocida.
Las actuales demandas sociales no tienen que ver con los actos vandálicos que hemos visto.
No soy abogado, pero entiendo que el debido proceso es uno de los derechos más importantes que rigen en la vida en sociedad a nivel universal. Permite que cada persona tenga un juicio justo y legalmente tramitado, esto, con el solo objeto de respetar la dignidad de la persona humana, incluso de aquella que en principio parece haber cometido los crímenes más atroces.
Hoy nos encontramos en esta acusación constitucional con la imputación de al menos cinco hechos que revisten el carácter de delitos. Sin embargo, ellos actualmente están siendo investigados por el Ministerio Público, ninguno de ellos ha recibido sentencia, e incluso respecto de algunos a esta fecha no existen antecedentes, lo que los hace hechos falsos.
El debido proceso nos mandata a respetar un procedimiento en materia penal. Este se inicia con la denuncia o querella, luego de lo cual viene la etapa de investigación y juicio. Hoy, la gran cantidad de casos se encuentra en la etapa inicial, de denuncia o querella, algunos de ellos han pasado a la etapa de investigación, mas no de sentencia.
La sentencia es lo que nos permite asegurar que alguien es culpable o inocente y, de ser culpable, asignarle una pena adecuada.
Pero hoy vemos cómo, a pesar de no estar sentenciados los actos que se imputan en la acusación, ya se ha determinado que son delitos imputables, en primer lugar, a la persona que los cometió, y en segundo término, al ex Ministro Chadwick.
Me pregunto qué pasó con el famoso dicho de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pareciera que puede ser usado a conveniencia del que lo cita y no como principio absoluto.
Quiero condenar, como lo he hecho siempre, cualquier vulneración a los derechos de las personas. Pero, a su vez, quiero hacer hincapié en que la institucionalidad que nos hemos dado funciona: tenemos a un Instituto Nacional de Derechos Humanos fiscalizando, a un Ministerio Público investigando y a los tribunales garantizando y juzgando. Ciertamente, negar lo anterior sería relativizar toda la institucionalidad existente y aceptar que vivimos en un Estado fallido o de caos.
Hay que separar las demandas sociales de los actos vandálicos. Estos partieron antes, como se ha dicho acá, con la destrucción de los torniquetes en el Metro. Actos vandálicos para algunos, actos terroristas para otros, por los que en forma coordinada se destruyeron varias estaciones de Metro, atentando contra los derechos sociales de casi tres millones de habitantes que eran usuarios de este medio de transporte.
No olvidemos que uno de los Diputados acusadores increpó a través de un video a Carabineros, incitando de esa manera a no respetar a la autoridad que tenía por misión controlar el orden público.
Estos actos dañan no solo al Gobierno, sino al país entero.
Con esta acusación hacemos lo mismo: dañamos nuevamente a nuestro país.
Desde mi punto de vista, nos falta altura de miras para evaluar las cosas.
Me preocupan sobremanera algunos argumentos que he escuchado en esta Sala, en especial aquel que afirma que la acusación constitucional es un juicio político. De ser meramente político, podríamos destituir a cualquier Ministro, juez o al Contralor General de la República simplemente porque creemos que lo hizo mal, que su labor no está a la altura de lo que este Congreso espera. ¿Queremos que se siente el precedente de permitir sacar a cualquiera autoridad solamente porque nosotros encontramos que no está a la altura? Bastaría con poseer mayoría en el Senado para darnos el gusto de sacar a cualquiera autoridad.
A mi juicio, esto es, a lo menos, irresponsable. Desconocer que existen causales es abrir una caja de Pandora que no sé quién va a poder cerrar el día de mañana.
Estamos frente a una persona que ya asumió su responsabilidad política el 28 de octubre del presente año, cuando dejó el Ministerio. Si queremos extender dicha responsabilidad a una inhabilitación por cinco años, no me parece proporcional ni justo.
Me sorprende que, habiendo tantos abogados en este Senado, existan tantas interpretaciones como abogados. Pareciera que se interpreta sobre la base de la conveniencia política. Si así fuera, perdemos el objetivo de nuestras obligaciones.
Conocí al Ministro Chadwick y trabajé con él cuando nos tocó enfrentar el levantamiento de la comunidad de Freirina por los malos olores que emitía una empresa cercana a la población.
Doy fe de que el ex Ministro nos daba instrucciones permanentes en el sentido de cuidar el uso de la fuerza en contra de la comunidad, a pesar de que los ataques hacia los efectivos eran de una naturaleza poco habitual en la región.
Siempre ha sido respetuoso de las normas y nos pidió que tomáramos todas las precauciones para no sobrepasar las leyes. Gracias, ex Ministro, por su labor como Ministro político, siempre anteponiendo el bien común, el bien de nuestro país ante el propio.
Por lo expuesto, voy a rechazar la acusación que hoy día estamos analizando.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, anuncio mi aprobación a la acusación constitucional contra el ex Ministro Andrés Chadwick en sus dos capítulos.
¿Cómo llegamos a esta encrucijada?
Con la Constitución del 80, la de Jaime Guzmán, en la que encontramos la sanción cívica, el castigo establecido para poder aminorar la monarquía presidencial. En esta Constitución el Presidente es el monarca. En ella el derecho de propiedad está consagrado y es defendido con más fuerza que el derecho a la vida.
En el artículo 52 de esta Constitución se consagra la acusación constitucional. Por eso me extraña la exposición ardorosa respecto de este mal artículo o esta mala Constitución de parte de quienes la han defendido durante cuarenta años. Es en esta Constitución del 80, en su artículo 52, en donde está consagrada la acusación constitucional, como un mínimo contrapeso para un Legislativo, un Parlamento que La Moneda, el Ejecutivo, pone de rodillas a diario. ¿No tiene potestad el Presidente de la República? Las tiene todas. ¡Tiene todas las facultades! En esta Constitución, el Presidente es el que manda.
Solo el tiempo dirá si asistimos a una época de cambios, a un cambio epocal. Yo creo que sí, que asistimos a un cambio epocal, a un cambio profundo.
¿Chile despertó? ¿Chile cambió? Está por verse.
Lo que sí sé es que nosotros hemos cambiado. Si la patria va a cambiar, está por verse. Y la responsabilidad está, entre otros, en quienes nos hallamos en esta Sala.
Lo que no ha cambiado en nada, aún, es la añeja, maloliente, vetusta y agotada Constitución de 1980. Yo voté en su contra ese año, en la ciudad de Puerto Montt. Nos recortaban la punta del carnet. Y esta acusación permanece allí, impertérrita, mantenida permanentemente luego de decenas de modificaciones. Nadie la cuestionó, ni los que votaremos a favor ni los que votarán en contra en esta oportunidad, como una facultad de contrapeso.
Y, más allá de todo aquello, yo afirmo, con dolor, que el Presidente Piñera todavía no entiende nada de lo que está pasando en el país. Y tengo la convicción de que este Senado tampoco entiende nada de lo que está pasando. Porque, más allá del resultado de esta acusación constitucional, queda claro que las cosas no van a cambiar. El Acuerdo Político por la Paz y la Nueva Constitución está en cero: no hay ni pueblos originarios, ni independientes, ni paridad para las mujeres, y no se avanza. El acuerdo no trajo ni paz ni, como consecuencia, una nueva Carta Fundamental.
Por cierto, no se toca el modelo neoliberal, no se toca la Constitución, que son los elementos esenciales de la demanda ciudadana. ¿Dónde está el origen de lo que ahora nos tiene en esta Sala acusando a un ex Ministro del Interior? En una movilización ciudadana que ha cuestionado el salvaje modelo neoliberal y exige una nueva Carta. Por cierto, quienes hoy día rechazan una nueva Constitución defienden de manera permanente, con su rechazo, el modelo neoliberal y la actual Constitución, la misma que hoy día cuestionan porque nosotros hacemos uso de una herramienta, de una facultad contenida en su artículo 52.
Lo más grave, señor Presidente, no es el resultado de esta acusación; lo más grave, en mi opinión, es que el Presidente Piñera no ha entendido nada. Y si no entiende lo que hay que hacer para salvar esta crisis, entonces el Presidente Piñera -lo he dicho diez veces- tiene que renunciar. ¡Todos tendremos que renunciar! ¡Elecciones anticipadas ahora! Porque lo que está en juego es el destino de la patria.
Reducir todo esto a un Ministro, reducir todo esto a una sesión del Senado, es absurdo. ¡Lo que está en juego es el destino de la patria, la paz de la patria! Y ello no se resuelve con esta acusación constitucional, sino con la toma de medidas concretas.
¡Escuchad las demandas ciudadanas!
Y, si no se aceptan, quiero advertirlo -aunque ya lo he dicho antes- marzo será un mes bravo. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, va a ser un día clave. Carabineros se prepara comprando más guanacos, más zorrillos, más bombas, y la ciudadanía se prepara para movilizarse con más fuerza. Y, si es así, no se llevará a cabo el plebiscito acordado para "votar por la nueva Constitución en abril del 2020". En situación de caos y conmoción, ¡no va a haber plebiscito!
Por lo tanto, hay una responsabilidad emergente, ineludible para quienes nos encontramos en esta Sala. Será inminente, si ello no ocurre y continúa el actual estado de cosas, o elecciones anticipadas, o un gobierno cívico militar.
El 2020 se cumplen cincuenta años de la Unidad Popular. ¡Cincuenta años! Y el clima que se va a generar ocasionará -ya lo veo por parte de la Derecha- un debate acerca de si hemos regresado o no a la Unidad Popular. Habrá un clima cargado en el ambiente de las Fuerzas Armadas. No hay ninguna posibilidad de un golpe de estado de las Fuerzas Armadas contra un gobierno de Derecha, pero sí, evidentemente -lo quiero advertir-, de un gobierno cívico-militar, con un Ministro del Interior saliente... Porque aquí de lo que se acusa a Andrés Chadwick cabe también, claramente, para Gonzalo Blumel. ¡Si la mayor cantidad de violaciones de todo tipo que se han producido han ocurrido después del 28 de octubre! Antes las hubo, y profundas, pero también después.
Por tanto, en materia de derechos humanos, tenemos una lección que aprender: ¡Nunca más un 1973! ¡Nunca más un golpe de Estado! ¡Nunca más impunidad!
Aquí he escuchado a una Senadora decir que hemos inventado esta situación de derechos humanos, que son declaraciones de las Juventudes Comunistas, que tales violaciones no existen, que se ha mentido.
La ley 20.357 creó una figura legal que condena a los violadores de derechos humanos, a quienes ejercen torturas, tratos inhumanos o degradantes.
Quiero señalarles que el 22 de octubre efectuamos la primera sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado después de la crisis, y allí el doctor Patricio Meza, Vicepresidente del Colegio Médico, señaló que se habían registrado 44 estallidos de globos oculares. Dijo: "Hay una epidemia". Y le advertimos al Gobierno, a los Ministros pertinentes: a cuatro días del estallido social, 44 personas habían perdido severa o medianamente su vista.
El informe del INDH era categórico: al 25 de noviembre, había 1.737 heridos por armas de fuego; 1.251, por balines o perdigones. ¡32,9 víctimas por día! Y ayer hubo dos más, que se hallan en estado crítico, con riesgo vital, uno de ellos una joven de quince años. ¡Esto no para! Y si alguna coincidencia debiera haber entre quienes apoyamos la acusación constitucional y quienes la rechazan es en que esta situación debe parar a la brevedad. ¡La paz tiene que ser el elemento central!
Hasta el 27 o 28 de octubre había 125 personas con estallido de globo ocular; al 2 de noviembre, 157; al 6 de noviembre, 177; al 10 de noviembre, 195; al 18 de noviembre, 222; al 25 de noviembre, 232; al 11 de noviembre, 270.
Entre el 19 y el 26 de octubre, el Colegio Médico reportaba 96 pacientes con trauma ocular severo, estallido ocular, herida penetrante ocular.
Entonces, la responsabilidad respecto de qué pasó y qué está pasando aún se halla pendiente.
El General Rozas ordenó la suspensión del uso de escopetas de perdigones el 19 de noviembre. Se lo pedimos cuando había 44 personas afectadas. Hubo que esperar 200 nuevos heridos con pérdida de visión para que hiciera efectiva la medida.
Por eso, mañana, jueves 12 de diciembre, vamos a presentar una querella criminal en contra del Presidente Sebastián Piñera. ¡Por todo lo que hemos señalado! ¡Querella criminal: responsabilidad penal!
Hoy día hablamos de responsabilidad política, pero también hay una responsabilidad penal. ¿Cómo hacemos para que esto no se repita más? ¿Despachando a un ex Ministro del Interior? ¡No! ¡Generando un precedente categórico respecto de la responsabilidad del principal responsable, que es el Presidente Sebastián Piñera! ¡No solo sus Ministros!
Por eso, hemos sostenido que el Presidente Piñera debe actuar con inteligencia política. Pero no la tiene. Porque esto no requiere ni inteligencia policial ni inteligencia militar, sino inteligencia política para encontrar una salida política. Y eso significa responder a las demandas ciudadanas.
En cuanto a la declaración del estado de emergencia, el abogado constitucionalista Jaime Bassa ya dijo, claramente, que no hubo delegación de funciones respecto del Presidente de la República. El estado de sitio funcionó de hecho, habiéndose declarado estado de emergencia. El toque de queda, con detenciones ilegales, en centros ilegales, fue la orden del día: ¡miles de personas detenidas de manera ilegal, cuando solo correspondía la notificación de una falta!
Por eso los profesores Claudio Nash y Jaime Bassa han señalado que hubo una negligencia clara y nítida en la aplicación de una facultad jurídica.
Pero, más allá de que no había un estado de emergencia legal, lo que me ha causado profunda preocupación, señor Presidente, es haber escuchado al Senador Víctor Pérez, a la Senadora Ena von Baer, afirmar que aquí hemos faltado a la verdad.
Los miles y miles de heridos, los torturados, las personas que han recibido la violencia policial, de manera permanente, en estos 45-50 días de movilización ciudadana desmienten aquello.
Y quiero agregar otra cosa.
No está cerrada la transición. ¿Cómo la cerramos? ¿Con una acusación constitucional contra un ex Ministro? ¡No! Tenemos que terminar con la Constitución. Y esa tarea no está finalizada.
"Si la justicia existe, debe ser para todos", decía la Senadora Von Baer. Y se hará valer, sin impunidad.
Yo digo: va a haber justicia sin impunidad si de verdad somos capaces de impedir que estos hechos vuelvan a ocurrir. Y para eso tiene que haber verdaderas sanciones.
Yo solo digo, señor Presidente, que aquí enfrentamos un minuto histórico. Y esta oportunidad no solo debe terminar con un ex Ministro sancionado, sino también con una salida política y no militar.
Estamos asistiendo a un proceso que puede llenar titulares, que puede concentrarnos en debatir durante dos días, pero lo que la ciudadanía nos exige es que el Senado se convenza -porque el pueblo ya salió a las calles- de que Chile cambió, de que Chile despertó. Y no hemos estado a la altura para decirle al Gobierno que lo que el país requiere es una nueva Constitución, y que el modelo neoliberal salvaje, tan defendido por la UDI, tan defendido por la Derecha, se acabó.
Aquí cayó el Muro de Berlín. ¡Esto es 1989! No había ni socialismo, ni era real. ¡Cayó el muro! ¡Hoy día cayó en Chile el modelo neoliberal! Sin embargo, hay quienes no aceptan esa realidad, y hay quienes todavía no perciben que el pueblo ha cumplido su mandato: ha salido a las calles.
Mi pregunta es: ¿qué esperamos? ¿Qué espera este Senado? ¿Qué esperan los representantes que ese pueblo eligió para acompañarlo en el mandato mayoritario en torno a que Chile debe cambiar? No lo hemos hecho. El acuerdo político, señor Presidente, que usted y muchos de los que están en la Sala firmaron, no camina. Y no camina por la exigencia de los dos tercios y porque hay un sector que no quiere entregar ni el modelo económico ni quiere de verdad una nueva Constitución.
Yo voto a favor de los dos capítulos acusatorios.
Yo digo: "la mejor manera de decir es hacer" (José Martí). La mejor manera de hacer y decir es tener coherencia entre ambas cosas.
Por eso -reitero-, voto a favor de los dos capítulos de la acusación constitucional. Y le digo a la Sala, con respeto a todos mis colegas, que, si queremos ser coherentes con lo que el pueblo demanda en las calles, tenemos que ponernos a trabajar junto a ese pueblo y no traicionarlo.
¡No basta una acusación constitucional para saldar la deuda que aún tenemos! ¡No basta que un Ministro sea sancionado! Aquí hay un Presidente que tiene una responsabilidad política en la violación de los derechos humanos.
Pero, más allá de todo eso, el pueblo pide cambios, y nosotros debemos comprometernos con esos cambios. Sentados aquí, discutiendo leyes con letra chica del Gobierno, no avanzamos. Hay que tomar la decisión de acompañar al pueblo. Y este Senado será juzgado históricamente si no lo hace, porque la gente en la calle ya marchó, habló y tomó una decisión: ¡quiere una nueva sociedad, quiere una nueva patria, quiere un país más justo, quiere una sociedad más igualitaria!
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución ahora!
¡No más AFP!
Y termino saludando a la familia del sargento 2° de la FACh Guillermo Figueroa Delgado, de 36 años, oriundo del cerro Cornou de Talcahuano, que figura entre los desaparecidos de la tragedia de la Fuerza Aérea de Chile. Ojalá que los familiares tengan el consuelo de encontrar a su gente, que muchos otros chilenos no tuvieron en el país.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, es imposible iniciar esta intervención sin referirme al accidente sufrido por el avión de la FACh y transmitir, por cierto, nuestro pesar a todos los familiares de las víctimas de este hecho tan dramático, como, asimismo, saludar a quienes están llevando a cabo las labores de rescate, tan importantes en este infausto momento.
El Presidente Sebastián Piñera ganó la elección presidencial sobre la base de tres compromisos: crecimiento, empleo y seguridad pública. En todas estas áreas, lamentablemente, ha fracasado. En la última (seguridad pública) su colaborador directo más cercano, el responsable de la conducción política sectorial, fue hasta hace pocas semanas precisamente el ex Ministro Andrés Chadwick.
En una república democrática ninguna autoridad puede ser irresponsable. Toda magistratura responde por sus acciones u omisiones de conformidad con la Constitución y las leyes. En nuestro caso, los ministros de Estado están sujetos a diversos estatutos de responsabilidad: civil, penal y constitucional. Esta última, considerando sus particularidades, es la que debe zanjarse por este Senado.
Lo que se debe resolver es si, considerando los capítulos acusatorios y sus respectivos fundamentos, corresponde sancionar al ex Ministro por sus acciones y omisiones durante la crisis política y social que hemos vivido, en especial por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Es decir, ¿es aceptable que un ministro incurra en las infracciones conocidas en este debate con total irresponsabilidad, desde el punto de vista político-constitucional?
La respuesta no puede ser otra que la negativa. Tanto por los principios que fundan un régimen republicano y democrático como por el respeto al Estado de derecho, no es posible aceptarlo.
El estallido social de las últimas semanas, si bien responde a causas profundas y estructurales, fue activado o detonado por la incapacidad del Gobierno para acoger y canalizar oportunamente las demandas ciudadanas.
El Gobierno respondió, ante el malestar generalizado, con la falsa creencia de que Chile enfrentaba solo un problema de orden público. Además, no se adoptaron a tiempo las medidas de control del actuar de la fuerza pública que garantizaran el respeto irrestricto a los derechos humanos, con las consecuencias lamentables que han generado vergüenza e indignación, tanto en Chile como a nivel internacional.
Las cifras dadas a conocer por los organismos de derechos humanos son elocuentes. Y detrás de esas cifras hay personas, hay víctimas.
La acusación constitucional contra el ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, que fuera declarada "ha lugar" por la Honorable Cámara de Diputados, cuenta con dos capítulos acusatorios que, conjuntamente, permiten afirmar que el ex Ministro comprometió gravemente el honor y la seguridad de la nación, infringiendo la Constitución y las leyes que regían su actuar, a la vez que varias de estas últimas fueron dejadas sin su adecuada ejecución, configurándose así la causal que la Carta Fundamental establece.
En efecto, su gestión, antes de la crisis y durante ella, se caracterizó por un actuar incremental y desproporcionadamente represivo en contra de expresiones ciudadanas legítimas, a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad que se encontraban bajo su supervigilancia y dirección directa. Este actuar derivó en graves violaciones a los derechos humanos, las cuales, una vez que comenzaron a hacerse públicas, fueron primero abiertamente desatendidas o soslayadas, y luego minimizadas, sin asumir nunca sus obligaciones legales. Así, resulta evidente su falta de control sobre carabineros, sea porque los dejó hacer, sea porque, teniendo la facultad y deber legal de controlarlos, no lo hizo.
El primer capítulo acusatorio le imputa al ex Ministro haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado estas sin ejecución, al omitir la adopción de medidas para detener las violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias de estado de emergencia en territorio nacional.
Dicho capítulo, por cierto, está fundado, es procedente y debe ser acogido por este Senado. Por ello, votaré por su aprobación.
El segundo capítulo le atribuye haber infringido también gravemente la Constitución al participar de la declaración del estado de emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional, todo lo cual comprometió gravemente la seguridad y el honor de la nación.
Este capítulo está fundado, es procedente y también debe ser acogido.
Hace pocas semanas se firmó un acuerdo histórico por un amplio marco de fuerzas políticas tendiente a impulsar un proceso constituyente participativo y democrático, el cual hará posible que, después de décadas, Chile tenga una Constitución nacida en democracia.
Pero este acuerdo político no es suficiente. Se requiere impulsar una agenda social ambiciosa orientada a superar toda forma de abuso en nuestro país. La señal que nos exige la ciudadanía no puede ser ni tímida ni ambigua. Asimismo, resulta imprescindible avanzar, simultáneamente, en todas aquellas iniciativas que ponen fin a los privilegios de la política.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas en estas semanas repugnan la conciencia democrática de nuestra patria. Nos retrotraen a un período triste de nuestra historia que creíamos parte del pasado. Estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Es la Justicia la llamada a determinar las responsabilidades penales.
Por su parte, el Gobierno debe impulsar todas las acciones necesarias para evitar que estas violaciones se sigan produciendo. Las declaraciones de buena crianza no bastan. Se requiere la adopción de medidas concretas al respecto para encauzar la acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el marco del Estado de derecho, aquello que, precisamente, no hizo el ex Ministro.
Hoy, este Senado debe pronunciarse sobre la acusación constitucional contra el ex titular del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick.
Por todo lo anterior, votaré a favor de esta acusación, pues he llegado a la convicción de que ambos capítulos acusatorios cuentan con el suficiente fundamento como para dar por establecida su responsabilidad política-constitucional por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos acaecidas luego del estallido social del 18 de octubre y mientras ejerció su cargo.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, esta acusación constitucional que hoy día estamos conociendo en el Senado tiene una cuestión fáctica en la cual todos concordamos: el gran estallido social que ha vivido el país en los últimos cincuenta días. En ello estamos contestes.
Las crisis son recurrentes en los países, y el nuestro ha sufrido a lo largo de su historia varias y mucho más graves que esta. Ello se ha debido a distintos enfrentamientos que hemos tenido como sociedad. Entre las más importantes -como todos sabemos-, están la de 1891, que llevó a una guerra civil; la de 1925; la de 1931, y la de 1973.
Pero este estallido social tiene características especiales, porque se origina no en el enfrentamiento de dos grupos antagónicos, sino en el reclamo que surge de la base social hacia el Estado y la política por el tipo de sociedad que nosotros, los políticos, hemos construido en estos últimos cuarenta años.
Entonces, si uno quiere analizar exactamente esta acusación constitucional, a mi juicio, tiene que partir por reconocer que aquí hay un déficit de la política. Esta es una creación cultural cuyo objeto es establecer un cierto marco tendiente a regular cómo se relacionan los seres humanos, para que puedan convivir, para que no se maten entre ellos, para evitar los abusos. La idea es construir un régimen de tolerancia gracias al cual podamos transcurrir en esta vida todos juntos, respetando nuestras diferencias y teniendo en cuenta como marco de referencia la vigencia de la ley.
Por tanto, ¡la política es un arte difícil! Se trata de resolver las relaciones entre los seres humanos, que son difíciles, complejas. Si todos sabemos que hasta en las relaciones personales y familiares cuesta realmente llevar una vida de tolerancia, con mayor razón cuando las personas sienten que son abusadas; que esta sociedad prometió cosas que nunca se cumplen en sus expectativas de vida, y que unos pocos se alzan con el santo y la limosna y se hacen ricos a costa del sufrimiento de muchos.
Eso se transforma en una caldera hirviendo que de repente revienta, y surgen estos estallidos sociales como un grito desesperado para decirle a la clase política: "Mire, tenemos que cambiar de rumbo; construir un país mejor; hacer los cambios necesarios".
¡Ese es el estallido social que hoy día nosotros estamos viviendo, señor Presidente!
En estos días de manifestaciones se han cometido delitos, y los tribunales de justicia están haciendo su trabajo. Espero que lo hagan bien. Pero tendremos que dictar algunas normas complementarias para tipificar algunas conductas que no están en el Código Penal. ¡Hay que hacerlo!
A ello se agrega que hemos presenciado la violación de ciertos derechos fundamentales de miles de personas, como aquí se ha dicho, como está demostrado y como nadie lo discute. ¡Es así!
Entonces, la pregunta es: ¿y qué responsabilidad tenemos todos nosotros en esto? A este respecto la Cámara de Diputados nos ha dicho: "Miren, nosotros creemos que en muchas de las cosas que han pasado la responsabilidad es del ciudadano que ha ejercido el cargo de Ministro del Interior".
Señor Presidente, para poder entender bien este escenario, recordaré a un gran intelectual de finales del siglo XIX y principios del XX: el padre de la sociología moderna, Max Weber, quien dice que el Estado es una comunidad humana que, dentro de un territorio determinado, reclama para sí con éxito el monopolio de la fuerza física legítima. ¡El Estado tiene el monopolio de la fuerza! En nuestro caso, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden de Seguridad.
Reitero: el Estado moderno se caracteriza porque cuenta con el monopolio de la fuerza. En el Estado antiguo el poder estaba disperso. O sea, aquel concentra la fuerza armada y la de seguridad pública, y todos entendemos que esa violencia física es legítima.
Al mismo tiempo, señor Presidente, el Estado les da un estatuto a las personas. Les dice: "A ustedes, frente a la fuerza que puede ejercer el Estado, les reconozco un conjunto de derechos humanos y personales que nadie se los puede atropellar". Esto se halla contenido en los artículos 19 y 5° de nuestra Constitución; este último con relación a los tratados internacionales sobre resguardo de derechos esenciales. Se trata de una referencia que viene desde la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano o desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, respecto de la cual ayer estuvimos celebrando un nuevo aniversario de su dictación.
Entonces, ¿cómo cuadramos la caja -permítame la expresión, señor Presidente- entre el uso legítimo de la fuerza del Estado y los derechos de las personas cuando el fundamento de esta acusación constitucional es que se violaron tales derechos durante los días de estallido social, lapso en el cual también se cometieron varios delitos? Por cierto, hay que separar la paja y el trigo, pues evidentemente en ese período se cometieron muchísimos atropellos a la vida y a la dignidad de las personas.
Frente a eso, la gente legítimamente pregunta: "Bueno, ¿y quién responde por esto? ¿Cuál es la responsabilidad?".
En ese sentido, puedo decir que, en el uso y en la supervigilancia del ejercicio legítimo de la fuerza del Estado, el responsable es el Presidente de la República, por intermedio de su Ministro del Interior. Este último es el responsable jurídico y político de las fuerzas encargadas del orden público, que son las Fuerzas de Orden y Seguridad. Por su parte, el señor Ministro de Defensa es el responsable de las Fuerzas Armadas, las cuales deben velar por la defensa de nuestra soberanía.
¡Ellos son los responsables!
¿Y qué significa esa responsabilidad? En el fondo, eso es lo que estamos discutiendo aquí. ¿Qué significa que el señor Ministro del Interior sea el responsable de la fuerza pública que actuó en el estallido social?
Señor Presidente, la responsabilidad del Ministro del Interior está en la Constitución, en la Ley del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y en la Ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, está fuera de toda duda que aquí hay un responsable respecto de la fuerza pública.
Al señor Ministro del Interior podríamos llamarlo "el vigilante", que tiene a su cargo a los vigilantes de las fuerzas de orden y seguridad.
Eso es lo que nosotros estamos juzgando aquí como jurado: si existió o no responsabilidad en el cuidado que el entonces Ministro del Interior debía tener con relación a los vigilantes.
Ahora, quiero decirles una cosa a las señoras Senadoras, a los señores Senadores y también a la defensa del señor ex Ministro del Interior. Aquí se han descrito los hechos, pero nosotros podemos tener discrepancias con relación a ciertos aspectos jurídicos -yo las tengo- y también a elementos políticos.
Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad del señor Ministro del Interior en la actuación de la fuerza pública? ¿Es responsable él de los aspectos operativos? ¿O a él le cabe una responsabilidad estratégica?
A mí me parece que la autoridad política no tiene responsabilidad en aspectos operativos, porque el Ministro del Interior no da órdenes a Carabineros. No dice: "Mire, ataque por la vanguardia" o "Ataque por la retaguardia"; "Usted coloque veinte hombres" o "Coloque cincuenta"; "Ataque con el zorrillo" o "Tire agua"; "Ataque de esta manera o de esta otra". Carabineros es una fuerza profesional y, por tanto, se supone que sus miembros dominan la ciencia y arte de mantener el orden público.
Las Fuerzas Armadas también son profesionales. Si hubiera una guerra, el Presidente de la República no les daría órdenes tácticas respecto de cómo proceder en la parte operativa dentro del campo de batalla.
La responsabilidad del Ministro del Interior es estratégica. Él tiene que dictar las órdenes, las instrucciones, el rumbo, los objetivos, la forma de operar, el marco de referencia para que Carabineros actúe con la fuerza respetando los derechos humanos. Esta es la responsabilidad del Ministro: estratégica, no táctica.
Por lo tanto, hay que entender que esa responsabilidad estratégica también es una responsabilidad política. Y esta no se manifiesta en instructivos, los cuales son un acto jurídico-administrativo. La responsabilidad estratégica se refleja en la política. ¿Y qué es la política? Un intangible respecto del cual no hay libretos prestablecidos. Si así fuera, tendríamos un manual de cortapalos, con el que le podríamos decir al Presidente de la República: "Mire, en esta crisis usted siga este manual, cumpla estos diez requisitos, y va a salir de ella".
No es así.
A lo mejor una medida puede funcionar o no. La política es un intangible que no se sabe cómo va a resultar. La política significa tomar decisiones, escuchar, ponderar, dividir, hacer un análisis de factibilidad y de las posibilidades de riesgo. Eso tiene que hacer el Ministro del Interior cuando ve una situación fáctica en que las fuerzas de orden han actuado como lo han hecho.
Me da lo mismo si dio instrucciones por escrito o no las dio. A mí me importa saber si hizo política estratégica con relación a Carabineros y la PDI, que estaban controlando el orden público y cometiendo los actos que todos conocemos.
Señor Presidente, aquí no hay una responsabilidad penal, porque ello implica una imputación a un acto cometido con intencionalidad, donde hay elementos subjetivos, ya sean dolosos o culposos. Tampoco media una responsabilidad civil, pues aquí no estamos frente a un contrato en que se pueda cometer un dolo o culpa civil.
Sí existe una responsabilidad extracontractual del Estado, la cual es objetiva y no apunta a un elemento culposo o doloso. Por eso muchas personas que sufrieron van a demandar contra el Estado, haciéndolo responsable civilmente de los daños producidos, independientemente de los elementos subjetivos. En ello hay una responsabilidad objetiva.
Del mismo modo, la responsabilidad política no es subjetiva, sino objetiva.
Termino, señor Presidente, diciendo que, sin duda, todos nosotros nos damos el beneficio de la buena fe. Andrés Chadwick seguramente es un buen padre de familia; ha sido un buen colega tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y ha cumplido honorablemente sus tareas.
Aquí estamos en presencia simplemente de una coyuntura histórica, en la cual al ciudadano Andrés Chadwick, en estos vaivenes de la vida, le correspondió ser Ministro del Interior, durante cuyo mandato sucedió lo que todos conocemos.
Por lo tanto, tenemos que darle una respuesta a la gente cuando pregunta: "¿Qué fue lo que realmente pasó y quién responde por ello?".
Don Andrés Chadwick, por la coyuntura de la historia, fue Ministro del Interior, y él pasará a la historia por lo sucedido, no por sus cualidades personales.
En consecuencia, cuando el entonces Ministro Chadwick, como vigilante, debe custodiar el actuar de las fuerzas de orden, cabe preguntarse: ¿y quién vigila al vigilante? ¡La soberanía popular, que nosotros representamos por mandato popular tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado!
Por eso, el juicio de la historia de lo que pasó en este estallido social recae en la responsabilidad política de aquel ciudadano que coyunturalmente ejerció el cargo de Ministro del Interior.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Felipe Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, hemos vivido durante los últimos días y semanas quizá los momentos más dolorosos que nos ha tocado experimentar desde el retorno a la democracia: miles de civiles heridos, personas que han sido vulneradas en sus derechos humanos, muchos carabineros lesionados, un enorme conflicto social y, como lo han señalado varios, un Estado completamente sobrepasado.
La gran diferencia entre una dictadura y una democracia es que, cuando existen delitos o violaciones a los derechos humanos, en las primeras eso se esconde, mientras que en los regímenes democráticos se enfrentan, se investigan y son objeto de persecución penal.
Cuando vemos al Estado completamente sobrepasado, vale recordar las palabras de José Miguel Vivanco al momento de entregar su informe sobre derechos humanos. Él se refirió a un pecado de décadas de tener policías abandonadas, con protocolos que desgraciadamente no se hicieron a tiempo y mala formación de nuestros cuerpos policiales. Y cito a Vivanco: "Contribuye a profundizar esas conductas el hecho de que durante décadas no se han introducido reformas importantes al funcionamiento de Carabineros".
Por eso, y antes de entrar al tema jurídico que nos convoca hoy día, quiero invitar a todos los aquí presentes -de hecho, muchos han participado de la Administración del Estado durante años- a hacer un mea culpa -creo que sería bueno- de todo lo que se ha hecho durante las últimas décadas.
Como bien decía recién el Senador Huenchumilla, al ex Ministro Andrés Chadwick le tocó estar en la coyuntura más compleja que ha vivido Chile desde el retorno de la democracia.
Por lo tanto, la sensación de que aquí ha habido un cierto lavado de manos por parte de un grupo político ante los pecados que se han cometido por décadas, sin lugar a dudas, salta a la vista. Pareciera que hay que buscar a alguien que pueda pagar por esos pecados que el mismo José Miguel Vivanco argumenta.
De hecho, voy a citar a algunos Senadores que se encuentran presentes.
El Senador José Miguel Insulza dijo: "No hay evidencia de que el Ministro supiera de la existencia de delitos mientras estos ocurrían". Otra Senadora sostuvo: "No estamos haciendo un juicio a la persona de Andrés Chadwick". Y otro colega hacía referencia a que el ex Ministro era un buen padre de familia.
Pero, independiente de las cualidades personales del ex Ministro, lo complejo de todo esto es que, básicamente, estamos siguiendo la lógica del lavado de manos. Y eso me parece muy grave, sobre todo para la institucionalidad.
Eso no significa que estemos dispuestos a minimizar las violaciones a los derechos humanos, porque, como ya he expresado, no es aceptable la impunidad. Alguien preguntó: ¿quién hace justicia? Los tribunales de justicia tienen que hacer justicia.
Hoy buscamos justicia, pero no he escuchado a nadie, ¡a ninguno en todo el día!, que dé un solo argumento para establecer que aquí existió algún tipo de omisión explícita. Ante ello, me parece que estamos siendo claramente irresponsables.
De hecho, muchos dicen: "Esto es un juicio político, no es un juicio penal". Y es cierto: este es un juicio jurídico. Por lo tanto, al ser un procedimiento jurídico, lo que le corresponde a cada una de las personas aquí presentes es decidir si efectivamente se cumple o no lo que dice el Capítulo I, que señala algo muy preciso: omitir deliberadamente dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo de la fuerza y la comisión de graves delitos.
De hecho, si uno mira un poco la historia, incluso antes del 18 de octubre, cuando ocurre este estallido social, se podría hacer una pregunta legítima: ¿se hizo algo en el último año y medio? Claramente que sí. De hecho, uno podría enumerar varias medidas: en diciembre del 2018 se dictaron los protocolos de derechos humanos; y en marzo del 2019, se volvieron a actualizar esos protocolos para que estuviesen a la altura de los estándares internacionales, y, claramente, muchos de ellos no se cumplieron.
Entonces, cuando no se cumplen los protocolos, cuando se violan los derechos humanos, ahí tiene que entrar la justicia penal, el Ministerio Público. De hecho, hay más de 500 sumarios entregados a la Fiscalía.
¿Qué es lo que corresponde hacer cuando se empieza a evidenciar que existen violaciones a los derechos humanos? Se llama a las Naciones Unidas para que venga. Se llama, efectivamente, a José Miguel Vivanco y a su ONG para que venga.
Por otro lado, se aumentan los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y no solo eso, se exige y se le pide al Ministerio Público que no exista impunidad.
Por eso, lo cierto es que, y probablemente esto ya se encuentra bastante zanjado, la gran mayoría de las personas que están acá han manifestado su disposición de una u otra manera. Pero -insisto- creo que lo más delicado que estamos viviendo el día de hoy es que hay una búsqueda de lavarse las manos por un pecado cometido durante décadas.
Por lo tanto, es fácil hacerlo ahora; es fácil dar una señal de que, como mundo político, encontramos a alguien, a quien, como bien se decía, le tocó una coyuntura. Pero es muy distinto, y eso hay que decirlo con mucha fuerza y con mucha claridad, no asumir que aquí todos tenemos una responsabilidad, y que efectivamente, por desgracia, Carabineros, nuestras Policías, no estuvieron a la altura de asegurar que en todos y en cada uno de los casos se siguieran los protocolos.
De ahí que les hago una invitación a que ojalá hoy día nos atrevamos a ir más lejos. Votar por aprobar esta acusación probablemente es la ruta más fácil para la gran mayoría. De esa manera quedan en cierta forma exculpados. Sin embargo, considero más difícil hacer otro ejercicio, que es hacernos cargo de que el Estado falló y de que efectivamente acá el mea culpa debe ser más profundo; porque nuestras instituciones no estuvieron a la altura, y hoy día tenemos a 270 personas con daño ocular; a personas fallecidas. La verdad es que cada una de sus familias merece justicia, y no simplemente por el hecho de aprobar hoy día una acusación constitucional debemos sentir que el trabajo está hecho, porque todavía nos queda mucho por reformar, mucho por avanzar.
Por eso, hoy día espero que estemos a la altura de fallar en consecuencia con lo que la Constitución nos exige, que es precisar si aquí ha habido o no, como dice el Capítulo I, una omisión deliberada para evitar este tipo de abusos.
Así que, señor Presidente, quiero decir que ojalá estemos dispuestos a ir un poco más lejos y a no tomar simplemente la ruta fácil de aprobar una acusación que, claramente, lo único que pretende es un lavado de manos por pecados cometidos durante décadas.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, tal vez, esta es una de las circunstancias más relevantes que pueda tener un Senado, porque en cierta forma se discute el tipo país en el cual uno quiere vivir.
Por eso, yo diría que este es uno de los desafíos más difíciles y complejos que se puedan abordar. Aquí no hay una ruta fácil, como se ha señalado; tampoco hay un lavado de manos, pues eso es justamente lo que se busca evitar.
Sin embargo, como también se ha discutido acá, hay un contexto país, un contexto social que ha derivado en esta crisis. Y creo que la mala forma de abordar y la poca comprensión que todos hemos tenido de esta crisis y de sus causas, por cómo se ha desarrollado, ha desembocado en instrumentos fallidos y, finalmente, en esta situación que nos hallamos viviendo.
Es indudable que lo que hay acá es un sentimiento profundo de restauración de dignidad, de derechos, de igualdades, de solidaridades nuevas, en una sociedad que se había visto finalmente tragada por el consumo, por el cambio de valores, por hacer de las cosas, de las marcas, el móvil para darle sentido a la vida, proceso que terminó invisibilizando las desigualdades y la violencia cotidianas en la sociedad chilena.
Y esa violencia finalmente, que tiene que ver con la falta de atención en salud, con la falta de acceso a los medicamentos, temas que ya se han discutido largamente, requiere una respuesta de la sociedad.
Pero no solo es una crisis social, sino también, como hemos planteado de manera reiterada, de las instituciones del siglo XX, nuestras instituciones verticales, que están totalmente sobrepasadas, desbordadas, y son absolutamente irrelevantes y anacrónicas, porque se encuentran acostumbradas a enfrentar procesos verticales, y no están adecuadas para abordar estos procesos digitales que vivimos.
Esta crisis representa una transición civilizatoria, y la revuelta que se vive en Chile va a ser la forma en que, probablemente, se van a desenvolver las revueltas contra las desigualdades en el siglo XXI, contra el posneoliberalismo, contra la pospolítica, que se basan en una estructura totalmente viral, que se moviliza a través de las redes sociales y que tiene una dimensión memética.
¿Qué son las dimensiones meméticas, me preguntaba un Senador? Bueno, son unidades de transmisión cultural, que justamente apuntan a controvertir la tesis de los grupos conspirativos en el sentido de que aquí habría o venezolanos, o cubanos, que estarían detrás de todo esto. Lo que hay acá es nada más que un proceso en el que se transfieren estas unidades de transmisión cultural, que es lo mismo que uno puede ver, por ejemplo, con las mujeres "Lastesis", que no solamente han viralizado sus unidades de transmisión cultural en Chile, sino en todas partes del mundo, con sus coreografías, con su visión.
Lo mismo ha ocurrido en Chile. Y son los mismos jóvenes los que, a través de las redes, han propiciado modelos de acción muchas veces violentos, que se han viralizado en otros lugares. Pero no es que haya grupos conspirativos. Si lo más grave es que se han constituido grupos y comunidades virtuales, verdaderas tribus virtuales producto de las redes sociales, que a través de los filtros burbuja, como resultado de la personalización, constituyen grupos cerrados, que comparten las mismas visiones, que normalmente se van radicalizando de manera progresiva.
Esos grupos son los que debemos enfrentar. Y tenemos que entender cómo se construye una democracia para el siglo XXI, sin contrapartes, donde cada persona tiene su propio cartel, su propia iniciativa. Por ello hay un desborde evidente de las instituciones tradicionales.
En segundo lugar, hay un error en el sentido de que la sociedad chilena ha sido tolerante y ha permitido que sea la violencia el principal instrumento de cambio. Todos los cambios que han ocurrido en Chile lamentablemente han sido producto de la violencia.
Cuando hubo violencia, lograron las personas erradicar de Freirina un proyecto que era aberrante, que era ecocida con las personas.
Cuando hubo violencia, las comunidades de Aysén lograron restablecer ciertos derechos sociales.
Desgraciadamente, la política en su ceguera, en su sordera, ha viabilizado y ha hecho de la violencia el principal instrumento de cambio, y lo que tenemos que restablecer es que no sea la violencia, sino el diálogo, la política la que resuelva los problemas.
Pero me parece que hay una falta de comprensión de este fenómeno y el error del Gobierno es que ha seguido tratando de solucionar los problemas usando la violencia, no respondiendo a las demandas, siendo sordo a las demandas, siendo ciego frente a las demandas, y eso lo único que hace es legitimar la violencia.
Por eso digo: no dejemos que se imponga la estrategia de la violencia, de los violentistas, lo que se requiere para construir un país mejor es capacitar o dar respuestas políticas a esto.
En parte se está abriendo ese camino, porque tenemos que pasar de la rabia a la participación. Por eso el acuerdo que suscribió este Senado en materia de una nueva Constitución, de un plebiscito, para un proceso constituyente es uno de los caminos.
Pero también debe haber una respuesta a las demandas sociales, la que todavía no existe. Es la única manera de poder legitimar la acción del orden público, el control del orden público una vez que se hayan resuelto los problemas o las demandas sociales que vienen de lo más profundo de Chile.
Aquí fracasó el proyecto político del Gobierno; fracasó su propuesta del Chile que planteaba que iba a ser mejor, y lo que hay es un nuevo proyecto país que viene desde lo más profundo de la sociedad.
Pero tenemos que abordar esto en el contexto de la situación ocurrida en materia de la violación a los derechos humanos.
Voy a reiterar lo que se ha dicho, porque me parece que lo fundamental tiene que ver con si se han violado o no en Chile los derechos humanos. Y creo que no puede haber una visión de negación o de relativismo respecto de la violación a los derechos humanos. Este es un problema que trasciende a las personas, que nos afecta a todos como sociedad, como representantes de la soberanía popular.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos señala que 192 personas han sido víctimas de abusos sexuales; 405 han denunciado que fueron objeto de torturas; 387 fueron objeto de uso de fuerza excesiva; 3.449 fueron heridas; 352 recibieron heridas oculares.
Nadie puede decir que Human Rights Watch es una simple ONG, como se ha señalado acá. Eso es rebajar su estatus y su estándar.
Todos valoramos a Human Rights Watch cuando criticó la violación a los derechos humanos en Venezuela. Pero aparentemente tiene una importancia distinta cuando se refiere a la violación de los derechos humanos en Chile que a la de Venezuela.
Esa institución, la misma que condenó a Maduro, dice que en Chile ha habido tortura, tratos crueles, degradantes; que ha habido maltratos sexuales, abusos sexuales, violaciones; que se ha desnudado a jóvenes; que ha habido tocaciones y que ha habido personas muertas producto de la violencia.
Desde mi punto de vista, hemos vivido un doloroso retroceso.
Y yo me hago preguntas respecto a esto: ¿son graves estos hechos?
¿Qué es lo que piensan nuestros colegas? ¿Qué piensa la sociedad chilena? ¿Cómo vamos a enfrentar estos hechos? ¿Los vamos a enfrentar con relativismo, con negacionismo; vamos a seguir invisibilizando estas situaciones?
¿Qué es lo que diferencia una democracia de una dictadura? ¿Qué diferencia la democracia chilena de la dictadura de Maduro, de la dictadura de Nicaragua o de la dictadura de Corea del Norte?
Para mí existe un tema esencial al momento de decidir la diferencia entre una dictadura y una democracia, y es, justamente, el rechazo categórico de la violación a los derechos humanos. Además, es el concepto de responsabilidad que no existe en Venezuela, en Corea del Norte, en Nicaragua o en los países en que se violan los derechos humanos.
Entonces, el elemento más fundamental, el pilar que define o que hace la diferencia entre dictadura y democracia, desde mi punto de vista, el más relevante -tal vez no el único, pero sí el más relevante-, es la violación a los derechos humanos.
En consecuencia, la democracia chilena está obligada a actuar. Tiene que actuar justamente impidiendo la impunidad que se permite en las dictaduras.
Las dictaduras son dictaduras porque existe impunidad y no existe responsabilidad alguna cuando se violan los derechos humanos.
Desde mi punto de vista, la tolerancia de la violación a los derechos humanos debilita la legitimidad de la democracia y de las instituciones democráticas, como el Parlamento.
Yo me hago otra pregunta, y evidentemente tengo la misma duda que todos los chilenos respecto a si pudimos haber hecho algo más firme para impedir la violación a los derechos humanos.
¿Es grave que no se hayan impedido las violaciones a los derechos humanos? Es grave que empecemos a adecuar nuestro discurso en función de quién es la víctima o de quién es el victimario. Me parece que aquí existe un punto central: no podemos aceptar ese relativismo entre nosotros.
¿Hubo delimitación de responsabilidades? Si no fue así, ¿hubo relativismo entonces o tolerancia?
Porque considero que cuando hay violaciones a los derechos humanos, una democracia debe tener la radicalidad, la firmeza, la intolerancia absoluta ante eso.
Entonces, ¿hubo responsabilidad del mando? ¿Se dio de baja a los responsables por la violación a los derechos humanos?
Incluso, el General Director de Carabineros se atrevió a señalar que, aun cuando tuviera una orden judicial, iba a impedir que aquellas personas que eran objeto de cuestionamientos en materia de derechos humanos fueran dadas de baja. Me parece que ello es una situación de desacato inaceptable de tolerar.
Se ha señalado acá: ¿hubo querellas presentadas por el Gobierno contra los presuntos responsables en estas materias? No, ninguna de estas situaciones ocurrió.
¿Pudimos haber sido más firmes? ¿Se pudo haber evitado alguna de estas violaciones y atropellos a los derechos humanos? Posiblemente, si nuestro país, nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestras autoridades hubieran tenido este concepto de responsabilidad, tal vez hubiéramos podido evitar estos dolores y estas situaciones horrendas que significa la violación a los derechos humanos.
Me pregunto ¿por qué en Chile? ¿Por qué en democracia se volvieron a violar los derechos humanos después de las dramáticas experiencias que hemos vivido? ¿Por qué se traicionó ese compromiso que hicimos todos los chilenos de que nunca más se iban a violar los derechos humanos?
Son muchas las preguntas que debemos responder.
¿Es un problema de la formación de Carabineros solamente?
¿Es un problema de su formación ética?
¿Es un problema su falta de formación en materia de derechos humanos o no habrá un sentimiento profundo de impunidad en muchas personas frente a la violación de los derechos humanos?
Todavía existen procesos pendientes, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Todavía hay víctimas de los derechos humanos que no se encuentran y familiares que no reciben justicia. ¿No será ese sentimiento de impunidad el que ha permitido la violación a los derechos humanos? Así como ha existido una invisibilización, una normalización de la desigualdad, ¿ello no ha ocurrido también con los abusos que conllevan violaciones a los derechos humanos?
¿No son violaciones a los derechos humanos acaso lo que ocurre con los pueblos originarios, con las personas que no tienen agua; la discriminación y la persecución a la diversidad sexual; o los ecocidios en las zonas de sacrificio? ¿Esas personas no viven situaciones de violación a sus derechos humanos?
¿No son violaciones a los derechos humanos los abusos de las isapres, por ejemplo, o de la clínica Dávila que, a pesar de estar prohibido, exige dinero en efectivo incluso a personas que llegan a urgencias?
¿No constituyen todas esas acciones violaciones a los derechos humanos?
¿Existe una cultura de tolerancia en este país respecto de la violación a los derechos humanos?
¿Existe una invisibilización de los derechos humanos?
Entonces, este Senado hoy día tiene una oportunidad.
¿Cuál es esta? Es justamente exigir responsabilidad. ¿Para qué? Para que no haya impunidad, porque en cierta manera esta ha generado este sentimiento de invisibilización y de que se pueden seguir violando los derechos humanos.
Tenemos que aprender de nuestra propia historia y de nuestros errores.
Desde mi punto de vista, este Senado debe tener claridad. Y hoy día debe establecer cuál es la jerarquía que van a tener en Chile los derechos humanos; cuáles son los principios y valores que van a guiar este país a futuro.
Me parece que esos son los temas que debemos responder.
Y aquí existe un tema de responsabilidad.
Se ha dicho: en esto no hay un tema penal, no hay un tema de responsabilidad civil. ¡Hay un tema de responsabilidad política!
Y justamente lo que no hubo es responsabilidad frente a la situación de violación a los derechos humanos. Es esa responsabilidad la que debemos reestablecer. ¿Por qué? Porque si queremos que nunca más en Chile se vuelvan a violar los derechos humanos, debe ser verdad que nunca más se vuelvan a violar los derechos humanos, y nosotros tenemos una responsabilidad en esa materia.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, estimadas señoras Senadoras y señores Senadores, llevamos dos largos días en que hemos escuchado, en un ambiente de reflexión y de respeto, variados argumentos en favor y en contra de la acusación interpuesta contra el ex Ministro Chadwick.
Por lo mismo, no voy a insistir en aquellos elementos por todos conocidos: que estamos ante un juicio constitucional y no un juicio político; que el acusado tiene que haber incurrido en acciones u omisiones que configuren infracciones a la Constitución o a las leyes, y que tales conductas deben ser personales y directas, esto es, que nadie puede ser acusado por actos u omisiones de terceros.
Sin embargo, abordando solo el Capítulo I de la acusación y a pocos minutos de que debamos pronunciarnos respecto de ella, creo pertinente, a modo de recuento, formular dos preguntas para precisar el fondo de lo que está sometido a nuestras conciencias.
¿De qué se acusa al ex Ministro Chadwick?
Me remito al informe de la Cámara de Diputados: "Vulnerar gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas en la República".
Llamo la atención sobre este punto, porque en la polvareda de los argumentos, cargos y descargos e innumerables leyes citadas no puede perderse de vista el corazón de la acción interpuesta.
¿Y por qué se lo acusa?
Cito nuevamente el referido informe: "Omitir deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado".
Se trata de una imputación feroz. Se afirma que el acusado deliberadamente, es decir, a propósito, con intencionalidad, con dolo positivo, habría omitido dictar medidas porque lo que perseguía era que un uso ilegítimo de la fuerza se tradujera en masivas violaciones a los derechos humanos.
¡Ese es el corazón de la acusación! Y quiero destacar, señor Presidente, que durante todo el día de hoy no ha habido un solo Senador, incluidos los que han manifestado que van a votar a favor de la acusación, que haya avalado esa aseveración temeraria y falsa.
Es falso que el entonces Ministro Chadwick haya omitido deliberadamente acciones con el propósito de desencadenar violaciones a los derechos humanos o que las haya amparado una vez cometidas. En rigor, la verdad es la opuesta.
¿Pero por qué señalo aquello? Porque durante todo el día hemos escuchado juicios y opiniones sobre los últimos treinta años del país; sobre su esquema de desarrollo; sobre logros y falencias; sobre las razones del estallido social y las reformas que tenemos por delante.
Pero nada de eso forma parte de la acusación. No está en la acusación el contexto en que vivimos.
Voy a decirlo aún mucho más claramente: tampoco está en discusión si durante las últimas semanas -aseveración que nadie discute- se han violado los derechos humanos, pues eso ha ocurrido. Lo que se halla en debate, respecto de lo que tenemos que pronunciarnos en conciencia y ante la historia es si determinada persona es o no culpable de las acusaciones que en definitiva se le dirigen en cierto texto.
La paradoja, entonces, es evidente.
En verdad, señor Presidente, quienes van a votar a favor de esta acusación solo debieran hacerlo si en conciencia comparten que el otrora Ministro Chadwick, conforme a los términos de la acusación, deliberadamente omitió acciones para favorecer la violación de los derechos humanos a miles de personas.
Quienes votaremos en contra lo haremos porque en conciencia tenemos la convicción de que esa acusación es infundada, es equivocada, es falsa y es injusta.
Señor Presidente, quiero dejar constancia en este Senado de mi opinión en orden a que constituye una gravísima vulneración de los derechos individuales el que una persona sea declarada culpable sin un debido proceso; sin pruebas suficientes; sin que se acredite la causalidad entre las acciones u omisiones que se le imputan y las infracciones constitucionales y legales que se invocan; sin que quienes emitan un veredicto lo hagan ajustándose al contenido de la acusación formulada y, por el contrario, invoquen fundamentos o razones ajenos a ella, y sin que se alcancen los estándares de culpabilidad que la propia Constitución nos exige.
Señor Presidente, considero completamente impropio, absolutamente injusto acusar a una persona por determinada razón -la que señalé-; abandonar absolutamente ese raciocinio durante la tramitación de la acusación; argumentar con razones completamente distintas a aquella, dejándola totalmente de lado, pero a sabiendas de que al momento en que se cierre el círculo renacerá la razón original que nadie fue capaz de sostener durante la acusación. Porque nadie ha tenido el coraje acá para sostener lo que la acusación afirma: que el ex Ministro Chadwick omitió deliberadamente acciones para violar los derechos de las personas.
En consecuencia, creo que esa razón es lo suficientemente fundamental como para que exista un juicio sobre las conductas de cada uno de nosotros.
Ahora bien, señor, Presidente, quiero formular dos apreciaciones adicionales.
Ayer -y también durante el día de hoy- algunos Senadores hicieron ver ante los Diputados que las gravísimas acusaciones formuladas contra el ex Ministro Chadwick, que -insisto- nadie ha querido cargar sobre sus hombros, porque nadie ha avalado la acusación fundamental que se le formula, no tendrían consecuencias penales.
Al respecto, solo quiero decir lo siguiente.
Tengo mis dudas, y ojalá estén en lo cierto los señores Senadores que sostienen que las gravísimas imputaciones que se le formulan al otrora Ministro Chadwick no van a tener derivaciones penales. Yo solo deseo señalar que si tal apreciación fuera errada, no veo cómo las señoras y señores Senadores que hubiesen incurrido en esa equivocación van a poder reparar el inmenso daño causado.
¿Y cómo interpretar esto de que la acusación no se halla relacionada con la persona del acusado? Es obvio que tiene que ver con la persona del acusado. Las personas, los seres humanos no somos abstracciones. Nuestras acciones y omisiones se fusionan con nosotros mismos. El problema que tiene este aspecto, señor Presidente, es que evidentemente genera una disyuntiva que cada cual deberá resolver con su conciencia.
Solo es factible decir que no es posible sostener en privado que el ex Ministro Chadwick es una persona honesta y moralmente íntegra, y, en público -esto es, en la Sala-, votar a favor de una acusación que le imputa el haber deliberadamente omitido acciones para favorecer la violación de los derechos humanos a miles de compatriotas.
No existe espacio intelectual para tal desdoblamiento. Aquí no hay -pienso yo- atajos ni coartadas: es una u otra cosa, pero no las dos al mismo tiempo.
Para terminar, simplemente quiero señalar que ayer el ex Ministro Chadwick alegó ante esta Sala con humildad, pero con coraje, su inocencia. Dijo que era perfectamente válido que cualquiera de nosotros tuviera la peor opinión de su cometido como Ministro del Interior; sin embargo, agregó que ello no habilitaba para validar la acusación interpuesta en su contra, a la que nos hemos referido.
También manifestó, al final de su intervención, que no se podía construir justicia a partir de la injusticia.
Creo que tiene toda la razón.
Pienso -y comparto con ustedes- que tampoco se puede avanzar en la verdad a partir de la mentira; construir paz a partir del rencor, o renovar la amistad cívica a partir de la represalia.
Voy a rechazar la acusación interpuesta contra el ex Ministro Chadwick, pues la considero infundada y profundamente injusta.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, quiero saludar a cada uno de mis colegas en este Senado; a los Ministros que han concurrido a esta Sala, y al ex Ministro Chadwick y a su abogado defensor.
En verdad, habiendo preparado una defensa desde el punto de vista jurídico en cada uno de los argumentos, no puedo dejar pasar un par de aseveraciones que han hecho algunos de los Senadores que me han antecedido.
Claramente, se trata de retrotraer la discusión a lo que escuchamos el día de ayer, especialmente desde el punto de vista de la defensa jurídica, que es una defensa penal, que habitualmente se hace en estrados, cuestión que valoro en esa perspectiva.
Sin embargo, ello desconoce el carácter -nos referiremos al punto en esta alegación- de la acusación constitucional, de lo que esta ha significado en nuestra historia; de lo que ha constituido particularmente para la Cámara Alta, en cuanto a entender que nosotros fallamos en conciencia, que actuamos como jurados, como representantes del pueblo.
Aquí se hacen dos referencias que no considero correctas. Y permítanme despejarlas.
Se habla de que habría un "lavado de manos".
¡Ningún lavado de manos, señor Presidente! Acá resolveremos en conciencia sobre la base del criterio que nos hemos formado respecto de los hechos acontecidos especialmente entre el 18 y el 28 de octubre pasados, en que hemos observado una situación francamente inadmisible en materia de violaciones a los derechos humanos, cuestión que no solo hemos constatado desde el punto de vista noticioso o estadístico: también hemos visto una inacción por parte del Ministerio del Interior -y es lo que se le adjudica en esta acusación; lo que encontramos plausible en ella- ante las miles de atrocidades que pensábamos que no se iban a repetir en este país, que habían desaparecido.
En tal sentido, señor Presidente, me permití recoger información en la región que yo represento, la de Los Ríos, ¡donde vaya que hay una memoria triste en materia de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período de la dictadura!, acerca de las personas heridas entre el 18 y el 28: ¡el mayor porcentaje!
Tal como se ha mostrado en el gráfico expuesto, la cantidad de lesiones se concentra durante los primeros días de la movilización y el 28 de octubre. Llama la atención que ellas aumentan día tras día.
Los testimonios de la gente de nuestra región son brutales: un hombre fue detenido y golpeado por militares; luego, los mismos efectivos trasladaron a la víctima en un camión hacia un sitio baldío donde lo amenazaron con fusilarlo.
Otras víctimas señalaron que en la Comisaría de Río Bueno los desnudaron y los hicieron caminar para luego agredirlos física y verbalmente: ello constituye tortura.
Hay una serie de declaraciones en tal sentido.
Señor Presidente, aquí no se trata de la carrera política de un ex Senador o de un ex Ministro. Lo que haremos será pronunciarnos sobre su deber constitucional como Ministro del Interior desde el 18 de octubre en cuanto al control, a la subordinación de Carabineros y a su papel frente a las violaciones de derechos humanos que se registraron.
A eso nos han llamado: a discutir y resolver respecto de esos hechos.
Ahora bien, acá se han planteado situaciones vinculadas con amistad y conocimiento.
También quiero aclarar aquello, sin que nadie se sienta aludido.
Yo no conocía al ex Ministro: somos de distinta generación. Yo lo vi en otras épocas, duras para mí, para los míos, para los nuestros: lo conocí en Chacarillas, en esas imágenes, y también como Ministro de Estado en la primera Administración del Presidente Piñera y en la de ahora, en el Ministerio del Interior.
Esas son las vueltas de la vida; ahí es donde uno está. Yo me sitúo en la trinchera en la que estoy: Senador del Partido Socialista.
Asimismo, considero importante, para reflexionar en este tipo de situaciones, entender qué son los Ministros como sujetos de responsabilidad. La responsabilidad de los Secretarios de Estado debe analizarse esencialmente por su posición como colaboradores directos del Presidente de la República.
Como suele decirse en Derecho Constitucional, en Chile los Ministros no son simples secretarios del Presidente de la República: les corresponde la conducción política de determinado sector de la vida social y económica que la ley define en diferentes artículos.
De este modo, es notable cómo los Ministros de Estado están más expuestos que el Presidente de la República frente al Congreso desde el punto de vista de su responsabilidad constitucional.
De una parte, las causales para acusarlos son menos exigentes.
Así, mientras el Presidente, para ser acusado, debe haber infringido la Constitución o la ley abiertamente, es decir, de modo evidente y palmario (artículo 52, número 2, letra a)), tratándose de los Ministros no se requiere tal gravedad; mientras el Presidente no responde por haber dejado las leyes sin ejecución ni por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno, los Ministros sí lo hacen por tales infracciones.
De otra parte, las formalidades para condenar a los Ministros también son menos exigentes: mientras que para formalizar la acusación contra el Presidente de la República se requiere el voto favorable de la mayoría de los Diputados en ejercicio, y para destituirlo, de las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, para acusar a un Ministro se precisa únicamente la mayoría de los Diputados presentes, y para destituirlo, la mayoría de los Senadores en ejercicio.
Se ha tratado de debatir acá sobre dónde está el conjunto de pruebas.
Señor Ministro, habiendo sido notificado, estando en conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como distintas organizaciones vinculadas con los derechos humanos hicieron evidentes, como la utilización de balines contra la población, cuestión que les ha causado pérdidas oculares a más de doscientos hombres y mujeres en nuestro país, no desarrolló ninguna acción para impedir aquello, sino solo se limitó a solicitar información.
Eso se llama "inacción"; sobre ello se funda el libelo acusatorio.
Durante la vigencia de los estados de excepción el entonces Ministro en ninguna de sus alocuciones mencionó las graves violaciones a derechos humanos que estaban siendo denunciadas tanto por los observadores de derechos humanos como por el propio INDH.
Se ha argumentado acá que se apoyó económicamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¡Pero si estábamos discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos! Esas no son dádivas.
Asimismo, se señaló igualmente que siguieron funcionando los tribunales; que se dieron salvoconductos, en fin. Pero, por favor, ¡si ello corresponde en un Estado de derecho!
Nosotros fijamos su inacción frente a las graves violaciones a los derechos humanos; ahí situamos la discusión.
Nada dijo por el actuar de Carabineros, cuestión que se ha señalado y sobre la que se ha debatido ampliamente en esta Sala: cómo se autonomizó; cómo generó una serie de situaciones y conductas que repudiamos y condenaremos permanentemente.
En ningún momento envió un mensaje de moderación hacia las Fuerzas Armadas y de Orden, ni les recordó sus deberes en materia de protección de los derechos humanos de la población, cuestión que vulneró tanto el artículo primero del decreto N° 13.064, de 2018, del Ministerio del Interior, como todas las normas legales en materia de derechos humanos y de origen convencional.
¡Eso es lo que reclamamos!
Acá hemos discutido por qué este Senado tiene la obligación de resolver esta acusación conforme a lo que dicte la conciencia de los parlamentarios.
El artículo 53 de la Constitución Política -recordémoslo- dice que son atribuciones exclusivas del Senado:
"1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.
"El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.".
Señor Presidente, estamos aquí como jurado; como representantes del pueblo, elegidos democráticamente, y constituidos en la Sala del Senado para pronunciarnos como jurado.
Entonces, ¡por favor!, no demos la discusión de que las investigaciones de cada uno de los delitos a que hemos hecho referencia, de las inacciones, tienen que estar concluidas. Eso es en sede penal, y esperaremos a que terminen adecuadamente, o será en materia administrativa.
Estamos ejerciendo, precisamente, la condición de jurados y fallaremos en función de ello.
Como señala un artículo del profesor Joel González Castillo: "En efecto, no hay que confundir la apreciación de la prueba en conciencia o de acuerdo a las reglas de la sana crítica y la facultad de fallar en conciencia que denota un concepto distinto, como es el de resolver la litis no ateniéndose a las leyes del derecho positivo, sino a la propia convicción -reitero: a la propia convicción- que el juez se haya formado -en este caso, los jurados- tomando en cuenta las circunstancias de la especie. En tal caso el juez queda relevado de todas las normas reguladoras de la prueba, no solo de las de valoración. Es más, queda relevado del Derecho sustantivo".
Eso es lo que se establece para fallar en conciencia. Eso es lo que nos corresponde, precisamente, como Senadores.
Entonces, no construyamos la falacia de que no hay debido proceso. Aquí hay debido proceso. Escuchamos latamente y hemos leído las intervenciones de cada uno de los invitados de ambas partes; la presentación en la Cámara, con las distintas secuencias. Escuchamos ayer extensamente a las dos partes: la acusación, la contestación, la réplica y la dúplica. Hemos escuchado, hoy día, a cada uno de los Senadores intervinientes.
El debido proceso aquí se ha cumplido.
Debido proceso no han tenido las miles de víctimas, por inacción. Consideramos que ellas merecen una justa investigación, que sancione a los responsables, separándolos de sus funciones, para que no continúen los atropellos a los derechos humanos que hemos visto.
Señor Presidente, Honorable Senado, estamos llamados a pronunciarnos como jurado y así lo haremos.
Por eso, de acuerdo a los antecedentes que hemos reunido, a los argumentos que se han expuesto en cada una de estas actuaciones, voy a votar a favor de ambos capítulos de la acusación constitucional.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, probablemente, el país ha vivido en el último período los momentos más difíciles de varias décadas. Y creo que el Senado está exactamente en la misma situación hoy día. No recuerdo una situación en donde con mayor complejidad debamos expresar una de las facultades excluyentes de esta Corporación. Porque hay muchas que las compartimos con el Gobierno, con la Cámara de Diputados, pero hay dos que son excluyentes: dar o no curso a una acusación constitucional y autorizar la salida de tropas al extranjero.
En este caso particular, estamos convocados para ver si tenemos la convicción de que Andrés Chadwick, a quien conocemos, es responsable y ha de tener la muerte cívica.
Señor Presidente, solo nombrar eso reconozco que me afecta profundamente, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también.
Primero, porque tenemos una acusación que no es la que muchas veces se intenta plantear. Aquí -y la estoy leyendo- los acusadores no dicen que hay un tema político y otro jurídico. Ellos hacen referencia expresa a que el problema político se relaciona con el impeachment que se usa en otros países, el cual tiene que ver con la continuidad en el cargo de la persona. Y eso está resuelto. Lo que nos están planteando, textualmente, es si hay o no ilicitud.
Entonces, señor Presidente -por su intermedio-, no vayamos por el camino fácil. ¡El atajo, no! "Oiga, es que esto es político y todo es discutible". ¡No! Los acusadores nos están diciendo otra cosa: que aquí hay ilicitudes. Y nosotros debemos tener la convicción de las ilicitudes, no de la cosa vaga de si esto es políticamente correcto o no.
Y las acusaciones, señor Presidente, son extraordinariamente severas. La primera es haber vulnerado gravemente los derechos constitucionales a la vida -¡a la vida!- y a la integridad física y psíquica de miles de personas al omitir "deliberadamente" medidas para evitar el uso abusivo de la fuerza.
¿Alguien cree, con honestidad, que el ex Senador Andrés Chadwick deliberadamente ha vulnerado la vida, la integridad física de las personas? ¿Lo pueden decir en la soledad de sus conciencias? Se puede decir externamente, ¿pero en la soledad de sus conciencias?
Yo creo, honestamente, señor Presidente, que nadie puede afirmar eso.
Adicionalmente, quiero recordar cuál era la situación que se vivía en ese momento, el 18 de octubre: 46 ataques a estaciones del Metro; 49 ataques a vehículos policiales; 96 eventos graves; 156 funcionarios policiales heridos; 17 buses incendiados; 3 edificios en llamas.
Esa era la situación, señor Presidente. ¿Y qué decíamos quienes estábamos acá?
El Senador De Urresti, con toda razón, sostuvo que eran los momentos más difíciles que se habían vivido en los últimos treinta años.
El Senador Quintana, con toda razón, señalaba que el Gobierno debía actuar eficazmente contra los actos de delincuencia y de bandidaje para resguardar el orden público.
El Senador Insulza -y aquí me voy a detener un poquito-, preguntado respecto de saltarse los torniquetes, que es una cosa mínima, decía: "Soy partidario de reprimir con energía".
No oí nada de eso en su largo discurso hoy día. Él fue Ministro del Interior por diez años, por lo que cuando escuché aquello pensé: si alguien que estuvo en ese cargo por tanto tiempo dice esto es porque estamos en momentos muy extremos.
Entonces, ¿cuál era la situación? ¿Estaba en amenaza la democracia? ¡Claro que sí! ¡En grave amenaza!
¿Qué es lo que hace un demócrata? Recurre al Estado de derecho, al estado de excepción; convoca a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, conforme a la ley, a la Constitución y, obviamente, hace el camino con las Fuerzas Armadas y Carabineros que existen. Y ahí hace un esfuerzo máximo.
Aquí dicen que no. Pero se han mandado oficios. Yo veo al general Rozas decir que recibió instrucciones del Ministerio del Interior, a través de seis oficios de la época, en el sentido de hacer todos los esfuerzos por defender el Estado de derecho, respetando siempre los derechos humanos. Lo mismo señala el señor Espinoza de la PDI, quien agrega que si hay alguien que se ha destacado por la defensa a los derechos humanos es el señor Andrés Chadwick. ¡Eso es lo que dicen las personas!
También se habla de responsabilidades. Sí, hubo lesionados. En los diez días que estuvo como Ministro del Interior, hubo 473 lesionados civiles.
Yo me di el trabajo de ver cuántos lesionados hubo entre el 5 y el 15 de noviembre: 885.
Hubo daños oculares que a mí y a todos nos parten el alma. Sí: 119 y, con posterioridad, 133.
¿Es culpa de Andrés Chadwick, entonces, una situación de esa naturaleza, cuando los hechos nos han mostrado algo completamente distinto? ¿Vamos a culpar a Andrés Chadwick de los 550 mil cartuchos que se usaron para enfrentar las alteraciones del orden público, que habían sido comprados por el Gobierno anterior? ¿Lo vamos a responsabilizar a él, además, de no haber tenido el adivinamiento para captar que el Gobierno anterior se había equivocado, eventualmente, y de la mejor buena fe?
¡No, no, no! A mí, señor Presidente, eso me parece absurdo.
Mi pregunta es qué va a hacer un próximo Ministro del Interior en el evento -parece que es evidente, por las intervenciones que he escuchado- de que se apruebe una acusación de esta naturaleza.
Aquí hubo Ministros del Interior, hay un Ministro del Interior y algunas personas que se encuentran en las bancas del frente probablemente puedan llegar a ocupar esa Cartera. Y, Dios no quiera, si vuelve a ocurrir un evento de esta naturaleza, y se repiten los incendios, los saqueos, las alteraciones del orden público graves, en todo Chile, no solo en la Región Metropolitana, el nuevo Ministro ¿va a usar la herramienta constitucional so pena de que le digan que hubo una omisión -¡una omisión!-, en donde pudo haber mandado, en vez de seis, ocho oficios, o pudo haber intentado una acción adicional cuando existe una situación de enfrentamiento total?
¿Cuál es la señal que estamos dando a Chile? ¿Dónde están las lógicas republicanas que uno espera de la evaluación de cualquier Senado que quiera enfrentar un tema? Eso, honestamente, señor Presidente, es algo que no puedo comprender.
Se agrega, adicionalmente, que hay una segunda culpa, que es haber permitido medidas no contempladas en el estado de excepción. Se dice que es inaceptable que haya habido toque de queda en función de la atribución constitucional, porque esa medida no está expresamente delegada en la norma que hoy día conocemos.
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte de Apelaciones decretaron que era perfectamente legítimo. Pero, ¿sabe, señor Presidente? Hay una cosa que a mí me altera respecto de esto. Aquí tengo los oficios, el decreto N° 97, del año 2017, del Gobierno anterior, que usa la misma definición -lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo-, a propósito de los incendios en El Maule, y nombra, adicionalmente, al general Javier Iturriaga a cargo de las fuerzas. Y lo primero que hace el general Iturriaga es: toque de queda.
Tengo el otro decreto, el N° 479, que es el que está aquí. ¿Y qué hace este? Con la firma de Andrés Chadwick y del Presidente, dice exactamente lo mismo. ¿Y a quién nombra? A Javier Iturriaga. ¿Qué es lo que hace Javier Iturriaga? Toque de queda.
Entonces, el toque de queda de ahora es susceptible de acusación constitucional. Y el anterior ¿de aplauso constitucional? ¿De qué? ¡Fuimos testigos, varios de los aquí presentes, de lo que estaba sufriendo la gente en El Maule con los incendios y vimos la forma de actuar, que fue la misma que debió adoptar el mismo general! Porque no me van a decir ya que son dos generales distintos.
Entonces, el mismo texto, por ser firmado por el señor Andrés Chadwick, es susceptible de acusación constitucional, de muerte cívica. ¡Es el récord del absurdo, señor Presidente! Y realmente esto no resistiría análisis alguno si hubiera una mejor disposición.
Se ha planteado, además, el hecho de que uno pueda conocer o no al Senador Chadwick. Lo conocemos todos, algunos más, algunos menos. Yo creo que lo conocían más de lo que dicen ahora. Creo que algunos se olvidan. Pero yo quiero recordarles que, más allá de lo que ocurra, este Senado y este país, particularmente el Senado, no va a olvidar nunca una palabra que hoy día falta en la política chilena, y que le sobra a Andrés Chadwick, que es "CORAJE", coraje con mayúsculas.
Tuvo el coraje de contribuir a generar el paso más importante en la transición, cuando como Oposición compartimos las mesas con la Concertación de la época -parece que nadie quiere autodefinirse como "Concertación" ahora-, con el propósito de darle un sentido a la transición.
Tuvo coraje para votar en contra de la acusación constitucional contra Germán Correa, a 45 días del asesinato de Jaime Guzmán, porque decía que jurídicamente no procedía. Y Germán Correa era del Partido Socialista. Obviamente, había una señal importante.
Tuvo el coraje, el año 2003, cuando el Gobierno de la época pasaba por problemas álgidos, de ser parte de la modernización del Estado, que tan importante fue.
Tuvo el coraje de convencernos a todos, y no era fácil, el año 2005, de ser parte de la Constitución de la República que hoy día, aparentemente, se quiere volver a rehacer.
Actuó siempre con coraje, jamás temiendo lo que le pudieran decir. Y les quiero contar que yo sé que lo pasó muy mal, porque también compartí muchos de esos momentos álgidos, duros, de incomprensión, y siempre me dijo: "¿Sabes? En la vida hay que hacer lo que uno cree, con convicción, y no hay que dejarse arrastrar por las mareas que, al final, confunden dónde van las olas".
Así que lo podrán acusar, lo podrán sacar de los anaqueles, pero la palabra "coraje" jamás se la van a arrebatar.
Y segundo, señor Presidente, creo que también va a quedar en la historia -porque yo me di el trabajo de revisarlo y sé que es así- por el hecho de que en las leyes que se refieren a los derechos humanos en Chile no hay un nombre más repetido que el de Andrés Chadwick, ¡en todas!, ¡de la primera a la última! ¡Revísenlas! En la Comisión de Constitución siempre estuvo defendiendo, anticipando, comprendiendo que aquí había una dimensión en donde teníamos mucho que hacer como país y que debíamos ir construyendo esas bases de conciencia, de coincidencia y de defensa real.
Entonces, la ironía es que a quien más aparece precisamente construyendo la difícil arquitectura de un sistema de derechos humanos se le plantee hoy día, por una eventual omisión que nadie ha podido demostrar en qué ha consistido, que permitió que por el uso de la fuerza, estos mismos derechos que ha defendido siempre, se violaran.
Señor Presidente, yo creo que estamos en un momento triste de la democracia. Teóricamente son momentos de reflexión. No, aquí no hay reflexión, aquí tenemos la imposición lamentable de una mayoría que cree que obtiene una gran victoria. No han ganado nada. Yo creo que han hecho perder la fe en las reflexiones, la fe en los trabajos bien hechos, la fe en la trayectoria de las personas. Y eso, señor Presidente, a mí me duele como Senador, pero también me duele como persona, me duele como chileno.
Para terminar, simplemente quiero hacer una reflexión más personal. Yo creo que las injusticias se llevan toda la vida a cargo. Jamás uno va a dejar de reprendérselo. Pero mi impresión es que la satisfacción y la convicción de haber actuado siempre conforme a la conciencia, buscando el bien común, sacrificando esferas legítimas de la vida, van a quedar mucho más profundas.
Como decía Platón: "La peor forma de injusticia es la justicia simulada".
Señor Presidente, lamento que Platón tenga razón esta tarde.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- No tengo más inscritos.
El Senador Chahuán ha pedido la palabra, pero yo entiendo que es para una cuestión de reglamento, porque ya intervino en su momento.
El señor CHAHUÁN.- Así es, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, ayer la defensa del acusado Andrés Chadwick Piñera presentó un escrito para los efectos de certificar aquellos Senadores que estuvieron presentes en una de las sesiones de ese día, escrito que fue proveído hoy, al inicio de la sesión, y en el que se dejó constancia de los Senadores que estuvieron ausentes.
En virtud del artículo 53 de la Carta Fundamental, donde se señala que estamos llamados a conocer de la acusación constitucional, yo pido un pronunciamiento de la Mesa respecto de si están o no habilitados para votar aquellos que no estuvieron en los alegatos, tanto de la parte acusadora como de la defensa.
Hago presente que con esto se está vulnerando flagrantemente el debido proceso respecto del acusado. Quiero dejar constancia de ello en las Actas del Senado y, asimismo, pedir el pronunciamiento de la Mesa a este respecto.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, de esto se dio cuenta en la mañana. Se dispuso que la Sala tomara conocimiento de lo que ocurrió y que la Secretaría certificara lo que ahí se pidió.
Yo entiendo, señor Secretario, que eso está hecho y que está informado, además, a la defensa. No sé si hay algo más que agregar.
Le ofrezco la palabra.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, como ha indicado el señor Presidente, el día de hoy se ingresó el escrito en donde se formuló una petición consistente en un "téngase presente" respecto de los Senadores que se encontraban presentes en la sesión 83ª, especial, del día de ayer, solicitando, además, en un otrosí, la certificación respectiva de quiénes asistieron a ella, a todo lo cual se dio lugar, tal como se dio cuenta hoy día en la Sala, al inicio de la sesión de hoy. Es decir, se tomó conocimiento de lo planteado por la defensa y se dispuso que la Secretaría certificara lo que se solicitaba, cuestión que se hizo y se entregó el respectivo certificado.
En ese entendido, Su Señoría, para efectos de la determinación del quorum, conforme lo señala el artículo 5° del Reglamento del Senado, pueden participar en esta votación todos aquellos Senadores que se encuentren en ejercicio del cargo. Y para determinar quiénes no están en el ejercicio del cargo solamente se debe atender a lo que dispone la misma disposición citada; esto es, no están en ejercicio del cargo los suspendidos por efecto de la aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 61 de la Constitución Política de la República, esto es, quienes estén sujetos a desafuero por una investigación; y en segundo lugar, quienes se encuentren ausentes del país con permiso constitucional, situación que hoy día no se da respecto de ninguna señora Senadora ni de ningún señor Senador.
Por tanto, quienes no se encuentren en las dos condiciones indicadas pueden ejercer su derecho a votar en las materias que son de competencia y conocimiento del Senado, entre ellas, las acusaciones constitucionales, como ocurre en la especie, para lo cual solo es requisito necesario estar en el ejercicio del cargo; sin perjuicio de lo cual, las inhabilidades -no se ha hecho valer ninguna- tampoco podrían afectar o alterar el quorum respectivo.
Eso es, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
Habiendo hecho uso de la palabra los señores Senadores y las señoras Senadoras que se inscribieron para este efecto, corresponde proceder a votar por separado ambos capítulos.
En votación el Capítulo I.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en votación el Capítulo I de la acusación constitucional, que fue declarada admisible por la Honorable Cámara de Diputados, consistente en el hecho "De haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al omitir adoptar medidas eficaces para detener violaciones graves a los Derechos Humanos durante la vigencia de las declaratorias de Estado de Emergencia en el territorio nacional".
La señora ALLENDE.- ¿Cómo se vota?
El señor QUINTANA (Presidente).- El "Sí" respalda la acusación; el "No" la rechaza.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Capítulo I (23 votos a favor y 18 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
El señor QUINTANA (Presidente).- En votación el Capítulo II.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en votación el Capítulo II de la acusación constitucional, que declaró admisible la Honorable Cámara de Diputados, consistente en el hecho "De haber infringido gravemente la Constitución al participar de la declaración del Estado de Emergencia y afectar derechos no contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional".
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Capítulo II (23 votos a favor y 18 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Moreira, Pérez Varela, Prohens, Pugh y Sandoval.
El señor QUINTANA (Presidente).- En consecuencia, por haberse alcanzado el quorum de la mayoría de los señores Senadores en ejercicio en ambos capítulos, queda aprobada la acusación constitucional presentada en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad Pública señor Andrés Chadwick Piñera para todos los efectos legales y constitucionales que correspondan.
Por haberse cumplido su objetivo, procederé a levantar esta sesión especial, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.