DOMINIO Y USO DE AGUAS
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Corresponde reanudar la discusión en general del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, sobre dominio y uso de las aguas, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (6.124-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Girardi, Navarro y de los entonces Senadores señores Ávila, Ominami y Ruiz-Esquide):
En primer trámite: sesión 56ª, en 1 de octubre de 2008 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (6.141-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del entonces Senador señor Núñez):
En primer trámite: sesión 57ª, en 7 de octubre de 2008 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (6.254-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del entonces Senador señor Horvath):
En primer trámite: sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2008 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el cuarto proyecto (6.697-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los entonces Senadores señores Ávila, Núñez y Vásquez):
En primer trámite: sesión 50ª, en 15 de septiembre de 2009 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el quinto proyecto (7.108-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Navarro y de los entonces Senadores señores Rossi y Tuma):
En primer trámite: sesión 40ª, en 4 de agosto de 2010 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el sexto proyecto (8.355-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de la Senadora señora Allende, Senador señor Letelier y de los entonces Senadores señores Gómez, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite: sesión 24ª, en 12 de junio de 2012 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el séptimo proyecto (9.321-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de la Senadora señora Muñoz, de los Senadores señores Girardi, Araya, De Urresti y del entonces Senador señor Horvath):
En primer trámite: sesión 13ª, en 23 de abril de 2014 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el octavo proyecto (10.496-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Chahuán):
En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el noveno proyecto (10.497-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Chahuán):
En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016.
Discusión:
Sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019 (queda pendiente la discusión en general).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Este proyecto de reforma constitucional requiere para su aprobación las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 29 votos favorables, por recaer en el Capítulo III, "De los Derechos y Deberes Constitucionales".
En la última sesión en que se trató la iniciativa quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Senadores señores Latorre y De Urresti.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continúa la discusión general del proyecto.
Sin perjuicio de que algunos están anotados con anterioridad, se ha inscrito el Senador Rabindranath Quinteros, a quien le damos la palabra.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hace más de diez años se viene discutiendo en este Senado una reforma al estatuto constitucional de la propiedad del agua.
Hace más de diez años el país enfrenta una sequía que ha afectado profundamente la disponibilidad de agua para el consumo humano de centenares de miles de personas, especialmente del medio rural; ha generado un verdadero desastre para la actividad de pequeños agricultores, y también ha obligado a introducir cambios a los grandes productores y a otras industrias, como la minería y el turismo.
Es decir, hace más de una década tenemos un grave problema que afecta a varias regiones y a millones de personas, pero que, hasta ahora, solo ha provocado una respuesta tibia en mayor inversión pública, sin encontrar el cauce institucional para ser resuelto.
Lamentablemente, lo que ha ocurrido con el agua también ha pasado con otros graves problemas que enfrenta el país.
La privatización del agua no solo es injusta, porque permite a algunos privados apropiarse de un bien común, sino que además es ineficaz, pues no permite dar respuesta a la crisis hídrica y a las demandas crecientes de la gente.
De la misma manera, la privatización de la seguridad social no ha dado solución a la expectativa de pensiones y salud justas para la gran mayoría de la población. Tampoco la privatización de la educación ha proveído de servicios de calidad a los estudiantes.
Todos estos problemas pendientes se hallan detrás del estallido social que estamos viviendo en estos días. Y todos requieren, para una solución estructural, de una reforma constitucional.
Pues bien, ha llegado la hora.
Las decenas de mociones de reforma constitucional que se han acumulado estos años, esperando el quorum imposible, deben retomarse y comenzar a ser votadas.
Hasta ahora estos proyectos siempre se han enfrentado al mismo muro. Desde las bancadas del frente se ha sostenido que no serían prioridades de la gente o que afectarían la estabilidad del país.
¿Alguien puede decir hoy que no son oportunas porque las reformas constitucionales no son parte de las prioridades de la gente? ¡En todas las encuestas y en las calles esta es una de las demandas principales!
¿Alguien puede decir que las reformas son inconvenientes porque pueden afectar la estabilidad del país o el flujo de las inversiones? En los últimos treinta años nunca habíamos enfrentado una inestabilidad como la actual, y eso ha ocurrido, justamente, porque no ha habido espacio para estas reformas.
No me extenderé en los fundamentos de esta iniciativa. La Constitución actual afecta directamente la disponibilidad de agua para las personas, toda vez que le da una protección desmedida al derecho de aprovechamiento de unos pocos y permite la especulación con este recurso, sin sujeción alguna al interés público.
Esto se materializa en un Código de Aguas que también necesita ser reformado.
La gente lo tiene claro.
Las comunidades ancestrales del Norte Grande saben cómo los derechos de aprovechamiento de la gran minería, muchas veces adquiridos mañosamente, han secado sus terrazas y despoblado sus territorios.
Lo saben también los pequeños agricultores y crianceros del Norte Chico, que no han podido continuar sus cultivos y han visto morir sus animales.
Los agricultores de la zona central han debido reconvertirse, y los habitantes de los pueblos y zonas más aisladas han tenido que cavar pozos cada vez más profundos para disponer de agua para sus hogares, mientras la exportación frutícola florece.
Esta realidad llega a la zona sur. En las Regiones de Los Ríos y Los Lagos, que tienen nombres de agua, también enfrentan el fantasma de la sequía y sus localidades deben recurrir a los camiones aljibe para abastecerse de agua. Y si pretenden recurrir al agua que corre por los ríos cercanos, no pueden, porque alguien se adelantó y constituyó derechos sobre su cauce.
En todo el país la sequía está provocando migraciones.
La gente, como decía, lo tiene claro.
Pero ahora, después de esta votación, espero que también tenga claro quiénes están por resolver sus problemas y poner fin a los abusos y quiénes están por perpetuar las injusticias y defender sus privilegios.
La gente sabrá por qué un tercio vale lo mismo que dos tercios.
El Gobierno dice que ha escuchado la voz del pueblo. Veremos si sus representantes, los parlamentarios que lo apoyan, de verdad han escuchado o, una vez más, como ha ocurrido en los últimos diez años, se harán los sordos.
Si así ocurriese, por favor, no vengamos a lamentarnos del estado en que estamos, del desorden reinante ni de las pérdidas millonarias.
No pidamos diálogo cuando lo que quieren es ganar tiempo. Y el tiempo, estimados colegas, se acabó, como se ha acabado el agua para millones de chilenos.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en materia del estatuto constitucional y legal del agua en Chile, desde hace algunos años todos sabemos que el actual modelo establecido en la Constitución, que privilegia el manejo privado de las aguas, otorgando derechos de propiedad a los titulares de concesiones, está total y completamente agotado, posee características de concentración absolutamente abusivas y, lo que es más grave, no existe en él ninguna consideración social ni ambiental respecto de este recurso fundamental para la vida humana.
Hace algunos años, en el 2009, presenté un proyecto para incorporar el derecho al agua como un derecho humano. Frente a dicha propuesta, basada en lo que establecen varios tratados internacionales, y dada la situación actual de sequía que enfrentamos, que según se anuncia deriva de procesos de cambios climáticos que se harán cada vez más intensos, donde el agua será aún más escasa, obviamente concurriremos con nuestro voto favorable.
Creo también necesario abordar el tema de los usos prioritarios. En esto debe darse preferencia absoluta al consumo humano por sobre cualquier otro uso del agua. Es lo mínimo que podemos hacer si queremos adelantarnos a futuras crisis, que de seguro vendrán, respecto a la disponibilidad del recurso. Aquí los sectores mineros e industriales no pueden tener ninguno de sus privilegios actuales; por el contrario, es el consumo humano el que debe asegurarse a todo evento.
No hay que olvidar que cuando estamos hablando del agua existe un componente ambiental que está incorporado. El manejo integrado de las cuencas, la protección de los glaciares y de las aguas subterráneas son temas que no son abordados en este proyecto de reforma constitucional, pero sobre los que debemos legislar, ya que las escasas reservas que poseemos necesitan ser protegidas con una normativa que impida la destrucción de los glaciares y que sancione muy duramente a todo aquel que contamine cursos de aguas o napas subterráneas.
Por eso, señor Presidente, creo que este proyecto de reforma constitucional que establece el agua como un bien nacional de uso público es una avance importante. Pero, si no logramos consagrar el agua como un derecho humano ni proteger este recurso cada vez más escaso, de seguro deberemos asumir nuestra responsabilidad.
Gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, tal como lo señalé en la exposición de motivos del proyecto que presenté hace cuatro años y que culminó en la promulgación de la ley N° 20.827, publicada el 14 de abril del 2015, que conmemora el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua, resulta indispensable que los integrantes de nuestra comunidad efectivamente valoren el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Durante la tramitación de este proyecto de ley se fusionaron varias iniciativas. Entre ellas, hay dos de mi autoría. La primera tiene por objeto elevar a rango constitucional la disposición contenida en el artículo 5° del Código de Aguas, que dispone que las aguas son bienes nacionales de uso público, otorgándose a los particulares la propiedad sobre sus derechos de aprovechamiento, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley; y, la segunda, que también forma parte de estos proyectos refundidos, tiene por propósito introducir una modificación al artículo 19, N° 24°, de nuestra Carta Fundamental, con el objeto de establecer que el aprovechamiento y consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro destino de este recurso, ya que, como lo señalamos en la exposición de motivos de dicha moción, el consumo humano del agua forma parte de los derechos fundamentales de cada persona.
La razón principal que me llevó a presentar estas mociones fue hacer realidad palpable la función social de la propiedad, que si bien no está establecida como tal en nuestra Constitución, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es indudable que inspira nuestra institucionalidad desde hace muchos años, en especial con la promulgación, en 1967, de la encíclica Populorum progressio, del papa Paulo VI, que señala textualmente: "La propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. En una palabra: el derecho de propiedad no debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común".
Sin perjuicio de votar favorablemente el proyecto en general, anuncio desde ahora mi voto en contra en la discusión en particular respecto de ciertos temas que fueron parte de una discusión posterior en la Comisión de Constitución y, también, en la Comisión Especial de Recursos Hídricos.
Se trata, primero, de la frase que señala que las aguas "en cualquiera de sus estados" serán bienes de uso público.
¿Por qué lo señalo? Porque esto puede significar un detrimento para los efectos de resolver la grave crisis hídrica que enfrentamos, desde el punto de vista, por ejemplo, de las plantas desaladoras que hoy día se plantean como una alternativa.
Hay otro proyecto de ley, cuya autoría es de otras señoras y señores Senadores -se halla en discusión y figura en tabla-, que plantea como bien nacional de uso público a las aguas que provengan o resulten de las plantas desaladoras.
Más allá de la regulación que debemos dar a la instalación de las plantas desaladoras, creo que establecer que esas aguas son un bien nacional de uso público va a significar un desincentivo para los efectos de dar soluciones a la grave crisis hídrica que hoy tenemos. Ello, sin perjuicio de que podamos considerar que algún porcentaje de esas aguas pueda destinarse a otros fines.
En seguida, anuncio desde ahora también mi voto en contra de una frase contemplada en el inciso segundo del número 1: "Decláranse de utilidad pública los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido.".
Esta materia la voté en contra en la misma Comisión. Y lo hice porque establecer una expropiación de esos derechos vulnera nuestro marco legal.
Más allá de que esta es una reforma constitucional, ciertamente está regulando ex post -vale decir, retroactivamente- derechos que hoy día ya están constituidos.
Finalmente, también voy a votar en contra del inciso siguiente, en la medida en que señala que "Estas últimas serán siempre temporales, se circunscribirán a fines específicos y podrán estar sujetas al pago de patentes o tasas".
Básicamente, tenemos que distinguir entre aquellos derechos que se hayan constituido con posterioridad a la dictación del nuevo Código de Minería, cuestión que está en tramitación en este mismo Congreso Nacional, y aquellos que hayan sido constituidos con anterioridad.
Creemos que estamos frente a una de las crisis hídricas más profundas que ha vivido el país. Ciertamente, consideramos oportuno establecer usos prioritarios. Es por eso que esta moción, que fue incorporada en este proyecto al fusionarse, va en la dirección correcta, como también el establecer el reconocimiento constitucional de un principio que está consagrado a nivel del Código.
Estamos frente a una situación bastante compleja. Esta es la crisis hídrica más profunda conocida en nuestra historia. Pero también dice relación con la falta de capacidad del Estado de invertir en riego tecnificado.
Por ejemplo, la Región de Coquimbo, respecto de la cual uno podría sostener que debiera estar en peor condición que la Región de Valparaíso, se encuentra mejor, porque, a diferencia de lo que ocurrió en esta última, se hicieron las inversiones necesarias para los efectos de contar con obras hídricas. En la Región de Valparaíso eso no ocurrió. Y no ocurrió porque hubo falta de voluntad política de los gobiernos anteriores (segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, primer Gobierno del Presidente Piñera) para avanzar en aquellas obras que tenían toda la permisología. En definitiva, nadie quiso asumir los costos políticos que involucraba, por ejemplo, en el embalse Puntilla del Viento, trasladar a cincuenta familias -después fueron cien y hoy son casi cuatrocientas- que se encontraban en el lugar donde se iban a realizar las obras.
Pero también tenemos buenas noticias. El proyecto "Canal de la Prosperidad" que he encabezado y en el que, junto con el alcalde de Casablanca, hemos avanzado en forma sostenida, está ad portas de licitarse, esperamos que en diciembre y enero. Esa va a ser la primera gran obra de contención de la desertificación en Chile, pues va a traer aguas invernales desde el río Maipo hasta el valle de Casablanca, a fin de generar un reservorio de agua dulce para el Gran Valparaíso en el lago Peñuelas.
¡La primera gran obra de contención de la desertificación en Chile!
Es un proyecto que contempla cinco mil millones para su estudio, lo que nos va a permitir licitarlo para comenzar su ejecución.
Queremos agradecer al Presidente Piñera por haber impulsado este proyecto, que comenzó durante su primera Administración; luego tuvo un impulso importante durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet y, finalmente, en este segundo Gobierno del Presidente Piñera se está iniciando el proceso de licitación.
Hoy día la situación es dramática. Las provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes están sufriendo la escasez hídrica. Ella no se debe solamente a las condiciones climáticas, a que esta sea la región más golpeada por el cambio climático, sino también a la falta de decisión y visión política.
Aquí había que favorecer todas y cada una de las condiciones que permitieran generar inversión en obras hídricas, pero finalmente no hubo voluntad política para que ello ocurriera.
El marco normativo es fundamental y, por eso, tal como señalé, voy a votar a favor de la idea de legislar. Pero adelanto que en la discusión en particular me pronunciaré en contra de los articulados que mencioné.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, este es un tema fundamental, pero, aparentemente, muy contradictorio, por los debates que hay.
Estamos de acuerdo en que el agua va a ser el recurso más escaso del planeta. Estamos de acuerdo, aparentemente, en que el impacto del calentamiento global recaerá sobre la biodiversidad y provocará una escasez dramática del recurso agua.
La escasez tiene que ver, justamente, con un balance entre lo que uno podría llamar "la sequía", que es un proceso temporal de falta de agua, y la demanda. Y lo que ocurre en Chile es que ha disminuido la pluviometría y vamos a experimentar un aumento de la demanda.
Este es un proceso que se va a instalar de manera muy dramática, porque lo que estamos viviendo hoy día, que es más o menos una disminución de cerca de 80 por ciento del caudal de los ríos, por ejemplo, en la zona centro-norte, y de cerca de 70 por ciento en la zona central, una megasequía que va a llegar hasta Valdivia en este momento y que va a significar una disminución de la pluviometría en todo Chile, se debe al aumento de un solo grado de temperatura en ciento setenta años.
El escenario es dramático, ¿por qué? Porque en los próximos veinte años, aparentemente, la temperatura va a aumentar dos a tres grados, e incluso puede llegar a los cuatro grados. Es decir, las ondas de calor que tenemos hoy día no son ni siquiera un pelo de la cola de lo que va a venir: ondas de calor que van a multiplicar por diez las que hoy día percibimos. Por tanto, el impacto sobre la biodiversidad y sobre el recurso hídrico será dramático.
Hoy día ya se puede plantar uva en Chiloé y los viñateros están comprando terrenos en la Patagonia y en Chiloé para instalarse allá. Es decir, vamos a vivir un proceso de desertificación progresiva de Chile, proceso que avanza de manera dramática cada año.
El tema que acá nos compete es que el agua va a ser un factor esencial que determinará aspectos sociales. Algunos seres humanos tendrán acceso al agua y otros no. Entre paréntesis, Chile va a ser uno de los países más afectados.
No todo el planeta tendrá el mismo riesgo. Por ejemplo, hay lugares de Asia y Europa, como Italia, donde la pluviometría va a aumentar. No en todo el mundo se vivirá este proceso de desertificación y sequía extrema. Chile aparece entre los diez países del planeta que podrían resultar más afectados, de acuerdo a todas las simulaciones.
Ya tenemos un problema de pluviometría. A lo mejor cuesta darse cuenta, pero estamos en primavera y los embalses casi no tienen agua. Por ejemplo, el que alimenta a la Región de Valparaíso cuenta solo con un 2 por ciento del agua que debiera almacenar.
¿Por qué se instala esta discusión sobre el agua? Porque va a ser un elemento social fundamental y las brechas, desigualdades e inequidades a futuro van a ser por el agua.
Ya hay más de cuatrocientas mil personas que reciben agua por medio de camiones aljibe en nuestro país.
¿Sobre qué se discute? Acerca de la propiedad del agua. Chile es tal vez el único país en el planeta donde el agua es propiedad privada.
Un colega al que estimo acaba de señalar que se quieren expropiar los derechos de agua. Pero hay una cuestión previa: hasta el año 1980, antes en democracia y durante la colonia -porque heredamos de ese período su anterior estatus, el mismo que toda Europa tiene-, la institución del agua era un bien nacional de uso público. No es un bien privado y Naciones Unidas lo considera un derecho humano.
Por tanto, quiero relativizar lo referente a la expropiación. Cabe afirmar que todos los chilenos fueron expropiados de su derecho al agua en 1980, sin ninguna reparación, dado que todos los chilenos eran dueños de ese recurso hasta ese entonces, cuando ese derecho se conculcó de manera unilateral y autoritaria.
¿Cuál es el problema de ese cambio para quienes tienen interés en el abastecimiento y acceso al recurso? Que, dado que ahora es propiedad privada, no se pueden establecer regulaciones sobre ella ni determinar prioridades de uso ni caducar los derechos a especuladores.
Piensen que, por el solo hecho de inscribir derechos de agua a título gratuito, algunos se hicieron de un bien que hoy vale miles de millones de pesos. Dijeron que eran para proyectos, pero nunca los concretaron, y ahora el Estado les debe comprarles esos derechos a precio multimillonario, para llevarles agua en camiones aljibe a las personas que lo necesitan.
No podemos caducar esos derechos.
Se puede sacar de una cuenca y llevarla a otra, algo que es totalmente destructor de los ecosistemas.
No se está planteando quitarle el agua a nadie, sino cambiar el estatus de dicha concesión, igual como se hace con las concesiones mineras. Parece que a algunos se les olvida que las concesiones mineras no pertenecen a las empresas del rubro. Son del Estado, el cual las concesiona, pero son susceptibles de regulaciones.
Reitero que la norma que se plantea no tiene como objetivo quitarle el agua a alguien, sino cambiar el carácter de la concesión. Por tanto, las personas que cuentan con una concesión de agua, si la usan bien en función de los proyectos que tienen, no tendrán problemas. Pero, ¡cuidado!, esto permitirá establecer prioridades de uso.
Por ejemplo, en la Región de Coquimbo la pluviometría es de 150 milímetros por hectárea al año, pero se están plantando paltas, que consumen 2 mil milímetros por hectárea al año. En consecuencia, existe una brecha de 1.850 milímetros, que se llevan los paltos y que se quitan a otros. Entonces, si el agua vuelve a ser un bien nacional de uso público, será justo que se les diga a los empresarios vinculados a la producción de paltas: "¿Sabe qué? Primero démosles agua a los seres humanos que están ahí, que no tienen agua para tomar, y si sobra, habrá para los paltos". Sin embargo, hoy día en este país los paltos tienen un privilegio por sobre los seres humanos, porque pueden consumir 2 mil milímetros de agua por hectárea, mientras las personas no tienen acceso a dicho elemento.
Tenemos el caso de Chada o el de Buin, donde el señor Pérez Cruz este año hizo un pozo profundo, con lo cual les quitó el agua a los comités de APR. Los dejó sin agua para tomar ni para regar los cultivos de la agricultura familiar campesina. ¡Eso puede ocurrir porque él es dueño del agua!
Lo que estamos planteando acá no es que se le quite el agua a alguien, sino que a los chilenos se les devuelva algo que les pertenece y que nunca se les debió haber quitado.
Chile no puede ser el único país del planeta, sobre todo siendo uno de los más afectados por la crisis del agua, que mantenga una situación que es absolutamente inequitativa, absolutamente violenta respecto a su derecho al agua, el cual se les expropió a los chilenos sin ninguna discusión.
En el fondo, se trata de una acción civilizatoria; se trata de una acción democratizadora; se trata de entender que se cuestiona la Constitución porque generó privilegios para unos pocos que se hicieron de los derechos del agua y que dejaron a la mayoría en un acceso absolutamente precario, por no tener tal derecho.
Finalmente eso nos afectará a todos.
Al mismo tiempo, bajo esas mismas lógicas no se quiere proteger los glaciares. Pero, ¡qué extraño!, los glaciares son los únicos embalses naturales gratuitos. ¡Y se los quiere destruir!
Hacer un embalse, que nunca tendrá el volumen de un glaciar, demoraría quince años solo para aprobarse.
¡Bueno, y ahí están oponiéndose a los proyectos de ley los mismos que defienden la propiedad privada del agua!
No entiendo cómo podremos construir la paz social en nuestro país si ni siquiera nos abrimos a discutir los temas, ¡pero sin eufemismos! Porque no se puede decir "Voy a votar por este proyecto" y, finalmente, estar a favor de que se mantenga el oprobio.
¿Cuál es el oprobio, que no existe en ninguna otra parte del mundo? Que el agua sea propiedad privada.
Cuando vienen europeos a Chile y uno les cuenta que el agua es propiedad privada, dicen: "¡Pero cómo! ¡Eso no puede existir!". Claro, para ellos es como si el aire fuera propiedad privada. Es evidente en una lógica natural, con un mínimo de altruismo, con un mínimo de sentido común, con un mínimo de empatía, con un mínimo de respeto a los derechos humanos.
Solo deseo recordar que Naciones Unidas establece que el agua es un derecho humano e, incluso, que los treinta primeros litros debieran ser gratuitos para todos los seres humanos.
Bueno, Chile va en el sentido contrario de los derechos fundamentales, porque ha privatizado el agua.
Entonces, ¿qué hacemos?
Tenemos una sequía que irá aumentando, una crisis que va a ser dramática, por lo que habrá situaciones de migración. ¿Cómo vamos a administrar todos esos fenómenos? ¿Cómo los vamos a enfrentar?
La única política que ha propuesto el Gobierno es que privaticemos la DGA. Es decir, en vez de fortalecer la institucionalidad del agua, ¿saben lo que hay que hacer? Privatizarla.
Los derechos de agua están sobreconcedidos de manera totalmente irregular, sin ningún balance por cuenca, sin saber cuánto es la pluviometría ni la demanda que tienen los árboles.
Por ejemplo, al reforestar una especie nativa hay que saber que consume 500 milímetros de agua por hectárea. No se puede plantar sin entender que habrá una brecha de consumo, en caso de hacerlo en un lugar donde solo llueven 200 milímetros de agua por hectárea.
Todas estas consideraciones no existen. No hay ninguna discusión al respecto, y se avanza como si nada pasara, como si no existiera el cambio climático ni la crisis del agua.
Hago un llamado a mis colegas de enfrente (también a los de mi sector) a entender que uno de los mayores desafíos democratizadores que tiene el siglo XXI es restablecer un derecho humano que se les conculcó a los chilenos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, estamos siendo testigos de las mayores movilizaciones que hayamos visto desde el regreso a la democracia, como lo hemos venido señalando sostenidamente en estas dos últimas semanas.
La gente ha captado perfectamente bien que estamos en presencia de un modelo que no resiste más para entregarle a este país una mayor cohesión social y una mejor gobernanza.
No es casualidad que, entre todas las expresiones que se ven masivamente en la calle, una de las más recurrentes quizás es el tema del agua. La gente está pidiendo justamente lo que ahora vamos a votar: el cambio constitucional de considerar al agua como un derecho humano, tal como lo establecen las Naciones Unidas. Y es deber del Estado garantizar tal derecho.
Es importante recordar -aquí se ha dicho- que el cambio climático afectará a los más vulnerables, a los más pobres. Evidentemente, Chile es uno de los países con mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, por su geografía, por sus características socioeconómicas y, sobre todo, por sus niveles de desigualdad.
No deja de ser llamativo que instituciones como la Fundación Chile, la OCDE y el Banco Mundial no solo consideran que, debido a la escasez hídrica que vive nuestro país, estamos entrando a un estrés hídrico por las características de la emergencia climática, sino que, además, denuncian que la mala gestión del recurso es uno de los principales factores de dicha escasez.
Por lo tanto, no solo se trata de escasez, sino de que el problema radica en un modelo injusto, en el cual el Estado ha entregado el agua a privados de forma gratuita y a perpetuidad.
Entonces, tenemos una contradicción, porque vivimos en un país que ha suscrito tratados internacionales -entre ellos, el de Naciones Unidas, que dice que el agua es un derecho humano-, pero no ha expresado el reconocimiento ni la protección efectiva de este derecho a nivel constitucional.
¡Y de eso se trata! De reconocer en la Constitución el derecho prioritario al agua para los seres humanos, para el consumo humano.
Desde luego, está claro que el mercado por sí solo no es un buen sistema de gestión -y no puede serlo- para un bien tan esencial para la vida, porque, entre otras cosas, optimiza en favor del poder de adquisición y no en favor de otros usos vitales, los cuales ni siquiera están priorizados en nuestra legislación.
Una vez que se promulgó el Código de Aguas -nunca olvidemos que fue el año 81, en plena dictadura-, la escasa información de los respectivos territorios sobre los mecanismos para obtener los derechos de aprovechamiento de agua permitió que en menos de una década, ¡en menos de una década!, los grandes grupos económicos dueños del sector eléctrico, minero y agrícola exportador concentraran la propiedad de esos derechos, en perjuicio del acceso a este bien, especialmente, para los habitantes de las zonas rurales.
Las organizaciones de usuarios, como las juntas de vigilancia y las asociaciones de canalistas, lamentablemente terminaron reproduciendo el modelo de quienes tienen mayor injerencia en las decisiones, que son precisamente quienes poseen más derechos de aprovechamiento. O sea, se reproduce un modelo bastante poco democrático.
Debido a la alta concentración en la propiedad de los derechos de agua, como también a la escasez incremental que estamos viendo, el precio de este vital elemento sube, la especulación aumenta y los derechos de aprovechamiento se hacen inalcanzables para los habitantes rurales, que no pueden competir frente a otros sectores altamente rentables.
Por ello, hemos alegado, por la vía de la modificación al Código de Aguas -y ahora esperamos la ratificación de este derecho constitucional-, para fortalecer las potestades públicas del Estado sobre este recurso, con el fin de asegurarles el agua a todos los habitantes, particularmente frente a una situación de escasez.
Mantener el actual modelo generará conflictos sobre el agua, lo que ya ha sido ampliamente documentado.
Nuestra Constitución actual nos impide darle más poder de tutela al Estado en torno al agua. Esto ocurre por lo establecido en el inciso final del número 24º de su artículo 19, que otorga la propiedad, ¡la propiedad!, sobre los derechos de aprovechamiento de agua.
Ese es el inciso que consagra la privatización del agua y que genera los problemas de constitucionalidad que algunos podrían hacer valer frente a una eventual modificación del Código de Aguas, con lo cual lo único que buscamos es darle facultades a la Dirección General de Aguas para limitar temporalmente el ejercicio de los derechos de aprovechamiento en casos de escasez hídrica, aun si no hay acuerdo de las juntas de vigilancia.
Por eso somos partidarios de eliminar dicho inciso, cosa que no se logró en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos cuando estudiamos este proyecto, pero esperamos lograrlo más adelante, pues si no, vamos a estar siempre cojeando.
Sin esa eliminación, la reforma al Código de Aguas va a perder efectividad, ya que, como hemos señalado, la hipertrofia de los derechos de propiedad que ampara a los dueños de derechos de aprovechamiento impide hacer cambios sustantivos.
Cabe recordar lo importante que es seguir avanzando en esto y señalar cuáles son los cuatro objetivos claros que perseguimos: consagrar constitucionalmente el agua, en cualquiera de sus estados, como bien nacional de uso público; entregar a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales, estarán circunscritas a fines específicos y quedarán sujetas al pago de patentes o tasas; garantizar la priorización de los usos del agua, el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención del caudal ecológico, y finalmente, contemplar el ejercicio de recursos de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos precedentemente mencionados.
¡Cuán importante es, señor Presidente, poder dar un paso sustantivo en esta materia!
La verdad es que es triste ver lo que pasa actualmente.
Por eso rescato lo que ocurre hoy día en la calle, cuando la gente dice: "¡Basta de la privatización del agua! ¡Queremos acceso al agua!".
Es dramático ver situaciones como las de Petorca, La Ligua, San Felipe y de tantas de nuestras comunas; ver a los habitantes de localidades rurales que no pueden acceder al agua, debiendo ser abastecidos con camiones aljibes, a quienes se les entrega solo cincuenta litros por persona, lo cual es francamente miserable para sus necesidades reales, pese a estar rodeados de plantaciones que no tienen límites, que simplemente son monocultivos de uso intensivo del agua.
¡Y no existe ninguna regulación al respecto!
Es más, se ha planteado este dramático problema a las autoridades y una de las soluciones que se dan es comprar a los privados derechos de aprovechamiento de aguas que les fueron entregados en forma gratuita. En efecto, el Estado hoy día está gastando plata para adquirir algunos de esos derechos con el objetivo de intentar morigerar o rectificar la actual situación de escasez hídrica que afecta, particularmente, a la Región de Valparaíso, al interior del valle del Aconcagua.
La gran pregunta que uno se hace es si estamos dispuestos a continuar con este modelo.
No se entiende que ha llegado la hora de aplicar una mirada mucho más amplia; de tener facultades para poder coordinar a las distintas instituciones; de tener facultades para ordenar a los actores; de tener facultades para hacer un manejo integral de cuencas, de forma tal que todos los involucrados sean considerados y haya una distribución racional.
Se piensa que no es necesario modificar el Código de Aguas. El estudio de la iniciativa se retrasa y sigue pendiente en las Comisiones, por no entender que estamos avanzando ¡algo! al darle mayores facultades a la Dirección General de Aguas.
A lo menos, habría que establecer que los derechos de aprovechamiento debieran estar sujetos a cierta temporalidad y a un proyecto específico; no como ha sido hasta ahora, en que son perpetuos, heredables, vendibles, en fin. Es el perfecto negocio que muchos hicieron al recibir derechos en forma gratuita, graciosamente, en plena dictadura, a partir del año 81.
Señor Presidente, este país no puede seguir sin escuchar lo que hoy día está ocurriendo en muchas de nuestras localidades rurales, en buena parte del país: estamos enfrentando el ciclo de sequía más grande que hayamos vivido. Vamos a cumplir cerca de diez años -algunos hablan incluso que serán doce- con un efecto acumulativo de escasez, que ha significado que estemos entrando a una situación grave que se llama "estrés hídrico", que está afectando a Chile y, obviamente, a los más vulnerables.
Créanme que es dramático ver a nuestros pequeños crianceros y ganaderos cómo ven morir a sus animales, que son su único sustento de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque no pueden acceder al agua. Pero están rodeados de grandes empresas agrícolas que plantan, plantan y siguen plantando.
No estamos en contra de la producción, pero se requiere un uso racional de un bien cada día más escaso y respecto del cual la demanda es mayor. Si no tenemos la capacidad de ordenarnos, de coordinar a todos los actores y de hacer un uso racional de ese elemento vital, utilizando incluso tecnologías que nos permitan generar más este recurso, créanme que vamos a enfrentar una de las crisis más severas que ha habido.
A las dificultades que ya existen, vamos a agregar una extra: la gente se va a cansar de sentir que no puede acceder al agua, mientras están rodeados de plantaciones donde se hace un uso ilimitado de ese recurso.
Por ello, señor Presidente, insto a que aprobemos esta reforma constitucional, para que consagremos que el agua es un derecho humano reconocido que el Estado debe garantizar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de continuar, pido autorización a la Sala para que la Senadora Ximena Rincón me reemplace en la testera por un momento.
Acordado.
El señor BIANCHI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Aravena.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidenta accidental, la Senadora señora Rincón.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, lo primero que deseo plantear es que no está en discusión que el agua y el consumo humano de ella son una prioridad para todo el Senado, y no solo para una parte de este.
Lo segundo es que efectivamente hay una gran crisis hídrica en el país, que tiene que ver mucho con el cambio climático.
Dicho lo anterior, quisiera corroborar lo que han mencionado mis antecesores.
En Chile ha habido un pésimo manejo del agua, principalmente -hay que decirlo- debido a una institucionalidad pública precaria en recursos, con una normativa bastante antigua, que de alguna manera no ha ido acorde con los tiempos. También, quizás, es producto de una necesidad demasiado grande y de una ambición privada, que en algunos casos -obviamente, siempre hay excepciones- ha sido absolutamente abrumadora y ha generado situaciones que todos lamentamos en el país.
En primer lugar, creo que es un poco complejo que hoy día, en los tiempos que corren, con una de las crisis institucionales más grandes que ha vivido la historia del país, estemos tratando este tema. Y no lo digo porque sea algo difícil de tratar.
Hago presente que muchos de este sector de la Sala, con mucha valentía, hemos aprobado varias indicaciones relacionadas con el proyecto que introduce modificaciones al Código de Aguas, en discusión en el Senado. Ellas, en mi opinión, desde el punto de vista técnico, fueron muy bien elaboradas por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos.
También hay que tener presente que esa iniciativa se tramitó en el Gobierno anterior.
Nosotros hemos sido bastante valientes en ir en contra incluso de lo que quizás se esperaba que fueran los votos de Senadores de, hoy día, Centroderecha. Pero lo hemos hecho por la profunda convicción de que el agua es absolutamente importante y se necesita una legislación moderna y eficiente para los tiempos que vienen.
Sin embargo, el proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas está en trámite. Así es. Y hemos ido avanzando en su análisis en la Comisión de Agricultura, aunque quizás no en todo lo que hubiéramos querido.
El año pasado se recibió a más de cincuenta distintas universidades y organismos técnicos y también a representantes de la sociedad civil, para escuchar la opinión de cada uno.
En paralelo, se trabajó en la Comisión de Recursos Hídricos este proyecto y la indicación sustitutiva del Ejecutivo que hoy día se encuentra en trámite.
Hemos ido votando cada una de las distintas indicaciones y el proyecto relativo al Código está quizás en un 45 por ciento votado.
La discusión de esta iniciativa ha sido tremendamente larga y compleja, su tramitación ha durado ocho años. Ingresó por la Cámara de Diputados, luego, en segundo trámite, pasó a la Comisión de Recursos Hídricos, y desde el 2007 está en la de Agricultura.
Ha sido un trabajo enorme que implica mucho tiempo, esfuerzo y talento de parlamentarios, asesores, organizaciones de la sociedad civil: hay más de 317 indicaciones presentadas en la Comisión de Recursos Hídricos.
Quiero destacar que esta iniciativa contiene muchas normas que hoy día estamos discutiendo y que han sido aprobadas en el proyecto relativo al Código de Aguas, entre ellas, las referidas a la prioridad del agua para consumo y su definición como bien nacional de uso público.
Alguien podría decir que el Código de Aguas no es superior a una norma constitucional, y para eso también voy a dar una respuesta que me parece bastante lógica. Pero, de una u otra manera, tanto el derecho de aprovechamiento de agua; la duración; la caducidad; la prioridad para consumo humano; el caudal ecológico; el tratamiento de aguas subterráneas; el mejoramiento de los sistemas de control de gestión de la DGA; la creación del plan de cuencas y de un Comité Asesor externo, ojalá un comité científico, son parte de los temas que estamos discutiendo.
Lo que se plantea es una reforma constitucional, a lo cual no me niego, pero creo que el tratamiento de un tema tan delicado y complejo como este tiene que ser con bastante más prudencia y análisis.
Y, discúlpenme, esto no se trata solamente de hacer un ejercicio político, sino de que la ciudadanía nos está emplazando a todos y a cada uno de nosotros a llevar adelante una reforma constitucional que, como he dicho en varias ocasiones, no tengo ni un problema en realizar. El país tiene que ir avanzando en una estructura legal que le permita desarrollarse, y esta bancada y este sector del Senado no ha dicho que no.
Por lo tanto, me parece que primero hay que terminar de votar el proyecto referido al Código de Aguas. Y, una vez que lo terminemos -espero que ojalá sea este año-, recién ahí nos pondremos a analizar una reforma a la Constitución. Vamos a estar todos de acuerdo en que este Senado tiene las condiciones para hacerlo, y en ese minuto, sin duda, podremos trabajar todos los artículos y los temas que la ciudadanía y nosotros estimemos convenientes.
Me parece que emplazarnos en el sentido de que somos personas que no tenemos interés en cuidar uno de los recursos más importantes para la vida humana, y no tratar este tema con seriedad, no es correcto.
Yo creo que los emplazamientos de ese tipo no son necesarios. Muchos hemos demostrado en este Senado que queremos hacer las cosas bien. Y, por lo mismo, yo les pido mayor respeto por mi consideración de que existen temas relacionados con la propiedad que hay que ver, estudiar y analizar. El Código de Aguas da respuestas para la gran mayoría de estos articulados, a través de lo emanado de la Comisión de Recursos Hídricos.
Yo les pediría, en ese sentido, que respetaran el voto de cada uno de nosotros, sin creer que somos contrarios a lo que ustedes piensan. Tenemos el mismo cariño por los chilenos y por los recursos naturales de los cuales vivimos.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.- Señora Presidenta, quisiera iniciar esta intervención citando un pequeño extracto de un texto de Gabriela Mistral llamado "Coquimbo: una provincia en desgracia", que data de 1925 y trata sobre la sequía y escasez hídrica en esa época. El texto dice:
"Lo menos que el hombre puede hacer por la tierra es la distribución racional de las aguas, conducir al elemento maravilloso, en sabia red de canales.
"La tierra da tan poco... es cierto. No da, la muy austera, para vicios, para automóviles ni para mujeres: pero da de comer a peones y amos, y los obliga a la sobriedad. Del agro viene una especie de código natural de economía y los pueblos agrarios son pueblos morales por sensatez.
"Que nos den el agua y el crédito agrícola, fácil. No el que se ha dado antes al alcance de los que ofrecen una hipoteca".
Gabriela Mistral, en 1925, al referirse a la escasez hídrica daba cuenta de un problema en los valles de la Cuarta Región. Y este no solo se debía a la sequía natural, sino a la inadecuada gestión del agua. Mistral dice que lo mejor que podemos hacer por la tierra es la distribución racional del agua. En cambio, nuestro sistema de derechos de aprovechamiento de agua en un mercado dista absolutamente de ser racional.
En nuestra Región de Valparaíso, la situación de Petorca, Cabildo, Aconcagua, Putaendo, por nombrar algunas localidades, es inaceptable: mientras algunos exprimen hasta la última gota de agua para plantaciones de paltos y otros monocultivos sin ordenamiento territorial y sin fiscalización efectiva, las familias más vulnerables de la región, en zonas rurales, deben recurrir a camiones aljibes a fin de disponer de agua para el consumo doméstico y el saneamiento.
Los crianceros ven cómo mueren sus animales, que constituyen su única fuente de sustento y que, además, constituye una actividad patrimonial, con una cultura muy ancestral.
Pequeños agricultores carecen de agua para sus cultivos. En Chile privilegiamos la actividad económica de unos pocos por sobre la vida digna de muchos. La sobriedad, propia de quienes trabajan la tierra, es transformada en miseria cuando el agua de todos es poseída únicamente por unos pocos. Eso genera irritación, indignación y violencia.
La escasez hídrica, tal como han puesto de relieve organizaciones ambientales, sociales y el mundo académico, no se debe principalmente al calentamiento global y el cambio climático. Obviamente, somos un país altamente vulnerable a este fenómeno.
Si bien se ha reducido el volumen de precipitaciones, el principal problema que tenemos en Chile es de una mala gestión del agua. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, en Chile el volumen de agua disponible a partir de las precipitaciones que escurren por cauces es ocho veces la media mundial y veinticinco veces el mínimo. Si este es el caudal de agua disponible en Chile y vemos los ríos secos, es necesaria una discusión de fondo. Como otros han dicho y también los movimientos sociales: "No es sequía, es saqueo".
Junto con lo anterior, quisiera esbozar también algunas críticas a este proyecto de ley, que es de mínimos, que lleva cinco años sin poder tramitarse y respecto al cual en este momento solo estamos tramitando su idea de legislar.
En primer lugar, no incluye el derecho humano al agua y al saneamiento en los términos en que diferentes instrumentos internacionales lo consagran.
Este derecho ha sido reconocido en diferentes instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, al que define como indispensable para una vida digna estableciendo cómo el Estado debe proveer el acceso a este.
Del mismo modo, la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas puso el énfasis en que el agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Necesitamos reconocerlo en estos términos para subir estándares y consagrar el agua como un elemento básico para ejercer los otros derechos, y esto a nivel constitucional.
En segundo lugar, el proyecto no se pronuncia sobre la regulación de los derechos que pueden constituirse sobre las aguas, consagrados en el artículo 19, Nº 24o, de la Constitución. Mientras esta regulación permanezca, primará el derecho de propiedad sobre cualquier otro uso que trate de hacerse del agua, aun incluso sobre aquella que no esté materialmente disponible.
En tercer lugar, quisiera indicar que no solo la estructura constitucional de la regulación del agua está profundamente equivocada, es irracional. Junto con un cambio constitucional, necesitamos gestionar íntegramente las cuencas, priorizando usos y teniendo una real capacidad de fiscalización sobre las aguas superficiales y las subterráneas. La Dirección General de Aguas necesita más y no menos facultades y presupuesto.
Chile se encuentra en un delicado estado de malestar y crisis social. Es momento de resguardar los intereses de las mayorías y no de las minorías. En el caso del agua, necesitamos consagrar su acceso como un derecho humano y superar un modelo irracional de mercado que nunca fue decidido democráticamente (esta una de las herencias de la dictadura que consagra un modelo de despojo). La virtud de este proyecto solo podrá juzgarse en razón de si logra o no establecer las bases para una gestión racional del agua, como decía Gabriela Mistral.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, yo quiero pasar un aviso económico previo, dada la intervención de la Senadora Carmen Gloria Aravena, en cuanto a que no estamos improvisando ni instalando un debate irresponsable.
Los proyectos de ley que nosotros estudiamos durante dos años en la Comisión de Recursos Hídricos se presentaron hace casi cinco o seis años y este Senado nunca los tramitó.
Eso no es por casualidad.
Como Comisión nos hicimos cargo de conocer todas estas iniciativas y llegamos a un texto en que algunos artículos fueron aprobados por minoría, y otros, por mayoría. Pero, como decía el Senador Latorre, "es un texto de mínimos".
Y aunque así sea, porque aquí no se toca el inciso final del numeral 24° del artículo 19 -ahí está concentrada la disposición constitucional sobre la propiedad del agua, que se entiende como privada en una lectura un poco extraña, ya que al agua no puede ser propiedad de privados, pues es un bien esencial para la vida del ser humano; pero así se ha interpretado desde una cultura del modelo neoliberal privatista y extractivista-, yo quisiera señalar que esta es una propuesta absolutamente responsable; tramitada en una Comisión conformada por cinco integrantes, Senadores y Senadoras; votada en mayoría, en minoría y analizada en profundidad.
El año 2016 se presentó este informe a la Sala y desde ahí no habíamos podido tocar este tema.
Cuando pude dar a conocer rápidamente el resultado del trabajo de la Comisión, por una exigencia que hicimos en reunión de Comités, dado que se nos había prohibido hacer esta exposición, el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de la época pagó un inserto millonario en El Mercurio sencillamente para demonizar esta propuesta. ¡Planteó que se iba a caer el mundo; que se acabarían la producción, las exportaciones; que la economía estallaría, etcétera!
Señora Presidenta, en esto hay responsabilidad, existen un estudio riguroso y una votación democrática que se generaron en nuestra Comisión.
Después de cinco o seis años iniciamos recién un debate en la Sala con relación a esta materia. Han estado vedadas la discusión y la tramitación sobre la reforma constitucional del agua. Sin embargo, pese a toda esta demora, señora Presidenta, me alegro de que la veamos hoy día; de que este retraso en su tramitación nos permita generar un debate político en la Sala de cara a los miles de hombres y de mujeres que se encuentran movilizados en todo el territorio contra un modelo económico neoliberal que los tiene asfixiados; que tiene al país sumido en la desigualdad y en el abuso. ¡Esa es la movilización que está en la calle!
Y el debate político que debemos hacer en esta Sala es para dar la cara a esa ciudadanía.
Por tanto, me alegra que hoy día estemos debatiendo este tema.
Un 87 por ciento de las personas que hoy día han sido encuestadas por distintas empresas o medios (Cadem, plataformas informáticas, etcétera) exige una reforma constitucional.
¿Qué estamos discutiendo en esta Sala? Una reforma constitucional sobre el uso y la disposición de las aguas.
Entonces, no es impertinente este debate. ¡Es muy pertinente! Y también lo es que de cara a la ciudadanía le digamos que necesitamos 29 votos para aprobar en general esta reforma. Dudo que los tengamos, dadas las intervenciones de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.
El país debe saber que aquí, ¡claro!, todos somos responsables de la situación y de la crisis que estamos viviendo, ¡pero unos más y otros menos!
Se necesitan 29 votos favorables para aprobar este proyecto.
Aunque como Concertación, como Nueva Mayoría, hemos tenido mayoría en esta Sala, nunca hemos contado con los votos necesarios para alcanzar los altos quorum requeridos por la Constitución justamente para desatar todas esas trabas que afirman y amarran el modelo económico neoliberal.
El artículo 19, numeral 24°, inciso final, es un tornillo constitucional para el acceso humano al agua en forma democrática e igualitaria.
¿Por qué? Porque el agua se entrega en forma de derechos de aprovechamiento a particulares y el inciso final del número 24° señala que es de su propiedad.
Entonces, este es un tema neurálgico, un tema central.
Y respondámosle honestamente a la gente aquí y en los programas de televisión de la tarde, de la mañana en los que veo a muchos colegas: "¿Queremos que el agua sea de todos o vamos a seguir teniendo el agua privatizada?".
Señora Presidenta, esta es una reforma mínima que establece que el agua en todos sus estados es un bien nacional de uso público, porque eso figura en el Código Civil, en el Código de Aguas pero no está incorporado en la Constitución.
En consecuencia, reconocer al menos que el agua en cualquiera de sus estados sea un bien nacional de uso público es un gran avance.
Entiendo la aprensión del Senador Chahuán cuando no le gusta que el agua de mar ya desalada -hay una iniciativa al respecto, que estamos debatiendo- sea considerada también un bien nacional de uso público. En la Comisión hemos contado con la presencia de expertos españoles, israelitas, que han hablado sobre proyectos de desalinización, y cuando los colegas de Gobierno les preguntaron: "El agua desalada ¿es de la empresa que realizó la inversión y la desaló?". Ellos respondieron: "No, el agua le pertenece al Estado". Por ende, es un bien nacional de uso público.
¡Por cierto, se puede aprovechar y se puede hacer un negocio (vender el agua), porque la persona hizo una inversión, puso capital, usó tecnología! ¡Por supuesto que eso es factible! Un empresario puede hacer todos esos negocios, pero el producto sigue siendo un bien nacional de uso público.
Entonces, yo entiendo que la preocupación del Senador Chahuán se relaciona justamente con el tema central que propone esta pequeña norma: reconocer que el agua en cualquiera de sus estados es de todos los chilenos y las chilenas.
Y lo segundo, señora Presidenta, es que hemos planteado que aparezca en la Constitución -porque no está y ahora recién figura, incipiente, aprobándose en el Código de Aguas- que, en cuanto al agua, "en su otorgamiento y ejercicio se priorizará el consumo humano, el doméstico y el saneamiento.". Eso lo proponemos en el inciso cuarto del número 1 del artículo único que propone esta reforma.
Entonces, la modificación es mínima, porque no se toca lo central, que les preocupa a los colegas de la Derecha: que en definitiva se diga en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público, y que además se elimine el inciso final del número 24° del artículo 19.
Considero que esto hay que discutirlo de cara a la gente.
No sé si alcanzaremos el quorum para ello. Sería realmente vergonzoso no poder aprobar en general una reforma mínima a la Constitución en momentos en que el país se encuentra convulsionado, porque su gente está angustiada, desesperada.
Han mencionado mucho a la Región de Coquimbo a la que represento desde hace tiempo y en la que existen más de 40 mil personas que dependen de los camiones aljibes, incluso, ya en las ciudades. En cambio, como aquí alguien recordaba, ¡los paltos crecen preciosos!
Nadie impide que los señores empresarios sigan plantando, sigan exportando, sigan haciendo sus negocios, ¡pero eso debe ser absolutamente equilibrado!, ¡absolutamente equilibrado!
Recién el Senador Chahuán preguntaba: "¿Por qué no tenemos riego tecnificado?". Nosotros en la Región de Coquimbo poseemos dos embalses y se están construyendo dos más, porque las autoridades políticas del siglo pasado fueron preclaras, pues llegó la sequía antes que a otras regiones.
¿Qué pasa con la Comisión Nacional de Riego cuando entrega miles de millones a grandes agricultores, a grandes empresarios, para que tecnifiquen el riego por goteo, el riego por aspersión? ¿Ustedes creen que esos dueños de derechos de agua que están ahorrando agüita la devuelven a las cuencas o a los acuíferos? ¡No, extienden las plantaciones! En vez de veinte hectáreas de paltos plantan cincuenta; tecnifican el proceso con platita del Estado, a través de un instrumento público que es la Ley de Riego, ¡estupendo!
Sin embargo, lo importante es que esa agua ahorrada vaya a nuestras cuencas, vaya a suministrar agua a los acuíferos. ¡Pero no es así! ¡Es más negocio, más negocio, más negocio!
Entonces, señora Presidenta, de verdad creo que no es posible que sigamos sin entender nada de lo que le pasa a nuestro país.
Yo lamento muchísimo haber escuchado los argumentos que se han entregado en esta Sala, ya que existen veintitrés personas muertas que han luchado porque este país cambie.
Y mientras acá seguimos encerrados en defender intereses que son tan débiles, el país se va a mantener en una situación respecto a la cual nosotros seremos responsables de dar una respuesta.
He dicho.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, creo que no puede haber un mejor debate en este momento, con lo que está sucediendo en el país y con las demandas que precisamente se han planteado, que el relativo a este proyecto de ley.
¡Y qué bueno que se esté debatiendo y que elevemos la discusión desde el punto de vista del rango constitucional!
Cuando hay sectores y actores políticos en este país que señalan que no se debe modificar la Constitución, que el plantear una discusión del texto principal de la república es eludir la discusión y que son temas sociales, considero que esto permite hacer un ejercicio didáctico, pedagógico sobre lo que sucede en este país. Cuando se señala que no es necesario establecer una nueva Constitución; que simplemente hay que hacer modificaciones, arreglos puntuales en proyectos de ley y no ir al Texto Fundamental, eso posibilita efectuar una demostración pedagógica acerca de cuál es nuestra realidad. Y esto seguramente va a ser estudiado en clases en las distintas facultades de Derecho.
La Constitución del 80 señala en el artículo 19, N° 24°, inciso final, lo siguiente: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos;".
Ahí está el fondo del asunto. Aquí, de acuerdo a la ley de 1981, se constituyeron derechos de aprovechamiento de aguas de manera gratuita, y hoy día esos derechos, sin ningún control, sin regulación alguna son acaparados, son vendidos en cuantiosas sumas o simplemente son engordados para que suban los precios. Y el resto de la comunidad, ¡que se las arregle con camiones aljibes! Para las comunidades ancestrales, para los pequeños agricultores que necesitan agua para el consumo humano, no hay más recurso, pues los derechos de aprovechamiento de aguas se los otorgaron a los palteros, a los fruteros o a los especuladores.
¡Cuántos santiaguinos tienen establecidos derechos sobre las aguas en el sur -lo dijo un señor Senador-, en las Regiones de Los Ríos, de Los Lagos, que por esencia son tributarias de gran cantidad de agua! Los derechos de aprovechamiento de aguas sobre los ríos están constituidos en porcentajes enormes en favor de las hidroeléctricas o de especuladores de la Capital que -en buen chileno- se avivaron e inscribieron esos derechos, en contra de las comunidades.
Entonces, ¿llama la atención la violencia y la bronca de la ciudadanía con respecto a lo que se está haciendo?
Ojalá que sigan este debate las comunidades indígenas, los pequeños campesinos de la ribera del río San Pedro, donde no se puede sacar agua para beber, donde los comités de agua potable rural no cuentan con este recurso ni siquiera para regar sus pequeñas huertas, pues los derechos sobre esas aguas pertenecen a una hidroeléctrica.
¿Es eso justo? ¿Es eso adecuado para nuestras regiones, que son tributarias de enorme cantidad de lluvias, que poseen ríos y lagos?
Obviamente, lo que ocurre en Coquimbo, en la Región Metropolitana o en otras regiones es devastador.
Entonces, ahora es el momento de la verdad. ¿Estamos de acuerdo en modificar esto: sí o no?
¿Qué propone este proyecto de ley?
Agregar en el numeral 23° del artículo 19 de la Constitución los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, que paso a leer:
"La aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Decláranse de utilidad pública los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido.".
Dice: "Decláranse de utilidad pública los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido". Claro. Pero hay otra norma que en definitiva establece el derecho de propiedad respecto de ellos.
El inciso cuarto expresa:
"La ley regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares. Estas últimas serán siempre temporales, se circunscribirán a fines específicos y podrán estar sujetas al pago de patentes o tasas.".
El último inciso señala:
"En su otorgamiento y ejercicio se priorizará el consumo humano, el doméstico y el saneamiento, resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico, para lo cual se podrá reservar aguas superficiales y subterráneas y establecer otras limitaciones y obligaciones. Se dispondrá de un manejo sustentable e integrado de los recursos hídricos de las cuencas, que considere las características de cada zona del país y que asegure la participación e información de la ciudadanía;".
¿Qué situaciones de las que hemos descrito no pueden ser respaldadas? ¿Por qué la tozudez, por qué el conservadurismo de seguir manteniendo esto? Ello simplemente es para favorecer la especulación, a quienes constituyeron derechos gratuitamente y que hoy día ven engordar para luego venderlos.
¿Con qué cara se les puede decir a los comités de agua potable rural de todo Chile -porque la gran mayoría de los Senadores tenemos en nuestras zonas conformados comités de agua potable rural- que no están disponibles los litros por segundo que necesitan porque los derechos de aguas se encuentran constituidos en favor de un privado?
¿De qué manera les planteamos aquello?
Vemos grandes extensiones de paltos, y ahora de avellanos europeos, de arándanos o de otros árboles frutales, y al lado de ellos persiste la pobreza de comunidades a las que les dijeron: "Disculpen, cuando ustedes fueron a constituir derechos de aprovechamiento de aguas, ya estaban inscritos a nombre de particulares".
Y quiero citar el caso de la comuna de Los Lagos, que pertenece a la zona que represento: no solo los especuladores agricultores han constituido derechos de aprovechamiento de aguas, sino también los más ricos, quienes han construido casas de veraneo en ese lugar. Y el Comité de Agua Potable Flor del Lago no puede acceder a agua potable rural porque esos derechos los inscribieron antes los que van a veranear ahí, los grandes ricos de este país.
Entonces, señora Presidenta, ¿hay molestia por esto? Yo creo que todavía es poco el malestar expresado. Pienso que la bronca hacia quienes se han apropiado de esos derechos aún es pequeña.
¡Eso es lo que no se quiere ver!
Acá no estamos hablando de arbitrariedades, sino de prioridad en el uso del agua, que es para el consumo humano. Y esto no lo dice la Oposición, sino las Naciones Unidas: el agua es un bien nacional de uso público; es un derecho fundamental reconocido en los ordenamientos internacionales. Y en Chile se da la paradoja -y es lo que los estudiosos, como lo señaló la Senadora Muñoz, europeos, israelitas o del lugar que sea no entienden- de que el agua que pertenece a una comunidad puede estar inscrita y hallarse bajo dominio de alguien que no vive en ese territorio.
¡El agua desapegada de la tierra! ¡El agua desapegada de la comunidad!
¿Eso es lo que queremos mantener?
Es importante hoy día explicar aquello. Por eso me alegra que en estos momentos estemos discutiendo sobre el particular.
¿Queremos modificar el modelo de administración de los recursos hídricos en nuestro país: sí o no?
Nos dicen: "No. Es que la reforma constitucional es algo etéreo, lejano".
¡Aquí es cuándo, señora Presidenta!
¿Estamos por cambiar esto: sí o no? ¿Estamos por mantenerles los derechos de aprovechamiento de aguas a quienes los constituyeron para especular: sí o no?
¡Vayamos a los territorios! ¡Vayamos a las agrupaciones de comités de agua potable rural! ¡Vayamos a localidades como Petorca! ¡Ojalá que los parlamentarios de la Región de Valparaíso concurran a Quillota, a Petorca; que los de la Región de Coquimbo visiten Los Vilos y las diversas localidades para explicarles por qué no hay agua!
No es que exista poca disponibilidad de ese recurso: ¡no queda agua! Y, sin embargo, los paltos siguen creciendo; las frutas continúan exportándose, y vemos cómo las laderas de los cerros se amplían constantemente.
Creo que es hora de definiciones.
Ojalá que este tipo de debate se esté escuchando en la calle y que la gente pueda saber cómo votan sus legisladores. Tenemos culpa y responsabilidad compartida en muchas cosas. Pero aquí, con respecto al uso del agua, es el momento de ver cómo votamos.
Se está por devolverles el agua a todos los chilenos: ¿sí o no?
Eso es lo que vamos a votar ahora, ni más ni menos.
Queremos efectivamente proceder a la devolución de estos derechos, constituirlos para priorizar el consumo humano: ¿sí o no?
Ese es el debate. ¿Constitucional? Sí.
Eso es lo que haremos acá.
Voto a favor.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Para un punto de reglamento, tiene la palabra el Senador señor Pugh.
El señor PUGH.- Señora Presidenta, de acuerdo con el artículo 5º B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, norma reflejada en el artículo 8° de nuestro Reglamento, me inhabilito en esta votación.
La señora ALLENDE.- ¡Muy bien!
¡Debería haber más!
La señora VON BAER.- ¿Alguna acusación especial o personal?
La señora ALLENDE.- ¡Que digan la verdad!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Queda registrada su inhabilitación, señor Senador.
A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señora Presidenta, he escuchado atentamente todos los discursos que se han pronunciado en esta Sala y, desde hace unos días también, en la Subcomisión Mixta de Presupuestos respectiva; en la sesión especial que efectuamos para debatir sobre lo que está aconteciendo en nuestro país, y esta mañana, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y, en verdad, siento frustración -probablemente por ser parlamentaria nueva- respecto de este debate, porque me parece que ninguna de las bancadas tiene superioridad moral, una por sobre la otra, y no pueden algunos parlamentarios pasar a ser los buenos y otros los malos según la forma en que se vote o por cómo se piense.
Creo que la diversidad de opinión es lo que efectivamente fortalece la democracia. En tal sentido, me parecería muy mal que todo un país pensara igual. No considero que sea factible avanzar así.
Todas estas discusiones pueden llevar a creer que Chile solo existe hace dos años, o hace un año y ocho meses, desde que asumió el nuevo Gobierno del Presidente Piñera.
Ello, obviamente, es frustrante.
A mi juicio, aquí hay responsabilidades históricas de todos los sectores por no haber sabido leer lo que estaba pasando.
Nos sentimos orgullos por cómo este país ha avanzado en la superación de la pobreza. Pero, evidentemente, hace años que debimos haber cambiado el foco centrado en la superación de la pobreza para avanzar en la corrección de las desigualdades.
Estamos en deuda al respecto.
De eso se trata este debate.
Pero, en este caso particular, creo que nadie puede tener una receta única. Me parece que aquí lo realmente importante es escucharnos, llegar a acuerdos, ceder en aquello en que uno esté dispuesto a hacerlo por el bien de la ciudadanía.
Asimismo, estimo que tampoco aporta a la democracia el que la bancada de enfrente quiera chantajear a este sector por votar de una u otra manera o por no pensar igual que sus parlamentarios.
Ciertamente, la diversidad -y lo repito: la diversidad- de opinión es lo que fortalece la democracia.
Señora Presidenta, he manifestado en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos que esta iniciativa de reforma constitucional no se vio durante el tiempo que he formado parte de ella; pero sí se discutió un proyecto que quiere darle calidad de bien nacional de uso público al agua desalinizada.
Ahora bien, con respecto al primer inciso que se agrega en el numeral 23° del artículo 19 de la Constitución, que dice que "Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público", yo no tengo ningún problema. Ello, por lo demás, lo reconoce el Código Civil en su artículo 595 desde la época de Andrés Bello, o sea, desde hace mucho más tiempo del que hemos estado hablando sobre el particular. El referido artículo establece que: "Todas las aguas son bienes nacionales de uso público". Asimismo, el artículo 589 del mismo cuerpo normativo define lo que es bien nacional de uso público.
Sin embargo, como el mencionado inciso expresa "en cualquiera de sus estados", debemos incluir ahí también el agua desalinizada.
Entonces, porque hoy día tenemos una crisis hídrica; porque hoy día y en forma permanente el uso prioritario del agua debe ser para el consumo humano, si todos estamos de acuerdo en ello, hay que tener cuidado para ver el modo de no afectar la productividad de nuestro país.
Y decir aquello no es defender a las empresas. Creo en la inversión privada -y aquí hablo por mí misma-; creo que hoy más que nunca necesitamos de la inversión privada para que aporte también a salir de esta crisis.
Esa inversión privada nos pide como país, como Estado, certeza jurídica. Y esa certeza jurídica es la que estamos poniendo en juego con esta modificación a la Carta Fundamental.
No nos estamos negando a que el agua tenga calidad de bien nacional de uso público: la posee desde que existe el Código Civil.
Por lo tanto, decir que nosotros nos oponemos a eso es una mentira; es tergiversar un discurso y una opinión.
En seguida, señora Presidenta, el segundo inciso que se agrega señala: "Decláranse de utilidad pública los derechos que sobre ella se hayan constituido o reconocido". Evidentemente, aquí hay una expropiación retroactiva, porque ni siquiera dice "de ahora para delante", sino que señala "los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido".
Eso, ciertamente, también afecta la certeza jurídica.
Hoy día los recursos del Estado sin duda -y estamos todos de acuerdo- deben ir a resolver los problemas sociales de la gente; a potenciar la agenda social del Presidente o la que todos en conjunto podamos plantear o perfeccionar. Todos tenemos algo que aportar y, asimismo, todos tenemos la obligación de mejorar lo que el propio Gobierno ha hecho.
Para ello debemos contar con todos los recursos disponibles.
En consecuencia -insisto-, hoy más que nunca se requiere inversión privada. Y lo único que ella pide es certeza jurídica. Y eso falta acá.
Reitero: si alguien dice que quienes no estamos de acuerdo con parte de esta reforma constitucional nos vamos a oponer a dar una solución, es mentira. Y lo es porque el agua, desde que existe el Código Civil, tiene el carácter de bien nacional de uso público. Fue Andrés Bello el que reconoció aquello.
Aquí nadie se está oponiendo a que el agua tenga ese carácter, porque ya lo posee. En lo que en particular yo no estoy de acuerdo es en que sea en todos sus estados, pues creo que hoy día no debemos afectar la actividad productiva.
Porque, señora Presidenta, aquí se ha hablado mucho de Petorca. Pareciera que para este Senado Chile parte de Coquimbo hacia el sur. Nada se ha dicho de Arica -esta Región es una excepción también, porque algo de verde tiene-, ni de Tarapacá o de Antofagasta, donde toda la vida hemos vivido sin agua. Y no he escuchado históricamente a ningún parlamentario levantar la voz por la falta de este recurso en esas regiones, que, hasta el año 90, ni aun en la zona urbana tenían agua 24 horas al día.
Esa región, que cada día quiere ser más próspera y que ha sabido salir adelante, con esfuerzo -y muchas veces sin ayuda del propio Estado, ni de los diversos gobiernos-, porque allí vive gente de trabajo, es una zona minera y, también, de pequeños agricultores. En la Región de Tarapacá no existe ningún gran empresario agrícola: son todos pequeños agricultores dueños de sus derechos de aprovechamiento de aguas. Y el quitárselos de la manera que se plantea, me parece de una injusticia infinita. Son personas de esfuerzo, que no tienen más de media hectárea de terreno. ¡Ningún agricultor posee más de media hectárea de tierra en la Región de Tarapacá!
Si no les permitimos que continúen siendo dueños de esos derechos -porque no va a haber ningún proyecto minero aprobado sin tener una planta desalinizadora si le quitamos la certeza jurídica a esa agua desalinizada, que no es un fruto, sino un producto-, estaremos equivocando el camino.
El agua...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede continuar, señora Senadora.
La señora EBENSPERGER.-... el agua -insisto-, desde Andrés Bello, es un bien nacional de uso público. No tengo problema alguno en reconocerlo así constitucionalmente, porque ya lo es, y, por tanto, es propiedad de todos los chilenos.
¡Avancemos! Vamos a salir de esta crisis escuchándonos y respetándonos; no creyéndonos superiores moralmente, aun cuando algunas veces no coincidamos en nuestras opiniones.
Gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, esta conversación, tal como la colega que me antecedió en el uso de la palabra lo entiende -y lamento que se esté retirando,...
La señora VAN RYSSELBERGHE.- ¡Tiene Comisión!
El señor LETELIER.-... aunque volverá-, es sobre lo que se llama un componente esencial del orden público económico.
Este no es un tema baladí; es un tema consustancial a la crisis que estamos viviendo como país. Y creo que la colega que me antecedió en el uso de la palabra quiere minimizar el punto en discusión.
Este es uno de los aspectos donde no hay consenso constitucional, y tiene que ver con la administración de los bienes públicos, con el concepto de bien público.
Uno podrá decir muchas cosas de quienes redactaron la Constitución del 80, ¡muchas cosas!, pero lo que no se puede decir es que eran tontos y no sabían lo que estaban haciendo. ¡Sabían perfectamente lo que estaban haciendo! En la redacción del numeral del artículo 19 de la Constitución que estamos discutiendo incorporaron el agua al mercado, y la incorporaron de una cierta forma: con la misma creatividad con que lo hicieron a propósito de otros bienes públicos.
No es casual esta discusión. No nos engañemos.
Yo, en verdad, sería más bien partidario de eliminar el último inciso del numeral 24°.
Esa sería mi opción, para ser más claro.
Tal es el nivel de discrepancia, que la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra dice que este es un bien público, de todos los chilenos. Pero, si es de todos los chilenos, ¿por qué habría que expropiarlo? Lo que pasa es que ella reconoce, en su peculiar lenguaje, que aquí se inventó algo, un constructo jurídico dirían algunos, donde algo que es de todos ahora es privado.
Entonces, no nos engañemos. Este es un punto de discrepancia.
Aquí se separó algo que era histórico. El agua estaba vinculada a la tierra, como una de sus dimensiones, o por lo menos a un área, que es el área de la economía que más agua usa. La opinión pública a veces cree que la minería es la que más utiliza agua en nuestra economía. Y no es así: es la agricultura, donde justamente están hoy los mayores problemas de la crisis hídrica, producto de la separación del agua de la tierra.
En 1981 se comenzaron a separar. Dos escrituras: una para la tierra, otra para el agua. ¡Algo que no había ocurrido durante cientos de años en nuestro país! Es decir, el agua se incorporó, separada de la tierra, al mercado.
Algunos de nosotros creemos -y no para afectar la certeza jurídica- que en esta reforma constitucional, bastante moderada, es bueno que se sepa "quién está en qué" en este necesario momento histórico de ir construyendo nuevos consensos constitucionales. Porque esto, ya sea en el debate de hoy, en un año más, después de un plebiscito, durante una asamblea constituyente -elijan ustedes-, en algún momento va a cambiar, pues en el texto constitucional existe una concepción del orden público económico donde ciertos bienes públicos quedan sometidos al mercado igual que otros productos.
Algunos creemos que ciertos bienes no deben formar parte del mercado igual que otros. Los medicamentos, por ejemplo, son uno de ellos. Por eso somos partidarios de la fijación de precios en determinadas áreas, porque ahí aquellos juegan un rol social, distinto.
Nosotros creemos en el rol social de la propiedad y no que la propiedad tiene un concepto de dominio que da derecho a hacer lo que uno quiera con ella, en este caso con el agua.
Cuando la norma habla de "Las aguas, en cualquiera de sus estados", me llama mucho la atención que se haga referencia a las aguas del mar, que son de todos los chilenos. ¿O no? Son un bien nacional de uso público. ¡Por eso se pelea tanto por el libre acceso, sin obstáculos, a ellas, al igual que a las aguas de los ríos!
Entonces, no nos engañemos; no escondamos que el problema no es la desalinización. Si a alguien se le entrega una concesión para desalinizar, es evidente que debe tener certeza de que ese negocio -porque es un negocio- lo va a poder desarrollar. Eso no quita que el agua sea un bien nacional de uso público, de todos los chilenos, pero -repito-, si alguien tiene una concesión temporal, evidentemente que podrá impulsar su negocio.
Por ende, lo que necesitamos es encontrar otro equilibrio entre el uso de un bien nacional de uso público y las concesiones que los chilenos damos, en democracia, sobre ese bien, que pertenece a todos.
¿Por qué se discute tanto hoy día el tema del agua? Porque es un bien escaso, en particular el agua dulce, y nada indica que en el corto plazo dejará de serlo. Quizás, como planteaba un colega en esta Corporación, más temprano que tarde lleguemos a que la energía tienda a ser gratis por la energía solar, por el uso del hidrógeno; quizás en un futuro cercano podamos desalinizar el agua a un costo marginal muy bajo, pero, hasta entonces, el tema del agua será un debate sustantivo.
Aquí, señor Presidente, se propone un concepto de bien nacional de uso público en todos sus estados. Yo pensé que algunos iban a estar más preocupados por los glaciares, por el agua en su estado sólido, más que por el agua de mar. Pero el concepto "en cualquiera de sus estados" apunta mucho más a eso, a mi juicio, como relevante. Para algunos el agua de mar es el negocio; sin embargo, para mí, es un bien que igual es de todos. No nos engañemos.
Yo sí creo que lo planteado por el Senador Rabindranath Quinteros es verdadero. Aquí se va a ver quiénes estamos en condiciones de entender que este es uno de los puntos eje del orden público económico que se van a cambiar, que se tienen que cambiar. Y a la Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, que toma muy poco en cuenta lo que dice la calle, le puedo decir que las nuevas generaciones, aunque no estén en la calle, tienen clarísimo que este es un punto constitucional a reformar.
Cuando el texto señala que "La ley regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a los particulares", lo que se pretende es reafirmar que el agua es un bien que nos pertenece a todos.
¿Cuáles son los grandes problemas? La especulación de los derechos de agua; cómo hoy los pozos profundos extraen cantidades tales de agua que han secado la alternativa de la agricultura familiar campesina, que es la que está sufriendo más por la sequía. La agricultura familiar campesina es la que produce los alimentos de los chilenos y en algunos lugares tiene que estar comprando agua.
Históricamente, ¿uno inscribía el agua? ¡No! Tenía derechos de agua, derrames; regaba. Pero algo ha ocurrido con este concepto de la propiedad sobre el agua, como dicen algunos que nos han puesto carteles a lo largo de todo el país, encabezados por conspicuos grandes agricultores. No me refiero a los que tienen una hectárea, media hectárea o cinco hectáreas, sino a aquellos que poseen cientos de hectáreas y que tienen derechos de agua por encima de lo que necesitan, lo cual, a juicio de algunos, podría calificarse con palabras más fuertes, y es lo que irrita.
En definitiva, es la agricultura familiar campesina, que tiene que pelear para que la Dirección General de Aguas vaya a defender sus derechos, la que pierde frente a los grandes, que son dirigentes de las asociaciones de regantes o de canalistas, presidentes de las juntas de vigilancia de los ríos, y a quienes les importa un pucho lo que les pase a los chicos cuando hay escasez de agua.
Lo que algunos queremos es que el agua, que es de todos los chilenos, primero tenga como destino, por cierto, el consumo humano, pero también que esté sujeta a una forma de administración que proteja los intereses colectivos.
Señor Presidente, le pido un par de minutos más para poder terminar.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Senador, ya le dimos un minuto adicional y hay catorce inscritos.
El señor LETELIER.- Concluyo, entonces, con lo siguiente.
Algunos preguntan por qué a los paltos los ubican, por ejemplo, en los cerros de Petorca. Y es para que no les caigan las heladas. Pero usar de esa manera los recursos hídricos deja a muchos otros sin la posibilidad de producir. Y creo que eso también forma parte de esta discusión.
El agua es de todos los chilenos. Es una norma básica.
Entiendo las garantías que algunos quieren precisar durante la discusión particular -podemos hacerlo-, pero hoy se nota cuál es la voluntad general: si queremos modificar o no este elemento del orden público económico.
¡Esto tiene que ver con lo que pasa en la calle! ¡Tiene que ver con la desigualdad! ¡Tiene que ver con los abusos! ¡Tiene que ver con situaciones en las cuales la gente se siente desprotegida! Lo digo por los agricultores de Chimbarongo, de Requínoa, de Rengo, que hoy reclaman, precisamente, porque no tienen cómo asegurar que las aguas, que han usado toda su vida, les lleguen a sus predios.
He dicho.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de que intervenga la Senadora Ximena Rincón, tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Moción
De los Senadores señores Quintana, Harboe, De Urresti, Girardi y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que permite al Presidente de la República y al Congreso Pleno convocar a plebiscitos generales vinculantes (boletín Nº 13.032-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, para limitar la reelección de las autoridades que indica (boletines Nºs. 4.115-07, 4.499-07, 8.221-07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, esta iniciativa propone añadir al artículo 19, numeral 23º, de la Constitución Política de la República los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos, de los cuales podemos destacar:
"Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación (...)".
"La ley regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares. Estas últimas serán siempre temporales, se circunscribirán a fines específicos y podrán estar sujetas al pago de patentes o tasas.
"En su otorgamiento y ejercicio se priorizará el consumo humano, el doméstico y el saneamiento, resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico (...)".
Además, el proyecto introduce al inciso primero del artículo 20 de la Carta Fundamental la siguiente frase: "en lo relativo a lo dispuesto en el inciso primero y al derecho al agua para el consumo humano, doméstico y el saneamiento".
Claramente, señor Presidente, este no es un capricho constitucional; simplemente, se busca poner coto a la privatización de un derecho fundamental como es el agua.
En este debate no puede haber dos lecturas. O estamos por garantizar el acceso a este elemento vital, o estamos por no hacerlo y con ello seguimos validando la existencia de un mercado del agua.
En Chile -tenemos que ser claros, directos y honestos-, las personas deben comprar derechos de agua para tener acceso a ella. ¡Pero el 99 por ciento de las aguas en nuestro país ya tiene dueño! Entonces, nos la venden.
La ciudadanía ha dicho fuerte y claro: "¡Esto no lo aceptamos!".
En el año 2015, 663 millones de personas en el mundo aún no tenían acceso a fuentes de agua potable. Ocho de cada diez de ellas viven en áreas rurales.
Mil niños fallecen anualmente en América Latina por enfermedades asociadas al agua. En nuestro país, más de un millón de personas carece de agua potable.
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".
El agua, sin lugar a dudas, es un elemento vital, limitado, indispensable y de primera necesidad.
Sin embargo, en nuestro país se ha permitido que el 99 por ciento de las aguas tengan dueños privados, que los chilenos deban comprarla, que su precio sea el de libre mercado, y que en las áreas rurales simplemente no exista acceso al agua.
Ejemplos existen en todas nuestras regiones. El Senador que me antecedió en el uso de la palabra mencionó algunos de los que se dan en la suya. Por nuestra parte, podríamos indicar innumerables rincones del Maule que viven dependiendo de un camión aljibe. También lo ha señalado la Senadora Muñoz en sus intervenciones.
Mientras el agua no escaseó, no existió conciencia de la gravedad que implicaba la constitución de un mercado del agua en nuestro país.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Pero la pregunta es: ¿qué vamos a sanear o limpiar en nuestro país si no tenemos acceso al agua?
¡Qué duda cabe de que ante la creciente escasez de los recursos hídricos nuestro escenario cambió!
¡Qué duda cabe de que la conciencia de políticos y decisores en todo ámbito debe estar a la altura del cambio de era que se ha instalado; un cambio de era que nos prohíbe la sobreexplotación de los recursos naturales; un cambio de era que compele a todos los poderes del Estado a garantizar, a todos, la satisfacción de sus necesidades básicas!
No haber instalado esos conceptos esenciales para garantizar que el Estado democrático sea también igualitario es el error que hoy toda la sociedad nos está reprochando y encarando.
En Chile, es la Constitución de 1980 -y, por ende, el Código de Aguas- la que otorga a los particulares derechos de propiedad sobre el agua (derechos de aprovechamiento).
Su artículo 19, N° 24º, asegura "El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales". Y agrega, en el inciso tercero, que "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad" y que el expropiado "tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado".
Esta norma es la que ha permitido en Chile la existencia de un mercado del agua. Se vende el acceso a un derecho humano esencial.
Esta iniciativa nos permite incorporar un coto al usufructo de los derechos de agua y elevar este vital elemento a un rango constitucional, garantizando que la prioridad será el consumo humano, doméstico, y que los derechos de uso otorgados por el Estado sean por un tiempo limitado y con facultades delimitadas.
Asimismo, este proyecto empuja a contar, en un futuro próximo, con un Código de Aguas actualizado, hecho a escala humana.
Señor Presidente, ¿puede el agua ser un bien nacional de uso público cuyo dominio pertenece a la nación entera y, al mismo tiempo, ser patrimonio privado de sus dueños?
Mi respuesta es clara: ¡no!
No podemos situar el derecho a la propiedad privada delante de derechos primordiales como el derecho a la salud, a la vida o a vivir en un ambiente libre de contaminación.
Hoy día este Parlamento se halla interpelado por la sociedad y el país entero. Y la pregunta es dónde queremos estar. ¿Queremos estar por garantizar este vital elemento para todas y todos, regulando el uso del agua, o queremos quedarnos en el statu quo y mantener las cosas como están?
Gracias, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto tiene por objeto la consagración constitucional de las aguas como bienes nacionales de uso público y entregar la regulación de los recursos hídricos a una ley, con la limitación de que las concesiones respectivas sean siempre temporales y circunscritas a fines específicos, sujetas en todo caso al pago de patentes o tasas.
Además, prioriza el uso del agua, sus usos ancestrales y la mantención de los caudales denominados "ecológicos".
Actualmente, las aguas son bienes nacionales de uso público a raíz de la regulación contenida en el Código Civil y en el Código de Aguas, por lo que la única razón que justificaría la declaración que establece este proyecto de reforma constitucional dice relación con el otorgamiento de potestades excesivas para la autoridad administrativa.
La reforma constitucional propuesta afecta y expropia concesiones que en materia de aguas se encuentran constituidas a la fecha, vulnerando el derecho de propiedad, lo que en su esencia genera incerteza jurídica, además de una mayor intervención estatal, y tampoco contempla criterios claros para definir "usos ancestrales" del agua ni parámetros para definir los denominados "cursos ecológicos".
Por otra parte, la utilización abusiva de recursos de protección en esta materia puede llevar a hacer impracticable el ejercicio de los derechos que sobre el agua se encuentren actualmente concedidos.
Especial mención son todas aquellas comunidades de agua y/o asociaciones de regantes que son codeudores solidarios en proporciones de 15, 20 o 25 por ciento en grandes obras de embalses, canales o entubamientos, que benefician directamente a nuestra agricultura, su producción agrícola exportadora o de consumo nacional.
También hago mención de lo que puede ser la inversión privada en la construcción de plantas desaladoras, tan necesarias para generar este vital elemento. Y en especial me refiero a lo que significa otorgar las certezas administrativas y jurídicas.
Particularmente, siempre estamos dispuestos a revisar la legislación vigente en este ámbito. Pero al regular esta materia se hace necesario sincerar que, después de que hayamos votado, cambiar una normativa legal vigente es muy difícil. Y esta iniciativa claramente puede dañar la productividad, tan necesaria, y, en especial, la inversión, que obviamente es lo que también está demandando toda la ciudadanía que hoy está en la calle.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Prohens por un punto de reglamento.
El señor PROHENS.- Señor Presidente, solo quiero señalar que me voy a inhabilitar en este proyecto.
Gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Queda consignada su inhabilitación respecto de esta iniciativa.
Terminado el Orden del Día.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.