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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 79ª, en martes 3 de diciembre de 2019
Ordinaria
(De 16:27 a 19:36)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,
Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE; Y
SEÑORA ADRIANA MUÑOZ D'ALBORA, PRESIDENTA ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y LA SEÑORA
PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros de Energía subrogante, señor Francisco Javier López Díaz, y de la Mujer y la Equidad de Género, señora Isabel Plá Jarufe.
Asimismo, se encontraba presente el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor José Venegas Maluenda.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante; y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:27, en presencia de 19 señores Senadores.

El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 75ª, ordinaria, en 26 de noviembre de 2019; 76ª, ordinaria, y 77ª, especial, ambas en 27 de noviembre de 2019, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Dos de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:

1.- El que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (Boletines Nos 12.471-08 y 12.567-08, refundidos).

2.- El que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (Boletín N° 12.894-07).

3.- El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín N° 12.234-02).

4.- El que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas para establecer el rol de estas en la protección de la infraestructura crítica del país cuando sea indispensable para la seguridad nacional (Boletín N° 13.088-02).
Con el segundo, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:

1.- La que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos genéricos y evitar integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11).

2.- La que modifica la ley N° 19.712, Ley del Deporte, y la ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional (Boletín N° 11.926-29).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones (Boletines Nos 9.304-07, 11.124-07, 11.840-07, 12.319-07 y 13.013-07, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con el segundo, comunica que ha dado su aprobación, con las excepciones que indica, al proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos genéricos y evitar integración vertical de laboratorios y farmacias (Boletín N° 9.914-11) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Salud.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados (Boletín N° 12.332-05) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.712, Ley del Deporte, y la ley N° 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, para establecer el deber de contar con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional (Boletín N° 11.926-29) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que deroga el inciso sexto del artículo segundo transitorio de la ley N° 20.900, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, para restituir el ejercicio de los derechos de los militantes no reinscritos de partidos políticos (Boletín N° 11.227-07).
De la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual (Boletín N° 11.907-17).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que interpreta el artículo 56 de la ley N° 21.109, que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública (Boletín N° 12.965-13).
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señores Sandoval y Ossandón, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para considerar la dependencia funcional en las iniciativas de apoyo directo al adulto mayor (Boletín N° 13.096-07).
--Pasa a la Comisión Especial del Adulto Mayor.
Comunicaciones
Del Honorable Senador señor Letelier, con la que informa acerca de su participación en la Reunión Preparatoria de la 5a Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada en Ginebra, los días 18 y 19 de noviembre del presente año.
Del Honorable Senador señor Ossandón, por la que informa, en relación con el permiso constitucional que le fuera otorgado en la sesión 76a recién pasada, que se ausentará del país a contar del viernes 13 del mes en curso.
--Se toma conocimiento.

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Quiero saludar en el día de su cumpleaños a don Rodrigo Cisternas, funcionario de esta Corporación, quien nos acompaña todos los días y nos apoya en las tareas de la Sala.
Un aplauso para Rodrigo.
¡Feliz cumpleaños!
--(Aplausos en la Sala).
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En sesión de 27 de noviembre del año en curso se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece el ocultamiento de identidad como un tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (boletín N° 12.894-07), iniciativa respecto de la cual corresponde fijar un plazo para presentar indicaciones. Se ha propuesto para mañana, miércoles 4, hasta las 10 horas, en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Elizalde, tiene la palabra.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, sobre ese punto, en el registro de votación electrónica no quedó constancia de mi voto en la sesión en que se vio ese proyecto. Yo argumenté, en todo caso, en contra de la iniciativa.
En consecuencia, solicito que conste en el acta mi votación en contra.

El señor QUINTANA (Presidente).- Que quede en el acta, entonces, el pronunciamiento en contra del Senador Elizalde en la votación en general del proyecto sobre "encapuchados".

El señor MOREIRA.- ¡Pero no en el conteo!

El señor QUINTANA (Presidente).- En cuanto al plazo para indicaciones propuesto, ¿habría acuerdo de la Sala?

La señora VON BAER.- Sí.
--Se fija plazo para formular indicaciones hasta el miércoles 4 de diciembre, a las 10:00.



PRÓRROGA DE LEY N° 20.867, SOBRE SUSPENSIÓN DE INSCRIPCIÓN DE TAXIS EN REGISTRO NACIONAL

El señor QUINTANA (Presidente).- En sesión del 27 de noviembre del año en curso se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga la vigencia de la ley N° 20.867.
Respecto a esta iniciativa no se han presentado indicaciones en el plazo fijado al efecto, por lo que corresponde darla por aprobada en particular, a menos que se solicite un nuevo plazo para presentar indicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.743-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Chahuán, García-Huidobro y Quinteros):
En primer trámite: sesión 29ª, en 2 de julio de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 32ª, en 10 de julio de 2019.
Discusión:
Sesión 76ª, en 27 de noviembre de 2019 (se aprueba en general).

El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿qué proyecto es?

El señor COLOMA.- ¿Cuál proyecto es? ¿El que se vio la semana pasada?

El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de darlo por aprobado, reiteremos a qué iniciativa corresponde, señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Se trata del proyecto que prorroga la vigencia de la ley N° 20.867, respecto al parque automotriz de taxis.

El señor QUINTANA (Presidente).- En consecuencia, la iniciativa se dará por aprobada.
--Reglamentariamente, el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, quiero plantear dos temas sobre la Cuenta.
En primer término me quiero referir al proyecto de la ley interpretativa sobre los derechos laborales de los asistentes de la educación. Es una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo.
El proyecto tiene que ver con los derechos de vacaciones de los asistentes de la educación en enero y febrero. Si no logra despacharse y publicarse en el mes de diciembre, habrá un problema práctico.
Como señalé, la iniciativa fue aprobada por unanimidad y pido que la podamos despachar sin discusión para que la Cámara de Diputados tenga el tiempo suficiente para verla. Se trata solo de la reiteración de los derechos que se establecieron transversalmente respecto de estos trabajadores. Hubo una interpretación de la Dirección del Trabajo, y para evitar cualquier error de esa índole se está haciendo esta ley interpretativa.

El señor QUINTANA (Presidente).- Está pendiente una citación a Comités, que planteó el Comité de la Democracia Cristiana durante la sesión especial de la mañana. Eso ocurrirá durante la tarde y ahí tendríamos que pronunciarnos respecto del proyecto al cual hace mención el Senador Letelier y también acerca de la iniciativa -lo han planteado distintas bancadas- que tipifica el delito de saqueo. Aún no ha llegado a esta Corporación, pero habría que ver la posibilidad de despacharla ahora, si la Comisión de Seguridad la puede ver mañana, dado que la próxima semana...

El señor QUINTEROS.- No.

El señor QUINTANA (Presidente).- No requiere unanimidad, señor Senador.
Eso lo veremos en Comités.
Vamos a citar a reunión de Comités por ambos temas. Se podrá rechazar y adoptar el criterio del Senador Quinteros, que es una posibilidad. Pero también quiero decirle al señor Senador que desde su bancada pidieron hoy que el proyecto sea visto, dado, además, que las sesiones especiales sucesivas de la próxima semana estarán abocadas principalmente a la acusación constitucional.
Le ofrezco nuevamente la palabra al Senador Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, también quiero solicitar que se abra un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las seis de la tarde de hoy, al proyecto que limita la reelección de autoridades (boletín No 4.115-07).

El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, era por la solicitud para efectuar reunión de Comités, que usted ya recordó.

El señor QUINTANA (Presidente).- Como señalé, se va a citar a reunión de Comités.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como usted menciona, habrá reunión de Comités. Y, obviamente, se va tratar el calendario para la acusación constitucional, que es muy importante.
Pero deseaba sugerir, porque es algo que habíamos acordado en principio en los Comités, que se pusiera en tabla la reforma constitucional sobre los derechos de aguas.
Esto se había acordado, apareció en segundo o tercer lugar y misteriosamente empezó a quedar atrás o desapareció.
Cuando adoptamos un acuerdo ojalá sea posible sostenerlo.
Me parece que es una materia tremendamente importante en las circunstancias que vive este país, con la tremenda sequía. Y creo que hacemos mal al acordar algo y después no lograr sostenerlo.
Como se tomó ese acuerdo de Comités, pido que lo mantengamos.

El señor QUINTANA (Presidente).- Lo que pasa es que los acuerdos de Comités respecto de la tabla duran para la sesión pertinente. Porque los tratamientos están muy sujetos a las urgencias y a los acuerdos de Comités.
Sí deseo señalarle a la Senadora Isabel Allende que este fue un tema que planteamos, al menos este Presidente y la Senadora Yasna Provoste, en la reunión de Comités de ayer, pero no hubo acuerdo para tratarlo ahora. Porque esto requiere acuerdo. Yo no puedo imponer la tabla; debo ajustar varios criterios, entre otros, la opinión de las bancadas.
Pero está pendiente, señora Senadora. No se ha pasado a llevar el orden de la tabla, porque las urgencias son dinámicas, y un proyecto que hoy está en el lugar treinta mañana puede estar en el cuarenta, porque van entrando nuevos informes respecto de otras iniciativas.


RECONOCIMIENTO A SEÑORA MARÍA SOLEDAD ARAVENA CIFUENTES, EX OFICIAL MAYOR DE SECRETARÍA

El señor QUINTANA (Presidente).- Antes de pasar al Orden del Día, aprovecho esta ocasión para agradecer a la señora María Soledad Aravena, abogada de Secretaría, que durante un tiempo prolongado se desempeñó como Oficial Mayor de Secretaría, cargo que a partir de ahora desempeñará la profesional Mireya Canavati.
La señora María Soledad Aravena debería haber asumido hace bastante tiempo en la Secretaría de Comisiones. Ella ya tiene el grado de Secretaria de Comisiones. Y hoy asumió formalmente en la Comisión de Hacienda.
Quiero darle las gracias porque ella estuvo disponible para apoyar a la Mesa durante todo este tiempo, en circunstancias de que podría haber estado ejerciendo como Secretaria de Comisiones en propiedad.
Así que reitero los agradecimientos a María Soledad por todo el apoyo -no es solo hacia la Mesa, sino a la Secretaría General y a todos los señores Senadores y las señoras Senadoras- y por su riguroso trabajo profesional.
Muchas gracias.
--El señor Presidente del Senado hace entrega de un ramo de flores a la señora Aravena.
--(Aplausos en la Sala).

El señor QUINTANA (Presidente).- Como ya lo decíamos, Mireya Canavati es quien asume como Oficial Mayor, que es a quien le corresponde, de acuerdo con su promoción, desempeñar esta función.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Dado que aún no contamos con el informe de la iniciativa sobre rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica, porque la Comisión de Hacienda recién finalizó su cometido, vamos a tratar el siguiente proyecto de la tabla.
V. ORDEN DEL DÍA



PROTOCOLO FACULTATIVO DE CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2.667-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 24ª, en 21 de agosto de 2001 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 72ª, en 19 de noviembre de 2019.
Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género: sesión 72ª, en 19 de noviembre de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es reconocer la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para conocer las denuncias presentadas por personas o grupos de personas sujetos a la jurisdicción del Estado Parte que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió este proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Guillier, Insulza, Lagos, Moreira y Ossandón.
Por su parte, la Comisión Especial Encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género adoptó igual resolución, con los votos a favor de las Senadoras señoras Allende, Muñoz y Provoste y el voto en contra de la Senadora señora Von Baer.
Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión general y particular.

Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz, que informará sobre el proyecto.

La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, cumplo con informar a la Sala acerca del proyecto de acuerdo iniciado en la Cámara de Diputados por mensaje presidencial el 6 de marzo de 2001, que propone la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención conocida como Cedaw.
El Senado recibió la iniciativa el 21 de agosto de 2001 y la Comisión de Relaciones Exteriores la despachó en agosto de 2019.
Inmediatamente, la Comisión Especial se abocó a su estudio, para lo cual recibió en audiencia a los siguientes especialistas en la materia: las académicas y funcionarias internacionales señoras Alicia Frohmann y Marta Maurás; el profesor de la Universidad del Desarrollo señor Nicolás Rodríguez; la abogada de Comunidad y Justicia señora Daniela Constantino; la Embajadora y Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, señora Mariana Durney, y la Jefa de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, señora Carolina Contreras.
Es importante clarificar, señor Presidente, que el Protocolo Facultativo es un recurso complementario al orden jurídico de cada Estado Parte y, en consecuencia, no lo suplanta...
¡Vamos a llamar a "Lastesis"...!

El señor QUINTANA (Presidente).- Ruego guardar silencio a los señores Senadores que están conversando.

La señora MUÑOZ.- ¡Vamos a llamar a "Lastesis" para que hagan una performance aquí, con una capucha en los ojos...!

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Ya, muy bien!
Además, son de Valparaíso, ¿no es cierto?

La señora MUÑOZ.- Sí. ¡Las vamos a invitar, a ver si se pone orden en la Sala cuando hablamos las mujeres...!

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Latorre, ayúdenos.

La señora MUÑOZ.- Gracias, señor Presidente.

El señor MOREIRA.- ¡Yo la escucho siempre, Senadora!

La señora MUÑOZ.- Como decía antes del murmullo, señor Presidente, es importante clarificar que el Protocolo Facultativo es un recurso complementario al orden jurídico de cada Estado Parte y, en consecuencia, no lo suplanta. Abre la posibilidad, una vez agotados todos los recursos y acciones internas, de que las personas levanten quejas ante los organismos internacionales.
Para ello, se reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, entidad que conocerá de las denuncias presentadas por la violación de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención Cedaw.
Cabe recordar que el Comité fue establecido en el artículo 17 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para examinar los programas realizados en aplicación de la misma Convención Cedaw.
Para un mejor entendimiento, el Protocolo Facultativo preceptúa, en su artículo 4, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer no examinará las comunicaciones o denuncias hasta haberse cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinden como resultado un remedio efectivo. Asimismo, el artículo 4 regula los casos en que el Comité declarará inadmisibles las comunicaciones.
En el artículo 5 se posibilita que en cualquier momento el Comité, antes de llegar a una conclusión sobre la comunicación o denuncia recibida, se dirija al Estado Parte interesado para solicitar que adopte las medidas provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas.
En los demás artículos que configuran el Protocolo Facultativo se determina el procedimiento que regulará el actuar del Comité, el cual tiene como principio la participación permanente del Estado Parte en cuestión.
Por otro lado, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género, el Ejecutivo anunció que formulará una declaración interpretativa referida al derecho a la vida del que está por nacer, en el sentido de que en esta materia el Comité no tendrá competencia, puesto que Chile entiende que no está en el espíritu ni en la letra del Protocolo desconocer o eludir la protección que el Estado da, en el orden interno, a la protección de la vida del que está por nacer.
Conforme a lo explicado por la experta internacional, ex Embajadora y Secretaria Ejecutiva del Foro Permanente de Política Exterior, señora Marta Maurás, el Protocolo Facultativo, en su artículo 17, no admite reservas, pero la práctica ha establecido la introducción de declaraciones interpretativas, cuestión que hizo presente el Gobierno de Chile en ambas Comisiones.
Por todo lo anterior, señor Presidente, la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, tal como informó el señor Secretario, aprobó el proyecto de acuerdo por 3 votos a favor, de las Senadoras Allende, Provoste y la que habla, y el voto en contra de la Senadora Von Baer.
En consecuencia, solicito a la Sala que dé su visto bueno a una normativa que se aboca de manera específica a los derechos humanos de las mujeres y que ha esperado dieciocho años para ser tramitada por este Senado.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, señora Senadora.
Senador Iván Moreira, ¿usted pidió la palabra por este mismo tema?

El señor MOREIRA.- Así es, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Puede hacer uso de ella.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, le solicito que pueda poner un poquito de orden.
Generalmente las señoras Senadoras piden orden cuando ellas hablan. Bueno, ¡nosotros también!
Señor Presidente, lo primero que deseo expresar es que el filósofo Kant dijo que "El sabio puede cambiar de opinión; el necio, nunca".
Me quedo con esta reflexión porque yo, equivocadamente, voté a favor de este proyecto en la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin embargo, después de un mejor estudio, de un mejor análisis, me doy cuenta de que esta declaración no soluciona los problemas de fondo del Protocolo, ni asegura la protección de los principios que he defendido en este Congreso, relacionados con la familia, el derecho a la vida y el rechazo al concepto de ideología de género.
Por ello, y tras una profunda reflexión, he decidido votar en contra.
Respecto a este Protocolo, es necesario hacer ciertos alcances y precisiones que justifican mi decisión.
En primer lugar,...
Señor Presidente, ¿puede poner un poco de orden en la Sala?

El señor QUINTANA (Presidente).- Pido a Sus Señorías que por favor escuchen con mayor atención al Senador Moreira.

El señor MOREIRA.- En primer lugar, señor Presidente, el Protocolo es facultativo. No es obligación de los Estados adoptarlo. Ser parte de la Convención no obliga en manera alguna a asumirlo, y no hacerlo no merece sanción o reproche. De hecho, después de veinte años, según información proporcionada en la Comisión, apenas algo más de la mitad de los países del mundo lo han adoptado. Ser parte de la Convención -repito- no obliga en modo alguno a adoptar este Protocolo.
En segundo lugar, los conceptos usados en dicho instrumento internacional son aquellos que hace tiempo los grupos proabortistas y feministas extremos pretenden instaurar en su búsqueda de la hegemonía cultural y que sin ambages quieren destruir a la familia tradicional y llegar al aborto libre, escudados en conceptos, en apariencia inocuos, como el de "identidad de género" o el de los "derechos reproductivos", que, en el lenguaje de la ONU, recogen el derecho de la mujer al uso de su cuerpo y llevan aparejados el derecho al embarazo deseado, esto es, a ejercer con total autonomía la opción de aceptar o no un embarazo en curso, es decir, "el derecho al aborto libre". Así también lo hacen los conceptos de "planificación familiar" o "salud reproductiva", eufemismos de cierta Izquierda para decir "aborto libre y seguro".
El Comité al que hace mención este Protocolo ha señalado expresamente: "La negativa de un Estado Parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva en condiciones legales resulta discriminatoria".
Por último, el Protocolo prohíbe, en su artículo 17, el establecimiento de reservas. El Estado solo puede negarle competencia al Comité para lo establecido en los artículos 8 y 9, esto es, conocer de violaciones graves y sistemáticas, que esperamos que nunca sea el caso de nuestro país. Por lo tanto, en el Derecho internacional el valor de las declaraciones interpretativas es realmente un punto muy discutido.
Según informa el propio Gobierno, Chile cumple con la mayor parte de las obligaciones del Convenio, y hemos ido avanzando en la protección de los derechos de la mujer en una forma que debe enorgullecemos: la sanción del femicidio; la incorporación en las listas de un 40 por ciento de candidatos de un género; la ley que prohíbe la discriminación salarial; la ampliación del posnatal, entre muchas otras materias.
Soy partidario de la igualdad entre el hombre y la mujer; soy también firme defensor de la libertad de las personas, y por ello siempre he estado a favor del voto voluntario (entre paréntesis, cuando esta Sala vea el proyecto sobre voto obligatorio me voy a pronunciar en contra), pero considero que la libertad debe tener límites: la defensa de la vida del que está por nacer, el matrimonio entre un hombre y una mujer o que todo niño y niña tenga derecho a un padre y una madre son ejes fundamentales de mis valores, como lo son, igualmente, de miles y millones de chilenos, cristianos o no.
No puedo estar de acuerdo, entonces, con este Protocolo, que, a nuestro juicio, es un verdadero caballo de Troya, pues otorga competencia a un Comité que claramente tiene un sesgo que no comparto y que, creo, tampoco interpreta a millones de chilenos.
Por ello, señor Presidente, después de una profunda reflexión, reitero que he decidido cambiar la postura que planteé en la Comisión de Relaciones Exteriores y rechazar este Protocolo.
Tengo que ser consecuente con los principios y valores que siempre he defendido, y no me parece aceptable que, por razones coyunturales, muchas veces uno quiera parecerse al otro. Me parece que siempre hay que tener una sola conducta, en las buenas y en las malas.
Por eso, voto en contra.

El señor QUINTANA (Presidente).- Bien.
La verdad es que cometí una omisión, pues, luego del informe de la Senadora Adriana Muñoz, debí haberle ofrecido la palabra a continuación al Senador José Miguel Insulza, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores, en cuyo informe, por supuesto, está contenido el voto de Su Señoría.
¡Lo que pasa es que el Senador Moreira es muy rápido para marcar...!

El señor MOREIRA.- ¡Lo leo de nuevo, señor Presidente...!

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.

El señor INSULZA.- Muchas gracias, señor Presidente.
¡Espero que el Senador Moreira no se sienta obligado a leer nuevamente su discurso cuando llegue el momento....!
Este Protocolo Facultativo, como se ha dicho acá, fue ingresado al Congreso Nacional, para su aprobación, el día 6 de marzo de 2001, y fue despachado por la Cámara de Diputados, en su primer trámite constitucional, el 14 de agosto de 2001.
Lamentablemente, estuvo dieciocho años sin ser traído a la Sala del Senado para ser aprobado, pese a que hubo varios intentos frustrados por acelerar su tramitación legislativa. Por ello, creo que hoy día damos un paso muy significativo en la línea de cumplir una obligación internacional postergada por muchos años.
Los protocolos facultativos son tratados internacionales que están destinados a profundizar algún derecho en determinados temas relevantes dentro de un tratado más general de derechos humanos, o a crear mecanismos especiales para plantear quejas, comunicaciones o denuncias en contra de los Estados frente a la violación de derechos humanos contenidos en el tratado principal.
Es el caso de este Protocolo Facultativo -el segundo- de la llamada "Cedaw", Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la sigla, por cierto, está en inglés).
Dicho tratado, en su artículo 17, contempla la formación de un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, encargado de supervisar la aplicación de sus disposiciones por los Estados Partes.
Dicho Comité está compuesto por 23 expertos en la materia, escogidos en votación secreta a partir de una lista propuesta por los países que forman parte de la Convención, con distribución geográfica equitativa. Los integrantes representan, por lo tanto, diversas civilizaciones y sistemas jurídicos. Las personas que integran este Comité lo hacen a título personal y no son representantes ni delegados de sus países de origen.
Ahora bien, los protocolos facultativos son fundamentales, porque, como lo señaló en alguna ocasión la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Los derechos humanos (cito) adquieren un significado concreto cuando se presentan denuncias individuales. Al pronunciarse un fallo en un caso individual se llevan a la práctica normas internacionales que de otra manera podrían parecer generales y abstractas (...) producen sus efectos más inmediatos cuando se las aplica a la situación de la vida diaria de una persona. El conjunto de decisiones resultantes puede servir de orientación a los Estados, la sociedad civil y los particulares al interpretar el sentido contemporáneo de estos tratados".
Asimismo, como señaló ya la Senadora Adriana Muñoz, este Protocolo establece procedimientos para que sus Estados Partes den competencia al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con el objeto de que pueda conocer la situación de cada país sobre la materia, pero también recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado, con carácter grave o sistemática, de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, en nombre de esa persona o grupo de personas.
Como decía anteriormente, este segundo mecanismo es adicional al de los exámenes periódicos a los cuales deben someterse los Estados Partes. Cabe destacar que Chile ya es revisado con regularidad a través de este último.
El artículo 10 del Protocolo ocasionó algún grado de discrepancia. De hecho, como Comisión, nosotros le preguntamos al Ejecutivo durante varios meses -finalmente, recibimos la respuesta correspondiente-, si haría uso de la facultad que tiene un Estado Parte de presentar una declaración para no reconocer la competencia que otorga el Protocolo al Comité Cedaw en cuanto a entregar observaciones y recomendaciones en los casos en que se presenten violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados por la Convención.
A este tema el Ejecutivo respondió, por intermedio del señor Ministro de Relaciones Exteriores, tal como ya indicó la Senadora Adriana Muñoz, que a este respecto no cabía la posibilidad de presentar reservas, pero anunció que nuestro Estado haría una declaración interpretativa del Protocolo a fin de señalar que asume los artículos correspondientes -el 8 y el 9- con la sola limitación de que no se comprenderán situaciones relacionadas con la protección de que goza en Chile la vida del que está por nacer.
Agregó, además, que interpretará algunos aspectos procedimentales como, por ejemplo, que el Protocolo no tenga efecto retroactivo y que en las sanciones aplicables en materia de derechos económicos y sociales se tengan en cuenta los recursos disponibles.
La Comisión recibió la información respectiva y, naturalmente, consideró los nuevos elementos. Reitero: el Protocolo reconoce la posibilidad de que los Estados puedan restarse, de alguna manera, al procedimiento establecido en él.
El Gobierno, por tanto, podría haber hecho reserva completa del procedimiento, pero optó por hacerlo solamente en cuanto a los aspectos que he señalado, es decir, en las cuestiones relacionadas con la protección de que goza en Chile la vida del que está por nacer y en otros elementos procedimentales, principalmente aquel que dice relación con el efecto retroactivo.
El Protocolo fue aprobado en general y en particular. En realidad, fue aprobado en general. Por algún motivo, el informe que me entregaron dice que fue aprobado en esa forma, pero todos los protocolos se aprueban en general, no en particular, porque no corresponde aprobarlos en particular. Si no, probablemente habría sido otra la votación.
La Comisión de Relaciones Exteriores, más allá de la decisión del Ejecutivo, consideró muy importante que este Protocolo Facultativo entrara en vigencia y, por lo tanto, lo aprobó de manera general, como corresponde, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Guillier, Insulza, Lagos, Moreira y Ossandón.

La señora MUÑOZ.- ¡Hay un converso...!

El señor INSULZA.- ¡Al parecer, hay una conversión...! ¡Y espero que esto no cambie después de mi informe...!
Es cuanto puedo expresar, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Es probable que después de su informe aquel Senador vuelva a su voto original...!
Voy a darles la palabra a la Senadora Isabel Allende, y luego, a la Ministra Isabel Plá, a quien saludamos, y a continuación, si le parece a la Sala, se abrirá la votación, manteniendo los tiempos.

La señora MUÑOZ.- Sí.

El señor COLOMA.- No, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Les recuerdo que hay dos proyectos más que también son de interés.

La señora MUÑOZ.- ¡Más tiempo, señor Presidente! ¡Esperamos dieciocho años!

El señor QUINTANA (Presidente).- Bien.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como se ha explicado, llevamos casi veinte años esperando que el Parlamento apruebe este Protocolo.
Nos alegramos enormemente de que haya resurgido esta discusión y de que hoy día tengamos la posibilidad de ponernos al día con la aprobación de este instrumento que, como se ha indicado, está inserto dentro de un marco general, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
Este tratado principal, impulsado por las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por Chile diez años después, trata diversas materias, fundamentalmente radicadas en la violencia que se ejerce contra la mujer, la discriminación, el resguardo de sus derechos sexuales, el término de la explotación sexual y, sobre todo, la persecución de la violencia de género.
Tal como se ha explicado, este Protocolo es complementario. ¿Qué quiere decir esto? Que viene a hacer exigible la posibilidad de que una persona física o grupo de personas, que sean víctimas de abusos, obtenga justicia en caso de que los tribunales no les hayan otorgado soluciones a las violaciones a los derechos humanos consagrados en esta declaración, para lo cual se crea un procedimiento de denuncia ante el Comité.
Este Protocolo se encontraba sin tramitación en el Senado desde el año 2001, hasta que por fin tomó el proyecto tanto la Comisión de Relaciones Exteriores como la de la Mujer y la Igualdad de Género, y ahí lo impulsamos.
¿Por qué se congeló el 2001 el debate? Es una buena pregunta. Sin duda, hubo sectores, tanto de la iglesia como de grupos más conservadores, que comenzaron a hacer presión para que no se aprobara este Protocolo, a raíz del temor de que se empezara a hablar del derecho a la autonomía reproductiva de la mujer, temor del cual durante años y años hemos escuchado en esta Sala.
Sin embargo, hemos ido abriendo camino lentamente para que la gente pueda entender, en términos culturales, de qué se trata cuando hablamos de género o de derechos reproductivos. Y un primer paso que nuestro país ha podido dar, a mi modo ver, fue la interrupción del embarazo en tres causales bien específicas.
Pero esa discusión ya está muy superada.
Hoy día la prioridad es terminar con la violencia de género, que, lamentablemente, se sigue dando en el hogar, en la calle, en la sociedad, en el trabajo, en la política, en los medios de comunicación, y también erradicar la discriminación de que hemos sido objeto las mujeres desde hace muchos muchos años. Por décadas hemos debido soportar ese nivel de discriminación y de invisibilización, que perdura en una medida importante hasta el día de hoy.
¿Cuánto nos costó finalmente? Recuerdo que fue difícil, por ejemplo, cuando cambiamos la ley electoral y terminamos con el sistema binominal, conseguir que pudiéramos llevar al menos un 40 por ciento de candidaturas de mujeres.
Es importante destacar, a diferencia de lo que señaló un colega que me antecedió en el uso de la palabra, que 112 Estados han suscrito este Protocolo, y Chile es uno de los pocos países sudamericanos que no lo han hecho, junto a Surinam y Guyana. Por tanto, se trata de una deuda pendiente que hoy día tenemos la oportunidad de resolver.
El Gobierno inicialmente se mostró dubitativo respecto de este Protocolo, pues no tenía una posición clara. Postergó la discusión para analizarlo y finalmente recapacitó, lo cual creo que fue importante.
Es cierto que el Ejecutivo hizo una reserva, hecho que no debería haber sido, porque se supone que el Protocolo no admite reservas. Pero entendemos que así ha sucedido en la práctica. A mi juicio, fue un error.
Pero, bueno, en definitiva, lo que más nos interesa es contar con un instrumento que permita a los titulares de estas comunicaciones -después se analizará si son o no admisibles- recurrir a la instancia que ofrece el Protocolo luego de que no ha habido respuesta de parte de los tribunales en el respectivo país. Tales comunicaciones, desde luego, no pueden ser anónimas y van a ser revisadas profesionalmente y de manera muy muy acuciosa, porque no se admite cualquier hecho. Dicha instancia debe preocuparse de ver que la persona que acusa una violación de derechos humanos efectivamente no ha sido atendida, no ha tenido derecho a la justica y no ha sido escuchada.
Luego viene la etapa del procedimiento, en que se notifica al Estado y el Comité examina a fondo el caso. Dicho organismo está integrado por veintitrés personas de distintas áreas geográficas, todas profesionales, que tienen una larga trayectoria.
En todo caso, todas las opiniones y recomendaciones que finalmente formula el Comité se cumplen de buena fe. Tenemos que aclarar, una vez más, que no son vinculantes, y tampoco hay sanción si no se cumplen.
Señor Presidente, me parece que llegó el momento de avanzar.
El Gobierno, después de una duda, finalmente se convenció y apoyó que pudiésemos tratar el Protocolo que hoy vamos a votar, pero lamento que no haya hecho lo mismo con el Acuerdo de Escazú y con el Pacto Migratorio. A pesar de ello, valoro que, después de casi veinte años, se haya allanado a que las mujeres tengamos un instrumento que nos permita avanzar aún más en la defensa de nuestros derechos.
Además, quiero señalar que ha sido importante el rol de dicha instancia en la defensa de los derechos humanos. Pongo un solo ejemplo: los femicidios sistemáticos en la ciudad de Juárez. En el Comité se presentaron 139 comunicaciones individuales: 56 están pendientes de admisión, 39 han sido declaradas inadmisibles, 11 han sido suspendidas, en 28 se comprobó efectivamente la responsabilidad del Estado y 5 están en etapa de seguimiento.
Es tremendamente necesario tener estos instrumentos dentro del marco del tratado general, que, como decía, nos permitan avanzar en el respeto de los derechos humanos de las mujeres y contra la violencia y la discriminación sistemática.
Señor Presidente, llamo a nuestros colegas a aprobar este proyecto, para ponernos al día después de casi veinte años y, por cierto, seguir avanzando en tantos temas pendientes para terminar con la discriminación de que somos objeto las mujeres: abuso, violencia, agresiones. ¡Para qué hablar del femicidio!
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El señor QUINTANA (Presidente).- Quiero saludar a la abogada Carolina Arcil, quien a partir de hoy va a reemplazar a la Oficial Mayor, Mireya Canavati, en la función de Oficial de Oficios.
Ella es parte del escalafón profesional de Secretaría y desarrollará una labor muy relevante para la Sala.
¡Bienvenida, Carolina!
--(Aplausos en la Sala).
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra Isabel Plá.

La señora PLÁ (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género).- Señor Presidente, nuestro país ratificó hace treinta años, en diciembre de 1989, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que emana -es importante recordarlo-, en esencia, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del principio de la no discriminación y del reconocimiento de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Asimismo, es relevante tener presente que, a partir de entonces, toda las reformas civiles, penales, laborales y de otra naturaleza impulsadas desde la perspectiva de la condición de la mujer, al igual que todas las políticas públicas que han estado orientadas a ese mundo femenino en nuestro país, están inspiradas en dicha Convención y han tenido como su referente las disposiciones tendientes a:
-Erradicar las discriminaciones contra la mujer y consolidar la igualdad de deberes, derechos y oportunidades respecto de los hombres.
-Impulsar la participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones, como un aspecto esencial del desarrollo integral de nuestro país.
-Potenciar una cultura de corresponsabilidad en el cuidado de la familia.
-Asegurar el acceso en igualdad de condiciones a la educación y a servicios de salud.
Con esos propósitos, Chile ha impulsado un conjunto muy sólido de reformas a nuestra legislación en los últimos treinta años. Solo menciono las que nos parecen más emblemáticas:
-La ley Nº 19.023, que crea el Servicio Nacional de la Mujer y, más recientemente, la ley Nº 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que tengo el honor de liderar hoy día.
-La reforma constitucional de 1999, que establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, tal como lo señala la Convención en su artículo 2.
-La ley Nº 19.335, que pone fin al trato discriminatorio que la legislación otorgaba a la mujer respecto del adulterio.
-La ley Nº 20.005 -originada no en un mensaje, sino en una moción de varias parlamentarias, algunas de las cuales probablemente están en esta Sala-, que incorpora por primera vez en nuestra legislación el concepto de acoso sexual en el mundo del trabajo.
-La ley Nº 20.066, sobre Violencia Intrafamiliar, del año 2005.
-La ley que establece la igualdad de remuneraciones, del año 2009.
-La ley Nº 20.545, que extiende el descanso posnatal para las mujeres a seis meses, del año 2011.
-La ley Nº 20.480, que modifica el Código Penal e incorpora por primera vez a nuestra legislación el concepto de "femicidio".
Está vigente también hoy en Chile el IV Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, que señala la hoja de ruta hacia el año 2030 en esta materia y constituye la política del Gobierno de Chile para cerrar las brechas que expresan, en la práctica, la discriminación contra las mujeres.
Si bien Chile ha dado pasos sustantivos en los últimos treinta años, hay aún desafíos esenciales para alcanzar la plena equidad. Las chilenas hoy siguen estando en desventaja frente a los hombres, desde que nacen hasta que mueren, y la primera razón de ello es justamente el trato discriminatorio que reciben porque todavía subsisten aspectos de nuestra cultura que los avalan.
Esos desafíos han sido prioritarios en el Gobierno del Presidente Piñera para consolidar la igualdad de derechos y deberes, para asegurar condiciones de autonomía económica especialmente, para instaurar una cultura de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres en todas las dimensiones: en la vida familiar, en la de pareja, en el trabajo, en la calle y también en el trato que reciben de las instituciones.
En el último año, por esa razón, hemos podido promulgar tres nuevas leyes, que apuntan justamente a cerrar discriminaciones: la que dispone el fuero maternal para las mujeres de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y de la PDI; la que establece el derecho a la lactancia materna libre, y la que incorpora por primera vez a nuestra legislación el concepto de "acoso sexual en espacios públicos".
Es muy importante tener presente que el compromiso de Chile emana de la Cedaw, Convención a la que nosotros adscribimos hace treinta años, y no del Protocolo, que no agrega derechos a dicho instrumento internacional.
Como han señalado en esta Sala la Senadora Adriana Muñoz y los Senadores que han hecho uso de la palabra, el Protocolo es un instrumento que permite recibir comunicaciones individuales o grupales sobre el cumplimiento de ese Pacto. Es muy similar al Protocolo Optativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y al Protocolo Optativo de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad.
El Protocolo presenta una exigencia que también es importante tener en consideración: para que el Comité pueda conocer las comunicaciones individuales, se deberán haber agotado todos los recursos existentes en la legislación del país de origen, y solo se podrán aplicar para situaciones que ocurran después de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo.
El Gobierno del Presidente Piñera entiende que respecto de este tema puede haber distintas posiciones fundadas en valores y en principios, y comprendemos que cada Senador o Senadora tiene la libertad de acción para ejercer su voto como mejor le parezca o como estime más coherente con lo que representa y con lo que ha planteado.
Con todo, es relevante considerar que, si el proyecto es aprobado en esta Sala, la intención del Gobierno, tal como lo expresó el Ministro Teodoro Ribera en agosto en la Comisión de Relaciones Exteriores, es formular una declaración interpretativa para salvaguardar algunos temas. No es una reserva, porque efectivamente este Protocolo no las admite. Pero sí reconoce, de acuerdo a lo establecido en su artículo 10, la facultad de los gobiernos de poder hacer declaraciones interpretativas, que no son otra cosa que las precisiones, lo más exactamente posible, para resguardar el ejercicio de la soberanía de cada Estado, conforme a las legislaciones vigentes.
En síntesis, Chile ratificó hace treinta años la Convención. Toda nuestra legislación y política en materia de equidad de género y de condiciones de las mujeres emanan, entre otras, de dicha Convención.
A nosotros nos parece importante sumarnos a aquellos países que ya han ratificado el Protocolo, que son más de 140, confiando plenamente en que Chile no solo tiene hoy día una legislación vigente de protección a la igualdad de derechos, sino que también está poniendo en curso una serie de reformas tendientes a cerrar las brechas y consolidar una política efectiva en la práctica de igualdad de derechos, de igualdad de deberes y de igualdad de oportunidades.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, señora Ministra.
¿Punto de reglamento, Senador Moreira?

El señor MOREIRA.- Sí, señor Presidente.
¿Es posible abrir la votación?

El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que sí. Su bancada ahora accedió, pues era la que se había opuesto.
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 6 de octubre del año 1999.
Y tal como aquí se ha señalado, particularmente, por las Senadoras Adriana Muñoz e Isabel Allende, llevamos cerca de veinte años en este Parlamento intentando que se apruebe. El Estado de Chile presentó este Protocolo Facultativo el 6 de marzo del 2001, encontrándose desde ese entonces pendiente su aprobación en el Congreso Nacional.
Señor Presidente, nos parece que esto no es casual, porque claramente la aprobación de este Protocolo por parte del Parlamento constituirá un avance positivo en relación con el pleno respeto y la garantía de los derechos humanos para las mujeres en Chile.
Claramente, si este proyecto se ha logrado poner en discusión el día de hoy, tiene que ver con una movilización muy amplia y extendida en el país, en la que los colectivos de mujeres han instalado, desde hace largo tiempo, toda la agenda de desigualdad y discriminaciones que se ha vivido por tantas generaciones.
Cuando se dice que no se quiere dar facultades a un comité, lo que se esconde es la clara discriminación hacia las mujeres. El Estado de Chile ya les ha otorgado competencia a diversos mecanismos internacionales establecidos para recibir y examinar comunicaciones individuales respecto de tratados internacionales de derechos humanos ratificados y que se encuentran vigentes, en términos equivalentes a los que establece el Protocolo Facultativo de la Cedaw.
Varios instrumentos reconocen la competencia de los órganos contemplados en tratados de Naciones Unidas para recibir y examinar comunicaciones individuales respecto de hechos imputables al Estado que hayan podido vulnerar los derechos reconocidos en los acuerdos internacionales respectivos. Entre ellos, menciono los siguientes: el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
, como señaló la Ministra; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, suscrito el año 2004; el decreto N° 201, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, y el decreto N° 121, de 2015, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones.
¿Por qué lo digo, señor Presidente? Porque en esta Sala hay quienes se escudan y señalan: "Vamos a votar en contra, porque le vamos a dar facultades a un comité extranjero".
¡Pero si Chile ya lo hizo!
Entonces, díganlo sin pudor: lo que quieren es seguir manteniendo inmunidad total frente a las discriminaciones que afectan a las mujeres.
Chile ha recibido en diversos momentos recomendaciones de organismos internacionales para avanzar en la aprobación del Protocolo Facultativo.
Señor Presidente, la discusión de este Protocolo se hace en momentos muy oscuros para el pleno cumplimiento y respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Es importante este debate, porque nos vuelve a traer al centro de la discusión los principios de universalidad, de indivisibilidad, de interdependencia y de interrelación de los derechos humanos. Y esto se encuentra considerado en el Protocolo Facultativo, que constituirá, en mi opinión, un avance significativo en la plena garantía de los derechos humanos en nuestro país, al situar los derechos reconocidos por la Cedaw en el mismo nivel de exigibilidad internacional con el que hoy cuentan aquellos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, etcétera.
Deseo contribuir con mi voto favorable, ya que este Protocolo Facultativo debe servir para cambiar la realidad de todas las mujeres, incluidas aquellas que hoy forman parte del colectivo de mujeres que se ha expresado con tanta fuerza por las discriminaciones que han vivido sus hijas, sus madres, sus abuelas, sus antepasados.
Mi esperanza al votar favorablemente es que este Protocolo nos permita vivir en una sociedad sin discriminaciones.
Voto a favor, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.

La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, ha pasado mucho tiempo. El país se demora bastante cuando se trata de hablar de equidad de género y de más derechos y oportunidades para las mujeres de su país.
Creo que este es un avance importante, por lo que felicito el trabajo que han realizado, en particular, las Senadoras de la Comisión sobre la Mujer y la Igualdad de Género y también los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Entre los años 2003 y 2006 me desempeñé como Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer en la Región de Aysén. Y recuerdo que en cada encuentro de directoras un tema recurrente era cuándo se firmará el Protocolo Facultativo de la Cedaw.
Han pasado muchos años, más de una década.
Y es importante darlo a conocer, porque hay temas que, más allá de los avances legislativos y de las políticas públicas que se han desarrollado desde la institucionalidad (Servicio Nacional de la Mujer, hoy Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género), todavía existen una serie de falencias respecto a la vulneración de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en la protección a víctimas de violencia de género; en los estereotipos que afectan su derecho a un juicio imparcial y justo; en las condiciones de detención no adaptadas a sus necesidades específicas; o en el tratamiento médico inadecuado en relación con el embarazo, con resultado de muerte de la víctima.
Chile ha hecho avances desde la creación del Sernam, que a mi juicio es expresión del movimiento de las mujeres durante toda la década del ochenta para que efectivamente el Estado se hiciera cargo de la equidad de género. Y surgieron legislaciones importantes.
Pero llama la atención lo siguiente: el tiempo no es casualidad.
Lo que ocurre es que el país estuvo anclado en una visión conservadora que mantuvo a las mujeres en una lógica de discriminación y de clara desigualdad respecto de sus propios derechos, y el 2018 se produjo una inflexión que nos llevó a todos a poner este tema sobre la mesa.
Así que anuncio que votaré a favor, señor Presidente.
Creo que debemos seguir avanzando. Por ejemplo, en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, todavía tenemos una gran deuda con las mujeres; si no, no sería casual que, a pesar de los avances que reconocemos, la nueva generación de mujeres, las jóvenes, se hayan movilizado. Efectivamente, con el tema Un violador en tu camino entendimos que esto no solo ocurre en Chile, sino también a nivel mundial.
Debemos seguir trabajando y representando a la gente en una lógica colectiva, efectiva, para que no necesitemos dieciocho años para ratificar un protocolo facultativo.
Más allá de las declaraciones interpretativas, o de reserva, espero que podamos seguir hablando de estos temas con la seriedad que se requiere, a fin de poder avanzar.
Seguimos en deuda con las mujeres.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, ¿qué duda cabe de que es muy importante avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer?
Pero son conversaciones y avances que debemos resolver nosotros primero, en nuestro país, en nuestra sociedad, en este Congreso Nacional.
No debemos aceptar recomendaciones o imposiciones que vengan desde afuera, cuando aún estos temas no se resuelven acá.
Es verdad, hemos firmado y ratificado muchas convenciones internacionales, pero sobre asuntos en que tenemos una postura clara como país. En esta materia no es así.
Yo voy a votar en contra de la ratificación de este convenio, por diversas razones.
Primero, porque se prohíben las reservas; las que debiera poder hacer cada Estado en cuanto a los temas que todavía no se han resuelto.
No estoy dispuesta a ceder soberanía a un comité, ni siquiera a un tribunal internacional independiente, compuesto por veintitrés mujeres, de las cuales de antemano sabemos su posición (me preocupé de averiguar quiénes eran; lo que han publicado). Esta ha sido dada a conocer claramente y, por lo tanto, sabemos en qué línea irán sus futuras recomendaciones, respecto a la cual nuestro país, este Congreso, todavía no ha discutido, o no ha tomado una decisión.
Además, señor Presidente, dentro de esos temas, lo que a mí particularmente más me preocupa es defender el derecho a la vida. No tengo ningún problema en señalarlo en forma muy clara ante este Senado, y ante quien haya que hacerlo.
El Gobierno dice que formuló una especie de reserva interpretativa, que no va a producir ningún efecto, porque en el artículo 17 del Protocolo se prohíbe expresamente todo tipo de reserva.
Para mí el derecho a la vida, el derecho del que está por nacer, no es algo en lo que se pueda transar, o avanzar. Es una convicción que yo al menos no estoy dispuesta a ceder, ni respecto a la cual pueda cambiar de opinión. Es un principio que no tiene por qué imponerse desde afuera y que voy a seguir defendiendo mientras tenga vida, porque el que está por nacer es el ser más indefenso que existe.
Si hubiera estado acá cuando se votó el aborto en tres causales, por cierto que hubiera votado en contra.
Señor Presidente, una Senadora que me antecedió en el uso de la palabra afirmó que se ejerce presión. Pero defender los principios en los que uno cree, con respeto, no es ejercer presión, es ser consecuente.
Pido respeto por la diversidad de opinión. Así como uno respeta las opiniones diferentes, espero que también se respeten las opiniones que uno emite cuando defiende sus principios, y no que se comenten con superioridad moral o que se tergiversen afirmándose que estamos en contra de la igualdad, o de la eliminación de toda discriminación contra la mujer, o de toda violencia.
Por cierto, estamos en contra de aquello. La propia Ministra dijo que como sector y como país demostramos que hemos avanzado, aunque tal vez no tan rápido. Pero las decisiones en cuanto a cómo avanzar en esos temas no resueltos deben ser resueltas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y no venir impuestas desde un comité que no es imparcial respecto a nuestro país.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue adoptada en el año 1979, y se incorporó a nuestra legislación por el decreto supremo N° 789, del 27 de octubre de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hoy nos encontramos tratando el Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado el 6 de Octubre de 1990. Este instrumento internacional tiene como principal objetivo permitir que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer pueda recibir, considerar e investigar las comunicaciones que se le presenten con relación a la violación de los derechos establecidos en la Convención.
En su texto se prohíbe expresamente formular reservas a algunas de las disposiciones del mencionado Protocolo, lo cual no constituye un elemento contemplado en instrumentos similares, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros.
Es necesario dejar en claro que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer se encuentra plenamente vigente en nuestro país, y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. De ello, no hay duda.
Lo importante es poder definir en qué condición este Comité asume su competencia sin haber agotado la jurisdicción interna. Esto me parece inaceptable, toda vez que una cosa es que el Estado pueda recibir recomendaciones para modificar su legislación o aplicar determinados criterios interpretativos, pero una cosa muy distinta es que se abra la competencia a otros organismos, estando pendiente una investigación o proceso en Chile.
Por lo tanto, son tres los aspectos a los que, obviamente, tenemos que prestar especial atención.
Primero, el peligro para la soberanía.
Este Comité no es un tribunal internacional, sino más bien un órgano consultor y conciliador, pero no es menos cierto que el desarrollo del Derecho internacional ha demostrado que la línea entre estos tipos de organismos es muy delgada, atribuyéndose en muchos casos facultades que ni los mismos Estados les han conferido, obrando como verdaderas terceras cámaras o tribunales supranacionales.
Se concluye, entonces, que la relación del Estado de Chile con el Comité no es una relación de meras recomendaciones.
No es irrelevante que las potestades del Estado se otorguen a organismos internacionales. Si bien en algunos casos es deseable e incluso necesario el resguardo de algunas garantías por el Derecho internacional, existen otras circunstancias en que, dado el nivel de polémica que los envuelve, tal como ocurre con el debate acerca de la defensa de la vida del que está por nacer, no resulta tan evidente que haya que involucrar a otro actor político. Lo más prudente, sin duda, es que este tipo de asuntos sean conocidos y juzgados por autoridades chilenas.
Nuestra Constitución reconoce en su artículo 19, N° 1°, inciso segundo, la protección del derecho a la vida del que está por nacer. A pesar de que la reserva del Presidente de la República tiene por finalidad resguardar este valor tan fundamental para nuestra sociedad, resulta totalmente contradictorio poner este interés jurídico en manos de un órgano que garantice imparcialidad respecto a esta materia. Por el contrario, el Comité ha manifestado públicamente una opción favorable a la práctica del aborto y también con relación a que el Estado de Chile legisle en favor de la identidad de género, idea que está bastante lejos de ser aceptada por parte importante de la sociedad chilena.
Por supuesto, es necesario avanzar en cada momento para entregar una pronta solución a los problemas que enfrenta la mujer dentro de nuestra sociedad, pues como chilenos tenemos el deber de condenar con fuerza y superar todas y cada una de las formas de discriminación que menoscaben la dignidad de las mujeres. Pero eso debe hacerse aquí, en nuestra sociedad chilena.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacer tres reflexiones.
Primero, una que puede ser importante.
¿Por qué el año 2001 estuvo detenido este proyecto? Aquí se atribuye -no sé- a todo tipo de maniobras dilatorias por parte de algún agente extraño. Yo quiero darles una información -algo ayuda haber estado en el Senado-: esto lo detuvo, básicamente, el Senador Gabriel Valdés, en ese entonces Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque consideraba que había que ser muy cuidadoso con el otorgamiento de cierto tipo de facultades, aunque fueran interpretativas, respecto de derechos tan esenciales para las personas como aquellos que, eventualmente, el Cedaw plantea. Y fue él mismo quien sugirió la idea de esperar un poco, para analizar sus resoluciones, antes de adoptar una decisión.
Entonces, no pretendamos inventar teorías conspirativas. Fue alguien razonable, inteligente, como don Gabriel Valdés, quien planteó la necesidad de meditar más profundamente sobre este tema.
Segunda reflexión, señor Presidente.
Si uno mirara -y si uno fuera inocente, pero a esta edad uno pierde la inocencia-...

El señor PIZARRO.- ¡Difícil, difícil...!

El señor COLOMA.- ... lo que es, conceptualmente, el Protocolo Facultativo, uno podría decir: "Hoy es bien razonable establecer un organismo que elimine prácticas discriminatorias en contra de las mujeres". También se podría afirmar: "El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones". Y si uno fuera inocente, sería posible señalar: "Bueno, ¿por qué no? ¡Echémosle! Total aquí...".
¡No, señor Presidente! ¡Dejemos la inocencia! ¡Eso no es así! El Cedaw es el brazo armado de grupos ideológicos de Izquierda. Y más que eso: en materias valóricas su pensamiento es completamente distinto, por lo menos, de lo que yo pienso. Y puede que ellos tengan toda la razón, pero nos han tratado de imponer una agenda absolutamente diferente de aquella en la que creo.
Esa era la importancia que le daba el Senador Valdés a que se esperara para ver cómo funcionaban este tipo de protocolos.
Y fíjense que a pesar de que Chile no ha suscrito este Protocolo, el año pasado nos hicieron recomendaciones en el sentido de que había que aprobar con urgencia el aborto libre, el matrimonio homosexual, la adopción para parejas del mismo sexo o el derecho de patria potestad sobre un niño sin proceso de adopción, a la primera. Es decir, Chile no era parte de esto, pero ya nos estaba dando instrucciones este organismo de Naciones Unidas, que me gustaría que alguien analizara. Se trata de poquito más de 20 miembros, que se definen por diversidades culturales.
Señor Presidente, me he dado el tiempo de leer las resoluciones de la Cedaw y son absolutamente inaceptables desde mi perspectiva en cuanto a donde creemos que radica la soberanía y a lo que visualizamos como sociedad.
Por consiguiente, este es un Protocolo no malo, ¡sino pésimo!, y resultaría grave instaurarlo dentro de la legislación.
Algunos manifiestan: "No seas tan exagerado, porque son recomendaciones, no son obligaciones". Entonces, yo les digo: "Bueno, si no van a tener ningún efecto para qué las aprobamos". Pero es que hay una maldad detrás, o una trampita más bien, en el sentido de que esto podría significar una adecuación futura a los estándares internacionales.
Entonces, a todos quienes sostienen que hay que adecuarse a los estándares internacionales les advierto que esta votación no va a ser unánime ni tampoco se ganará de manera muy amplia. Será estrecha. Probablemente ganarán quienes buscan contar con esto, pero no puede constituir un precedente internacional que nos obligue a modificar normas chilenas.
El Gobierno ha hecho una reserva. Para ser franco, no creo mucho en las reservas en esta materia y se lo dije a la autoridad, porque es solo una fórmula. Está bien. Si ese es el ánimo, por lo menos que quede constancia de que a través de este mecanismo nunca se ha pretendido alterar una norma interna.
Señor Presidente, no puedo dejar de advertir sobre los pésimos efectos de una aprobación de este tipo. Y les pido -probablemente muchos ya lo han hecho- que lean las resoluciones, que lean las recomendaciones, que las estudien, que vean quiénes están detrás, qué es lo que repiten y qué es lo que instalan.
A mi juicio, es algo profundamente dañino para Chile.
Voto en contra.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Nos queda claro su voto, Senador Coloma.
Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Que hable alguien del otro sector, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Es que no hay nadie inscrito del otro lado.
Le vamos a dar la palabra al Senador Navarro...

El señor NAVARRO.- ¡Yo quiero escuchar a la Senadora...!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ... o al Senador Latorre.

El señor NAVARRO.- ¡Latorre!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Latorre, tiene la palabra.

El señor LATORRE.- Señor Presidente, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (OP-Cedaw) establece los mecanismos de denuncia e investigación de esa Convención. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999 y entró en vigor el 22 de diciembre del 2000.
Los Estados Parte otorgan competencia al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, a fin de conocer denuncias de individuos o investigar "violaciones graves o sistemáticas" de la Convención, lo que ha dado lugar a una serie de decisiones en contra de los Estados miembros, en cuestiones tales como la violencia doméstica, el permiso parental y la esterilización forzosa, así como una investigación sobre el asesinato sistemático de mujeres en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Esos son algunos ejemplos.
La importancia de este Protocolo es dotar de un mecanismo jurídico y de denuncia efectivo ante violaciones de la Convención. La sola existencia de este instrumento y su suscripción por el Estado de Chile tiene un efecto sobre todo nuestro sistema jurídico, siendo una pauta o guía tanto para la decisión de casos legales como para la generación de nuestra regulación pública. Sin embargo, sin el Protocolo en discusión, no hay mecanismos efectivos para reclamar su aplicación. De conformidad con su texto, el Comité, que podrá conocer de los casos en torno a la Convención descrita, dispone de un mandato para, por un lado, recibir comunicaciones de personas o grupos de personas que presenten denuncias sobre violaciones de los derechos amparados por la Convención y, por otro, iniciar investigaciones sobre casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres. Estos procedimientos son facultativos y solo están disponibles si el Estado interesado los ha aceptado.
Chile, obviamente, es un Estado que cree en el multilateralismo y en la estructura internacional o global de los derechos humanos, y el firmar este Protocolo Facultativo de la Cedaw va en esa dirección, por lo que es consistente con otros protocolos y convenciones del sistema internacional de los derechos humanos que nuestro Estado ya ha firmado y ratificado.
La discriminación contra las mujeres, que se configura en su vida privada y pública y que proviene desde las estructuras de poder y de sus relaciones sociales, es una forma de violencia que debe ser erradicada. Las mujeres claman por un tratamiento digno e igualitario en el mundo, y en Chile se está gestando la maravillosa oportunidad de crear un nuevo orden social que supere el patriarcado y que les permita la participación en la sociedad como sujetas autónomas y titulares de derecho.
En lo concreto, en la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, el anhelo feminista podrá dar un primer paso en el tránsito desde la utopía hacia la realidad a través, por ejemplo, de una convención constituyente paritaria. Si las mujeres son la mitad de la población, les asiste todo el derecho a tener la mitad de la representación en una convención constituyente que defina un nuevo contrato social en nuestra sociedad en el siglo XXI, que supere el patriarcado, tal cual lo ha dicho el colectivo "Lastesis", de Valparaíso.
Pero incluso más allá de las distintas manifestaciones que ha habido en diferentes partes del mundo y que han empatizado con este colectivo, considero de todo derecho, de toda justicia el reivindicar este paso mínimo, que es ratificar el Protocolo Facultativo de la Cedaw y empujar el que la convención constituyente sea paritaria.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, aun después de dieciocho años desde que la Cámara de Diputados de Chile despachó este proyecto de acuerdo al Senado, bien vale la pena la reflexión del Senador Coloma: ¿Por qué lo tuvimos en esta Corporación dieciocho años para que fuera aprobado?
Está claro que se introduce un mecanismo efectivo para hacer valer los preceptos que este Protocolo Facultativo de la Cedaw pretende establecer. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue ratificada por Chile; sin embargo, sin instrumentos específicos no tiene ningún sentido.
Mediante la ratificación del referido Protocolo se establecen: primero, un mecanismo de denuncia individual o colectiva, a través de una ONG, cuando una mujer sienta que se han vulnerado sus derechos; y, segundo, una investigación de oficio que puede llevar adelante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer al tener conocimiento de una violación grave y sistemática de los derechos de la mujer en determinado Estado.
Por tanto, la ratificación que hoy día hacemos en el Senado viene a dotar a las mujeres de Chile de un instrumento de denuncia para que este tipo de derechos, de convenciones sobre toda forma de discriminación tengan efecto y puedan ser de utilidad.
Ojalá nunca tuviéramos que usarlo.
Entonces, tiene que haber un mecanismo, y esto es lo que se ratifica hoy día a través de este Protocolo Facultativo de la Cedaw.
Ahora bien, señor Presidente, día a día estamos en vitrina y particularmente somos convocados a hacer realidad el que no haya forma de discriminación.
Solo para señalarlo, actualmente hay un comité de expertos discutiendo en Chile cuál va a ser la composición de la convención constituyente -yo digo asamblea constituyente-, establecida en el Protocolo de Acuerdo por la Paz, que hemos llamado el "Acuerdo de la noche de las caras largas". Pero están discutiendo, y no hay acuerdo en si el proceso constituyente será paritario o no.
Yo he presentado diversos proyectos de ley para que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional sea paritario; para que el directorio de Televisión Nacional sea paritario; para que los directorios de las empresas públicas sean paritarios; para que el Gobierno y su gabinete sean paritarios, y todas estas iniciativas duermen el sueño de los justos, pues no hay voluntad para tramitarlas.
El Protocolo Facultativo de la Cedaw establece las condiciones para conocer las denuncias de las mujeres cuando se sientan discriminadas.
Acá las Senadoras lo han dicho veinte, treinta, cuarenta veces: hay discriminación efectiva en los procesos electorales de los partidos, aun cuando todos se declaran con cuotas de género. Porque, por ejemplo, en los lugares donde son destinadas a competir las mujeres tienen muy pocas posibilidades de ser elegidas. Y en lo que se debate ahora -digámoslo francamente-, sobre el proceso constituyente, no hay acuerdo en que haya cuotas de paridad de 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres.
Por consiguiente, estamos sometidos a prueba de manera permanente en cuanto a si hay vocación o no para establecer mayor igualdad en el trato de la sociedad chilena hacia la mujer.
Yo no firmé ese acuerdo; no sé quién dice que no a la paridad. Pero este asunto se ha paralizado, entre otras cuestiones, por la cuota de los pueblos originarios y también por la paridad de género para aquello derivado de lo más importante que ha ocurrido en Chile en los últimos treinta años: la movilización social de millones de chilenos y chilenas que han salido a la calle y que hoy día tienen un Protocolo de Acuerdo en que se está debatiendo si hay paridad o no en el proceso para establecer una nueva Constitución.
Yo espero que si se llega a acuerdo, haya paridad; que la ratificación que ahora harán muchos Senadores que van a votar a favor de este proyecto de acuerdo se traduzca en su voluntad expresa en el sentido de que el proceso constituyente sea paritario.
El Senador Coloma ha sido franco y rechazó aquello planteando, de manera legítima, diversas objeciones.
Yo solo digo: ¡hay que serlo y parecerlo!
Me voy a pronunciar a favor de la ratificación de este Protocolo Facultativo de la Cedaw, pues creo que la sociedad chilena tiene que avanzar con pasos decididos hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres no solo en el discurso, sino también en la realidad y en los hechos concretos.
Voto a favor.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.

La señora VON BAER.- Señor Presidente, primero, quiero agradecer el tono de casi todos los Senadores en esta discusión. Porque cuando estamos en un momento de crisis política es difícil decir qué plantean las demandas ciudadanas. Pero lo que está claro es que la violencia y la falta de tolerancia no nos llevan a ninguna parte. De hecho, ponen en grave riesgo nuestra democracia.
Por eso lamento que algunos hayan planteado en la Sala que los parlamentarios que se pronuncian en contra se están tratando de escudar respecto de esta votación, o que quienes votan en contra no apoyan los derechos de las mujeres.
Nosotros los respaldamos también, pero desde una manera distinta.
Cuando uno verbaliza de modo negativo lo que piensan los demás, lo único que hace es alimentar la falta de tolerancia. La falta de tolerancia nos lleva a la violencia, y la violencia nos conduce a un ataque directo a nuestra democracia.
Por lo tanto, espero que no digamos que los otros están tratando de escudarse, de esconder la verdad, pues simplemente estamos defendemos una manera distinta de ver las cosas, mirada que también tienen muchos chilenos, y nuestra tarea es representarlos.
Tal como se ha dicho acá, la discusión de hoy no se trata de ratificar un tratado internacional. Eso se hizo hace muchos años.
La pregunta que debemos contestar ahora es si le queremos dar competencia a otro organismo internacional más, diferente a los actualmente reconocidos por nuestro país, para recibir denuncias en contra de nuestro país a fin de que sean conocidas por aquel.
Para responder acertadamente esta pregunta debemos mirar cómo ha sido el comportamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a lo largo de los años. ¿Se ha acotado a las materias propias de su competencia o se ha inmiscuido en cuestiones que le exceden y que son propias de las definiciones que cada país debe adoptar democráticamente?
En verdad, si miramos los antecedentes con que contamos, se debe concluir claramente que el referido organismo sí se ha inmiscuido en materias que le exceden y que forman parte de la órbita propia de la deliberación democrática de cada país.
Y para eso, señor Presidente, voy a revisar algunas de las recomendaciones que este Comité ha hecho. Me refiero a las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile, del 14 de marzo de 2018.
En la página 16 del documento que tengo en mis manos se expresa la preocupación con respecto a que nuestra legislación vigente (la chilena) no incluye disposiciones claras sobre los derechos de filiación y patria potestad para las parejas del mismo sexo, y no permite que los procedimientos de adopción reconozcan a ambos progenitores. Además se recomienda aprobar el proyecto sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo (boletín N° 11.422-07).
En su página 12 plantea su inquietud por la objeción de conciencia por parte de personas o instituciones, lo que podría dificultar el acceso de las mujeres al aborto.
En el tercer punto de la página 13, el Comité recomienda a Chile ampliar el ámbito de aplicación de la ley N° 21.030, aprobada por nuestro Congreso, para despenalizar el aborto en todos los casos, y velar porque las mujeres, incluidas las niñas y las adolescentes menores de 18 años, tengan acceso al aborto.
En el punto cuatro de la página 15 dice que recomienda a nuestro país que acelere la creación del Ministerio para la población indígena, cuestión que claramente va más allá de las atribuciones del Comité.
Señor Presidente, aquí se ha dicho que nos queremos escudar. Y lo que hemos planteado es que no estamos de acuerdo con que el referido Comité se inmiscuya en temas que han sido zanjados por el Parlamento, y explícitamente recomiende sobre cuestiones que, conforme a nuestra democracia, no han sido aprobadas.
Eso es lo que hace el mencionado Comité. Nosotros no estamos inventando nada. Solo leemos -y es lo que acabo de hacer- lo que ese propio organismo ha dicho. Y ello lo señaló el 2018, en las páginas del documento a que di lectura.
Por lo tanto, señor Presidente, los que aprueben este proyecto de acuerdo están en su total derecho a hacerlo; sin embargo, están aceptando ese tipo de recomendaciones: aborto libre, matrimonio entre parejas del mismo sexo y atribuciones de un Comité que claramente van más allá de las materias propias de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Voto que no.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero partir diciendo que comparto lo que dijo la Senadora que me antecedió, la colega Von Baer, quien plantea que no hay que descalificar a quienes piensan distinto.
Eso está muy bien. Estoy de acuerdo con que debemos tener altura en nuestros debates y en nuestras discrepancias. Creo que no es bueno descalificar per se, o decir que alguien se está escudando cuando se tiene una diferencia como la que existe respecto de esta materia.
Quiero comenzar mi intervención manifestando aquello.
Sin embargo, sí siento que somos un poquito retrógrados con relación a lo que se debate en el mundo. Al respecto, deseo recordar que a Chile, claro, le cuesta más abordar ciertas discusiones y respetar determinadas decisiones. Si no es casual que hayamos sido de los últimos países en el mundo en permitir el divorcio vincular. No ha sido casual: es producto de una matriz histórica propia de la cultura isleña en que vivimos.
Por eso, no me llama la atención que en el marco de la arquitectura del Derecho Internacional; de los convenios de derechos humanos; de los derechos de la mujer; de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y ahora, de la aprobación del Protocolo Facultativo de la Cedaw, haya quienes comiencen a decir primero: "Es que vamos a ceder soberanía".
A mi juicio, ello es propio de una visión más bien del siglo pasado. El vivir en el mundo obliga a ceder soberanía; eso conlleva integrar una comunidad. Los derechos humanos, que surgieron como declaración, forman parte del reconocimiento de que los Estados nacionales tienen también limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer las autoridades que los representan respecto de sus ciudadanos y, también, de la comunidad internacional.
Ahí tenemos una discrepancia de fondo. Pero eso no es raro, pues este ha sido un Gobierno que sistemáticamente ha cuestionado la tradición chilena con relación al multilateralismo; a la comprensión y al respeto del Derecho Internacional, a su inserción en él.
Entonces, no me llama la atención que algunos se opongan, más aún si se trata de temas valóricos. Sin embargo, yo los invitaría a preguntarse qué estará pensando hoy la mayoría de las chilenas y los chilenos sobre esas reservas.
Entiendo que parte de la Derecha chilena sea contraria al aborto. Están en su derecho a tener esa posición. En la gran mayoría del planeta el aborto existe y está legalizado. En nuestro país lo está en apenas tres causales.
En lo personal, creo que en el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Esa es una diferencia que quizás tenemos con sectores de la Derecha. Y está bien.
Pero aquí, el Protocolo Facultativo de la Cedaw no obliga al Estado a aceptar recomendaciones, ni tampoco se las pueden imponer.
En el artículo 10 -si no me equivoco- se ha usado un concepto erróneo, pues no es que haya una reserva, sino que técnicamente se trata de algo distinto: existe el derecho a excluirse; a salir de ciertos procedimientos o acciones que se hallan contemplados.
El Estado chileno ha planteado que quizás haga aquello en algunas materias.
Sin embargo, lo que realmente me llama la atención es que estemos discutiendo esto en el 2019, respecto de un Convenio que se firmó en otro contexto histórico, y que hoy haya tantas dudas, por lo menos de algunos.
Creo que parte del prestigio de Chile es estar inserto en la comunidad internacional; es hallarse inserto en los espacios multilaterales, con respeto a la diversidad en dicho ámbito, entendiendo que un país pequeño como el nuestro se beneficia, se fortalece con el multilateralismo y se debilita con todas estas exclusiones de instrumentos internacionales.
Nuestro país solo avanza y se fortalece siendo parte de los instrumentos internacionales; y en el momento en que estamos viviendo, con mayor razón. Considero un error político pensar que restarse de este Protocolo Facultativo le puede hacer bien a Chile. Más bien me llama la atención que alguien pueda poner en duda la aprobación de este instrumento.
Nuestro país necesita a la comunidad internacional; no puede ser que creamos que con puro libre comercio, con ventas y movimientos de capitales, bienes y servicios es suficiente para formar parte de la comunidad internacional.
Yo me voy a pronunciar a favor de este proyecto de acuerdo. Recuerdo haber escuchado a mi madre, de joven, hablando de estos temas. De modo que me llama la atención que nos hayamos demorado tanto en aprobar este Protocolo Facultativo de la Cedaw.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.

El señor INSULZA.- Señor Presidente, titubeo en decir que en realidad la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ya está aprobada, es la que crea ese Comité al cual se refirió la Senadora Von Baer. Y dudo porque capaz que sienta la tentación de pedirle al Gobierno que denuncie la Convención.
En verdad, pienso que aquella existe precisamente porque los organismos internacionales tienen este tipo de entidades que muchas veces van moviéndose hacia delante y hacen recomendaciones. Y para eso justamente existe la norma clara de que la decisión sobre política corresponde a la soberanía de los Estados y no a esas comisiones. Estas no imponen absolutamente nada, simplemente les hacen recomendaciones a los países y ellos deciden si las toman o no.
Lo que estamos discutiendo ahora no es, por lo tanto, si la Comisión anualmente va a hacer informes sobre la situación de la mujer en Chile. Porque eso ya está ocurriendo. Tanto es así que la Senadora Von Baer nos ha leído el último informe sobre Chile. Lo que hay, más bien, es la posibilidad de presentar comunicaciones individuales sobre un tema específico de violaciones graves que se hayan producido contra los derechos de la mujer.
A pesar de lo que aquí se ha dicho, quiero recordarles -lo mencioné en el informe antes- que las comunicaciones individuales y este tipo de mecanismos están en casi todos los acuerdos de derechos humanos que ha firmado Chile: en la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de Personas, de 2009; en los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 2015; en el procedimiento que establece la Convención contra la Tortura, de 1998, y en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2008.
Ahora, a pesar de lo que se ha sostenido aquí -que son unos organismos tremendamente invadentes, que complican mucho-, nuestros datos señalan que en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Chile en 1992, después de veintiséis años de funcionamiento, solamente diez de las comunicaciones se declararon admisibles y una pasó la revisión de fondo. Por lo tanto, esto no es una enorme actividad invasiva en las acciones de los países, sino, más bien, una carga relativamente razonable para quienes se preocupan de estos asuntos en Chile y responden a ellos. Porque, entre paréntesis, estas materias tienen respuestas y, generalmente, el país decide lo que se debe hacer.
Yo creo que realmente estamos un poco atrasados, señor Presidente. Escuché algunas intervenciones que me recordaron cuando aquí, en la Sala, se decían cosas horribles sobre el divorcio, se condenaba la homosexualidad de una manera brutal. Y recuerdo, precisamente, la cantidad de injurias que le llegaron al primer Diputado que presentó un proyecto, no para legalizar, sino para despenalizar determinado tipo de acciones homosexuales.
Por consiguiente, me parece que estamos simplemente en una situación similar. O sea, en medio de un tremendo conflicto interno del país, alguien ha decidido retroceder en algo que ya había aprobado, para encerrarse una vez más en su capullo y esperar para ver que el mundo pase a su alrededor. Porque, como muy bien dijo el Senador Letelier, ¡para eso somos una isla y estamos protegidos: para que nadie nos vaya a hacer daño...!
Sin embargo, desgraciadamente para muchos de los Senadores de esta Sala, existe vida más allá de la cordillera de los Andes, existe vida al norte del desierto de Atacama, existe vida hacia el océano Pacífico también. Y la mayor parte de los países del mundo ocupan estas convenciones para avanzar sustantivamente en su democracia y en la libertad de su gente.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, ratificar el Protocolo Facultativo Cedaw implica reconocer la competencia del Comité Cedaw para recibir comunicaciones -esto se entiende como "denuncias por parte de particulares"-, dándole el carácter de "órgano cuasi jurisdiccional", y emitir recomendaciones de gran envergadura política a nivel internacional respecto de Chile.
Una evaluación llevada a cabo por el Ministerio de Justicia del Reino Unido, en el año 2008, arrojó las siguientes observaciones:
Primero, que el razonamiento del Comité era imprevisible.
Segundo, que no había tenido un impacto positivo en políticas públicas en favor de las mujeres.
Y, tercero, que a pesar de las previsiones, el uso del protocolo por parte de organizaciones no gubernamentales era limitado, pues acceder a los mecanismos previstos en él es excesivamente caro.
El razonamiento del Comité Cedaw es conocido en la práctica por ser muy imprevisible, lo que se traduce en la amenaza concreta de que las interpretaciones que haga dicho Comité resulten muy distintas o más amplias que las obligaciones originalmente pactadas por Chile en la Cedaw.
El Comité Cedaw es un órgano absolutamente político y ha recomendado a nuestro país que se reconozca el derecho a la eliminación de la objeción de conciencia de personas o instituciones, que se legalice el aborto libre -incluyendo a menores de dieciocho años-, que se asignen recursos financieros y técnicos para la aplicación de sus recomendaciones, entre otras materias.
La práctica a nivel internacional demuestra que la ratificación del protocolo no ha llevado a un avance en la promoción, protección y defensa de los derechos de las mujeres.
En ese contexto, creemos que es un error pensar que un Comité, que en la práctica ha demostrado no ser eficiente, va a lograr solucionar de manera más eficaz que el Parlamento o el Gobierno mismo los retos que enfrentan las mujeres en Chile.
No aprobar el protocolo no significa estar en contra de los derechos de las mujeres. Al contrario, implica asumir como país la responsabilidad que tenemos respecto de la situación que viven las mujeres en Chile y abocarnos a la implementación de medidas concretas y efectivas para la defensa de los derechos de todas ellas.
Por eso, hemos estado trabajando durante largo tiempo en una agenda de género para terminar con las inequidades que dicen relación con diferencias salariales -y la hemos votado favorablemente en este Parlamento- o para avanzar en medidas destinadas, fundamentalmente, a incorporar a las mujeres en las decisiones, por ejemplo, aprobando la ley de cuotas en política y promoviendo su integración en los directorios de empresas, particularmente, en las del IPSA, donde tienen una escasa participación, lo que, sin lugar a dudas, debe corregirse.
Por eso, en algunos órganos hemos promovido la paridad de género y hemos logrado avanzar en estos temas en el Consejo Nacional de Televisión, así como en otras áreas donde creemos que obviamente debemos resguardar y profundizar la defensa de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Pensamos que las brechas de género son un tema que hay que poner en discusión. Y los abusos en el trato también nos parecen de la mayor importancia. Pero una cosa muy, pero muy distinta es avanzar en este protocolo que, sin lugar a dudas, va a vulnerar los derechos fundamentalmente de los que están por nacer.
Y acá hay un tema en el que nosotros no transamos: el derecho a la vida. El derecho que legítimamente le cabe a una mujer de disponer de su propio cuerpo tiene un límite, y ese límite está dado por los derechos del que está por nacer, por el otro.
Los progresistas somos los que creemos que los derechos de una persona terminan donde comienzan los de otros. Quienes hablamos de establecer límites a nuestros derechos en los derechos de otro, pensamos que avanzar en la aprobación de este protocolo facultativo va en la dirección incorrecta.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Galilea.

El señor GALILEA.- Señor Presidente, yo no conocía la información que entregó el Senador Coloma en cuanto a que buena parte de la demora de Chile en aceptar este Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se debía a la opinión del exsenador Gabriel Valdés, en el sentido de que este Comité había que conocerlo, ver cómo funcionaba, saber qué es lo que decía en el tiempo, para decidir si nos embarcábamos o no nos embarcábamos en él.
La verdad de las cosas es que, a mi juicio, el temor del ex Senador Valdés se explicaba casi en el origen del Comité, porque de acuerdo a la normativa que lo creó, aquel existe simplemente para examinar los progresos realizados por los Estados respecto de la Convención. Es solo para eso: analizar los progresos que tendrían los distintos Estados respecto de la mejora en temas de discriminación hacia las mujeres.
Pero el protocolo, en su artículo 1, ya altera lo que decía la propia Convención, y establece que su labor va a ser "recibir y considerar las comunicaciones" de los Estados respecto de denuncias en relación con discriminaciones contra la mujer, de acuerdo a una serie de características.
Por lo tanto, haber esperado nos permitió efectivamente conocer cuál era la dinámica, cuál era la agenda del Comité. Y este Comité ha marcado una pauta, claramente, mucho más allá de lo que dice la propia convención.
He revisado multitud de artículos de la convención que señalan cómo se debe mejorar la situación de la mujer, y no tengo objeción alguna respecto de lo que allí se establece. Básicamente, se trata de poner a la mujer en el mismo pie que los hombres en un montón de derechos en la vida civil, en la vida laboral, en la vida sexual, en fin. Creo no tener, por ahí, ningún tipo de diferencias. Pero resulta que el Comité ha ido mucho más allá: ha sido interpretativo, ha promovido agendas particulares que no están recogidas en la convención y que, a mi juicio, Chile no tiene por qué recoger.
En nuestro país no hay suficiente unanimidad o convencimiento de parte importante de la población respecto de temas que son bien relevantes. Aquí se ha hablado mucho del aborto, pero también de cómo se deben mirar las políticas de género, en fin. Tenemos todavía muchas discrepancias profundas, que solo el tiempo puede ir, de alguna manera, matizando.
Por lo tanto, a mi juicio, lo prudente es atender a aquello que decía el exsenador Gabriel Valdés: "En este momento no están las cosas para suscribir este protocolo".
Y, ¡ojo!, el Gobierno ha señalado: "No. Nosotros vamos a hacer una declaración interpretativa". Pero en el derecho internacional la declaración interpretativa se considera equivalente a las reservas. Y las reservas expresamente no están permitidas en este protocolo.
Por consiguiente, me parece completamente inoficioso que el Gobierno se embarque en una cuestión así. Si tiene diferencias importantes, lo lógico es simplemente no suscribir el protocolo. Punto. Porque hacer una cuestión solo como saludo a la bandera, que no va a tener ningún efecto jurídico, la verdad es que no tiene mayor sentido.
Lo que dispone el artículo 10 del Protocolo respecto a la posibilidad de que las partes no reconozcan la competencia del Comité (artículos 8 y 9) la verdad es que no tiene nada que ver con una reserva ni tampoco con una declaración interpretativa. En la práctica, si uno hiciera eso, estaría desconociendo completamente el Protocolo Cedaw.
Así que, señor Presidente, sinceramente creo que esto no debe ser aprobado, dado que el Comité ha ido mucho más allá de las obligaciones y de los derechos que la propia Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, cuatro mujeres del colectivo "Lastesis" (Daffne Valdés, Paula Cometa, Lea Cáceres, Sibila Sotomayor) nos han dicho en Chile y en el mundo: "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía".
Hago mención al colectivo "Lastesis" porque creo que nos han enfrentado con una realidad que durante muchos años han vivido, han padecido mujeres en nuestro país y en el mundo.
Y después de dieciocho años -¡dieciocho años!-, por culpa de muchos de nosotros y también de muchos hoy en día, estar recién aprobando este protocolo facultativo es una muestra más de cómo los temas de la mujer van quedando siempre -¡siempre!- olvidados.
A mi juicio, darle vueltas a esto no tiene mucho sentido.
El pleno desarrollo y adelanto de la mujer; la igualdad de facto entre hombres y mujeres; la modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres; la supresión de todas las formas de trata y explotación en la prostitución de las mujeres; la eliminación de la discriminación contra la mujer en la vida política y pública; la promoción de la participación de la mujer en la esfera internacional; la no discriminación en cuanto a la nacionalidad; la igualdad de derechos en el ámbito de la educación, del empleo, de la atención médica, de todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y la promoción de la mujer en el mundo rural son parte de lo que discutimos hoy día.
En el sistema de tratados de Naciones Unidas -lo han explicado otros colegas mucho más expertos que yo- existen dos tipos de protocolos facultativos: los que se refieren a un área sustantiva nueva que no fue incluida en el texto original de un tratado y los que se refieren a aspectos de procedimiento que pueden afectar la manera en que un tratado funciona o se aplica.
Sobre esto último discutimos hoy día.
Creo, señor Presidente, que estas cuatro mujeres del colectivo "Lastesis" nos han enfrentado a una realidad que ¡por Dios que ha costado que salga a la luz!: una igualdad de trato de hombres y mujeres que no hemos tenido.
Creo que ellas merecen nuestro reconocimiento. Por ello, aprobar esto en nombre de ellas constituye un paso más que dignifica a las mujeres en Chile y en el mundo.
Gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Ricardo Lagos.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, como suele ocurrir a veces, no iba a intervenir y no porque la materia no fuera importante. De hecho, la voté favorablemente en la Comisión de Relaciones Exteriores, en donde expresamos nuestra opinión.
Pero, si me permite, y sin ánimo de generar una polémica y tratando de encontrar las palabras más adecuadas, quiero decir que he escuchado el debate sobre este proyecto, cuyo objetivo es reconocer la competencia del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, para conocer las denuncias presentadas por personas o grupos de personas, sujetos a la jurisdicción del Estado Parte, que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
Ese es el objetivo.
Además, el protocolo facultativo no es obligatorio para los Estados. Derechamente, no les genera una obligación.
Y digo que iba a guardar mis palabras, porque el debate -y lo señalo con respeto, por lo que ha ocurrido en las calles durante las últimas seis semanas- ha sido lo más parecido que he escuchado a "volver a la normalidad".
En efecto, hay un sector -en el que me incorporo- que cree que esta legislación internacional va generando condiciones para poner en el tapete temas importantes, como es la discriminación y violencia contra las mujeres; y nos permite ir exigiendo a nuestras instituciones públicas una preocupación sobre esta materia y así ir generando conciencia.
Pero existe un sector que tal vez ve eso, pero ve otra parte: que este instrumento nos va a generar dificultades; que va a obligar a Chile; que le va dar herramientas tal vez a parte de la ciudadanía chilena o del extranjero para involucrarse en nuestros asuntos de manera incorrecta o no adecuada; que va a desnaturalizar la forma en que los chilenos debemos abordar los temas.
Créanme que esto es lo más parecido a "volver a la normalidad" que he escuchado en temas de derechos individuales, de derechos humanos, de soberanía, al final. Porque ha habido un sector en Chile que históricamente ha tenido recelos de las jurisdicciones internacionales, de descansar en instrumentos colectivos que nos ayudan a ordenarnos en la relación con el mundo.
Algunos instrumentos son obligatorios para los Estados, como la Convención sobre Derechos Humanos. Y Chile asume esos compromisos.
Nuestro país asume compromisos en muchas áreas internacionales, pero hay algunas de ellas en que un sector de la sociedad chilena, representado en este Parlamento, es refractario.
Yo entiendo que para ordenarme internacionalmente tengo que asumir compromisos. Y puedo tener derechos y obligaciones. Entonces, así lo hago en Naciones Unidas; así lo hago en temas sobre la protección de las migraciones; así lo hago en materias económico comerciales. En todos esos ámbitos uno pone soberanía sobre la mesa. En los tratados que firmo con mis países vecinos, ¡pongo soberanía arriba de la mesa!
Por lo tanto, siento que esta discusión fue un baño de volver al pasado, en circunstancias de que, producto de todo lo que hemos visto estas seis semanas, en algunas áreas parece que se avanza, y se dice "¡Oh! Hay que hacer un cambio en la Constitución. ¡Oh! Vamos a tener que hacer un sistema tributario distinto del que venía", y puedo seguir con los "Oh".
Entonces, siento que en esta materia habría esperado algunas prevenciones, pero no esa posición que nos retrotrae a un sector que ha estado anclado con mucha dificultad para poder progresar.
Créanme que si eliminamos ciertas palabras claves y las reemplazamos por otras, es como escuchar la discusión sobre divorcio en Chile; sobre terminar con la odiosa discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos; sobre determinar los derechos reproductivos de la mujer; en definitiva, sobre determinar una serie de temas que uno creía que estaban superados, pero la verdad es que cuesta.
Afortunadamente, nuestro país y la sociedad avanzan en una dirección y hay algunos que llegan dos o tres días más tarde y se suben al carro. Otros también nos equivocamos. En este sentido, no tengo ninguna superioridad; ¡ninguna! Pero siento que avanzo en conjunto con la sociedad chilena en esto.
¡Pero no hay tal cosa como volver a la normalidad de aquí en adelante, en todo caso...!
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La señora ARAVENA.- Señor Presidente, yo, siendo parte de la Comisión de la Mujer y creyendo firmemente que el país ha avanzado mucho y que, por supuesto, nos queda mucho por avanzar, tampoco iba a hablar.
Sin embargo, escuchando al Senador que me antecedió, considero que justamente volvemos a la normalidad porque hay que entender que en nuestro país, por suerte, estamos en democracia. Y cada uno de estos sectores y de estos sillones que hoy nos respaldan representan, efectivamente, opiniones diversas de un país diferente, que tiene algunas posturas más valóricas, sobre todo en lo relacionado con el aborto y con ciertas situaciones que para el mundo creyente, en otras palabras, son importantes.
Y en un país democrático es muy bueno que exista la posibilidad de representar a cada uno de estos sectores que no son ni buenos ni malos, ni anticuados o no anticuados. Simplemente son pensamientos distintos para mirar la vida, el país y la legislación.
En tal sentido, nosotros somos parte de la Cedaw. Eso ha permitido -hay que reconocerlo- muchos avances legislativos. Y, sin duda, seguiremos en esa línea. Creo que hemos ido aportando, en la Comisión a la cual pertenecemos, un trabajo serio y ordenado respecto a los importantes derechos de las mujeres que todavía se vulneran.
Pero el Protocolo de la Cedaw, que hoy nos invitan a firmar, también tiene de luz y de sombra. En este sentido, y lo explicaré brevemente, es importante saber que respecto a cada país y legislación se han producido casos emblemáticos en que estos llamados Comités para la interpretación de los tratados no han respetado las decisiones internas de los países.
Incluso, en una oportunidad el Presidente del Comité, Fabián Salvioli, estableció expresamente, en la sesión 114 del Comité, que los que tenían la palabra final sobre cómo se debía interpretar el Pacto eran los miembros del Comité y nos los Estados parte. En este sentido, cabe destacar que en el año 2001 el Comité de Derechos Humanos decidió que podía examinar el historial de derechos civiles y políticos de un país aunque este no presentara su informe, o incluso, sin la presencia de la delegación.
Lo anterior generó un descontento en la mayoría de los miembros de la comunidad internacional. Así, el año 2012, con 85 votos a favor, cero votos en contra y 66 abstenciones, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la resolución 66/254 con el objeto de regular y fortalecer el funcionamiento adecuado de los distintos Comités de derechos humanos.
Actualmente estamos en una situación muy difícil. Pero lo más importante es que el Senado represente la opinión de este Chile diverso. Claramente, y lo puedo manifestar acá, hay personas, como yo, que sienten en peligro este tipo de tratados cuando desde el exterior nos dicen que debemos legislar sobre materias que probablemente algún día se vuelvan a tocar, como es el caso del aborto.
Pero hoy el aborto libre no es legal en Chile. En consecuencia, me parece que no es conveniente que un organismo externo nos indique lo que tenemos o no tenemos que hacer, porque para eso existe la democracia, hay representantes de cada uno de los diferentes sectores de este país. Y eso se debe respetar.
En consecuencia, voto en contra del Protocolo, independiente de que crea profundamente en los derechos de las mujeres y que siempre los voy a defender. Pero el que votemos "no" a este Protocolo no significa que pensemos que las mujeres no tienen derechos.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (23 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones), y queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Elizalde, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Moreira, Pérez Varela, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron los señores Allamand, Ossandón y Prohens.

--(Aplausos en la Sala).
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía y certificado de la Comisión de Hacienda, ambos recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (boletines Nos 12.471-08 y 12.567-08, refundidos) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.



REBAJA DE RENTABILIDAD Y PERFECCIONAMIENTO DE PROCESO TARIFARIO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, con segundo informe de la Comisión de Minería y Energía y certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.567-08 y 12.471-08, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 47ª, en 10 de septiembre de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Minería y Energía: sesión 67ª, en 11 de noviembre de 2019.
Minería y Energía: sesión 79ª, en 3 de diciembre de 2019.
Hacienda (certificado): sesión 79ª, en 3 de diciembre de 2019.
Discusión: sesión 68ª, en 13 de noviembre de 2019 (se aprueba en general).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 13 de noviembre de 2019 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Minería y Energía y con certificado de la Comisión de Hacienda.
La Comisión de Minería y Energía deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos transitorios primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Asimismo, deben darse por aprobados los números 1, 2 nuevo (que pasó a ser 3), 7 (que pasó ser 8), 8 (que pasó a ser 9), 9 (que pasó a ser 10) y 10 (que pasó a ser 11), todos numerales del artículo único de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificaciones en el segundo informe de la Comisión de Minería y Energía.
--Conforme al Reglamento, se dan por aprobados.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- La Comisión de Minería y Energía efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, con excepción de tres de ellas, que fueron aprobadas solo por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y en votación oportunamente.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y no introdujo modificaciones respecto del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Minería y Energía en su segundo informe.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor Senador manifiesten su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas.
Finalmente, se ha solicitado votación separada del número 2, nuevo, incorporado por la Comisión de Minería, del artículo único de la iniciativa, el cual se encuentra contenido en la página 5 del comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Secretario.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Harboe para un asunto de reglamento.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, pido que se recabe la autorización de la Sala para ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (boletín N° 12.699-07). Hay que hacer un conjunto de observaciones. Solicito que se fije como nuevo plazo el viernes 13 de diciembre.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición.
Acordado.
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El señor HARBOE.- En segundo término, señor Presidente, en cuanto al proyecto en análisis, planteo la posibilidad de que se abra la votación respecto de todo el texto con excepción de la norma acerca de la cual se ha pedido votación separada.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador García.

El señor GARCÍA.- Señor Presidente, solicito que se recabe la unanimidad de la Sala para que ingrese, acompañando al Ministro de Energía subrogante, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, don José Venegas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador señor Elizalde, Presidente de la Comisión de Minería y Energía.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, voy a informar brevemente acerca del proyecto de ley en análisis, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (boletines Nos 12.567-08 y 12.471-08, refundidos).
El objetivo de este proyecto es revisar la rentabilidad de las empresas y los procedimientos de determinación de costos de los prestadores del servicio de distribución eléctrica. Si bien no disminuirá significativamente la tarifa, sí lo hará la rentabilidad de las empresas distribuidoras eléctricas (600 mil millones de pesos aproximadamente en los próximos cuatro años), sin afectar la seguridad del servicio.
Entre las modificaciones a la ley actual se encuentra el reemplazo de la tasa de costo de capital fijo de 10 por ciento utilizada en el proceso de valorización por un cálculo de tasa; la modificación de la forma de resolver las discrepancias entre el regulador y las empresas, eliminando el sistema de ponderación de costos; y mejoras en la definición de las áreas típicas para reflejar adecuadamente las condiciones particulares de cada empresa. Asimismo, existe un compromiso para abordar a la brevedad en otro proyecto de ley los demás aspectos relacionados con el servicio de distribución eléctrica.
Las modificaciones introducidas por la Comisión de Minería y Energía son básicamente las siguientes.
La referida instancia acordó aprobar la presente iniciativa de ley sobre la base de un protocolo suscrito entre el Ejecutivo y los integrantes de la Comisión, en el cual el Gobierno asumió diferentes compromisos en materias relativas a horas punta, límite de invierno, alumbrado público, sistemas medianos y aislados, subsidio eléctrico, régimen de potencia y "Ley larga de distribución y comercialización eléctrica" (incorporación de competencia, revisión del esquema de empresa modelo, consideración de estándares de seguridad y calidad de servicios y mejoras en los sistemas de información y transparencia).
Así, en el contexto de la discusión particular, se introdujeron modificaciones para reducir la exigencia de potencia conectada del usuario final de 500 a 300 kilowatts, con el objeto de que más usuarios tengan la opción de pasar de cliente regulado a cliente libre (es precisamente sobre este aspecto que se ha pedido votación separada). Esto beneficia especialmente a municipios y pymes.
Igualmente, se incorporan mayores exigencias para que en la estructuración de las tarifas se reflejen los costos que dan origen al valor agregado de distribución, otorgando opción a presentar observaciones.
También se estableció una banda para que la tasa de rentabilidad económica, después de impuestos, no difiera en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa de actualización definida en la ley.
Finalmente, se consultaron tres disposiciones transitorias nuevas, relativas al alcance de la exigencia de contar con un giro exclusivo y contabilidad separada, a mantener en pesos los niveles de precios asociados al valor agregado de distribución y a la obligación de la Comisión Nacional de Energía de informar al Senado y a la Cámara de Diputados sobre el total de recursos que las empresas distribuidoras dejaron de percibir por concepto de rentabilidad, con respecto a la tasa actual de 10 por ciento, antes de impuestos, que es la vigente y que se modifica conforme a esta disposición legal.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Está acordada la apertura de la votación, que se efectuará luego de que intervenga el Ministro.
Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor LÓPEZ (Ministro de Energía subrogante).- Señor Presidente, efectivamente, hoy día analizamos un proyecto de ley muy relevante para el sector energético. La iniciativa busca rebajar la rentabilidad de las empresas de distribución y perfeccionar el proceso tarifario de distribución eléctrica.
Este proyecto nace de un mensaje presidencial, el que posteriormente fue refundido con una moción de un grupo transversal de Diputados. Tuvo una tramitación bastante discutida, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la cual fue bastante provechosa.
La iniciativa se centra principalmente en cuatro grandes temas.
El primero -como bien señalaba el Senador Elizalde- apunta a la rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica.
El segundo punto versa respecto de ciertos perfeccionamientos que se introducen al proceso tarifario, principalmente en lo relativo a la ponderación y la realización de los estudios tarifarios que debe efectuar la Comisión Nacional de Energía.
El tercero se refiere a la modificación de la definición de "áreas típicas" que hoy día se utiliza para el proceso de fijación tarifaria. Se le introducen ciertas enmiendas a fin de que pueda ser más representativa y tener así mayor cantidad de áreas típicas.
Y, por último, aborda lo relacionado con el giro único y la contabilidad separada de las empresas, para que haya una mejor revisión y control de la rentabilidad de las empresas.
Gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.
En votación, en los términos ya acordados.
--(Durante la votación).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.

El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la crisis social y política que atraviesa el país demanda reformas estructurales en los más diversos ámbitos que impactan la vida de los chilenos, entre otros, en la regulación de los servicios básicos, como agua potable y energía eléctrica.
La ciudadanía reclama servicios oportunos y de calidad a un precio justo y un rol más activo del Estado, en especial en cuanto a su papel fiscalizador.
Este proyecto es anterior al estallido de la crisis y, por lo tanto, no aborda en profundidad los diversos problemas de la distribución eléctrica.
El Gobierno ha concurrido a firmar un protocolo para su aprobación en el que se compromete a presentar en un breve plazo una "Ley larga" que efectivamente considere el conjunto de materias que es necesario revisar.
Las rentabilidades de las empresas concesionarias son solo parte del problema. Las inversiones necesarias para asegurar la continuidad del servicio, el modelo de fijación de tarifas, el rol de la Superintendencia y de la Comisión Nacional de Energía son parte de esta agenda inmediata, así como lo ha sido la diversificación de nuestra matriz energética, teniendo presente los desafíos del cambio climático.
En consecuencia, hay que explicar muy bien a la gente de qué se trata esto: ¡Este proyecto no resuelve de manera estructural los principales problemas que advierte en el servicio y en las tarifas!
El Gobierno ha asumido el compromiso -como dije- de enviar prontamente un proyecto que, espero, esté a la altura de la magnitud y profundidad de la crisis que estamos viviendo.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de dar la palabra al próximo inscrito, debo informar que se ha solicitado reunión de Comités sin suspender la sesión.

El señor LAGOS.- ¿Qué pasó, señor Presidente? Estamos en votación.

El señor ELIZALDE.- Tiene que terminar primero la votación.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Así es, señores Senadores, estamos en votación.
Tiene la palabra el Senador García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, ¿se está votando todo lo aprobado por la Comisión? Lo consulto porque hay normas que se dan por aprobadas.
¿Qué se está votando en este instante? Lo pregunto dado que hay una solicitud de votación separada y también algunas indicaciones.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para explicar qué se está votando.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- Señores Senadores, se están votando todas las enmiendas unánimes, más aquellas que fueron aprobadas por mayoría en la Comisión, es decir, todas en conjunto. Solamente se ha pedido votación separada respecto del nuevo número 2 del artículo único.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señor Secretario.
Es muy importante aclarar lo que se está votando.
Señor Presidente, en primer lugar, valoro el esfuerzo y el trabajo que realizó nuestra Comisión.
Cuando analizamos la situación relativa al alza de las tarifas eléctricas que venía, le señalamos en su momento al Ministro Juan Carlos Jobet que debíamos buscar una salida para ello, porque en algunas regiones subían hasta en un 16 por ciento, concretamente en el caso de Antofagasta. Y para qué decir en otras: 8, 9, 10, 12 por ciento.
En segundo término, señor Presidente, es pertinente señalar que planteamos una serie de inquietudes. Por ejemplo, la situación de los clientes libres y lo que podía ocurrir con la Ley de Equidad Tarifaria. Y, en general, le hicimos ver nuestra preocupación respecto de una "Ley larga" que se anunció hace mucho tiempo y que es fundamental para el cambio de estructura y para introducir, ojalá de la mejor manera posible, competencia en el sistema de distribución eléctrica.
A ese respecto, quiero valorar la decisión que tomó el Presidente de la República de escuchar a esta Comisión en lo concerniente al congelamiento de las tarifas eléctricas. Tanto es así que votamos ese proyecto en esta Sala y hoy día va a ser ley de la república, a lo menos hasta fines del próximo año.
En tercer lugar, es preciso destacar que la presente iniciativa va a significar que la rentabilidad de 10 por ciento que hoy día tienen aseguradas las empresas distribuidoras va a bajar a un 6 por ciento y no será más del 8 por ciento después de impuestos.
Y en tal sentido, señor Presidente, el Ejecutivo también se comprometió a presentar, a más tardar en marzo del próximo año, el proyecto de "Ley larga". Sin duda, estábamos muy preocupados de no darle premura a este tema, pues ello podía significar, posiblemente, que pasara este Gobierno y no tuviéramos esa normativa. Sin embargo, el protocolo acordado con el Ejecutivo contiene una serie de materias importantes con el fin de avanzar en lo que nosotros le solicitamos en forma unánime.
Respecto de las horas punta, creemos que uno de los problemas complejos que hoy día existen dice relación fundamentalmente con los APR, que deben funcionar a diésel en dicho horario, al igual que el sector agrícola y otros que no pueden utilizar las condiciones nocturnas para regar y ocupar la menor cantidad de agua posible para ello.
En general, solicitamos que se hiciera un estudio completo sobre la materia y de hecho ya se han reducido en 20 por ciento las horas punta a partir de marzo del próximo año, sin perjuicio de que estamos solicitando un reestudio con el fin de que sea no solo a partir de marzo, sino también de abril. Esperamos tener respuesta.
Nuestra segunda solicitud dice relación con el límite de invierno. Muchas personas ven que sus tarifas suben fuertemente con este famoso recargo que viene desde hace prácticamente treinta años, sin que haya sido reevaluado y sin que se hayan hecho estudios concretos al respecto. El Ejecutivo también se comprometió a analizar esta situación.
Con respecto a los sistemas de alumbrado público, cabe destacar que las municipalidades muchas veces pagan cuentas distintas y, sin embargo, no pueden actuar como clientes libres. La idea es, justamente, que esos medidores se sumen y aquellas puedan llegar a tal categoría.
Asimismo, le hemos planteado al Ejecutivo que, así como en el agua potable existe la posibilidad de entregar un subsidio, también la haya en este ámbito para las personas más vulnerables con el fin de que puedan tener una mejor calidad de vida. El sistema eléctrico no puede estar ajeno a ello.
Por último, señor Presidente...

El señor QUINTANA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¿Es posible un minuto más, señor Presidente?

El señor QUINTANA (Presidente).- Puede terminar.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Por último, el sistema de régimen de potencia es otro de los aspectos que afectan y, en tal sentido, considero importante que se haga un estudio completo sobre el particular con el fin de llegar a los mejores acuerdos antes de la discusión de la "Ley larga", puesto que muchas de estas materias no corresponden a normas legales, sino a resoluciones que puede determinar la Comisión Nacional de Energía.
Por todo lo anterior, señor Presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto, con una sola prevención. Si no nos apuramos con esta iniciativa, podríamos llegar tarde a la próxima decisión tarifaria de las distribuidoras, lo cual significaría mantener la rentabilidad de estas empresas por cuatro años más. Por ello, es indispensable acelerar su despacho para que ojalá mañana sea vista por la Cámara de Diputados.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Ricardo Lagos Weber.

El señor LAGOS.- Señor Presidente, pedí la palabra para puntualizar que voté favorablemente el proyecto en general, aunque me abstuve en la Comisión de Hacienda, y soy el único solicitante de la votación separada.
Voy a ser muy breve.
Se presentó una indicación para rebajar de 500 a 300 kilowatts el límite para que los clientes regulados pudieran optar a contratos de energía libre. No quiero entrar en el detalle, sino solamente precisar que esto no era parte del proyecto original.
Ello ha suscitado cierto interés y preocupación en algunos sectores económicos -pequeñas industrias vinculadas, básicamente, entiendo yo, a las energías renovables-, que han planteado reparos. Y esta información se halla a disposición de todas las señoras y señores Senadores, porque entiendo que todos fueron contactados para estos efectos.
¿Por qué pedí votación separada? Porque no tengo un juicio formado sobre lo que se está planteando. Preguntado el Ministro subrogante en la Comisión de Hacienda si aquello era parte del proyecto original, señaló que no. Le pregunté si el proyecto se desnaturalizaba con su rechazo y me respondió también que no. Más aún, entiendo que existe disposición para incorporar el tema en la llamada "Ley larga", como parte del compromiso o protocolo para tratar distintos asuntos pendientes a partir de marzo.
Por lo tanto, mi solicitud de votación separada tiene ese razonamiento y ese predicamento.
Yo voy a votar en contra de la indicación, pues considero que falta una discusión más acabada sobre la materia. El proyecto llegó con "discusión inmediata" a la Comisión de Hacienda y recién ayer en la tarde nos pidieron tratarlo, por lo que lo incorporamos sobre tabla y lo vimos en una sesión que se realizó de 15 a 16 horas. En consecuencia, mal podría uno formarse una opinión definitiva acerca de esa parte del proyecto cuando ella ha generado algo de ruido. Tampoco tuvimos mucho tiempo para analizar el resto, pero fue revisado por la Comisión técnica, que se tomó el tiempo adecuado para ello.
Desde ese punto de vista, yo no voy a ser un obstáculo, pero me pareció prudente pedir votación separada respecto del tema que se aborda en la indicación y que no forma parte de las ideas matrices de la iniciativa.Eso es lo que quería plantear, señor Presidente.
Muchas gracias.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Tenía bastante que decir el Senador Lagos Weber...!
Enseguida, puede intervenir la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el Ministerio de Energía presentó para su tramitación la llamada "Ley corta" el 17 de abril del presente año. Este proyecto fue refundido, tal como lo ha indicado el propio Ministro subrogante, con mociones parlamentarias, y fue despachado de la Cámara de Diputados, en el primer trámite, el 4 de septiembre, es decir, luego de casi cinco meses, para continuar su segundo trámite constitucional en el Senado.
Su origen se encuentra en el compromiso contraído con la anterior Ministra de Energía en orden a enviar al Congreso una iniciativa de ley que permitiera reformar el sector de distribución eléctrica para introducir mayor competencia, reducir las tarifas y mejorar la calidad del servicio de distribución, pendiente luego de la reforma realizada al sector de generación entre los años 2014 y 2018, y exigido por los mismos Senadores integrantes de la Comisión de Minería y Energía luego de la polémica suscitada por la llamada "Ley de medidores".
El 10 de septiembre fue recibido por la Sala del Senado y enviado a dicha Comisión, que lo puso en tabla, para la presentación del Ejecutivo, al día siguiente de ese mes.
En dicha oportunidad, el Gobierno presentó, como objetivo central del proyecto, la rebaja de las tarifas a los clientes o usuarios y señaló que, por los plazos legales involucrados, era necesario que fuera tramitado a la brevedad.
A raíz de la preocupación manifestada por el Senador Lagos Weber, Presidente de la Comisión de Hacienda, quien manifestó que este organismo solo pudo conocer y votar la iniciativa en el día de hoy, debo manifestar que nosotros tenemos una opinión muy similar.
En una sola sesión, realizada el 25 de septiembre del año en curso, la Comisión de Minería y Energía escuchó la opinión de académicos, de representantes de la industria y de Conadecus.
¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión?
Que la rebaja que produce el proyecto en las cuentas del tipo de clientes regulados se sitúa entre los 300 y los 400 pesos mensuales, esto es, en torno al 3 por ciento de las cuentas eléctricas de los hogares.
Por ello, tal como ya lo señalaron otros Senadores integrantes de la referida Comisión, nos pareció que un proyecto que rebaja las cuentas de la luz en tan solo un 3 por ciento, a sabiendas de que ellas iban a subir en más de un 16 por ciento, no está a la altura de las expectativas de la ciudadanía y menos de este Senado.
La iniciativa, además, no abordaba aspectos estructurales de una reforma al sector de la distribución. El Gobierno proponía que ellos fueran incorporados en una "Ley larga" que eventualmente sería enviada a tramitación en el mes de marzo del año 2020.
En opinión de algunos académicos, como el profesor Humberto Verdejo, jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, el proyecto, aparte de producir una rebaja muy marginal en las tarifas, ponía en riesgo la ya cuestionable calidad del servicio que brindan las empresas distribuidoras, pues afectaría los niveles de inversión de las mismas.
Pero lo que nos parece más destacable es la opinión de la Conadecus, que señaló que este proyecto de ley era un engaño para los consumidores y que no abordaba ningún aspecto relevante de las materias demandadas por la ciudadanía.
Con posterioridad, la iniciativa volvió a verse, solo para su aprobación general, en la sesión del 6 de noviembre.
Lo digo, señor Presidente, y entrego este detalle en esta sesión, porque nos parece necesario revisar la manera como se legislan leyes que, por muy cortas que sean, resultan complejas y requieren de mayor análisis.
Lo digo también porque esta misma lógica de legislar con celeridad y prontitud la vimos a propósito del proyecto de ley sobre estabilización de precios, el cual fue tramitado en una sesión, sin todos los antecedentes y además con cálculos errados. En efecto, en esa oportunidad el dólar fue calculado entre 700 y 720 pesos y hoy tenemos un valor muy superior. Por lo tanto, no hay certeza de que esta promesa de estabilizar las cuentas se pueda cumplir.
Aun así, debo señalar que logramos avanzar en algunas indicaciones y en un protocolo de acuerdo cuyo cumplimiento tengo la esperanza de que el Gobierno haga efectivo. Este aborda elementos indispensables para la legislación sobre generación, distribución y comercialización eléctrica que permitan mejorar los estándares de calidad, precio y seguridad.
Le pido dos minutos más, señor Presidente, para terminar.

La señora RINCÓN.- Dele mi tiempo, señor Presidente.

El señor NAVARRO.- Y el mío.

El señor QUINTANA (Presidente).- Dispone de un minuto adicional, señora Senadora.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el protocolo aborda siete aspectos fundamentales: horario punta; límite de invierno; alumbrado público para los municipios; sistemas medianos y aislados; subsidio eléctrico; régimen de la potencia, y "Ley larga de distribución".
Quiero referirme, finalmente, a la indicación aprobada en la Comisión de Minería y Energía, que rebaja el umbral para los clientes regulados, de manera que puedan optar -repito: puedan optar- por ser clientes libres, desde los 500 a los 300 kilowatts.
Esta indicación, tal como indicó el Senador Lagos Weber, ha generado alguna preocupación de "la industria". En mi opinión, permite situarnos en la posición que cada uno quiere apoyar y defender. A aquellos que quieren apoyar y defender a la industria una indicación como esta claramente les hace ruido; pero nosotros queremos colocarnos del lado de muchos microempresarios que hoy día no pueden negociar tarifas libres, como sí lo pueden hacer aquellos clientes que sobrepasan los 500 kilowatts.
Solo el 5 por ciento de los clientes regulados consumen entre 300 y 500 kilowatts. El precio libre está entre 30 y 40 ciento más bajo que el regulado.
El problema que plantean los net billing es que pasarse a cliente libre puede ser más ventajoso que la autogeneración, precisamente porque sería más barato, o sea, más beneficioso para los clientes.
El objetivo, entonces, es mejorar los incentivos para el net billing y no mantener como cautivos a los clientes regulados, que en este caso -reitero- corresponden solo al 5 por ciento y que en parte importante son municipios o pymes.
Finalmente, es optativo para los clientes, no una obligación, pasar de cliente regulado a libre. Por lo tanto, en la medida en que les sea conveniente, podrán solicitar su traslado.
Por lo mismo, votaré a favor no solo de la indicación, sino también del proyecto.

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que pueda presidir la sesión en unos momentos más la Senadora Adriana Muñoz D'Albora?

El señor COLOMA.- Sí.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias.
Voy a citar ahora a reunión de Comités, sin suspender la Sala, con el objeto de que así alcancemos a ver otro proyecto más.
En el que nos ocupa solo queda por intervenir el Senador Elizalde.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Muñoz.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Elizalde.

El señor ELIZALDE.- Señora Presidenta, este proyecto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que se han impulsado en el último tiempo por parte del Ejecutivo. La primera es la que congela el alza de tarifas y lleva a valor presente la rebaja en la generación, significativa pero que no se estaba expresando en las tarifas, además de otros proyectos que se van a ingresar posteriormente, el más importante de los cuales es la "Ley larga", la que, de acuerdo al protocolo suscrito con el Gobierno, debiera presentarse a más tardar el 1° de marzo para permitir abordar, efectivamente, los temas estructurales de la distribución y, por cierto, incorporar mayor competitividad, mayor competencia al sistema, y generar mayores estándares de calidad con menores precios. Evidentemente, ese es un debate fundamental, que debe desarrollarse con celeridad, pero también con acuciosidad para arribar a una buena ley.
Quiero destacar el protocolo que se firmó con el Gobierno, el cual incorpora una serie de aspectos que me parecen fundamentales:
-Primero, las horas punta, donde obviamente se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno, que todavía es insuficiente, por lo que se van a incorporar los análisis y estudios que hay en esta materia para mejorar la propuesta.
-El límite de invierno, donde también el Gobierno se ha comprometido a generar una propuesta para asegurar que este recargo no incremente de manera considerable las cuentas, principalmente de aquellas personas y familias vulnerables que utilizan electricidad para calefaccionar sus hogares. Esto es muy importante, además, para enfrentar el drama de la contaminación, porque todos sabemos que los mecanismos de calefacción que se utilizan en Chile no son los más limpios y estamos viendo situaciones dramáticas en muchas ciudades del país.
-Respecto al alumbrado público, se va a hacer una propuesta.
-En un marco similar al tema que se va a votar por separado, al cual me voy a referir posteriormente, se va a presentar en enero un proyecto relativo a los sistemas medianos y aislados.
-Asimismo, el Gobierno se ha comprometido a mejorar la protección de los clientes residenciales en un plazo no superior a 120 días, generando una propuesta que permita dictar un reglamento que haga operativo y aplicable este subsidio cuando se produzcan alzas superiores al 5 por ciento.
-Hay también materias referidas al régimen de potencia.
-Y la "Ley larga", a la cual ya he hecho referencia, va a abordar al menos la incorporación de competencia en la distribución y comercialización; la revisión del esquema de la empresa modelo; la consideración de estándares de seguridad y calidad de servicio en el nuevo modelo, y mejoras en los mecanismos de información y transparencia del sistema.
Con respecto a lo que se va a votar por separado, es bien importante precisar que en la actualidad los clientes de más de 5.000 kilowatts son libres, esto es, negocian directamente el precio con sus proveedores.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡500!

El señor SANDOVAL.- ¡500 kilowatts!

El señor ELIZALDE.- No, 5.000. Por favor, hay un error: no son 500; son 5.000.
Esos son libres. Bajo los 500 son regulados. Y los que están entre los 500 y los 5.000 son regulados pero pueden optar por ser libres. Y eso, efectivamente, les permite negociar un mejor precio.
Lo que se está planteando es rebajar ese margen a 300 kilowatts. Por tanto, no quedan desprotegidos; no pasan inmediatamente a ser libres, sino que pueden optar por ser libres.
La razón de esto obedece, básicamente, a un planteamiento que nos realizaron los municipios, que efectivamente tienen costos asociados al consumo eléctrico muy altos y que, a través de esta iniciativa, podrían contratar en mejores condiciones.
Pero lo importante de destacar aquí es que estos clientes no quedan en la desprotección y siguen estando protegidos si esa es su voluntad.
Sin embargo, la indicación ha sido necesaria porque, teóricamente, los clientes regulados están protegidos para pagar menos, pero en la actualidad están pagando mucho más, debido a que, si bien los costos de generación han bajado, como los contratos son de largo plazo, esos costos de generación más bajos no se han vinculado a la tarifa, salvo a través de un proyecto que aprobamos hace poco, que tiene una forma de compensación en el tiempo. En rigor, siempre pagan los clientes; lo que pasa es que no se alzan las tarifas ahora, pero después van a tener que pagar más. A través de este mecanismo lo que se pretende es que, negociando directamente, puedan pagar menos.
Y algo que es muy importante hacer presente, señora Presidenta -y le pido un minuto más, para concluir-, es que el objetivo fundamental de la "Ley larga", creo yo, entre muchos otros, es generar condiciones para que los clientes protegidos paguen menos. Porque es absurdo proteger a los clientes que no pueden contratar libremente y que, sin embargo, terminen pagando más. El sentido básico de la protección es que paguen menos, pero hoy, en los hechos, están pagando más.
Ese es el alcance de la indicación presentada por la Senadora Provoste, aprobada no unánimemente, sino por mayoría en la Comisión de Minería y Energía.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Terminada la votación.

--Se aprueban todas las enmiendas introducidas por la Comisión de Minería y Energía (36 votos a favor y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Montes.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor De Urresti.

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- A continuación, la Sala debe pronunciarse respecto de la solicitud de votación separada del número 2 del artículo único del proyecto, que busca reemplazar, en el literal d) del artículo 147 de la ley, el guarismo "500" por "300".
Está en la página 5 del comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Se ofrece la palabra.
Abriremos la votación.

El señor ELIZALDE.- ¿Votar que sí es aprobar la indicación?

El señor GUZMÁN (Secretario General).- No es una indicación, sino una petición de votación separada.
Votar que sí significa estar a favor del numeral 2 del artículo único, que sustituye, en el literal d) referido, el guarismo "500" por "300".

El señor ELIZALDE.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- ¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación el número 2 del artículo único.
--(Durante la votación).

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Senador Lagos Weber.

El señor LAGOS.- Seré bien breve, señora Presidenta. Solamente quiero reiterar el sentido de esta propuesta.
La indicación que generó esta enmienda no era parte del proyecto original y han surgido dudas respecto de los alcances de esta modificación, que fue aprobada.
No hago un juicio respecto al contenido del texto de esa indicación, porque no ha habido espacio para poder debatirla, al menos, en la Comisión de Hacienda, pues conocimos este proyecto hoy día a las 15:15 y lo despachamos a las 16 horas, junto con una serie de argumentos que nos hicieron llegar distintas organizaciones empresariales vinculadas al sector de la generación de energías renovables.
Entiendo que lo que se pone en cuestionamiento es que el contenido de tal indicación no era parte de las ideas matrices de la iniciativa, ya que se refiere a temas de generación eléctrica y no de distribución, que es lo que estamos discutiendo en este proyecto. Y eso me causa dudas.
Consultado el Ministro si con el rechazo de esta modificación se desnaturaliza la iniciativa, su respuesta categórica fue que no. Y así lo acaba de afirmar aquí, en la Sala, o por lo menos lo asintió con su cabeza.
Segundo, preguntado al Gobierno si habría patrocinado la indicación, la respuesta fue que no. Eso fue durante su discusión en la Comisión de Hacienda.
Tercero, existe un protocolo y un entendimiento entre parlamentarios, actores del sector y el Ministro en orden a que en marzo se va a presentar un proyecto integral de muy largo alcance en materia tarifaria y eléctrica (regulación). Tal vez esa sería la oportunidad de evaluar esta indicación que se presentó ahora.
Hago toda esta aclaración, porque hago fe en que el proyecto está bien encaminado en general, que fue lo que el Gobierno comprometió; pero hemos recibido todos los señores Senadores y las señoras Senadoras una comunicación señalando dudas respecto del alcance de la modificación referida. Por esa razón pedí votación separada, en el entendido de que se pueda discutir dicho asunto como corresponde a partir de marzo.
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.- Señora Presidenta, seré muy breve.
Yo pienso -no sé si esto va a ayudar o no- en la misma línea del Senador Lagos.

El señor PIZARRO.- ¡No ayuda para nada...!

El señor COLOMA.- También creo que no va a ayudar, pero debo decir la verdad.
A mi juicio, el contenido de esta enmienda es algo sumamente posible de discutir, y me parece razonable. Pero, primero, es inadmisible, porque este proyecto es sobre distribución de energía. Si ustedes ven su título, notarán que aborda una rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución. Ese es el objetivo. Fue bien explicado anteriormente y así lo votamos en general. Eso está bien.
Esta modificación no venía en el texto original. En forma legítima se incorporó mediante una indicación, pero se relaciona con generación eléctrica, que nada tiene que ver con la iniciativa. Por eso creo que existe una inadmisibilidad. Como hemos discutido otras veces, las ideas matrices deben tener un sentido.
Claramente, en materia de energía nosotros hemos distinguido en Chile la distribución, la transmisión y la generación. Ha sido un esfuerzo gigantesco abordar las lógicas diferenciadas. No son lo mismo, aunque antes se consideraba que sí. Parte de una sana competencia implicaba dividir esas tres áreas.
Entonces, si en una iniciativa de ley sobre distribución uno incorpora una indicación referida a generación, claramente existe una inconstitucionalidad, por estar fuera de la idea matriz.
Adicionalmente, tengo una duda respecto del efecto de dicha enmienda. Es cierto que puede producir una eventual, aunque muy discutible, baja en las tarifas de un tipo de cliente bien específico; pero también a todas luces va a causar -y esto en todo Chile- una afectación de lo que se llama la "generación ciudadana" o net billing, asunto que fue estudiado y pedido por este Congreso en la ley Nº 21.118, cuya idea era -así figura en toda la literatura- aprovechar los excedentes que alguien pudiera producir para incorporarlos a la red. Y con dicha modificación este proyecto -no es su objetivo- está desincentivando ese aprovechamiento de energía, que, de otra manera, no podría reconectarse a la red. Eso fue lo que nos explicaron detenidamente el día hoy.
Entonces, tenemos que resolver este tema.
Primero, plantea un problema de inadmisibilidad, porque lo propuesto escapa a la idea matriz de la iniciativa. La indicación no fue patrocinada por el Gobierno, y no estaba en su texto original. Fue una idea parlamentaria que, a mi juicio, debe valorarse e introducirse en el proyecto de ley sobre generación que veremos más adelante.
Respecto de su contenido -ahí está el punto de fondo-, es discutible. Algunos pueden estar a favor, ya que dicha enmienda puede generar una cierta rebaja. Pero claramente desincentiva la forma de invertir en este tipo de energía, lo que es muy importante. Por ejemplo, un hospital recibe energía y es cliente regulado, pero también reconecta energía de esa manera. Esto antes era un tanto automático. Cuando se le dé la opción de ser cliente libre, eso obviamente se va a perder.
Cabe tener presente que parte importante de todos estos emprendimientos, que son pequeñas empresas, justamente calcula el financiamiento en función de lo que daba el proyecto regulado. Sobre esto se hace el cálculo.
Entonces, si hoy día se dice: "Yo me salgo del sistema", en forma obvia el incentivo de invertir en net billing es muy inferior.
Señora Presidenta, es efectivo que esto no daña para nada el proyecto. Seguimos dentro del mismo marco. Pero sugerimos -y lo hacemos desde sectores políticos bien diferentes- que se discuta en la iniciativa sobre generación, en el caso mío, porque lo planteado es inadmisible y también porque es discutible el efecto práctico que produce.
Esas son las razones por las cuales proponemos esta fórmula de solución.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier.

El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, el problema que originó todos estos debates se relaciona con el modelo de negocios en el sector eléctrico, que se caracteriza por ser monopólico, particularmente, en la distribución. Por eso se establecen mecanismos especiales.
En segundo lugar, hay un alto costo, muy poca eficiencia, baja competencia -porque es un monopolio- y muy pocos incentivos a la inversión. Ese modelo de negocios es lo que nos ha llevado a plantear la reforma a la "Ley larga".
Pero, por la urgencia, ya se ha planteado el tema tarifario.
Con el Ministro se conversó en su oportunidad acerca de ir avanzando en la dirección de lo que iba a ser la "Ley larga", en lo cual entra lo relativo a las tarifas.
Cabe precisar que el costo de las tarifas no se debe solo a la distribución o a la generación. Un 70 por ciento es por generación, un 20 por ciento por transmisión y un 10 por ciento por distribución. Por lo tanto, el precio resulta de los tres aspectos, no solo de la generación, como fue el debate que se instaló aquí semanas atrás. Por eso, en rigor no hay congelamiento de las tarifas. Estas van a seguir subiendo.
Pero acá se presentaba la queja de los llamados "clientes regulados", a los que se supone que el proyecto de ley va a beneficiar.
Sin embargo, a raíz de los cambios importantes que se han hecho en el país en materia de generación y de costo en la producción de energía eléctrica para los clientes regulados, estos se encuentran amarrados con contratos de muy largo plazo. Eso significa que recién el 2025 estarían en pleno régimen las rebajas, mientras que los clientes libres ya negocian hoy.
Por consiguiente, muchos han considerado que los verdaderos clientes, que son los regulados, son los que están ayudando a sostener utilidades de las empresas en claro perjuicio del consumidor.
Por esa razón, se estimó necesario incluir en la discusión de este proyecto una indicación que otorgue un margen de posibilidad para que un cliente regulado se transforme en cliente libre a fin de que pueda negociar. Obviamente, una persona individual no podría. Pero a los municipios o a ciertas empresas (por ejemplo, los hospitales), sí les podría convenir, dado que recibirían un adelantamiento de los menores costos proyectados a partir del 2025.
Lo anterior, ¡si Dios se ampara del país!, porque todo es una hipótesis que hoy día está muy en el aire, por dispararse el precio del dólar y por un montón de otras razones. Por tanto, podríamos enfrentarnos el escenario de que el 2025 no haya rebaja.
Por esa razón, estimamos que era necesario adelantar la rebaja para los clientes. Así se presentó esta indicación en la Comisión, que presenta consecuencias favorables para muchos pequeños y medianos emprendimientos, para municipios, etcétera.
Esa es la fundamentación de la propuesta, que voy a apoyar, por cierto.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador José García.

El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, voy a votar en contra del número 2 del artículo único, básicamente por dos razones.
Primero, porque tengo dudas de su admisibilidad, como aquí se ha dicho. Pienso que esta materia debería ser abordada cuando analicemos la "Ley larga" sobre fijación de tarifas.
Y segundo -la principal razón-, porque la enmienda está formulada a la letra d) del numeral 4 del artículo 147 de la ley, que dice: "Cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500 kilowatts. En este caso, el usuario final tendrá derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre". Pero en su inciso segundo señala: "El Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.". ¡Ahí está la herramienta!
No necesitamos una norma especial para rebajar el límite. Si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estima que no están dadas las condiciones de mercado para garantizar que efectivamente se produzca un régimen de tarifa regulada o de precio libre, porque son pocos los clientes o por distintas situaciones de mercado, tiene la facultad para hacer la rebaja. Esa es la forma.
Entonces, quisiera pedir que se haga uso de tal atribución, mientras se tramita la "Ley larga" respectiva.
Finalmente, señora Presidenta, aprovechándome de esta situación, quiero referirme a otro punto.
En la Región de La Araucanía, más que el tema de la tarifa, que siempre aflige el bolsillo y el presupuesto de los hogares más vulnerables, el principal problema son los cortes de energía eléctrica sin aviso previo, los cuales a veces duran uno, dos, tres días. Ello impide el desarrollo de actividades productivas y turísticas, y deja a las familias y, sobre todo, a los emprendedores sin ninguna posibilidad de generar ingresos.
Aprovecho esta ocasión y la presencia del Ministro de Energía subrogante para pedir que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles se aplique en supervisar que las concesionarias cumplan con sus contratos y su obligación de entregar el servicio a la población.
No se remedia mucho con el hecho de que en esos días no se cobre la energía. ¡Claro que no pueden cobrar si no han prestado el servicio!
Se requiere un servicio seguro, eficiente, de calidad.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Ha pedido intervenir el señor Ministro.
Tiene la palabra.

El señor LÓPEZ (Ministro de Energía subrogante).- Gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer el apoyo a este proyecto de ley.
Respecto de lo señalado por el Senador García, hago presente que la "Ley larga", dentro de sus materias, contempla ver cómo incorporar competencias en el sector de distribución y, principalmente, materias que son tremendamente sensibles, como revisar las normas de calidad de servicio que hoy día tienen las empresas distribuidoras. También se analizarán los cargos por potencia, entre otros aspectos que fueron discutidos e incluidos en el protocolo.
Además, se establecen, dentro del próximo proceso tarifario, normas más exigentes respecto de la calidad del servicio.
Asimismo, prontamente esperamos ingresar un proyecto de ley para modernizar y modificar algunas competencias de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, justamente con el propósito de perfeccionar y mejorar la calidad de sus funciones fiscalizadoras.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Gracias, señor Ministro.
Ofrezco la palabra al Senador Alejandro García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, complementando lo relativo a la indicación, quiero informar que en la Comisión se solicitó su inadmisibilidad, pero se perdió la votación. Por eso llegó a la Sala.
En segundo lugar, me parece superrazonable, en general, la idea que propone. Incluso hay un proyecto que sugiere baja el límite a 100 kilowatts.
Pero el tema va más allá, porque luego surgió bastante información respecto de las perniciosas consecuencias ulteriores que podría significar este numeral 2 para las licitaciones que hoy día existen.
Con esa norma muchas de estas empresas podrían no hacer las inversiones, con lo cual toda la rebaja que esperamos podría no resultar.
Cuando se analizó este proyecto, que era distinto a lo que estamos revisando hoy, se habló de dejar en standby este punto, a la espera de la "Ley larga", y ver en su momento hasta qué rebaja podía llegar un cliente libre.
Ese fue el motivo.
Pero, en general, quiero recoger la preocupación de la Comisión, que fue unánimemente, y lo sigue siendo, en torno a tener ojalá el máximo posible de clientes libres.
Bien lo decía al Senador Guillier: hoy día si se es cliente libre, automáticamente viene un convenio con la generadora, y bajan inmediatamente las tarifas; a diferencia de los clientes regulados, que, a raíz de licitaciones a largo plazo, están amarrados con contratos hasta el término pactado.
Por eso digo, señora Presidenta, que la idea es superrazonable, pero muchas veces, por muy buenas intenciones que tengamos, es complicada su ejecución.
Al respecto, quiero consultarle bien al Ejecutivo qué podría significar esa rebaja.
Resolvimos dejar esta materia para analizarla más adelante, con el fin de no estar arriesgando una posible rebaja, al no existir las inversiones que ya están comprometidas en las licitaciones.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.

El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, se ha firmado un protocolo con el Gobierno.
Les pregunto a varios Senadores que fueron Diputados: ¿Cuántas veces los gobiernos cumplen estos acuerdos? ¿Cuántas veces los protocolo, firmados en ceremoniosas instancias, se concretan?
Se ha presentado una propuesta, a solicitud de los municipios, que busca establecer condiciones para que estos puedan rebajar sus tarifas, sus gastos, e inyectar, a través de este sistema, la energía que produzcan.
Ellos son grandes consumidores de energía. La cuenta por toda la red de alumbrado público en las ciudades pequeñas, medianas y grandes es cancelada por los municipios. Por tanto, hay un costo asociado enorme.
Permitir que las municipalidades se incorporen a este sistema parece deseable.
Se ha firmado un protocolo para abordar una "Ley larga" en marzo. ¡Muy bien!
Veamos cómo se comporta esta rebaja; veamos cómo funciona en la praxis, porque, desde la anterior ley, esto ha sido de dulce y de agraz. Es un proceso. No hay claridad absoluta acerca del comportamiento, por cuanto todos los clientes pequeños que se incorporan tienen distintos hábitos de consumo y muy distintos mecanismos o capacidades de generación.
Hay incertidumbre.
La distribución eléctrica sigue siendo un monopolio natural que hay que enfrentar. Se intervinieron la generación y la transmisión, pero la distribución sigue siendo un nudo, una barrera respecto de la rebaja de las tarifas. Y eso lo han dicho todos los Ministros de Energía. En la distribución eléctrica no hemos metido mano y concentra una elevadísima utilidad para las empresas monopólicas.
Uno no le compra energía a cualquiera, está obligado a conectarse a un solo proveedor en cada ciudad, dependiendo de su tamaño.
La norma planteada permite flexibilidad.
En los meses de enero o febrero vamos a ver si el Gobierno nos dice que en marzo va a proponer un nuevo proyecto de ley. Veamos cuál será el resultado luego de transcurridos esos dos meses.
La indicación busca establecer la entrada de nuevos actores. Algunos opinan que esto podría afectar a las empresas generadoras pequeñas o medianas, a las pymes que se estaban incorporando al sistema. Es observable la indicación, pero claramente hay que ver la praxis. Nadie tiene claridad absoluta, por ejemplo, sobre el comportamiento de los clientes, de los generadores domiciliarios ni tampoco de las pequeñas empresas. Todas ellas nos han hecho llegar una minuta respecto de los posibles impactos.
Yo quiero mayor competencia en el mercado; una mayor participación de los pequeños; que las tarifas bajen efectivamente, porque con el acuerdo anterior -digámoslo francamente- no bajaron, se trató de un crédito que nos otorgaron a partir del 2021 y hasta el 2027; es decir, cuando los contratos que firmó el ex Ministro don Máximo Pacheco entren en vigor en 2021, la energía no va a bajar su precio, se va a mantener, porque el alza la hemos contenido ahora con un traspaso: cuando hay una deuda se la traspasan al usuario y, al final, este la paga igual.
Eso es lo que ha habido, pero se lo presentan al usuario, al consumidor como una rebaja de la tarifa. ¡No es una rebaja de tarifa lo que nos dio la ley anterior! Este modelo busca implementar un mecanismo para permitir la entrada de los municipios, cuestión que hemos conversado con varios alcaldes. Pero la verdad es que la explicación del Gobierno ha sido: "Discutámosla en la `Ley larga'". ¡Muy bien!
Yo estoy por aprobar esta indicación. Veamos el comportamiento hasta el mes de marzo y hagamos una evaluación técnica. No es fácil este tema. Después podemos ver la "Ley larga", la definitiva, para precisar qué es lo mejor para los objetivos de fomentar la producción de energía limpia, de incorporar y favorecer el desarrollo de pequeñas empresas que compitan, que puedan generar 300 o más kilowatts, o 100 kilowatts, como señalaba la ley anterior.
Aquí hay una dificultad que no alcanzo a comprender plenamente: ¿Qué es mejor en un mercado donde se observa una alta concentración? Hay que abrirlo para que exista mayor competencia, pero, particularmente, para que opere un resguardo para los usuarios cuyas cuentas de luz se verán afectadas -como reconoció el Ministro en la Comisión de Economía- por el dólar. Tenemos un dólar sobre los 830 pesos y cada vez que sube se incrementan las tarifas. Estamos amarrados, indexados a esta divisa. Y ese mecanismo tiene que variar, pero desconozco si está en el protocolo.
Lo que está claro es que un mecanismo amarrado al dólar -con el precio que ha alcanzado esta moneda hoy día- va a afectar a las tarifas. Algunos dicen que no, que ya hay acuerdos hechos. Yo digo que si este mecanismo está amarrado el dólar, hoy o mañana las empresas no van a perder.
Por lo tanto, votaré a favor de la indicación. Y si en marzo revisamos y vemos cifras muy concretas, podremos hacer la variación necesaria.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.

La señora MUÑOZ (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, en lo que compete a la Comisión de Hacienda, ya discutimos este proyecto. Fundamentalmente, teníamos que ver el costo financiero que implicaría la contratación de profesionales, en fin. Pero, indudablemente, se discutió y analizó bastante el sentido de esta indicación.
Un colega planteó el tema de la constitucionalidad. Pero la verdad de las cosas es que esto se halla vinculado también a un debate que se dio respecto al planteamiento que se hizo llegar a los miembros de la Comisión por una serie de generadoras de energía que veían como un error esta disposición. Y eso, evidentemente, tiene que ver con la posibilidad de que dichas generadoras o tales instituciones pierdan a clientes que hoy día son regulados, que están en el rango de los 300 a 500 kilowatts.
Fue parte de la discusión (es una suposición, no se puede asegurar); pero, sin duda, cuando uno analiza en estricto rigor el sentido de la norma en votación, lo que ella establece es la rebaja del guarismo de 500 a 300, para que más clientes pequeños, como pymes, emprendimientos, hospitales, municipios -ya se dijo anteriormente acá- u otras instituciones, e incluso edificios, puedan acceder al beneficio. Entonces, yo pregunté qué tipos de clientes podrían optar a permanecer regulados o adquirir la condición de clientes libres, con lo cual puedan mejorar su condición negociadora para acceder a tarifas más bajas y, por tanto, a menores costos. Y este es el perfil de aquellos clientes.
Evidentemente, cuando se establece la rebaja de un guarismo, que representa un beneficio, no significa ningún costo para el Estado ni se altera absolutamente nada. Esto tiene que ver y forma parte del sistema tarifario. Como dijo el Senador Guillier tiene o lleva implícito lo que significa el tema de la generación, la transmisión y también la distribución.
Respecto a la alternativa que planteaba el Senador García, yo prefiero que quede explícitamente señalado en la norma que el guarismo se rebaja de 500 a 300. Porque el segundo inciso de la legislación vigente establece que el Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Es una opción: "podrá", no: "deberá", porque el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia puede determinar que no exista posibilidad de que los clientes tengan la opción de transformarse en clientes libres y salir de la condición de regulados.
De manera que, a mi juicio, el debate en específico de esta indicación tiene que ver con ampliar el universo de clientes libres que puedan negociar directamente con las distribuidoras. Y no veo dónde está la inconstitucionalidad, ni mucho menos. Me parece correcta la decisión que tomó la mayoría de la Comisión de Energía en el sentido de declarar que la disposición que se vota separadamente es perfectamente constitucional.
Así que, señor Presidente, yo por lo menos voy a apoyarla. Lamento que se haya configurado una mayoría en su contra; porque esto claramente va a perjudicar a pequeños empresarios, a municipios, a condominios, en fin, a una serie de instituciones que hoy día podrían acceder a la condición de clientes libres mejorando su situación tarifaria y rebajando costos.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- Resultado de la votación: por la aprobación del número 2 del artículo único del proyecto, 12 votos; por el rechazo, 16, y 5 abstenciones.
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Kast, Lagos, Ossandón, Pugh y Sandoval.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Muñoz y Provoste y los señores De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Letelier, Navarro, Pizarro y Quinteros.
Se abstuvieron la señora Órdenes y los señores Latorre, Montes, Quintana y Soria.


El señor GUZMÁN (Secretario General).- De conformidad con el artículo 178 del Reglamento, debe procederse a repetir la votación.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
En votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se rechaza el número 2 del artículo único del proyecto (11 votos en contra, 6 votos a favor y 2 abstenciones).
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Coloma, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Lagos, Pugh y Sandoval.
Votaron por la afirmativa las señoras Muñoz y Provoste y los señores Huenchumilla, Letelier, Navarro y Pizarro.
Se abstuvieron la señora Órdenes y el señor Latorre.

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El señor QUINTANA (Presidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
PETICIONES DE OFICIOS
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Director Nacional de Obras Hidráulicas, solicitándole que informe sobre IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA ASEGURAR ABASTECIMIENTO DE AGUA EN SECTOR DE QUEBRADA DE ALVARADO, COMUNA DE OLMUÉ.
Y al Director Nacional de Sercotec, para que informe sobre el DESARROLLO DE PROGRAMA "BARRIOS COMERCIALES" EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, EN PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO, COMUNA DE LA LIGUA.
Del señor HUENCHUMILLA:
Al Director Nacional de la Conadi, solicitándole antecedentes sobre DEMANDA DE TIERRAS EFECTUADA POR COMUNIDAD JUAN CALFUMAN, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Del señor LATORRE:
A la Ministra de Educación, pidiéndole FISCALIZACIÓN A COLEGIO NACIONAL DE LIMACHE ANTE DENUNCIA DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS POR IRREGULARIDADES EN USO DE RECURSOS DE DICHO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.
De la señora RINCÓN:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole EXPLICACIÓN POR AFECTACIÓN A SEÑOR ALDO GONZÁLEZ LEIVA, ESTUDIANTE DE LA PUCV, CON GRAVES QUEMADURAS POR ACTUACIÓN DE CARRO LANZA AGUA DE CARABINEROS, y pidiéndole información sobre PROTOCOLOPARAUSO DE LÍQUIDOS COMO ELEMENTOS DISUASIVOS.
Y al Ministro de Salud, solicitándole ANÁLISIS QUÍMICO DE COMPOSICIÓN DE LÍQUIDO UTILIZADO EN CARROS LANZA AGUA, y dar a conocer MODO EN QUE ALDO GONZÁLEZ LEIVA SERÁ ATENDIDO POR EL SISTEMA DE SALUD HASTA RECUPERACIÓN TOTAL DE QUEMADURAS OCASIONADAS POR ACCIONAR DE CARRO LANZA AGUA EN VALPARAÍSO.
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--Se levantó la sesión a las 19:36
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante