REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 81ª, en miércoles 4 de diciembre de 2019
Extraordinaria
(De 19:32 a 23:44)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE; Y SEÑORES ÁLVARO ELIZALDE SOTO, JUAN ANTONIO COLOMA CORREA, Y
CARLOS BIANCHI CHELECH, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; Secretario General de la Presidencia, señor Felipe Ward Edwards, y la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora María José Zaldívar Larraín.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios General de la Presidencia, señor Juan Francisco Galli Basili, y de Previsión Social, señor Pedro Pizarro Cañas.
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 19:32, en presencia de 41 señores Senadores.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
Señoras Senadoras y señores Senadores, el acuerdo que se ha alcanzado para esta sesión extraordinaria fijada por nuestra Corporación es que el Presidente de la Comisión de Hacienda informe el proyecto que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias.
Se suspende la sesión por cinco minutos, en espera de ese informe.
)---------------(
--Se suspendió a las 19:33.
--Se reanudó a las 19:42.
)---------------(
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Continúa la sesión.
Se solicita autorización para que pueda ingresar a la Sala el Subsecretario de Previsión Social, señor Pedro Pizarro.
¿Habría acuerdo?
El señor MOREIRA.-
Sí.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Acordado.
Informe
De las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias (Boletín N° 13.091-13) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Terminada la Cuenta.
ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS BENEFICIOS EN SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIAS
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en segundo trámite constitucional, que mejora y establece nuevos beneficios en el sistema de pensiones solidarias, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.091-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 80ª, en 4 de diciembre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisiones:
Trabajo y Previsión Social y Hacienda (unidas): sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Las Comisiones unidas dejan constancia de que aprobaron el proyecto de ley en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus integrantes.
Cabe hacer presente que los artículos 1 y 2 permanentes y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios revisten el carácter de normas de quorum calificado, por lo que requieren 22 votos para su aprobación.
Es todo, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general y particular la iniciativa.
Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber, Presidente de la Comisión de Hacienda.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, hace escasos minutos, en sesión conjunta, las Comisiones de Trabajo y de Hacienda votaron en general y en particular el proyecto de ley relativo a las pensiones básicas solidarias.
El objetivo de la iniciativa, en términos bien directos, es mejorar los montos de los beneficios de los actuales y futuros pensionados en el sistema de pensiones solidarias, asegurar una pensión de monto constante a los futuros pensionados bajo retiro programado con pilar solidario, y establecer un nuevo beneficio, el cual consiste en garantizar en el pilar solidario que la pensión por retiro programado no será inferior al valor de la pensión básica solidaria.
Para dar una dimensión de qué estamos hablando, se trata básicamente, entendiendo que se está haciendo referencia al pilar solidario y no al pilar contributivo -esta es una materia que se aborda en un proyecto presentado por el Gobierno, que todavía está en discusión, en trámite legislativo-, de introducir una mejora en el más corto plazo posible a la pensión básica solidaria, asimilándola a un nivel equivalente al de la línea de pobreza, conforme a una demanda que se planteó hace bastante tiempo.
Teniendo presente que acá hay esfuerzos razonables de mejoramiento de las pensiones, se intenta comprimir este aumento en el sentido de considerar una tasa de gradualidad en el menor tiempo posible.
A estos efectos, se determina en concreto un incremento del 50 por ciento para la pensión básica solidaria (PBS) y para la pensión máxima con aporte solidario (PMAS), desde diciembre de este año, respecto de los beneficiarios mayores de ochenta años.
Adicionalmente, para los pensionados de setenta y cinco a setenta y nueve años se incrementa la PBS y la PMAS en 30 por ciento en enero del 2020, y el aumento acumulado llega a 50 por ciento en enero del año 2021.
Y, finalmente, los pensionados menores de setenta y cinco años -este es el último tramo- van a recibir un incremento en la PBS y la PMAS de 25 por ciento en diciembre de este año, de 40 por ciento en enero de 2021 -es decir, en un año más-, para llegar posteriormente a un acumulado de 50 por ciento el 1 de enero del año 2022.
Los beneficiados por este sistema con edad menor a los setenta y cinco años, en el caso de la PBS, son más de 200 mil personas; en el rango de entre setenta y cinco y setenta y nueve años son más de 94 mil personas, y quienes están por encima de los ochenta años son más de 104 mil personas.
En cuanto al APS, las cifras van desde las 500 mil personas, en el caso de los menores de setenta y cinco años; sobre las 676 mil personas, tratándose del tramo de setenta y cinco a setenta y nueve años, y por encima de 226 mil personas en el caso de quienes superan los ochenta años.
Si a eso sumamos las pensiones por invalidez, que son alrededor de 300 mil, en total estamos hablando de un beneficio para más de 1 millón 560 mil pensionados en Chile.
Sin perjuicio de lo que señalará la Ministra del Trabajo en términos de beneficios específicos, quiero manifestar que, junto con el aumento de la pensión básica solidaria, que será del 50 por ciento al cabo de dos años, se establecen también beneficios para los pensionados de retiro programado, determinándose que, una vez acabado su fondo, el sistema de apoyo estatal va a seguir vigente y suplementará su pensión de por vida.
En el caso de la pensión por invalidez, la persona que la percibe corre severos riesgos de perder ese beneficio, parcialmente o del todo, en caso de percibir un ingreso adicional. Hoy se pone fin a eso. Y, además, se establece que aquellas personas que al momento de pensionarse o jubilarse no cumplan con los requisitos de la pensión básica solidaria, si con el devenir del tiempo pasan a cumplirlos, van a poder, con la ley nueva, beneficiarse de esa pensión, posibilidad de la que hoy estaban excluidas.
Estos son beneficios bien sustantivos que, en consecuencia, no solamente se traducen en el aumento de la pensión básica solidaria y del APS, que es significativo, de un 50 por ciento, sino que además, con las tres medidas que acabo de señalar, permiten que se expanda el universo de las personas favorecidas con esta iniciativa.
Señor Presidente, ese es el contenido del proyecto. Espero que estemos en condiciones de aprobarlo. Está con "discusión inmediata" y, como dijo el señor Secretario, contiene normas de quorum especial.
Eso es cuanto puedo informar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, no agregaré nada más a lo expuesto por el Presidente de la Comisión de Hacienda, porque ha reflejado muy nítidamente cuál fue el debate que tuvimos en la Comisión.
Solo voy a puntualizar algunos temas, por cuanto lo que hemos logrado hoy día forma parte de un proceso de trabajo que iniciamos hace bastante tiempo, en el marco de la Ley de Presupuestos del año 2020 y a raíz de una indicación inadmisible que venía desde la Cámara de Diputados, que establecía un aumento de 50 por ciento para el 2020 de todo el pilar solidario sin gradualidad por tramos de edad, como se ha aprobado en esta ocasión.
Cabe puntualizar que, gracias a esa indicación inadmisible presentada en la Cámara Baja, se logró abrir acá un espacio de debate y de búsqueda de acuerdos para aumentar significativamente la pensión del pilar solidario. Y de un 10 por ciento inicial que propuso el Gobierno se pasó a un 20 por ciento y hemos llegado a un 50 por ciento, cuyo pago se va a iniciar para todos los tramos establecidos -ochenta años y más, setenta y cinco a setenta y nueve años y sesenta y cinco a setenta y cuatro años- a partir de ahora, vale decir, diciembre de 2019.
Considero que será una muy buena noticia para el millón 500 y tantos mil pensionados del pilar solidario recibir en diciembre este importante aporte que se ha logrado en el marco del debate de esta iniciativa.
Además, señor Presidente, como esto fue parte de un acuerdo que se trabajó en las Comisiones unidas de Hacienda y de Trabajo, quiero dejar constancia en el debate de la Sala para la historia de la ley -también lo señalé en la Comisión- que hubo elementos, tal como indicó el Presidente de la Comisión de Hacienda, que modificaron en algunos aspectos el pilar solidario, contenido en la ley No 20.255, del año 2008.
Creo que es importante dejar eso consignado, pues es la primera modificación sustantiva que se hace a dicho cuerpo legal.
Por otro lado, señor Presidente, me parece muy importante que los acuerdos se cumplan.
Yo me encontré con la sorpresa hoy día en el debate particular del proyecto de que se incorporaron disposiciones con relación al pilar contributivo, al decreto ley No 3.500, en circunstancias de que para dar el acuerdo yo había solicitado en las semanas anteriores no incluir en este debate el pilar contributivo del decreto ley No 3.500, pues esa es una discusión que debemos hacer en profundidad, de acuerdo con lo que muchos acá representamos, y no dar señales complejas al país.
Ello -y lo quiero dejar muy claramente establecido-, porque con esta buena noticia para los beneficiarios del pilar solidario no se va a dar respuesta a las expectativas que tienen muchos pensionados del país en el sentido de que sus malas pensiones, sus tan esmirriadas pensiones sean objeto de un cambio en estos días.
Me parece muy relevante que nosotros demos una señal de pedagogía en la línea de que este mejoramiento solo abarca las pensiones más bajas del pilar solidario.
Por lo tanto, señor Presidente, pienso que hay que tomarse en serio los acuerdos, la buena voluntad y la disposición para destrabar situaciones complejas, para no encontrarse posteriormente con sorpresas, como lamentablemente me tocó verlo en el día de hoy, tramitando una modificación al decreto ley No 3.500 con relación a las rentas vitalicias y al retiro de excedentes de libre disposición.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Lagos Weber.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, no informé algo respecto a la forma de financiamiento del proyecto.
Esta iniciativa originalmente iba a incrementar las pensiones a partir de enero.
Lo que se hizo, producto del marco de entendimiento al que se llegó hace un par de semanas y que fue ratificado por la Cámara de Diputados, es que este aumento comenzará a ser pagado o enterado a partir de ahora, en diciembre.
Para esos efectos, el texto del proyecto venía con un artículo transitorio en el cual no quedaba clara -y esto lo hicieron ver la Senadora Muñoz y el Senador Letelier, con la plena coincidencia de todos- la fecha en que debía dejarse constancia del inicio del pago, aunque posteriormente se dilucidó que sería a contar de diciembre de este año.
Ese tema se conversó con la Dirección de Presupuestos, que va a hacer las precisiones correspondientes una vez que se asignen los recursos respectivos.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Antes de darle la palabra a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social para que dé a conocer el marco del acuerdo, le solicito formalmente una explicación acerca de lo relativo al decreto ley No 3.500, tema al cual ha hecho referencia la Senadora Adriana Muñoz.
Somos muchos los que hemos entendido que el cambio al sistema debe ser bastante más de fondo, pues eso era parte del acuerdo.
Es difícil enterarse ahora de ello.
El señor NAVARRO.-
¿Y de quiénes es ese acuerdo?
El señor BIANCHI.-
¡De varios!
El señor CHAHUÁN.-
¡De la mayoría!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Por eso, mejor escuchemos la explicación de la Ministra.
Tiene la palabra, señora Ministra.
La señora ZALDÍVAR (Ministra del Trabajo y Previsión Social).-
Señor Presidente, comenzaré aclarando esas dudas a fin de despejarlas y luego voy a entrar al fondo del proyecto.
La razón por la cual se incorporó esa indicación, que se hizo a solicitud de algunos parlamentarios, responde a que en la actualidad para el retiro de excedentes de libre disposición se debe cumplir una serie de requisitos, uno de los cuales es recibir una jubilación -la actual ley así lo dice- superior a la pensión máxima con aporte solidario.
Como estábamos modificando, y de manera muy sustancial, la pensión máxima con aporte solidario, que hoy día es de 320 mil pesos pero que, producto del incremento en un 50 por ciento, estaba llegando a 488 mil pesos, casi 500 mil pesos, lo que nosotros de alguna manera estábamos haciendo, de seguir indexada la posibilidad de retirar excedentes de libre disposición a este valor mayor, era llevar a que menos personas pudiesen retirar excedentes de libre disposición y que aquellas que estaban en condiciones lo hicieran por un monto menor.
Por lo tanto, el objetivo de esta norma es mantener o garantizar ciertos derechos que hoy día se hallan establecidos en la ley, porque en ningún caso una normativa posterior puede afectar derechos que una persona ya tenía o ser más gravosa.
Entonces, la razón de la modificación dice relación exclusivamente con que ese retiro está vinculado exclusivamente con la ley del pilar solidario.
Ahora, con respecto al pilar solidario y la modificación a la ley No 20.255, ¿qué es lo que se busca con esta iniciativa? Lo que se persigue es que el millón y medio de personas que son hoy día beneficiarias del pilar solidario, ya sea por pensiones de vejez o pensiones de invalidez; personas que nunca en su vida cotizaron o que, habiéndolo hecho en el sistema antiguo, no tuvieron derecho a pensión; personas que, habiendo cotizado en el sistema antiguo o en las AFP, no lograron financiar pensiones por un monto superior a los 320 mil pesos -a 488 mil pesos a futuro con estas modificaciones-; personas que hayan optado por retiro programado o por renta vitalicia, o personas que reciban pensiones de sobrevivencia -y con esto estoy incorporando a la totalidad de los pensionados, esto quiero dejarlo muy claro-, puedan ver incrementado el monto de sus pensiones.
La ley No 20.255 establece un reajuste anual en el mes de julio sobre la base del IPC, pero ahora se estimó necesario incrementar los montos de esas pensiones hasta en un 50 por ciento.
Eso es lo que Sus Señorías están aprobando ahora. Es decir, que todas esas personas a las cuales me he referido obtengan un aumento de un 50 por ciento en el beneficio que el Estado les financia.
Ahora, la ley en proyecto no solo incorpora este beneficio -que es el gran beneficio, el que se ha dado a conocer-, que tiene una gradualidad de aproximadamente veinticuatro meses y que financiará a un millón y medio de chilenos, sino que además contempla tres nuevos beneficios que hoy en día no existen.
Para quienes no lo saben, las personas que gozaban de pensiones de invalidez y recibían ingresos laborales se veían expuestas, eventualmente, a perder los beneficios del pilar solidario.
Y eso nos parece muy contradictorio, sobre todo cuando tenemos una Ley de Inclusión mediante la cual lo que queremos hacer es incorporar en plenitud a aquellas personas con el objeto de que puedan desarrollarse cien por ciento.
Es por eso que en esta modificación legal estamos buscando que los ingresos laborales no se consideren para los fines de calcular su vulnerabilidad y solo se tomen en cuenta cuando ellos estén muy por encima de determinado parámetro, que hoy en día son 500 mil pesos.
Cualquier persona que perciba una pensión de invalidez y que reciba ingresos laborales por un monto inferior a los 488 mil pesos no va a perder los beneficios que actualmente tiene, pues esos ingresos no serán considerados.
En segundo lugar, existía un verdadero drama con aquellas personas que, perteneciendo al 60 por ciento más vulnerable, habían llegado al momento de pensionarse, a los sesenta y cinco años, y su pensión era 1 peso, 10 pesos, mil pesos superior al límite. Esa persona optaba por el retiro programado y veía que el monto de su pensión bajaba sustancialmente a lo largo de su vida y, dado que no había entrado a los sesenta y cinco años, nunca más obtenía los beneficios de parte del Estado. Esto se corrige.
Si la pensión de una persona, producto del retiro programado, baja y ella se encuentra dentro del 60 por ciento más vulnerable, el pilar solidario le va a garantizar al menos el monto de una pensión básica solidaria.
Y, en tercer lugar, todas las personas que acceden actualmente al pilar solidario, que será más elevado, porque llegará hasta los 488 mil pesos como pensión de corte, tendrán la posibilidad, si optan por retiro programado, de beneficiarse con una pensión vitalicia de monto garantizado.
Lo anterior quiere decir que no les va a bajar el monto de su pensión, que las pensiones de sobrevivencia se van a garantizar tal como corresponde, y que para poder acceder a eso la persona primero va a usar sus fondos y en caso de que falten los recursos, ya sea para pagar esta pensión de manera vitalicia o para financiar sus pensiones de sobrevivencia, el Estado será el que ponga la totalidad de los recursos.
De esta manera, corregimos tres situaciones sumamente injustas, muy complejas y que me imagino que ustedes las habrán visto a diario en sus territorios: personas con pensión de invalidez que trabajan informalmente para no perder los beneficios; personas que no accedieron al pilar solidario y que hoy día están en una situación más desmejorada que otras; y personas cuyas pensiones han bajado de manera sustantiva y que no tienen necesariamente los recursos para poder financiarse cuando llegan a una edad más avanzada.
Ese sería en resumen, señor Presidente, el contenido del proyecto de ley que se encuentra en este momento para consideración del Senado.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Carolina Goic.
El señor PIZARRO.-
Quiero hacer una propuesta, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Disculpe, señora Senadora. Le daré primero la palabra al Senador Pizarro para que haga su planteamiento.
El señor PIZARRO.-
Perdón, Senadora Goic.
Señor Presidente, obviamente, analizamos el proyecto en su compleja parte técnica y con todo lo que implica el acuerdo que habíamos adoptado, y se aprobaron por unanimidad todos sus artículos, después de las aclaraciones y el debate adecuado.
Tenemos citada, en estricto rigor, esta sesión hasta las 9 de la noche y nos queda por ver un proyecto más. Por tanto, mi sugerencia es, como están todos los artículos aprobados por unanimidad, hacer una sola votación en el entendido de que cada cual podrá fundamentar su voto.
Creo que eso nos podría ayudar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo para pronunciarse, en una sola votación, sobre los ocho artículos?
Acordado.
Senadora Goic, tiene la palabra.
La señora GOIC.-
Señor Presidente, quiero partir señalando que lo que hacemos hoy día es una buena noticia para muchos pensionados. Pero además, tal como planteaba la Senadora Muñoz, Presidenta de la Comisión de Trabajo, ello es producto de un acuerdo, lo que debemos destacar, pues en un tiempo muy rápido, con mucha celeridad, le hemos dado cumplimiento. Es bueno cumplir los acuerdos, sobre todo cuando benefician a los adultos mayores.
Asimismo, debo señalar que esta no es la reforma previsional, que sigue pendiente, y espero que la podamos ver en el Senado prontamente. Pero sí es un paso, de alguna manera es un ladrillo, un cimiento fundamental en nuestro sistema previsional y en nuestro sistema de protección social.
Cuando en la reforma del 2008 se crea el pilar solidario, en la discusión efectuada instalamos como principio que en nuestro país las personas mayores, los hombres y mujeres de más de sesenta y cinco años, tenían derecho a sus ingresos, a su propia pensión. Por lo tanto, no debían ser carga de un hijo, no se les contemplaba ese ingreso, aunque vivieran con él. No eran castigados porque durante su vida activa tuvieran una casa. Eso no se considera en este caso para calcular si están dentro del 60 por ciento más vulnerable y, en consecuencia, tienen derecho al pilar solidario.
Era un piso de dignidad.
Eso fue lo que hicimos cuando se creó el 2008, en el Gobierno de Michelle Bachelet, el pilar solidario, que aprobamos varios de nosotros.
Hoy día damos otro paso. Es decir, ningún adulto mayor en nuestro país con su pensión va a quedar bajo la línea de pobreza. Me parece que eso es muy importante en términos de dignificar a nuestros adultos mayores.
Se implementa con una gradualidad. A todos -¡a todos!- nos hubiera encantado que se hubiera materializado altiro el aumento del 50 por ciento, para llegar a ese piso de dignidad. Pero esa gradualidad es bastante acotada. Se hizo un esfuerzo relevante, pero además con seriedad, con el respaldo de los recursos para tal fin.
Y no solamente lo hicimos respecto de nuestros adultos mayores. También se estableció un piso de dignidad para las personas con discapacidad, a quienes les dimos un margen, un respiro, para no perder su pensión si accedían a un trabajo, también cuando se creó el pilar solidario. Y hoy día decimos: "No van a ser castigados si ingresan al mundo del trabajo, porque queremos un mundo más inclusivo para las personas con discapacidad".
Creo que eso es muy importante.
Quiero agradecer a la Ministra por haber puesto el tema, porque esto no estuvo inicialmente en el acuerdo. Pero si podíamos hacerlo hoy día y dar esa señal, es fantástico. Y debo destacarlo: es una buena noticia, un paso. Lo importante es que sigamos avanzando.
Porque es cierto, hoy día se aumenta la cantidad de beneficiarios, que llegará a un millón y medio de pensionados, quienes van a recibir en un momento, dentro de veinticinco meses, un aumento de 55 mil pesos en su pensión. Pero también se incrementa la cantidad por el aumento del tope de la pensión a la cual se puede acceder con aporte previsional solidario.
Eso reviste mucha importancia.
Lo propuesto hoy día es para quienes no cotizan y tienen la pensión básica solidaria. Sin embargo, también es para un universo que sí ha cotizado pero que queda con pensiones bajo 488 mil pesos y está dentro del 60 por ciento más vulnerable.
Esos son los criterios, señor Presidente.
Pero creo que debemos tener la misma celeridad para aquellos pensionados de clase media y que son igual de pobres, pues tienen la misma necesidad de aumentar hoy día sus pensiones.
Ahí hay un compromiso, y es parte del acuerdo asegurar que estén los recursos fiscales para que eso pueda darse desde el primer día, a la par de ir aumentando la cotización que tenemos que usar en forma solidaria, para permitir también el aumento de las pensiones de aquellas personas de clase media hoy día, no solamente del 60 por ciento más pobre y vulnerable.
Junto con eso, y con la creación de un sistema mixto de pensiones de verdad, debemos ver cómo modificamos las actuales administradoras de fondos de pensiones. O sea, cada vez que uno habla de los 551 millones de dólares de utilidades que obtuvieron en los primeros nueve meses de este año, que representan un 70 por ciento más que las utilidades del 2018, resulta claro que la gente nos pida tener igual celeridad. Pongamos un límite a esas utilidades. Además, establezcamos que sobre ese límite se reparta entre los fondos de los trabajadores.
Por ello, quiero invitar a este Parlamento, a quienes estamos aquí, a los representantes del Ejecutivo, a los Ministros a que avancemos con rapidez, porque ahí también nos están esperando, porque también se trata de adultos mayores que requieren avanzar en dignidad.
Voto favorablemente, y destaco el trabajo que hicimos con mucha generosidad, tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Trabajo; el impulso de los Diputados, y también la seriedad para sacar adelante hoy día este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, este es un día muy importante para 1 millón 600 mil pensionados de nuestro país.
Por fin, el Congreso Nacional va a despachar un proyecto enviado por el Presidente de la República para concretar una promesa de mucho tiempo: el mejoramiento de las pensiones básicas solidarias de vejez, de las pensiones básicas solidarias de invalidez y de los aportes del pilar solidario.
Y digo que es importante porque, como bien lo señaló alguien que me antecedió, este ha sido un largo proceso, con encuentros y desencuentros. Y, finalmente, vamos a poder decirles a nuestros pensionados que se están reajustando sus pensiones, que estamos avanzando en materias tan importantes como las que señaló la Ministra del Trabajo, a quien aprovecho de felicitar. Hasta ahora se les decía que la pensión básica solidaria de invalidez no la podían mantener si estaban trabajando. Pero ahora el trabajo que debían ocultar lo podrán desarrollar transparentemente, porque los ingresos que obtengan por él no van a afectar el beneficio de la pensión básica solidaria de invalidez. Eso, qué duda cabe, es un gran gran avance. No es solo el reajuste de las pensiones; son estos avances a los que también se refería la señora Ministra del Trabajo.
Hay personas que a los sesenta y cinco años se pensionaron a través de la modalidad de retiro programado, fueron perdiendo o disminuyendo significativamente el monto de su pensión y, sin embargo, no podían ser tomadas por el pilar solidario a los setenta y cinco u ochenta años porque la ley no lo contemplaba. Ahora sí serán acogidas y tendrán asegurada una pensión mínima, lo cual me parece que también es otro avance significativo.
Lo mismo ocurre con la garantía de la pensión. A pesar de que los fondos en una AFP vayan disminuyendo, no se afectarán, finalmente, los beneficios por concepto de sobrevivencia.
Por eso creo que este es un día importante, un día en que por fin les vamos a poder dar a nuestros pensionados una muy buena noticia.
Por supuesto que tenemos desafíos pendientes. Todos nosotros sabemos que los pensionados a través del sistema de AFP están reclamando que nos hagamos cargo del bajo monto de sus pensiones. Y debemos hacerlo. En la Cámara de Diputados se encuentra un proyecto de reforma previsional y existe buena voluntad para subir la cotización y destinar un porcentaje prioritario de ella a tener un sistema de reparto y de esa forma poder mejorar las pensiones.
El Gobierno, durante la discusión del Presupuesto 2020 y también durante la discusión de estos proyectos de ley, ha manifestado su disposición a poner recursos fiscales para que durante el período de transición, mientras se vayan acumulando los recursos de la nueva cotización, pueda haber un mejoramiento de las pensiones.
Pero necesitamos construir un acuerdo político, necesitamos construir un acuerdo legislativo. Y tenemos que hacerlo con prontitud, con rapidez, porque no podemos transmitir el mensaje de que quienes han ahorrado -algunos por más años, otros por menos- pueden recibir pensiones incluso más bajas que las que estamos aprobando hoy día.
Eso, por supuesto, no es justo con personas que han dedicado toda su vida a trabajar y que también han hecho un tremendo esfuerzo por ahorrar para su pensión de vejez.
Debemos actuar con la mayor urgencia posible. Con el mayor rigor técnico, por supuesto, pero, a la vez, con la mayor urgencia posible.
Señor Presidente, termino expresando que los Senadores de Renovación Nacional concurrimos entusiastamente con nuestro voto favorable a la aprobación del proyecto, porque por fin vamos a poder decir que hemos cumplido con lo que nuestros adultos mayores nos han venido reclamando durante tanto tiempo.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, quiero partir por saludar y felicitar a los colegas que trabajaron este proyecto en las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y, por cierto, tal como ya lo dijo el Senador Lagos Weber, también la labor que se realizó durante la discusión presupuestaria. Sin lugar a dudas, ha sido fundamental para llegar a este momento.
Quiero levantar el siguiente punto, señor Presidente.
Efectivamente, el acuerdo que se adoptó en las conversaciones fue no afectar el pilar contributivo para revisarlo en una ley específica. Pero aquí, al hacer esta modificación, se generaba un efecto indeseado que la Ministra explicó muy bien. Al subir el monto del aporte del Estado a la pensión de nuestros adultos mayores, se modifica uno de los requisitos para el retiro de excedentes de libre disposición. Y eso obviamente, desde el punto de vista del sistema, afecta los derechos de quienes ahorran, de quienes cotizan.
Por lo tanto, nos parecía fundamental que eso se tuviera en consideración al momento de legislar sobre la materia. Y agradezco al Ejecutivo que así lo hiciera.
Muchas veces varios de nosotros hemos reclamado por la titularidad de los fondos de pensiones. ¿De quiénes son? De los trabajadores. Y resulta que ahora, si la exigencia mínima de lo que debe tener ahorrado el trabajador aumenta, asimilándolo al cien por ciento de la pensión máxima con aporte solidario, lo que estamos haciendo es dejar retenidos en el sistema una mayor cantidad de fondos, lo que no parece justo.
Con el Senador De Urresti hemos hablado sobre esto. Él me dice: "Yo quiero un cambio y que abordemos el sistema en su conjunto". Y estamos de acuerdo: veámoslo, pero sin afectar, de manera indirecta, los ahorros de los trabajadores. Y eso es lo que el Ejecutivo, único titular en estas materias, hizo con la indicación.
Tenemos muchos más asuntos que discutir respecto de las pensiones y nuestro sistema previsional y, tal como indicó quien me antecedió en el uso de la palabra, debemos discutirlos acabadamente, precisando claramente su impacto.
Cuando las ganancias de las AFP, tal como señaló la Senadora Goic, superan los 500 millones de dólares y las pensiones que paga el sistema no son así de cuantiosas, obviamente que tenemos un tema que abordar. Pero no podemos, con normas indirectas, afectar los fondos o la titularidad de la propiedad de los fondos de nuestros trabajadores. Por eso era tan importante desacoplar la posibilidad del retiro de excedentes de libre disposición del aumento de las pensiones con aporte solidario del Estado.
Yo agradezco eso en esta discusión, así como a los colegas de Hacienda y de Trabajo, quienes recogieron ese planteamiento en la negociación y aprobaron la disposición pertinente. Los fondos son de los trabajadores y no podemos gravar la posibilidad de utilizarlos a través de esta normativa.
¿Quedan temas por discutir? Por cierto. ¿Es insuficiente la pensión? Sí, es insuficiente, pero aquello es lo que el Ejecutivo estuvo dispuesto a hacer y, obviamente, cuenta con el respaldo de esta Sala.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Saludo, en primer lugar, a la señora Ministra, a quien le agradezco la buena disposición que siempre ha tenido para tocar diferentes temas.
Señor Presidente, cuando nos comparamos con los países de la OCDE, una de las principales diferencias que saltan a la vista se refiere al sistema de seguridad social.
En la mayoría de las naciones existe un robusto sistema de seguridad social que protege efectivamente a las personas en las diversas contingencias que deben enfrentar en la vida: en materia de salud, en el tema del desempleo o una vez que llegan a la edad de jubilar. Y la protección es responsabilidad primordial del Estado. Es lo que se llama "Estado de bienestar" que han construido países democráticos con niveles de desarrollo similares al nuestro.
Algo muy distinto es lo que ha imperado en Chile en las últimas décadas, en que han prevalecido soluciones individuales y privadas a problemas que son colectivos y públicos.
Esto es lo que hoy está cuestionando la ciudadanía, y por eso hablamos de la necesidad de reformas estructurales en estos ámbitos, que constituyen los tres pilares de la agenda social: salud, pensiones y salarios dignos.
En materia de pensiones, los chilenos tienen un juicio lapidario en contra del sistema de AFP, que es imposible de revertir.
Los chilenos piden pensiones justas para quienes han contribuido con su trabajo al desarrollo del país, cuyo monto no dependa únicamente del esfuerzo individual y la rentabilidad de las inversiones, y pensiones básicas que permitan satisfacer las necesidades esenciales de quienes por distintas razones no han cotizado.
El Gobierno planteó un mejoramiento del 20 por ciento, que en este Congreso, tan vapuleado, a través de la negociación sobre reforma tributaria y la Ley de Presupuestos, se logró mejorar sustancialmente hasta llegar al 50 por ciento, según rangos etarios.
Este es un primer paso para empezar a cambiar la realidad que viven millones de adultos mayores que deben seguir trabajando hasta avanzada edad o depender de la ayuda de sus hijos o de sus nietos para sobrevivir.
Los trabajadores no pueden pasar a ser pobres por el hecho de jubilar.
Celebro este avance. Hay que reconocerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, hay que centrar la atención en los temas pendientes: temas sociales y también políticos, porque están íntimamente ligados; preocuparnos de la nueva Constitución, que debe ser la casa común, pero también de estos tres pilares de que he hablado: salud, pensiones y salarios dignos, que vienen a constituir el alhajamiento mínimo de esa casa de todos.
Naturalmente, todo esto requiere otro Estado, lejos del modelo subsidiario; otra cultura democrática, con mayor participación y control de los ciudadanos, y otra estructura tributaria, en que los que tengan más contribuyan también con más.
Como las pensiones son gastos permanentes, deben ser financiadas con ingresos permanentes, es decir, con mayores tributos.
De esta manera, señor Presidente, nos estaremos acercando al Estado de bienestar que se merece nuestro país.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, como todo en la vida, hay días buenos y días malos. Y creo que el de hoy, por lo menos hasta esta hora e independiente de otros temas que pueden ser más complejos, está siendo bueno.
Creo que todos debemos sentirnos parte de un proceso que, espero, culmine ahora con la aprobación del proyecto en debate y que responde a una necesidad social compartida durante décadas en este Congreso. No digo que tenga un final absoluto y totalmente feliz, porque, en este tipo de materias, uno siempre es más deudor que acreedor.
Esto tiene un significado muy profundo en la forma de hacer las cosas.
Quisiera valorar el esfuerzo económico que ha hecho el Gobierno, a nombre de todos los chilenos, porque, para darle un sentido económico, hay que decir que el primer año serán 750 millones de dólares, y al 2022, 1.500 millones de dólares. Estamos hablando de megacantidades, por así decirlo, que reflejan un esfuerzo fiscal inmenso, que, como todo en la vida, no es gratis. Va a suponer, obviamente, reasignaciones, dificultades o endeudamientos importantes que harán complejos los equilibrios económicos no solamente para este Gobierno, sino también para los que vengan.
Sin embargo, creo que había llegado el minuto en que había que dar el paso, y el Ejecutivo lo dio con decisión, con valentía.
Aunque, en general, no soy mucho de agradecer, quiero darle las gracias, señor Presidente, a la Ministra del Trabajo, no solo por su voluntad, sino también por su ánimo y su espíritu didáctico, porque los desafíos de quienes estuvimos en la Comisión fue entender las dificultades infinitas de los distintos sistemas previsionales que hay en Chile, que son completamente agobiantes de asumir, de comprender. Pero, cuando uno tiene buena voluntad, las asume. Aquello fue muy valioso y relevante, además, porque se realizó con un lenguaje simple de transmitir al ciudadano. E incluyo en mis agradecimientos al Ministro Ward, también aquí presente.
Asimismo, hay que considerar que esto obedece más a una lógica de entendimiento que de enfrentamiento. Porque es verdad: en la Comisión de Hacienda, a propósito de la discusión presupuestaria, y luego, en su momento, en la Comisión de Trabajo, hubo que tratar de ponernos de acuerdo en algunos niveles que no son fáciles, por cuanto este es el tipo de cosas donde las demandas son más bien infinitas, y las capacidades, muy complejas.
En todo caso, pienso que estamos generando un cambio muy importante: subir en 50 por ciento las pensiones de aquí al 1° de enero del 2022. Y en este punto reclamo por un problema comunicacional. La gente plantea: "¡A tres años!". ¡No! Es a dos años y veintiséis días, que es distinto. Por eso, creo que ahí tal vez cometimos una falta en la explicación.
El hecho es que, por gradualidad, habrá un incremento del 50 por ciento de las pensiones. Alguien me puede decir: "¡No es mucho!". Pero, oiga, cuando es el 50 por ciento, pasa a ser mucho. ¡Harto! ¡Significativo! ¡Mueve en algo la aguja! Claro, uno puede aspirar a cantidades mucho mayores, pero representa un esfuerzo histórico.
Creo que eso es extraordinariamente relevante y, a mi juicio, marca una forma de entenderse muy importante.
Por último, señor Presidente, dentro del escaso tiempo que me queda, no quiero dejar pasar un tema que el Gobierno abordó con mayor decisión el día de hoy, como es el cambio de la regla relativa a quien recibe una pensión de invalidez, ya que, a partir de la normativa en debate, esta última ya no será incompatible con un esfuerzo de trabajo remunerado formal. Según datos proporcionados por la señora Ministra, estamos hablando de más o menos 200 mil personas que tienen una pensión funcional a su discapacidad, pero obviamente, hay distintos grados y distintas oportunidades. A mí me ha tocado muchas veces, en la Región del Maule, hablar con personas a las que, por tener un porcentaje de pensión por invalidez, les resulta imposible, en la práctica, generar alguna actividad remunerada formal, lo que a veces genera frustración y a veces informalidad.
Creo que hay que poner cuidado en tener siempre reglas claras, porque por algo se da una pensión. Pero también es verdad -y le pido un último minuto, señor Presidente, para terminar- que, cuando uno habla de "Inclusión" (con mayúscula), de cambiar y mejorar las reglas, de brindar opciones, pocas cosas resultan más nobles que darle, a una persona que sufre una discapacidad, también la oportunidad de que se le abran las puertas para ejercer algún tipo de trabajo, cosa que hasta ahora era muy compleja, por la amenaza que implica respecto de la pérdida de su pensión.
Por eso, señor Presidente, pienso que este es un día importante, un día positivo; uno de aquellos de los que uno espera acordarse porque pasaron muchos años antes de que llegara. Generalmente, los chilenos somos malos para apreciar las cosas cuando se logran, y más bien buenos para oír a la gente cuando no se logran.
Bueno, ¡aquí estamos logrando algo!
Este un paso muy significativo, que valoro, aplaudo, y que ojalá marque, en esta materia, un antes y un después.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Bianchi, tiene usted la palabra.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, creo que miles de adultos y adultas mayores nos están viendo en esta transmisión especial.
Parto aclarando un primer punto.
¿Es esta una reforma previsional? ¡No! ¿Se toca a las AFP? ¡No! Es más, con respecto al aporte solidario, constituido por platas que entrega el Estado, cabe señalar que los fondos son traspasados, mes a mes, a las AFP.
¿Es este proyecto un avance en cuanto a pensión básica solidaria y aporte solidario? ¡Sí! Es un importante avance. Y es lo que estamos discutiendo el día de hoy.
Hace algunos días, en la Región de Magallanes, hice un programa especial sobre esta materia, para intentar aclarar las dudas de personas que reciben pensión básica solidaria o aporte solidario del Estado acerca de cómo esta normativa producirá un efecto en sus pensiones.
Efectivamente, los mayores de ochenta años van a tener un incremento del 50 por ciento, pero también hay que decir que son los menos, desgraciadamente. Es un conjunto bastante menor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pensionados están entre los sesenta y cinco y los setenta y cinco años. Sin embargo, habrá un incremento en el tiempo, tal como lo han señalado la propia Ministra y las Senadoras y los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Esto tendrá un efecto positivo en otras pensiones. Por ejemplo, toda persona que al día de hoy reciba una pensión de hasta 320 mil pesos va a tener un incremento de acuerdo con el monto que le paguen. Tanto es así que en un tiempo más el tope se elevará hasta las pensiones de 488 mil pesos.
Otra duda: aquellas personas que se pensionaron con aseguradoras, ¿van a tener también un aporte con este proyecto? Sí, van a tener un incremento en sus pensiones, tal como lo ratificó la señora Ministra.
¿Qué pasa con las viudas, con las montepiadas? ¿Van a experimentar un aumento? Sí, dependiendo, obviamente, del monto de sus pensiones.
Por eso, muchas Senadoras y Senadores han reclamado, con toda justicia, que acá se sumó un poco lo que tiene que ver con el decreto ley N° 3.500. Nosotros tenemos el profundo deseo de realizar un sincero y gran debate en esta materia, señor Presidente, por una sola razón: las pensiones en Chile no alcanzan para vivir en Chile. ¡Y es así!
¡Las personas pensionadas en nuestro país no pueden vivir en nuestro país con las pensiones que reciben!
Y por eso tenemos que entrar al debate de fondo, al debate de una reforma previsional que toque a las AFP. Estas hoy día miran desde afuera, desde arriba. ¡No han sido tocadas! Por lo tanto, todo sigue exactamente igual.
Aquí el esfuerzo lo ha hecho el Estado.
Efectivamente, luego de una negociación política entre parlamentarias, parlamentarios y el Gobierno, se llegó a un acuerdo final que produce un incremento -yo diría- algo más significativo que lo que se había propuesto en un comienzo, pero que claramente está muy por debajo de la línea de la pobreza, cuyo corte son los 420 mil pesos. Por tanto, la gran mayoría de las pensionadas y los pensionados en nuestro país está recibiendo mucho menos de lo que es la propia línea de la pobreza.
¡Y por eso, cuando uno se pensiona, comienza a ser pobre en este país, Presidente!
Cada persona adulta mayor, desde la puerta de su casa para adentro, vive otra realidad: donde ya no se alimenta como antes; donde no le alcanza para la calefacción; donde no le alcanza para los medicamentos; donde no le alcanza para los consumos básicos, ni menos para recreación. ¡Esa realidad es la que tenemos que enfrentar; esa realidad es la que debemos abordar!
¡Cómo hacemos para que las pensiones que se pagan en Chile alcancen para vivir en Chile y no sean una fábrica de pobreza para nuestros adultos mayores!
Voy a sumarme al voto favorable por esta propuesta que nos ha traído el Ejecutivo. Pero, sin duda alguna, llamo al Gobierno a abordar de una buena vez una profunda reforma previsional que toque a las AFP. ¡No le tengamos miedo a esa industria! ¡Toquemos a las AFP y generemos pensiones que sean dignas para nuestros adultos mayores!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Yo tengo el deber de informar a Sus Señorías que quedan diez Senadores inscritos y que hay un horario fijado para poner en votación el siguiente proyecto.
Entonces, no sé si habría acuerdo -simplemente lo pregunto- para reducir los tiempos de cinco a tres minutos.
El señor LAGOS.-
¡Después del próximo orador, que soy yo, no hay problema...!
El señor LETELIER.-
¡No, señor Presidente!
El señor BIANCHI.-
¡Es injusto!
El señor NAVARRO.-
¡No!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bueno, no hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos Weber.
El señor BIANCHI.-
¡Abra la votación, señor Presidente!
El señor NAVARRO.-
No.
La señora ALLENDE.-
Sí.
El señor LAGOS.-
Yo no tengo problemas en que se abra la votación; total vamos a estar acá todo el rato.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, procedemos a votar.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS.-
Seré breve, señor Presidente.
Me tocó informar el trabajo de la Comisión en esta materia, pero ahora quiero dar una opinión desde el punto de vista de la fundamentación de mi voto.
Deseo recordar el origen del proyecto que estamos discutiendo hoy día: era parte de la iniciativa global de reforma a las pensiones a la que hizo referencia el Senador Bianchi, pero que después se separó.
En ese proyecto original del Gobierno venía contemplado, como un gran atractivo a fin de incentivar el apoyo a la reforma más gruesa de las AFP, entre otras cosas, un aumento a la pensión básica solidaria. La amenaza era la siguiente: había que aprobar en diciembre la iniciativa porque, de lo contrario, no habría incremento para los adultos mayores en enero. El aumento era de 10 por ciento. Ese era el "candy", como se dice. ¡Era de 10 por ciento!
Vino el estallido social del 18 de octubre y, entre las primeras medidas que anunció el Presidente Piñera, estuvo el aumento de la pensión básica solidaria -dentro del mismo proyecto, obviamente- de 20 por ciento ahora.
Pero la crisis se extendió; el estallido social fue muy severo -no hace falta hablar mucho más de eso-, y el resultado de aquello fue que durante la discusión de la Ley de Presupuestos se acordó algo que no tiene que ver con ella: el compromiso de dividir el proyecto de pensiones del Gobierno y aprobar en una ley separada un aumento sustantivo de 50 por ciento.
¿Y por qué se buscó esa cifra? No fue fácil llegar a acuerdo con el Gobierno, porque ese porcentaje constituye un referente, que busca acercar la pensión básica solidaria a la línea de pobreza. Cualquier preferiría que el parámetro fuera, tal vez, similar al del ingreso mínimo o al de un ingreso mayor.
Pero hubo un sentido de urgencia: se acordó durante la discusión presupuestaria; luego fue a la Cámara de Diputados, y ahora estamos analizando dicho aumento acá.
Con todas las deficiencias que esto pueda tener, sin duda es un tremendo aporte para los adultos mayores que viven de la pensión básica solidaria.
Les quiero recordar que dicha pensión comenzó en el año 2008, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando por primera vez se introdujo un concepto distinto en el sistema actual. Antes lo único que aportaba el Estado eran pensiones asistenciales básicas, y no alcanzaban ni siquiera para todos. Entonces, hubo algo más concreto, un cambio profundo.
Trato de ponerle mi mejor expresión corporal a esto, porque sí estoy satisfecho con el mejoramiento sustantivo que se alcanzó respecto del 10 por ciento que había. ¡Ahora es cinco veces eso!
Sin embargo, con la misma premura con que negociamos esto, con la misma premura con que están tratando de avanzar en el tema constitucional -la iniciativa debe estar aprobada a más tardar el 28 de diciembre para que el Servel pueda llevar a cabo el plebiscito en abril, y ojalá así ocurra-, yo sugiero que tengamos algún grado de compromiso entre nosotros y el Gobierno -y miren lo que les digo- para ponernos una meta en materia de reforma de pensiones. ¡Una meta!
Digan "abril", digan "mayo"; que esté promulgada para la Cuenta Pública presidencial. Vamos a discutir el contenido. Va a ser difícil, va a ser duro. Pero si no lo podemos sacar de aquí a junio, ya da lo mismo, porque eso significa que tenemos diferencias muy profundas.
Pongámonos esa meta, porque lo que nos están pidiendo las personas afuera son resultados concretos. La verdad es que este proyecto, una vez aprobado, va a ser el primer acuerdo concreto que no sea evitar el alza de 30 pesos en la tarifa del Metro -después de la "tendalá" que quedó, ¡quién lo iba a subir, obviamente!- o impedir un incremento en las tarifas eléctricas.
Creo que es desde el Senado, desde el Congreso, de donde podemos proveer estas soluciones, más allá de los cuestionamientos que hay sobre la clase política. Es desde acá.
Entonces, con la misma voluntad y disposición, pido que avancemos en el tema de pensiones, que es realmente un tema neurálgico para muchos chilenos, ¡neurálgico! Y si hay un compromiso formal de iniciar conversaciones pronto, con lo que sea necesario, saquemos un proyecto que esté promulgado para la Cuenta Pública del 1º de junio. Tal iniciativa va a ser discutida; va a ser peleada, pues habrá muchas diferencias. Pero fijemos esa meta con urgencia.
No puede ser que nos pongamos una meta urgente para la nueva Constitución porque se nos acaba el plazo y no hagamos lo mismo en materia de pensiones. Creo que podemos realizar las dos cosas simultáneamente, como lo vamos a hacer ahora: aprobamos esta iniciativa y después ver el proyecto relativo a los saqueos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, sin duda, lo que ha señalado recién el Senador Lagos Weber grafica de mejor manera las voluntades e intenciones que nos animan desde el Congreso para avanzar en el cumplimiento de las demandas que nos ha puesto la comunidad.
Con frecuencia solemos ver el vaso medio vacío, pero aquí se ha hecho un cambio sustantivo en la atención de una necesidad que va a favorecer a poco más de un millón y medio de pensionados en diferentes ámbitos, quienes apreciarán este beneficio significativo, el cual se empieza a pagar a partir del mes de diciembre.
¿Cuántos pensionados trabajan en la informalidad para no perder, precisamente, sus pensiones solidarias, de vejez e invalidez? Son muchos adultos mayores los que se esconden para no perder tales beneficios. Pero a partir de hoy día no van a tener necesidad de ello.
Un millón de personas recibe el aporte solidario en nuestro país y casi 600 mil cobran la pensión básica solidaria. Y todas ellas verán incrementadas de manera sustantiva sus pensiones.
En las últimas semanas hemos hablado con diferentes gremios, asambleas y entidades. En nuestra Región de Aysén estuvimos, junto a la Senadora Órdenes, participando en una asamblea con adultos mayores. Y todos ellos nos planteaban la urgente necesidad de que se les mejoraran las pensiones y nos increparon para que actuáramos de manera consecuente con tal propósito.
Me reuní hace pocos días con la Asociación de ex Funcionarios Públicos, quienes planteaban sus necesidades respecto del pilar contributivo. Esperamos, como bien se dijo acá, que la reforma al sistema de pensiones, que hoy día se halla en tramitación en la Cámara de Diputados, avance en tal sentido.
Incluso más, recuerdo que, en el marco de entendimiento social, se suscribió también el compromiso de acelerar el proceso que permite mejorar los programas y las pensiones. Estamos hablando de una señal muy potente desde el punto de vista humano.
Solamente en el caso de mi Región de Aysén, son 6.803 las personas beneficiadas con aporte previsional solidario y pensión básica solidaria de vejez, y 1.501, con pensión básica solidaria y APS de invalidez. Estamos hablando, solo en el caso de mi región, de 8.304 beneficiarios. ¡Son 8.304 adultos mayores que nos están reclamando, nos están exigiendo, nos están planteando en esta disyuntiva su necesidad!
Creo que hoy día también nos hacemos parte de las demandas que han hecho presentes diversos gremios. Quiero destacar, entre otros, a la Unión Nacional de Pensionados, que preside don Francisco Iturriaga, la entidad de pensionados más grande de nuestro país.
Fundamentalmente, de lo que hoy día estamos siendo parte, dando una respuesta concreta, necesaria, anhelada y esperada a los adultos mayores, es de un aumento en las pensiones, independiente de su gradualidad. Ellos nos han expresado por diversos medios que es bueno que esto esté pasando. Agradecen el esfuerzo y el impacto.
Quisiéramos que fuese mucho más, ¡sin duda que sí!
En definitiva, los adultos mayores están con la mayor esperanza de que esta iniciativa sea una realidad en el menor tiempo posible y de que se apruebe, tal como lo hicieron recientemente la Cámara de Diputados y la Comisión que analizó esta materia en el Senado, de forma unánime.
Creo que aquí se da una respuesta concreta a una demanda social que por años se ha venido manifestando.
Vimos la "marcha de los bastones": adultos mayores que reclamaban en la calle un requerimiento por transporte. A Dios gracias, también tenemos una respuesta en ese contexto.
Estamos hablando, en definitiva, de personas que legítimamente hoy día nos reclaman una atención a sus necesidades, en un país que vive en otras condiciones.
Hay gente que no posee cotizaciones, por la informalidad en que laboraba o muchas veces por omitir formalizar sus propias fuentes de trabajo.
Creo que esos 8.304 adultos mayores de mi Región de Aysén, sin duda, tendrán un motivo más para esbozar una sonrisa en sus caras y decir: "Hoy día vamos a recibir una mejora".
Evidentemente, era una necesidad de la que había que hacerse cargo. Nos alegramos de todos los procesos que han terminado en esta instancia, de las correcciones que se hicieron al proyecto y de la respuesta concreta de mejora, que de todas maneras debemos apoyar.
Voto que sí, con el mayor y absoluto agrado.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, quiero abordar este tema desde otra dimensión. Hay una frase que dice: "Todo el mundo quiere vivir mucho tiempo, pero nadie quiere llegar a viejo". Creo que ella refleja el temor que tiene la mayoría de la humanidad de llegar a esa edad en que algunos vuelven a ser niños: sin dientes, sin ganas, sin poder caminar.
Aunque se intente acomodar el concepto de "vejez" a los términos de "adulto mayor" o "tercera edad", ¡llegamos todos a viejos! Y hoy día en nuestro país se evidencia que hay millones de chilenos que viven su vejez en forma indigna. Esa es una deuda que mantiene el Estado de Chile.
Yo escucho muchos discursos; veo que golpean la mesa, y se expresa mucho populismo al proponer cómo resolver esta situación, en circunstancias de que durante treinta años no se ha solucionado.
Ahora, luego de la situación que estamos viviendo como país, yo valoro que todos hayamos aterrizado, porque aquí la Izquierda democrática, la Derecha y el Centro fueron lo mismo en muchas materias económicas.
Por eso, creo que vivimos, como todos han señalado, un momento especial, importante. Este proyecto de ley aumenta la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, lo que es una gran noticia.
Es verdad que la gente va a recibir este aporte significativo durante los primeros meses con una sonrisa. Pero esa sonrisa se va a desdibujar cuando pase un año, dos años, si no somos capaces de ir mejorando las pensiones. No es fácil, porque se requieren recursos y hay otras necesidades. Lo importante es dar un paso adelante en serio.
Cuando hablemos de la previsión, ¡por favor!, no fundamentemos solamente en virtud y en contra de las AFP.
Estas administradoras han existido durante años, y entiendo que todos los parlamentarios que están aquí cotizan en ellas. Puede que alguno tenga muchos años en otro tipo de caja, que ya prácticamente no existen, y reciba pensiones por esa naturaleza. Pero, en términos generales, la gente está en las AFP. Y aquí se tiende a demonizarlas.
Se habla mucho de la transparencia, ¡está bien! Quizás nos equivocamos en no haber generado en nuestro país una AFP estatal. A lo mejor eso hubiese solucionado el problema. Sin embargo, no lo corregimos a tiempo.
Señor Presidente, los adultos mayores no requieren de nuestra pena ni de nuestra misericordia. Ellos exigen justicia; nos demandan poner nuestros mejores esfuerzos para lograr hacernos cargo de sus necesidades, y hoy día, en forma transversal, el Congreso lo está haciendo.
Lo vamos a repetir una y mil veces: este es un esfuerzo muy importante, pero no puede ni debe ser el último proyecto que beneficie a los adultos mayores. Debemos entender que no podemos construir futuro sin hacernos cargo de nuestro pasado.
Es imperativo hacernos responsables de sus necesidades de salud, del precio de los medicamentos -en ello está trabajando con mucho afán el Gobierno del Presidente Piñera-, de las facilidades para su desplazamiento, de cosas tan simples como las veredas y las áreas verdes para su distracción y disfrute, de su esparcimiento, de los espacios para la interacción social.
En Chile aumentan cada vez más los adultos mayores que se sienten solos.
A algunos no les interesa este discurso, pero tarde o temprano llegarán a viejos y no sé si tendrán acumulados recursos para disponer de una jubilación justa.
Debemos ser comunidad, contención, apoyo y respeto. Nuestros adultos mayores lo merecen y lo necesitan ahora.
Nuestra tarea hoy es vencer el pesimismo, ¡vencer el pesimismo!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, este es un buen acuerdo.
La Oposición le pidió al Gobierno hace un año que dividiera su proyecto de reforma previsional en dos. Hoy vamos a discutir dos iniciativas de ley separadas: una es la que nos ocupa, sobre pensión básica solidaria, ley que impulsó la Presidenta Bachelet, que se relacionan con un sector no contributivo esencialmente, y, posteriormente, veremos un proyecto sobre el sistema contributivo de pensiones.
Este es un buen acuerdo, porque, a diferencia de lo que proponía el Gobierno inicialmente, que era un reajuste parejo de 10 por ciento, ahora se establece un alza con un piso superior: de 25 por ciento este año para las personas entre sesenta y cinco y setenta y cinco años; de 30 por ciento para las personas entre setenta y cinco y ochenta, y de 50 por ciento para los mayores de ochenta años. En veinticinco meses se logrará un reajuste del 50 por ciento, lo cual representa en términos prácticos más de 50 mil pesos para cada uno de ellos.
Es un paso positivo, sin duda.
No olvidemos que el sistema de las AFP es un sistema fracasado, que no ha sido capaz de dar pensiones dignas. El 70 por ciento de los que jubilan por dicho sistema reciben una pensión por debajo del sueldo mínimo.
Este proyecto hace, adicionalmente, algo que propusimos como Oposición. Valoramos que el Gobierno haya acogido nuestra propuesta de que la pensión básica solidaria, que entrega el Estado, a lo menos esté al nivel de pobreza: 165 mil pesos.
Sin embargo, señor Presidente, faltan muchos temas.
Aquí no nos hemos hecho cargo de otras pensiones que no son parte de la pensión básica solidaria. Y quiero referirme a los exonerados, que son más de cien mil, quienes están con sus pensiones congeladas en 160 mil pesos, a los que les siguen descontando el 7 por ciento para Fonasa, que se encuentran castigados, y es evidente que ellos deberían estar dentro de esta ley en proyecto porque están financiados con recursos públicos. Muchos de ellos tenían cotizaciones, pero el Estado, con su lenguaje, las transformó en pensiones no contributivas, a pesar de que el requisito para obtenerlas era haber cotizado. Espero que esto lo veamos en la siguiente iniciativa.
Este paso que hemos dado es gracias a las calles, es gracias a las manifestaciones que ha habido en nuestro país, es gracias a la falta de aceptación de las inequidades en nuestro país. ¡Es un gran y buen paso!
Y yo recojo lo que planteaba un Senador del frente, el Senador García, en cuanto a que tenemos la responsabilidad de construir un acuerdo sobre el segundo proyecto.
Nosotros somos partidarios de un sistema mixto donde exista una capitalización del esfuerzo, del ahorro del trabajador, por cierto; pero no en el esquema de las AFP, no en el esquema del lucro con la plata de los trabajadores que están afectos a previsión. Queremos asegurar que ninguna pensión contributiva esté bajo el sueldo mínimo. Esa es nuestra meta en la reforma.
De la misma manera, señor Presidente, entendemos que el aporte del empleador, ese 5 por ciento, tiene que ser destinado a crear un sistema de seguridad social.
Y, disculpen, quiero ser muy claro sobre cuál es la opinión de los Senadores socialistas.
Nosotros vamos a batallar y a luchar para que todo el aporte empresarial vaya a la solidaridad, para que el cien por ciento del aporte vaya a la creación de un pilar universal para todos los chilenos y chilenas que lleguen a ser adultos mayores; y para que exista reparto de hombres a mujeres, a fin de hacer justicia con las mujeres que tienen pensiones más bajas que los hombres, y de quienes tenemos más hacia las personas que disponen de menos ingresos durante su vida laboral.
Y la prueba de fuego será cómo la reforma estructural del sistema con solidaridad arregla, adicionalmente, las pensiones que hoy reciben el aporte previsional solidario, donde existe un efectivo incentivo para cotizar.
Señor Presidente, repito que este es un buen paso. Y lamento que en la Cámara de Diputados no lo hayan comprendido. Chile necesita un acuerdo de este tipo, y más significativo será el relativo al sistema de AFP.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senadora Isabel Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, quiero, en primer lugar, reconocer que este es un importante avance, pero no debemos olvidar nunca cómo se ha alcanzado. Y para definirlo hay dos palabras: "movilización social". La gente salió a la calle porque está cansada del abuso, de la desigualdad, de la injusticia y, sobre todo, de las miserables pensiones que, desgraciadamente, entregamos en este país con el sistema actual de AFP.
Por lo tanto, esto tiene un origen muy claro: si no hubiese habido estas tremendas manifestaciones que se han dado en la calle, no habríamos llegado jamás a esto. Hay que recordar, como aquí se ha dicho, que inicialmente el Presidente Piñera había considerado un incremento de 10 por ciento, de 20 por ciento, y yo creo que fue la presión de la calle y la voluntad que demostramos Cámara y Senado lo que permitió elevarlo al 50 por ciento.
Quiero decir algo más. La verdad es que tiene que reconocerse que en este Senado se llegó a un acuerdo para elaborar esta "Ley corta", porque todos sabíamos que la Cámara puso el énfasis en el 50 por ciento, pero también que eso era inadmisible en términos de nuestra ley orgánica. Y, así, accedimos a la presentación de una "Ley corta", porque entendíamos la urgencia de partir con la pensión básica y el aporte previsional solidario.
Este es un primer paso y, sin lugar a dudas, lo valoramos. Pero también me quiero hacer cargo de lo que aquí se ha dicho.
Lo que a mí me preocupa es que la gente se confunda o no entienda que nosotros todavía no hemos tocado el tema de las pensiones en el pilar contributivo, no hemos tocado el sistema de las AFP, que ha tenido rentabilidades, una vez más, enormes, y los trabajadores ven con tremenda impotencia y frustración el monto tan bajo de sus pensiones.
Por eso, de una vez decimos: "Sí, queremos un acuerdo, estamos disponibles". Y, como muy bien acaba de señalar el Senador Letelier, pongámosle un plazo. Pero seamos claros. Nosotros queremos entrar al fondo del sistema actual contributivo porque genera pensiones muy bajas. Francamente, a la gente la engañaron, la obligaron a cambiarse, le dijeron que tendrían una tasa de reemplazo de 70 por ciento, de cien por ciento, y hoy sienten una frustración gigantesca. Por ejemplo, profesores que han trabajado buena parte de su vida, algunos hasta cuarenta años, jubilan con 230 mil pesos luego de haber ganado un millón.
¡Cómo podemos tener cara para no entender que esto no da para más! Tenemos que tocarlo de una vez por todas, al igual que el sistema único de salud que garantice la universalidad y el aumento de los salarios. Eso es lo que significará hacernos cargo en lo más inmediato de la agenda social indispensable que la gente reclama con toda legitimidad.
Pero quiero agregar dos cosas: me alegro de que se haya considerado no hacer incompatibles las pensiones de invalidez con la posibilidad de trabajar.
Esto lo vimos hace muchos años en la Cámara de Diputados, cuando en la Comisión Especial de la Discapacidad se acordó que las personas que tenían una pensión de invalidez no la perdieran al firmar un contrato de trabajo. Eso lo planteamos y no habíamos logrado que finalmente fuera aceptado.
Yo creo que esto es muy importante porque a las personas discapacitadas hay que darles no una política de beneficencia, sino la oportunidad de poder insertarse laboralmente. Pero, obviamente, en muchos casos ello es insuficiente, y por eso es bueno que no se termine esta pensión.
Y digámoslo de una vez por todas: no solo queremos llegar a un sistema mixto, solidario de verdad, con aportes de jóvenes a viejos, de hombres a mujeres, de quienes tienen más a quienes tienen menos, sino que alguna vez tendremos que abordar el tema de las Fuerzas Armadas, porque en este país hay un grupo absolutamente privilegiado, minoritario en relación con la gran masa de la población, y resulta que el gasto es enorme. Nosotros nunca hemos podido analizar esto con seriedad, y debemos decir que no corresponde, que no puede seguir manteniéndose, que no debe perdurar en el tiempo un sistema completamente privilegiado en comparación con el resto de la población.
Queremos una verdadera reforma a las pensiones. Y en algún momento, con seriedad, con altura de miras, hay que tocar este tema porque, definitivamente, significa una enorme injusticia.
Por eso, señor Presidente, valoro este paso, voy a votar a favor, pero queremos dejar constancia claramente de que no podemos seguir con el actual sistema de pensiones, no el solidario, sino el contributivo, ¡porque ha generado pobreza y una tremenda impotencia!
Por eso, voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, por supuesto que es motivo de satisfacción el gran acuerdo alcanzado en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, donde un grupo transversal de parlamentarios logramos que el Gobierno respaldara una temática que era parte de su programa de Gobierno: subir las pensiones y dignificarlas.
Estamos hablando de la mayor inversión enfocada en las pensiones básicas solidarias después del pilar solidario de la Presidenta Bachelet. Y esto implica hacer un esfuerzo sustantivo. Y quiero felicitar la labor de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, de los respectivos Subsecretarios, quienes han hecho un gran esfuerzo para que estos acuerdos finalmente se puedan cumplir.
Hoy día estamos en aquello. En régimen vamos a tener un costo fiscal de 1.500 millones de dólares para la pensión básica solidaria, y de cerca de 858 millones de dólares, el 2022, para los efectos de subir significativamente las pensiones.
Pero, además, el Gobierno se abrió a una discusión de fondo, que dice relación con que el 5 por ciento del aporte patronal, el aporte del empleador, respecto de lo cual hay justamente un proyecto en discusión en la Cámara de Diputados, pueda también generar una solidaridad intergeneracional que nos permita mejorar sustantivamente las pensiones con un apoyo extra de recursos del Estado, y en que donde ciertamente hay otros temas que están pendientes.
Yo le planteaba a la Ministra lo siguiente.
Hoy día 90 mil pensionados no saben que tienen derecho a pensión básica solidaria, y hay que incrementar las comunicaciones para los efectos de llegar a beneficiarios que hoy día carecen de la necesaria información. O bien, establecer un límite a las utilidades de las AFP, a fin de que sobre esa base paguen un royalty que permita que los fondos de los trabajadores, sus cuentas de capitalización individual, se vean mejorados y, fundamentalmente, se vean incrementadas sus pensiones.
Por su intermedio, señor Presidente, deseo hacerle otra propuesta a la señora Ministra. Se trata de un tema que nosotros propusimos, incluso, a través de una reforma constitucional junto con el Senador Carlos Bianchi, que dice relación con la posibilidad de abrir una cuenta de ahorro individual a cada nacido vivo, depositándole cerca de 1 millón 500 mil pesos, lo cual significaría un costo de 550 millones de dólares anuales. Ello permitiría resolver el tema de las pensiones no solamente a corto y mediano plazo, sino en el largo plazo, tomando en cuenta el aumento sostenido del envejecimiento de la población, de lo cual hay que hacerse cargo.
Entonces, un tema dice relación con cuentas de capitalización individual por cada nacido vivo. Otro, con la necesidad de establecer un límite a las utilidades de las AFP. Y, un tercero, con la creación de un sistema mixto de pensiones.
Adicionalmente, hay otras ideas sobre la mesa que es preciso poner en discusión. Por ejemplo, la posibilidad de que un órgano público genere las condiciones para licitar la administración de los fondos previsionales de los trabajadores.
También se deben efectuar correcciones a las AFP. Que las comisiones sean contingentes al aumento de los fondos de los trabajadores, a lo cual también nos hemos referido, al igual que las llamadas "comisiones brujas", vale decir, las comisiones de intermediación, que también las termina pagando el trabajador. Esos son temas que deben ponerse sobre la mesa.
Otro asunto que quiero proponer a la señora Ministra dice relación con el seguro de sobrevivencia, para los efectos de acortar la tabla de sobrevida que hoy día afecta a los trabajadores. Y si bien las pensiones no tendrán un aumento -como era la expectativa- de 50 por ciento, sí puede haber un incremento sustantivo de al menos 20 por ciento promedio, dependiendo del monto de las pensiones.
O sea, hay muchas ideas sobre la mesa.
Por tanto, valoro que acá estemos resolviendo un tema urgente y necesario: el aumento de la pensión básica solidaria. También tenemos la posibilidad de disminuir el 50 por ciento de las tarifas del transporte para el adulto mayor. De manera que yo diría que este acuerdo es "la reforma para el adulto mayor".
Pero, ciertamente, la reforma previsional debemos enfrentarla y generar un plazo...
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Alejandro Navarro, tiene la palabra.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, todo este debate me hace recordar una reflexión de nuestro premio nacional Nicanor Parra: "Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona".
Este no es un buen acuerdo: es el posible.
Es un acuerdo miserable, porque la gente en la calle pide pensiones dignas, pensiones para sobrevivir. Y aunque se aumente en un 50 por ciento, la pensión no alcanza para sobrevivir. ¡No alcanza!
Y si alguien en esta Sala cree que este 50 por ciento de aumento va a cambiarles la vida a las personas, se equivoca completamente. No ha entendido nada, no ha escuchado nada, no ha visitado a ningún pensionado, no ha ido a un hogar de ancianos. Esa pensión no alcanza ni siquiera para vivir en un hogar de ancianos.
Sin embargo, aquí las AFP pasan piola. El Estado sigue poniendo recursos para resolver un problema que el sistema, con José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, prometió solucionar en 1980. Se van a cumplir cuarenta años de cuando ofreció cien por ciento de tasa de reemplazo, y la verdad es que ha sido un completo fracaso. Y el Estado sigue subsidiándolo.
La Derecha neoliberal aplaude que el Estado ponga plata para las pensiones, cuando el sistema que ellos crearon debió resolver este problema. Pero papá Estado sigue poniendo plata para que vivan un poco menos miserables nuestros ancianos, nuestros abuelos.
Es más. La gente pidió y sigue pidiendo "No más AFP". ¿Y qué hace este Senado? Con mi voto en contra aprobó que dos millones cien mil afiliados nuevos, todos los trabajadores fiscales, todos los municipales, todos los trabajadores independientes, ingresaran al sistema de AFP sin negociar una coma, ¡sin negociar nada! Se los entregaron libre y gratuitamente.
Ahora hablamos de la pensión básica solidaria, creación de la Presidenta Bachelet. Era lo que entonces se podía. ¿Y qué pasa hoy día? Que el aporte al pilar solidario se incrementa de 110.210 pesos a 165.302. De modo que los pensionados de setenta y cinco a setenta y nueve años recibirán 33 lucas más, y los menores de esa edad, 27.500 pesos más.
El Senador Coloma -por su intermedio, señor Presidente- decía que el Gobierno ha dado un paso con valentía, con decisión.
¡No hay ni valentía ni decisión en este tema! La gente ha impulsado que hoy día el Presidente Piñera mande este proyecto.
Esta iniciativa no es mérito de ninguno de los que están en la Sala. No es mérito de la Comisión de Hacienda. No es mérito de los negociadores. No se pongan estrellitas que no merecen. ¡Este es un mérito de la calle! Si no hubiera habido movilización ciudadana, todavía estaríamos mendigando un aporte miserable a la pensión básica solidaria.
No nos engañemos: hay 235 mil millones de dólares en el fondo de las AFP ¡y los manejan como quieren!
He presentado una acción legal -y la Ministra del Trabajo lo sabe muy bien- para que la AFP Cuprum deje de robarle al Fisco con Argento, una AFP fantasma, como lo ha declarado la Contraloría General de la República, y que Provida deje de robarle al Fisco con Acquisition 420 millones de dólares, otra administradora de fondos de pensiones fantasma.
¿Y saben a quién tengo al frente peleando en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema? Para que Chile lo sepa: al Consejo de Defensa del Estado, porque la Superintendencia de Pensiones defiende a las empresas: defiende a Cuprum y a Provida.
Señor Presidente, son espantosas las utilidades de estas administradoras. Acá tengo el listado, y la gente lo puede ver:
Habitat subió en 56 por ciento sus utilidades y obtuvo 113 mil millones de pesos; Planvital, 23 mil millones; Provida, 98 mil millones; Modelo, 34 mil millones; Capital, 71 mil millones, y Cuprum, mil millones. O sea, las utilidades de todas las AFP subieron sobre el 50 por ciento.
En este sentido, solo cabe decir que me siento miserable al votar a favor. Voto con dolor, voto con pena, voto con frustración.
Lo digo porque hay una iniciativa de ley que nos cayó encima desde la Cámara de Diputados, la que nos va a reducir el sueldo en un 50 por ciento. De 6 palos bajamos a 3. Nos disminuyen el 50 por ciento y quedamos en 3 millones de pesos. A la gente le aumentamos la pensión solidaria en 50 por ciento y queda en 165 lucas para poder llegar a fin de mes. Pero no les alcanza.
Por eso, señor Presidente, algo aquí tiene que cambiar. Y si el Presidente Piñera no lo cambia, lo va a hacer la ciudadanía en marzo, ¡con un súper marzo!, que nos va a exigir que terminemos con las AFP.
¡No más AFP, señor Presidente! Esa es la base para empezar a hablarle con verdad a la ciudadanía.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
Voto a favor, con pena, con dolor.
La señora ALLENDE.-
¿Y para qué vota a favor?
El señor NAVARRO.-
Porque 50 lucas les sirven a los viejos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Señor Presidente, coincido en algunos aspectos con lo que han dicho mis antecesores. Y, efectivamente, estamos en esta conversación porque las personas en Chile se movilizaron.
A mi juicio, ha habido acuerdos importantes con el Ejecutivo. Y quiero destacar el rol que han cumplido Senadores y Senadoras para llegar a un acuerdo respecto a una nueva Constitución, a una reforma tributaria que permita ampliar la recaudación y sostener los cambios que estamos impulsando. Y en el marco de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2020, sin duda que el tema de las pensiones tuvo un lugar estratégico en la discusión.
Pero eso no construye una agenda social. Y en eso quiero ser bien honesta.
Lo que hemos hecho es responder, a través de ciertas medidas urgentes, para dar señales de que estamos escuchando. Y los cambios nunca han sido sencillos. Pero cuando el Ejecutivo y el Congreso dan una señal, corresponde a una de Estado. Sin embargo, extraño el rol que deben cumplir los privados en los futuros acuerdos de carácter más estratégicos y permanentes.
En cuanto al tema de las pensiones, yo creo que un primer gran cambio se ejecutó el año 2008, cuando se creó el pilar básico solidario. Y hoy día estamos en una transición respecto a si vamos a tomar esa oportunidad y a efectuar los cambios o no.
Sin duda que el aumento de la pensión básica solidaria y de la pensión máxima con aporte solidario son significativos, pero no le hemos dado respuesta a la gran mayoría que cotiza en AFP, a quienes, en el marco de la década de los ochenta, se les obligó a cambiarse a un sistema que no conocían: las administradoras de fondos de pensiones. Les impusieron cotizar de manera obligatoria. Y, claramente, la promesa que les hicieron, que se traduce en la tasa de reemplazo, no se ha cumplido.
En países OCDE, la tasa de reemplazo es de 65 por ciento; en Chile está en el 31 por ciento. Alguien habló de los profesores, que para mí es un ejemplo icónico: de un millón de pesos que recibían bajaron a 250 mil pesos, que es más o menos lo que están percibiendo los educadores en nuestro país por concepto de jubilación. Es una tasa de reemplazo inferior al 30 por ciento.
Por lo tanto, si no nos hacemos cargo de esa demanda, creo que no vamos a responder de manera adecuada al contexto actual, porque lo que ha ocurrido en estos cerca de cincuenta días es una inflexión en la historia de Chile. Y quien no lo entienda así, creo que comete un error.
Ahí tiene que salir nuestro rol, con todo el compromiso que aquello exige para tocar el modelo. Lo podemos llamar "mixto", "no más AFP", en fin. Pero, claramente, a partir de la cotización individual obligatoria este asunto no va a tener salida.
La población en edad de jubilar crecerá significativamente el año 2050. No quiero decir que se trate de una relación causa-efecto; sin embargo, llama la atención que en nuestro país la tasa de suicidios en mayores de setenta y cinco años sea tan significativa con respecto a otros grupos etarios.
Ahora bien, son seis las AFP; es decir, efectivamente estamos hablando de un mercado muy concentrado y que debemos entrar a regular, porque al final el miedo al envejecimiento se está traduciendo en una amenaza a la calidad de vida de todos los chilenos y las chilenas.
Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto, pues creo que los acuerdos deben honrarse; no obstante, quiero hacer esta distinción: la agenda social no está en el Congreso de Chile, no la hemos construido nosotros.
Adhiero a las propuestas que han hecho varios Senadores en el sentido de ponernos como meta que, de aquí hasta la próxima Cuenta Pública que el Presidente de la República les debe entregar desde este espacio a los chilenos y a las chilenas, seamos capaces finalmente de decirles: "Vamos a cambiar el modelo de AFP".
Por último, debemos tocar también -lo mencionó la Senadora Allende- lo relativo a Capredena y a Dipreca (Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública): corresponden al 10 por ciento de los cotizantes del sistema de AFP. Entonces, es nuevamente el Estado el que ha realizado el esfuerzo. Lo que hicimos en el proyecto de Ley de Presupuestos fue dar una señal desde el Estado. No obstante, algunos ya están hablando de una nueva reforma tributaria, porque para hacer esto permanente y concretar todas las señales que se han entregado se requiere revisar aún más para tener mayor recaudación.
Entonces, creo que es el minuto de invitar a la mesa a los privados, en este caso, del sector de las AFP, porque efectivamente el modelo fracasó y no está dando cuenta de la tasa de reemplazo que se prometió, y menos de la calidad de vida que se mostraba en las imágenes de la publicidad de ese tiempo.
Así que, señor Presidente, me voy a pronunciar favorablemente respecto de esta iniciativa.
Tengo confianza en que vamos a ser capaces de crear este nuevo acuerdo para una verdadera agenda social en Chile.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, seré muy breve, pues considero que ya se ha dicho casi todo en este Hemiciclo sobre la materia.
Solo quiero relevar que, en medio de esta profunda crisis que viven Chile y todos los chilenos, hoy día hay una buena noticia, que ciertamente no soluciona todos los problemas -y está lejos de hacerlo-, pero que constituye un avance importante.
Asimismo, deseo resaltar la forma como se llega a este acuerdo, en particular en el Senado, en el marco del Presupuesto, y la manera en que los demás acuerdos se han ido gestando.
También destaco el trabajo de las Comisiones que llegaron a estos acuerdos y el de los señores Senadores y de las señoras Senadoras que han intervenido en ello, así como la labor que ha llevado cabo el Gobierno, especialmente por parte de la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y del Ministro Hacienda, Ignacio Briones, todos quienes se han desempeñado activamente junto a los miembros de esta Corporación para sacar adelante este proyecto.
Sin duda, esto es para estar tranquilo; sin embargo, no podemos quedarnos contentos con algo así, pues todavía hay mucho que hacer para delante. Acá no hay ganadores ni perdedores; ni vencidos ni victoriosos: aquí simplemente han ganado los pensionados, que son 1.563.824 personas, quienes a contar de diciembre y en forma gradual tendrán este aumento en sus pensiones. De ellos, relevo también a los más de 17.583 pensionados de la Región de Tarapacá, los cuales se verán beneficiados de esta iniciativa.
Creo que esa es la forma de avanzar; esa es la manera de enfrentar una crisis: con acuerdos de esta naturaleza.
Por último, quiero señalar que es frustrante que se haya tenido que producir una movilización social para que Gobierno y Parlamento lleguen a este tipo de acuerdos, en vez de haberlos sacado adelante sin mediar un estallido social.
Voto muy contenta a favor de esta iniciativa.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Le agradezco a la Senadora Luz Ebensperger por sus palabras y, además por autolimitarse en el uso del tiempo que le correspondía.
Solicito la autorización de la Sala para que, una vez que finalice su intervención, me reemplace en la testera el Senador señor Elizalde.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo en este Hemiciclo ha sido posible, con sus perfeccionamientos, gracias a la movilización de los ciudadanos, la cual ha generado las condiciones para que lo que antes se veía como lejano y difícil se haga realidad.
La ciudadanía movilizada ha permitido correr el cerco de lo factible y avanzar en distintas áreas. Todavía hay otros ámbitos donde nos queda mucho por avanzar. Y uno de ellos, sin duda, tiene que ver con el fortalecimiento del pilar solidario del sistema de pensiones.
Hace mucho tiempo le solicitamos al Gobierno, incluso al Presidente de la República directamente, que separara el proyecto sobre pensiones en dos, pues en lo que respecta al fortalecimiento del pilar solidario siempre hubo voluntad de la Oposición para concurrir a un entendimiento: mientras mayor fuera el aumento del monto de las pensiones y mayor el aporte público, más valoraríamos una iniciativa de esta naturaleza.
Sin embargo, tenemos diferencias en otro aspecto, que es el del sistema contributivo; pero eso no obsta a que debemos trabajar en la búsqueda de un entendimiento que permita resolver esas discrepancias para mejorar las pensiones de aquellos que han cotizado -y lo siguen haciendo- durante mucho tiempo.
En cuanto a esta iniciativa, creo también que el cambio de gabinete ha contribuido a generar un clima distinto.
Por eso valoro la actitud que han tenido particularmente los nuevos Secretarios de Estado: el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo, quienes nos acompañan en esta sesión y han posibilitado un acuerdo para que las pensiones del pilar solidario aumenten en un 50 por ciento en el plazo acotado de dos años.
Hay pensiones que van a aumentar en ese porcentaje para los mayores en forma inmediata, y otras lo harán a través de un procedimiento escalonado. Pero ello va a permitir, efectivamente, un salto significativo, que se enmarca dentro de los esfuerzos que ha hecho nuestro país por generar pensiones dignas para aquellos que o no han cotizado o su densidad de cotizaciones es tan menor que reciben pensiones extremadamente bajas en su monto.
Se trata de una iniciativa que se aprobó el año 2008 durante el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, que ha experimentado mejoras en los sucesivos gobiernos y respecto de la cual ahora se da un nuevo salto que, sin duda, es importante valorar.
No olvidemos que el 2008 existían las Pasis; había incompatibilidad entre marido y mujer y entre convivientes de hijos no matrimoniales; el monto era muy bajo, y había cupos disponibles. Y se dio un salto sustantivo al establecer un pilar solidario como parte del sistema previsional precisamente para ir en ayuda de los adultos mayores más necesitados.
Hoy se da un paso adicional muy significativo, y por eso vamos a votar a favor de esta iniciativa.
Con respecto al pilar contributivo, quiero reiterar la disposición de la bancada del Partido Socialista para dialogar en la búsqueda de un entendimiento.
Nuestro punto de vista -y en eso hemos sido muy explícitos- tiene que ver con que la lógica de la capitalización individual y del ahorro obligatorio que existe en el actual sistema de pensiones no es suficiente para construir un verdadero sistema de seguridad social que les garantice pensiones dignas a los adultos mayores.
Lo hemos señalado: el destino de la cotización adicional que provendrá de los empleadores, tan solo bajo la lógica de la capitalización individual, hará que las pensiones aumenten en igual porcentaje; sin embargo, dicho incremento se va notar en las pensiones en muchas décadas más. Ello no da cuenta de la demanda que hoy plantean los chilenos para que sus pensiones sean mayores.
Por eso consideramos imprescindible abordar el debate vinculado con pasar de un sistema bajo la lógica del "sálvese quien pueda" a un sistema mixto que contribuya efectivamente a introducir un elemento importante de solidaridad que permita aumentar las pensiones ahora y no en varias décadas más.
Cada punto porcentual de la cotización adicional que se destine a solidaridad posibilitará aumentar las pensiones ahora.
A mi juicio, ese es el reclamo que plantean los chilenos.
Las movilizaciones en las calles dan cuenta de situaciones de abuso inaceptables. Y una de ellas, probablemente la principal, tiene que ver con los bajos montos de las pensiones del sistema de AFP, que no garantizan la dignidad que merecen los adultos mayores.
Por ello reiteramos nuestra disposición para conversar respecto de esta materia, sobre la base de nuestras convicciones, respetando ciertamente las distintas miradas, pero entendiendo que tenemos un desafío común como país: dar respuesta inmediata al drama de las pensiones.
¿Me concede un minuto más, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
No le hemos dado a nadie tiempo adicional, señor Senador.
El señor ELIZALDE.-
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entendemos que Su Señoría vota favorablemente esta iniciativa. Le recuerdo, asimismo, que debe pasar a presidir la sesión a continuación.
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, el régimen previsional que rige en Chile desde noviembre de 1980 es un modelo de capitalización individual reñido con el mandato constitucional y con las convenciones internacionales que consagran el derecho a la seguridad social.
Es un régimen que desde su instauración autoritaria ya ha condenado al desamparo a millones de chilenos y chilenas, para cuyos padecimientos no hubo ni habrá nunca reparación.
No deseamos perpetuar esta lacerante realidad. Y por eso no podemos ceder en el diagnóstico de nuestra historia reciente.
La seguridad social, a diferencia del reconocimiento a los pueblos originarios, que aún está pendiente, es un derecho que está consagrado en la Constitución Política de la República, y al Estado le corresponde el deber de garantizarla y de cautelar su pleno ejercicio.
La finalidad de la seguridad social es la justicia social que debe gobernar sobre el régimen de pensiones, la salud, la maternidad, los riesgos del trabajo, la seguridad laboral, la cesantía y, en general, todo tipo de prestaciones sociales y familiares.
Siempre en la previsión social hay un bien común que es superior al de los grupos e individuos y que se prolonga desde el pasado de una sociedad constituida para proyectarse hacia el futuro de ella misma.
Porque cuando el Estado entrega la administración de cotizaciones obligatorias a corporaciones privadas, no está renunciando a su deber de protección de recursos generados mediante el trabajo asociado. No son seguros privados los que se gestionan, sino prestaciones sociales administradas por privados. La diferencia entre una y otra radica en el control democrático que la ciudadanía puede ejercer sobre el destino de estos recursos.
Un cambio al sistema de pensiones pasa por una decisión política, y se requiere voluntad para expresarla.
Por eso me parece importante no eludir el debate de fondo y ser capaces de tener propuestas al respecto.
Como humanista cristiana, tengo una concepción de sociedad: una sociedad que vive en comunidad, una sociedad que cree en la solidaridad.
Personalmente, creo en el establecimiento de un órgano público, una corporación solidaria de pensiones sin fines de lucro encargada de administrar las cotizaciones obligatorias del empleador, que no es lo mismo que una AFP estatal, porque la diferencia es como el día y la noche.
El sistema solidario debe destinar las cotizaciones a aquello para cuyo fin se recaudan: esencialmente, pagar pensiones dignas.
Una AFP estatal seguiría haciendo lo mismo que las demás AFP, las que han terminado pagando pensiones de miseria, invirtiendo las cotizaciones en las bolsas de comercio del mundo para que los grandes grupos económicos se enriquezcan con los fondos previsionales de las trabajadoras y los trabajadores.
Adoptar esta decisión abre la puerta a un sistema mixto de pensiones que, en un plazo razonable, permita a las personas el derecho a optar entre mantenerse en el sistema privado de capitalización individual administrado por las AFP, o bien, incorporarse a un sistema público y solidario de pensiones administrado por una Corporación sin fines de lucro. Las chilenas y los chilenos tendríamos ¡por fin! la libertad de elegir entre uno u otro sistema, lo que fue arrebatado por la dictadura. ¡Nada más propio de la democracia!
Estamos ciertos de que la creación de un sistema solidario de pensiones, alternativo a las administradoras de fondos de pensiones y que posibilite ejercer el más importante derecho de la democracia, la libertad de elegir, debe ser parte de este debate.
Ponemos esta propuesta a disposición de todos quienes tenemos la misión de legislar; obviamente, del Ejecutivo, quien posee la iniciativa en materia previsional, y, muy especialmente, de los trabajadores y sus organizaciones para que se pronuncien y discutamos sobre ella.
Aspiramos a pensiones dignas y decentes para todos, a pesar de encontrar absolutamente insuficiente esta iniciativa.
Entonces, confiando en lo que ha dicho la Ministra -y me lo ha ratificado personalmente-, esto es, que pagarán este incremento a partir de diciembre de este año, no tengo otra opción más que votar favorablemente este proyecto.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Elizalde, en calidad de Presidente accidental.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, Honorable Sala, en primer lugar, quiero saludar a los integrantes del Ejecutivo que están presentes.
Nos encontramos avanzados en esta discusión. Y, por lo que hemos escuchado, lo que vamos a votar hoy día es el gatopardismo; es la contribución nuevamente de un Gobierno y de un sector dominante de este país que no quieren darse cuenta de que tenemos un nefasto sistema de capitalización individual.
El sistema que existe es de ahorro obligatorio; no es un sistema previsional. El que tenemos no es un sistema que les asegure a los chilenos y a las chilenas acceder a pensiones dignas, estructuradas sobre la base de lo que la persona ha trabajado: simplemente es un sistema de ahorro forzoso.
A partir del decreto N° 3.500, en 1980-1981, se establece la obligación de cotizar en ese sistema.
Ahora este país se cansó, y por eso vemos tremendas movilizaciones, las que sin duda continuarán, pues esto no se ha resuelto.
Quienes se están jubilando ahora son precisamente aquellas personas que comenzaron con este sistema y ahora están realizando el proceso final con las AFP.
Hasta aproximadamente el 2010 todavía gran parte de la gente que se jubilaba lo hacía a través del sistema del Servicio de Seguro Social y del sistema de cajas.
Ahora prácticamente estamos en régimen con jubilaciones única y exclusivamente provenientes del sistema de las AFP.
El hermano del Presidente Piñera prometió, al momento de hacer ese proyecto, que habría jubilaciones con una tasa de reemplazo del cien por ciento de las últimas remuneraciones.
Uno puede decir: "Está bien; puede haber un margen: setenta por ciento".
Hoy día las personas están jubilando con la gran cantidad de 220 mil pesos, que equivalen al 22 por ciento de las últimas remuneraciones.
A propósito de las movilizaciones -y qué bueno que estén presentes el Ministro del Interior, el Ministro Secretario General de la Presidencia, la Ministra del Trabajo-, tengo que decir que los directivos de las AFP, a quienes imagino que Sus Señorías conocen, pues deben frecuentarlos, duermen tranquilos -esto lo he señalado en reiteradas intervenciones-, pues no les han tocado su negocio.
¡Ustedes no lo quieren tocar! ¡Ustedes les siguen cuidando el negocio y el bolsillo a los dueños de las AFP, a los poderosos de este país!
Porque no seamos hipócritas: ¡cómo no vamos a votar a favor de este proyecto -es lo que nos están pidiendo que hagamos-, si son 50 mil pesos! ¡Para las personas que ganan 130 mil pesos, 50 mil pesos más es una fortuna!
¡Sería imposible no votarlo favorablemente!
Yo le pregunto a la Ministra: ¿Dónde están los dueños de las AFP? ¿Dónde están esos señores? ¿Con qué han contribuido a resolver esta crisis social?
¡Están calladitos y escondidos! ¡Están cuidando sus privilegios!
Le consulto, Ministra: ¿Les van a tocar el bolsillo a los dueños de las AFP: sí o no? ¿Van a seguir permitiendo que sigan percibiendo utilidades vergonzosas, de 500 millones de dólares, mientras quienes están en el fondo E ven bajar casi en 8 por ciento sus recursos, por las inclemencias y turbulencias del mercado?
Quienes están a punto de jubilar y se encuentran en el fondo E perdieron dinero. ¡Y el Gobierno impávido nos pide que apoyemos este proyecto con plata del Estado!
O sea, en las crisis, cuando hay problemas para pagar las pensiones, que son bajas, tiene que estar el Estado pagando, y al momento de ganar utilidades, ¡topón pa'dentro para la empresa!
¡Esto es miserable! ¡Es miserable!
¡Y qué bueno que la población se haya movilizado! ¡Qué bueno!
Creo que todavía tiene que movilizarse mucho más y apuntar a que el problema de la desigualdad acá son las AFP, ¡la fábrica de pobres!, ¡la fábrica de adultos mayores que tienen que languidecer en sus casas!, ¡la fábrica de adultos mayores que necesitan vivir con un hijo o con la red familiar!
Pero de eso no se hacen cargo. Yo no he escuchado a la señora Ministra del Trabajo referirse a ese tema.
Técnicamente, ella maneja muy bien las cifras. Incluso, pasaron "entre gallos y medianoche" una última indicación que no estaba en el acuerdo, para seguir fortaleciendo a las AFP.
¡Pero dónde está la propuesta para avanzar en un proceso de eliminar las AFP! Entendemos que esto no puede ser automático. Por supuesto. Uno no es irresponsable.
¡Que no sean miserables las pensiones, señora Ministra! ¡Tóqueles un poquito el bolsillo a las AFP!
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, yo recuerdo que hace unos cinco años la Presidenta Bachelet convocó a una Comisión especial de alto nivel, de expertos en materia previsional, para plantearle al país una propuesta de reforma que pudiera corregir el mal funcionamiento y lo que todos entendíamos eran los resultados negativos del sistema de ahorro individual.
¿Me permite hablar el señor Vicepresidente de la Corporación? Yo lo escuché con todo respeto.
Es bueno recordar en qué terminó esa Comisión de alto nivel, de expertos, que planteó la Presidenta Bachelet, con el mandato de elaborar una propuesta que significara un cambio estructural del sistema de AFP: lamentablemente, terminó con dos informes, en un empate, con dos visiones totalmente contrapuestas de cómo solucionar el grave problema que teníamos con las pensiones en nuestro país.
A partir de ahí, la Presidenta hizo su propia propuesta, al final de su mandato. Pero este Gobierno la dejó de lado y planteó otra propuesta. Sin embargo, tal como dijimos desde que ella ingresó, solo buscaba aumentar el ahorro individual y mantener el actual esquema.
Si alguien dice acá que el tema de las pensiones no había estado en el debate público y en las prioridades nuestras en este Senado, o en los Gobiernos nuestros, desde hace más de diez años, creo que comete un error. Porque no es un tema que se esté planteando ahora o que se haya puesto en el debate hace un año o dos, cuando se crearon algunos movimientos y se hicieron manifestaciones masivas frente a la necesidad de modificar este sistema. Muchas veces acá mismo advertimos lo que podía significar esa bomba de tiempo, que podía traducirse en un estallido social.
Por eso, quiero decirles con franqueza a todos los colegas que han hablado como si este tema hubiese aparecido recién, como si nunca nos hubiéramos dado cuenta de esto, como si nunca lo hubiéramos conversado o como si nunca hubiéramos planteado alternativas a este respecto, que la verdad es que no había -ni hay todavía, creo yo- suficiente conciencia en la sociedad chilena en cuanto a la necesidad, que nos parece fundamental, de hacer cambios estructurales en el esquema actual.
Parte de lo que estamos implementando hoy con esta propuesta de aumento de pensiones al pilar básico solidario tiene que ver con los acuerdos que adoptamos hace unos días en este Senado para modificar el Presupuesto y ponerle un énfasis en lo social. También tiene que ver con los acuerdos relacionados con la modificación tributaria, donde hicimos ver la necesidad de una reforma tributaria que tuviera más ingresos y no disminución de los recursos, tal como se venía planteando.
Por lo tanto, claramente aquí hay un giro también, que es producto de la búsqueda de acuerdos que hemos hecho acá y, por supuesto, de las movilizaciones. Porque el país cambió.
Esa es la razón por la cual el Gobierno ha accedido también a irse abriendo a una nueva agenda, a una agenda política, a una agenda económica, a una agenda social, como también a una agenda de seguridad, en el buen sentido de la palabra.
Entonces, señor Presidente, creo que hay que perseverar en esta línea y avanzar todo lo que se pueda.
Respecto al tema de las AFP y del proyecto que está en la Cámara de Diputados, forma parte de lo acordado en el sentido de que de aquí a marzo debemos tener una nueva ley en materia previsional, ¡una nueva ley! Y por supuesto que, en nuestra opinión, debe incorporar grandes cambios, introducir solidaridad, introducir reparto y, por cierto, meterse en la gestión de lo que hoy día es la administración de los fondos de pensiones.
Es parte de nuestra responsabilidad y obligación avanzar en todos los acuerdos políticos que sean necesarios hacia una nueva Constitución. Y por eso hemos exigido que los presidentes de partido se pongan de acuerdo ¡ya! en el itinerario que les dé garantías a los chilenos de que en abril tendremos un plebiscito y que en octubre elegiremos democráticamente a quienes formarán parte de esa convención constituyente o asamblea constituyente.
Reitero: eso es parte de nuestra responsabilidad.
Por tanto, lo que aquí hagamos lo tenemos que hacer conscientes de que nuestro rol es avanzar todo lo que podamos en la medida en que ello signifique que la sociedad chilena va a cambiar.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, yo creo que el país tiene una tremenda oportunidad histórica de dar un giro en el modelo y el tipo de sociedad que hemos construido en los últimos cuarenta años. Y es una oportunidad en la que la responsabilidad primera es del Gobierno, porque él es el conductor del Estado, tiene las facultades constitucionales y legales, la iniciativa para los efectos de aprovechar esta coyuntura de crisis, en donde la gente salió a la calle, se movilizó y dijo: "Mire, nosotros no queremos vivir como estamos viviendo".
Entonces, este proyecto, que es fruto de la realidad, de las arcas fiscales y de un acuerdo, pero que está motivado por la movilización, porque antes de eso estábamos en el 10 por ciento, al mismo tiempo que es un avance relativo, constituye la mejor demostración del fracaso del sistema de capitalización individual que alguna vez se implantó en este país por la fuerza. Porque ese sistema estaba basado en una ideología, en una filosofía del ¡individualismo! Como señalaba la señora Thatcher, "La sociedad no existe; existe solamente el individuo".
Era la ideología que tenía el Gobierno del general Pinochet y que consistía, en decir: "Mire, usted arréglese en la vida directamente, ahorre y en la vejez viva como fue capaz de ahorrar; y como no habrá intervención del Estado ni solidaridad ni colaboración entre los miembros de la sociedad, entonces usted va a caminar solo por la vida, y cuando llegue a viejo se las arreglará como quiera, de acuerdo con la libreta de ahorro que tenga o con el ahorro forzoso que obtuvo".
¡La demostración de ese fracaso es que sin la intervención del Estado esto no sería posible! Y no porque yo sea estatista, sino porque el sistema individualista no funciona en las sociedades, pues todos vamos en un mismo barco navegando; no podemos vivir cada uno por su cuenta; vivimos en sociedad. Y, por lo tanto, debemos tener un mínimo de colaboración entre nosotros. Porque, si a mí el Estado no me ayuda en la salud, no me ayuda en la educación, no me ayuda en la vejez, entonces ¡de qué me sirve el Estado!
Señor Presidente, para el Gobierno, para nosotros, para la Oposición, para los que estamos conduciendo hoy día el país esta es una tremenda posibilidad de dar un giro, de hacer las cosas de otra manera, de realizar los cambios profundos que el país necesita, concretamente en materia previsional.
Quiero decirles al Gobierno y a los empresarios: "Miren, ¡no estamos por echar la estantería abajo, por destruir el país! Queremos hacer las cosas bien, responsablemente". ¡Pero que no se equivoque el Gobierno si piensa que con estos paliativos, con estos remedios para los síntomas la situación se va a resolver! De esta crisis profunda que estamos viviendo vamos a salir en la medida en que hagamos los cambios que el país necesita, los cambios que la gente espera. Porque, de lo contrario, chutearemos el problema para más adelante y esto va a renacer con más fuerza.
Por eso, tenemos la tremenda responsabilidad de darle estabilidad y gobernabilidad a Chile, no con paliativos, sino con medidas profundas que vayan a la vena de la injusticia que significa un régimen de capitalización individual, o de las necesidades que tiene la gente en virtud de un sistema en que un grupo de privilegiados hace negocios con la salud, con la previsión y con la educación.
Apuntar al fondo nos permitirá salir airosos en la oportunidad histórica que tenemos por la profunda crisis que estamos viviendo.
En ese marco, señor Presidente, voto a favor del proyecto.
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Finalmente, tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, cuando nació el nuevo sistema de pensiones, hace ya varias décadas, durante la dictadura militar, se hicieron tres promesas. La gente olvida a veces que fueron tres las cosas que se prometieron.
La primera era que todos íbamos a ganar mejores jubilaciones que las que se recibían entonces, hasta el punto de que alguien saludó este nuevo sistema -en broma, por cierto, en alguna publicación que salió en ese entonces- diciendo que no entendía por qué si iban a ser tan buenas las pensiones los creadores del sistema, los militares, eran excluidos de él, y exigió que ellos también pasaran a disfrutar de sus beneficios.
Es claro que esto no ha sido así. Las pensiones son mucho más bajas de lo que prometió José Piñera y, más aún, hay que subsidiarlas de alguna manera con contribuciones estatales.
La segunda promesa consistía en que este modelo iba a significar un ahorro para el país y que el Estado de Chile iba a disponer de más recursos para invertir en otras cosas, pues no tendría que pagar pensiones.
Bueno, ahora parte importante del costo de las pensiones es de cargo del Estado. De hecho, todo este proyecto es de cargo fiscal, como han señalado varios Senadores. No hay ni un peso aquí de las AFP. Estamos subsidiando pensiones para la gente más pobre que no ha tenido acceso a ningún beneficio de este sistema.
Pero hubo una tercera promesa que sí se cumplió: que el sistema iba a acumular capital para la inversión en Chile. Y, como sabemos hoy, los dueños de las AFP tienen 270 mil millones de dólares en sus cuentas. Esa es la acumulación que han hecho con el salario, con el sueldo y, tal cual se ha dicho acá, con la capitalización obligatoria individual de la mayoría de los chilenos.
Y ese es un riesgo importante para nuestra economía también. Las AFP son cada vez más de capital extranjero, forman parte de consorcios internacionales y se hacen, por lo tanto, más intocables y más inamovibles, dando lugar a un sistema financiero que va haciendo que cada vez tengamos menos empresas.
Miremos a fin de año los resultados de las empresas para ver cuántas AFP realmente determinantes quedan.
Miremos cómo están distribuidos el retail y las empresas. Estas se hallan cada vez más concentradas en el país. La concentración económica, permitida entre otras cosas por el sistema de AFP, es probablemente una de las grandes amenazas para nuestra democracia, sobre todo para la distribución que queremos hacer de la riqueza.
Creo, señor Presidente, que es importante poner este asunto en el contexto.
Estamos celebrando -no creo que haya que ser tan pesimista al respecto- que gente a la cual este país le ha dado muy poco y que percibe pensiones muy miserables hoy día está recibiendo una cantidad importante de dinero más al mes. Esa es una gran cosa, una buena cosa para estas personas, sobre todo en este momento y en una fecha en que se acercan las fiestas de fin de año.
Pero no olvidemos que el sistema de pensiones solidarias es una creación posterior, es un intento por arreglar un poquito las cosas, es costeado por el Estado y no saca a la gente de la pobreza por sí solo. Tampoco resuelve los grandes problemas de desigualdad que este país tiene, que parten desde los salarios, se transmiten a las capitalizaciones y terminan con pésimas pensiones.
Yo espero que realmente nosotros cumplamos nuestro compromiso, de aquí a marzo, como se ha dicho. Hagamos algo al respecto. No podemos dejar que un sistema o que un grupo de empresas, cada vez más trasnacionales, se apoderen así de la riqueza del país, a vista y paciencia de todos los chilenos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (39 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el
quorum
constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor GARCÍA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Por supuesto, señor Senador.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, yo tengo un pareo con el Senador Carlos Montes, pero el Senador Juan Pablo Letelier, jefe del Comité Socialista, me autorizó a incorporar mi voto en este proyecto.
Si fuera tan amable, le solicito que se consigne mi pronunciamiento favorable.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Así es, Su Señoría. Fuimos informados del pareo.
En consecuencia, se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador José García.
El señor GARCÍA.- Muchas gracias
.
)---------------(
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Señoras y señores Senadores, previo a pasar al próximo asunto, es necesario fijar plazo para formular indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos.
Se ha propuesto el lunes 6 de enero, a las 12:00.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
)---------------(
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
En estos momentos ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Certificado
De la Comisión de Seguridad Pública, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables en las circunstancias que indica (boletín N° 13.090-25) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Queda para tabla.
)------------(
El señor GARCÍA.-
Pido la palabra, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, solo quiero solicitar que abra la votación del siguiente proyecto apenas comience su tratamiento.
Gracias.
El señor MOREIRA.-
No, señor Presidente. Me opongo.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
No hay acuerdo.
TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ALTERACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA MEDIANTE EJECUCIÓN DE ACTOS DE VIOLENCIA Y AGRAVAMIENTO DE PENAS
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Corresponde pasar a la discusión general del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en moción de los Diputados señora Marcela Sabat y señores Miguel Ángel Calisto, Gonzalo Fuenzalida, Gabriel Silber y Matías Walker, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, con certificado de la Comisión de Seguridad Pública y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (13.090-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 80ª, en 4 de diciembre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Seguridad Pública (certificado): sesión 81ª, en 4 de diciembre de 2019.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
La Comisión de Seguridad Pública consigna en su certificado que, por la unanimidad de sus integrantes, acordó discutir la iniciativa solo en general y proponer a la Sala proceder del mismo modo.
Cabe señalar que el proyecto no contiene normas de quorum especial.
Asimismo, hago presente que esta iniciativa fue aprobada en general en el referido órgano técnico por mayoría de votos. Votaron por su aprobación los Senadores señores Kast, Harboe, Insulza y Pérez Varela, y se pronunció por su rechazo, el Senador señor Huenchumilla.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, punto de reglamento.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, Senador Moreira.
El señor HARBOE.-
Que esté sentado.
El señor MOREIRA.-
Solo quería hacerlo más rápido, señor Senador.
Señor Presidente, me han entregado razones muy contundentes para que dé el avenimiento para abrir la votación.
Entonces, yo no quiero ser impedimento para una reunión que sostienen en este minuto los partidos de Chile Vamos con el objeto de llegar a un acuerdo en el tema constitucional.
Así que por ese motivo me voy a quedar yo solo trabajando.
Por tanto, señor Presidente, no me opongo a que se abra la votación.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo para ello?
La señora EBENSPERGER.-
Sí.
El señor PIZARRO.-
Sí, pero después del informe.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Conforme.
Si le parece a la Sala, se abrirá la votación después de que se entregue el informe.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, este proyecto de ley, que cumple su segundo trámite constitucional en la Corporación, se originó en moción de los Diputados señor Fuenzalida, señora Sabat y señores Calisto, Silber y Walker.
Su objetivo es modificar el Código Penal con el propósito de tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, agravando las penas aplicables, en determinadas circunstancias.
En los fundamentos de la moción se establece, en lo medular, que es necesario abordar los crecientes fenómenos de violencia pública, desmanes, alteración del orden público y destrucción de la propiedad, tanto pública como privada.
Asimismo, sus autores postulan que en Chile se han verificado maneras de protestar y de representar intereses desde la ciudadanía que, casi de manera inevitable, han conllevado a algunos grupos a realizar actos de violencia. Este fenómeno no es solo local, sino que se ha podido advertir también en otras latitudes, como las protestas por el medioambiente en Europa, la reciente revuelta social de los "chalecos amarillos" en Francia o las protestas por diferencias étnico-culturales en China y Hong Kong.
De consiguiente, si es este un fenómeno que será persistente, abordar su aspecto de seguridad ciudadana, abogando por fortalecer la paz social y castigar efectiva y severamente a quienes prefieren delinquir por sobre manifestarse con respeto a los demás, contribuye exactamente a robustecer la democracia y proteger a los más débiles, a quienes desean que su voz se escuche de manera no violenta.
Es decir, plantean los mocionantes, este proyecto busca proteger a aquellos que se manifiestan de manera pacífica.
En segundo lugar, la exposición de motivos de la iniciativa de los Diputados consigna que la actual herramienta jurídica contenida en el artículo 269 del Código Penal es insuficiente y se encuentra desactualizada para permitir una efectiva persecución penal de los desmanes y desórdenes públicos. En efecto, puntualizan los Diputados que el tipo penal plantea complejos requisitos para poder imputar responsabilidad penal a una persona a título de desórdenes públicos.
La iniciativa legal aprobada por la Cámara de Diputados se estructura sobre la base de las siguientes modificaciones:
I. En primer lugar, se intercala en el Código Penal un artículo 268 septies, nuevo, en relación con el delito de desórdenes públicos. Se contempla dentro de esta figura la hipótesis de quien, valiéndose de una manifestación o reunión pública, tomare parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de este ilícito, disponiéndose una pena de reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a cinco años).
Asimismo, para estos efectos se establece que constituye desorden público:
1) Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento. Se entiende por tal el servicio de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones.
2) Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines.
3) Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
4) Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
5) Impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de bomberos u otros servicios de utilidad pública destinados a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.
En el mismo orden de ideas, se establece una regla de determinación de la pena, que dispone que se aplicará siempre el grado máximo de ella cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles referidos anteriormente, siempre que esta o aquella no constituyere una asociación ilícita de la que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo del Código Penal.
En seguida, se establece una norma que señala que si un hecho previsto en este artículo mereciere mayor pena bajo alguna otra disposición, se aplicará esta última.
II. En segundo término, se efectúa una modificación de adecuación legislativa. Para efectos de adecuar la normativa del Código Penal con la contenida en esta iniciativa legal, se reemplaza la palabra "Párrafo" por "artículo" en el artículo 269.
III. En tercer lugar, en lo que atañe al delito de robo en lugar no habitado, previsto en el artículo 442 del Código Penal, se incorpora un inciso final que dispone una regla que prescribe que se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo (es decir, tres años y un día a cinco años) cuando el autor de las conductas señaladas en dicho artículo las perpetrare actuando en grupo o individualmente pero amparado en él, y tuvieren lugar con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.
La Comisión, al revisar el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, observó un conjunto de situaciones en virtud de las cuales prefirió pronunciarse solamente sobre la idea de legislar, no aprobando el texto en particular, y propone a la Sala del Senado proceder de la misma manera, es decir, aprobando solo en general, con el objeto de dar espacio a un mayor estudio de las modificaciones propuestas y otorgar a las señoras Senadoras y a los señores Senadores que no participaron de su análisis la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe.
Así entonces, la Comisión, por la mayoría de sus integrantes, Senadores señores Insulza, Kast, Pérez y quien habla, aprobó en general este proyecto de ley. Se pronunció en contra el Senador señor Huenchumilla.
En consecuencia, la Comisión de Seguridad Pública sugiere a esta Honorable Sala la aprobación en general de esta iniciativa legal.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.
El señor PÉREZ VARELA.-
¿Va a abrir la votación?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Conforme a lo acordado hace un momento, se abrirá la votación.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Guillier, tiene la palabra.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, se nos ha invitado a votar en general un proyecto contra los saqueos.
Yo quiero ser muy preciso, señor Presidente: ¡Estoy en contra de los saqueos, los incendios, la destrucción de la propiedad pública y privada!
Pero la iniciativa de ley que tenemos frente a nosotros y que acabamos de leer, porque nos llegó recién, no dice absolutamente nada contra los saqueos. Lo único que estoy viendo en este texto es que se quiere transformar en delito las legítimas movilizaciones sociales.
¡Quieren criminalizar la legítima expresión del malestar contra el abuso!
El propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, ha dicho en la mañana de hoy que no se puede llevar a sede penal un conflicto social y político.
Por esa razón, en esta votación en general me voy a pronunciar en contra.
Mis colegas me dijeron en los minutos previos que se van a presentar indicaciones, que no me preocupe, que se va a mejorar este proyecto, para que efectivamente condene los saqueos y la destrucción de la propiedad pública y privada.
Pues bien, cuando esas indicaciones formen efectivamente parte de esta iniciativa, que hoy no es contra los saqueos, sino contra las movilizaciones sociales, entonces votaré en conciencia y de acuerdo con su mérito.
Por ahora, no voy a caer en el juego de un proyecto cuyo nombre, además, lo dice todo, y que quiere transformar en delito la alteración del orden dando la apariencia de que se defiende una falsa normalidad donde sigue imperando el abuso.
¡No estoy dispuesto a votar esto en los términos aquí presentados!
Esto es una falta de respeto al Senado de la República, al igual que la forma en que se están tramitando los proyectos de ley en esta Sala.
Voto en contra.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, hoy día se nos convoca a votar un proyecto que se llama "antisaqueos", pero de contrabando trae varias normas que no tienen nada que ver con el saqueo.
Y empiezo por la primera parte del proyecto.
Aquí se propone modificar el Título VI, Párrafo 2, del Código Penal, sobre los delitos a los que se denominan "Otros desórdenes públicos". Y esto no es menor, porque conviene detenerse un poco respecto de qué cuida este delito.
Varios penalistas han señalado que el Título VI es más bien un cajón de sastre sobre ciertas figuras penales que, no teniendo cabida en otros libros del Código, fueron llevadas por el legislador a través de este título. Y en este título se regulan una serie de capítulos que a mi juicio no guardan mucha relación.
Ahora, el problema del texto que presenta la Cámara de Diputados es que trae una serie de normas que van a generar problemas de concurso aparente de leyes penales y concurso ideal de delitos, dado que hay varias figuras que se pretende sancionar como desórdenes que no lo son en cuanto tal, o que siéndolo, pueden constituir otros delitos, como el de incendio o de lesiones.
Aquí soterradamente se quiere prohibir cualquier tipo de manifestación que acarree una alteración grave al orden público y que, producto de la violencia que se use, lleve a lo que conocemos como las tomas.
Hay que decirlo: de aprobarse este proyecto como está, se acabaron las tomas en las universidades, en los hospitales, en los predios agrícolas. Y esto no puede ser, porque sabemos que muchas veces la toma constituye una forma de presión que utilizan, por ejemplo, los estudiantes para ser escuchados.
A mi juicio, lo que hoy día estamos tipificando, a través de esta figura de desórdenes, son manifestaciones de los derechos de expresión, de reunión y de la legítima protesta social.
A partir de eso, generamos un tipo penal que es bastante confuso en la redacción respecto de qué debe entenderse por desorden público. Da la sensación de que aquí lo que se buscó al final del día era entregar una serie de tipos penales, una descripción que nada tiene que ver con las figuras de desórdenes públicos.
Y espero que en la discusión particular se pueda rechazar completamente el número 1, relativo al artículo 268 septies, porque esto justamente lo que hace es criminalizar la protesta social, criminalizar la legítima manifestación que se pueda realizar.
Considero que también confunde figuras que no atentan o que no alteran la seguridad pública. Pensemos, por ejemplo, cuando se propone que en el caso de una protesta se impida coactivamente la libre circulación, utilizando algún elemento. O sea, bastaría que alguna persona se sentara en la calle, que colocara algún tipo de elemento o que se tomara de las manos con otra -como dice el Senador Lagos- con el fin de impedir el paso de los vehículos para que esté sancionada por la figura de desorden público. Creo que esta figura está muy mal tratada y responde más bien a una medida de carácter populista que no ha sido bien estudiada por quienes presentaron esta iniciativa.
En segundo lugar, respecto del delito de saqueos, considero que no se resuelve el problema de fondo. Este se relaciona más bien con la tipificación del delito, ya que en el texto se optó por colocar una nueva figura en el delito de robo en lugar no habitado.
El gran problema que presenta hoy día la Fiscalía a mi juicio no tiene que ver con el tipo penal, porque hoy día el tipo penal se encuentra absolutamente establecido, pues existen las penas y las agravantes. Inclusive, teóricamente -si me alcanza el tiempo, lo voy a explicar-, si uno aprobara este proyecto de ley, estaría eliminando automáticamente una agravante y se podría llegar a una pena mucho más baja de la que estamos proponiendo para el saqueo.
Al final del día lo que hay aquí es un problema probatorio, porque las investigaciones se le caen al Ministerio Público producto de las malas investigaciones.
La redacción que se propone mantiene vigente que para que exista el robo en lugar no habitado debe darse alguno de los tres supuestos que establece el artículo 442, es decir, que exista escalamiento, fractura o que se usen llaves falsas. Y sabemos que eso es un tema probatorio.
Cuando uno mira qué ha pasado estos días con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público, uno ve que no se ha podido probar que las personas que estaban saqueando hayan concurrido en alguno de los tres elementos del tipo penal del artículo 442.
Al establecer que la pena de presidio se aplica en su grado máximo lo que hacemos es eliminar un grado de la pena, pero no modificamos el tipo penal.
Si efectivamente quisiéramos sancionar los saqueos, mi impresión es que esto debiera ser una modificación agravada del hurto más que del robo, porque, si no, el problema va a seguir. Al final del día, vuelvo a insistir: se sigue radicando el problema de esclarecer estos hechos en un tema del tipo penal, y no se modifica lo que debiera cambiarse. El Ministerio Público, aun cuando exista esta pena, para poder llevar a las personas ante la justicia tendrá que probar alguno de los tres elementos del artículo 442, cosa que aquí no se está tocando.
Si efectivamente queremos sancionar los saqueos, me parece que sería mucho más fácil una modificación a los delitos de hurto simple, colocando algunas agravantes específicas.
Termino diciendo, señor Presidente, que mi impresión es que se puede producir un problema en la aplicación práctica de las normas de la pena de los artículos 67 y 68 del Código Penal, porque con la figura del saqueo que se está aplicando, en la práctica, lo que estamos haciendo es considerar como tipo penal la agravante 10ª del artículo 12 del Código Penal, lo que va a impedir que esto se pueda utilizar como agravante.
Todos sabemos, o quienes hemos ejercido alguna vez la profesión, que cuando la persona no posee antecedentes, si tiene una circunstancia atenuante -generalmente, la irreprochable conducta anterior, que los tribunales suelen estimar como muy calificada-, eso lleva a que se baje la pena hasta en un grado.
Entonces, como consecuencia de ello, ¿qué va a pasar? Si se aprueba el tipo de saqueo como está y se le aplica una atenuante muy calificada, podemos caer en el piso de la pena, es decir, esa persona va a recibir una pena probable efectiva de 541 días.
Si nosotros dejamos la norma tal como está en el artículo 442 y se puede hacer uso de las agravantes, de hacerlo en medio de una manifestación o calamidad pública, como lo dice la agravante penal, vamos al techo de la pena; es decir, llegamos a los cinco años.
Entonces, también hay que tener cuidado en la forma en que está redactado porque, probablemente, en la pena aplicable a la pena real, con esta figura, y producto del juego de atenuantes y agravantes, podemos estar dando una pena mucho más baja de lo que presenta la actual legislación en esta materia.
Vuelvo a insistir. Creo que esto sigue siendo un tema de prueba por parte del Ministerio Público. Y si quisiéramos efectivamente sancionarlo, debiera modificarse el delito de hurto, que es mucho más fácil de probar, con agravantes específicas en estos casos.
Dicho eso, voy a votar a favor, señor Presidente, esperando que se corrijan las deficiencias que presenta el proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, efectivamente, la idea básica del proyecto es generar las condiciones necesarias para sancionar las graves alteraciones al orden público que hemos vivido en los últimos meses.
En la línea de lo que señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, nosotros presentamos un proyecto de ley antiturbazos, que se encuentra hoy día en la Comisión de Constitución y que busca establecer una circunstancia agravante particularmente respecto del delito de hurto, posibilitando tener, por la vía probatoria, una agravante calificada. Esto se presentó tras las denuncias que en su momento se realizaron frente a las trece bandas que cometían turbazos en Valparaíso. Cerca de treinta y una personas fueron condenadas a más de quince años justamente porque conseguimos que la Fiscalía recalificara los delitos. Estos delitos consistían básicamente en que personas entraban en grupo y saqueaban los locales comerciales. Entonces, logramos que se acumularan las causas y, como ya mencioné, que se recalificaran como robo con intimidación o violencia. Y, finalmente, conseguimos condenas para esas treinta y un personas con penas que van hasta quince años.
En el mismo sentido, creemos que hay que buscar la fórmula que nos permita aminorar el peso de la prueba y asegurar una condena efectiva para quienes vulneran flagrantemente el orden público.
Particularmente, se debe mostrar en los hechos que hay que perseguir a los responsables de los saqueos con el mayor rigor de la ley, sea quien sea, no importando la posición, el nombre, el apellido. Porque tenemos que demostrar claramente que somos inflexibles para no permitir la impunidad.
Eso lo he dicho públicamente y también lo digo en este Hemiciclo.
Aquí es donde se ve finalmente la coherencia: ¡actuar con el mayor rigor de la ley, sea quien sea el delincuente que finalmente altera el orden público!
En tal sentido, este proyecto de ley establece otros elementos adicionales como hechos constitutivos de desorden público: paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento; ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines; destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industria; incendiar objetos o, como hemos visto, establecimientos de comercio; impedir o dificultar la actuación del personal de los cuerpos de bomberos; ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados; entre otras.
Además, la normativa establece que "Se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo cuando el autor perpetre este delito con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público".
Creemos que en estos casos hay que actuar con la mayor severidad. Y eso implica demostrar que acá no hay nadie por sobre la ley.
Se ha hecho público el caso de un concejal de La Calera. Al respecto, nosotros no solamente hemos pedido su expulsión del partido, sino que, además, el propio Partido Renovación Nacional se va a querellar, porque consideramos, sin lugar a dudas, que no hay nadie por sobre la ley.
Y eso es una señal de seriedad y de responsabilidad. No importa el apellido; lo importante es ser claros y contundentes. Vamos a establecer todas y cada una de las responsabilidades.
El combate a la impunidad debe ser claro y preciso. No importa ni el apellido, ni la posición, ni la afiliación ideológica del personaje o del delincuente que comete un delito.
Respecto de este proyecto, creo que va en la dirección correcta.
Tal como señaló el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, podemos buscar fórmulas para aminorar el peso de la prueba y asegurar que las penas sean efectivamente contundentes, sobre todo cuando los hechos se produzcan en situación de calamidad pública o de alteración del orden público.
Acá está en juego si somos capaces o no de terminar con la impunidad y de condenar la violencia, venga de donde venga.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, los desafíos que tenemos por delante en cuanto a cómo enfrentar el desorden público y la violencia son desafíos mayores y particularmente importantes en estos tiempos, en el siglo XXI.
Lo primero que quisiera señalar es que tal vez nos falta comprender cómo se desarrollan los fenómenos que estamos viviendo. Estamos, en una transición entre un mundo que termina y otro que emerge, frente a un tema vinculado con instituciones verticales, acostumbradas a enfrentar desafíos verticales, a tener contraparte, a procesos que no son moleculares como los que estamos experimentando.
A mí me parece interesante entender un poco esto.
En primer lugar, siento que lo que hay acá es un fenómeno de transmisión memética. Existe mucha paranoia en cuanto a pensar que hay grupos organizados; pero en realidad son grupos desorganizados, que están desestructurando todo lo que conocemos. El ejemplo más notable se puede ver con las mujeres de "Lastesis", que logran transmitir unidades culturales con coreografía, con concepto, que se irradian a nivel mundial.
Creo que lo mismo sucede con los jóvenes que ejercen la violencia. En cierta manera, es una emulación parecida a la performance de "Lastesis", que es pacífica, que es maravillosa, que es artística. La otra también es una coreografía conceptual e intelectual, pero ligada a la violencia como manera única de expresión o de creer que es el único camino para resolver los problemas.
A mi entender, acá no hay grupos organizados, pero sí colectivos, y colectivos muy duros. Pero, ¿saben qué? Son consecuencia de las redes sociales, porque lo que están haciendo las redes sociales es personalizando; lo que están haciendo redes sociales como Facebook, Instagram, a través de las cuales se comunican los y las jóvenes, es justamente reuniendo a los iguales en un mundo burbuja. Y se constituyen colectivos, colectivos virtuales, que son tremendamente cerrados y que creen que esa es la realidad del mundo, lo que existe, justamente porque se establece una reunión de personas en zonas de confort.
Me parece muy importante salir de esa paranoia. Aquí no hay grupos extranjeros; lo que hay es la expresión de la era digital, que está personalizando y construyendo mundos burbuja, tremendamente cerrados, donde se comparten visiones, valores. Lamentablemente, en esos grupos también se incuba la violencia como respuesta.
Ahora, ¿qué es lo que uno quisiera decir?
Lo primero es que los instrumentos de represión no son la solución. ¡Y son muy peligrosos! Creo que la única respuesta es la respuesta política. El Gobierno, el Ministro, el Presidente, deben entender, de una vez por todas, que la respuesta tiene que ser una agenda social potente, no a gotario, no en salame, no una que nadie entienda. Hay una demanda muy profunda y transversal, y sería un error político de una envergadura gigantesca no entender aquello.
¿Por qué digo que la lógica de la represión es peligrosa? Porque, si no hay una respuesta política, si las personas insistentemente han venido planteando esto durante décadas y la política no las ha escuchado, lo que se empieza a generar, como instrumento único para ser escuchado, para hacer transformaciones, es la violencia. Pero ese síntoma, esa visión, surgen como consecuencia del fracaso de la política o de la incapacidad de esta para resolver los problemas.
Tal vez el error que cometimos fue incubar esta experiencia piloto en el Instituto Nacional. ¿Cuántas veces esos jóvenes se quisieron expresar pacíficamente? En gobiernos anteriores, en gestiones municipales anteriores, no fueron escuchados. ¿Saben cuándo fueron oídos? Cuando empezaron a tener encapuchados.
Muchas veces los canales de televisión, los matinales -lo he visto-, llamados por las personas que van a hacer una manifestación, preguntan: "¿Se van a tomar la calle o no? Porque, si no se la toman, no es interesante y no vamos a ir".
Entonces, es muy peligroso construir, desde la lógica de la represión, una solución que no tenga carácter político, porque eso lo único que hace es legitimar la violencia. Si fracasa la política, va a existir el sentimiento de que la única solución es el ejercicio de la violencia como único instrumento para llevar a cabo transformaciones. Y nosotros queremos establecer justamente lo contrario: que es la política y no la violencia, que es el diálogo y no la violencia los que tienen que resolver los problemas.
Sin embargo, no vemos que el Gobierno ni muchos de nosotros comprendan que ese es el camino.
Un último minuto y termino, señor Presidente.
Creo que hay que focalizar y no ponerlos a todos en el mismo saco. Por eso que la propuesta de combatir de la misma manera a los jóvenes que se manifiestan pacíficamente y a los violentistas fue un inmenso error, que hay que reparar. Tratar como delincuentes a los encapuchados, a los que usan pañoletas, a los que andan disfrazados es un error gigantesco, porque significa poner en el mismo estatus a los violentos y a los pacíficos.
En tal sentido, este proyecto hay que aprobarlo justamente porque es distinto, porque separa a los que cometen hechos de violencia de aquellos que no los cometen. Sin embargo, quiero alertar que hubo un intento de saqueo en este proyecto por parte del Gobierno. Yo comparto lo que plantea el Senador Pedro Araya en cuanto a que aquí hay algunas incrustaciones que se traficaron y que son tremendamente peligrosas, porque pueden criminalizar a gente que no tiene por qué ser criminalizada. ¡Hay que focalizarse en los delincuentes!
Voy a apoyar el proyecto, señor Presidente, pero con reserva de algunos de sus artículos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¡Bien su tesis, Senador Girardi!
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza, miembro de la Comisión de Seguridad Pública.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, la verdad es que a mí me preocupa un poco la forma algo agitada en que algunos colegas enfrentan un proyecto que, mal que mal, fue aprobado en general en la Cámara de Diputados por 127 votos a favor, solo 7 votos en contra y 13 abstenciones. Yo me imagino que los parlamentarios de la otra rama, con los cuales a veces no tenemos mucho acuerdo, habrán meditado un poco esta iniciativa antes de lanzarla, lo cual no quiere decir que, a mi juicio, no tenga algunos contenidos bastante equivocados como los que se han planteado acá.
En realidad, al igual que algunos otros Senadores, no sé cómo fueron a parar las tomas en medio de este proyecto. Son un fenómeno completamente distinto. Pero hay hechos como la interrupción o la destrucción de un servicio público; la ejecución de actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas; la destrucción de un establecimiento comercial o industrial, que evidentemente merecen ser sancionados. No creo que haya discusión en eso.
Por lo tanto, mi opinión es que lo que corresponde aquí es aprobar este proyecto en general, y luego corregirlo, como lo hemos hecho muchas veces, de común acuerdo, tratando de no exagerar tampoco el tono, pero sí dando a la ciudadanía la señal de que nosotros rechazamos la violencia en todas sus formas y de que estamos disponibles para salir al paso de las cosas que están ocurriendo ahora. Porque estas son cosas que están sucediendo hoy día. Cada parte de este proyecto tiene que ver con algún fenómeno que se está manifestando en estos momentos en nuestra sociedad y que queremos rechazar.
Desde ese punto de vista, señor Presidente, llamo a presentar las indicaciones respectivas y a aprobar en general este proyecto, porque es la señal que se espera de nosotros.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Antes de seguir otorgando la palabra, se ha propuesto como plazo para formular indicaciones el viernes 6 de diciembre, a las 12 horas.
¿Habría acuerdo?
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el viernes 6 de diciembre, a las 12, en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública.
El señor QUINTANA (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, sin lugar a dudas, lo que pasó a contar del 27 de febrero de 2010 y lo sucedido desde el 18 de octubre de este año nos llaman a reflexionar y a entender qué pasa cuando una conmoción pública puede generar desorden público.
Los fines no pueden justificar los medios. Quizás esa sea la primera reflexión general. Todo movimiento que tiene demandas y quiere expresarlas de forma pacífica no puede ser intervenido por terceros que se valen de él y, cual caballo de Troya, aparecen para destruir el entorno.
Es por ello que lo que busca este proyecto de ley es perseguir esos delitos, cuyos autores, amparándose en situaciones particulares de conmoción o desorden público, tienen por objetivo destruir, para lo cual, tal como dijo el Senador Girardi, se coordinan por redes, por sistemas que permiten concentrar su furia en cosas precisas. Pasan de lo virtual a lo físico. Y pueden actuar diferentes grupos, de distinta naturaleza.
Por eso, quizás lo más importante que nos va a permitir este proyecto es precisar qué entendemos por orden público y también por lo contrario, que es el desorden público en cuanto delito. En tal sentido, quiero citar la definición que nos entrega el profesor Larry J. Siegel en su libro Criminología: teorías, patrones y tipologías: "Son los actos que interfieren con la operación de la sociedad y la capacidad de las personas de funcionar eficientemente", vale decir, cuando se desarticula la sociedad con ciertos hechos que amenazan la convivencia nacional. Esos son los efectos que producen, y en algunos casos incluso terror. Uno podría perfectamente darles ese calificativo a quienes usan medios violentos como el fuego y otros para generar terror.
Es importante, entonces, que se haya considerado la forma de sancionar los ataques premeditados a la infraestructura crítica. De hecho, es lo primero que se menciona: la continuidad del servicio por la paralización o interrupción de los servicios esenciales y básicos de los que dependemos. Si hubiésemos tenido esta normativa desde un principio, se podría haber perseguido a los violentistas sin necesidad de tener que militarizar nada para proteger esos lugares.
Los actos violentos no son compatibles con la democracia. Tenemos otras formas para solucionar los problemas, y por eso el Estado tiene que perfeccionar los instrumentos que lo obligan a perseguir a quienes cometen delitos. ¡De eso estamos hablando: de tipificar correctamente los delitos!
Probablemente, en este caso la redacción no sea la más adecuada, razón por la cual me alegro de que tengamos plazo para formular indicaciones hasta el viernes 6 de diciembre. Pero sí hay que precisar que cada uno de los elementos que se mencionan los vemos cotidianamente. ¡Cómo se interrumpió el accionar de bomberos, evitando que ellos pudieran concurrir a combatir los incendios! ¡Cómo se dañaron ambulancias que podrían haber salvado vidas humanas!
Nadie puede estar sobre la ley. Y es muy importante que nuestro marco jurídico así lo establezca y tenga claramente tipificadas las conductas para que, con las evidencias que se puedan presentar, el Ministerio Público persiga a los responsables y logre las condenas correspondientes.
Sin condenas efectivas todo esto es letra muerta.
Por ello, invito a que seamos capaces de formular, en el plazo fijado al efecto, las indicaciones más adecuadas para precisar los actos que no queremos y así la violencia no ocupe nuestras calles y nos saque de lo más importante, que son siempre los problemas de fondo: las demandas.
Por eso, no a la violencia con instrumentos precisos; no a grupos que se coordinan para destruir y que no están preocupados de sus semejantes.
Por todo lo expresado, señor Presidente, apruebo en general el proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, nadie puede negarse a condenar los hechos de violencia, vandalismo y saqueo que hemos presenciado en las últimas semanas.
Por lo mismo, no puedo negarme a priori a discutir modificaciones legales a los tipos penales que sancionan dichos actos de violencia, ni a las penas respectivas, sobre todo si se concluye fundadamente que existe un vacío en las figuras que posibilita la comisión de estos delitos, o que las sanciones son extremadamente bajas y no alcanzan a inhibir a los autores de los desmanes. Cosa distinta es que, con el pretexto de sancionar estas conductas violentas, se intente criminalizar la legítima protesta social.
Esta es la primera cuestión que debe quedar meridianamente clara.
Ahora bien, es evidente que la gran mayoría de quienes protestan lo hacen pacíficamente, pero hay un grupo que, de manera espontánea o planificada, protagoniza enfrentamientos con la policía y hechos violentos de diverso tipo que afectan a personas o bienes, tanto públicos como privados.
Hoy, a las personas detenidas por estos hechos se les imputa normalmente la figura de desórdenes públicos establecida en el artículo 269 del Código Penal, sin perjuicio de las figuras de lesiones o daños, en su caso, pero, por su baja penalidad, ellas no sufren penas de presidio efectivo y acceden a salidas alternativas.
Los hechos de vandalismo, entonces, tienen sanción; lo que pasa es que, por su masividad o por la baja capacidad operativa de la policía, la gran mayoría de los actos queda sin sanción.
Se suma a ello que muchas veces Carabineros no diferencia a quienes actúan pacífica o violentamente, comete excesos e incluso, como ha sido reconocido por organismos internaciones y el propio Gobierno, incurre en violaciones a los derechos humanos.
En este cuadro, ¿cambia la situación con las nuevas figuras penales? Creo que no. Subir las penas o especificar los tipos penales no se traducirá, necesariamente, en el término de los actos vandálicos.
Son muchos los factores que influyen para lograr ese objetivo, entre otros la revisión de la acción de Carabineros que muchas veces -digámoslo con franqueza- contribuye a generar o ampliar los desórdenes más que a contenerlos o disminuirlos.
En todo caso, concuerdo en que la antigua figura de los desórdenes públicos del actual artículo 269 requiere una actualización. Pero esta actualización debemos hacerla de manera sistemática, integral y proporcional.
Hace pocos días, por ejemplo, se aprobó en general incorporar la figura de los encapuchados en el marco de los desórdenes, lo que tiene evidentes contradicciones con el actual proyecto.
De la misma manera, surgen diversas dudas con respecto a la tipificación de los actos violentos que constituyan desorden público, según el nuevo artículo 268 septies.
En primer lugar, las acciones violentas son sancionadas en el marco de manifestaciones o reuniones públicas. ¿Significa eso que las barricadas y los actos violentos aislados no serán sancionados?
Sobre las paralizaciones o interrupciones del N° 1 del mismo artículo, ¿se sanciona la paralización efectuada por los trabajadores de los mismos servicios?
El N° 2 es aún más confuso: sanciona a quienes formen parte, violentamente, en la ejecución de actos violentos.
El hecho de impedir coactivamente la circulación de personas o vehículos, establecido en el N° 4, ¿incluye a quienes desplieguen un lienzo para interrumpir momentáneamente el tránsito?
La ocupación o usurpación de bienes inmuebles del N° 6, ¿comprende la toma de terrenos que ejecutan algunas personas que no cuentan con vivienda?
En varias de estas situaciones pareciera que se pretende sancionar formas de movilización tradicionales y pacíficas ejecutadas por sindicatos, organizaciones estudiantiles y sociales, lo que resulta completamente inaceptable.
Por otro lado, en cuanto a los saqueos, que constituyen, sin duda, uno de los hechos más repudiables de los que hemos visto, se establece una pena mayor para el robo en lugar no habitado cuando se ejecute con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público. Pero esto será intrascendente porque esa figura ya existe como agravante en el artículo 12, N° 10, del Código Penal, que se refiere al hecho de cometer el delito con ocasión de "tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia".
En resumen, señor presidente, tengo mis reservas sobre el efecto que puedan tener modificaciones a las penas en la situación de orden público que vive el país. El Código Penal no va a subsanar las debilidades evidentes que han mostrado tanto el Ejecutivo como la policía para poder preservarlo.
Pero no me niego a revisar figuras penales cuya redacción es de otra época. Solo pido que no se criminalice la protesta social y que la revisión se haga con seriedad y serenidad, como tantas veces nos pedía en esta misma Sala el ex Senador y hoy Ministro de Justicia, Hernán Larraín.
¿Cuánto nos demoramos en modificar las normas relativas a delitos de cuello y corbata? ¿Qué nos decían algunos parlamentarios?
Comparto, señor Presidente, los objetivos del proyecto. Pero atendidas sus evidentes deficiencias, prefiero que la Comisión de Seguridad Pública o la de Constitución trate este proyecto con la rigurosidad que se merece.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que pueda presidir en algunos instantes más el Senador Coloma primero y el Senador Bianchi después?
Acordado.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, lamentablemente, la experiencia, y no solo en Chile, nos muestra que la solución a los problemas de violencia que estamos viviendo hoy no es el aumento indiscriminado de penas, como propone el proyecto que ahora discutimos.
Creo que su texto tiene un error esencial: mezcló dos temas diferentes, a saber, la manifestación social y los actos de saqueo y vandalismo, los cuales han afectado y destruido muchas ciudades y barrios, en nuestra región particularmente.
¡Cómo no voy a quedar afectada cuando sé que en seis cuadras tenemos más de ciento cuarenta pequeños comercios afectados, cuyos daños se calculan en más de 3.200 millones de pesos, más el lucro cesante y los instrumentos que hasta ahora han resultado completamente insuficientes!
Y, peor aún, tenemos que reconocer que la violencia la han desatado grupos que se escudan detrás de las legítimas manifestaciones sociales. Nosotros condenamos la violencia absoluta y tajantemente, pues no solo busca destruir la democracia, sino que también daña profundamente a quienes más necesitan, a esos chilenos vulnerables que solo buscan vivir con dignidad.
¡Que quede clara nuestra total y tajante condena a la violencia!
No me gusta la forma en que este Gobierno presiona para que tramitemos las iniciativas con la mayor rapidez. No me gusta la velocidad que le quisieron imponer a este proyecto. No me parece adecuado, porque tiene graves deficiencias legislativas.
La iniciativa que ahora analizamos crea una figura agravada de desórdenes públicos, que finalmente criminaliza el movimiento social con tipos penales amplios, que pueden llevar incluso a que personas que lancen piedras en una marcha sean condenadas -escuchen bien- hasta a cinco años de presidio.
La verdad es que eso no es lo que nosotros estamos buscando.
Esa figura agravada de desórdenes que se crea incluye penas que van de los 541 días a cinco años, superior a la figura de desórdenes que tenemos hoy día en el actual artículo 269 del Código Penal. Es así como se sanciona a quienes en una manifestación o reunión pública tomaren parte de forma violenta en un desorden.
El problema es que hablamos de "manifestaciones o reunión", y no sabemos si se está refiriendo a marchas autorizadas o no. ¿Qué entendemos por "reunión pública"? ¿Podría ser incluso un concierto que derivara en algunas acciones violentas o una reunión de junta de vecinos que termine en equis circunstancias?
Francamente, eso no queda claro.
Se habla de paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad. Eso puede sonar bastante sensato, pero hay que tener cuidado. Los jóvenes que interrumpieron transitoriamente algunas líneas del Metro -por favor, no me refiero a la quema ni a la destrucción, sino al hecho de sentarse en el andén- ¿podrían ser condenados de 541 días a cinco años de cárcel?
A esas asociaciones de salud que paralizan transitoriamente el servicio cuando protestan por la falta de implementos en los hospitales, ¿también las podríamos condenar?
Quiero ponerme en un extremo. ¿Qué pasaría si hubiese un paro de Televisión Nacional que interrumpiera las comunicaciones? ¿También vamos a perseguir a esos sindicatos? Porque el proyecto habla de "comunicaciones"; no se especifica exactamente si se trata de servicios estratégicos, de telefonía, de internet, en fin.
Quiero señalar que, cuando se legisla aceleradamente, cuando se reacciona sin medir, sin reflexionar, sin tener coherencia en el propio proyecto que se presenta, francamente, señor Presidente, se hace un enorme daño.
¿Cómo vamos a aceptar, por ejemplo, que en el caso de una barricada menor -a nadie le agradan-, que momentáneamente interrumpe el tránsito, se sancione con esa misma gravedad?
Peor aún, los pobladores de Lo Hermida, que se tomaron los terrenos de la Viña Cousiño, ¿también serán sancionados con este tipo de pena agravada?
Entonces, pregunto: ¿Por qué tenemos que legislar de esta manera? ¿Por qué el Gobierno se equivoca al ponerle "discusión inmediata"? ¿Por qué queremos criminalizar los movimientos sociales?
Con eso no vamos a lograr lo que todos queremos: aislar la violencia, el vandalismo, con lo que ninguno de nosotros está de acuerdo.
Les puedo señalar con dolor lo que se ve en la comuna de Valparaíso, en seis cuadras de la calle Condell. No puedo dejar de referirme a ello, señor Presidente. Llama profundamente la atención lo ocurrido en Valparaíso, porque la violencia ha sido enorme.
Sin embargo, mientras estaban saqueando, muchos de los carabineros estaban repeliendo manifestaciones pacíficas. Esta ha sido una tremenda duda que nos ha dejado nuestra región. ¿Qué ha pasado? ¿No tiene Carabineros la capacidad operativa? Hacen un uso desproporcionado de la fuerza, masivamente, pero no logran aislar a ese grupo de violentos y de vándalos, que es lo que realmente necesitamos. Y ese es nuestro dolor, porque no hemos logrado eficacia ni un uso proporcional de la fuerza.
Sí se han generado gravísimas violaciones a los derechos humanos, muy condenables, materia que están abordando las distintas comisiones que nos han asesorado.
Señor Presidente, voto a favor de este proyecto solamente porque creo que necesitamos contar con una legislación en este ámbito, pero la iniciativa debe ser mejorada para que sea racional, proporcional, reflexionada y justa.
--Según lo acordado previamente, pasa a presidir la sesión el Senador señor Coloma, en calidad de Presidente accidental.
El señor COLOMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, la primera reflexión que puede hacerse de este proyecto, que llegó hace poco rato a la Sala, es que efectivamente pretende criminalizar las manifestaciones sociales.
Además, hace un refundido de temas, al mezclar el vandalismo, la seguridad y las legítimas marchas.
Por lo tanto, esta iniciativa, que estamos votando en general, claramente debe ser objeto de perfeccionamientos.
En primer lugar, es necesario señalar que las conductas que se encuentran descritas en el proyecto como delitos presentan graves deficiencias en su redacción.
Uno de los principios fundamentales en materia penal es el denominado "principio de legalidad", que tiene como una de sus manifestaciones el principio de tipicidad o también denominado "mandato de determinación". Es tal la importancia de este principio que se encuentra establecido en el artículo 19, número 3º, de la Constitución Política, que dispone expresamente: "Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella".
De acuerdo a este precepto, las conductas que se castigan como delito deben estar descritas con precisión, lo que no se satisface con establecer simplemente una frase general en la que se trate de resumir las conductas que se pretenden sancionar, sino que es necesario establecerlas de la forma más precisa y detallada posible.
Lo anterior, señor Presidente, por una razón fundamental: la ambigüedad es una herramienta para restringir arbitrariamente los derechos de las personas. Si permitimos definiciones amplias e imprecisas, en la práctica se le entrega a las policías, al Ministerio Público y a los tribunales la posibilidad de actuar de forma absolutamente arbitraria. Esto es lo que ocurre en el presente proyecto con las conductas que se encuentran descritas como desórdenes públicos.
Es así como se señala que constituyen desórdenes públicos el "paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad". Esta conducta, que podría parecer sumamente grave y clara para alguien poco atento a las exigencias que debe tener un proyecto de ley de esta naturaleza, si se revisa detenidamente, se advierte que se encuentra descrita en términos poco claros y rigurosos.
Hay que tener presente que el proyecto considera dentro de los servicios públicos de primera necesidad los relativos al transporte. Esto significa que quien se encuentre en la vía pública manifestándose pacíficamente, ya sea realizando bailes, por ejemplo, u organizando una batucada, y detiene la marcha de un bus de locomoción pública podría haber incurrido en el delito de desorden público, conforme a lo establecido en esta iniciativa.
Como se puede apreciar, señor Presidente, lejos de constituir un medio para prevenir y sancionar por la vía penal aquellas conductas graves que alteren de forma seria el orden público, tal como se nos presenta este proyecto, sus normas abren un espacio importante para los abusos, pudiéndose transformar en un instrumento para sancionar y perseguir manifestaciones de protestas absolutamente pacíficas.
Frente a este tipo de críticas, se nos podría decir que la norma restringe este tipo de supuestos mediante las expresiones "gravemente" o, en el encabezado del artículo 268 septies, como "violenta" o "activamente". Sin embargo, lo cierto es que el proyecto, de forma absolutamente intencional, no restringe ni establece expresamente qué debe entenderse por estos conceptos.
Insisto: lo anterior no es casualidad, ya que el proyecto se da el espacio para definir expresamente qué es un servicio público de primera necesidad, pero no hace lo mismo para definir qué se debe entender con expresiones tales como "activa", "violenta" o "gravemente".
Le pido un minuto más, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente accidental).-
Claro.
El señor BIANCHI.-
Pero, incluso, si pensáramos que estas normas merecen ese nivel de sanción, habría que señalar que son desproporcionadas respecto a otras conductas que tienen asignadas penas similares o inferiores.
Por ejemplo, el cohecho simple, que es una conducta sumamente grave y que afecta la probidad pública, es castigado con penas de 61 días a tres años de cárcel. De esta forma, si aprobamos este proyecto de ley, cometer un delito de cohecho sería menos grave, según la pena que establece nuestra legislación, que realizar una barricada.
Es más, que el dueño de un grupo económico soborne a un funcionario público podría tener también una pena inferior que la señalada en la iniciativa para castigar a quien hace una barricada.
Y eso, solo por señalar algunos ejemplos.
Ese tipo de situaciones demuestra la premura y la falta de precisión con la que se elaboró este proyecto de ley, cuya redacción actual podría dar pie a toda clase de abusos, convirtiéndose en una forma de sancionar criminalmente la protesta social hecha por medios pacíficos.
Señor Presidente, como han señalado muchas Senadoras y Senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, aquí se han querido mezclar, intencionalmente, temas muy graves, como la seguridad y el vandalismo, y, además, se criminalizan las marchas pacíficas legítimas.
Por lo tanto, vamos a aprobar la idea de legislar, aunque la iniciativa requiere ser perfeccionada mediante muchas indicaciones.
Creo que debemos cambiar la intencionalidad del proyecto y transformarlo en una herramienta efectiva para enfrentar situaciones mucho más graves.
He dicho.
El señor COLOMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente, a mi juicio, es tremendamente relevante el proyecto que estamos votando. Lamento que no esté presente el Ejecutivo para hacer un seguimiento de esta iniciativa y recoger las inquietudes que vamos a plantear.
No cabe duda de que estamos en presencia de situaciones graves en nuestro país, y nadie, ¡absolutamente nadie! -en esto hay que ser tajante-, avala los hechos de violencia que han acaecido principalmente en los núcleos urbanos de distintas comunas y que jurídicamente se denominan "saqueos".
En ese sentido, dado que esta es una discusión jurídica, quiero precisar lo que la Real Academia Española entiende por "saqueo". En su primera acepción señala: "Dicho de los soldados: Apoderarse violentamente de lo que hallan en un lugar.".
Ese concepto no es ajeno a su tratamiento en el derecho comparado. Por ejemplo, en España el Derecho Penal Militar contempla, entre otras descripciones de delitos contra las leyes o usos de guerra, el "saqueo a los habitantes de las poblaciones enemigas".
En nuestro sistema jurídico, la ley Nº 20.357, que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, dentro de los crímenes en el caso de conflicto armado, en el inciso tercero del artículo 27, castiga con presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de cinco años y un día a diez años, el "saqueo de una ciudad o plaza".
Conforme al Derecho Penal Internacional, el saqueo se distingue de la apropiación y confiscación a través de la intención del autor de apropiarse de la cosa para su uso privado o personal.
Considero que es importante, desde el punto de vista jurídico, lo que nosotros estamos discutiendo. Al llamado para tener una legislación que sancione efectivamente ese tipo de acciones, estamos dispuestos a concurrir, porque nadie, ¡absolutamente nadie!, avala los hechos que suceden en las plazas y el centro de muchas ciudades, que han sido absolutamente vandalizadas por personas que no son parte de la protesta social y no están marchando y reivindicando derechos, sino que simplemente buscan una destrucción sistemática de la infraestructura y, principalmente, de los emprendimientos de pequeños y medianos comerciantes.
¡Eso no lo queremos!
Pero seamos precisos.
Se nos convocó a votar esta iniciativa. Hoy día en la Comisión de Seguridad Pública nos encontramos con un proyecto, derivado de la Cámara Baja, que tiene una serie de agregados que no tiene nada que ver con el saqueo, lo que claramente confunde a la opinión pública. Incluso, desde el punto de vista de la técnica legislativa, desde la técnica penal, subsumen dentro del tipo las propias agravantes del uso de la violencia en este tipo de casos.
Entonces -y ahora llegó alguien del Ejecutivo-, seamos claros.
Le hago presente al Gobierno, con mucho cariño pero con fuerza, que hemos colaborado para tener una legislación acorde a los hechos que están sucediendo. Pero no estamos disponibles para la improvisación.
Ya lo vimos con la iniciativa anticapuchas, un proyecto que no apunta al fondo del asunto. La semana pasada se votó. A muchos nos acusaron por votarla en contra, pero es ineficaz, es populismo penal, es engañar a la población haciendo creer que a través de esa norma efectivamente se podrá perseguir a los autores de la violencia, cuando simplemente criminaliza a quienes usan esa vestimenta, principalmente la juventud.
Seamos responsables.
Hoy día tuvimos una extensa discusión en la Comisión de Constitución a propósito del proyecto referido a la infraestructura crítica. Lo voté en contra, porque creo que va a exponer a las fuerzas militares en lugares donde, más allá de resguardarlos, pueden estar bajo el riesgo de una eventual matanza. ¡Y eso no lo queremos!
Es mejor que actúe de mejor manera el Ministerio Público; que el Gobierno se coordine con la Fiscalía para que estén presentes los fiscales tomando declaración, haciendo el procedimiento como corresponde.
Se requiere que Carabineros mejore la técnica investigativa. Hoy día vimos que fue formalizado un coronel de Aysén por falsificar información, por esconder un video tomado en las protestas. Eso no le hace bien al objetivo que queremos conseguir.
Entonces, pido rigurosidad en el texto que está en votación, rigurosidad para tener una normativa efectivamente antisaqueos. Pero no me vengan a traer de contrabando en este proyecto normas que apuntan a intereses claros y precisos, introducidos...
El señor COLOMA (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
Le vamos a dar cuarenta segundos.
El señor DE URRESTI.-
El número 6) del nuevo artículo 268 septies fue introducido con nombre y apellido para criminalizar la lucha del pueblo mapuche.
Dice: "Para estos efectos constituye desorden público:
"6) Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.".
¿Qué es esto, señor Presidente? ¡Contrabando jurídico, contrabando penal! Se busca, a propósito de este movimiento, de esta tremenda demanda social, contar con un instrumento de lucha contra el pueblo mapuche.
¡Por favor, seamos serios!
Vamos a estar disponibles absolutamente para discutir y ser claros y precisos respecto del saqueo. Pero, ¡por favor!, exijo rigurosidad intelectual: no al populismo penal, claridad en lo que queremos conseguir.
He dicho, señor Presidente.
El señor COLOMA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, quiero aclarar, en primer lugar, un punto: se ha interpelado aquí al Ejecutivo por este proyecto, pero no es de su autoría. Esta es una moción de la Cámara de Diputados. Entonces, ¡por favor!, qué culpa tiene el Gobierno de las iniciativas que presentan los parlamentarios.
Eso es lo primero que quiero aclarar.
Dicho eso, señor Presidente, lamento profundamente que el proyecto se vote solo en general. Me habría gustado que se votara en general y en particular, porque creo que es indispensable y urgente que dotemos al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales de las herramientas necesarias para resguardar nuestra democracia, institucionalidad y Estado de derecho.
No comparto lo que acá se sostiene respecto a que se quiere criminalizar a las manifestaciones pacíficas.
Lo que hemos vivido durante estos días es claro y, a mi juicio, no deja lugar a dudas. Aquí ha habido manifestaciones pacíficas por legítimas demandas sociales; pero también -y tampoco deja lugar a dudas- ha habido grupos de delincuentes, de narcotraficantes y de otros violentistas que lo único que buscan es destruir. Porque detrás de un incendio, de un saqueo, de la destrucción y la violencia no hay demanda social alguna. Solo quieren debilitar nuestro Estado de derecho, solo quieren la anarquía.
Señor Presidente, si uno lee el texto del proyecto de ley -reitero que no es de iniciativa del Ejecutivo, sino de parlamentarios-, lo que se está sancionando es la violencia que puede nacer de las manifestaciones o reuniones públicas que constituyan desorden público.
Y se establecen seis descripciones de desórdenes públicos.
Primero, lo que para mí es importante y de primer orden, la paralización o interrupción de un servicio público, como un hospital, un cuerpo de bomberos, la electricidad o el agua potable.
Eso sí que es necesario castigarlo fuertemente.
Segundo, atentar contra la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros. Esto también lo considero violencia.
Tercero, destruir total o parcialmente una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, o una oficina. Hemos visto cómo han destruido las pymes.
¡Cómo no vamos a estar dispuestos a castigar eso como violencia pública y como saqueo!
Cuarto, incendiar objetos o hacer barricadas que impidan la libre circulación, las cuales, además, destruyen las calles y alteran la tranquilidad de quienes viven alrededor de donde se instalan.
Quinto, impedir o dificultar la actuación del cuerpo de bomberos, el que ha realizado en estos más de cuarenta días una labor extremadamente relevante, sacrificada y comprometida.
Sexto, el ocupar o usurpar bienes inmuebles, cuando se hace con violencia, cuando no es legítimo. También es importante sancionarlo.
En fin, señor Presidente, en estos seis números no veo dónde se criminaliza a las manifestaciones pacíficas. Lo que aquí se criminaliza es la violencia. Eso es lo que se quiere castigar.
Se ha sostenido reiteradamente que no supimos leer a la calle y que por eso hubo este estallido social. Pues yo los llamo a no volver a equivocarnos y a leer a la calle, la que hoy día está pidiendo incansablemente el restablecimiento del orden público, la tranquilidad y la paz ciudadana. Nuestra obligación como Congreso, como Poder Legislativo, es entregar al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales las herramientas necesarias para ello.
Gracias.
--Según lo acordado previamente, pasa a presidir la sesión el Senador señor Bianchi, en calidad de Presidente accidental.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, el conflicto social no se soluciona con más sanciones o con más militares. El conflicto social se soluciona con política social, que es un elemento básico para entender la forma de enfrentar la conflictividad social que afecta a Chile, que han superado aquellos países que también la han experimentado en su oportunidad.
Una cosa son las demandas sociales y otra muy distinta es la violencia. No son fenómenos que necesariamente deban estar unidos.
Muchas veces la violencia es producida por grupos minoritarios a los cuales les dan lo mismo las reivindicaciones, les dan lo mismo las medidas que se adopten, y usan las efemérides, las conmemoraciones, cualesquiera que estas sean, para cometer desmanes, para crear violencia, para causar destrozos. Se trata de gente a la que no le interesa cuál es la causa del movimiento social y que lo perjudica.
Por eso es tan relevante que, junto con hacer entender al Gobierno que las demandas sociales se resuelven con políticas sociales y con una agenda social potente, este tiene que ser capaz también de separar y de identificar a aquellos que causan permanentemente violencia, saqueos y destrucción.
Señor Presidente, yo no tengo idea si los comerciantes de Concepción, de Santiago, de Valparaíso, de La Serena, de Valdivia, de Iquique y de muchas otras ciudades que han sido saqueadas son de Derecha, de Centro o de Izquierda. Me da lo mismo. Mi tema es que como sociedad no podemos aceptar que la violencia se utilice como una forma de reivindicación. ¡No, señores!
Lo que tenemos que hacer nosotros es sancionar a aquellos que usan la violencia, no la protesta social, que es distinta.
Por eso concurrí con mi voto favorable en general a este proyecto. Porque, a diferencia de lo que señaló el primer Senador que intervino, quien dijo que este proyecto no tenía ninguna norma sobre los saqueadores, déjeme decirle que habría sido bueno que leyera el proyecto o al menos que se quedara a la discusión para que aprendiera que esta iniciativa de ley sí contempla normas contra el saqueo.
¿Es buena la norma? ¡No es buena!
¿Es bueno el proyecto? ¡No es bueno!
¿Es un mal proyecto? ¡Sí, es un mal proyecto que viene de la Cámara de Diputados!
Es un mal proyecto, pero bien intencionado. Mezcla un conjunto de cosas: desórdenes públicos con delitos. Mezcla aspectos relativos a manifestaciones con francos episodios de violencia.
Y lo que es peor, alguien dijo por ahí que una norma se metió de contrabando, lo cual me parece un exceso lingüístico; pero déjeme decirle, señor Presidente, que efectivamente hay una disposición que no tiene nada que hacer en esta iniciativa, la del número 6), que considera desorden público la ocupación de terrenos agrícolas.
Señor Presidente, esta norma surgió de la indicación de un Diputado de Evópoli, de la Región de La Araucanía, que pretende incorporar acá una sanción para los que se tomen un predio. ¡Oiga! ¡Ese es el delito de usurpación! ¡Es otro delito! No tiene nada que ver con desorden público. Y nos puede armar un conflicto con los pueblos originarios, ¡por favor!, y con los comités de vivienda, ¡por favor!
Para eso habrá otro momento, otra legislación.
Hay que ser serios, hay que ser responsables. No hay que tratar de pasar gato por liebre.
Los Senadores y Senadoras de esta Sala estamos discutiendo solo en general esta materia. ¿Y por qué? Porque la Comisión de Seguridad, cuando el Gobierno ingresó el proyecto para discutirlo en general y particular, luego de leer -dispusimos solo de dos horas de anticipación- el texto que había despachado la Cámara de Diputados, dijimos: "Señores, no podemos aprobar en general y particular un proyecto de esta naturaleza, porque tiene un conjunto de errores".
Y si hoy día la Sala del Senado está discutiendo solo en general esta iniciativa, es por recomendación de la Comisión que me honro en presidir. Porque todos sus integrantes consideraron que este proyecto tenía falencias y que solo había que acordarlo en general, es decir, solo aprobar la idea de legislar y no el articulado.
Por eso, luego de la aprobación en general, la iniciativa volverá a la Comisión de Seguridad, donde se eliminarán un conjunto de artículos que nada tienen que ver con materias relativas al orden público, desórdenes y saqueos.
En consecuencia, se requiere hacer modificaciones estructurales.
Por de pronto, desde ya hemos anunciado, con los Senadores Huenchumilla, Quintana y Lagos Weber, que vamos a ingresar una indicación para eliminar el numeral 6) propuesto, con el objeto de sacar de esta discusión lo relativo a la usurpación, pues no corresponde incluirlo en este proyecto.
Pero, a su vez, hago míos los argumentos que conversamos con el Senador Araya, en el sentido de que la redacción del artículo 442 del Código Penal, relativo al delito del saqueo, es completamente inútil, porque hoy día existe una agravante de responsabilidad penal que establece las mismas circunstancias. Entonces, no va a tener ningún efecto práctico.
Señor Presidente, entiendo el apuro, el entusiasmo de la Cámara de Diputados, pero ¿sabe lo que pasa? Que aquí debemos ser serios y responsables. Vamos a hacer un proyecto de ley como corresponde, probablemente más pequeño, pero orientado a sancionar el saqueo para que nunca más ocurra en Chile.
Gracias.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Senador don Víctor Pérez, tiene la palabra.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, en una democracia, en un Estado de derecho, en un orden constitucional en que las personas tienen derechos y deberes, la violencia tiene que ser claramente erradicada.
Cuando hay separación de poderes, cuando la Constitución garantiza a cada una de las personas el derecho a expresarse libremente, la violencia debe quedar absolutamente fuera de toda justificación.
A mí me llaman profundamente la atención los esfuerzos de algunos para tratar de justificar la violencia.
Las manifestaciones son absolutamente legítimas, en la medida que sean pacíficas. Estas sin duda están permitidas y no hay norma alguna que deba condenarlas, ni restringirlas; pero a los violentistas que se aprovechan de las manifestaciones pacíficas hay que sancionarlos.
Es la violencia de quien arma una barricada, prende fuego e impide que otras personas ejerzan sus derechos, la que hay que sancionar.
Es la violencia de quien destruye una vivienda o un inmueble público o privado, lo que hay que sancionar.
Es la violencia de quien saquea, entra a un local comercial y roba lo que está ahí, de una manera violenta, lo que hay que sancionar.
Eso es, en definitiva, lo que queremos que castigue esta ley en proyecto.
Por cierto, hay que mejorarla técnicamente. Pero eso es. No se está sancionando la expresión pública de las personas; no se están sancionando las manifestaciones.
En una democracia -vuelvo a decir- tenemos que erradicar absolutamente la violencia y sancionar a los violentos.
Es verdad que tenemos preocupación por las dificultades técnicas de este proyecto, y así lo discutimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por ello debemos perfeccionarlo y mejorarlo. Pero el tema de fondo (quienes ejercen la violencia, quienes alteran el orden público violentamente) debe tener sanciones. Creo que en esto no debe haber ninguna duda.
Ahora, quienes defienden la cuestión de fondo, quienes cuestionan eso, se colocan frente a la democracia, frente al Estado de derecho. Y nosotros vamos a defender la democracia y el Estado de derecho.
Sin embargo, la preocupación por un proyecto de esta naturaleza también nos debe llevar a cómo está actuando el Ministerio Público frente a situaciones similares.
Al respecto, quisiera dar aquí algunas cifras que cuestionan el rol del Ministerio Público.
Cuando existe un imputado conocido, o sea, una persona que cometió un delito y que está plenamente identificado, solo en el 23 por ciento de los casos se llega a sentencia condenatoria. Y las salidas alternativas superan el 43 por ciento; los acuerdos reparatorios, 29, y en muchas ocasiones -digamos- se archiva la causa y no se persevera.
Es decir, un delincuente que comete un hecho y que es claramente identificado no solo por la policía, sino también en el curso del proceso, la mayoría de las veces no recibe sentencia. Y, si el imputado no es conocido, las cifras respecto al archivo provisional superan el 84 por ciento.
¡Ese es un problema real!
Por eso la gente ve, presencia cómo se destruye el centro de Concepción; cómo se destruye gran parte de Valparaíso; cómo se destruyen los centros de numerosas ciudades de nuestro país, y nadie -¡nadie!- es imputado o sancionado drásticamente. Y no se visualiza siquiera una condena para quienes, por ejemplo, destruyeron las distintas estaciones del Metro.
Tenemos que mejorar este proyecto, pero sin dejar de lado una cuestión fundamental: que quienes cuentan con el monopolio de la persecución criminal tienen cifras de baja eficacia, lo que muchas veces provoca que las normas que aquí se dictan no tengan una aplicación como la ciudadanía y nosotros esperamos.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador don Ricardo Lagos Weber.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, primero, hay un tema que es bien importante aclarar: este no es un proyecto que provenga del Gobierno, tiene su origen en una moción.
Sin embargo, el Ejecutivo le puso urgencia y, por tanto, hay una responsabilidad en pedirnos a nosotros y a la Cámara de Diputados que legislemos rápidamente para aprobar esta iniciativa, que yo entiendo que el Ejecutivo avala al ponerle urgencia.
Dejemos las cosas en contexto, para que así no confundamos a la opinión pública. Pero vamos al asunto de fondo.
El proyecto en examen tiene un contexto. Hemos vivido ya seis semanas de movilizaciones intensas que han dado un tremendo, potente y contundente mensaje desde la ciudadanía a los chilenos mismos, incluidos los que tomamos decisiones.
Las manifestaciones, que son valorables, que defiendo y lo seguiré haciendo, sin las cuales no hubieran tenido lugar muchos de los cambios que hemos aprobado hoy día, como la pensión básica solidaria, han estado acompañadas de hechos grises y oscuros. Unos dicen relación con los cientos de chilenos que están lesionados con daños oculares y con los numerosos muertos. Las responsabilidades se verán en su oportunidad.
Hemos sido testigos de determinaciones de organismos internacionales de derechos humanos que hacen ver que en Chile se han violado los derechos de las personas en el actuar de la policía.
Simultáneamente, hay decenas de policías y carabineros heridos, algunos también severamente.
Todo eso va acompañado de violencia y saqueos. Cualquiera que haya estado en Valparaíso, en Santiago, en muchas capitales de provincia y en ciudades más pequeñas de Chile, ha vivido la violencia y el saqueo. Y eso no lo avala nadie, que yo sepa. ¡Nadie!
Por esa razón creemos que este proyecto es importante, porque tenemos que apuntar a eso.
Yo que defiendo la movilización, porque creo que es significativa para hacer cambios en Chile, no quiero que quede secuestrada o atrapada o manchada por la violencia que tiene lugar.
Lo que ha ocurrido en Valparaíso es muy fuerte. Condell y Bellavista no son los únicos lugares. Viña del Mar y San Antonio también han sido afectados. Se han quemado municipalidades. Y eso no tiene que ver con ninguna reivindicación social, ¡y menos los saqueos y la violencia!
Entonces, el proyecto se supone que apunta a eso. Y repito: fue realizado por parlamentarios, por Diputados. Le pusieron tal vez mucho énfasis, pero el texto tiene errores. Lo han dicho acá distintos Senadores que han revisado la iniciativa y constatado los errores. Tiene excesos, como tipos penales amplios y una gradación de penas distinta, que puede ser complicado interpretar.
Ciertamente, lo digo de entrada, como señalaba el Senador Harboe -por su intermedio, señor Presidente-, me haré cargo de eliminar el número 6), que en el fondo puede prestarse para sancionar las tomas. Esto no implica el avalarlas. Si queremos concentrarnos en la violencia y los saqueos, ¡concentrémonos en la violencia y los saqueos!, y que no pase inadvertido que la interpretación de esas normas genera consecuencias distintas.
Entonces, ¿por qué se produce esta tensión ante el proyecto? Porque yo quiero que termine la violencia del saqueo, pero sobre todo quiero sancionarla, porque no acepto la violencia como instrumento de definiciones políticas ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. No la acepté antes en dictadura y no la voy a aceptar ahora en democracia. Y eso tiene muchos determinantes. Con todo, creo que tenemos la capacidad de distinguir unas cosas de otras.
Por ejemplo, el tema de la usurpación de bienes agrícolas puede prestarse para interpretaciones muy complejas desde el punto de vista político. Y, a mi juicio, eso debemos limpiarlo de esta iniciativa.
Entonces, sí, prácticamente todos van a apoyar la idea de legislar de este proyecto, pero el texto que verá la luz al final no será tal como está hoy.
Lo digo con gran respeto, más allá de que fue aprobado por amplia mayoría de Diputados. ¡Amplia! ¡Transversalmente, de todos los colores, prácticamente!
Hay un punto que no voy a dejar pasar tampoco, y que no sé si está sancionado acá, en este proyecto: la violencia en las personas.
La práctica de "El que no baila, no pasa" para mí es gravísima. Es gravísima porque algo que parece simpático, esconde detrás que a usted, a cualquiera de nosotros, a cualquier chileno o chilena que no comulgue con la demanda que está siendo manifestada en ese momento a través de la interrupción del tránsito o la libre circulación de un chileno o una chilena, o que no le guste, sea amenazado bajo coerción a realizar una conducta impropia.
Aquello atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de conciencia.
De ahí a decir "El que no baila, no pasa" porque no quiere nueva Constitución y terminemos prohibiendo que lleguen los extranjeros a Chile; o porque pensamos que hay chilenos de primera y segunda categorías, pues establecemos consideraciones racistas o religiosas de toda naturaleza como fue en el pasado de Chile, lo encuentro ¡gravísimo!
A mí me ha tocado enfrentar esa situación.
Entonces, puede que yo comulgue con las cuestiones que se están planteando en la calle. Sin embargo, no puedo aceptar ese mecanismo.
Si admitimos lo que se genera con "El que no baila, no pasa", estaremos diciendo que cuando queramos escribir nuestra Constitución desde cero y realicemos el debate el tono va a ser: ¿Las barricadas del que quiera dos tercios? ¿Las barricadas del que desee Banco Central autónomo o no? ¿Y vamos a impedir la discusión?
Señor Presidente, esta situación -no sé si este proyecto, porque tiene por objeto abordar lo relativo a la violencia y el saqueo- que atenta contra la libertad de expresión, contra lo que yo creo porque tengo a chilenos enfrente que piensan distinto (y no los califico de buenos o malos); esta acción de fuerza que se ejerce, por ejemplo, sobre una familia o respecto de un ciudadano que va a trabajar o que vuelve de estudiar y que piensa diferente, creo que es lo más grave que nos ha ocurrido, junto con todo lo que hemos visto en materia de violencia.
Si vamos a este asunto en profundidad, entonces, aquello significa que no creemos en la democracia y que somos incapaces de aceptar que somos distintos.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, yo también considero que este proyecto no es solo antisaqueo. De hecho, solo en el número 3 de su artículo único se plantea una norma que habla del robo en lugar no habitado, pero lo hace de mala manera.
Hay penalistas, como el abogado Carlos Gajardo, que han criticado esto y han señalado que no sirve de nada esa disposición tal cual viene redactada.
Lo preocupante es que el número 1 del referido artículo único contiene una serie de conductas que se penalizan, pero confunde aspectos que no tienen nada que ver con el saqueo: mezcla elementos que claramente pueden ser faltas o problemas de orden público con delitos graves. Sin embargo, puede criminalizar, por ejemplo, una toma de terreno, un campamento.
La Región de Valparaíso tiene el mayor número de campamentos de nuestro país. Entonces, ¿vamos a criminalizar ese problema social? ¿O la reivindicación territorial de comunidades mapuches?
¡Eso es criminalizar la protesta social!
Asimismo, hay otros elementos que no necesariamente se hallan relacionados con el saqueo, y se mete todo en el mismo saco.
Ahora bien, este no es un proyecto del Gobierno, sino una moción de un conjunto de Diputados: unos de la Democracia Cristiana; otros de Derecha, de Renovación Nacional. Pero el Ejecutivo le puso "discusión inmediata".
Y en ello sí existe responsabilidad del Gobierno, porque quiere que lo discutamos a la rápida.
Entonces, valoro que acá, en el Senado, al menos se dé la posibilidad de realizar un debate; de votar en general esta iniciativa; de permitir, de aquí al viernes o a un par de días más, la presentación de indicaciones para corregir, para acotar, para redactar de manera adecuada su texto. Seguramente este asunto se votará la próxima semana, si el Ejecutivo no da más margen para la discusión, por la urgencia que presentó.
A mi juicio, detrás de esta denominación de "antisaqueo", que es muy popular, hay una estrategia de populismo penal.
Como dijo Nelly León, capellana de Gendarmería; la hermana Nelly, quien estuvo con el Papa Francisco: "En Chile se encarcela la pobreza".
Con este proyecto, si se aprueba tal cual viene redactado, vamos a seguir metiendo presa a gente pobre; continuaremos llenando nuestras cárceles de personas vulnerables, mientras que a los grandes saqueadores, quienes cometen delitos económicos de cuello y corbata, no se los llevará a ellas.
Como dijo el gran empresario Juan Pablo Swett: "Los grandes empresarios que saquean, que se coluden, que evaden impuestos no van a parar a la cárcel".
Acá estamos llenando nuestras cárceles de gente pobre, excluida y vulnerable.
Yo no estoy disponible para aquello; yo no me voy a prestar para ese populismo penal. Obviamente, empatizo con los pequeños y medianos comerciantes que han sido saqueados en nuestras ciudades tanto en esta región como en muchas otras. ¡Ese vandalismo, ese saqueo no tiene nada que ver con la protesta social!
El Presidente Piñera y muchos de sus voceros dicen: "Estamos frente a un enemigo poderoso", y han hablado de extranjeros, de cubanos, de venezolanos; se han referido al Foro de São Paulo, al Frente Amplio, etcétera; hablan de anarquistas, que ciertamente, puede haberlos. Sin embargo, esta semana nos encontramos con que un concejal de La Calera, perteneciente a Renovación Nacional, está metido en la organización de saqueos. Al respecto, está muy bien que el Senador Chahuán, su Presidente, diga que lo van a expulsar del partido y que se van a querellar. Pero creo que este es un llamado de atención a la Derecha en el sentido de que ese enemigo poderoso que está organizando saqueos lo pueden tener más cerca de sus filas de lo que piensan.
Ahora, ¿será el único caso?
En Santiago un asesor de un concejal de la Municipalidad de Santiago, vinculado también a Renovación Nacional, estuvo metido en los saqueos de La Cisterna.
¡Claramente eso está muy mal!
Por lo tanto -reitero-, ese enemigo poderoso puede estar más cerca de las filas de la Derecha de lo que creen.
Acá se necesita -y lo han dicho múltiples personas vinculadas a los Derechos Humanos- una reforma profunda a las policías; inteligencia policial; prevención; focalización del uso de la fuerza con estándares en derechos humanos.
Por último, en cuanto al conflicto social, debo señalar que una sociedad desigual, injusta, que genera exclusión es un caldo de cultivo para la violencia. Eso no se resuelve con un Estado policial, sino con un Estado social, democrático, de derecho; con políticas sociales; con bienestar social, a fin de establecer una sociedad más cohesionada y equitativa.
Eso traerá paz social, no así un Estado policial.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, no soy el defensor de Renovación Nacional en este minuto. No obstante, quiero decir que es muy fácil dar ejemplos de un partido que, por lo demás, ha tomado severas medidas y ha aplicado drásticas sanciones respecto de las personas que han sido acusadas de estar vinculadas con saqueos.
Sin embargo, a mí me habría gustado que mi colega hubiese señalado, por ejemplo, que en el Partido Comunista se encontraron una serie de elementos cuya finalidad era generar incendios y que hasta el día de hoy nada se sabe de aquello.
Pero aquí tampoco se trata de empatar. Sí estamos claros en decir algo muy importante. Acá hay una persona que tiene mucha trayectoria en la Comisión de Constitución y Justicia. Y me refiero al Senador Huenchumilla.
Yo le puedo expresar que los Senadores de la UDI presentamos un proyecto precisamente para que la colusión tuviera una penalidad alta, de cárcel. Sin embargo, tampoco puede generarse la muy mala señal de decir poco menos que la persona pobre está eximida de responsabilidad penal. Porque ello significaría un insulto para muchos chilenos y chilenas pobres, que son personas honestas, que han salido adelante, que sufren. A mi juicio, sería una bofetada plantear que por el hecho de ser pobre una persona prácticamente no tenga responsabilidad penal.
Ahora bien, yendo directamente a este proyecto de ley, debo decir que todos sabemos lo que ha pasado con los saqueos; todos tenemos claro que el drama ha continuado. Quizá esta situación ha bajado en intensidad, por cuanto en nuestro país hemos estado azotados por más de cincuenta días desde que se inició esta convulsión social. Separamos lo que es una protesta pacífica de lo que son acciones de violencia, de vandalismo y de saqueo.
Pero ya basta de marchas y de huelgas, pues me parece que ha habido demasiadas.
Creo que el Gobierno y la clase política ya escucharon lo que está pasando en nuestro país. Hoy día estamos viendo que se han aprobado algunas cuestiones, aunque faltan muchas por hacer.
Cuando se llama a una marcha, uno sabe en qué va a terminar: se infiltran sectores violentistas y producen el saqueo y la violencia. Claro, no era esa la intención de quienes llamaron a la protesta pacífica. Pero pienso que uno debe darle tregua a la sociedad, por lo que resulta muy importante no seguir en ese camino, porque finalmente Chile es el que pierde.
Entonces, la moción que estamos votando sirve de antecedente. Es verdad que a veces la prisa es enemigo de lo excelente.
Es probable que este proyecto adolezca de una serie de errores. Pero lo importante es el debate que estamos llevando a cabo acá para los efectos de mejorar su texto.
Ahora, si el Gobierno envió esta iniciativa con "discusión inmediata", si aquello lo plantearon los Diputados, bueno, el Senado es la Cámara revisora, y acá tendremos que debatirla y buscar las soluciones.
En tal sentido, todo lo que se ha dicho en esta Sala ha sido muy significativo.
El Senador Lagos abordó otro punto, la situación que genera esto de "El que baila, pasa", que es un atentado contra la libertad de las personas.
Son muchas las cuestiones que debemos examinar.
Pero también hay que ser conscientes en el sentido de que fueron los propios Senadores del órgano técnico respectivo quienes dijeron: "No, señores: hay que votar este proyecto en general, pues tiene que volver a la Comisión; debemos introducirle una serie de indicaciones, y lo vamos a discutir con seriedad, con responsabilidad".
Lo que queremos es castigar al que saquea, al violentista. Hay distintas posiciones al respecto. Y tendremos que llegar a acuerdo, porque no podemos seguir diez, quince, veinte, treinta días más con iniciativas de ley que no se aprueban y con este tipo de desmanes.
Algunos dicen que la violencia ha bajado en 60 a 70 por ciento. Pero todavía vemos que se registran hechos de violencia y saqueos.
Considero muy importante la señal política que se quiere dar con relación a estos proyectos cuya discusión se está incentivando aquí, en el Congreso.
El Parlamento debe entregar señales claras y ejemplares: ¡sí a la justicia social!; ¡sí a los derechos ciudadanos!; ¡sí a la igualdad de trato entre empresas y consumidores! ¡Pero no al saqueo!; ¡no a las barricadas!;...
El señor NAVARRO.-
¡No a las AFP!
El señor MOREIRA.-
... ¡no a las tomas!; ¡no al caos!
Ahora bien, si hay que reformar el sistema previsional, como el Senador Navarro dice "no a las AFP", bueno, para eso está el Congreso.
Señor Presidente, a quienes hablan de las AFP acá -y es lo que me molesta, porque ahora todos están contra las AFP- me gustaría preguntarles por qué no abordaron esta situación antes. ¡Durante veintitantos años tuvieron las mayorías necesarias en el Parlamento como para haber aprobado los proyectos pertinentes, pero nunca lo hicieron!
Entonces, ¡parece que el único mohicano que va quedando en esta materia es el Senador Navarro...!
Pero -reitero- acá nadie dijo nada.
Señor Presidente, aquí tiene que haber una trilogía virtuosa: justicia, policías y Fiscalía.
Sin embargo, hoy día vemos que la Fiscalía ha actuado con inoperancia. Me refiero explícitamente al señor Fiscal Nacional, ¡quien ha actuado en forma inoperante, imprecisa, irresponsable; tratando de zafar de una crítica política que le han hecho todos los sectores!
Cuando la propia Corte Suprema dice que es más fácil arrancar que perseguir, ¿qué está planteando?
Que está muy mal, entonces, el señor Fiscal Nacional. No hay una política clara de persecución criminal en la Fiscalía, y esa responsabilidad de directriz es del Fiscal Nacional.
Por eso, Fiscal Nacional: ¡renuncie!
Señor Presidente, le pido que tratemos de despachar estos proyectos lo antes posible.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, tengo convicción en el sentido de que este es un proyecto necesario, con todas las perfecciones que haya que hacerle: ¡es una iniciativa fundamental!
Cuando uno analiza y revisa las cifras de la destrucción que ha habido en nuestro país en estas últimas semanas, ve que no queda sino responder con actualización y modernización de nuestra legislación penal, porque muchas de las situaciones de violencia y de destrucción extremas que hemos observado lamentablemente no se hallan recogidas de manera suficiente en nuestra legislación penal.
Un breve recuento: 79 estaciones de Metro dañadas; 2.438 buses vandalizados; 307 cruces con semáforos estropeados; 452 supermercados atacados.
Esas son cifras al 22 de noviembre. Probablemente, al día de hoy, algunas de ellas (o tal vez todas) habrán aumentado.
Señor Presidente, el impacto que la violencia y la destrucción están generando en nuestra economía es tremendo.
Hace un par de días conocimos el dato que muestra cómo ha disminuido nuestra actividad económica: solo en el mes de octubre se registra una caída de 3,4 por ciento.
Entonces, enfrentar esta situación con mejores instrumentos penales, con una tipificación más adecuada de los delitos debería ayudarnos a hacer realidad lo que aquí muchas señoras Senadoras y muchos señores Senadores han dicho: "Una cosa son las manifestaciones pacíficas, pues las personas están en su derecho a realizarlas, y otra muy distinta, la violencia y la destrucción".
Ahora bien, a este proyecto se ha agregado una mayor penalización para la usurpación.
Al respecto, lo primero que deseo señalar es que la usurpación es un delito; así está tipificado en nuestro Código Penal. Sin embargo, ¿cómo se penaliza la usurpación? ¡Con una multa!
No es posible disuadir ese delito con una penalidad tan baja. De tal manera que, en la práctica, frente a la usurpación tenemos la más total, completa y absoluta impunidad.
No sé si la solución es la que se plantea en este proyecto. Por eso considero bueno que lo analice la Comisión de Seguridad Pública del Senado y que nos proponga algo a la Sala. Porque tengo la convicción de que el delito usurpación no puede seguir siendo penalizado única y exclusivamente con una multa.
Señor Presidente, insisto en que este proyecto es necesario y en que es indispensable aislar y separar completamente lo que son las manifestaciones ciudadanas, que buscan poner de relieve sus demandas, de la violencia, que es una cosa muy distinta, pues por ese camino no vamos a llegar a ninguna parte.
Chile necesita crecer, así como también nuestra economía; necesitamos recuperar los empleos que se han perdido; necesitamos que las pymes que han sido destruidas se pongan de pie. En pocas palabras: necesitamos que nuestro país se reencuentre con un camino de paz y de prosperidad.
¡La violencia no es la vía!
Señor Presidente, no puedo votar porque estoy pareado con el Senador Carlos Montes; pero confío en que se va a aprobar la idea de legislar respecto de esta iniciativa y que la próxima semana la veremos nuevamente en la Sala para su discusión en particular.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, en realidad, yo trato, al igual que el resto de las Senadoras y de los Senadores, de hacer bien mi trabajo, mi pega. Por lo tanto, intento escuchar los argumentos y racionalizar los procesos de discusión y de estudio de los proyectos de ley.
Pero hoy día en la Comisión de Seguridad, donde examinamos esta iniciativa -porque quienes la integramos también repetimos nuestra participación en la Comisión de Constitución, y ocurre lo mismo con muchos de sus miembros-, yo protesté por su texto en presencia del señor Ministro del Interior, quien concurrió a dicha instancia. Y lo hice porque en estos casi dos años que llevo en el Senado, a los que debo agregar la experiencia de doce años en la Cámara de Diputados y en otros tantos cargos en que he estado, dificulto haber visto una materia tan mal tratada como esta iniciativa de ley.
Desde el punto de vista del procedimiento, es un proyecto en el que uno llega a sentarse a la mesa de la Comisión y en tres o cuatro minutos tiene que enterarse de su contenido, para debatirlo en general y en particular con "discusión inmediata".
En segundo lugar, este es un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, originado en una moción parlamentaria -es verdad-, pero al cual el Gobierno le pone "discusión inmediata", con lo cual utiliza una facultad constitucional y lo hace suyo. Es por eso que el señor Ministro del Interior estuvo presente en la Comisión durante el debate.
Sin embargo, dadas las condiciones en que se halla este proyecto, si la votación fuera artículo por artículo, creo que uno tendría que rechazarlo, tal como lo hice en la Comisión, porque no podemos legislar así. ¿Y saben por qué? Porque debiéramos tener conciencia de que, de todas las crisis que hemos enfrentado a lo largo de los siglos XIX y XX, probablemente esta sea una de las más profundas.
Entonces, hay que hacer las cosas bien. El Gobierno tiene que tomar las medidas políticas de fondo, para las cuales estamos disponibles como Oposición, con la finalidad de llegar a los acuerdos pertinentes. Y así lo hemos demostrado.
El otro camino es el combate a la violencia mediante la ley. Entonces, hagamos una ley que sea buena, no una que no nos lleve a ninguna parte y que sea un completo error. Y estoy hablando de cosas procedimentales y de cosas sustantivas.
Por eso, le quiero decir a mi estimado colega de tantos años, con quien compartimos en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado la representación de La Araucanía, el Senador José García, que el numeral 6) al cual se refería, correspondiente al delito de usurpación, es una cosa de contrabando, es querer meternos un gol de media cancha. Porque la idea matriz de la moción no tiene nada que ver con lo que sucede en las zonas rurales. El proyecto se refiere al vandalismo y los saqueos que ocurren en las zonas urbanas.
En consecuencia, ese número 6) es absolutamente inconstitucional y el Gobierno lo avala con su declaración de "discusión inmediata".
Aquí se ha hecho un análisis de lo que pasa con el resto de los números. Señor Presidente, yo siempre trato de ser una persona bastante serena y calmada, pero protesté en la Comisión, porque no me parece que, frente a una profunda crisis, hagamos las cosas tan mal como las estamos haciendo con este proyecto.
¡No me parece!
Y ahora vamos a tener que despacharlo en dos o tres días más, por la "discusión inmediata". ¿Y quién es el dueño de la urgencia? ¡El Gobierno, pues! Y de aquí al viernes tendremos que presentar indicaciones; el lunes tendremos que analizarlo y el martes -o no sé cuándo- lo estaremos debatiendo nuevamente acá.
Entonces, yo espero que hagamos las cosas bien, porque aquí estamos, ni más ni menos, que otorgándole al Estado una herramienta jurídica para que sancione a aquellos que violan el Estado de derecho mediante la violencia. Y por ello tenemos que darle un buen instrumento, que sea serio, válido y eficaz, como son las características que debe contener toda norma jurídica. Una norma jurídica tiene que ser justa, tiene que ser válida, pero también tiene que ser eficaz, para que consiga sus propósitos.
Ahora bien, creo que nosotros tenemos que legislar sobre esta materia. Hecha mi protesta, yo digo: "Sí, señor. Frente a lo que ha sucedido, necesitamos tener una buena legislación, acorde con la gravedad de los hechos para los cuales queremos legislar".
Yo espero que, a pesar del corto tiempo que nos queda con esta urgencia de "discusión inmediata", ojalá podamos despachar un buen proyecto. Lo vamos a cambiar completamente. Hemos conversado con los Senadores para poder hacer algo que esté a la altura de lo que siempre ha sido este Senado, para así aprobar una iniciativa adecuada por el bien de Chile, que tanto lo requiere en medio de la crisis profunda que estamos viviendo.
Gracias, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Finalmente, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, vandalismo, saqueos, violencia, miedo, terror, angustia: todo eso lo han vivido los comerciantes en Concepción, en Valparaíso, en Santiago y en muchos lugares del país. Y lo dijimos y lo reiteramos: "Vamos a perseguir al vandalismo y a los saqueadores, porque le hacen mal al movimiento ciudadano y porque se aprovechan de una circunstancia histórica, sin comprender lo que está en juego".
Entonces, una legislación para combatir a los saqueadores y para establecer sanciones duras contra los vándalos es necesaria. Pero este mamarracho que nos ha enviado la Cámara de Diputados y el apoyo incomprensible, improvisado que el Gobierno le da a este pretendido proyecto de ley, la verdad es que no logro entenderlos.
El Gobierno dice que quiere resolver el problema de los saqueadores y aquí en la Sala ¡no hay un solo Ministro! ¡Ni uno solo!
El señor MOREIRA.-
¡Mire para atrás!
El señor NAVARRO.-
Está el Subsecretario General de la Presidencia, que nada tiene que ver con lo que estamos hablando.
¡No les interesa este proyecto o no tuvieron la cara para venir a ponerla frente a esta situación, señor Presidente!
¡Este proyecto es un "Frankenstein"! ¡Nada más parecido a un "Frankenstein"! Es un proyecto mutante dentro de un debate en que se cree que las leyes son mágicas. Se piensa que con un proyecto de ley se va a acabar la situación de violencia que hoy día vivimos.
Entonces, este no es un proyecto ni para vándalos ni para saqueadores. Ni siquiera lo dice su título. O sea, no están incluidos. Y se nos presenta comunicacionalmente como un proyecto de ley antisaqueos.
El Gobierno abusa de su control hegemónico comunicacional.
¡Y este proyecto, entonces, es una vergüenza!
Yo no sé qué fumaron los Diputados -¡no sé qué fumaron!- cuando aprobaron este proyecto y lo enviaron al Senado. Pero quiero decirles una cosa al Gobierno, al Ministro Blumel y a los Diputados: les vamos a hacer la pega. Porque en esta Corporación hay convicción, porque le vamos a poner seriedad, porque yo quiero apoyar las movilizaciones de los jóvenes valientes que salen a la calle a reclamar derechos que nosotros no fuimos capaces de reclamar. Y a esos jóvenes, a la ciudadanía que sale a la calle, hay que protegerlos.
Señor Presidente, quiero destacar que por este proyecto de ley no se consultó a nadie. Pedí el informe. No se consultó a la Fiscalía, no se consultó a Carabineros, no se consultó a la PDI. ¡No tiene ni un informe técnico!
Además, de contrabando -y esto se los advierto a la Fenats y a los conductores de la salud-, el numeral 2) del artículo 268 septies dice que se va a sancionar a los que arrojen "elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros aptos para esos fines".
¿Y los balines? ¿Y los perdigones? ¿Quiénes han causado los daños? ¿Las 260 personas, hombres y mujeres, cuya vista ha resultado mutilada por los perdigones?
Y el punto 5), relativo a Bomberos, dice que se va a sancionar a aquel que no les brinde todas las condiciones para que cumplan su tarea de utilidad pública.
¡Entonces, va a haber que sancionar al Ministro del Interior, porque los Bomberos no tienen plata, porque no se les dan los recursos necesarios, porque las propias autoridades dificultan su trabajo!
Y el punto 6), ¡antimapuche!
Yo comparto plenamente con el Senador Huenchumilla que aquí nos quieren pasar gato por liebre.
En consecuencia, hay una cierta maldad detrás de este proyecto, porque se le pone urgencia para que lo despachemos rápidamente y nos presionan por los medios diciéndonos que, si lo rechazamos, nos van a sancionar.
Yo no le tengo temor a aquello.
¡Hemos sido claros con los vándalos y los saqueadores!
¡Y hemos sido claros también en apoyar la movilización ciudadana!
Por lo tanto, hay responsabilidades compartidas.
Aquí se culpa al Ministerio Público. ¡Palos porque bogas, palos porque no bogas! ¡Treinta mil personas han sido procesadas, veinte mil formalizadas!
Entonces, empezamos a perseguir a los persecutores, a responsabilizar a Carabineros o a la PDI, pero olvidamos a los vándalos, a las bandas, pues, como aquí se ha dicho.
El Gobierno sostenía que estábamos ante bandas organizadas. ¡La banda la dirigía un concejal de Renovación Nacional de apellido Chahuán! ¡Él la dirigía!
Por último, creo que este Gobierno, en su apresurada gestión e improvisación, se ha perdido. Vamos a exigirle que haga la pega. Nosotros haremos la nuestra.
¡Presidente Piñera, vamos a hacer la pega! Vamos a hacer una legislación seria, responsable en este Senado y no este mamarracho que usted nos envía desde la Cámara de Diputados, con la firma de los Ministros, para darle la señal al país de que está preocupado del vandalismo y no tiene ¡ni un solo Ministro! hoy día discutiendo este proyecto a las 23:39 horas de este día miércoles, lo que demuestra la absoluta despreocupación...
El señor MOREIRA.-
¡Dele diez minutos más, señor Presidente...!
El señor NAVARRO.-
Un minuto.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Continúe, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Decía, señor Presidente, que esto demuestra la absoluta despreocupación del Gobierno.
Nosotros hicimos una sesión de cinco horas y media, casi seis, con las Cámaras de Comercio de Santiago, de Valparaíso, de Concepción, y tuvimos una sala llenísima: Carabineros, la PDI.
Pero, ¿sabe qué? Los comerciantes piden apoyo ahora ya, no según las reglas del mercado, porque los mandan al Banco del Estado. Piden seguridad; piden plata para los arriendos y así no tener que despedir a la gente en Navidad; piden recursos para poder forrar con planchas de acero sus locales, y el Gobierno no se los ha dado.
Entonces, este Gobierno no ha cumplido con lo que le solicitan los comerciantes y nos mandan un proyecto para darles más seguridad que no satisface ningún requisito.
Yo lo he señalado: Esta iniciativa no contiene ni siquiera la idea de legislar sobre antivandalismo. Pero vamos a corregirla. Por eso voto a favor, porque la vamos a transformar en forma completa, total y absoluta para defender a los comerciantes y a la gente de bien de este país.
He dicho.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Previo al cierre, le concederé la palabra por algunos minutos al Subsecretario don Juan Francisco Galli.
El señor GALLI (Subsecretario General de la Presidencia).-
Señor Presidente, muy breve.
Solamente deseo agradecer a la Comisión de Seguridad Pública y al Senado por su disposición a apoyar la idea de legislar con urgencia en esta materia. Es una importante señal la que damos a la ciudadanía acerca de la voluntad de avanzar hacia la condena transversal de la violencia.
A mi juicio, más allá de las correcciones que se le puedan hacer al proyecto de ley, aquí existe unanimidad en la condena hacia la violencia y creo que eso es lo relevante, pues es una señal que estamos dando.
Sin duda, habrá espacio y voluntad de los Ministros Blumel y Ward, y, por supuesto, del Presidente Sebastián Piñera, que es el principal interesado en avanzar hacia la condena transversal de la violencia, para hacer los cambios que sean necesarios.
Obviamente, no podemos olvidar que esta es una de las medidas que estamos tomando como Gobierno. Hay una agenda social para avanzar en los desafíos que legítimamente nos está planteando la ciudadanía. En segundo lugar, también estamos llevando adelante un acuerdo de todos.
Por lo mismo, cuando aquí se ha planteado que el Gobierno ha dado urgencia a esta materia, puedo señalar que efectivamente estamos acá, siendo las 11:42 de la noche, apoyando en nuestro rol colegislador al Senado. Por eso, creo que habrá voluntad para concordar, para dialogar un texto que ojalá satisfaga a la mayoría de este Senado y pueda ser ley de la república, para dar una señal transversal a toda la ciudadanía.
Así que, señor Presidente, muchas gracias al Senado por el apoyo en esta materia.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
A usted, señor Subsecretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
Terminada votación.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron por la negativa los señores Guillier y Latorre.
Se abstuvieron las señoras Allende y Muñoz.
No votó, por estar pareado, el señor García.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Hago presente que el plazo de indicaciones se fijó para el día 6 de diciembre, a las 12 horas, en la Secretaría de la Comisión de Seguridad Pública
.
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, quería nada más preguntar, porque tenía preparado un escrito, si va a haber hora de Incidentes.
El señor NAVARRO.-
¡Yo lo acompaño!
El señor BIANCHI (Presidente accidental).-
¡Le podría dejar la llave a usted o al Senador Navarro, así pueden cerrar el Congreso...!
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 23:44.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante