OTORGAMIENTO DE FACULTAD A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA DEJAR SIN EFECTO O LIMITAR ALZA DE TARIFAS EN TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, hay un hecho de coyuntura que ha generado este clima tan complejo y que responde a la incapacidad técnica y política del Gobierno a propósito del alza de la tarifa del Transantiago.
Incapacidad técnica, porque -debemos decir las cosas con claridad- el alza no era necesaria; era evitable. No se requería de un proyecto de ley como el que estamos discutiendo hoy para impedirla.
De hecho, en el Presupuesto para este año el Ministerio de Hacienda propuso reducir en 9 mil millones el aporte adicional al Transantiago, que es más del costo, de acuerdo al informe financiero de la iniciativa. Por tanto, perfectamente se habría evitado el alza.
Sin embargo, al final primó un criterio según el cual los que debían pagar eran los usuarios y en que no era importante la responsabilidad social del Estado para ayudar a las familias chilenas, como se hizo en el pasado.
Pero a esta incapacidad técnica la acompañó una de carácter político, con Ministros que minimizaron el malestar, que caricaturizaron las demandas y que, con una visión reduccionista, adoptaron medidas tardías e improvisadas creyendo que este solo era un problema de orden público y no que detrás de este movimiento había un anhelo de justicia compartido por la gran mayoría de los chilenos.
Finalmente, se terminó generando esta sensación de que el Gobierno no gobierna y de que el Presidente no escucha, además de que en una situación compleja señala que estamos en guerra.
Hay que ser claros al respecto: los chilenos no estamos en guerra con nadie. La lógica de bandos y enfrentamientos internos no contribuye a resolver el problema de fondo, que radica en las enormes injusticias, la pésima distribución de la riqueza que existe en nuestro país y el abuso que ha generado cansancio en la gran mayoría de nuestros compatriotas.
Por cierto, este es un problema de orden público que debe ser resuelto. Nada justifica la violencia ni los desmanes. El Gobierno es el responsable del orden público y debe proceder a detener a los saqueadores, a quienes han realizado desmanes, a quienes cometen delitos. Pero esa facultad no puede significar una excusa para reprimir a quienes se manifiestan pacíficamente.
El tema de fondo es cómo abordamos esta demanda de los chilenos por erradicar de forma definitiva todo tipo de abusos; cómo avanzamos hacia un nuevo pacto social contra el abuso y el maltrato, en que las instituciones de la democracia, las instituciones de la república den respuesta a los requerimientos ciudadanos.
Porque hoy los chilenos saben que abusan las AFP y las isapres, solo por citar dos ejemplos; que las remuneraciones son bajas y que no les alcanzan para llegar a fin de mes. Y esto, por tanto, precisa una nueva mirada.
Para ello es imprescindible escuchar con mucha humildad a fin de hacerse cargo de estos desafíos y de estas demandas. Asimismo, es necesario dialogar. ¿Con quién? Con las organizaciones sociales, con la ciudadanía.
Aquellos que creen que un acuerdo de la elite para la elite, bajo la lógica tradicional, va a generar una respuesta a la demanda que hoy se escucha en las calles, no están comprendiendo el enorme desafío que tenemos por delante. Aquí también existe un cuestionamiento a la representatividad de las instituciones democráticas.
Por cierto, la gente que hasta ahora ha tenido el Gobierno no ha contribuido a resolver los problemas vinculados con el abuso; por el contrario, los profundizan. La reintegración tributaria significa bajarles los impuestos a los más ricos; el proyecto sobre pensiones significa mantener la lógica de las AFP del "sálvese quien pueda", con aumentos de pensiones pero a décadas plazo, cuando los pensionados no pueden seguir esperando.
Se requiere un Presupuesto con énfasis en lo social, y se precisa abordar el tema de las remuneraciones en el Estado, las más altas y las más bajas, y, ciertamente, lo relativo a la dieta parlamentaria, que es concebida como una forma de privilegio inaceptable por muchos de nuestros compatriotas.
Para eso -reitero- es imprescindible escuchar y dialogar con mucha humildad. Y el Gobierno tiene acá un rol fundamental; y nosotros también debemos contribuir.
Ese diálogo deber ser con la gente, con la ciudadanía, con sus organizaciones sociales, precisamente con los millones de compatriotas que hoy están molestos, que sienten que el sistema no está dando respuesta a sus demandas y que al final la carga está radicada en la clase media y en los sectores vulnerables.
Es eso lo que hay que cambiar, a fin de erradicar el abuso en nuestro país.
Voto a favor de este proyecto, pero creo que está muy lejos de lo que los chilenos están demandando.