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REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 63ª, en lunes 28 de octubre de 2019
Extraordinaria
(De 13:21 a 15:27)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE,
Y ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE
SECRETARIO, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
I. ASISTENCIA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
Actuó de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 13:21, en presencia de 19 señores Senadores.

El señor QUINTANA (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Las actas de las sesiones 59ª, especial, en 21 de octubre; 60ª, ordinaria, en 22 de octubre; 61ª, ordinaria, y 62ª, especial, ambas en 23 de octubre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
IV. CUENTA

El señor QUINTANA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Siete de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas (Boletín N° 13.017-08) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
Con los tres siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1. El que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas (Boletín N° 13.017-08).
2. El que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (Boletines Nos 12.471-08 y 12.567-08, refundidos).
3. El que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (Boletines Nos 12.026-13, 11.655-13 y 11.671-13, refundidos).
Con el quinto retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. Proyecto de acuerdo que aprueba el "Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico" entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (Boletín N° 12.195-10).
2. La que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes Nos 18.287 y 18.290 (Boletín N° 9.252-15).
3. La que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (Boletín N° 11.747-03).
4. La que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (Boletín N° 12.118-04).
5. La que establece la Ley Nacional del Cáncer (Boletín 12.292-11).
6. Proyecto de reforma constitucional que limita la reelección de las autoridades que indica (Boletines Nos. 4.115-07, 4.499-07, 8.221-07, 7.888-07, 4.701-07 y 4.891-07, refundidos).
7. Sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11)
.
8. La que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín N° 12.431-07).
9. Sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados (Boletín N° 12.332-05).
10. La que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín 12.288-14).
11. La que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).
12. La que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín 12.234-02).
13. La que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín 12.229-02).
14. La que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27).
15. La que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
16. La que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (Boletín N° 8.105-11).
17. La que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala (Boletines Nos 10.811-06; 9.068-06; 11.892-07; 12.028-06; 12.029-06; 12.030-06; 12.119-06; 12.179-06, y 12.194-06).
18. Sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).
19. La que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
20. La que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín N° 11.919-02).
21. La que fortalece la integridad pública (Boletín N° 11.883-06).
22. La que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal (Boletín 12.135-03).
23. La que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín N° 11.705-25).
24. La que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).
25. Sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín Nº 8.467-12).
26. La que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (Boletín N° 11.970-34).
27. La que establece el Sistema de Clase Media Protegida (Boletín N° 12.661-31).
28. La que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal (Boletín N° 12.699-07).
29. La que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (Boletín Nº 12.894-07).
30. La que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).
31. La que modifica la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Boletín N° 12.734-04).
32. La que fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo (Boletín N° 12.506-25).
Con el sexto retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1. El que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes (Boletín N° 12.233-01).
2. El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (Boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
3. El que adecua los cuerpos legales que indica, en el sentido de suprimir el impedimento de segundas nupcias (Boletines Nos 11.126-07 y 11.522-07, refundidos).
4. El que moderniza la legislación tributaria (Boletín N° 12.043-05).
5. El que especifica y refuerza las penas principales y accesorias, y modifica las penas de inhabilitación contempladas en los incisos segundo y final del artículo 372 del Código Penal (Boletín N° 12.208-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el último manifestó que no hará uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Carta Fundamental, respecto del proyecto de ley que modifica la ley Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales, en lo relativo a los objetos paleontológicos (Boletín Nº 2.905-04).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar al Excelentísimo Tribunal Constitucional.
Oficios
Del Excmo. Tribunal Constitucional:
Remite copias de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 27 del Decreto Ley N° 211 (Rol N° 6.019-19).
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 6.890-19; 6.836-19; 6.865-19; 6.884-19; 6.903-19; 6.930-19; 6.936-19; 6.961-19; 6.972-19; 7.005-19; 6.869-19; 6.951-19; 6.984-19).
-Artículo 196 ter, inciso primero, parte final; e, inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Roles Nos 7.228-19 y 7.233-19).
-Artículo 53, inciso tercero, del Código Tributario (Rol N° 6.082-19).
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485, ambos del Código del Trabajo (Roles Nos 5.977-19; 6.117-19; 6.118-19; 6.154-19; 6.190-19 y 6.231-19).
-Artículos 195, inciso tercero, y 196 ter, inciso primero, segunda parte, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7.076-19).
-Artículo 2331 del Código Civil (Rol N° 7.004-19).
-Artículos 1°, inciso tercero, 162, inciso cuarto, 163, 168, 485 y 489, incisos tercero y cuarto, todos del Código del Trabajo (Rol No 6.203-19).
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485, ambos del Código del Trabajo (Rol N° 7.441-19).
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216 y artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798 (Roles Nos 6.902-19; 7.192-19; 7.447-19; 7.582-19; 7.524-19; 7.566-19; 7.620-19; 7.621-19; 7.637-19; 7.577-19; 7.628-19; 7.645-19; 7.077-19; 7.629-19; 7.619-19 y 7.447-19).
-Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290 (Rol N° 7.449-19).
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil (Rol N° 7.290-19).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública:
Se refiere a la preocupación del Honorable Senador señor De Urresti respecto del procedimiento de desalojo llevado a cabo por Fuerzas Especiales de Carabineros en la comunidad mapuche Barrientos Paillelaf.
Del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos:
Da respuesta al proyecto de acuerdo del Senado por el que solicita a S.E. el Presidente de la República una coordinación institucional para la más pronta implementación de medidas de protección en favor de todos los niños que viven en situación de calle y formula, al efecto, un conjunto de proposiciones concretas (Boletín N° S 2.066-12).
Del señor Subsecretario de Educación:
Informa, a solicitud de la Honorable Senadora señora Allende, acerca de las medidas adoptadas en cumplimiento del fallo de la Excelentísima Corte Suprema para trasladar a los niños afectados por la emergencia ambiental de Quintero y Puchuncaví.
Se refiere, a petición de la Honorable Senadora señora Provoste, a los descuentos por planilla efectuados en las remuneraciones de los funcionarios de los Jardines Infantiles Vía Transferencia, dependientes del Servicio Local de Educación de Huasco.
Del señor Gobernador de Magallanes:
Responde consulta de la Honorable Senadora señora Goic sobre las gestiones realizadas en el paso fronterizo Monte Aymond antes de la inflamación de las dependencias del Servicio de Aduanas en ese lugar.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
De la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos (Boletín N° 11.256-12).
--Queda para tabla.
Moción
Del Honorable Senador señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional en materia de remuneración de diputados, senadores, Presidente de la República, ministros de Estado y Subsecretarios (Boletín N° 13.016-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la Cuenta.



PROTECCIÓN AMBIENTAL DE TURBERAS

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- En sesión de 8 de octubre del año en curso, se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección ambiental de las turberas (boletín N° 12.017-12).
En lo que respecta a esta iniciativa, no se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto, por lo que corresponde darla por aprobaba también en particular, a menos que se solicite un nuevo plazo para presentar indicaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.017-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Goic, Aravena y Órdenes y señores Chahuán y De Urresti):
En primer trámite: sesión 41ª, en 21 de agosto de 2018 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Medio Ambiente y Bienes Nacionales: sesión 14ª, en 7 de mayo de 2019.
Discusión:
Sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019 (se aprueba en general).

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
En consecuencia, si le parece a la Sala, el proyecto se dará por aprobado también en particular.
Acordado.
--Se aprueba en particular el proyecto, y queda despachado en este trámite.
V. ORDEN DEL DÍA



ESTABLECIMIENTO DE AVALÚO COMERCIAL DE BIENES RAÍCES COMO MÍNIMO ANTE SUBASTAS PARA PROTECCIÓN DE VIVIENDA ÚNICA


El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde discutir en general el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Elizalde, Huenchumilla y Pizarro, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, con informe de la Comisión de Economía.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.917-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Elizalde, Huenchumilla y Pizarro):
En primer trámite: sesión 47ª, en 10 de septiembre de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Economía: sesión 57ª, en 16 de octubre de 2019.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es dar una mayor protección a los deudores tanto generales como hipotecarios, frente a la posibilidad de remate de su inmueble en caso de morosidad, para defender la existencia de condiciones justas en los juicios ejecutivos, generales o hipotecarios.
Para ello, se modifica tanto el Código de Procedimiento Civil como la Ley General de Bancos en distintos aspectos.
La Comisión de Economía discutió la iniciativa en general y en particular, en virtud del acuerdo adoptado por la Sala con fecha 9 de octubre de 2019, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Rincón y señores Durana, Elizalde y Harboe. También lo acogió en particular con la votación y la modificación que consigna en su informe.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 31 a 34 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión general el proyecto.

Para entregar el informe de la iniciativa, cuya relación acaba de hacer el señor Secretario, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Economía, Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.- Señor Presidente, la Comisión de Economía tiene el honor de informar en general el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Elizalde, Huenchumilla y Pizarro.
De acuerdo a sus autores, la moción persigue proteger, a través de las modificaciones legales correspondientes, a los hombres, mujeres y niños que componen nuestra clase media, la cual se encuentra altamente endeudada, y especialmente busca defender la existencia de condiciones justas en los juicios ejecutivos, generales o hipotecarios, ante la posibilidad de que vea perdido su único bien raíz, que es, además, el hogar familiar.
El proyecto contempla aspectos tales como los plazos para contestar la demanda y oponerse a la ejecución del bien raíz; las excepciones que pueden oponer en el juicio los deudores hipotecarios con relación a los deudores no hipotecarios; la facultad amplia y sin condición objetiva alguna para que el acreedor solicite a su libre elección el remate o la constitución de prenda pretoria, cualquiera que sea el monto insoluto de la deuda; el carácter irrenunciable de la anticresis y la prenda pretoria, que inhibe el uso de esta otra acción alternativa al remate; las facultades del acreedor hipotecario para plantear unilateralmente al juez el precio mínimo del remate, y la imposibilidad del deudor hipotecario de solicitar propuestas en igual sentido al juez.
Para el cumplimiento de este objetivo, el proyecto de ley que se presenta tiene los siguientes contenidos:
Primero, aumenta los plazos tanto para la contestación de la demanda como para la oposición a la ejecución.
Segundo, equilibra las excepciones en virtud de las cuales el deudor puede fundar su defensa en la contestación de la demanda, de forma tal que los deudores ejecutados en juicios de cobro generales y los demandados en juicios hipotecarios puedan oponer las mismas excepciones, tanto dilatorias como perentorias.
Tercero, elimina, en ciertos casos, la facultad del acreedor de solicitar el remate del bien raíz embargado o hipotecado, o la entrega del mismo en prenda con el fin de que la deuda se pague con los frutos que aquel produzca, alternativa que actualmente permite el artículo 103 del Código de Procedimiento Civil.
Cuarto, otorga a la anticresis judicial o prenda pretoria propiamente, que es la que el juez ordena constituir, el carácter de irrenunciable para el deudor.
Quinto, eleva el precio en el cual la vivienda será puesta a remate para que no sea calculado a partir del avalúo fiscal de la propiedad, sino desde su valor real en el mercado inmobiliario o su avalúo comercial. Este será judicialmente determinado por peritos independientes designados por el tribunal y elegidos entre aquellos que figuran en la lista de peritos judiciales.
Sexto, garantiza que el número de avisos y el plazo de publicaciones para la realización de nuevos remates permitan una adecuada publicidad, con el objeto de eliminar la reducción de los plazos legales a la mitad a partir del segundo remate.
No obstante la aprobación general del proyecto por parte de la Comisión, en una nueva sesión, la Senadora señora Rincón, una de las autoras del proyecto, manifestó su intención de efectuar algunas modificaciones al texto aprobado en general, con la finalidad de perfeccionar la iniciativa antes de que fuera conocida en general por la Sala, y solicitó, por lo tanto, la reapertura del debate.
La unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Economía, Senadores señor Durana, señora Rincón y señor Elizalde, acordaron reabrir el debate con relación al proyecto.
Asimismo, el referido órgano estuvo de acuerdo con lo planteado con respecto a la conveniencia de perfeccionar el texto en este trámite, y solicitó a la Sala autorización para discutir el proyecto tanto en general como en particular, con ocasión del primer informe, lo cual fue acordado con fecha 9 de octubre de 2019.
Por todo lo anterior, hoy presentamos al Senado el nuevo texto del proyecto de ley de acuerdo al contenido y detalle que les ha sido acompañado y cuya aprobación general la Comisión de Economía propone a la Sala.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Agradecemos el informe entregado por Su Señoría.
A continuación, le ofrezco la palabra a quien ha sido una de las impulsoras y autoras del proyecto, la Senadora Ximena Rincón.

El señor CHAHUÁN.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?

La señora RINCÓN.- Manteniendo los tiempos.

El señor BIANCHI.- No, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- No hay acuerdo para ello.
Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.

La señora RINCÓN.- Señor Presidente, Honorable Senado, este proyecto de ley puede parecer una gota de agua en el desierto, mas puede significar el inicio de un camino que empiece a emparejar la cancha, y es el primero de varios que presentaremos al debate de esta Corporación.
En tal virtud, espero que sea respaldado e impulsado por todos y todas.
Agradezco, por tanto, a mi bancada y al Senador Elizalde por el respaldo en la discusión, así como a la Comisión de Economía por la unanimidad que le ha dado al proyecto. Por lo mismo, me parece imprescindible su pronta aprobación, pues busca poner fin a uno de los mecanismos de abuso que se han instalado por la ley dentro de los procedimientos judiciales orientados al cobro de las deudas de los chilenos.
Señor Presidente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y las cifras del Banco Central así lo demuestran.
El endeudamiento de los hogares en nuestro país marcó el 2018 el máximo histórico, equivalente a 73,3 por ciento del ingreso disponible.
Existen en Chile más de siete millones de deudores y, de ellos, 4,6 millones están morosos.
Y no solo esta cifra es alta; también los morosos permanentes aumentaron de un 73,5 a un 75,2 por ciento.
El 79 por ciento de las deudas en nuestro país se producen por créditos de consumo, adquiridos para pagar operaciones quirúrgicas, remedios, alimentos y educación.
En cuanto a los préstamos universitarios, de cuatrocientos ochenta mil estudiantes, ciento noventa y dos mil están morosos.
Esta iniciativa de ley busca desactivar la forma que durante mucho tiempo han utilizado los bancos, las cajas de compensación, las casas comerciales, los prestamistas informales y todo aquel que usa el poder del dinero para abusar de hombres y mujeres de nuestro país que con mucho esfuerzo y a punta de largas horas de trabajo y privaciones intentan satisfacer las necesidades básicas, médicas y habitacionales de sus familias.
Por eso, este proyecto de ley termina, por justicia, con el remate de las casas de los chilenos al valor del avalúo fiscal:
1° Porque ese no es el valor que el banco estimó para otorgar el préstamo al deudor.
2° Se establece el avalúo comercial como mínimo para el remate.
Si con eso se alega que no habrá postores interesados, la verdad es que no se prestaría dinero a los deudores si no fuera al valor comercial de las viviendas. Es inmoral sostener que no habrá interesados si todo el mercado de los remates se mueve en la línea de un ajuste de la realidad comercial de los bienes. Creo que más bien terminaremos con la industria de buitres que acechan un drama familiar para hacerse de tales bienes.
Debemos buscar que el nuevo pacto social no haga depender del libre mercado del dinero las necesidades básicas de los chilenos.
3° Se elimina el mayor de los abusos: el privilegio de los acreedores que pueden autoadjudicarse, sin remate público, las casas embargadas al escandaloso valor de dos tercios del avalúo fiscal.
4° Reconstruye el derecho constitucional a un debido proceso, gravemente afectado en estos juicios ejecutivos; se amplían los plazos y las causas o excepciones que los deudores tienen para defenderse.
5° Se establece la garantía de no pérdida de su casa por remate para aquellos chilenos y chilenas que hayan pagado más del 50 por ciento del capital adeudado.
Señor Presidente, Rita Guerrero, años atrás, desesperada declaró en la televisión: "Quieren rematarme la casa que estuve pagando con sacrificio durante diez años. Estuvimos de allegados. Después arrendé una pieza hasta que tuve la oportunidad de comprar mi vivienda. Nos atrasamos tres meses en el pago del dividendo, que era de ciento veinte mil pesos mensuales. A veces, mi hijo pagaba entre ciento sesenta mil y doscientos mil pesos, y en febrero pagó trescientos mil. Pero no nos sirvió de nada.
"Me quitan la casa, la vuelven a vender y, en diez años más, a esa otra persona que está pagando también se la van a quitar y la van a volver a vender.
"Si me vienen a tirar para afuera de nuevo, si me desalojan, me voy a volver a tomar mi casa", dice.
Adán Castillo, vecino de Maipú, relata: "Mi padre tiene 74 años; tiene alzhéimer. Se vale por sí mismo en algunas cosas, pero ya no entiende nada lo que sucede. Quedó debiendo varios dividendos y pasó el tiempo. No nos preocupábamos cuando llegaban cartas de cobranza y, por su enfermedad, él no tiene conciencia de lo sucedido.
"No les importó y nos remataron la casa, nos desalojaron y hoy mi padre estuvo durmiendo en carpa".
Manuel Muñoz Palma, abogado de www.defensoriasocial.cl, relata el caso de Víctor Bueno: "Él tenía dos créditos. Cayó en cesación de pagos y lo embargaron, aunque lo hicieron todo fuera de plazo. Solicitamos las prescripciones correspondientes, pero aún está en juicio".
Señor Presidente, los abogados defensores saben: "Lo que hacen muchas empresas como negocio es que, en el fondo, no quieren que les paguen los créditos. Prefieren volver a pactar las deudas. Si vas a un banco o casa comercial a liquidarla, no te dejan hacerlo fácilmente, te tramitan. Les conviene mantener deudas vigentes porque declaran un pasivo muy alto y piden créditos, como el caso de La Polar. Si los clientes pagan, no se genera ese pasivo".
La Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (Andha Chile), desde que surgió el año 2004, lo ha gritado sin ser escuchada: los bancos y los intereses inmobiliarios especulan con el derecho a la vivienda.
Y, señor Presidente, ¡no hemos hecho nada! ¡Hemos sido cómplices con nuestro silencio y nuestra inacción!
Noam Chomsky, filósofo y crítico del neoliberalismo, que se sumó a quienes desde el mundo intelectual internacional se han referido a las manifestaciones y a la crisis política y social que se ha desatado en Chile, ha dicho: "Los hechos eran perfectamente previsibles tras el asalto neoliberal a la población en los últimos 40 años, verificados constantemente en todo el mundo".
Y añadió que Margaret Thatcher expresó bien el dogma neoliberal: "No hay sociedad, solo individuos, solos para enfrentar las devastadoras fuerzas del mercado. La solidaridad es un crimen".
La aprobación de este proyecto de ley es, sin lugar a dudas, un primer y mínimo gesto de justicia y solidaridad que este Congreso puede hacer tras haber ignorado por años las demandas de una sociedad que grita sentirse abusada. Pero tengan claro que es solo un primer mínimo gesto. Debemos hacer muchos más, y rápido.
Estimados colegas, tengan claro que no nos queda crédito ante la sociedad. Estamos más que al debe y debemos pagar nuestra deuda.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, uno de los dramas que puede vivir cualquier persona es verse expuesta al remate de su casa habitación, donde vive con su familia y donde, probablemente, con mucho esfuerzo ha logrado un espacio para pasar su vida, estar con sus familiares y transcurrir sus penas y sus alegrías.
En la legislación chilena hay dos vías de ejecución, por así decirlo, cuando un deudor se ve enfrentado a la situación de que el acreedor, haciendo uso de las facultades que le da la ley, pretende embargarle y rematarle su casa habitación.
Un primer camino es el Código de Procedimiento Civil, y el segundo camino, cuando esta persona ha tenido un endeudamiento bancario, es la Ley General de Bancos.
Entonces, por un lado, la ley civil (procedimiento civil); por otro lado, la Ley General de Bancos.
Digamos, en términos generales, que la Ley General de Bancos realmente persigue a la persona y, con ello, esta va retrocediendo con las manos amarradas. Esta ley es draconiana en contra del deudor. El procedimiento civil es un poquito más suave, pero la Ley General de Bancos no da ninguna posibilidad al deudor.
Por consiguiente, lo que estamos haciendo aquí, en este proyecto de ley sencillo pero muy eficiente, son tres cosas.
Hoy día, cuando el deudor se descuida en la ejecución, puede proceder en su contra el remate de su casa o propiedad conforme al avalúo fiscal. Y muchas veces la gente que está endeudada tampoco tiene cómo defenderse, porque esto es un juicio ejecutivo, o sea, es un procedimiento muy rápido: hay un título ejecutivo que persigue hasta el remate de la propiedad.
Entonces, el primer cambio que introduce este proyecto es que ahora, cumpliendo ciertos trámites, el remate de la propiedad se realiza conforme al avalúo comercial y no al avalúo fiscal.
En tal sentido, estamos ante una situación distinta, de mucha mejoría para la gente, pues en el evento de que proceda el remate, este se va a concretar conforme al valor real de la propiedad y no a la tasación fiscal, que se prestaba para muchos abusos y cosas poco claras en este tipo de materias.
La segunda modificación apunta a que el deudor tiene la posibilidad de acceder a lo que se llama la "prenda pretoria". Este es un concepto bastante técnico. ¿En qué consiste básicamente? En que, cumpliendo determinados requisitos, el deudor puede decir: "Mire, yo le entrego la casa y usted páguese con la renta, pero esa casa la recupero una vez que pague la deuda". Y más encima se puede pagar anticipadamente. En consecuencia, la persona no pierde su casa, pues hace uso de la denominada "prenda pretoria".
Y el tercer cambio, que es muy importante, dice relación con lo siguiente.
Actualmente, la Ley General de Bancos, cuando el deudor se defiende, entrega la posibilidad de solo tres excepciones. Es muy concreto: "Si usted quiere defenderse, puede hacer esto: uno, dos, tres". El artículo 103 de la Ley General de Bancos contiene estas excepciones.
Entonces, simplemente, el deudor queda encajonado, no tiene cómo defenderse, porque la Ley General de Bancos se lo lleva, en una posición en favor de la banca realmente impresionante.
Señor Presidente, ¿le digo una cosa, a propósito de lo que está pasando en Chile hoy día?: esto estuvo vigente por muchos años. ¿Y nunca nos dimos cuenta de esto? Nunca nos dimos cuenta. Y es de una injusticia profunda la forma como la Ley General de Bancos trata a los deudores, sin pensar en que todos los mutuos hipotecarios contienen una cláusula de aceleración: uno se atrasa en una, dos cuotas y se acelera el cobro de todas las cuotas pendientes, haciendo efectiva toda la deuda en virtud de esta cláusula de aceleración, que son verdaderos contratos de adhesión que la persona tiene que firmar.
¿Qué hace este proyecto respecto a la defensa? Dice: "Usted en la Ley General de Bancos no va a tener solo estas tres excepciones, sino que contará con una batería de defensas". Y se establecen cerca de quince excepciones en el proyecto en análisis.
Entonces, señor Presidente, estimados señores Senadores, creo que esta iniciativa es un avance notable. Bien por las Senadoras y los Senadores que tuvieron en vista las ideas matrices y los objetivos de este proyecto de ley, porque estamos mejorando la situación procesal del deudor; lo estamos protegiendo en su defensa, y lo estamos protegiendo en su bien raíz, familiar, en la casa donde vive, descomprimiendo las rabias, las frustraciones, los abusos del sistema bancario y de las ejecuciones.
Por lo tanto, yo les pido a las señoras y a los señores Senadores que votemos favorablemente este proyecto de ley.

El señor QUINTANA (Presidente).- Senador Huenchumilla, precisamente por las razones que usted ha señalado esta iniciativa fue puesta en el primer lugar de la tabla, porque estimamos que se hace cargo de una realidad dolorosa que viven muchas familias en Chile.
Tiene la palabra, a continuación, el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.- Señor Presidente, respecto de este proyecto, que obviamente tiene elementos bien importantes, quiero hacer algunas reflexiones acerca de cosas que podemos ir mejorando entre todos.
Esto es importante, porque yo comparto lo que dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, pues todos quienes ejercimos el derecho nos vimos -y me tocó- en más de una ocasión sometidos a este tipo de situaciones, y particularmente respecto de las complejidades de los remates, de lo que significaban los avalúos fiscales o las dificultades que muchas veces existían respecto de la defensa. Este es el cambio que más valoro. Y hay complejidades o dificultades en la perspectiva del deudor en materia de notificaciones y de encontrarse a veces muy indefenso ante un país que hoy día requiere más defensa.
A mi juicio, en eso el proyecto apunta en el sentido correcto.
Por ello, elevar el mínimo de remate para un bien inmueble, desde el avalúo fiscal al valor real del valor inmobiliario que sea determinado judicialmente, apunta en el sentido correcto. Más allá de que alguien pueda haber contraído una deuda, que puede estar garantizada por un bien inmueble, en situaciones de imposibilidad de pagarlo, no parecía justo que se planteara que el avalúo fiscal fuera la señal determinante para la postura mínima en un remate. Y como generalmente estas propiedades tienden a salir por el mínimo, porque son remates judiciales, obviamente había un castigo patrimonial extraordinariamente complejo.
Creo que todo lo que dice relación con el número de avisos, el plazo de publicaciones permiten una mucho mejor publicidad, eliminando, por ejemplo, en los segundos remates, la disminución de los plazos, que generaba una dificultad muy grande para intentar recomprar la propiedad, pagar o renegociar la deuda. Y eso, al final, terminaba en un detrimento inmobiliario muy significativo.
Así que me parece que hay aspectos que apuntan en el buen sentido.
Pero como este es un Parlamento y uno debe tratar de ver todos los aspectos, creo que hay cosas que en la discusión particular se tienen que revisar a fondo.
De partida, todos los que dimos examen de grado en Derecho sabemos que la prenda pretoria casi no se estudiaba, porque era una cosa muy de otra época. Más aún, la última regulación es de 1902. Y nadie de aquí, más allá de las edades, puede señalar que haya tenido una vigencia. Por tanto, requiere una actualización y regularización qué es lo que se entiende por prenda pretoria para efectos de la modernidad.
A mi juicio, ahí tenemos un desafío, obviamente, en la discusión en particular. Y espero que la Comisión de Constitución nos ayude a definir de mejor manera qué se entiende por una prenda pretoria moderna, que no es la misma establecida -como dije- casi hace dos siglos y que virtualmente no ha sido utilizada en nuestro derecho. Es de las preguntas, hasta ahora, capciosas para el examen de grado.
Ahora podríamos llevarla a un estatus diferente. Puede ser parte de los cambios que haya que hacer. Pero aspiro a estudiar eso de mejor manera.
Señor Presidente, leyendo el proyecto, hay cosas que no me quedaron claras, pero que podemos mejorar.
Por ejemplo, ¿cuál es el rol del juez? Lo tengo claro respecto de determinados plazos, pero no en cuanto al plazo máximo que se puede extender esa prenda. ¿Cuál es el interés eventual que se cobra en ese espacio? ¿Qué ocurre si a pesar de esas opciones no se produce el pago?
Hay ciertas complejidades. Y como quiero que las cosas resulten de buena manera, ello me parece muy relevante. Sobre todo en el caso de la prenda pretoria. Por ejemplo, cuando una vivienda tenga que ser eventualmente arrendada, hay un tema de mercado (de oferta y demanda de viviendas) que debe ser considerado; no es solamente una lógica conceptual, es una lógica mucho más de mercado.
Porque lo que no podría pasar -pues yo entiendo lo que se busca- es que con esto se disminuyan las opciones de créditos. Uno tiene que ponerse siempre en el otro lado, porque si al final se genera un escenario en que hay una situación de eventual liquidación de garantías imposibles, lo que ocurrirá -ha sucedido en muchas partes del mundo- es que se restringirá o encarecerá significativamente el crédito.
Y supongo que esa no es la idea de nadie. No creo que nadie esté por este lado tratando de disminuir o encarecer los créditos. Lo que se persigue es mejorar la condición del deudor en una situación de dificultad, que ojalá siempre sea momentánea, respecto de su activo de vivienda en este caso, para tener las mejores salvaguardias posibles.
Entonces, aquí se nos presenta un desafío importante. Y los desafíos hay que asumirlos, no digo que no haya que hacerlo, hay que asumirlos. Pero considero que tenemos espacio para precisarlo de mejor manera y que el proyecto al final se traduzca en un incentivo a la defensa de los deudores y no en un encarecimiento o un impedimento del crédito, que sería, a mi juicio, muy complicado, porque una de las cosas relevantes de nuestro país, una de las mayores igualdades que presenta, con todo sus defectos o desigualdades, es la bancarización.
Yo estuve comparando el otro día dónde existe una diferencia en relación con otros países de Latinoamérica, y es en el acceso, entre otros aspectos, al crédito.
Entonces, una cosa es buscar que ese acceso tenga un correlato de defensa en momentos de dificultad, pero otra es generar espacio para que, al final, terminemos impidiendo en la práctica que ese acceso se vaya dando.
Así que, señor Presidente, quiero insistir en algunos elementos bastante importantes, básicamente respecto de los valores de los remates, reemplazando el valor del avalúo fiscal por el del mercado; en cuanto a los avisos, considerando la seguridad en vez de la velocidad. Y pienso que los otros asuntos tenemos que debatirlos más a fondo entre nosotros para que esto se traduzca en una defensa del deudor y no en un impedimento de los accesos a los créditos.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde, uno de los autores de la moción.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, ¿es posible abrir la votación?

El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
¿Ahora sí?

El señor BIANCHI.- Por supuesto.

El señor QUINTANA (Presidente).- Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, la moción que dio origen a esta iniciativa la hemos suscrito junto a la Senadora Provoste, a los Senadores Huenchumilla y Pizarro y a la Senadora Rincón, a quien quiero destacar especialmente porque ha liderado el grupo y ha sido una de las promotoras de este proyecto, que es fundamental para efectos de proteger de mejor forma a los deudores en nuestro país. Creemos que esto es fundamental, dado el contexto de una legislación anticuada y que debe ser actualizada ante los nuevos desafíos.
Los objetivos del proyecto son básicamente los siguientes:
En primer lugar, dar mayor protección a los deudores -de todo tipo: generales e hipotecarios- ante la eventualidad del remate de su inmueble en caso de morosidad. Para tal efecto, se hace una equiparación con juicios de similar naturaleza, en términos de su regulación. La idea es establecer condiciones justas en los juicios ejecutivos, generales o hipotecarios. Para esto, obviamente, se modifican el Código de Procedimiento Civil y la Ley General de Bancos.
¿Qué dispone la iniciativa?
Por un parte, amplía el catálogo de excepciones que puede oponer el deudor hipotecario y las asimila, por tanto, a las que puede actualmente oponer el deudor ejecutivo.
Por otro lado, elimina, en ciertos casos, la facultad del acreedor de solicitar el remate del bien raíz embargado o hipotecado, o la entrega del mismo inmueble en prenda pretoria.
A la vez, otorga a la prenda pretoria el carácter de irrenunciable para el deudor.
De igual forma, eleva -esto es muy importante- el mínimo del remate de un inmueble, desde el avalúo fiscal -es lo que establece la actual regulación- a su valor real en el mercado, a su avalúo comercial. Por tanto, esta hipoteca cumple una finalidad de protección adecuada, porque en la actualidad muchas veces se estaban rematando los inmuebles y ni siquiera se alcanzaba a pagar el monto de la deuda morosa.
Además, garantiza que tanto el número de avisos como el plazo de las publicaciones permitan efectivamente cumplir con el sentido básico de la publicidad y, por tanto, que se esté informado respecto de este tipo de remates.
Por último, aumenta el plazo tanto para la contestación de la demanda como para la oposición a la ejecución.
Son medidas muy simples, muy acotadas, pero que, en primer lugar, dan cuenta de la necesidad de actualizar nuestra legislación; en segundo término, equiparan la forma según la cual están regulados juicios de similar naturaleza a la situación de los deudores, y en tercer lugar, entregan un marco de protección adecuado a los deudores.
Dadas las tasas de morosidad que existen en nuestro país, que son preocupantes, sin duda que necesitamos una legislación que sea más equilibrada. Y la que estamos discutiendo, obviamente, protege de mejor forma a aquellos morosos que han establecido algún tipo de garantía para cubrir su deuda.
Por eso, señor Presidente, nos parece que es importante que se apruebe esta iniciativa, independientemente de que pueda ser corregida y perfeccionada, en todo lo que sea pertinente, en el marco de su discusión en particular.
Por lo anterior, obviamente, voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Felipe Harboe.

El señor HARBOE.- Señor Presidente, según el informe entregado por el titular del Banco Central, entre 2013 y 2018 la deuda hipotecaria de los chilenos y las chilenas aumentó de un 40 a un 46 por ciento del PIB.
O sea, tenemos un incremento de la participación de las personas en el mercado hipotecario. De hecho, el 25 por ciento de los ingresos mensuales de las familias se destina al pago de algún tipo de obligación financiera.
En consecuencia, parece fundamental establecer una regulación que disponga ciertas normas básicas para efectos de una mejor relación entre el deudor y sus acreedores.
Las normas existentes en la actualidad son muy antiguas y responden a una realidad completamente distinta, pues antes la colocación de créditos era completamente marginal -hoy día no lo es- y se requería un conjunto de otro tipo de seguridades.
Quiero felicitar a la autora de este proyecto, la Senadora Ximena Rincón, y a todos quienes han participado de la iniciativa, porque en verdad se viene a hacer cargo de temas muy relevantes.
Pensemos lo siguiente: cuando una persona suscribe una deuda con su tarjeta de crédito o mediante un crédito de consumo, lo que no sabe es que, merced al contrato de adhesión, al pagaré que está firmando, se obliga a lo que se llama "cláusula general del acreedor", que significa que si no puede pagar la deuda que ha contraído, no siendo hipotecaria, incluso responde con sus bienes inmuebles.
Según lo anterior, hay muchos casos de personas que, teniendo bienes inmuebles con crédito hipotecario, no habiendo fallado nunca en una de sus cuotas, se los embargan igual porque no pudieron pagar su tarjeta de crédito o su crédito de consumo.
En consecuencia, esta es una materia de aplicación mucho más amplia y que trasciende a los meros deudores de créditos hipotecarios.
Por otro lado, la práctica es bastante abusiva.
El proyecto que hoy día se discute es un texto mejorado respecto de lo que presentamos el año 2011 en la Cámara de Diputados, donde planteamos la necesidad de establecer una regulación entre la tasa de colocación y la tasa de remate.
¿Cómo es esto? Muy simple.
Cuando una persona va a pedir un crédito hipotecario para adquirir un inmueble, el banco hace una evaluación de los riesgos, obviamente, y del valor de la propiedad, y le presta una cantidad de plata en función del avalúo comercial. En consecuencia, el avalúo comercial actúa como un elemento determinante a la hora de entregar ese crédito hipotecario.
Pero resulta que si después a la persona, por diversas circunstancias, que pueden ser sufrir un accidente, una enfermedad grave de un hijo o de una hija o de un familiar, no le es posible pagar las cuotas de ese crédito hipotecario, fíjese que el mismo banco que le tomó como consideración el avalúo comercial al momento de otorgarle el crédito, ahora, para rematar la propiedad, considera solo el avalúo fiscal.
Entonces, el diferencial entre el avalúo fiscal y el avalúo comercial, adivine de quién es. Bueno, todos sabemos de quién es.
Por tanto, es un negocio extremadamente rentable.
Pero, como la propiedad sale a remate por el avalúo fiscal y dicho avalúo es considerablemente menor al comercial, la persona, además de quedarse sin la propiedad, sigue endeudada con el banco. Es decir, al final del día, se queda sin casa y tiene nueva deuda.
Señor Presidente, este asunto lo planteamos el 2011. Y quiero recordar que en aquella oportunidad varios Diputados -¡varios Diputados!- de la UDI se fueron en contra. Lo planteamos porque era importante modificar la situación. Pero, lamentablemente, el proyecto no prosperó en la Cámara Baja el año 2011.
El hecho que sirvió para motivar el proyecto de ley en aquella oportunidad fue un caso particular. Y al entonces Ministro de Hacienda, Felipe Larraín -dejó hoy día de ser Ministro de Hacienda-, se le mandó una carta donde se exponía el caso de un banco.
Lo que sucedió es que el banco había otorgado un crédito hipotecario, luego había sacado a remate el inmueble por el avalúo fiscal y el diferencial hacía que la persona perdiera la propiedad y quedara endeudada con el banco. Y, misteriosamente, quien se había adjudicado la propiedad era un gerente del mismo banco.
Usted comprenderá, señor Presidente, que también tenemos que aprovechar la discusión en particular para incorporar prohibiciones que apunten a la transparencia. ¡No es posible que los empleados de un banco se adjudiquen la propiedad de un deudor en un remate de la institución que le ha entregado el crédito hipotecario!
No me parece que eso sea adecuado, no creo que sea bueno. ¡Imagínense esto en el sector público! ¡Tanto que pelan al sector público! ¿Se imaginan ustedes una situación así? Sería un escándalo.
Bueno, creo que es importante incorporar en este proyecto de ley una prohibición en esa materia.
Valoro mucho el hecho de que se constituya la prenda pretoria.
Tal como decía el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, efectivamente, si un profesor quería liquidar a un alumno en el examen de grado le preguntaba por la prenda pretoria, porque se usaba poco, se conocía poco. El nombre ya, "pretoriano", denota su antigüedad.
Es muy importante porque estamos hablando de un deudor hipotecario que ha pagado más del 50 por ciento de la propiedad -es decir, que ha tenido la disposición de pagar-, pero que, por alguna consideración, que puede ser ajena a su voluntad -pensemos en la enfermedad catastrófica de un hijo, la pérdida del empleo, etcétera-, no ha podido seguir pagando, a pesar de su esfuerzo.
Entonces, no se trata de que quien vaya y se adjudique el bien inmueble se lo adjudique en propiedad, sino en prenda pretoria, para que pueda seguir pagando. Me parece adecuado y de toda justicia, sobre todo cuando se trata del bien familiar.
Aprovecho, señor Presidente, para motivar a la Senadora Rincón, autora de este proyecto, a quien felicito, para que en la discusión en particular incorporemos otro elemento.
Como ustedes se acordarán, en este Congreso Nacional todos votamos a favor de la declaración de bien familiar y establecimos que hay una protección mayor cuando se trata del bien que se ocupa para la vida cotidiana de la familia. Se dispuso que era inembargable, más un conjunto de consideraciones.
Quiero decirles que hoy día, cuando uno revisa las cláusulas del contrato de adhesión hipotecario a lo menos en cinco bancos, ve que se señala que si una de las partes del contrato hipotecario declara como bien familiar ese inmueble se acelera la deuda, ¡se acelera! ¡Es como incumplir la deuda!
Entonces, un derecho que estableció este Congreso Nacional por amplia mayoría hoy día es letra muerta, porque si un deudor hipotecario declara como bien familiar un inmueble le aceleran la deuda, es decir, le cobran toda la deuda. Eso es inaceptable.
Por tanto, me parece importante que incorporemos este elemento.
Señor Presidente, ha llegado el momento en que la calle nos reclama y nos dice: "Hay muchos abusos". Bueno, ¿hay abusos en el sector público? ¡Sí! Pero también los hay en el sector privado, y aquí tenemos que ir corrigiéndolos.
El proyecto plantea medidas muy concretas, porque hay millones de personas que hoy día mantienen créditos hipotecarios con bancos, con instituciones financieras.
No se trata, como seguramente dirá la banca, de afectar la estabilidad del país, de poner en riesgo la seguridad económica de todo Chile y, por qué no decirlo, del extranjero también. No, se trata de ser responsables. Si usted, banco, considera que un crédito hipotecario debe ser asignado en función del avalúo comercial, entonces, cuando la propiedad vaya a remate, que salga por el mismo avalúo comercial y no por el avalúo fiscal, para efectos de evitar estas deudas que se van estableciendo.
Entonces, valoro mucho lo que se ha planteado en este proyecto, y creo que, además, en el caso particular de aquellos que representamos a comunas más alejadas es muy importante, porque muchas veces la persona que vive en Ránquil, en Coihueco, en Ninhue, no se entera de la publicación que se hace en la capital regional. Se dan cinco días y la persona no sabe que está morosa y que, adicionalmente, le sacarán a remate su propiedad.
A mí me ha pasado, por ejemplo, que llega gente a la oficina parlamentaria a decir: "Van a sacar a remate mi casa y yo no tenía ni la menor idea". Y debemos empezar a hacer un conjunto de gestiones para ver cómo se regulariza eso.
Entonces, es muy importante también que se amplíe el plazo, pero, a su vez, que se establezcan mecanismos de comunicación reales para los ciudadanos.
Los que somos Senadores de regiones sabemos que las radios son la principal fuente de información. Por tanto, podría ser una alternativa la obligatoriedad de publicar avisos en las radios para efectos de que la gente se entere de que una propiedad puede salir a remate por deuda hipotecaria.
Señor Presidente, este es un proyecto superimportante, vamos a apoyarlo decididamente y espero que logremos una pronta aprobación, porque de verdad significará una mejoría en la regulación de los créditos hipotecarios y, particularmente, en la protección de los deudores.
Y no me refiero al fresco, al que anda pidiendo créditos porque sí, que no tiene cómo pagar y anda defraudando; sino a la gente honesta que hace un tremendo esfuerzo por tener su casa propia y resulta que, de repente, enfrenta una situación inesperada, que no contaba en su planificación de pago, se ve en la imposibilidad de seguir pagando y le rematan la casa en estas condiciones, lo que la deja en peores circunstancias.
En consecuencia, voto a favor, y felicito a los autores y a las autoras de este proyecto.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Carlos Bianchi.

El señor BIANCHI.- Señor Presidente, lo primero es felicitar a la Senadora Ximena Rincón y a todos aquellos Senadores que la han acompañado en este proyecto de ley que se encarga de revertir una práctica antigua de la banca: el abuso de personas que, haciendo enormes esfuerzos, intentan mes a mes cancelar el dividendo de la compra de una propiedad, pero a las que, curiosamente, no les llega la información de mora.
Me hace mucho sentido lo que señalaba recién el Senador Harboe en cuanto a que existen negocios, muchas veces de los propios ejecutivos de la banca, que luego terminan quedándose con la propiedad.
Pongo el ejemplo de algo que pasó en Magallanes, en Punta Arenas. Llegó una señora -ella es mamá y papá, profesional, con tres niños- que en algún momento de la vida adquirió una propiedad, y el banco, curiosamente, le aceptó mes a mes los pagos que debía cancelar, sin manifestarle nunca, ¡nunca, señor Presidente!, que había una diferencia, un ajuste, y esa diferencia, bastante marginal, se fue sumando mes a mes hasta que llegó el momento en que, de la noche a la mañana, el banco, sin aviso a esta señora, pone en remate su propiedad.
Por lo tanto, ella se acercó a nuestra oficina parlamentaria. Nosotros, haciendo todo para intentar asesorarla, pusimos a disposición un abogado y se le orientó para salvar su casa.
Afortunadamente, logramos revertir la medida y esta mujer terminó salvando su propiedad.
Pero hay situaciones de las que este proyecto no se encarga, y muchas veces cuando la persona hace la negociación con el banco, este castiga el valor de la propiedad y firma el acuerdo al momento de rematarla, de venderla, si hay un incumplimiento en el pago de los dividendos.
Y ahí es donde nosotros, dentro de lo que será la discusión en particular, debemos abordar de qué manera evitamos los históricos abusos que la banca practica y lleva a cabo con los clientes que, por razones de salud, por razones de urgencia absoluta, no pueden dar cumplimiento en algún período a los pagos de los dividendos. Porque la banca efectivamente comete todos los abusos habidos y por haber frente a una situación que es de total desprotección para la persona que adeuda los dividendos de la propiedad que adquiere.
Por lo tanto, señor Presidente, me sumo a lo que se ha manifestado en esta Sala. Felicito este proyecto de ley, que tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, con los abusos: los abusos de la banca; los abusos que vemos en materia de salud, en materia de vivienda, en materia laboral, en pensiones; abusos y abusos en contra de una sociedad que se hastió, de una sociedad que dijo: "Ya basta de someternos a estos abusos de todo orden".
Y con proyectos como estos, que pueden parecer simples, que a lo mejor no logran entrar en la profundidad de la discusión de la deuda en la banca de nuestro país, en la condición en que queda la persona al enfrentarse con estos abusivos cobros, con estos abusivos intereses que la banca impone permanentemente, se intenta al menos encontrar una solución.
Por lo tanto, votaré favorablemente, haciendo, sí, la prevención de que en la discusión en particular presentaremos varias indicaciones para ver de qué manera podemos corregir la forma abusiva con que la banca muchas veces trata a sus clientes.
Voto a favor.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, cuando estamos en un momento en el cual necesitamos resolver tantos problemas y circunstancias que viven los chilenos, el endeudamiento, sin duda, es un tema no menor.
De acuerdo a informaciones del Banco Central, los chilenos son las personas más endeudadas en América Latina. El 79 por ciento de las deudas en Chile se producen por créditos de consumo. El 45 por ciento de los ciudadanos se endeuda en el retail y el 34 por ciento, directamente con la banca.
Cuántos compatriotas, por diversas circunstancias, y muchas veces por desconocimiento -por eso valoramos la iniciativa que se ha presentado-, toman un crédito simple de consumo o compran algún electrodoméstico, a pesar de que les puede significar la pérdida de su vivienda. Y esto circunscrito, fundamentalmente, por la ausencia de claridad de los procesos, lo que ahora se procura resolver a través de cambios en los plazos y en la forma de efectuar las notificaciones; por la vía de precisar dónde y cómo se aplican, dependiendo de si al beneficiario le corresponde o no el domicilio del tribunal. Creo que esas son medidas absolutamente correctas.
Ahora, como bien decía el Senador Harboe, esto no es para la gente deshonesta. Está pensado para aquella persona que, con legítima voluntad, asume un compromiso de deuda, pero que, por razones diversas -¡y cuántos chilenos hoy día no están sujetos a esa realidad!-, se encuentra con que no puede cancelar y estas moras se transforman en una guillotina que termina ni más ni menos que haciéndole perder lo más importante: su hogar.
Nosotros tenemos muchos contactos y aquí se hablaba de los "mecanismos de comunicación". Imagínense lo que pasa en regiones tan extensas como las nuestras. Todos saben que yo soy de la región más linda de Chile. Tenemos más de 700 kilómetros entre el límite norte y el límite sur. Las dificultades de comunicación, de conexión le agregan un ingrediente adicional. Por eso, no es raro tampoco encontrar casos de viviendas de estos deudores que terminan en manos, como aquí muy bien se ha señalado, de los propios funcionarios del banco. Más aún: a veces hay una suerte de información interna en la que se avisa: "Oye, mira, hay un remate de tal propiedad, en tal parte".
Esto genera, como bien señaló aquí el Senador Bianchi, situaciones de tratamiento de información absolutamente indebidas.
Creemos que este proyecto tiene el sentido de atender una necesidad evidente. Porque, cuando se termina realizando la liquidación de la propiedad por parte del acreedor, qué diferencia hay -todos lo saben- entre lo que significa el avalúo fiscal respecto del avalúo comercial. Esa diferencia no tiene por qué castigarse, pues muchos de esos deudores, honestamente y por circunstancias ajenas a su voluntad, han debido enfrentar la realidad de ponerse ante el peligro de perder su bien raíz y, por tanto, perder el espacio en el cual se desarrolla y se sustenta su propia vida.
Por eso, creemos que esta situación debe ser regulada. Y como estamos en la discusión en general, en su momento haremos las observaciones pertinentes -muchas ya se han planteado- para ver qué habrá que corregir, qué habrá que mejorar.
Destaco la idea de fondo del proyecto. Aquí, sin duda, no podemos castigar a personas honestas. Tampoco podemos -y tendremos que establecer los mecanismos para resguardarlo- permitir que aquellos que estén sometidos a esta realidad se hallen sujetos a tratos absolutamente inadecuados. Debemos acabar con ese tipo de abusos, porque no puede ser que muchos compatriotas, además de perder su patrimonio, terminen con la misma prevalencia, con las mismas deudas.
Por eso, nos parece bien este proyecto y, evidentemente, vamos a votar a favor de la idea de legislar.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, yo quiero valorar este proyecto. Creo que es tremendamente importante enfrentar la situación del sistema bancario en nuestro país, el cual dispone de demasiadas leyes que tienden a ser muy favorables para los bancos, muy probancos y poco equilibradas respecto de las personas que piden créditos. ¡Estamos llenos de esas leyes!
Esto se ha discutido muchas veces y no se ha logrado cambiar. El Senador Coloma presentó un proyecto que decía relación con algo tan simple como qué se hace en el momento en que la persona tiene recursos y puede cubrir lo que gastó de más, lo cual se haría mediante una autorización para que eso se le impute directamente sin cobrarle intereses. Algo tan simple como eso requería una ley, porque había una concepción bastante abusiva respecto a cómo tratar ese tema, así como muchos otros.
Quiero decirles a ustedes que también en Chile existe el "corralito". Lo tenemos desde hace muchos años. Y para terminar con él se requiere que el Ministerio de Hacienda apruebe el informe de la ex ANAP. Y los distintos Ministros de Hacienda han postergado y postergado la aprobación. Y eso significa que muchas personas que ahorraron en el sistema, que tenían recursos (sectores de bajos y medianos ingresos y también empresas) no pueden recuperar su dinero. Incluso hay un fallo de la Corte Suprema que dice que se debe pagar, pero no se paga.
Hay todo tipo de abusos, arbitrariedades que generan bastante bronca, y es desesperante, porque esto lo venimos planteando por años.
Todo este asunto se discutió mucho en los años 91, 92, 93 y 94. Esta fue la discusión de esos años, porque había habido muchos remates abusivos como los que aquí se plantean; o sea, se hacían sin informar, sobre la base del avalúo fiscal y, en algunos casos, incluso sobre el saldo no pagado.
Hicimos leyes para esto; leyes que, entre otras cosas, permitían devolver las viviendas, por lo menos de la ex ANAP y también del sistema del Banco del Estado, además de poner ciertas exigencias al sector privado, dentro de lo que era posible legalmente.
Bueno, ahora sigue este sistema. A veces ni siquiera se trata de un banco entero, sino de departamentos dentro de los bancos que aplican una política bastante arbitraria, abusiva. Es un sistema bastante injusto respecto del deudor, porque no le consideran su propiedad en el valor efectivo, comercial, sino en aquel que le conviene más a la contraparte.
Por lo tanto, el proyecto en debate es muy necesario para corregir esto de una vez por todas.
En su época, yo estudié qué ocurría en otros países. Y en otros países sería un delito no considerar el valor efectivo de la propiedad. O sea, jamás se les ocurriría poner aquel valor que más le conviene al sistema bancario, sino que pondrían el valor efectivo de la propiedad.
En tal sentido, creo que con este proyecto estamos superando el abuso que se ha mencionado aquí y esperamos que se apruebe. Felicito a quienes lo han presentado. A mi juicio, es muy importante.
Muchas gracias.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.

El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto que versa sobre un tema acuciante. En efecto, millones de familias de clase media y de sectores vulnerables hacen un gran esfuerzo para obtener su vivienda, para lograr tener un hogar que van a entregar a sus hijos. Y eso les significa ahorro, que también implica un importante esfuerzo, algunas veces un subsidio del Estado y el crédito hipotecario. Otras familias tienen que hacerlo solo con ahorro y crédito hipotecario. Por lo tanto, adquirir una vivienda en Chile constituye un gran esfuerzo y un gran compromiso para la familia.
Y hay muchas personas -todos hemos sido testigos de ello- que, cotidianamente y con esfuerzo, cumplen con esa obligación. En otras ocasiones, por razones -como se ha dicho aquí- absolutamente ajenas a su voluntad, eso no es posible y, por tanto, se les viene la noche encima con un accionar de los bancos en que lo primero que hay es una injusticia muy grande en el sentido de que su casa es sacada a remate con el valor del avalúo fiscal, que es muy menor al avalúo comercial.
Por eso, me parece que la primera medida que tiene mérito en este proyecto es incorporar al mercado como un elemento fundamental para poder resguardar los derechos de las personas. Que el valor de una casa no sea el que señala una institución pública, sino el que establezca el mercado me parece adecuado, así como que a las personas se les permita defenderse y pagar.
Por lo tanto, se trata de una diferencia relevante, que es necesario apoyar.
También considero importante trabajar fuertemente en las normas de transparencia y en la efectiva información del deudor.
Muchos, por no decir casi todos, hemos firmado pagarés sin siquiera haberlos leído, y eso atenta contra la transparencia y la buena información. Alguien podría argumentar: "Analizar un pagaré es la mínima responsabilidad de quien lo firma". Puede ser verdad. Pero no hay duda de que muchas veces estos instrumentos están en un lenguaje extraordinariamente técnico, financiero, que no es entendible para la mayoría de las personas. Por lo tanto, las normas de transparencia deben ser absolutamente claras.
En tercer lugar, en materia de juicio ejecutivo, que es cuando se embarga la propiedad y se le exige el cobro de la deuda a la persona, es sano generar una disposición tendiente a contar con plazos más amplios para contestar la demanda y oponerse a la ejecución, porque en esos momentos las familias están más angustiadas. En consecuencia, en el esquema judicial hay que buscar la manera de que esos plazos mayores sirvan para que el deudor se pueda defender mejor.
Esa es otra norma en la que el proyecto camina por la vía adecuada.
En cuarto lugar, si una persona ha pagado más del 50 por ciento, se propone una garantía diferente para pagar. Creo que hay que analizar bien este punto.
El Senador Montes expresó que durante mucho tiempo aquí se generaron diversas leyes para defender a los deudores hipotecarios y resolver problemas de ese tipo de deuda.
Sería bueno que la Comisión de Economía analizara esa legislación, lo que hemos hecho antes, para ver sus falencias y determinar en qué no se ha avanzado de manera adecuada.
Particularmente, una norma que es de corta data -no tiene más de dos o tres años- ha causado el efecto de que hoy día los sectores medios muchas veces están imposibilitados de adquirir una vivienda a través de crédito hipotecario.
BancoEstado, por ejemplo, hoy solo presta el 80 por ciento del valor de la vivienda. Y juntar el pie suele ser imposible para una familia. Por tanto, se deja fuera de la posibilidad de adquirir una vivienda a miles de personas.
Esa decisión -y me ha tocado ver varios casos- es producto de una legislación nuestra relativa a normas vinculadas con la rebaja de la tasa convencional y otras que han tenido un efecto en contrario. En determinado momento se quiso defender al deudor. Pero hoy se castiga a quien desee adquirir una vivienda mediante un crédito hipotecario, porque se deja esa opción fuera del alcance de las personas.
En consecuencia, hay que tener especial cuidado y prudencia al analizar el conjunto de las disposiciones del proyecto, para no transformar su contenido en un búmeran que pueda resultar perjudicial para el deudor.
Me parece adecuado y justo lo relativo al avalúo comercial, en lugar del avalúo fiscal; adecuadas las normas de transparencia; adecuadas las ampliaciones de plazo.
Pero es necesario examinar cuidadosamente otras propuestas que contempla la iniciativa, para que después no tengamos que expresar que determinada disposición generó un problema adicional.
Antes creíamos que era necesario garantizar créditos, pero hoy la mayoría de los bancos no está prestando recursos para el pie de la vivienda, lo cual es fundamental para que las personas puedan adquirir su casa.
Hasta hace un tiempo las entidades bancarias otorgaban crédito por el cien por ciento del valor de la vivienda. Actualmente eso no es posible.
Por lo tanto, debiéramos analizar con detención ese tipo de normas durante la discusión en particular, con el fin de prever que ninguna disposición que aprobemos signifique una barrera de entrada a las personas para adquirir su vivienda.
Pensemos en el deudor, en facilitarle la vida y en alivianarle los problemas que pueda tener hoy día. Pero también debemos considerar a los futuros deudores, a las personas que deseen comprar una casa. Evitemos que, por culpa de esas normas, se les encarezca el crédito o se les ponga una barrera de entrada para acceder a su vivienda propia.
Es una necesidad ineludible del Senado dictar normas adecuadas, justas y que verdaderamente resuelvan los problemas y no agraven otras situaciones.
En consecuencia, votaré favorablemente este proyecto de ley, que claramente va en el sentido correcto; sobre todo, en cuanto a establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo en las subastas y otras medidas de protección de las viviendas de deudores hipotecarios.
Ello, sin duda, ayuda a las familias que se encuentran en una situación muchas veces indeseada, imposible de resolver adecuadamente, producto de normas que son claramente excesivas para el patrimonio y los recursos de cada uno de los deudores.
He dicho.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Quiere referirse a un punto de reglamento, Senador Elizalde?

El señor ELIZALDE.- Sí.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra.

El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, deseo que se solicite la autorización de la Sala para que, a contar de las tres de la tarde, la Comisión de Minería y Energía sesione en paralelo con el fin de analizar la iniciativa que ha enviado el Gobierno para congelar las tarifas eléctricas.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición?

El señor NAVARRO.- No, señor Presidente.

El señor COLOMA.- ¿No?

El señor NAVARRO.- ¡No!
¡Pinche agenda social!

El señor COLOMA.- ¡Pero cómo no!

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Navarro, para referirse al proyecto que estamos discutiendo.

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la orquesta del Titanic. ¡Nada más parecido a este Senado que la orquesta del Titanic! Cuando se hundía el famoso barco, la orquesta tocaba como si nada ocurriera.
Este Senado, una vez más, discute una pinche modificación a la Ley de Bancos, que el Senador Pérez Varela acaba de cuestionar. Se trata de una simple enmienda para que a los pobres no les rematen su casa, ¡y él dice que hay que estudiar la normativa!

El señor MOREIRA.- ¡No está el Senador!

El señor NAVARRO.- ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver!
Además, se nos señala que ahora tenemos que debatir una modificación a otra ley.
¡La agenda social no va a transformar la realidad!
El Senador Montes expresaba que hace veinte años (desde el 92, el 93) venimos discutiendo sobre el abuso de los bancos. Yo quiero decirle que llevo casi quince años diciendo "¡No más AFP!", "¡Nueva Constitución, ahora!", y nada.
Los Senadores Montes y Pérez Varela vienen planteando enmiendas a la Ley de Bancos, y nada. ¡El abuso continúa!
¡Porque el tema no es el pinche banco, sino que tenemos un Presidente abusador, un modelo neoliberal abusador, un modelo económico abusador!
El problema no se trata de que exista una ley más o una ley menos.
¡Por eso marcharon dos millones y medio de personas!
Pero en el Senado siguen pensando en debatir la agenda de Piñera, que ha cambiado el gabinete y nos ha dicho: "Discutan la agenda social, discutan cómo le cuidan la casa al más pobre".
¿Qué dice el proyecto? Que si la gente no ha pagado la mitad, le van a rematar la casa igual. ¡O sea, no engañemos a la ciudadanía! ¡No se compren la agenda social!
Solo pido respeto porque, al igual que muchos aquí, llevo demasiado tiempo.
Cuando presidí la Comisión de Economía, íbamos a establecer que los servicios de luz, agua y gas debían ser resguardados no solo por las superintendencias, sino también por el Sernac. La indicación que aprobamos al respecto fue rechazada en la Sala. ¡Nadie quiere fiscalizar! ¡Quieren que los poderosos sigan haciendo de las suyas!
¡Y me dicen que modifiquemos esta pinche Ley de Bancos, cuando Piñera ha tratado al país como un gran banco de su propiedad!
¡Porque si de algo sabe Piñera, es de bancos! ¡Ha tenido el Banco de Talca! Y posee mucho dinero en los bancos, pero no en los de Chile, sino en los paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes, en las Islas Caimán.
Entonces, discutir una agenda como esta, en medio de la mayor movilización social de Chile, en medio de una crisis histórica, social y política tan profunda, francamente me parece una estupidez.
En este sentido, anuncio que no quiero votar este proyecto. Discutamos sobre el tema de fondo.
Aquí les decimos a los bancos que no van a poder rematar las casas de los pobres, ¡y ya Pérez Varela ha dicho que van a poner letra chica!
Los bancos son abusadores, han sido abusadores y van a seguir siendo abusadores, porque están dentro del modelo abusador.
Aquí no se quiere tocar el modelo económico; nadie quiere discutir sobre ello.
El Presidente invitó a la APEC, a las veinte grandes economías. Vienen a Chile bajo este modelo abusador. ¡Eso es una bofetada a los chilenos y a las chilenas!
Cuando la gente ha marchado y el país se ha incendiado, lo que hace el Presidente es decir: "Invito -estaban invitados de antes- a las veinte grandes economías neoliberales para que ratifiquen el modelo abusador".
Señor Presidente, si Piñera trató a Chile durante todo este tiempo como un banco, no esperemos que haya cambio; no esperemos que una iniciativa como esta vaya a producir algún cambio.
El empresariado le ha dicho al Presidente: "Algo hay que cambiar"; pero el Presidente no escucha. ¡No ve! ¡No ve! ¡No quiere!
Señor Presidente, estamos discutiendo ahora una arista sobre la Ley de Bancos. Yo quiero proponerle a este Senado que hablemos de la política, porque este proyecto no va a cambiar ni va a aminorar la movilización ciudadana. Por el contrario, creo que se va a indignar.
¡Si este Congreso no ha sido vandalizado, es porque tenemos a los militares en la calle!
Ayer venía una marcha pacífica a Valparaíso -lo dijo la Senadora Isabel Allende en la Comisión de Derechos Humanos, que yo presido-, miles, miles y miles de personas, ¡y fueron reprimidas sin cuartel, sin piedad!

El señor MOREIRA.- ¡El Fiscal tiene la culpa!

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en lugar de debatir sobre esta modificación a la Ley de Bancos, sugiero que hablemos del cambio de gabinete; hablemos de cómo nos sacaron a Chadwick y nos pusieron a Blumel; hablemos de que vamos a perseguir a los violadores de derechos humanos, entre ellos, a Chadwick y al propio Presidente Piñera, ¡hasta el último de sus días, hasta el final de sus días! ¡Nadie se va a librar!
Si algo ha hecho bien este Congreso, es declarar imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos.
Y ahora, con este Senado funcionando como la orquesta del Titanic, ¡se siguen violando los derechos humanos de los chilenos!
¡Se sigue torturando en las comisarías!
¡Se sigue maltratando!
¡Se sigue llenando de perdigones a jóvenes trabajadores!
¡Se sigue violando flagrantemente la dignidad humana!
Es por eso que decimos, señor Presidente: "¡Atrévanse a discutir política!".
Vamos a presentar la acusación constitucional, por cierto. Así lo dije en esta Sala el lunes pasado, hace una semana. ¡La acusación constitucional va! El problema no es el cambio de gabinete; no necesitamos que se vayan los Ministros. ¡Necesitamos que se vaya Piñera, señor Presidente, que es el director técnico de este gran modelo, y se niega a abandonarlo!
A partir de ahora, a uno le cabe hacer una reflexión muy profunda respecto de qué significa ser parlamentario; qué significa tener convicciones; qué significa poder actuar acorde al soberano pueblo, a la ciudadanía.
La acusación constitucional se va a presentar. Esperemos que llegue al Senado. El proceso lo fija la Cámara de Diputados.
Tal como el pueblo de Argentina sacó a Macri, ¡el pueblo chileno va a sacar a Piñera! ¡Lo va a sacar hoy, mañana o pasado! Lo repito: así como el pueblo argentino sacó a Macri, ¡el pueblo chileno va a sacar a Piñera! ¡No tengo ninguna duda!
Señor Presidente, quiero reformar la Ley de Bancos, pero también cambiar la Constitución. Debido a esta, el pinche proyecto que se discute hoy día solo modifica una arista pequeñísima de su contenido, y respecto de esa arista la Derecha neoliberal ya ha dicho que hay que evaluarla para no dañar de manera colateral a otras personas. Este simple cambio que los Senadores nos proponen ya ha sido cuestionado en la Sala en el debate en general.
Por eso ratifico: ¡la ola constituyente que atraviesa a Chile es imparable! ¡Vamos a tener una nueva Constitución! ¡Le guste a la Derecha o no, le guste a la Oposición que se halla en esta Sala o no, vamos a tener una nueva Constitución!
¡La ola constituyente, el poder constituyente se expresó en las calles!
¡Ese es el poder constituyente!
¡Eso es lo que puede transformar a Chile!
Y si Piñera no escucha y es terco como una mula, va a radicalizarse la movilización, señor Presidente. Y yo no quiero que se radicalice, sino que haya diálogo democrático,...

El señor MOREIRA.- ¡Señor Presidente, ese es un insulto!
¡Aplique el Reglamento: que retire las expresiones!

El señor NAVARRO.- ... ¡diálogo democrático!, como hoy día lo estamos haciendo sobre la iniciativa que enmienda la Ley de Bancos.

El señor MOREIRA.- ¡Señor Presidente, es un insulto! ¡Le reclamo!

El señor NAVARRO.- Claramente, ese poder constituyente tiene que ser capaz no de transformar la Ley de Bancos, sino de lograr una nueva Constitución, un nuevo acuerdo político-social, para que no tengamos que andar peleando contra bancos abusadores, para que tengamos entidades financieras que respeten el derecho y la dignidad de sus ahorrantes, de sus cuentacorrentistas, en lugar de tener que modificar esa normativa paso a paso, porque el sistema les impone a los bancos una metodología y un orden que los obliga a actuar como tales.
¿Quién paga la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras? ¡Los bancos! ¡Los bancos!

El señor MONTES.- Ya no.

El señor NAVARRO.- El Senador Montes me dice que no. Ojalá que así sea.
Pero esa Superintendencia, que fue financiada durante los últimos veinte años con la propia plata de los bancos, ha permitido todos estos abusos.
Señor Presidente, si no hay un cambio sustantivo y profundo, vamos a cometer un error histórico. ¡Yo no quiero ser parte de ese error histórico!
Somos parte del problema todos los que aquí estamos. ¡Hemos sido incapaces de resolverlo en veinte y más años!
Ahora tenemos una gran oportunidad y seguimos discutiendo leyes parciales, con letra chica, ¡la letra de Piñera!
También seguimos asistiendo a un cambio de gabinete que es solo una movida de ajedrez, un enroque, que no va a resolver ningún problema.
Sigue en el puesto la Ministra Hutt, la Ministra insensible, tecnócrata, aquella que, cuando el primer "pingüino" saltó el torniquete del Metro, fue incapaz de escuchar. Aquí, en esta Sala, se lo dijimos: "¡Ministra, tiene que escuchar porque este es un problema social!". Y ella contestó: "Yo estoy revisando los contratos".
Ella revisa contratos.
¡Esa es la Ministra de Transportes que hoy día Chile tiene y que el Presidente Piñera ha vuelto a ratificar!
Por eso, señor Presidente, con más fuerza que nunca quiero señalarles a quienes han violado los derechos humanos -y los bancos también lo han hecho, porque han vendido casas y han abusado de la gente- que se les va a perseguir.

El señor MOREIRA.- ¡Un punto de reglamento, señor Presidente!

El señor NAVARRO.- Yo solo espero que podamos tener una nueva Constitución y que el Presidente Piñera no crea que un cambio de gabinete va a resolver los problemas profundos que la ciudadanía ha expresado.
Por ello, señor Presidente, deseo reiterar lo que he dicho durante a lo menos catorce años:
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡No más AFP!
¡El pueblo así lo pide! ¡La ciudadanía así lo pide! Y este Gobierno y el Presidente Piñera hacen oídos sordos.
He dicho.

El señor MOREIRA.- ¡Señor Presidente, punto de reglamento!
A mí no me parecen esas expresiones.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER.- Señor Presidente, más allá de los juicios del Senador que me antecedió, lo cierto es que estamos viendo una moción parlamentaria que no se relaciona con la agenda del Gobierno y cuyo propósito es defender a las personas de los bancos que abusan de forma sistemática en nuestro país.
El nivel de abuso que hay en nuestro ordenamiento económico es uno de los grandes problemas que han llevado a la gente a salir a las calles a protestar, pues están en contra de esos abusos. No cabe duda de que uno de los actores que abusan en forma brutal en nuestra sociedad es el sistema de bancos, y lo hace, entre otras cosas, respecto del tema específico sobre el cual se está legislando y que se quiere regular.
Hay otros ejemplos.
Recién estuvimos hablando con el Senador José Miguel Insulza acerca de cómo se manifiesta eso en los contratos, por ejemplo, de las concesionarias de carreteras. Cuando se calculan los contratos, se toma en cuenta la tasa de interés del momento; pero más adelante, cuando bajan las tasas, eso se traduce para la industria en un tremendo "topón pa' dentro" de miles de millones de pesos. Porque, cuando caen las tasas de interés, esas empresas no bajan parte de su rentabilidad.
En nuestro país existe una incapacidad en un conjunto de materias.
Dado que tenemos un Estado subsidiario, dado que nos rige una Constitución que defiende y ampara en una forma abusiva el derecho de propiedad y se malentiende ese concepto, barriendo con el sentido social de esta, se llega a situaciones como la de este proyecto, que lo único que plantea es que los bancos, si llegan a rematar un bien producto de una deuda, no podrán seguir abusando como lo han hecho hasta ahora, al rematar en función del valor del avalúo fiscal en vez del comercial.
El Senador Harboe ha mencionado otros temas que se deben abordar en la discusión en particular, que dicen relación con el uso privilegiado de información de los bancos para rematar muchas veces bienes a su favor.
Ahora bien, sería bueno que en este proyecto también -o quizá en paralelo- se pudiera abordar lo que está pasando con los bienes fiscales que se ponen en venta. En este sentido, el Ministro Ward publicó cómo se van a vender ¡miles de propiedades fiscales!, y en muchas de estas hay información privilegiada.
No me voy a referir a los dichos políticos del Ministro Ward, porque en otro momento él realmente ha mostrado poco tino en sus juicios sobre materias políticas -por señalarlo muy suavemente y no decir abiertamente que ha exhibido descriterio-; pero en el caso de los remates de propiedades y el uso de información privilegiada, hay mucho paño que cortar, señor Presidente.
Yo esperaría que Bienes Nacionales retirara del debate ese proceso de privatización o de regalo de propiedades fiscales de forma inadecuada, en particular en esta coyuntura, y que nos concentráramos en cómo hacer las cosas en forma más transparente.
Esta iniciativa, originada en una moción de las Senadoras Rincón y Provoste y los Senadores Elizalde, Huenchumilla y Pizarro, a lo único a que apunta es a terminar con los abusos, con la inequidad que viven miles de familias.
Muchas de las familias de Andha Chile perdieron sus propiedades precisamente bajo estas reglas, según las cuales la banca no solo les quitó la casa, sino que las mantuvo endeudadas. Y con este proyecto, que es relevante, queremos ayudar a poner fin a uno de los tantos abusos que el sistema financiero y bancario de nuestro país genera cotidianamente.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Francisco Chahuán.

El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, quisiera felicitar a los autores de la iniciativa, en particular a la Senadora Ximena Rincón.
Estamos hablando de la necesidad de empujar una agenda social. Y hay que considerar que tenemos un endeudamiento promedio de casi el 73,3 por ciento en relación con el ingreso imponible. Por lo tanto, la sociedad chilena está absolutamente endeudada y, además, con altos índices de morosidad.
Por eso, este proyecto de ley, que busca crear alternativas de solución para disminuir los procesos judiciales de cobranza que colman los tribunales civiles de nuestro país, va en la dirección correcta.
En este sentido, lo que la iniciativa busca es proteger la vivienda familiar, que es de suyo importante porque, ciertamente, es un inmueble donde el pago constituye un esfuerzo de años, y debe ser protegido.
Lo anterior es sin perjuicio de los cambios que pudieran proponerse en la discusión en particular.
¿Y por qué creemos que tenemos que aprobar en general este proyecto para su debate en particular? Primero, para evitar que esta situación provoque elevadas tasas de interés; aumento en el valor de los seguros, como el de cesantía, y el traspaso de los gastos operacionales que significa la administración de los bienes que se encuentran en prenda pretoria. Y también para lo relacionado con la discusión sobre el porcentaje pagado para los efectos de evitar el remate.
Sin lugar a duda, este proyecto va en la dirección correcta, nos permite aumentar los plazos tanto para la contestación de la demanda como para la oposición a la ejecución; equilibra las excepciones en virtud de las cuales el deudor puede fundar su defensa en la contestación de la demanda entre los deudores ejecutados en juicios y cobros generales y la demanda en juicios hipotecarios; otorga a la anticresis judicial o prenda pretoria propiamente tal, que es la que el juez ordena constituir, el carácter de irrenunciable para el deudor; eleva el precio en que la vivienda será puesta a remate, no calculándolo a partir del avalúo fiscal de la propiedad, sino del valor real del mercado inmobiliario o avalúo comercial -yo diría que este es uno de los grandes reclamos de las personas que han tenido que llegar a la ejecución de su inmueble-, y garantiza que el número de avisos y plazos de publicaciones para la realización de nuevos remates permita la adecuada publicidad.
Esto es fundamental para que los deudores tengan la capacidad de saldar la deuda a través del remate de su inmueble.
Ciertamente, creemos que tenemos que aprobar este proyecto, que va en la dirección correcta, que dice relación con la agenda social que debemos empujar. Porque no solamente está la agenda social que va a empujar el Ejecutivo, sino también la serie de iniciativas que están en este Parlamento y que van en esta dirección.
Por tanto, señor Presidente, anuncio mi voto favorable y espero que en la discusión en particular podamos presentar las indicaciones respectivas.
He dicho.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, yo quiero, en primer lugar, solicitar a la Mesa que se retiren las expresiones injuriosas del Senador Navarro en contra del Presidente Sebastián Piñera.
Aquí, en este Senado, nunca hemos usado esas expresiones, ni menos nosotros, con ningún Presidente de la Nueva Mayoría o de la Concertación. Pareciera que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra enloqueció de un momento a otro con un discurso incendiario, populista, negativista, y que, obviamente, no va en la línea de que el Senado ha asumido con responsabilidad el momento en que estamos viviendo.
En segundo lugar, señor Presidente, dejo constancia de las afirmaciones del Senador Navarro en cuanto a la acusación constitucional en contra del Presidente Piñera, y solicito el audio y el texto correspondientes.
Él ha quedado inhabilitado por los juicios que emitió en este lugar, pues pasaría a ser juez en caso de que esa acusación constitucional viniese aquí, al Senado. No creo que así sea, pero yo solicito los antecedentes respectivos para presentarlos en el momento adecuado.
Repito: él tendría que votar si llegara esa acusación constitucional acá, y él lo ha hecho anticipadamente, por lo que ha quedado inhabilitado.
--(Aplausos en tribunas).

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Les recuerdo a quienes están presentes en las tribunas que no pueden realizar manifestaciones.
Señor Senador, entendiendo el derecho que usted tiene, le pediría que se refiriera al proyecto en debate.

El señor MOREIRA.- Yo le hubiera pedido exactamente lo mismo para el Senador Navarro.
En tercer lugar, se habla de los bancos. Es como cuando todos hablan de las AFP, de las isapres, con juicios devastadores, pero ¡todos están en las isapres y en las AFP!
¿Saben qué? El único que está en Fonasa acá es el caballero que viene entrando recién, el Senador Latorre. ¡Es el único que está en Fonasa!
Y con respecto a los bancos, todos corren cuando tienen una necesidad. Y yo quiero decir que hace algunos meses o hace un año ya se demostró que la Izquierda invertía con recursos de sus propios partidos en los bancos, en acciones, ¡bueno!
Entonces, por favor, no seamos contradictorios.
Señor Presidente, cuántas veces los bancos han ayudado personalmente al Senador Navarro. Él mismo ha dicho por los diarios que lo han ayudado, en el marco de la ley, me refiero.
Entonces, esto de denostar a los bancos de esa forma a mí no me parece. Sí se han producido y se producen abusos, y eso tiene que ir cambiando. Pero de la noche a la mañana no va a cambiar todo.
Empezamos un camino el día 25 de octubre. Es un camino nuevo, un camino distinto. Este es un proyecto que encabezó la Senadora Rincón, y que acompañaron los Senadores Pizarro, Elizalde y Huenchumilla y la Senadora Provoste, y que vamos a votar a favor, porque creemos que hay que comenzar a avanzar en esta legislación.
Y para eso, no me cabe la menor duda de que cuando hablamos de que hay que buscar fórmulas, metodologías para regular los precios de los servicios públicos, el tema del tag, la previsión en Chile, también se tiene que hacer un llamado a realizar modificaciones en la banca. Pero no se puede, de la noche a la mañana, cambiarlo todo, porque las instituciones funcionan.
Este es un momento importante para el país. Por lo tanto, yo no me intranquilizo ni me apasiono cuando escucho al Senador Navarro -aunque me molesta bastante-, porque afortunadamente él está solo. Y como está solo en muchas de sus cosas, la única oportunidad que tiene es hablar aquí, en el Congreso, durante los minutos de que dispone para intervenir.
Dicho lo anterior, señor Presidente, quiero señalarle que este es un paso. Hay que avanzar en el tema de mayor regulación con respecto a ciertos abusos, pero existen muchos muchos aspectos que han ido cambiando. Falta bastante por avanzar, y tenemos que hacerlo rápido.
Gracias, señor Presidente.

El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por último, tiene la palabra el Senador García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar este proyecto de ley, porque va en el camino correcto de lo que hemos conversado. Inclusive, en la sesión anterior estuvimos analizando la situación del alto endeudamiento que tienen las familias chilenas. Y eso, sin duda, también es uno de los problemas serios que hoy día movilizan a nuestros compatriotas.
De acuerdo a los datos del Banco Central, el endeudamiento de los hogares chilenos marcó un máximo histórico equivalente al 73,3 por ciento del ingreso disponible, que este año es superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del 2018.
Los hogares chilenos, según algunos analistas y las cifras que se entregan, corresponden a los más endeudados de América Latina. Y es por ello que considero que esta iniciativa va en el camino correcto de la vía jurídica, al buscar modificar la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer algo muy importante: reconocer el avalúo comercial en vez del avalúo fiscal respecto de la posibilidad de los remates de sus viviendas.
Quiero valorar a quienes presentaron este proyecto, las Senadoras Rincón y Provoste y los Senadores Elizalde, Huenchumilla y Pizarro.
En segundo lugar, señor Presidente, uno de los problemas complejos, al que hay que buscar una salida seria, es el alto endeudamiento de los chilenos.
¿Y por qué se ha producido esto? Fundamentalmente porque para una persona que pide un crédito en Chile en una casa comercial, el retail, o en alguna financiera, las tasas de interés no guardan ninguna relación con lo que se otorga, por ejemplo, en un crédito hipotecario a largo plazo.
Hoy día se facilita la posibilidad para créditos a veinte y treinta años plazo con tasas entre el 2,5 y el 3,5 por ciento anual en UF.
¡Y para qué decir lo que está ocurriendo en el mundo! En Europa hay tasas negativas.
Entonces, ¿qué le ocurre a un chileno común y corriente que pidió un crédito en una casa comercial, que no alcanzó a pagar y respecto al cual solicita su repactación? A esa persona le dicen: "De acuerdo, le daremos más plazo", pero queda absolutamente amarrada. Y para salir de eso pide posiblemente otro crédito en otra casa comercial para hacer -entre comillas- la denominada "bicicleta".
Otra cosa por analizar en las cifras que hemos visto en los últimos días es qué significa para una familia el porcentaje de sus ingresos que debe destinar al pago de las tasas de interés por los créditos solicitados.
¡Hoy día esas casas comerciales u otras instituciones cobran entre el 3 y 5 por ciento de interés mensual! Sin duda, este es uno de los temas que debemos abordar fuertemente en nuestro país.
Se calcula, por ejemplo, que el grupo económico C2 tiene un ingreso promedio de 1.360.000 pesos y un porcentaje de endeudamiento del 52 por ciento. ¡Para qué decir del C3 y D, con ingresos entre 900.000 y 560.000 pesos y un porcentaje de endeudamiento de 46 por ciento! Además, en el grupo socioeconómico E ese porcentaje alcanza al 45 por ciento, y en el ABC1, C1A y C1B, en que los montos van entre 6.500.000 y prácticamente 2.000.000 de pesos, al 40 por ciento.
¿Qué ha ocurrido? Se ha generado una alta tasa de morosidad. Hay millones de deudores morosos, y -como bien dije- respecto al año anterior ya han aumentado en más de un 3 por ciento.
En las comunas de menores recursos también hay cifras importantes, señor Presidente.
Por otro lado, el 42 por ciento de mora es con el retail, y ustedes entenderán que pagar altas tasas de interés, más la comisión, más el derecho a tener una tarjeta, etcétera, le hace bastante difícil la vida a mucha gente. Las personas se desesperan. ¿Y qué deben hacer? Pagar el retail, pagar la educación y también la salud.
En general, el porcentaje más bajo de endeudamiento en las comunas de menores ingresos, según las cifras que nos han entregado, es con la banca. Estaría en 27 por ciento. Estoy hablando de lo que significan nuevos deudores morosos.
Cuando se tienen numerosas deudas en distintas instituciones se cae permanentemente en la desesperación. Y, cuando llegan a Dicom, viene lo peor: piden dinero a los prestamistas, caen en la informalidad.
Y esas tasas son ya estratosféricas.
Ustedes bien conocen la situación que existe en muchos sectores populares donde esos recursos provienen del lavado de dinero; posiblemente, de personas ligadas al narcotráfico que los ponen a disposición a cambio de intereses. Es lo peor que le puede suceder a una familia.
Por eso, señor Presidente, yo valoro este proyecto.
Creo que en estos asuntos es donde más respuestas se requiere en nuestra sociedad hoy en día, fundamentalmente, por la clase más humilde, pero también por la clase media que ha tratado de avanzar en su calidad de vida, a la que muchas veces estos créditos y altas tasas de interés la asfixian y le impiden seguir avanzando como familia y como quiere.
Señor Presidente, también es importante que se considere que no solamente los bancos otorguen créditos hipotecarios. Hay que estudiar también la posibilidad de que lo hagan otras instituciones con el fin de tener rebajas de tasas adicionales.
Los créditos hipotecarios hoy están en lo más bajo que ha existido en la historia de nuestro país. Y creo que se debiera seguir ese ejemplo; porque, cuando las personas ponen sus depósitos a plazo, no se les paga prácticamente nada.
Los bancos les prestan recursos a las casas comerciales, las cuales les prestan, a su vez, a las mismas personas que pusieron sus dineros en los fondos de pensiones. Por lo tanto, es el mismo individuo que hace su aporte el que presta la plata para que después la reciba mediante un crédito con una alta tasa.
Creo que debemos hacer una reflexión muy profunda, ¡muy profunda!, porque esta es una de las causas de lo que se habla hoy día, que de verdad tiene que ver con los abusos que se cometen dada la situación que viven muchas familias.
Voy a votar a favor de este proyecto. Pero quiero valorar lo que se ha planteado: considero que habrá que mejorarlo con las indicaciones que se presenten en la discusión en particular.
Por último, señor Presidente, lo felicito porque esta iniciativa se haya puesto en tabla, pues es la manera en que el Parlamento debe empezar a responder a las urgentes necesidades sociales de nuestro país.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- El Senador Moreira ha solicitado hacer uso de la palabra, pues si bien intervino anteriormente, fue para referirse a otro tema y entiendo que ahora va a abordar lo referido al proyecto en discusión.
Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que este proyecto, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria, tiene como propósito plantear condiciones más justas en los juicios ejecutivos, generales e hipotecarios ante la posibilidad de que los deudores pierdan sus viviendas en un juicio y, asimismo, proteger a las familias más vulnerables y de clase media que se encuentren altamente endeudadas, a quienes se les haya embargado su casa.
Trato de describir con palabras fáciles esta iniciativa para aquellos televidentes que siempre nos siguen, todos los días, a lo largo del país a través de TVSenado. Creo que, más allá del lenguaje que se pueda usar y de la academia, siempre es importante intentar graficar la importancia del proyecto de que se trata.
Por eso digo que lo que pretende esta iniciativa es establecer condiciones más justas en los juicios ejecutivos, generales e hipotecarios ante la posibilidad de que los deudores pierdan sus viviendas en un juicio, así cómo proteger a las familias más vulnerables y de clase media que se encuentren altamente endeudadas, a quienes se les haya embargado su casa.
Planteado aquello, como fundamentos de hecho y de Derecho es del caso señalar que, según datos entregados por la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), se puede concluir que en nuestro país se registran bajos salarios. Así, de acuerdo a este estudio, el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de 400 mil pesos, y prácticamente siete de cada diez trabajadores percibe menos de 550 mil pesos líquidos.
En noviembre de 2018, la línea de pobreza por ingresos en Chile para un hogar promedio de cuatro personas era de 430.763 pesos.
El 57 por ciento del total de ocupados en nuestro país no podría sacar a una familia promedio de la pobreza.
En Chile se registran más de 770 mil subempleos, y el 50 por ciento gana menos de 150 mil pesos. Además, se registran 1,1 millones de asalariados que no tienen contrato de trabajo, y el 80 por ciento percibe menos de 412 mil pesos.
Son estadísticas; son realidades.
Asimismo, hay una serie de antecedentes relevantes, como los datos del XXIV Informe de Deuda Personal Universidad San Sebastián-Equifax. Este estudio da cuenta de que en marzo del 2019 se registraron 4,6 millones de deudores morosos, lo que implica un aumento del 3 por ciento respecto a igual período del año 2018.
Señor Presidente, los bancos financian el 92 por ciento de las necesidades de los chilenos para adquirir su vivienda propia, pero en condiciones poco favorables. El 77 por ciento de los deudores de créditos para la vivienda obtiene financiamiento bancario por montos de entre 1.000 y 6.000 UF, y el 75 por ciento de los créditos se otorgaron bajo 2.500 UF. El 25 por ciento restante presenta otros montos, que no dejan de ser considerables.
¿Qué se pretende como fundamento de Derecho? Poner fin a las vulneraciones al derecho constitucional de los deudores al debido proceso, previsto en el artículo 19, N° 3°, de la Constitución Política de la República. Para estos efectos, la moción sugiere modificar el Código de Procedimiento Civil y la Ley General de Bancos en materia de juicio ejecutivo general y especial.
Ahora bien, la ley en proyecto aumenta los plazos tanto para la contestación de la demanda como para la oposición a la ejecución.
La ley actual solo le permite al deudor oponer tres excepciones: prescripción, pago y que no le sea oponible el título.
El articulado del proyecto precisamente permite darles las facilidades necesarias a los deudores de los bancos sobre el particular.
A modo de comentario para un pronunciamiento afirmativo, es menester señalar que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la discusión habida en la Comisión de Economía del Senado.
Muchas veces la Senadora Rincón puso en el tapete este tipo de proyectos de ley que necesita la gente. Y nosotros, aunque no hayamos formado parte de los autores de la iniciativa que ahora nos ocupa, no tenemos complejo en apoyarla. Al contrario, siempre lo haremos cuando se presenten buenas ideas. Así que le agradezco a Su Señoría su preocupación. Podemos tener diferencias políticas, pero cuando se trata de nuestro país no nos podemos equivocar.
Por otro lado, es relevante destacar las observaciones que el Presidente de Conadecus, señor Hernán Calderón, realizó sobre la ley en proyecto.
En primer lugar, señaló que nuestra institucionalidad jurídica debe armonizar de mejor manera el derecho de las personas a una vivienda digna con la libertad económica y el derecho al consumo. Esta problemática tiene su mayor expresión en los casos de viviendas sociales o adquiridas con subsidios del Estado, donde la inversión estatal tiene la finalidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias de menores recursos, objetivo que no se cumple si la inversión del Estado es embargada y rematada para el interés de los bancos.
En segundo lugar, planteó que establecer alternativas que permitan evitar el embargo de la vivienda, que es el hogar de una familia, es necesario para disminuir la asimetría entre consumidores y proveedores de servicios financieros.
En tercer lugar, dijo que actualmente las posibilidades de defenderse en los juicios hipotecarios son demasiado reducidas, lo que termina en una asimetría procedimental que deben enfrentar los consumidores. Ello, tomando especial consideración en cuanto a la aplicación de la cláusula de aceleración y las dificultades que enfrentan muchos consumidores cuando han tenido retraso en el pago de sus créditos hipotecarios.
En síntesis, dado que la intención acá es proteger a los deudores, nosotros, como Partido UDI, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
Pero, al mismo tiempo, como discutimos lo tocante a los bancos y muchas veces se hacen encendidos discursos, quiero aclarar lo siguiente: no es nuestra intención demonizar ni a las AFP, ni a las isapres, ni a los bancos. Sí sabemos que si ha habido abusos en nuestras políticas de Estado, es porque se han permitido. Porque ahora debe venir una serie de modificaciones: en el concepto de la dignidad humana, en el concepto de vencer la desigualdad y en el concepto de que lo que se presta se pague a un precio justo.
Los chilenos no quieren que les regalen las cosas; desean pagarlas. Pero necesitan un mejor salario para acceder a una mejor calidad de vida.
Por eso he dicho que, más allá de la crisis que hoy día afecta a nuestro país, me parece que el Presidente Piñera tiene la gran oportunidad de salir fortalecido el 2022, con un nuevo gabinete, con nuevas políticas públicas, con la reformulación del Presupuesto para el año 2020 y con la respuesta inmediata para otorgarle a la gente lo que ha clamado durante todas estas semanas en la calle.
¡Los escuchamos!
Pero no solo basta escuchar: hay que resolver, con respuesta definitiva. Y no me cabe la menor duda de que el Presidente Piñera, a pesar de todas las amenazas de acusaciones constitucionales, va a cumplir en su mandato con lo que el país requiere.
¡Esa es la gran oportunidad para quienes formamos parte de Chile Vamos!
Voto a favor de este proyecto de ley.

El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.

La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, la discusión de este proyecto de ley, que ha liderado la Senadora de nuestra bancada Ximena Rincón, nos encuentra en un momento donde el malestar se ha hecho escuchar en cada una de las ciudades de nuestro país.
Chile es de las sociedades más desiguales. Y eso se expresa con fuerza, a ratos con mucha rabia, al no encontrar acogida en un Gobierno que sigue ofreciendo las mismas respuestas frente a la angustia y a la frustración de tantos chilenos y chilenas.
Sin embargo, Chile no solo es el país más desigual en un continente que ya lo es con relación al resto del mundo: también es la nación de América Latina cuya comunidad enfrenta el mayor endeudamiento, el cual se observa de manera mucho más crítica en los sectores de adultos, de adultos mayores y, por cierto, en aquellos segmentos de la población que afrontan mayores dificultades.
Esto no es casual: tiene que ver con un modelo neoliberal que se impuso a la fuerza a ultranza y respecto del cual, a pesar de una manifestación social tan amplia y profunda, existen sectores que no son capaces de darse cuenta de que es necesario transformar.
Esta iniciativa no apunta al corazón del neoliberalismo a ultranza; aborda solo una medida para terminar con el abuso que significa que personas, debido al endeudamiento por créditos de consumo, pierdan el esfuerzo de toda una vida: su vivienda.
El Senador Letelier en su intervención se refirió a cómo numerosas familias de organizaciones como Andha Chile, producto de créditos de consumo, terminaron perdiendo sus propias viviendas.
Por lo tanto, quiero ser muy clara acá.
Esta iniciativa no apunta a una transformación importante del modelo capitalista neoliberal a ultranza, sino que viene a resolver un problema urgente y dramático: el riesgo que enfrentan muchas familias (otras, lamentablemente, viven esa realidad en la actualidad) de perder su casa.
Entonces, claramente hoy día debemos motivar para que la demanda de la ciudadanía sea escuchada en este Parlamento; para que la demanda de la ciudadanía sea escuchada por este Gobierno, y que no se nos trate de engañar con supuestas agendas sociales que en realidad buscan profundizar el capitalismo y el modelo neoliberal.
¡Sí, señor Presidente! Porque cuando el Primer Mandatario señala en su agenda social que va a garantizar un sueldo mínimo de 350 mil pesos, lo que no les está diciendo a los chilenos y a las chilenas es que espera que con recursos públicos financiemos a los grandes empresarios.
Cuando el Gobierno presenta en su agenda social la creación de un seguro de enfermedades catastróficas o anuncia recursos del Estado para financiar a las farmacias privadas, a quienes no les está dando respuesta es a los miles de chilenos que van a la atención primaria, que es adonde se atiende la gran mayoría de nuestros compatriotas, y que hoy día ven desabastecidas las farmacias que les entregan los medicamentos que precisan.
Cuando el Ejecutivo plantea en su agenda social el establecimiento de un mecanismo de estabilización del precio de las tarifas eléctricas, lo que no les dice a los chilenos es que les va a cobrar de la misma forma a las energías contaminantes y a las energías limpias este esfuerzo en su agenda para generar tal sistema. Tampoco les señala que, además, va a beneficiar a las grandes empresas de la misma forma que lo hará respecto de los ciudadanos y las ciudadanas.
¡No, señor Presidente!
¡Chile reclama reformas estructurales al modelo que ha llevado a altas tasas de endeudamiento de chilenos y chilenas!
Esta iniciativa -insisto- viene a resolver una consecuencia de aquello. Pero lo que nos piden los chilenos es que el Congreso esté a la altura para hacer las transformaciones estructurales que se precisan y, asimismo, entender que hoy día el modelo neoliberal se encuentra en su fase terminal y que debemos ser capaces de pasar a un estado solidario, de mayor bienestar. Para eso se requiere una mayor recaudación fiscal, y que ella provenga de los sectores que hoy día cuentan con mayores recursos, y no como señala la agenda del Gobierno del Presidente Piñera, la cual plantea que, a través de la reintegración, se bajen los impuestos de los que más tienen.
¡No nos dejaremos engañar!
Por lo tanto, vamos a aprobar esta iniciativa de ley, que constituye un apoyo frente a una situación dramática y que tiene consecuencias mucho más profundas. Y esperamos que el Parlamento esté a la altura de las demandas de la ciudadanía.
Voto a favor.

El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO.- Señor Presidente, a mí me parece que esta iniciativa de ley, iniciada en una moción de los Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Elizalde, Huenchumilla y Pizarro, busca, para decirlo en términos sencillos, evitar el abuso que se genera hoy día respecto de aquellos deudores que tienen sus viviendas hipotecadas y que no las pueden pagar, producto de créditos hipotecarios o de otro tipo con los bancos, quienes quedan en una situación de desmedro total por la forma en que se llevan los juicios, o como estos se ejecutan, lo que puede implicar -y esto es lo peor- el remate de sus viviendas en circunstancias absolutamente desmejoradas desde el punto de vista económico.
¿Por qué? Porque ello -reitero- puede significar el embargo y el remate de sus casas.
Tal como se señaló, este proyecto, en primer trámite constitucional, modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y, por lo tanto, proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria.
La iniciativa fue informada por la Comisión de Economía.
¿De qué se trata? ¿Qué sucede en la práctica?
A mucha gente le rematan su vivienda, pero al valor de tasación fiscal, que es muchísimo más bajo que el valor comercial.
¿Y cómo quedan esas personas? En el peor de los mundos: primero, porque les rematan sus casas mucho más baratas de lo que valen; y, segundo, las más de las veces no alcanzan a cubrir siquiera la deuda que tienen, de modo que pierden su patrimonio y, además, siguen endeudadas.
Entonces, nos parece de toda justicia y lógica evitar este tipo de abusos mediante el establecimiento -así lo plantea el proyecto de ley- de condiciones más racionales, más justas, más equitativas en los juicios ejecutivos que llevan los bancos (tienen todo el aparataje, los recursos, la asesoría jurídica, en fin) contra los deudores, quienes en la práctica se hallan absolutamente indefensos. ¿Por qué? Porque los juicios son complicados y requieren una defensa adecuada. Y las personas que están en situación de morosidad no tienen posibilidades de acceder a ella.
Por lo tanto, este proyecto, en términos simples, establece una relación mucho más equitativa, bastante más justa desde el punto de vista comercial y también con respecto a los procedimientos
Señor Presidente, he escuchado todas las intervenciones de mis colegas, quienes se hallan -diría- muy motivados por sacar adelante esta iniciativa, pues le aseguro que a todos y cada uno de nosotros nos han llegado casos directos de personas que conocemos, que sabemos de los esfuerzos que han hecho para comprar su casa. Ellas van a nuestras oficinas a plantearnos el drama que les significa el que sus viviendas sean rematadas a precio vil. Porque muchas veces se arman los remates. Lamentablemente, todos sabemos que en los remates hay verdaderos palos blancos que van y compran las viviendas a precio de huevo, donde los únicos que siempre salen perjudicados son sus propietarios, quienes, por las razones que ya hemos expuesto acá -no me voy a referir a ello-, se ven imposibilitados de pagar sus deudas.
Lo que se busca aquí es mayor equilibrio, más equidad; un procedimiento justo. Asimismo, que los deudores cuenten con la información oportuna, y que si se llega a producir un remate -porque a veces estos se llevan a cabo-, tengan garantizado que se va a realizar en términos comerciales justos, de acuerdo a la tasación comercial y no al valor fiscal.
En consecuencia, quisiera pedir, ya que existe unanimidad para aprobar este proyecto, que la Comisión de Economía pueda tratarlo en particular con la rapidez necesaria y con discusión inmediata para que ojalá, de aquí a dos semanas, estemos en condiciones de despachar el proyecto.
Por eso votamos a favor, y acompañamos con gusto la propuesta que ha presentado la Senadora Rincón.
Gracias, señor Presidente.

El señor QUINTANA (Presidente).- Señoras y señores Senadores, estamos en condiciones de tomar el acuerdo para fijar un plazo de indicaciones.
Proponemos el jueves 14 de noviembre, a las 12 horas.
¿Les parece a Sus Señorías?

La señora RINCÓN.- Sí.

El señor PIZARRO.- Perfecto.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.

El señor PUGH.- Señor Presidente, deseo unirme a las opiniones expresadas con anterioridad por las Senadoras y los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra con respecto a esta extraordinaria iniciativa.
Me alegro de que este proyecto haya quedado en el primer lugar de la tabla, porque debemos hacernos cargo de lo que hoy nos está pidiendo Chile entero.
Ello significa entender la realidad de muchas personas que con enorme esfuerzo fueron capaces de comprar una propiedad y tener su casa. Sin embargo, por esas cosas que obviamente nadie quiere que les ocurran, algunas familias han sido incapaces de hacerse cargo del costo que ello implica.
Esta es una realidad que afecta a una gran cantidad de personas, muchas de las cuales el 18 de octubre recién pasado salieron a manifestarse a las calles.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que juntos podemos establecer condiciones mejores. Porque lo primero que queremos es cuidar nuestro Estado de derecho y entender que existe una institucionalidad que se debe respetar. Y si somos capaces de dibujarla juntos, podemos encontrar acuerdos.
Este proyecto concita un acuerdo y es la primera señal política que el Senado está enviando.
Señor Presidente, adhiero a lo que se ha solicitado: dejar este proyecto para una discusión prioritaria y ojalá convertirlo pronto en ley.
Por su intermedio, señor Presidente, felicito a la Senadora Ximena Rincón, quien tuvo la iniciativa de proponernos algo que es de toda lógica. ¿Por qué? Porque hay que respetar el mercado, ese mercado inmobiliario que se caracteriza por la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es el mayor valor que adquieren los bienes, los departamentos, las casas, cuando están ubicados en buenos lugares o cuando, a pesar de ser una vivienda muy modesta, a ese sector llegó el desarrollo y el valor de ella ya es distinto. Eso no necesariamente queda reconocido en la tasación fiscal que, como muchos saben, es bastante inferior al valor comercial.
Si se va a liquidar un bien, entonces se debiera proceder en forma justa. Y en justicia corresponde dar a cada uno lo que merece.
En tal sentido, reconocer que el valor comercial es el precio al que se debe transar un bien resulta de toda lógica. Porque, ¡qué sentido tiene rematar bienes a un valor irrisorio si ni siquiera servirá para cubrir los costos asociados y, finalmente, los bancos no serán capaces de recuperar el dinero que están buscando!
Este primer acuerdo quizá marque muchos otros.
Felicito a la bancada de la Democracia Cristiana porque todos han adherido a esta moción parlamentaria.
Por eso, a mi juicio, ha llegado el momento de definir prioridades concretas, de ponernos de acuerdo para solucionar numerosos problemas, no solo el de la tasación de un bien que se va a rematar -cosa que obviamente nadie quiere-, sino también cómo esta condición de crisis la convertimos en una oportunidad.
Invito a que tengamos una agenda focalizada en estos problemas; a que seamos capaces, si es necesario, de celebrar sesiones adicionales y extraordinarias, de modo que podamos priorizar diversos proyectos de ley, originados ya sea en mensajes o en mociones, para que tengan la tramitación que corresponde.
La gente está esperando y demandando que entendamos la realidad que ella vive. Por eso estos proyectos, estas buenas ideas, no se deben retardar. Tómennos el tiempo de cuánto nos vamos a demorar en convertir este proyecto en ley.
¡Esa es la respuesta concreta que queremos dar!
Yo me ocuparé de que lo que nos propongamos lo hagamos en los plazos más cortos posibles. La urgencia así lo requiere. Por eso debemos ser capaces de llegar a acuerdos, de solucionar los problemas, de perfeccionar los proyectos para, finalmente, despachar leyes que nos sirvan a todos.
Nadie está exento, en algún minuto, de vivir una situación económica en virtud de la cual incluso su bien raíz, su propiedad pueda quedar comprometida.
Los parlamentarios, quienes estamos aquí en el Senado, también podemos pasar por una experiencia similar. Nadie en Chile tiene privilegios especiales como para poder eximirse de las condiciones que afectan a todas las familias.
El proyecto que nos ocupa está muy bien elegido para ser el primero en votarse, y ojalá sea la primera ley que demuestre el compromiso con nuestro trabajo. Queremos trabajar en equipo y hacerlo bien. Estamos disponibles.
¡Ese es el mensaje que nos están enviando!
Y el Senado de la República es el lugar donde se logran los grandes acuerdos.
Chile necesita soluciones. Y la única alternativa es una salida política que se construya desde el diálogo, desde el conocimiento, desde este lugar: el Senado.
Por las razones expuestas, voto a favor.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Finalmente, tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.

La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve, pues creo que ya se ha dicho casi todo en esta Sala.
Felicito a quienes han tomado la iniciativa de presentar este proyecto, que, indudablemente, va en la línea correcta.
Si tuviéramos que elegir uno de los bienes materiales más preciados por la ciudadanía, sin duda ese sería la casa, la casa propia donde se forma una familia, donde se respeta la intimidad, donde se cuida a los hijos y donde se cría a los chilenos y las chilenas que queremos como hombres y mujeres de bien.
Por lo tanto, el resguardo de un bien tan preciado, con todas las normas que sean necesarias, no puede sino ir en la dirección correcta.
En tal virtud, solamente quiero puntualizar que valoro la iniciativa y que, sin duda, votaré a favor de la idea de legislar.
Espero que la discusión particular, que como aquí se ha dicho ojalá sea breve, sirva para modificar aquellos aspectos que siempre pueden ser mejorados.
Por algo existe una discusión en general y otra en particular: porque esa es la oportunidad para que, a las buenas iniciativas de algunos Senadores, otros parlamentarios también podamos aportar.
He dicho.

El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
No hay más inscritos.
Reiteramos nuestros saludos a la autora del proyecto, la Senadora Ximena Rincón, pues ha concitado un gran apoyo.
Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.

--Se aprueba en general el proyecto (39 votos favorables).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.


El señor QUINTANA (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 15:27.
Claudia Zumelzu Cornejo
Jefa de la Redacción subrogante