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DOMINIO Y USO DE AGUAS


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, hace más de diez años se viene discutiendo en este Senado una reforma al estatuto constitucional de la propiedad del agua.
Hace más de diez años el país enfrenta una sequía que ha afectado profundamente la disponibilidad de agua para el consumo humano de centenares de miles de personas, especialmente del medio rural; ha generado un verdadero desastre para la actividad de pequeños agricultores, y también ha obligado a introducir cambios a los grandes productores y a otras industrias, como la minería y el turismo.
Es decir, hace más de una década tenemos un grave problema que afecta a varias regiones y a millones de personas, pero que, hasta ahora, solo ha provocado una respuesta tibia en mayor inversión pública, sin encontrar el cauce institucional para ser resuelto.
Lamentablemente, lo que ha ocurrido con el agua también ha pasado con otros graves problemas que enfrenta el país.
La privatización del agua no solo es injusta, porque permite a algunos privados apropiarse de un bien común, sino que además es ineficaz, pues no permite dar respuesta a la crisis hídrica y a las demandas crecientes de la gente.
De la misma manera, la privatización de la seguridad social no ha dado solución a la expectativa de pensiones y salud justas para la gran mayoría de la población. Tampoco la privatización de la educación ha proveído de servicios de calidad a los estudiantes.
Todos estos problemas pendientes se hallan detrás del estallido social que estamos viviendo en estos días. Y todos requieren, para una solución estructural, de una reforma constitucional.
Pues bien, ha llegado la hora.
Las decenas de mociones de reforma constitucional que se han acumulado estos años, esperando el quorum imposible, deben retomarse y comenzar a ser votadas.
Hasta ahora estos proyectos siempre se han enfrentado al mismo muro. Desde las bancadas del frente se ha sostenido que no serían prioridades de la gente o que afectarían la estabilidad del país.
¿Alguien puede decir hoy que no son oportunas porque las reformas constitucionales no son parte de las prioridades de la gente? ¡En todas las encuestas y en las calles esta es una de las demandas principales!
¿Alguien puede decir que las reformas son inconvenientes porque pueden afectar la estabilidad del país o el flujo de las inversiones? En los últimos treinta años nunca habíamos enfrentado una inestabilidad como la actual, y eso ha ocurrido, justamente, porque no ha habido espacio para estas reformas.
No me extenderé en los fundamentos de esta iniciativa. La Constitución actual afecta directamente la disponibilidad de agua para las personas, toda vez que le da una protección desmedida al derecho de aprovechamiento de unos pocos y permite la especulación con este recurso, sin sujeción alguna al interés público.
Esto se materializa en un Código de Aguas que también necesita ser reformado.
La gente lo tiene claro.
Las comunidades ancestrales del Norte Grande saben cómo los derechos de aprovechamiento de la gran minería, muchas veces adquiridos mañosamente, han secado sus terrazas y despoblado sus territorios.
Lo saben también los pequeños agricultores y crianceros del Norte Chico, que no han podido continuar sus cultivos y han visto morir sus animales.
Los agricultores de la zona central han debido reconvertirse, y los habitantes de los pueblos y zonas más aisladas han tenido que cavar pozos cada vez más profundos para disponer de agua para sus hogares, mientras la exportación frutícola florece.
Esta realidad llega a la zona sur. En las Regiones de Los Ríos y Los Lagos, que tienen nombres de agua, también enfrentan el fantasma de la sequía y sus localidades deben recurrir a los camiones aljibe para abastecerse de agua. Y si pretenden recurrir al agua que corre por los ríos cercanos, no pueden, porque alguien se adelantó y constituyó derechos sobre su cauce.
En todo el país la sequía está provocando migraciones.
La gente, como decía, lo tiene claro.
Pero ahora, después de esta votación, espero que también tenga claro quiénes están por resolver sus problemas y poner fin a los abusos y quiénes están por perpetuar las injusticias y defender sus privilegios.
La gente sabrá por qué un tercio vale lo mismo que dos tercios.
El Gobierno dice que ha escuchado la voz del pueblo. Veremos si sus representantes, los parlamentarios que lo apoyan, de verdad han escuchado o, una vez más, como ha ocurrido en los últimos diez años, se harán los sordos.
Si así ocurriese, por favor, no vengamos a lamentarnos del estado en que estamos, del desorden reinante ni de las pérdidas millonarias.
No pidamos diálogo cuando lo que quieren es ganar tiempo. Y el tiempo, estimados colegas, se acabó, como se ha acabado el agua para millones de chilenos.
He dicho.