PROTECCIÓN PENAL ESPECIAL PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.064-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 95ª, en 6 de marzo de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 40ª, en 13 de agosto de 2019.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 64ª, en 29 de octubre de 2019.
Discusión:
Sesión 41ª, en 14 de agosto de 2019 (se aprueba en general).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 14 de agosto del 2019, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el número 2 del artículo 3° del proyecto no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Esta norma debe darse por aprobada, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Entonces, se dará por aprobado el número 2 del artículo 3° del proyecto. Ello, sin perjuicio del informe que se hará respecto del proyecto despachado por la Comisión.
--Se aprueba reglamentariamente.
El señor HARBOE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Su Señoría quiere informar la iniciativa?
El señor HARBOE.- Sí, señor Presidente. Pero pensé que se había aprobado el proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No, señor Senador.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El número 2 del artículo 3° del proyecto no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, y reglamentariamente debe darse por aprobado.
Eso es lo que se acaba de hacer.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede continuar con la relación, señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- La Comisión de Constitución efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas.
Conforme al Reglamento, deberían votarse sin debate las enmiendas unánimes.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el proyecto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Constitución y el texto que resultaría de aprobarse dichas modificaciones.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, la iniciativa cuyo estudio en particular ahora inicia la Sala tiene su origen en una moción presentada por diversos Diputados, encabezados por el señor Venegas, y que posteriormente fue respaldada por el Ejecutivo.
El proyecto persigue, en síntesis, establecer una protección penal especial para los profesionales y funcionarios que prestan servicios en establecimientos de educación o de salud, sean estos públicos o privados.
Durante el estudio en particular de este proyecto, la Comisión escuchó al Gobierno, representado por los señores Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Salud y por el Subsecretario de Redes Asistenciales, e igualmente recibió el parecer de la Presidenta del Colegio Médico, doctora Izkia Siches; de la Presidenta de la Confederación Nacional de la Salud (Confusam), señora Gabriela Flores, y del Presidente del Colegio de Profesores, don Mario Aguilar.
La Comisión agradece también la colaboración que recibió, para el estudio de este proyecto de ley, de los profesores de Derecho Penal señora María Elena Santibáñez y señor Jean Pierre Matus.
El texto aprobado en particular introduce importantes enmiendas al proyecto de ley que consideró en general esta Sala. Todas ellas fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión y reflejan el consenso que tanto en el ámbito gremial y académico como en el Ejecutivo y Legislativo generaron las normas que paso a detallar.
En primer lugar, se acordó incorporar al Código Penal un artículo 297 bis, nuevo, para sancionar las amenazas que se formulen en contra de los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud, públicos o privados, o contra los profesionales, funcionarios y manipuladores de alimentos de establecimientos educacionales, públicos o privados, al interior de sus dependencias o mientras estos se encontraren en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas.
En segundo lugar, se incorpora al Código Penal un artículo 401 bis, nuevo, para sancionar de manera especial a quienes causen lesiones a los mencionados profesionales y funcionarios.
En tercer lugar, y en el mismo artículo 401 bis, se incorpora un tipo penal nuevo mediante el cual se sanciona a quien maltratare corporalmente de manera relevante a las personas ya indicadas. Si esta situación se produce, al maltratador se le impondrá la pena de prisión en su grado máximo y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales.
En cuarto lugar, la Comisión aprobó una enmienda al artículo 175 del Código Procesal Penal para imponer a los jefes de establecimientos de salud, públicos o privados, y a los sostenedores y directores de establecimientos educacionales, públicos o privados, la obligación de denunciar los delitos perpetrados contra los profesionales y funcionarios de dichos establecimientos al interior de sus dependencias o mientras estos se encontraren en el ejercicio de sus funciones o en razón, con motivo u ocasión de ellas. La misma obligación tendrán los Directores de los Servicios Locales de Educación respecto de estos delitos cuando ocurran en los establecimientos educacionales que formen parte del territorio de su competencia.
Igualmente, la Comisión acordó modificar el artículo 18 de la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, con el fin de establecer que los Servicios Locales de Educación tendrán el deber de presentar querella respecto de los delitos perpetrados contra los profesionales y funcionarios de los establecimientos de su dependencia.
Finalmente, se incorpora un artículo transitorio para precisar que las modificaciones contempladas en la presente ley solo se aplicarán a los hechos cometidos con posterioridad a su entrada en vigor. En consecuencia, las disposiciones legales modificadas por esta ley seguirán vigentes para todos los efectos relativos a la persecución de los delitos cometidos con anterioridad a su publicación.
Señor Presidente, la Comisión que presido aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes las modificaciones ya descritas, que contaron con el respaldo de los gremios que representan a los funcionarios de la salud y la educación y recibieron, asimismo, el respaldo del Ejecutivo y de los académicos que concurrieron al análisis del proyecto.
Hago presente que estos cambios obligarán a estudiar adecuaciones a la normativa que establece las penas que corresponden aplicar a quien, de manera relevante, maltratare corporalmente a un niño, niña o adolescente menor de dieciocho años; a una persona mayor de edad, o a quien se encontrare en una situación de discapacidad en los términos de la ley N° 20.422.
El Ejecutivo se comprometió a estudiar este asunto y a proponer un proyecto de ley que adecúe dicha normativa a las enmiendas que se introducen en el texto que se somete a la consideración de la Sala. La Comisión acordó no hacerlo en esta iniciativa, ya que dicha materia no estaba incorporada dentro de sus ideas matrices.
Por las razones esgrimidas con anterioridad, y considerando que este proyecto de ley va a dar un marco de mayor protección a los funcionarios de establecimientos de salud, pública y privada, y de educación, pública y privada, la Comisión de Constitución recomienda a la Honorable Sala aprobar el texto que se propone en su segundo informe.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Harboe.
Dado que las cuatro modificaciones que efectuó la Comisión de Constitución fueron acordadas por unanimidad, correspondería ponerlas en votación sin debate, aunque, por supuesto, con derecho a fundamentar el voto.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, este proyecto de ley busca proteger la integridad física y psicológica, así como la dignidad de los profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud y de educación del país, sin distinguir entre públicos y privados.
Se inició por moción y fue objeto de una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo, en la Cámara de Diputados, demostrando que hay objetivos comunes como es la protección de los profesionales y los funcionarios de establecimientos educacionales y de la salud.
Hubo un especial trabajo del Ministro Mañalich -el proyecto incluso fue denominado "Consultorio Seguro"-, así como de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos.
En segundo lugar, es relevante señalar que no se hace distinción alguna entre funcionarios y profesionales de establecimientos públicos y privados. Todos son protegidos de igual forma, lo cual se materializa al introducir la obligación a los establecimientos de ofrecer mecanismos de defensa jurídica para interponer las correspondientes acciones penales o civiles, de manera que todos, sin distinción, puedan acceder a los servicios de un abogado y no queden impunes hechos graves de los cuales hayan sido víctimas.
Esta iniciativa se inició conjuntamente en la Cámara de Diputados y en el Senado. En este último caso, fue suscrita por el propio Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Senador Felipe Harboe. Por tanto, hay voluntad para avanzar en esta materia y así proteger efectivamente la integridad de los profesionales de la salud y de la educación, tanto de establecimientos públicos como privados.
Nuestra Comisión de Constitución introdujo algunas modificaciones que van en la línea de establecer y asegurar dicha defensa.
Se introducen enmiendas al artículo 175 del Código Procesal Penal, con el objeto de obligar a los jefes de establecimientos de salud, tanto públicos como privados, a hacer las denuncias correspondientes.
Se modifica también la ley N° 20.584, específicamente su artículo 35, al cual se le agregan incisos que facultan a las autoridades de cada establecimiento de salud o educacional a requerir los medios de seguridad adecuados para garantizar el normal desenvolvimiento de las actividades, impidiendo así que ingresen personas con armas o artefactos incendiarios.
Creemos, sin lugar a dudas, que este proyecto va en la dirección correcta -presentamos uno similar en el Senado-, pues responde a una demanda justa y legítima de los funcionarios y las asociaciones gremiales, tanto de salud como de educación.
Por supuesto, votaremos favorablemente.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, nadie podría estar en desacuerdo con esta iniciativa, que busca dar protección penal especial a los profesionales de la educación que prestan servicios en los establecimientos educacionales (prebásicos, básicos y medios), así como a los funcionarios de los servicios de salud. Y esto porque el rol de los docentes tiene una especial relevancia, toda vez que se trata de una relación con niños, niñas y jóvenes estudiantes en un período de formación en que se transmiten hábitos ciudadanos.
En los últimos años hemos sido testigos de cómo la violencia escolar se ha posicionado en nuestro sistema educativo, y cada vez comprobamos cómo son más graves los hechos de agresión entre estudiantes, los cuales se suman a la agresión a los profesores.
La violencia escolar se reguló mediante la ley N° 20.536, sobre violencia escolar. Esta ley regula todo acto de agresión u hostigamiento reiterado realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave.
Sin perjuicio de la existencia de una ley que regula materias sobre violencia escolar, esta solo se concentró en la relación entre los alumnos, dejando fuera al resto de los integrantes de la comunidad escolar que también son víctimas de abusos y malos tratos, como son los profesores.
La ley N° 19.070 señala que "Los profesionales de la educación tienen el derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa".
La ley solo estableció medidas administrativas y disciplinarias ante estas situaciones y no otorgó un tratamiento punitivo especial que materialice la particular gravedad de los hechos.
En los últimos años, señor Presidente, se ha incrementado la agresión de padres y/o apoderados a partir de la percepción, por parte de los adultos agresores, de que las conductas de los profesores hacia sus hijos e hijas corresponderían a abusos o excesos en su rol docente.
Aunque eso sea así, conducta por cierto no deseable, es imperioso que ello sea social y jurídicamente sancionado con mayor intensidad, por la pérdida del sentido de autoridad que es preciso preservar en la función docente.
El presente proyecto no desconoce, desde luego, el derecho de los padres o apoderados que sienten que sus hijos e hijas puedan haber sido objeto de maltrato por parte de docentes a recurrir -y deben hacerlo- a los tribunales de justicia, de modo de demandar la sanción pertinente ante conductas inapropiadas.
Respecto de la protección especial a funcionarios de los servicios de salud, sean estos profesionales, técnicos o administrativos, se ha transformado en un panorama habitual dentro de los recintos de salud la sensación de inseguridad debido a las permanentes agresiones verbales, malos tratos de pacientes y sus familiares, amenazas de muerte e incluso por medio del uso de la violencia física.
La situación descrita va en aumento y tiene implicancias directas en la prestación del servicio de salud, afectando a la integridad física y psicológica tanto de los equipos médicos como de los pacientes testigos de hechos de violencia.
El año 2012 se promulgó la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Esta ley estableció algunos deberes a los usuarios que asisten al momento de ser atendidos, tales como el respeto y el trato digno para con el personal que forma parte del equipo de salud, como también en relación con el recinto de salud, en donde se debe mantener un orden y cuidado con la infraestructura, equipamiento e instalaciones.
Dicha obligación es extensible a los familiares, representantes legales o cualquier persona que acompañe al paciente durante su atención.
Según consta en la prensa, solo durante el año 2018 han sido denunciados más de ciento veintitrés casos de violencia física en todo el país, un promedio de dieciséis casos al mes.
Por lo tanto, existe la necesidad de establecer sanciones claras y concretas a los agresores, con penas efectivas, que impongan coercitivamente un deber de conducta entre los pacientes, familiares y acompañantes.
Por todo lo dicho, señor Presidente, y por la importancia que tiene la labor de los docentes y los profesionales y funcionarios de la salud, voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Me ha pedido la palabra el señor Ministro, pero, como estamos en votación, no se la puedo otorgar, a menos que sea para corregir lo planteado por algún señor Senador. En consecuencia, se la ofreceré apenas terminen las intervenciones.
Senador Girardi, puede hacer uso de la palabra.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, creo que hay consenso.
Esta es una normativa muy importante, que protege a quienes trabajan en educación y en salud. La que yo conozco más de cerca, evidentemente, es la situación de trabajadores y profesionales de la salud que muchas veces han sido agredidos. De modo que me parece fundamental establecer un estatus de protección acorde a la labor que desempeñan, particularmente los funcionarios del sistema público.
No digo que no haya dificultades en los sistemas privados de salud, pero donde se da la mayor problemática es en los centros de salud pública, y se requiere que estos profesionales, estos trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar y desenvolver sus tareas, muy relevantes, en condiciones de seguridad y resguardo.
Creo que en eso no hay ninguna duda y existe total consenso. Y por eso vamos a apoyar esta iniciativa y la vamos a promocionar, porque es muy importante.
Sin embargo, esto se da en un contexto que no podemos justificar pero sí resolver, como es el hecho, vivido como una acción de inmensa violencia, de que una persona deba esperar ocho, seis o cinco horas para que le entreguen un medicamento.
Yo siempre pongo el ejemplo del hospital Sótero del Río. No es una situación que se haya iniciado en este Gobierno, sino que se viene arrastrando por décadas. Se trata de personas de noventa, ochenta años que deben esperar, en promedio, cuatro o cinco horas, y que pueden esperar hasta seis o siete horas. Es una situación que genera violencia.
Cuando una persona se ve postergada en la lista de espera, o cuando un ser querido tiene cáncer y se demoran seis meses en darle una hora para hacerse una resonancia o un escáner, o cuando, incluso -me ha tocado verlo-, después de esperar seis meses para el examen debe esperar otros tres meses para la entrega del resultado, son acciones de violencia.
Si uno se pone en el lugar de ese paciente, seguramente los niveles de agresividad, de frustración, de dolor que tiene, pueden llevarlo a cometer actos que son, evidentemente, inaceptables. Pero, aunque no sean justificables, debemos avanzar en esa materia.
Este Congreso aprobó, tiempo atrás, a proposición de varios Senadores, un proyecto sobre atención preferente para adultos mayores que se publicó en el Diario Oficial con un plazo de seis meses para transformarse en una realidad que de verdad concrete ciertas garantías mínimas para los pacientes.
Yo creo que en Chile hay situaciones de violencia. Se dan, evidentemente, hacia los trabajadores y las trabajadoras de la salud, pero también hay un sistema que violenta a las personas, que las agrede cuando estas se ven impedidas de recibir una atención de salud de calidad y oportuna -esto es, cuando la necesitan-, pues se ven postergadas.
Para mí, es un acto de violencia que pacientes deban esperar meses para ser atendidos y que, cuando llegan al especialista, después de una verdadera odisea, ese médico ni siquiera los examine: los sienta, les toma los datos, les da una receta y ni siquiera conversa con ellos.
También es un hecho de violencia lo que ocurre con las sociedades médicas. No solamente tenemos que defender a los trabajadores y las trabajadoras. Que las sociedades médicas monopolicen e impongan costos a la salud absolutamente excesivos, también es una forma de violencia sobre el sistema de salud, porque impide que los pocos recursos de este se puedan desarrollar.
Para mí, igualmente es una forma de violencia no fortalecer el sistema público de salud y que tengamos que estar traspasando recursos al sistema privado en desmedro de aquel.
Asimismo, son violencia los precios de los medicamentos. Es un atentado a la dignidad de las personas, es una agresión que un medicamento que vale dos mil pesos en Europa, ¡el mismo remedio!, ¡del mismo laboratorio!, cueste cuarenta mil pesos en Chile. Eso es violencia.
Valoro el trabajo que se está haciendo, pero tenemos que resolver todos los temas de violencia: aquellos que van en contra de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, pero también los que sufren los chilenos y las chilenas, particularmente los de menores recursos, cuando deben enfrentar un sistema de salud que no garantiza debidamente sus derechos.
¿Por qué tenemos que cambiar nuestra Constitución? Porque debe ser de las pocas en el mundo que no garantizan el derecho a la salud. En Chile, la salud no es un derecho. Solo se garantiza el libre acceso. Y es de las cosas que tenemos que cambiar.
Ello también es violencia.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como dije ayer en la reunión de Comités, discutimos una tabla necesaria pero absolutamente inapropiada para los tiempos que corren. El Senado sigue siendo la orquesta del Titanic: mientras la calle y millones de personas piden que discutamos una nueva Constitución y que establezcamos un plebiscito para fijarla, seguimos con nuestra agenda como si nada pasara.
Esta agenda es importante, pero hay prioridades originadas por la contingencia política y social.
¡Y el Senado les da la espalda a esas prioridades!
¡Usted, señor Presidente, les da la espalda!
¡El Senado les da la espalda!
El señor MOREIRA.- ¡Oh!
El señor NAVARRO.- No hay posibilidad alguna de sostener un debate político. Y creo que esto será un punto en la historia del Senado del que muchos se van a arrepentir.
Cuando se cuente la historia se dirá que había dos millones y medio de personas en las calles y que el Senado seguía con su agenda como si nada pasara, en circunstancias de que el Senado es el representante de la soberanía popular, del pueblo. ¡Por el pueblo estamos aquí y hoy no recogemos sus demandas!
Señor Presidente, este proyecto de ley se enmarca dentro del ámbito de aumentar las penas a quienes cometen actos impropios como agravios, agresiones, lesiones y amenazas contra los funcionarios de la salud y la educación. Por cierto, eso tiene que ser condenado, pues hay que proteger a nuestros funcionarios de la educación, a nuestros funcionarios de la salud pública, quienes efectivamente sufren estos atropellos, amenazas y agresiones físicas la mayoría de las veces.
Pero quiero llamar la atención en el sentido de que esa es la realidad. ¡Esa es la realidad! Eso ocurre en los establecimientos educacionales y en los centros de atención de salud, particularmente en los de urgencia.
Pero yo los llamo a reflexionar también sobre la causalidad. Toda realidad tiene una causalidad: ¿por qué ocurre esto?
El Senador Girardi planteaba algunas de las razones.
¡Tenemos graves problemas en los centros de atención médica! ¡La gente llega ahí irritada! ¡La gente se muere! ¡En este país la gente se muere si no tiene recursos para ser atendida o para adquirir sus medicamentos!
En el año 2018, 11.300 personas -y el Ministro Mañalich, que está a mis espaldas, lo sabe- murieron estando en listas de espera: ¡11.300 personas! Y si tomamos el acumulado entre 2010 y 2019, ¡superamos las cien mil personas fallecidas en Chile -veintiséis mil de ellas niños- esperando la atención de un médico especialista o una intervención quirúrgica!
Hicimos una campaña durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet -Más médicos para Chile- para traer especialistas extranjeros que pudieran atender. Y, por cierto, el Colegio Médico, convertido en un cartel de la salud, se opone, exige el Eunacom y se "raja" al 90 por ciento de los profesionales extranjeros para que no operen ni compitan. Eso ha tenido algunas modificaciones, pero sigue idénticamente igual, para evitar la competencia.
Como me dice la gente: "El doctor será venezolano, será cubano, será boliviano, será ecuatoriano, pero ¿sabe qué? Me examina y me habla. ¡Me habla! Me pregunta mi nombre y lo que me pasa". Hay un número importante de médicos que los interrogan, ¡los interrogan!
Señor Presidente, tenemos problemas graves en el sistema de salud, y de ahí la indignación de la gente.
Entonces, no nos vayamos solo a la realidad, que hay agresiones, sino también a la causalidad.
Tenemos un problema en el sistema de salud, que está enfermo y no da satisfacción a las demandas ciudadanas, porque faltan médicos, porque hay listas de espera.
Y, en definitiva, esto no lo ha cumplido nadie.
El Ministro Mañalich, en el primer Gobierno de Piñera, dijo que iba a terminar con las listas de espera. ¡No terminó!
La Presidenta Bachelet dijo que iba a terminar con las listas de espera. ¡No terminó!
Y en el nuevo Gobierno del Presidente Piñera, ¡todavía no terminamos con la listas de espera!
¡Y la gente se sigue muriendo!
Si alguien viniera a Chile y nos preguntara por qué se muere la gente, habría que contestarle que aquí las personas se mueren porque son pobres, porque la salud es para los ricos. Los ricos viven; los pobres, si no tienen plata, se mueren.
Y de allí la rabia contenida, que se ha expresado en las calles durante las marchas populares, hacia el sistema de salud.
La gente tiene rabia, porque el sistema no la satisface. Y si nosotros solo nos preocupamos de proteger jurídicamente a los funcionarios que son agredidos, a quienes tenemos que resguardar, estamos haciendo un mal diagnóstico.
Señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley, que solo eleva las penas.
Cuando la gente lleva tanto tiempo esperando una hora o cuando a un hijo lo llaman para decirle: "Ahora vamos a operar a su padre", en circunstancias de que el señor se murió hace un año, obviamente se siente indignación. Y a esa persona no le va a importar que la pena tenga un grado más o un grado menos para encarar a un funcionario que no es responsable de tal situación.
Voto a favor, señor Presidente, dejando muy presente que esto es una parte del problema y no lo resuelve.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, solo quiero recordarle que usted estuvo presente en la reunión de Comités de ayer, junto a los demás Senadores para...
El señor NAVARRO.- ¡Y me opuse!
El señor QUINTANA (Presidente).- No. No se votó, señor Senador.
Usted manifestó su punto de vista...
El señor NAVARRO.- ¡Mi punto de vista contrario! ¡Me negué, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).- No. Usted manifestó su punto de vista, que ha reiterado en varias ocasiones, en el sentido de que el Senado no estaría abordando proyectos que tengan relación con la crisis.
Esa es responsabilidad de todos los Senadores, del Ejecutivo y también de usted, señor Senador, porque si hoy día no hay proyectos en discusión...
El señor NAVARRO.- ¡La responsabilidad es suya y del Senado, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).- Lo importante es que en esas instancias se ofrezca una alternativa y eso no ocurrió ayer.
El acuerdo fue completo, de todos los Comités, para elaborar la tabla de ayer y de hoy día.
Muy bien.
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, indudablemente, este es un proyecto importante. Pero, más allá de las normas que lo conforman, creo que es una respuesta clara contra la violencia.
Nada justifica, por mucho que se hagan discursos grandilocuentes, que a un funcionario de un centro de atención familiar se le agreda.
Nada justifica que al profesor de un establecimiento, ya sea particular, subvencionado o municipal, se le agreda.
Por lo tanto, aquellos que cometen un hecho delincuencial de tal naturaleza deben ser sancionados drásticamente. Y así lo pidieron el Colegio de Profesores, el Colegio Médico y las distintas organizaciones de salud.
¡Nadie tiene derecho a agredir a un tercero! ¡Nadie tiene derecho a agredir a otra persona, por muchas justificaciones o fundamentos que trate de levantar!
No hay duda de que esta iniciativa tiene una importancia esencial en la vida cotidiana de los chilenos, pues respalda a aquel que en un centro de salud o en un establecimiento educacional entrega un servicio a la comunidad.
No cabe duda de que un profesor lesionado o agredido, un funcionario de la salud lesionado o agredido generan un impacto en el conjunto del servicio en el que se desempeñan y en la tarea que se realiza en tal establecimiento.
No es que ese profesor, ese doctor, esa enfermera, ese funcionario de la salud, que resultó fracturado o agredido, pase inadvertido para el resto de sus compañeros. ¡No! Genera un impacto en la atención que se da a la comunidad y, por lo tanto, el ataque de ese violentista también lo sufre la comunidad.
Por ello, la violencia siempre hay que condenarla, ¡siempre hay que condenarla!, y sancionarla drásticamente.
En tal virtud, una de las cuestiones fundamentales de este proyecto de ley es que penaliza con el máximo grado previsto las amenazas, ¡las amenazas!, contra los funcionarios de la educación o de la salud, pues, tal como dijeron en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento diversos dirigentes gremiales, muchas veces los trabajadores son amenazados verbalmente, y como no se hace nada, el próximo paso es la agresión física, material.
Por ende, resulta fundamental contar con este instrumento, que penaliza la amenaza con el máximo grado que establece nuestro ordenamiento jurídico, para proteger a los trabajadores de la salud y de la educación, cualquiera sea su nivel o su jerarquía, de la violencia que todos nosotros debiéramos combatir.
Indudablemente, los problemas de la educación y de la salud están presentes -nadie lo discute- y tenemos que abordarlos para darles verdaderamente a todos los chilenos una adecuada atención en esos ámbitos.
¡Pero no me vengan a decir que para que nuestros hospitales atiendan mejor, para que las clínicas atiendan mejor, para que nuestros Cesfam atiendan mejor, hay que modificar la Constitución!
La gente sabe claramente que en esa materia tenemos un desafío y que necesitamos una inversión y una mayor formación de médicos especialistas que, por un solo cambio constitucional, no van a aparecer.
Por lo tanto, pienso que este proyecto, a pesar de la opinión del Senador Navarro en el sentido de que no tiene ninguna atingencia con la realidad, es muy práctico y necesario.
Además, esta iniciativa es una demostración de que el Senado claramente condena la violencia en este ámbito y de que aquel que amenace a un profesor, a un asistente de la educación, a un médico o a una enfermera recibirá la penalidad correspondiente.
Asimismo, la discusión de este proyecto de ley -y tenemos que decirlo- significó la presencia del Ministro de Salud -entiendo que es la primera vez que un Ministro de Salud acude a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- en tres o cuatro sesiones, lo cual refleja la preocupación respecto de un tema del que todo ese gremio, toda esa área estaba especialmente interesada.
Por lo tanto, nuestra bancada votará favorablemente con la satisfacción de que aquí no solamente hay un tema parcial, específico, sino también uno global, de percepción contra la violencia, que debemos claramente enfrentar.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Señor Senador, usted tiene toda la razón. Son varias las agrupaciones (de la sociedad civil, de funcionarios públicos) que han pedido prioridad al proyecto que hoy día discutimos.
Por eso nos parecen, como he señalado recién, bastante injustas las aseveraciones realizadas por el Senador Navarro a toda la Corporación.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley se basa en la especial protección que debe haber hacia los funcionarios que desarrollan su labor en establecimientos de educación y en servicios de salud.
El ámbito de esta protección legal que se persigue es al interior de las dependencias respectivas y mientras los funcionarios se encuentren en el ejercicio de sus funciones.
La razón de ello es la necesidad de que este tipo de profesionales y funcionarios, que prestan en muchas ocasiones un irremplazable servicio público, no se vean vulnerados en sus derechos, sobre todo cuando dichas agresiones se producen en su propio lugar de trabajo, siendo víctimas tanto ellos como el resto de la población, que en muchas oportunidades queda privada de los servicios respectivos.
Se trata de que la sanción a los agresores sea disuasiva y permita que estos funcionarios y profesionales reciban la adecuada protección por parte de nuestra sociedad.
Particularmente en el caso de los docentes, la situación de violencia que se vive en ciertos establecimientos educacionales sin duda requiere mayor atención y medidas al respecto. Desde 2014 a la fecha, la Superintendencia de Educación ha recibido 840 denuncias por maltrato o agresiones de parte de alumnos o apoderados en contra de docentes o de la comunidad escolar.
Esta situación, sumamente preocupante, se replica en los establecimientos públicos de salud. Así, el Subsecretario de Redes Asistenciales indicó que "al día 23 de septiembre del presente año, se han registrado 927 denuncias de agresiones a funcionarios del sector salud, Explicó que esta situación genera un promedio de tres ataques diarios en los diversos centros asistenciales, sean consultorios u hospitales".
Nuestro país requiere generar herramientas legales y de protección para tan importantes funciones, y, en ese sentido, el proyecto de ley agrava las penas y mejora la redacción de los tipos penales que sancionan dichas conductas.
La reforma va acompañada por adecuados mecanismos de defensa jurídica para estos funcionarios y profesionales, puesto que muchas veces sucedía que no solo eran víctimas de las agresiones, sino que también debían enfrentar los costos que implicaba su defensa penal y civil.
Por ello, manifiesto mi aprobación al proyecto de ley.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, cuando hay una especial función tiene que haber también una especial protección.
Si le encargamos a un grupo de funcionarios y funcionarias la formación de nuestros niños y niñas y, particularmente, la atención de salud, es evidente que debemos entregarles ciertos elementos de protección.
De un tiempo a esta parte hemos visto cómo, lamentablemente, por un problema cultural y de falta de capacidad de diálogo, se han acrecentado las agresiones tanto a funcionarios de salud como a funcionarios de educación.
En consecuencia, este proyecto se hace cargo de eso.
La iniciativa en análisis tiene su origen en una moción parlamentaria que hemos perfeccionado en el Senado y que va a permitir darles una mayor protección penal a aquellos profesionales, técnicos o administrativos que se desempeñan en establecimientos públicos o privados de salud o de educación y que hayan sido agredidos.
Eso es muy importante. Es decir, estamos protegiendo a nuestra gente.
¡Qué más importante!
Un Senador señaló que esta materia no tiene impacto en la realidad. Al revés: ¡tiene mucho impacto! A lo largo y ancho de Chile hay miles de trabajadoras y trabajadores que han sido agredidos en hospitales, consultorios, Cesfam, Cecof y en establecimientos educacionales.
¡No hay derecho a la agresión! ¡No corresponde la agresión!
Y es cierto que puede haber causas de la agresión, y habrá que investigarlas, pero, en cualquier caso, nada se soluciona con agresiones.
Por eso que la ley en proyecto viene a proteger a estos funcionarios. Pero no solo dentro del establecimiento en donde trabajan, cosa que es muy importante, sino que también incorporamos un concepto que dice "con motivo u ocasión". Porque puede ocurrir que un funcionario o una funcionaria, o un profesor o una profesora, o un administrativo de un colegio reciban una amenaza o una golpiza fuera del establecimiento, cuando salen de su lugar de trabajo. ¡No! Aquí también se extiende el ámbito de protección.
Adicionalmente, obligamos al sostenedor educacional o al director del servicio de salud a interponer las denuncias y querellas correspondientes. No será voluntario, sino obligatorio, porque entendemos que parte de los derechos de un funcionario es también sentirse protegido por su establecimiento, por su institución cuando es agredido en el ejercicio de tales funciones.
Señor Presidente, no puedo dejar pasar la oportunidad para manifestar que este proyecto es un avance importante -lo vamos a aprobar (así lo hicimos en la Comisión de Constitución)- y va a ayudar a miles de funcionarios de la salud y de la educación. Pero también es relevante señalar que hay que hacerse cargo de ciertos problemas de fondo. En efecto, muchas veces la molestia viene, como se decía acá, por falta de atención oportuna de salud, que no es responsabilidad de los funcionarios.
Entonces, cuando vemos situaciones como las que hemos visto en los últimos días, en que un grupo importante de médicos hace un llamado al señor Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para terminar con esta decisión de...
Si me escuchara el Ministro de Salud sería importante.
La señora ALLENDE.- ¡Sería bien bueno!
El señor HARBOE.- Sería bueno que me escuchara, Ministro, un minuto. No soy médico, pero pido que me escuche.
Lo que pasa es que la decisión del Ministro de Salud de prohibir todo tipo de endeudamiento en los hospitales se traduce en que hoy día en estos establecimientos encontremos en sus paredes carteles que dicen: "No hay omeprazol"; "No hay Viadil"; "No hay betametasona"; "No hay hidrocortisona"; "No hay bicarbonato"; "No hay diclofenaco"; "No hay puff".
Señor Presidente, tengo fotos de hospitales en cuyas paredes y puertas hay pegados mensajes que dicen que no hay medicamentos. La gente se muere cuando no hay medicamentos.
¿Qué pasaría si la nieta o el nieto del Ministro Mañalich fuera a un consultorio y no tuviese, por ejemplo, un puff para recibir atención porque se está ahogando? ¿Qué ocurriría?
¿Qué sucedería si eso le pasara a cualquiera de los hijos de los que estamos acá?
¡Sería un escándalo! ¿No es cierto?
Bueno, ¡hoy día eso está ocurriendo en Chile!
Cuando hay violencia, no debemos justificarla; pero hay que tratar de entender y enfrentar las causas. Y aquí hay una causa: ¡la gente se está muriendo porque no hay medicamentos!
Y, adicionalmente, se toma una decisión, a mi juicio, completamente inadecuada: ¡se recorta el presupuesto del hospital digital, la única posibilidad para que las personas que viven en sectores rurales tengan una atención adecuada! ¡La única posibilidad!
En mi zona había gente que se atendía en la comuna de Coihueco, Ninhue, ¡y resulta que lo cortaron! ¿Por qué? Por la presión de los médicos que no les gusta que se atiendan con doctores de otros lugares.
Señor Presidente, ¿sabe lo que pasa? Al final del día pueden ser decisiones técnicamente impecables, pero que recordemos que la determinación de subir el pasaje del Metro era técnicamente impecable, ¡y mire cómo estamos hoy día!
Cuando la política no tiene técnica, es populismo; y cuando la técnica no tiene política, hay caos social. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. No repitamos la historia. ¡Por favor!
Este proyecto avanza en la línea de proteger a los funcionarios. Pero enfrentemos la causa. Por ello, rápidamente: disposición de medicamentos y más atención en las regiones.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, teniendo experiencia de los desastres que ocurren en el mar, y dado que anteriormente un Senador se atrevió a comparar la situación que experimentamos actualmente con un desastre vivido por una nave en la mar, me permito hacer la siguiente reflexión.
El Titanic, efectivamente, sufrió el embate con una gran masa de hielo, en que las personas solo veían la parte de arriba, algo superficial, pero no el gran problema, el problema de fondo, que es el que se debe abordar.
El problema de fondo se encuentra en directa relación con lo que este proyecto de ley precisamente pretende mejorar. Es decir, busca la sana convivencia para erradicar la violencia, en todas sus expresiones, y quizás la más sensible: la violencia física, la agresión física, la violencia verbal, hechos que estamos viendo hoy.
Por eso me llama la atención que un Senador que me antecedió mencionara una orquesta. La pregunta que me debo hacer, señor Presidente, es cuál es el rol que cumple este Senador a bordo del Titanic. Probablemente, él es el director de la orquesta.
Con estas palabras yo no quiero producir una situación en que no estemos a la altura.
Hoy se nos exige estar preocupados de salir adelante con nuestro país, de ser capaces de poder entender, de alguna manera, este fenómeno social que estamos enfrentando.
¿Y qué mejor que hacerlo mediante el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho y de nuestra institucionalidad?
Señor Presidente, tenemos que entender que en todos los lugares donde haya gente que esté sirviendo ella debe ser protegida. El Senador Felipe Harboe lo dijo muy claramente. Y por eso me hago cargo de sus palabras: se requiere, para aquellos que realizan una función especial, un tratamiento especial. Eso no es discriminar; es entender la realidad.
También lo requieren otras personas que hacen lo mismo. Y me refiero a los bomberos de Chile, quienes han sido víctimas de ataques múltiples hoy en las calles.
La violencia física y la violencia verbal deben ser erradicadas, primero, de nuestros establecimientos de educación. No podemos permitir que nuestros niños se formen en ese ambiente.
Y lo mismo cabe decir de los sistemas de salud, en donde se está brindando algo que algunas veces es tan necesario y urgente y que se requiere priorizar. Ese es el motivo por el cual los servicios de urgencia, tan demandados, tienen sistemas especiales para poder determinar quiénes pueden acceder antes a una atención -ese es el triage-, entendiendo que no se les puede dar a todas las personas las cosas al mismo tiempo. Por eso en los sistemas de salud se requiere observar respeto a la autoridad que los está conduciendo.
El respeto a la institucionalidad, señor Presidente, es lo que nos está faltando hoy en día. Y es la única manera con que contamos para resolver nuestros problemas.
Por eso, cosas tan simples y sencillas como regular el trato hacia las personas en los establecimientos de salud, en los establecimientos educacionales resulta fundamental. Y considero relevante que lo estemos discutiendo hoy. Porque esa es la esencia de nuestro problema: el respeto, el cumplimiento a la norma, entender que la primera responsabilidad del Estado es mantener el orden.
En la labor que se nos ha conferido, quiero recordar que todos juramos guardar la Constitución Política de la República y desempeñar fiel y lealmente el cargo que nos ha confiado la nación. Ese es nuestro deber en este Senado.
Y eso nos debe inspirar para que la calidad de las leyes mejore, para que seamos capaces de dejar como herencia un mejor Estado de derecho, una sociedad que puede convivir en paz, que se acepta, que se tolera, que se respeta; y de aislar a aquellos que transgreden las normas, que están disponibles para efectuar violencia física o violencia verbal, en todos los medios, no solo en el ámbito físico. Y aquí quiero hacer extensivas mis palabras a la violencia que vemos hoy en las redes sociales, porque también a esos médicos, a esos funcionarios de los establecimientos se les puede agredir, se les puede violentar, se les puede atacar sus cuentas en el ciberespacio.
No debemos dejar ninguno de estos elementos afuera. Tenemos que respetarnos y entender que la única manera de que nuestra nave, Chile, navegue de la forma correcta, aunque tenga problemas y se tropiece, es haciendo los esfuerzos para que todos juntos -repito: todos juntos- seamos capaces de llegar a puerto. Si lo hacemos así, Chile va a seguir creciendo, va a seguir navegando.
Por eso me alegro mucho de que este proyecto de ley se haya puesto en discusión, porque va a la esencia de nuestro problema: a regular cómo somos como seres humanos.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Kenneth Pugh, usted conoce de embarcaciones, así que está bien la analogía.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el proyecto que estamos discutiendo en este momento en el Senado responde a una demanda del propio Colegio de Profesores. Y las últimas movilizaciones, tanto del Colegio de Profesores como de las asociaciones gremiales de los funcionarios de la salud, evidencian la necesidad de que seamos capaces de legislar para otorgar, como aquí se ha dicho, cierto resguardo y protección que los ayude a poder seguir cumpliendo funciones tan delicadas como las que realizan en el aula pedagógica de una escuela o en nuestros centros de salud. Por eso, creo que es tremendamente necesario e importante que lo aprobemos. Y desde ya anuncio mi voto a favor.
Es un hecho estadístico que entre el 2015 y el 2018 se quintuplicó el número de denuncias de violencia en las escuelas hacia los profesores. Esto lo señaló el propio Diputado Venegas en la Comisión, y era parte del petitorio de las movilizaciones.
Otro tanto podemos decir de los funcionarios de salud. Nos preocupa, por ejemplo, que un 60 por ciento de ellos hayan sido víctimas en la red pública, según una encuesta publicada a principios de año, de agresiones que van desde insultos hasta ataques físicos.
Eso es inaceptable. Nosotros entendemos que con el proyecto no estamos solucionando la causa de los malestares que puedan estarse haciendo presentes, particularmente en nuestros servicios de salud, pero resulta fundamental que ayudemos a que estos profesionales puedan seguir desempeñándose en condiciones adecuadas.
¡Si el Senador Harboe permite que pueda hablar con el Ministro de Salud se lo agradecería...!
Quiero que el Ministro pueda escuchar, tal como solicitó usted, señor Senador, cuando estaba el Senador Girardi conversando con el Ministro.
Señor Ministro, así como vamos a defender y apoyar este proyecto, también existe una enorme preocupación. Creemos que el actual presupuesto para salud realmente no se condice con la situación de la red pública. Consideramos que debemos ser más generosos; hay que avanzar más.
Sabemos que paulatinamente ha ido aumentando -no lo desconocemos-, pero estimamos insuficiente, particularmente, el ingreso per cápita con que se otorga nuestra atención primaria de salud, que es tan fundamental.
Quiero sumarme a las voces que se han levantado aquí entre los Senadores, quienes también están señalando la situación de nuestros hospitales públicos, donde todos entendemos que se busquen instrumentos que mejoren la gestión, pero esa búsqueda no puede significar que cortamos abruptamente los insumos y los elementos básicos para que funcione la salud pública que entregan nuestros hospitales.
Le he señalado al Ministro Mañalich, y se lo quiero volver a reiterar: no es posible, ¡no es posible!, la situación que estamos viviendo en el hospital Van Buren. Es más, he preguntado y no conocen ningún informe de la Contraloría. No sé si lo está haciendo supersecreto; pero hasta ahora los directivos del hospital no conocen el informe a que aludió el otro día el Ministro Mañalich en la Subcomisión.
Pero también le quiero preguntar por qué nos atrasamos en la licitación del hospital de Quintero, conociendo la gravísima situación que ha vivido la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví.
Le quiero decir al Ministro Mañalich que necesitamos respuestas más precisas. Me llegó hoy día el oficio de respuesta donde no se especifica cuáles son los avances concretos que se han tenido en el área de salud en las mal llamadas "zonas de sacrificio". No los conocemos.
La Corte Suprema elaboró un informe muy riguroso, bastante demoledor, donde se habla de quince medidas. Bueno, quiero saber concretamente dónde están reflejadas esas medidas; hasta dónde estamos haciendo el control, en términos de salud, de lo que ha significado para esa población estar permanentemente expuesta a altos niveles de contaminación.
Se ha hecho un esfuerzo -lo sabemos- con la normativa nueva a partir del 2018 en emanaciones de SO2, cuya medición no solo será diaria, sino horaria. Pero no es suficiente. Todavía arrastramos situaciones donde la gente hasta hace un tiempo seguía llegando a los consultorios -aunque no en la cantidad del año pasado- y es importante que esto no continúe sucediendo.
Necesitamos conocer concretamente los avances de salud. No es posible que mantengamos estas zonas de sacrificio en sus actuales condiciones.
Pero más me preocupan nuestros hospitales públicos y la atención primaria. Y le señalo una vez más al Ministro: no es suficiente lo que hoy día se presenta en el presupuesto de salud. Tenemos que dar un paso más grande si de verdad queremos que la atención primaria del país, donde se atiende el 80 por ciento de la población, le otorgue una salud digna a todos los chilenos.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que pueda presidir la Senadora Ximena Órdenes?
El señor MOREIRA.- Sí, encantado.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡El timón del barco la requiere...!
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Órdenes.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero plantear que cuando hablamos de violencia también para mí es violento que un Senador de la República, que ha estado por varios períodos, a diferencia de algunos que venimos llegando, desacredite la institucionalidad, en circunstancias de que debiéramos respetarla.
Es complejo que le pidamos a la ciudadanía lo que nosotros no somos capaces de cumplir al interior de este espacio. Un espacio en donde no tenemos para qué alzar la voz ni desacreditar el trabajo que estamos realizando para poder dar una opinión.
Estamos en democracia, por suerte, y eso hay que instalarlo también desde el Senado.
Probablemente, si hubiéramos estado discutiendo este proyecto de ley hace cincuenta años, hubiera parecido absurdo, pues estamos hablando de normar el respeto hacia los profesionales que realizan una gran labor, como es la educación y la salud en Chile, para que puedan trabajar en paz, tranquilos, sin sufrir ningún tipo de exposición física ni psicológica después de sus labores. Eso debiera hacernos reflexionar respecto a qué sociedad estamos construyendo hoy día.
También comparto con varios de mis antecesores que las condiciones que actualmente tenemos en ambos ámbitos no son de las mejores y que sin duda las personas en su angustia no saben conducir ese sentimiento, por lo que optan por la violencia. Pero eso no justifica, ni jamás va a justificar, el nivel de complejidad que estamos viviendo.
El año recién pasado en la comuna de Cartagena una profesora fue agredida tanto por su alumno como también -ojo con esto- por su apoderado, al no estar de acuerdo con la decisión de suspender al muchacho por haber roto gran parte de los vidrios del establecimiento educacional.
Este aumento sistemático de agresiones no solo es vinculado a los jóvenes, sino también a padres que de una u otra manera avalan estas conductas y que probablemente tienen la mayor responsabilidad en ellas (más de un 54 por ciento de incremento desde el año 2014 al 2017).
En el ámbito de la salud pública, el 60 por ciento de los funcionarios -como lo dijeron varios de mis antecesores- han sido víctimas de agresiones, e incluso se han visto situaciones como la ocurrida en el consultorio Boca Sur, de Biobío, donde una funcionaria, por defender a un adulto mayor que estaba siendo golpeado por su propia hija, fue objeto de múltiples agresiones.
Este proyecto, llamado "consultorio seguro", evidentemente -lo han dicho también varios de mis antecesores-, aumentará las penas en delitos vinculados a ataques físicos, psicológicos y a cualquier tipo de amenaza.
Me parece bien que se haga, es necesario.
No estoy de acuerdo con lo mencionado por el Senador respecto a que esto no es importante. Yo creo que sí lo es, porque si bien entendemos todos que son legítimas las demandas de la ciudadanía, la peor manera de llevarlas a cabo es destruyendo propiedad privada y, sobre todo, atentando contra la vida de las personas.
Solo quisiera terminar diciendo que el que hoy día estemos estadísticamente informando de tres agresiones diarias en el ámbito médico o de salud -en este caso, a funcionarios públicos- es algo grave y, de una u otra manera, es muy importante legislar al respecto, porque, si bien quienes se atienden en isapres no lo ven diariamente, cuando uno transita por espacios de servicio público, consultorios y hospitales, la demanda es tremenda. No hemos sido capaces -y este no es un tema del Gobierno actual; viene desde hace muchos años- de prestar un servicio eficiente y digno a las personas.
Estamos avanzando, sin duda, y todos han ido construyendo para que esto ocurra. Pero hay mucho por lograr todavía.
Lo que debe quedar muy en claro para la sociedad es que el peor camino para defender derechos es la violencia.
Así que apruebo este proyecto y valoro su elaboración.
Gracias.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.- Señora Presidenta, quiero partir mi intervención señalando que este es un proyecto necesario y urgente. No tengo duda de eso. Sin embargo, quiero hacer un punto político a propósito de la intervención del Senador Navarro, porque creo que él plantea una cuestión que es válida.
La pregunta es: en medio de la situación que vive el país, de una profunda crisis, ¿nosotros podemos sesionar como si hubiera normalidad? Eso es lo que en el fondo plantea la tesis del Senador Navarro.
Yo creo que todos estamos conscientes, Gobierno y Oposición, de que estamos viviendo una situación especial, compleja, difícil, de crisis. Y debemos salir de ella porque esa es nuestra responsabilidad como conductores del Estado: nosotros acá, en el Parlamento; el Gobierno, a cargo del Poder Ejecutivo.
Pero aquí no podemos cometer errores, porque si cometemos errores en el diagnóstico respecto de las causas y de la profundidad de la crisis, nos vamos a equivocar en la salida que debemos construir. Y la primera responsabilidad es del Poder Ejecutivo, del señor Presidente de la República, porque él conduce el Estado, tiene las facultades constitucionales, tiene el uso de la fuerza pública, tiene la iniciativa. Por lo tanto, es fundamental que dé una salida respecto del tema que nos preocupa como país.
Frente a eso, ¿qué puede hacer el Senado?
A mí me parece que no podemos soslayar la crisis que estamos viviendo. Pero, al mismo tiempo, debemos tener claro que si en Chile existen cuestionamientos por parte de la ciudadanía respecto de las reglas del juego que hemos utilizado en estos últimos cuarenta años, también debemos tener claro que no vamos a salir de este problema si no respetamos las reglas institucionales que nos rigen.
¡Aquí no hay salida fuera de las reglas del juego! ¡No hay salida sin la institucionalidad!
En consecuencia, debemos cumplir nuestra tarea y priorizar entre lo urgente y lo necesario respecto de los proyectos de ley. Al mismo tiempo, es preciso instar al Ejecutivo a que entremos a los temas de fondo, porque esta semana vino dura y la próxima probablemente vendrá más dura. Entonces, hay que dar una señal a la gente de que estamos preocupados de los temas de fondo, sin perjuicio de que cumplamos nuestras tareas normales en los proyectos que están en tabla. Pero debemos dar una señal de que queremos entrar al fondo del problema y responder a la crisis que enfrentamos.
Por eso planteo el punto del Senador Navarro como una cuestión que me hace cuento. Creo que a la Mesa del Senado y a los Comités les corresponde hablar con el Ejecutivo y preguntar: "¿Qué vamos a seguir esperando para entrar al fondo del tema?". Y la primera palabra la tiene el Ejecutivo.
Me parece que se pueden conjugar ambas cosas. Sin embargo, vuelvo a insistir en que nosotros tenemos que defender que los cambios en Chile hay que hacerlos respetando las reglas del juego, porque, si estas no se respetan, estaremos dando un salto al vacío. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos?
Por eso es importante que funcionen la institucionalidad del Senado, la institucionalidad del país, y que escuchemos de cara a la gente para entrar al fondo del tema.
Dicho esto, señora Presidenta, quiero señalar que este es un buen proyecto, pues establece nuevos delitos de lesiones, de amenazas, de maltrato; protege a la gente que trabaja en salud y educación. Es una nueva herramienta jurídica que les favorecerá en sus tareas dentro y fuera del establecimiento en la medida en que diga relación con las funciones que ellos cumplen.
En consecuencia, votaré favorablemente este proyecto, pero quería hacer el punto político de que es necesario que, como Senado, nos preocupemos del fondo de los problemas que está viviendo nuestro país.
Gracias.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Señor Senador, les llevaremos el tema a los Comités y a la Mesa.
Tiene la palabra el Senador Jorge Soria. Luego, el Senador De Urresti.
El señor SORIA.- Señora Presidenta, colegas, creo que lo que hemos tratado hoy día es el respeto a nuestra mecánica en el quehacer diario en salud, en educación. Pero yo diría que esto, por amplia mayoría, ya está aprobado.
El día de mañana en el consultorio equis de Iquique, la región que yo represento, las personas se atenderán con un médico que no tiene la culpa, con un funcionario municipal que tampoco la tiene; pero nosotros sí que la tenemos, porque, como escuché aquí de varios Senadores, hay pacientes que esperan ocho meses, diez meses. Yo pregunto: ¿qué respuesta hay para aquellos que no lograron llegar ni a los ocho ni a los diez meses? ¿Que sigamos con la constitucionalidad?
Yo les voy a traer un juego más rápido.
Yo creo que cuando están muriendo chilenos, ¡no podemos tener reuniones de Comisión de una hora, de media hora, apurados! Yo he estado aquí quince meses, ¡pero estuve cincuenta años de alcalde! ¡Y nosotros resolvíamos las cosas en 24, en 48 horas!
Cuando no teníamos Cesfam en cada población, compramos camiones; metimos arriba a los médicos, y atendíamos a nuestro pueblo en los barrios. Aprendí mucho en Cuba, mirando como lo hacía Fidel. Pero lo de los camiones lo aprendí en el condado de Miami-Dade, viendo cómo los norteamericanos atendían las urgencias, realizaban imagenología, en las poblaciones.
En resumen, de ahí nacieron después los actuales consultorios.
Quiero plantear, sin irnos ni para allá ni para acá, que nosotros deberíamos reunirnos de inmediato para determinar que no hay médicos en Chile, en ninguna parte, en la cantidad que se requiere, ¡porque no hay presupuesto! Pero sí vamos a apoyar un presupuesto para hacer caminos, buques, cuestión en la que estoy de acuerdo. Pese a ello, no hemos podido en los últimos veinte, treinta años aprobar un presupuesto que asegure que la vida humana se va a respetar.
¡Y nadie puede esperar ocho o diez meses en un hospital, porque se muere!
Termino contándoles algo que me pasó hace un mes. Es la experiencia de mi familia.
A la mujer de un ex Diputado, mi hijo, le dio un ataque al corazón. Era viernes por la tarde. Buscamos y no había médicos en el hospital de Iquique. No había cómo resolver el problema. Además, los sábados y domingos no hay turnos. Tampoco el avión ambulancia, que se lleva desde Santiago a regiones, podía funcionar. De hecho, aunque fuera el avión, ella no podía subirse.
En resumen, estaba condenada a muerte.
Ahí surgió, entre las conversas en el hospital, la buena voluntad de los funcionarios, y un médico venezolano dijo que él tenía experiencia en ese ámbito. Se señaló que no podía ser, porque no tenía no sé qué facultad necesaria, pero al final se lo autorizó.
¿Y las enfermeras? Tampoco había, porque los sábados y domingos no hay en los hospitales. Pero llegaron enfermeras; salió la gente.
¿Qué dije yo? No crean que yo hablé. Lo que ahí hubo fue cariño. Por algo he tenido la primera mayoría en Chile durante cincuenta y dos años como alcalde de la ciudad de Iquique.
¡Pero esa situación se da en un solo caso!
Lo primero que debemos hacer como Senado es preocuparnos por la vida de los seres humanos. Hay que parar todo lo que haya que parar; funcionar en la Comisión adecuada, y financiar la salud.
No le voy a echar la culpa a este Gobierno ni al anterior. Es el sistema, ¡y todos le hacemos el quite nomás!
Bueno, vamos a arreglar las cosas; pongamos prioridades. Y la primera es la vida del ser humano.
Eso que me pasó a mí les sucede a todas las familias chilenas, con o sin plata, que viven en regiones.
Por lo tanto, creo que debemos cambiar el sistema que hay acá de reuniones por media hora, y seguimos por otra media hora.
Yo estoy en una Comisión que todavía no cierra el debate de un asunto. Catorce meses creo que llevo aquí. Es para ver -también tiene relación con los municipios- lo relativo al derecho de sacar la basura. Se ha discutido; hemos oído a mucha gente; han venido todos los administradores. Pero la iniciativa de ley todavía no llega a la Sala; sigue en la Comisión.
¡Eso somos! ¡Cambiemos!
¡Salud, educación, vivienda!
Esas son las claves para que el hombre viva. Después vienen otras cosas que también le dan la vida y le permiten ser feliz en su patria.
A mi juicio, todos estamos felices de vivir en Chile y todos estamos de acuerdo, como se ha dicho esta mañana, en que se debe respetar al funcionario. Por muy enojada que esté una persona, no puede tratar mal al funcionario del Estado, pues nos sirve a todos los chilenos.
Gracias, señora Presidenta, y gracias a los colegas que se quedan hasta el final de la reunión.
Muchos no lo hacen, lo que demuestra que no existe ese cariño total. ¡En los catorce meses que llevo aquí, quedamos dos o tres hasta el término de la sesión!
El señor NAVARRO.- ¡Estamos contigo, Jorge!
El señor SORIA.- ¡Gracias!
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- A usted, Senador Jorge Soria.
El señor SORIA.- ¡Por favor, Presidenta, deje constancia de los colegas que aún están acá...!
El señor COLOMA.- ¡Nombre a los que estamos...!
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Senador Alfonso de Urresti, tiene la palabra.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, el proyecto que nos convoca nació de una moción. En un primer momento se había planteado para lesiones y amenazas en el ámbito de la educación. Luego se hizo extensivo a los funcionarios de la salud en toda su línea. Para ello, se modifican distintos cuerpos legales.
A nosotros nos tocó conocer este proyecto en la Comisión de Constitución. Se invitó al Presidente del Colegio de Profesores, a la Presidenta de la Confusam, a la Presidenta del Colegio Médico y a los Ministerios del ramo.
Hay varios aspectos que son importantes de destacar.
Se incorpora un artículo 297 bis al nuevo Código Penal para sancionar las amenazas que se formulan contra profesionales y funcionarios de los establecimientos de salud públicos o privados, o contra los profesionales, funcionarios y manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales públicos o privados, al interior de sus dependencias, mientras estos se encuentran en el ejercicio de sus funciones o en razón o con motivo u ocasión de ello.
En definitiva, nosotros establecemos una categoría amplia para todos aquellos actores, funcionarios que participan en los procesos de educación y de salud. Creo que ahí se aplicó una buena técnica legislativa.
Adecuamos ese aspecto también en el ordenamiento del Código Penal, para tener precisión y asegurarse de que las amenazas y lesiones no queden impunes. En ese punto hay un éxito en el planteamiento del proyecto por parte, especialmente, de la Comisión de Constitución, que precisó cuál era la ubicación exacta dentro del referido Código para penalizar este tipo de situaciones.
A la luz de la discusión, surgieron temas que creo que es importante que queden consignados en este proyecto.
Nos preguntaron los funcionarios, quienes seguramente están viendo este debate: ¿Qué ocurre con la capacitación? ¿Qué hacer con la disponibilidad de recursos?
Obviamente, surge la ira, la bronca, la rabia de los usuarios cuando se pone un letrero que dice "No queda tal medicamento", "Se suspende tal hora". La falta de medicamentos y de horas profesionales claramente genera un desconcierto. Eso no amerita que se produzca violencia, pero no desconozcamos que el funcionario está trabajando en un lugar sin un funcionamiento adecuado por falta de dotación, por falta de suministro.
Entonces, con justa razón las organizaciones nos decían: "Perfecto, eso funciona en una situación ideal. Pero ¿qué ocurre cuando esas prestaciones no están entregadas? ¿Cómo le explicamos a la cola de pacientes que llegan a las seis de la mañana para tomar número que se acabó tal o cual medicamento?".
Eso genera una situación que es fundamental considerar. Se lo digo al Ministro de Salud, quien está presente acá. Hoy día sufrimos una crisis a lo largo de Chile, en distintos hospitales por falta de insumos, con suspensión de operaciones.
En el caso de Valdivia, nos ha tocado representar más de ciento cincuenta intervenciones quirúrgicas que están suspendidas.
¿Qué sucede con ese familiar que viene de comunas distantes?
Entonces, junto con esta iniciativa, que fue vista en la Comisión de Constitución y que introduce una modificación al Código Penal para establecer tipos penales más precisos en relación con lesiones y amenazas, tiene que haber un componente estructural en materia de atención de salud. Y lo mismo en educación. Si no, esto va a exponer a decenas, a cientos de funcionarios a protestas, a violencia de parte de los usuarios.
Debemos buscar un equilibrio, un protocolo, una estructura de funcionamiento, un determinado financiamiento, una capacitación a los propios funcionarios, para que exista una posibilidad de anticipar y enfrentar este tipo de situaciones. Se requieren protocolos de financiamiento y de actuación, con el fin de que cada uno sepa a qué atenerse cuando se generan reacciones por estos letreros que muchas veces se colocan y dicen "Se acabó tal medicamento".
¿Y qué pasa con el director del establecimiento? Pero, sobre todo, ¿qué pasa con el funcionario que está en primera línea dando la explicación?
Creo que tenemos que avanzar en materia de salud, señor Ministro. Es necesario estandarizar esos protocolos e invertir en capacitación, para saber manejar esas situaciones de crisis y acompañar en las denuncias a los funcionarios cuando sufren agresiones y...
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Se acabó su tiempo, señor Senador.
El señor DE URRESTI.- Termino de inmediato, señora Presidenta.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene un minuto adicional.
El señor DE URRESTI.- Gracias.
Decía que, cuando se producen estas amenazas y denuncias, el funcionario debe contar con protección, con una red de servicios jurídicos de defensa por parte de su propia institución.
Si no abordamos el asunto de esa manera, considero que simplemente estamos habilitando tipos penales por lesiones y amenazas, con lo cual se van a disparar las denuncias, pero no va a haber una solución de fondo.
Señor Ministro, en atención a lo que vive nuestro país y a la necesidad de replantearnos derechamente una serie de situaciones que no están funcionando de forma adecuada, es imprescindible sincerar esto en materia de salud, en los centros de atención, en los hospitales de alta complejidad y también en los hospitales de comunas pequeñas, espacios en los que claramente día a día se vive este tipo de situaciones.
Voto a favor de la iniciativa, pero le dejo planteada dicha prevención al Ministro de Salud, quien se encuentra presente en la Sala.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Juan Castro.
El señor CASTRO.- Señora Presidenta, escuchando las intervenciones de los colegas, la verdad es que me surgen hartas preguntas.
Nadie está de acuerdo con las agresiones. Todos queremos vivir en un país con felicidad. Y hoy estamos habitando en un mundo convulsionado, en un país complicado, donde ha habido montones de agresiones también.
Entonces, debiéramos preguntarnos -y lo dijo el Senador Huenchumilla-: ¿Estamos haciendo las cosas bien como país? ¿Qué pasa en Chile hoy día?
A veces una persona va a un centro de salud; espera tres horas; llega el funcionario, y en vez de atenderla, se va a tomar desayuno. Estoy seguro de que el director de ese consultorio no tiene la facultad para sacar a ese funcionario, porque este Senado ha aprobado leyes en las cuales se protege a los funcionarios.
¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Estamos entendiendo lo que pasa en el país?
Muchas veces en los centros de salud no están los remedios. Obviamente las personas no se sienten felices por eso y explotan de forma agresiva. Hoy estamos viendo cómo reaccionan los jóvenes en la calle.
Pero vámonos a la otra parte: ¿Qué pasa con la educación de nuestro Chile? ¿Es la correcta? ¿Es la justa? En verdad, debemos cuestionarnos eso también.
Siento que hace mucho tiempo la educación en nuestro país no es la que se necesita. Estamos educando mal a los jóvenes y estamos viendo el resultado. Nuestros jóvenes hoy día, que son nuestros estudiantes, han destrozado los bienes públicos. ¿Será justo lo que están haciendo?
Uno puede entender que existe un malestar, pero estamos educando mal, porque un niño no puede ir a destrozar un bien público, que nos cuesta a todos los chilenos.
Vamos a otra parte: ¿Los padres están educando bien el día de hoy? ¿Están enseñándoles valores a sus hijos? Y uno se da cuenta de que no es así. No puede ser que un niño de catorce años ande en la calle a altas horas de la madrugada haciendo destrozos. ¡No es correcto!
Entonces, lo que debemos hacer como Senado, a mi juicio, es instar a la creación de un cuerpo colegiado de la más alta importancia en el Estado, porque ya es hora de sentarnos a conversar con el Ejecutivo; ver lo que debemos cambiar, y fijar las prioridades.
Considero que las prioridades en nuestro país hoy están perdidas. Esa es la razón del descontento que tenemos en la calle. Las prioridades que están fijadas no son las que necesita la gente, y requerimos leyes que permitan a nuestra sociedad trabajar de manera feliz.
¿Dónde está esa felicidad? Perdida, por todo lo que han comentado aquí muchos de los Senadores.
Es hora de que nos sentemos a conversar y a planificar lo que debemos hacer.
Lo que comentó el Senador Navarro no me parece tan descabellado. Puede que en la forma él le coloque una pasión adicional, pero en el fondo creo que tiene razón. El tiempo que estamos viviendo no es para estar discutiendo o votando proyectos como los que se han tratado ayer u hoy. El problema es más profundo, y debemos ser capaces de sentarnos a dialogar, planificar un poquito mejor y ponerse a disposición del Ejecutivo.
A lo mejor nosotros debemos colocarnos a disposición del Gobierno, para buscar la solución y hacer los cambios que realmente se necesitan.
Obviamente, el Ejecutivo debe entender que hoy tenemos otro Chile y que ese Chile requiere un cambio de estructura, de mirada. Veamos cómo somos capaces de leer el descontento y la falta de felicidad en la sociedad.
El llamado es que nos sentemos a conversar y a pensar una nueva planificación para el Chile nuevo que estamos viviendo.
He dicho.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, deseo hacer una breve referencia al proyecto, que me parece que recibirá un apoyo unánime, lo que habla bien del Senado al ser capaces de dar una señal importante respecto de un tipo especial de lesiones contra profesionales que se desempeñan en distintos lugares del servicio público.
Si hay algo que debemos cuidar entre todos, es precisamente el respeto. Es la clave de la democracia. Sin respeto, no existe democracia. Del mismo modo, sin instituciones es el reino de la frase vaga o simplemente de la expresión voluntarista al margen de cualquier efecto.
Creo que es el momento de defender el respeto y las instituciones.
Yo valoro el proyecto, porque, además de ser una iniciativa parlamentaria -tiene mérito venga de donde venga-, apunta a algo que está instalado en la comunidad, que nace de la gente, que nace del funcionario público que clama por entregar sus servicios sin que se vea amenazado o afectado en su honra, en su integridad, en todo lo que supone servir a nombre del Estado en un lugar en el que, particularmente, hay contacto ciudadano.
Valoro eso.
Pero deseo rescatar el planteamiento acerca de qué corresponde hacer como Parlamento en una situación como la que se vive.
Comparto una primera visión que se ha expresado: que aquí se requiere una iniciativa del Gobierno. Se han planteado ideas en materia de gasto, de uso de la fuerza o en la forma de decretar determinados estados excepcionales. Y el Gobierno, con toda convicción, está cumpliendo su papel.
No quiero que estas cosas queden simplemente como deseos en el aire.
En los últimos días hemos estado con una agenda que, por ejemplo, modifica sustancialmente el salario mínimo del trabajador en Chile. No es lo mismo plantear dicho ingreso en función de una cifra un poco superior a 300 mil pesos que el monto propuesto por el Gobierno, que dice: "Me voy a meter la mano en el bolsillo para que sea a lo menos 350 mil pesos".
Alguien me señala: "Puede ser poco". Pero nunca antes había ocurrido. ¡Nunca! No hay precedente respecto de una necesidad social que se instala con esta vertiginosidad y coherencia, que hace que el Ejecutivo diga: "Pondremos el saldo y esperamos que esto vaya en ayuda, particularmente, del pequeño y mediano empresario". Porque es al que más se le dificulta pagar un salario mínimo de esa naturaleza. Ello, en la común esperanza de que podamos ir subiéndolo.
Además, se plantea un cambio en pensiones muy sustancial. No es lo mismo hablar de las actuales pensiones solidarias o aportes estatales que de pensiones un 20 por ciento más altas en el evento de que se apruebe la ley. Este es un cambio muy significativo y no simplemente una raya en el camino. ¡No! Implica un cambio en la forma de entender el Gobierno.
Ha habido modificaciones en los cobros tarifarios, como hemos visto en los últimos días, que son muy sustanciales y que además van a cambiar los ejes respecto de cómo se calculan las tarifas públicas. Porque este servicio tiene que existir y debe haber una tarifa, pero la forma en que esta varía es lo que estamos tratando de cambiar.
También habrá un seguro catastrófico de salud, que esperamos poder ver pronto, en que el sistema es muy distinto y se le coloca un techo a lo que una familia puede gastar ante una enfermedad catastrófica.
Cuántos de nosotros hemos visto situaciones dramáticas, de ahora, de antes y de siempre, en ese sentido. Y, probablemente, van a ser cada vez más porque la longevidad va aumentando.
Ese es el tipo de problemas que vamos a necesitar abordar.
Además, hay una reforma tributaria, y esperamos que se llegue a un acuerdo sustancial respecto de ella.
Entonces, creo que, ante una emergencia de esta naturaleza, y con defectos, errores, pero también con aciertos, hay que asumir que aquí hay un Gobierno que ha dado la cara -no ha dado la espalda- a un problema ciudadano de extraordinaria complejidad.
Sin embargo, cabe también pensar que le corresponde al Parlamento realizar lo suyo, porque nosotros tampoco somos los acreedores de la "paz social", como hoy día se tiende en devenir, que es un concepto que a mi juicio se debería revisar bien, al igual que el de "nuevo pacto social", que a veces suena bonito pero no se entienden del todo las características exactas que debe contener.
Al Parlamento le corresponde legislar -y eso estamos haciendo: mejorar las normas-, no abdicar, ni en lo grande ni en lo chico, ni en la capacidad de detener su acción en estas leyes que se establecen pensando en los ciudadanos, ni tampoco en esas normativas más profundas, que esperamos logren enderezar un tipo de convivencia que hoy día está profundamente afectado.
Entonces, señora Presidenta...
No sé si me puede dar veinte segundos adicionales.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Dispone de un minuto, señor Senador.
El señor COLOMA.- Hago un llamado, por cuanto es algo que nos corresponde básicamente a nosotros, a no abdicar de la función pública. Porque se abdica de dos maneras: en lo formal, simplemente deshaciéndose de las responsabilidades, o en lo más informal, no dándoles a los temas la importancia que legislativamente les corresponde.
¡Para mí esa es la obligación del Parlamento: funcionar!
Un país sin instituciones es un país del matonaje, de la ley del más fuerte, de un lado o del otro. Estimo, por tanto, que debemos entender que nuestra misión es velar por que esa institucionalidad sea capaz de generar acuerdo. Y justamente la institucionalidad tiene como objetivo fijar logros comunes.
Aquello es importante, decisivo. Puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.
¡Pero no miremos en otros lo que tenemos que dar por nosotros mismos!
He dicho.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- No hay ningún otro Senador inscrito.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Constitución (40 votos favorables) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MAÑALICH (Ministro de Salud).- Señora Presidenta, muy buenas tardes.
Por su intermedio, saludo a todos los Senadores y las Senadoras aquí presentes.
Hablaré de este proyecto solo en la perspectiva del Ministerio de Salud; no me corresponde referirme a lo que significa para los trabajadores del mundo de la educación.
Quiero señalar que esta iniciativa es parte de un conjunto de medidas que desde anteriores Gobiernos se han debido ir tomando progresivamente para proteger a los trabajadores de la salud de una violencia creciente vivida frente a la atención de los usuarios en todo el sistema de salud, tanto público como privado.
En ese contexto, el hecho de que en esta ley en proyecto no solo se aumenten las sanciones, sino que también se imponga la obligación de denunciar y procurar asesoría jurídica para quienes sean agredidos, además de todo lo que significa un acompañamiento para estos trabajadores, es muy importante.
Deseo agradecer tanto la tramitación bastante rápida que ha tenido esta moción, iniciada en la Cámara de Diputados, como también el enriquecimiento muy significativo que tuvo en particular en la Comisión de Constitución del Senado, al establecer la proporcionalidad de las penas y lo relacionado con ello.
Estamos trabajando todos en esto.
En ese sentido, cabe destacar que el centro de salud nuevo tiene alarmas de pánico, que estamos acompañando a nuestro personal, etcétera.
Por cierto, este proyecto también es importante porque cada vez que se produce una agresión al personal de la salud hay daños colaterales muy significativos: el trabajo del turno se paraliza, la gente tiene que seguir esperando, los profesionales y no profesionales renuncian, piden licencias prolongadas. De manera tal que el daño que se genera respecto de la atención no solo de quien sufrió un acto de agresión, sino también del resto de la comunidad es muy relevante. Y este proyecto, en parte, quiere minimizar ese daño.
Por último, quiero referirme a algo que encuentro muy sensible dentro de lo que se ha discutido acá por los Honorables Senadores, pues se ha manifestado que este tipo de violencia es proporcional o es a causa de una falta de servicio por parte de los sistemas de salud tanto públicos como privados.
Y quiero señalar que eso no es correcto.
Es cierto que las personas que se atienden en el sistema de salud deben soportar largas esperas, postergación de horas. En este mismo movimiento social que hemos observado en estos días, el 40 por ciento de las personas citadas a atenciones de especialidad en los servicios de salud no han podido llegar, lo que, por tanto, hace aumentar esa sensación de vulnerabilidad y violencia que ellas tienen.
Pero quiero fijar la vista en lo que está pasando en el mundo real, en lo que ocurre en un servicio de urgencia, en el hospital Padre Hurtado, por ejemplo, donde fui el otro día a ver víctimas de la violencia política que ha estado afectando al país. ¿Qué sucede ahí? Todos los días llegan dos baleados en relación con el narcotráfico. Las personas que los acompañan andan armadas; amenazan al personal de salud para que sus heridos sean atendidos con un protocolo que no tiene nada que ver con la atención que necesitan las personas, y golpean a los funcionarios de ese recinto.
O sea, el mundo real del que estamos hablando no es de la persona a la que no le han entregado los medicamentos y que hoy día, producto del paro que se vive, debe esperar seis u ocho horas para que se los pasen. Esa persona -y hay que decirlo con honradez y con vergüenza- sigue esperando, y con calma.
El problema es que en nuestra sociedad se ha instalado algo que se conversó acá y que afecta a Salud, porque está en la frontera. Tiene que ver, por cierto, con que "Me hago justicia por mi propia mano. Dado que nadie es capaz de imponer justicia por mí, que nadie es capaz de respetar mis derechos, me hago justicia por mi propia mano y golpeo, violento"; sobre todo si esa es su conducta habitual. Ello -insisto- es producto del delito o de los actores delictuales que están instalados en muchas de nuestras comunidades, especialmente en las poblaciones más vulnerables.
En ese sentido, agradezco enormemente la votación unánime alcanzada por este proyecto. Ojalá lo podamos sacar luego.
Así que creo que no podemos culpar a los usuarios normales del sistema de salud de que están respondiendo con violencia a lo que perciben que es violencia contra ellos, porque eso es incorrecto.
Gracias.
La señora ÓRDENES (Presidenta accidental).- A usted, señor Ministro.