REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 57ª, en miércoles 16 de octubre de 2019
Ordinaria
(De 16:13 a 20:13)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
Y ÁLVARO ELIZALDE SOTO, FELIPE HARBOE BASCUÑÁN Y
RICARDO LAGOS WEBER, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIA, LA SEÑORA PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
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VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández; del Trabajo y Previsión Social, señor Nicolás Monckeberg Díaz, y de Energía, señor Juan Carlos Jobet Eluchans.
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios del Interior, señor Rodrigo Ubilla Mackenney; General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de Justicia, señor Juan José Ossa Santa Cruz.
Actuó de Secretaria General la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante; y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:13, en presencia de 39 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 53ª y 54ª, ordinarias, en 8 y 9 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensaje
De Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el que hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario (Boletín N° 12.026-13).
--Se tiene presente la calificación y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 238, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil y artículo 32, inciso segundo, acápite final, de la Ley N° 18.695 (Rol N° 5746-18).
-Artículo 1° de la Ley Nº 18.216 (Roles N°s 7292-19; 7590-19; 7596-19; 7604-19 y 7572-19).
-Decreto Ley 3.500, especialmente sus artículos 23, 34 y 51 (Rol N° 7442-19).
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
De la Honorable Cámara de Diputados:
Informa que ha aprobado el proyecto de ley que fortalece el control de identidad por parte de las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio del mismo (Boletín N° 12.506-25) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Seguridad Pública.
Del señor Fiscal Nacional (S) del Ministerio Público:
Responde a una consulta del Honorable Senador señor Harboe sobre procesos judiciales seguidos contra extranjeros.
Del señor Subsecretario de Justicia:
Atiende inquietud de la Honorable Senadora señora Órdenes relativa a la residencia de vida familiar de Coyhaique.
Del señor Subsecretario de Educación:
Se refiere a una inquietud del Honorable Senador señor De Urresti respecto de la oficina de JUNAEB que atendía en la comuna de La Unión.
Da respuesta a una consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre la composición de los almuerzos ofrecidos por JUNAEB y procedencia de las materias primas para prepararlos.
Del señor Superintendente de Servicios Sanitarios:
Acompaña antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti sobre la construcción de una obra civil en la avenida Simpson, en la comuna de Valdivia.
Del señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social:
Atiende consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre la aplicación del bono bodas de oro en la Región del Biobío.
Del señor Director Nacional (S) de la Oficina Nacional de Emergencia:
Se refiere, a petición del Honorable Senador señor De Urresti, a una solicitud de recursos de emergencia para reunir información social que permita gestionar proyectos de agua potable rural en el sector Las Minas.
Del señor Intendente Regional del Biobío:
Contesta a una consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre la designación del Honorable Diputado señor Luciano Cruz Coke como miembro del directorio del teatro Regional del Biobío.
Del señor Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Previsión Social:
Acompaña antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor Navarro sobre el pago de los beneficios sociales que indica.
-- Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 20 de la ley N° 20.529, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las evaluaciones de logros de aprendizaje (Boletín N° 11.553-04).
De la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente a los cursos primero a cuarto básico (Boletín N° 11.992-04).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria (Boletín N° 12.917-03).
Segundo informe de la Comisión de Minería y Energía e Informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre eficiencia energética (Boletines Nºs 11.489-08 y 12.058-08, refundidos) (con urgencia calificada de "suma").
--Quedan para tabla.
Mociones
De los Honorables Senadores señoras Ebensperger y Von Baer, y señores Coloma, Galilea y García, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, para erradicar la discriminación que sufren estudiantes universitarios por su opinión u opción política (Boletín Nº 12.992-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Goic y Rincón y señor Insulza, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica, para permitir, por vía administrativa, la homologación de identidades de chilenos adoptados en el extranjero (Boletín Nº 12.993-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Comunicación
De los Honorables Senadores señoras Goic y Órdenes, y señores Castro y García-Huidobro, con la que informan de las actividades realizadas durante su participación en la apertura del 74° Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollado en Nueva York, entre los días 23 y 25 de septiembre recién pasado.
--Se toma conocimiento.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
Volveré a ofrecerle la palabra a la señora Secretaria para que dé a conocer una comunicación que acaba de llegar a la Mesa.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Así es, señor Presidente.
En estos momentos ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional del Senador Jorge Pizarro Soto, para ausentarse del país a contar del día lunes 21 de octubre del presente año.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se accede a lo solicitado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, desde la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, solicito que recabe el acuerdo de la Sala para refundir dos proyectos de reforma constitucional cuyas ideas matrices son afines.
He conversado este tema con los Senadores autores de las mociones.
Me refiero al proyecto que extiende la ciudadanía a los 16 años, del Senador De Urresti, y al que habilita para sufragar en las elecciones municipales a los mayores de 16 años y menores de 18, del Senador Bianchi, a quien ya le planteé esta idea previamente.
Se trata de los boletines números 9.681-17 y 8.762-07, respectivamente.
La idea es fusionarlos con otro proyecto de reforma constitucional, que ya fue aprobado y será despachado por la Comisión, cuyo boletín es el N° 8.680-07, para integrarlos como parte de un solo informe, que aún no hemos hecho.
El señor HARBOE.-
¿Ambos proyectos están radicados en la Comisión de Derechos Humanos, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Es así, Senador Navarro?
El señor NAVARRO.-
Sí, señor Presidente.
El señor HARBOE.-
Perfecto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Entonces, si no hay objeciones, se accederá a la solicitud del Senador señor Navarro.
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, hoy vencía el plazo para presentar indicaciones al proyecto que perfecciona el Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23). Las indicaciones del Ejecutivo llegaron encima de la hora y no fueron admitidas, de modo que solicito recabar el acuerdo de la Sala para abrir un nuevo plazo, por una hora, para poder ingresar las indicaciones. La Segprés ya las tiene listas. Por lo tanto, pido que se extienda el plazo hasta las cinco y media de la tarde.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor DURANA.-
Muchas gracias.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, solicito que se recabe la autorización de la Sala para que se abra un plazo extraordinario, entre las seis y las seis y media de la tarde de hoy día, para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente y otras normas que indica.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, el lunes de esta semana, la Comisión de Gobierno acordó recordar a la Sala lo relativo al proyecto que modifica la ley N° 19.418 con el objeto de fortalecer el rol de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias (boletín N° 12.047-14). Cuando el proyecto se presentó, se acordó que fuera primero a la Comisión de Vivienda y, luego, a la de Gobierno. Como la Comisión de Vivienda ya emitió el informe correspondiente, solicito que se envíe a la Comisión de Gobierno.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Pero una vez que lo despache la Comisión de Vivienda, señora Senadora. ¿Sí?
La señora EBENSPERGER.-
Ya lo despachó la Comisión.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo?
Senador Montes, ¿sobre lo mismo?
El señor MONTES.-
Sí, señor Presidente.
La verdad es que sería mejor que el proyecto lo vea primero la Sala y que, en ese momento, acordemos que pase a las Comisiones de Vivienda y de Gobierno. Pero, por lo menos, que haya un debate en la Sala sobre esta materia y que, inmediatamente después, vaya a ambas Comisiones para la discusión en particular.
Creo que primero debemos tener la posibilidad de discutirlo aquí, en la Sala.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senadora Luz Ebensperger, ¿está de acuerdo con esa propuesta?
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, yo no tengo mayor problema en que se discuta en la Sala. Pero sí quiero que se respete el acuerdo que adoptamos.
El señor MONTES.-
No hubo acuerdo.
La señora EBENSPERGER.-
Este proyecto siempre debió haber ido a la Comisión de Gobierno. Cuando el Senador Montes lo presentó, se acordó enviarlo a la de Vivienda por el trabajo que tenía ese otro órgano técnico, pero con la condición de que una vez despachado por la Comisión de Vivienda fuera a la de Gobierno, que es la Comisión natural que debe verlo.
El señor MONTES.-
Es que no hubo ningún acuerdo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Montes.
El señor MONTES.-
Habría que consultar en la Sala, pero no hubo tal acuerdo.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Efectivamente, no se adoptó el acuerdo.
El señor MONTES.-
Lo que propongo, para recoger lo que dice la Senadora, es que lo discuta la Sala y luego de ello tomemos el acuerdo de enviarlo a las dos Comisiones.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, qué pena que no haya habido acuerdo. Yo pensé que así había sido, porque así se dijo y lo señalé yo cuando el Senador Montes pidió que el proyecto fuera a la Comisión de Vivienda. Y no hubo oposición para que después pasara a la de Gobierno.
Bien, que lo discuta la Sala, pero ahora sí que se tome el acuerdo, si no existe, para que el proyecto sea visto por la Comisión que nuestro Reglamento establece que debe ver estas materias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que este proyecto, después de que lo vea la Sala, pase a las Comisiones de Gobierno y de Vivienda para ser discutido en particular?
Acordado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Quinteros, usted iba a pedir que se viera una iniciativa como si fuera de fácil despacho y sin discusión. ¿Por qué no nos explica de qué proyecto se trata?
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, solicito tratar como si fuera de fácil despacho y sin discusión el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura, en relación a la mitilicultura, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo en acceder a la propuesta del Senador Quinteros de tratar, en primer lugar, sin discusión, el mencionado proyecto de ley, antes del relativo al control de armas?
El señor QUINTEROS.-
Sin discusión.
El señor QUINTANA (Presidente).-
O sea, ahora mismo.
El señor MOREIRA.-
¿Y por qué no lo vemos en la sesión especial?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Moreira, usted tiene otra propuesta, parece.
El señor MOREIRA.-
Sí, señor Presidente.
¿Podríamos ver el proyecto que señala el Senador Quinteros en la sesión especial que va a empezar como a las 10 de la noche?
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, ¿qué proyecto es?
El señor QUINTANA (Presidente).-
El informe de Comisión Mixta que figura en el número 5 de la tabla, que, como ha señalado el Senador Quinteros, ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
Por otro lado, quiero ser bien claro en que aún no ha llegado ninguna solicitud para una sesión especial. Cuando ello ocurra, si cumple con los requisitos, voy a hacer la citación.
En todo caso, si llega ahora, será a las 20:25 y no a las 10 de la noche, Senador Moreira.
Repito, si llega ahora, voy a citar para las 20:25, para dar cumplimiento a las cuatro horas reglamentarias de antelación.
¿Se accedería a lo pedido por el Senador Rabindranath Quinteros?
La señora VON BAER.-
No, porque no sabemos qué proyecto es.
El señor MOREIRA.-
¿Por qué no explica el Senador Quinteros?
El señor QUINTANA (Presidente).-
La señora Secretaria va a explicar de qué se trata.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
El Senador Quinteros ha solicitado que se ponga en discusión el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura y establece permisos especiales de colecta de semillas, con urgencia calificada de "simple".
La Comisión Mixta efectúa una proposición que acoge el criterio del Senado, y la Cámara de Diputados, en sesión de ayer, aprobó el informe de la Comisión Mixta.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, sería importante que lo explicara el Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Yo entiendo que está claro de qué se trata, de acuerdo con los antecedentes que ha entregado el Senador Quinteros y la señora Secretaria.
Tiene la palabra el Senador Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, si es muy simple.
No veo por qué razón al Presidente de una Comisión no se le dan tres minutos para que nos explique un tema como este. Yo conozco el tema porque soy de la Región de Los Lagos y hemos estado trabajando en él, pero los demás Senadores no y tienen el derecho a ser informados.
Así que le pido que le dé tres minutos al Senador Quinteros y luego votamos sin discusión el informe de la Comisión Mixta, porque es un tema relevante, especialmente para las regiones que tienen que ver con la pesca y la acuicultura.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo respecto a la petición que hizo el Senador Quinteros?
--Así se acuerda.
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El señor MOREIRA.-
Una segunda cosa, señor Presidente, para no pedirle la palabra después.
Solicito, respetuosamente, recabar la autorización de la Sala para que ingresen el Subsecretario del Interior, señor Ubilla, y el Subsecretario General de la Presidencia, señor Alvarado, para participar en la discusión del proyecto que veremos después del relativo a la relocalización a concesiones de acuicultura.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo en autorizar el ingreso de los Subsecretarios? Lo ha solicitado el Senador Moreira, un Senador de Gobierno.
El señor NAVARRO.-
Los autorizamos por ahora, señor Presidente.
--Se accede a lo solicitado.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Ha llegado a la Mesa la solicitud para convocar, conforme al artículo 67, número 3°, del Reglamento, a una sesión especial para debatir el proyecto de ley boletín N° 12.524-06.
En el documento dice "hasta el total despacho", pero debo aclarar que eso no existe en este tipo de sesiones.
Por lo tanto, se va a citar exactamente a las 20:30, porque la Mesa necesita cuatro horas antes para hacerlo. Entonces, vamos a citar a sesión especial de 20:30 a 21:30. ¿Estaría bien?
¿Habría acuerdo, Senador Chahuán?
Reitero: la sesión especial la citaríamos de 20:30 a 21:30.
El señor MOREIRA.-
No. Hasta las 21 horas.
El señor CASTRO.-
A las 21 horas.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Proponen que la sesión sea hasta las 21 horas.
Sin embargo, va a empezar a las 20:30. Tendría que ser hasta las 21:30, una hora.
-Así se acuerda.
AMPLIACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RELOCALIZACIÓN DE CONCESIONES DE ACUICULTURA Y ESTABLECIMIENTO DE PERMISOS ESPECIALES PARA COLECTA DE SEMILLAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
El señor QUINTANA (Presidente).-
Conforme a lo acordado hace un momento, corresponde ver el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.317-21) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018 (se da cuenta).
En trámite de Comisión Mixta: sesión 48ª, en 11 de septiembre de 2019.
Informes de Comisión:
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 87ª, en 9 de enero de 2019.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: sesión 40ª, en 13 de agosto de 2019.
Hacienda: sesión 40ª, en 13 de agosto de 2019.
Mixta: sesión 55ª, en 15 de octubre de 2019.
Discusión:
Sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se aprueba en general); 42ª, en 20 de agosto de 2019 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se acordó poner en votación el informe sin discusión, porque luego pasaremos al proyecto que modifica la Ley sobre Control de Armas. Al efecto, nos acompañan el Ministro del Interior y su Subsecretario, el Ministro de la Segprés, el Ministro de Justicia y su Subsecretario, el Ministro del Trabajo. A todos ellos los saludamos.
En votación el informe...
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No estoy poniendo en discusión, sino en votación el informe...
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Pizarro, ¿punto de reglamento?
El señor PIZARRO.-
Sí, señor Presidente.
Yo tengo la mejor buena voluntad para que se puedan tratar todos los proyectos que se quieran. La iniciativa a la que usted acaba de referirse viene de una Comisión Mixta, pero de la cual no conocemos el informe respectivo ni cuáles serían las diferencias producidas ni en qué materias se habría llegado a acuerdo.
Ese proyecto pasó por la Comisión de Hacienda. Y cuando lo tratamos se presentaron serias dudas respecto de cómo se iba a implementar la relocalización de un producto específico, los choritos, en una zona del sur.
Además, claramente, por la información que todos recibimos en su momento, dicho proyecto también iba a tener efectos en otras situaciones en donde hay diferencias cartográficas con las áreas de manejo que se les entregan para los cultivos a las distintas asociaciones.
En tal sentido, nosotros pedimos que por lo menos esa parte quedara meridianamente clara.
Entonces, no nos pida que votemos sin estar, a lo menos, informados acerca de en qué consistió el acuerdo de la Comisión Mixta, cómo fueron solucionados esos problemas.
Me imagino que el Senador Quinteros puede entregar un informe al respecto y, luego de eso, votamos. Porque el informe tampoco lo tenemos físicamente acá.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señor Senador, normalmente, las resoluciones de este tipo de peticiones se toman de manera bastante sumaria. Y creo que en este caso se destinaron cerca de cinco minutos para decidir. Hubo varias intervenciones, y se tomó finalmente el acuerdo, después de escuchar al Senador Quinteros en dos oportunidades, al Senador Moreira. Y pregunté si alguien se oponía a que votáramos sin discusión esta propuesta. Y se tomó ese acuerdo. Y por eso ahora lo sometemos a votación.
Pero, bueno, un acuerdo se puede revocar con otro acuerdo, pero requeriría unanimidad.
Senador Quinteros, le voy a ofrecer la palabra por si quiere agregar algún antecedente que tal vez pueda clarificar algunas dudas que han surgido, que, por supuesto, son muy razonables. Y luego procedemos a la votación,
Tiene la palabra, Senador.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, la mitilicultura es una actividad que se realiza en un 98 por ciento en la Región de Los Lagos.
Este proyecto pasó a Comisión Mixta por dos aspectos.
¿Qué permite esta iniciativa? Avanzar en una necesaria regulación de la actividad mitilicultora, fortaleciendo el proceso de recolección de semillas que llevan a cabo las comunidades locales, asociaciones de pescadores artesanales y comunidades de los pueblos originarios.
La Cámara de Diputados presentó sus observaciones a dos puntos respecto de lo despachado por el Senado.
En primer lugar, las modificaciones incorporadas por el Senado en el inciso tercero del artículo 2, respecto a la duración de las concesiones para aquellos que realizan la engorda y que requieren solamente ajuste de coordenadas, versus aquellos que se deben movilizar, resolviéndose de acuerdo con lo propuesto por el Senado.
¿Qué pasa?
Este proyecto le da la relocalización por un determinado número de años a los que desde el 2010 hacia delante han pedido las concesiones, y se equiparan a las mismas de la salmonicultura: veinticinco años. Pero en el caso de los originales, de antes del 2010, ello es indefinido.
En segundo lugar, están las modificaciones incorporadas por el Senado en el artículo segundo transitorio, que especifican las condiciones para el llamado de regularización de los captadores de semillas en la Región de Los Lagos.
Recordemos que el 98 por ciento de esta actividad se hace en nuestra región. Dentro de las condiciones, se dio prioridad, como lo decía, a los captadores históricos, aquellos que venían trabajando a partir de permisos de escasa importancia. Este punto fue resuelto de igual modo como lo propuso el Senado.
En conclusión, el proyecto aprobado brinda mejores condiciones de desarrollo a una acuicultura que se ha ido consolidando como una alternativa productiva del sur de Chile, donde las comunidades costeras, que incluyen a la pesca artesanal y a los acuicultores de pequeña escala, son parte de la actividad de forma horizontal, y a partir de la ley en proyecto tendrán mejores herramientas que permitan un impacto positivo en sus territorios y en su trabajo.
Por estas razones, solicito la aprobación de lo resuelto por la Comisión Mixta.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Consulto si con los antecedentes que ha entregado el Senador señor Quinteros estamos en condiciones de poner en votación sin discusión este proyecto. ¿O se mantiene aún alguna objeción?
¿No?
¿No habría dificultad, entonces?
El señor BIANCHI.-
Ya.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En votación el informe de la Comisión Mixta.
Es de quorum simple.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?
El señor PÉREZ VARELA.-
Un momento.
La señora PROVOSTE.-
¿Se puede esperar?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señora Secretaria, ahora sí.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Reitero: ¿han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (29 votos a favor) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Provoste, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Insulza, Kast, Montes, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se deja constancia de la intención de voto favorable de las Senadoras señoras Allende y Rincón.
FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD SOBRE CONTROL DE ARMAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad, con informe de la Comisión de Defensa Nacional y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre los proyectos (5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 4ª, en 22 de marzo de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Defensa Nacional: sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
El principal objetivo del proyecto es modificar la Ley sobre Control de Armas con el propósito de robustecer su institucionalidad. Para ello, entre otras medidas, complementa la descripción de dispositivos cuya tenencia, posesión o porte se encuentran prohibidos; establece nuevos requisitos para su inscripción, e incorpora nuevos tipos penales y agravantes a fin de actualizar el catálogo de delitos por infracción a la mencionada ley.
La Comisión de Defensa Nacional deja constancia de que si bien la Sala la había autorizado para discutir en general y en particular el proyecto durante el primer informe, la Corporación -a solicitud de la misma Comisión- dejó sin efecto el acuerdo anterior, por lo que la proposición legislativa fue debatida solo en general en el órgano técnico. La Comisión de Defensa Nacional aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Letelier, Pérez Varela y Pugh.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 64 a 66 del primer informe de la Comisión.
Cabe señalar que durante la discusión en particular también conocerá esta iniciativa la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Solicito autorización para el ingreso a la Sala del Subsecretario de Justicia, don Juan José Ossa.
--Se accede a lo solicitado.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que a partir de las 17 horas pueda presidir la sesión el Senador Álvaro Elizalde?
--Así se acuerda.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Víctor Pérez, Presidente de la Comisión de Defensa, tiene la palabra.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, tal como informaba la Secretaria de la Corporación, la Sala nos mandató para discutir este proyecto en general y en particular. Se hizo un gran trabajo, se recibió a distintas organizaciones, a especialistas. Y con el aporte de las autoridades del Ministerio del Interior, del Ministro Andrés Chadwick, del Subsecretario Ubilla, del asesor Celedón, estuvimos analizando este tema en profundidad y recabamos el parecer del Hemiciclo para que nos permitiera votarlo en general, a fin de que pudiera fructificar un acuerdo al cual me voy a referir en unos momentos más.
¿Cuáles son las ideas matrices de este proyecto, que modifica la Ley sobre Control de Armas con el propósito exclusivo de robustecer su institucionalidad?
Entre otras medidas, puedo mencionar las siguientes:
-Se complementa la descripción de dispositivos cuya tenencia, posesión o porte se encuentran prohibidos; se establecen nuevos requisitos para su inscripción y se incorporan nuevos tipos penales y agravantes a fin de actualizar el catálogo de delitos por infracción a la mencionada ley.
-Se establece la prohibición de la tenencia de las siguientes armas: armas largas cuyos cañones han sido recortados; armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática; armas de fantasía, entendiendo por tales aquellas que se ocultan bajo una apariencia inofensiva; armas de juguete adaptadas para el disparo de municiones; artefactos explosivos, ametralladoras, subametralladoras, metralletas o cualquier otra arma automática de mayor poder destructor.
-Se modifican los requisitos para la tenencia de armas, añadiendo el no haber sido sancionado previamente por abandono de armas o elementos sujetos al control en los términos del artículo 14 A y, además, no haber sufrido más de dos veces la pérdida o extravío de armas o elementos sujetos a control, salvo que se trate de aquellos que hubiesen denunciado la sustracción de un arma, caso que deberá autorizar la Dirección General de Movilización Nacional.
-Se establece la circunstancia agravante de portar armas de fuego o explosivos en lugares públicos o de libre acceso al público.
-Se aumenta la sanción para quienes vendan municiones a quien no fuera poseedor, dueño o tenedor de un arma no inscrita. Asimismo, para quien venda a poseedor, dueño o tenedor de arma inscrita, pero las municiones sean distintas a las del arma debidamente inscrita. Cuando el vendedor sea una sociedad de personas, las sanciones afectarán a los socios, salvo en el caso de que un accionista de una sociedad por acciones posea menos del 10 por ciento del interés social.
-Se considerará circunstancia agravante el porte de armas cortas de cualquier calibre que funcionen en forma totalmente automática, armas de fantasía, entendiéndose por tales aquellas que se esconden bajo una apariencia inofensiva.
-Se establecerá una pena al empleado público que permita la inscripción de un arma de fuego a quien no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 5 A y la pena accesoria de inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.
-Se establece que cuando se faciliten armas o elementos señalados en las distintas normas de esta ley -material bélico, armas de fuego, explosivos, sustancias químicas-, previa concertación con el objeto de ejecutar un delito, se sancionará al titular de la inscripción en calidad de autor del delito, en los términos que señala la letra c) del artículo 15 del Código Penal.
Pero, señor Presidente, el debate que se realizó al interior de la Comisión de Defensa concluyó con un acuerdo que usted suscribió y que me parece muy importante haber conocido en la Sala, puesto que manifiesta la voluntad no solo de las distintas bancadas, no solo de la Mesa del Senado, sino también del Gobierno, ya que llegaron a firmarlo los Ministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel. Creo que aquí hay una voluntad expresa, política, concreta de avanzar en una materia que es fundamental para la seguridad ciudadana.
Este acuerdo manifiesta el propósito de avanzar en reformar la Ley sobre Control de Armas, porque estamos conscientes de la necesidad urgente de dar celeridad al trámite legislativo en esta materia.
En efecto, de la discusión que ha tenido lugar en la Comisión de Defensa del Senado se desprende un consenso amplio y transversal que existe en orden a modernizar los registros de armas e introducir reformas sustantivas a la ley antes señalada. La materialización de este acuerdo se manifiesta concretamente en la intención de despachar las enmiendas dentro de los próximos treinta días.
Quiero recordar, tal como lo dije momentos atrás, que en la Comisión, junto con el Ministerio del Interior, se trabajaron intensamente una serie de indicaciones. Después, en el plazo que dé esta Sala, los Senadores podrán presentar otras; pero ya tenemos un trabajo avanzado en esta materia, que será sustancial y que permitirá cumplir el plazo de los treinta días.
La idea central de las reformas a la Ley sobre Control de Armas, que pretendemos impulsar y aprobar con celeridad, es contar con un sistema registral de armas actualizado, cuestión que ha tomado una fuerte relevancia en atención a las cifras de delitos de mayor connotación social perpetrados con armas de fuego. Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones informaron, al 2018, que el 60 por ciento de las armas incautadas corresponden a armas de fuego inscritas; pero más del 30 por ciento de las armas de fuego inscritas se encuentran extraviadas, robadas, hurtadas o asociadas a personas fallecidas, sin que el registro coincida con la realidad.
Un punto central de esta reforma es establecer la obligación de tomar muestras de casquillos y balas disparadas por un arma que ingrese a Chile para ser incorporadas en un Sistema de Identificación Balística, de responsabilidad de la Dirección General de Movilización Nacional. Así, toda arma que ingrese o se fabrique en Chile deberá ser disparada por el Banco de Pruebas, con el objeto de conocer las balas y casquillos que ella utiliza, cuestión que se irá extendiendo a las armas que existen en nuestro país y que deben ser reinscritas de acuerdo al proceso que se pretende concretar por la vía legislativa. Este sistema será interoperable con aquellos que posean las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, y a él podrá acceder el Ministerio Público en investigaciones penales con el objeto de facilitar la persecución de delitos en los cuales se utilicen armas.
Igualmente, se acordó aumentar las facultades y capacidades fiscalizadoras de la autoridad contralora y reforzar los requisitos y las condiciones que se demanden desde el Estado para que los particulares puedan poseer armas de fuego. Debemos avanzar en una cultura de tenencia responsable de armas, que aumente los controles y demande acreditar periódicamente que se poseen las condiciones para su tenencia y uso.
A su turno, se establecerá un procedimiento para la entrega y reinscripción de armas de fuego, a fin de estimularlas, de manera de contar con un registro actualizado y disminuir la circulación de armas que puedan terminar en manos criminales.
En síntesis, las enmiendas que se impulsan tanto por el Senado como por el Gobierno tienen por objeto consolidar normativamente propuestas contenidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, y corresponden a modificaciones legales que vienen desde el mundo parlamentario, de la academia, de las policías, de la Dirección General de Movilización Nacional y del Ministerio Público.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se ha pedido abrir la votación. No hay normas de quorum especial.
El señor MOREIRA.-
¡No, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿No hay autorización?
El señor MOREIRA.-
Si vamos a estar hasta las ocho, nueve, diez de la noche, ¡para qué pedir la votación ahora!
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, la verdad es que este era el momento indicado para votar el proyecto. Ojalá nadie piense que no se ha hecho por las cosas que se han ido conociendo en las últimas horas.
La cantidad de armas que existen en el país es completamente inaceptable para cualquiera, más aún cuando hasta hace unos diez años prácticamente su circulación era mínima, con normas bastante parecidas a las que se encuentran vigentes hoy día.
Entonces, debemos enfrentar -y eso está bien en el proyecto- el tráfico ilícito; pero también la inscripción de armas, el control de la forma en que se traen.
Y creo que queda pendiente, tal vez por la estructura de la iniciativa, la forma de combatir el contrabando. Crecientemente estamos sabiendo de importaciones, de la llegada al país de grandes cantidades de armas en containers que pasan por nuestras aduanas sin que nadie siquiera los toque.
Tenemos una crisis de armas. Y soy de quienes piensan que mientras menos armas haya, mejor. Hay quienes consideran -lo han dicho en los últimos días- que cada persona debiera tener un arma de fuego para defenderse. Eso a mí me parece completamente inaceptable y me alegra que el proyecto tome el camino de que sea difícil poseer alguna.
Y eso es importante.
Ahora, la iniciativa se dedica fundamentalmente a perfeccionar la forma de adquirirlas, de inscribirlas y, en algunos aspectos relevantes, aumenta las normas relativas no solamente a la tenencia, sino también al porte. En lo personal, yo pienso que debería ser mucho más factible guardar un arma en el domicilio que andarla trayendo por la calle.
En ese sentido, vamos a mirar bien la legislación, porque considero que la regla debe ser que nadie ande portando un arma.
Y pienso que sacar las armas en la calle, desenfundarlas y hacer las cosas que se hacen con ellas hoy día en algunos lugares de la ciudad también debería ser sancionado, y duramente, porque realmente eso es lo que atemoriza a la gente. Lo que ocurrió el otro día con el niño de La Pintana obedece ciertamente a una "bala loca". Como siempre digo, las "balas locas" salen de las armas que no solo los delincuentes, sino también algunos jóvenes andan trayendo para mostrarlas, exhibirlas y blandirlas en la calle.
Por lo tanto, ojalá que ese aspecto lo manejemos de manera adecuada. Me refiero no solo al porte o la tenencia en casa, sino también a la exhibición y uso completamente innecesario de armas de fuego.
Todavía no me queda claro si se considera, señor Presidente -no está en el proyecto-, algo que por lo menos hace algunos años existía. La verdad es que lo preguntaremos para que nos informe el Ejecutivo. Entiendo que existe todavía, por así decirlo, una normativa gracias a la cual el personal en retiro de las Fuerzas Armadas puede obtener armas. A mi entender, eso también es completamente innecesario e inadecuado.
Lo que sí considero necesario es realizar, como se ha dicho, la famosa trazabilidad de las balas. Es perfectamente posible hoy día que toda arma que se usa de forma legal tenga un número grabado que permita identificar su origen y ver por qué manos pasó y, al mismo tiempo, buscar el trazado de las balas de manera de saber cuándo las municiones que se usaron en determinado delito proceden de un arma legal o ilegal, etcétera.
Todas estas técnicas existen. Ojalá se inviertan los recursos necesarios para aplicarlas.
En todo caso, señor Presidente, entiendo que vamos a disponer de un plazo para formular indicaciones. Eso nos permite revisar adecuadamente el proyecto. Que quede claro esto: estamos disponibles para despachar el texto más restrictivo posible. Y el Ejecutivo puede contar con nuestro concurso, en la medida en que se mantenga ese espíritu general de la ley.
Votaré a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Hay una propuesta para que el plazo para presentar indicaciones respecto de este proyecto sea el miércoles 30 de octubre, a las 12 horas.
La señora ALLENDE.-
¡Más tiempo!
El señor LETELIER.-
Un poco más.
El señor HARBOE.-
Una semana más, por lo menos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Es que se acordó que el presente proyecto esté despachado en treinta días. Por eso se plantea el 30 de octubre, para poder cumplir con ese propósito que acordaron hoy día las bancadas.
El señor BIANCHI.-
Muy bien.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Hay un acuerdo firmado.
¿Les parece que sea el 30, entonces?
El señor LETELIER.-
No, el 4 de noviembre.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿El 4 de noviembre?
El señor HARBOE.-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien.
--Así se acuerda.
El señor BIANCHI.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor MOREIRA.-
No.
El señor HARBOE.-
¿Me permite una cuestión de reglamento?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, se ha pedido recabar la unanimidad para abrir la votación y un señor Senador, legítimamente, ha manifestado su desacuerdo porque hay citada una sesión posterior a las ocho y media.
Si abrimos la votación ahora, tendríamos la posibilidad de pronunciarnos respecto de este proyecto de ley y luego discutir el referido a Gendarmería, que está pendiente, que es muy importante para poder seguir avanzando y que tiene una gran influencia también en materia de seguridad pública.
¿Es posible recabar la unanimidad de la Sala para ello?
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).-
No sé si el Senador que no había dado la unanimidad...
El señor MOREIRA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si se trata de una cuestión de reglamento, le puedo dar un minuto.
El señor MOREIRA.-
Es por reglamento, señor Presidente.
El Senador Harboe no está informado.
Las razones por las cuales no di la autorización para que se abriera la votación las conversamos con el Presidente y acordamos, hace por lo menos quince minutos, que esta se abra a las cinco diez, para que usted sepa.
Así que eso está totalmente solucionado.
El señor QUINTANA (Presidente).-
A las cinco diez quizá usted dará la unanimidad, pero puede que otro Senador no la dé.
El señor MOREIRA.-
No. Yo creo que aquí hay el mismo consenso de esta mañana.
El señor MONTES.-
¡Ábrala a las 5:14...!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro, para una cuestión de reglamento.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, yo le pido que dirija el debate con el Reglamento, como corresponde.
Cada Senador tiene derecho, si se pide la apertura de la votación, a decir sí o no. Pero no me parece adecuado lo que está manifestando el Senador Moreira, en el sentido de que él decide cuándo se abre o no una votación.
Además, hay un tema que no es reglamentario. El proyecto de Gendarmería es igual de importante o más importante o menos importante que el que estamos viendo ahora. Pero, además, entiendo que estamos analizando la iniciativa producto de un acuerdo -fuimos informados de él hoy en la mañana-, en virtud del cual se quiere despachar y darle la importancia que merece al presente debate. Es un debate nacional, y bien complejo. Aquí no se trata solo de este proyecto en particular, sino además de poder implementar una política a nivel de Estado que permita combatir eficazmente los problemas gravísimos de seguridad que está teniendo la sociedad.
Entonces, si hemos fijado cierta prioridad, si hemos dado publicidad al asunto, si se ha firmado un acuerdo y se dice "queremos despacharlo", ¡por favor!, hagamos el debate como corresponde y que se informe a la comunidad de qué estamos hablando.
No se trata de un tema baladí.
En tal sentido, yo por lo menos, hasta que termine el debate en serio del tema, no voy a dar el acuerdo para que se abra la votación.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien. Lo único que quiero decir, Senador Pizarro, es que la Mesa se ha apegado al Reglamento en la conducción de esta sesión, como lo ha procurado hacer en todas las instancias.
Y quisiera ser muy enfático en eso.
No hemos pasado a llevar el Reglamento y, por favor, si alguien estima lo contrario, me gustaría ser bien preciso: el proyecto en discusión hoy día se está debatiendo porque se hallaba en el lugar número 3 de la tabla al inicio de esta semana.
El señor PIZARRO.-
¿Por acuerdo de Comités?
El señor QUINTANA (Presidente).-
No, no lo estamos viendo hoy día porque exista un acuerdo -puede que algún Senador no esté conforme con lo que se concordó esta mañana-, sino porque es lo que corresponde según el orden natural de la tabla.
Tiene la palabra el Senador Juan Pablo Letelier para referirse al proyecto en discusión.
La señora MUÑOZ.-
¿Puede recabar de nuevo el acuerdo para abrir la votación?
Tenemos Subcomisión Mixta de Presupuestos. ¡A las cinco empieza Presupuesto!
El señor MOREIRA.-
¿Me da la palabra, Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
La palabra la tiene el Senador Letelier, por diez minutos.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estoy seguro de que el Senador que dijo que no daba la unanimidad hace un rato, entendiendo que hay Subcomisiones Mixtas de Presupuestos, va a estar disponible para considerarlo.
Permítame ir al fondo del proyecto.
En nuestro país hay dos corrientes: algunos creen en la tenencia de armas y otros creemos que hay que poner las máximas dificultades en esa materia.
Por eso, algunos de nosotros promovimos años atrás dos modificaciones a la Ley sobre Control de Armas: la primera, estableciendo requisitos para acceder a un arma; la segunda, prohibiendo el porte.
Hoy lo que se quiere hacer con este proyecto es revisar la institucionalidad. Y quizás la mayor modificación a la actual institucionalidad tiene que ver con el sistema de registro de armas, no solo de las que poseen los privados, sino también de las que están en manos del Estado; es decir, de todas las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Gendarmería y de la Policía de Investigaciones.
Se trata de contar con un registro nacional único, digital, moderno, sobre las armas que están disponibles en nuestro país.
Ya habíamos hecho otro cambio de institucionalidad que se me olvidó mencionarlo porque la que tiene a cargo dicha área es la Dirección General de Movilización Nacional. Ahí ya logramos superar un conflicto histórico que había entre el Ejército y Carabineros de Chile en lo referente al acceso a la información y a la coordinación. Eso es algo ya bastante superado.
Hoy queremos precisar qué armas no se pueden tener. Buscamos definir en la nueva institucionalidad un registro actualizado, moderno, que nos permita efectivamente contar con mayores instrumentos para que el Ministerio Público y el Poder Judicial dispongan de pruebas para poder condenar a quienes se les pille en diferentes situaciones o hayan participado en ilícitos.
En el debate en la Comisión le pedimos al Ejecutivo que incorpore lo relativo a las municiones, pues sentimos que está absolutamente ausente en el proyecto, y es fundamental abordarlo.
¡Es muy fácil comprar municiones, señor Presidente!
Algunos de nosotros -reitero- somos partidarios de restringir fuertemente el acceso a las armas. No creemos que con la tenencia de armas el país está más seguro.
¡Más de seiscientas mil están disponibles en nuestro país!
Ya se dijo que el 30 por ciento de las armas legalmente inscritas han sido -entre comillas- extraviadas.
Todos sabemos, señor Presidente, cuál es el incentivo de los dueños de las armerías: el mercado, vender armas y municiones. No se hacen responsables de su uso y destino posterior.
Por eso -y otros también van a plantear este tema- hay que revisar en esta iniciativa de ley cuáles son las restricciones a las armerías, a la importación de armas, al registro que se lleva en este ámbito.
¿Es cierto o no que cada vez hay más delitos violentos en nuestro país con armas? ¡Claro que es efectivo!
Esta futura ley tiene que ayudar a dificultar el acceso a las armas mediante una nueva institucionalidad.
De la misma forma, señor Presidente, se deben revisar los tipos penales.
Hemos acordado votar el proyecto en general. Durante el debate en particular, el próximo mes, podremos construir consensos amplios. Pero ello debe hacerse, según algunos de nosotros, con una mirada más integral.
Chile necesita librar una guerra sin cuartel contra la delincuencia. Eso significa no solamente -entre comillas- endurecer las penas; necesitamos asegurar que los delincuentes se queden presos, que las cortes no los puedan soltar cuando son reincidentes, que los chilenos no tengan que escuchar que equis persona con un prontuario de asalto, de tenencia de armas, está nuevamente en la calle.
Las chilenas y los chilenos queremos no solo una revisión de la Ley sobre Control de Armas, sino también lograr sacar a los delincuentes de circulación.
Probablemente eso nos va a llevar a otro debate necesario, uno respecto de las cárceles, de quiénes financian las cárceles. Cabe preguntarse si los presos tendrían que trabajar para pagar su mantención mientras estén privados de libertad.
Hoy estamos en una situación respecto de la cual requerimos una nueva mirada, un nuevo enfoque.
Por otra parte, como lo mencionó el Presidente de la Comisión, una de las cosas que persigue este proyecto es evitar que una persona que ha comprado un arma y después la da por perdida pueda adquirir otra. A veces son funcionarios públicos quienes caen en esta práctica, y es evidente que a través de ella las armas de servicio terminan en manos de la delincuencia.
Por eso mismo, necesitamos un registro nacional actualizado. Así sabremos si es cierto lo que se dice -incluso el Comandante en Jefe del Ejército lo planteó en su momento- en cuanto a que algunas armas de servicio terminan en manos de la delincuencia y cuán grande es ese fenómeno.
Este proyecto es necesario no solamente para ponernos al día con un registro más moderno, más actualizado; no solamente para incorporar las municiones a este sistema; no solamente para dificultar el acceso a las armas; no solamente para establecer otro mecanismo de sanción, sino también para que sea parte de una política de combate integral contra la delincuencia.
Por último, señor Presidente, pienso que no se puede combatir la delincuencia en forma eficaz si las armas se venden en las armerías con tanta facilidad. El certificado del psiquiatra se termina comprando, como vimos en reportajes televisivos. Para comprar se requiere un informe de dicho profesional, pero hoy en día se compra ese documento. Muchas armerías tienen un procedimiento fast track para hacer estas cosas.
Yo consulté si la armería que fue investigada, que salió en dicho reportaje, todavía cuenta con el permiso para funcionar. ¡Y lo tiene!
Uno se pregunta: ¿Queremos efectivamente que haya menos armas de fuego?
Yo y mi bancada somos partidarios de que el poder de fuego sea un elemento que esté en manos del Estado, de las Fuerzas Armadas, de las policías, ¡y de nadie más!
Por eso haremos todo lo posible para que esta iniciativa avance, pero restringiendo y dificultando que las armas de fuego lleguen a los particulares, a quienes posteriormente se las roban, las pierden o no saben usarlas, terminando en las manos de las personas que no corresponde.
He dicho.
--Conforme al acuerdo adoptado previamente, pasa a presidir la sesión el Senador señor Elizalde, en calidad de Presidente accidental.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estamos haciendo mal en materia de seguridad pública? Porque algo estamos haciendo mal desde hace muchos años y desde hace varios gobiernos.
Más que el problema de un gobierno, la delincuencia es un tema de Estado. Desde esa perspectiva, creo que el Estado de Chile está al debe en materia de seguridad pública.
¿Cómo es que uno de los países con menores tasas de armas de fuego registradas en la población entre los miembros de la OCDE tiene tal nivel de uso de armas en la comisión de delitos? Bueno, porque algo no estamos haciendo bien desde hace muchos años.
¿Cuánto tiempo más debemos enfrentar el drama de esas balas irresponsables, cobardes y asesinas? Porque no son balas locas, son...
Por su intermedio, señor Presidente, le pido al Diputado Sandoval un poquito de respeto.
El señor LETELIER.-
¡Es Senador!
El señor MOREIRA.-
Perdón, Senador Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Disculpe.
El señor MOREIRA.-
¿Cuánto tiempo más debemos enfrentar el drama de esas balas irresponsables? Porque esas balas locas no son tan locas; son una demostración de poder, de impunidad de bandas criminales que azotan ciertos sectores de nuestro país.
¡Nadie escapa a esa impunidad y a esas bandas criminales!
Algo estamos haciendo mal como Estado, como política criminal y como política de Estado.
Nuestras policías no están haciendo bien su pega, por las razones que sean; detenciones declaradas ilegales con demasiada frecuencia dan cuenta de mala preparación; fiscales -¡nótese, con mayúsculas!- que archivan el 52 por ciento de las causas muestran incentivos mal puestos y un liderazgo inexistente; jueces que parecen ansiosos por probar qué tan garantistas son, solo para impresionar a sus seguidores o, más bien, a sus superiores.
Las armas son, entonces, otro elemento más de todo lo que estamos haciendo mal desde hace muchos años.
Según los datos del Gobierno en la discusión de este proyecto, el 60 por ciento de las armas incautadas se encuentran inscritas; de las 820 mil armas de fuego inscritas, 753 mil están activas (están fuera las incautadas, las entregadas voluntariamente y las que están en custodia de un tribunal) y, de ellas, hay 192 mil -¡sí, 192 mil!- que están inscritas a nombre de personas fallecidas.
¡192 mil armas!
Hay un fallo rotundo en la fiscalización. Hasta el propio Gobierno, nuestro Gobierno, acepta que Carabineros, obligado a cumplir un número determinado de fiscalizaciones, vaya solo donde coleccionistas de armas, los cuales se quejan permanentemente de aquello.
A modo de ejemplo, desde 2015 a 2017, se fiscalizó solo el 15 por ciento de las armas inscritas, que son 820 mil. ¡En tres años!
Aún más grave, en el 2017, de todas esas fiscalizaciones, hubo 7 mil casos en que no se pudo revisar el arma, el domicilio no existía o la persona poseedora no vivía en esa dirección. Para esos casos, existe obligación legal de hacer llegar tales antecedentes al Ministerio Público. De los 7 mil casos, solo hubo 1.200 denuncias.
Y un último dato: son 820 mil las armas inscritas -¡820 mil!-, y Carabineros en la actualidad solamente tiene 177 funcionarios para fiscalizar en esta materia.
¡Pero ya basta de diagnósticos y diálogos de sordos!
¡La ciudadanía nos exige menos diagnósticos y más resultados!
Y aquí quiero detenerme, porque hoy día se dio un paso importante para nuestro país.
La Derecha, la Izquierda y el Centro se han unido transversalmente en este Congreso, al firmar, junto con los Ministros del Interior y de la Segprés, señor Blumel, y el Presidente de nuestra Corporación, Senador Jaime Quintana, un acuerdo sobre la materia, a fin de abordar nueve proyectos de ley precisamente para avanzar en esta tarea. Y asumimos dicha responsabilidad como un deber, como una exigencia de nuestro país.
Quiero detenerme para agradecerles al Presidente Quintana y a los Senadores José Miguel Insulza, Pedro Araya y Víctor Pérez el que se haya dado esta instancia, junto con nuestro Ministro del Interior, con el propósito de avanzar en esta tarea.
El Gobierno los escuchó y, para llegar a este acuerdo, incorporó inquietudes e iniciativas de los Senadores mencionados y de todos los demás que participaron, como el Presidente accidental del Senado y Presidente del Partido Socialista, Senador Elizalde.
¡Muchas gracias!
¡Este tiene que ser el espíritu para avanzar en nuestro país!
Luego de este paréntesis importante, quiero decir que el proyecto que vamos a votar apunta en el sentido indicado, pero no busca -porque no será posible- acabar con la criminalidad. Más bien, su objetivo es retirar las armas de fuego de nuestras calles.
Por ello, la trazabilidad de las armas, el aumento de penas para quienes porten armas ilegales y las usen en lugares públicos; el incremento de sanciones para quienes vendan municiones a personas no registradas como poseedoras de armas; el reducir la posibilidad de los famosos "palos blancos", y la incorporación de la PDI en la fiscalización de las armas registradas, todo eso va en la dirección correcta.
Evitar que las armas debidamente inscritas terminen en manos de delincuentes; poder hacer seguimiento de las armas legalmente vendidas, y sancionar a quienes participen del mercado ilegal son aportes al objetivo mayor, que es la lucha contra la delincuencia, que debe ser un tema de Estado y no de gobiernos.
Quiero terminar mi intervención, señor Presidente, diciendo algo que quizás no va a ser muy popular, pero es la convicción que tengo en esta materia.
Aquí no existen balas de plata que, de manera mágica, resuelvan el problema de la delincuencia. Se debe construir un muro a la delincuencia. Por eso, yo lamento -lo he dicho siempre, y sé que mi opinión es minoritaria en este Senado- que no podamos restablecer la pena de muerte para los delitos más graves y atroces, porque es un elemento disuasivo y, además, una forma de evitar que los psicópatas puedan salir de nuevo a cometer delitos.
¡Todos sabemos que en Chile las cadenas perpetuas rara vez son para siempre!
Aquí, en Chile, se abolió la pena de muerte y no podríamos reponerla porque somos parte del Pacto de San José de Costa Rica.
Termino, señor Presidente, sosteniendo que este proyecto es transversal y se ha dado un acuerdo entre el Gobierno y el Senado.
Creo que es importante demostrar con los hechos, con los votos, con responsabilidad al aprobar la propuesta legislativa, que cuenta con un apoyo unánime.
Les agradezco al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia (en lo que le corresponda) y al Subsecretario del ramo, por esta labor, por haber logrado unidad, que es lo que más nos falta cuando se trata de temas transversales para el país.
He dicho.
Anuncio que voy a aprobar la iniciativa.
El señor QUINTANA.-
Pida el acuerdo para abrir la votación.
La señora MUÑOZ.-
Votemos, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
No hay unanimidad para ello.
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, sin duda, la temática de la seguridad pública o ciudadana es una de las principales preocupaciones de todas y todos los chilenos.
Ayer pudimos ver la encuesta de victimización que da a conocer anualmente la Fundación Paz Ciudadana. Indudablemente, las cifras que entregó son las peores de la última década.
Aumenta en forma importante la victimización en los hogares y también la revictimización. Sube como nunca el número de personas que han sido víctimas dos o más veces de un delito.
Junto con estas cifras, que, a mi juicio, dan cuenta de lo errado y del fracaso que ha tenido el actual Gobierno en el combate contra la delincuencia, hay otra mucho más preocupante, que dice relación con la caída de la confianza en las instituciones. Cae como nunca la credibilidad en las policías y en el sistema penal, en su conjunto, para resolver la comisión de delitos, lo que trae aparejado una serie de problemas.
En mi opinión, en la medida en que no somos capaces de entregar una respuesta eficiente a los temas de seguridad, se van generando niveles de violencia en la sociedad complejos de combatir.
En esa línea, lo que plantean las distintas mociones en discusión, que modifican la Ley sobre Control de Armas, es dar una respuesta a los ciudadanos frente a hechos que vienen aconteciendo con mayor frecuencia: el uso de armas de fuego en la comisión de diferentes delitos.
Respecto de los distintos proyectos de ley en esta materia, originados en mociones de diversos parlamentarios, la Comisión de Defensa resolvió refundirlos para tener así una nueva mirada acerca de cómo se aborda el control de armas en Chile, situación que sabemos que no es neutra, porque genera posiciones tanto a favor como en contra de la tenencia de armas.
Lo he dicho en la Comisión: soy de los que creen que debiéramos limitar al máximo la posibilidad de que los ciudadanos tengan armas de fuego en su casa. Los permisos que se otorgan a ese efecto debieran ser restringidos y concederse en situaciones excepcionalísimas.
Dicho eso, hago presente que lo que se está buscando hoy día con los distintos proyectos es actualizar la legislación en materia de control de armas.
Primero, se establece una serie de normas que describen qué se entiende por artefactos prohibidos en el marco de la Ley sobre Control de Armas.
Un punto importante dice relación con los requisitos para inscribir armas. Por ejemplo, se proponen como nuevos requisitos el no haber sido sancionado previamente por haber abandonado un arma y el no haber extraviado un arma en más de dos oportunidades.
Ello, que pareciera ser una indicación bastante inocua, es muy importante. Si hay algo que hemos discutido en la Comisión y de lo que dieron cuenta quienes acudieron a esa instancia para hablar del tema, es que se está produciendo un verdadero mercado de palos blancos para la compra de armamento.
Ocurre que algunas personas que pueden acceder a comprar un arma lo hacen, pero después esta termina en manos de delincuentes. Probablemente, las armas son comercializadas a través de esas personas sin antecedentes, quienes las entregan para su venta. Al final del día, ellas se terminan transformando en verdaderos testaferros para comprar armas y entregárselas a los delincuentes.
Del mismo modo, se busca establecer una serie de agravantes en materia penal. Por ejemplo, se propone una enmienda al artículo 9º de la ley para incorporar como agravante la tenencia o porte de armas en determinados lugares. El objetivo de ello es darle una mayor penalidad a quien porte un arma, obviamente sin la debida autorización, en espacios que pueden constituir un mayor peligro, como aquellos de libre acceso al público o vinculados a la infraestructura crítica (instalaciones sanitarias, eléctricas, ferroviarias, entre otras).
Asimismo, en la misma línea de evitar la comercialización ilegal de armas de fuego, se agravan las penas respecto de aquellos vendedores autorizados para vender armas o municiones que las comercialicen a personas que no sean poseedoras inscritas de armas de fuego, de forma tal de evitar que se produzca una venta principalmente hacia delincuentes.
Junto con las figuras penales se establece también un tema importante relacionado con la fiscalización.
Si hay algo que se ha señalado como uno de los principales problemas -ya lo han dicho varios señores Senadores que me antecedieron-, es lo que tiene que ver con la fiscalización y el conocimiento efectivo de dónde se encuentran las armas que existen hoy día en Chile.
Hay muchas personas -como se señaló- que obtuvieron un permiso para tener un arma de fuego. Algunas se cambiaron de domicilio sin dar nunca cuenta de ese cambio. Otras fallecieron, y estas armas pasaron en herencia y terminaron en manos de terceros que originalmente no contaban con los permisos para su tenencia.
En esta línea, lo que se propone es incluir a la Policía de Investigaciones como un organismo encargado del control de las armas de fuego, junto con Carabineros y la Dirección General de Movilización Nacional. Y esto apunta a poder contar con un mayor número de fiscalizadores para saber efectivamente dónde se encuentran las armas en Chile.
Se discutió en la Comisión y se señaló que Carabineros, dadas las distintas funciones que tiene, muchas veces no cuenta con el personal necesario para verificar si un arma se encuentra o no en el domicilio donde figura el permiso. Y con suerte una persona es fiscalizada, a lo menos, una vez al año para saber si tiene los papeles en regla, si el arma está efectivamente donde se ha dicho. Eso responde a la falta de fiscalizadores.
Entonces, el objetivo de incluir a la PDI responde a la necesidad de contar con un mayor número de fiscalizadores.
Quizá uno de los puntos más importantes del proyecto se relaciona con la creación del sistema de trazabilidad de las armas de fuego. Esto es central, porque busca disponer de un sistema de marcaje que permita realizar un seguimiento a su historia.
En la práctica, todavía no hemos discutido cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar. En lo personal, soy de los que creen que, atendidos los niveles de tecnología existentes hoy día, debiéramos ser capaces de generar la posibilidad de que cada arma de fuego posea un código de barra o un chip, al que puedan acceder las autoridades a fin de conocer efectivamente su localización, de forma tal de tener un mayor control efectivo de las armas de fuego.
Junto con ello, se crea el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), que básicamente consiste en que se pueda individualizar un arma a través del llamado "ADN balístico" de las muestras de los casquillos y balas, que pasan a ser una suerte de huella dactilar de cada arma.
Al comprarse un arma, se propone que sea disparada una primera vez, de modo que quede un registro de las marcas que se dejen en la bala, y que esa huella digital esté en una base de datos unificada a la que tengan acceso las Policías. De ese modo, pueden saber de mejor manera si esa arma de fuego ha sido utilizada o no en determinado delito y dar, también, con la persona que la adquirió.
Sin duda, todas estas modificaciones que se proponen demandan, a mi juicio, un tremendo esfuerzo de las distintas autoridades fiscalizadoras: Carabineros, la PDI, la Dirección General de Movilización Nacional y también la Aduana. Justamente, toda esta normativa está pensada o construida sobre la base de aquellas armas que se inscriben o se compran legalmente en Chile.
Pero hemos conocido y sabemos que existe una cantidad importante de armas que entran al mercado negro, respecto de las cuales corresponde que la Aduana tenga un mayor control de los distintos pasos de ingreso al país que existen.
Hace pocos días comentábamos, principalmente con el Senador Soria, que se descubrió un container con armas de fuego que venía desde Antofagasta hacia Iquique. Eso es producto del trabajo de inteligencia que se realizó por parte de la autoridad, y debiera replicarse en el resto del país.
Señor Presidente, quiero destacar el acuerdo que se suscribió con el Ministerio del Interior hoy en la mañana, a instancias del Presidente del Senado, Jaime Quintana, en el cual participamos Senadores de distintos sectores políticos; entre otros, muy activamente el Senador Moreira. Ello da cuenta de que existe una voluntad general del Congreso para avanzar en un tema tan sensible como es limitar el uso de las armas de fuego y así poder darles mayor tranquilidad a los ciudadanos.
Nosotros no queremos que se repita lo que sucedió hace un par de días con la muerte de Baltazar, un menor de edad que recibió una bala loca.
Por eso, esperamos que este proyecto pueda ser aprobado rápidamente por el Senado.
Como ya he dicho, la iniciativa establece nuevos requisitos para la obtención de un arma de fuego, un mayor control respecto de quién puede tener una; se aumentan las penas; se establecen nuevos fiscalizadores y se crea lo que, a mi juicio, es bastante importante, un sistema de marcaje de las armas que va a permitir contar con una mejor trazabilidad respecto de la historia de esa arma: saber quién la compró, quién la adquirió y dónde está.
Termino, señor Presidente, esperando que este proyecto se apruebe en forma rápida, de forma tal de contar con una legislación que efectivamente evite el tráfico ilegal de armas en nuestro país.
El señor PIZARRO.-
¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
¿Habría acuerdo para abrir la votación?
La señora EBENSPERGER.-
Sí.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Acordado.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, creo que en todas estas intervenciones queda claro que el tema de las armas es un asunto muy importante y muy complejo. No existen soluciones fáciles.
Hemos sacado cinco leyes -no solo hemos hecho los debates- que buscan enfrentar el problema.
Yo recuerdo que en el año 95, 96, siendo Jorge Burgos Subsecretario del Interior, se discutió un proyecto y se apuntó a muchos de los temas que se han señalado. Después, en otra época, hubo uno del entonces Diputado Juan Bustos, que incluso contenía harto estudio de legislación comparada sobre la materia.
Se han aprobado iniciativas que buscaban regular la cantidad de armas, el tráfico, su circulación, etcétera. También algunas sobre los requisitos para acceder a las armas, las municiones y cómo ir regulando, controlando, actualizando el parque de armas que hay en el país.
La verdad es que con todo lo realizado no hemos logrado un resultado muy adecuado.
Falta una política que sea eficaz, que realmente logre limitar el parque de armas que hoy día existe en Chile y que significa un alto riesgo para todos, ¡un alto riesgo!
Las leyes que tenemos no han funcionado en los términos en que esperábamos que lo hicieran.
Se ha dicho que hay ochocientas veintidós mil armas legales, de las cuales unas setecientas mil estarían vigentes. Pero la verdad es que con toda tranquilidad uno podría decir que existe algo así como el doble, si sumamos todas las que no son legales ni se encuentran registradas.
¡Hay armas en todos lados y eso lo sabemos!
Uno asiste a un campeonato deportivo y ve cómo los asistentes celebran un triunfo disparando al aire, lo cual se ha naturalizado, y también se observan baleos frecuentes en distintos lugares, a modo de expresión y no solo como forma de cometer delitos.
Hay una gran expansión del parque de armas en nuestro país. Y eso que las armas hechizas no están operando hoy día, pues son consideradas muy atrasadas.
Uno habla con jóvenes que normalmente portan armas, porque es una forma de convivir, y para ellos las armas hechizas no son bien vistas.
¿Por qué ocurre esto? Porque las armas se están transando a muy bajo precio.
¡Entonces, no busquemos soluciones simples a problemas complejos!
Hoy en día es muy barato comprar un arma, y el mercado de las armas no legales está presente en muchos lados.
Entonces, pensar que esto se va a resolver con dos o tres medidas para controlar las armas legales, sin ver el conjunto del problema, puede significar que de nuevo no logremos captar la real dificultad que existe.
Hay numerosas armas en circulación y se podría decir que una parte importante de estas entran a través de la Aduana.
Lo que ocurrió en Iquique, a partir de la Aduana de Antofagasta, es un ejemplo de algo que puede ser bastante más generalizado.
¡Las armas que me ha tocado ver en los jóvenes son de última generación y se venden a valores bajísimos!
Además, han empezado a entrar otros actores.
Hay que ver qué ocurre con la Aduana y las armas.
Ya en la última modificación a la Ley de Aduanas lo preguntamos, insistimos en esto. Le preguntamos al Ministerio del Interior sobre el tema, y entregó oficios en donde se señalaba que no habían detectado el asunto. Pero está claro que ingresan armas por ahí.
En ese entonces, alguien informó que había logrado adquirir un arma por el sistema de compras, a través de correo, y había llegado a su casa sin ningún tipo de registro. Y eso se informó en ese mismo debate.
O sea, hay un descontrol en la cantidad, en la forma de acceder, en la forma en que estas se transan.
¿Qué hacemos frente a esto? Legislar. Pero debemos tener muy claro cuál es la política, a partir de qué diagnóstico, porque los diagnósticos no son acotados; esto va cambiando.
Tenemos que saber qué pasa con las armas y cómo se distribuyen, si queremos efectivamente limitarlas.
La verdad es que estoy convencido de que para poder reestructurar el tema de las armas se requiere un período en que se termine el incremento de su parque. Eso no es otra cosa que limitar, detener la transacción, la compra, la circulación de armas durante un período, y que solamente queden restringidas a las Fuerzas de Orden, a los deportistas, con un procedimiento especial y de excepción. Así, terminamos con esto de que se compren armas o se le pida a otro que lo haga.
¡Sería bueno preguntarles acerca de esto a los uniformados!
Fue detectada gente de Carabineros que compraba armas y estas quedaban después en manos de un civil. Esto ocurre, y por eso hay personas procesadas o, por lo menos, sumariadas al interior de Carabineros.
Yo quería intervenir para decir que aquí no hay soluciones fáciles. De partida, lamento que este proyecto haya llegado acá sin un estudio de legislación comparada ni ser acompañado del debate que se da en el resto del mundo, porque este no es un problema solo de Chile. Creo que el informe que se elaboró el 2015 no necesariamente refleja una situación igual que la de cuatro años después. Por eso, es fundamental hacer un informe de legislación comparada, un diagnóstico: ver qué pasa, qué se está haciendo en otras partes, para poder aprovechar las buenas experiencias.
En segundo lugar, hay que tener en consideración la vieja discusión que aquí ha habido: que los parlamentarios vinculados a zonas rurales siempre se oponen a regular las armas, a que estas se limiten, porque consideran que ahí se requiere circular con armas. Bueno, tenemos que buscar una solución a eso, ya que ha sido el principal bloqueo para contar con una regulación más consistente y seria.
Muchos de nosotros, a partir de un proyecto que presentamos hace cuatro años, queremos pedirle al Gobierno que, junto con esta discusión, con formular una política, haya un período en que la transacción de armas se detenga; que la compra de armas en el exterior y la importación se suspendan; que haya una etapa de transición mientras esto no se organice.
Aquello no es inconstitucional, señor Ministro. Se ha hecho en otros mercados y respecto de ciertas situaciones, por ejemplo, con los taxis colectivos y distintas cosas. Lo importante es tener un período que permita reorganizarse como sociedad, que posibilite ver una manera en orden a saber qué está ocurriendo con las armas.
Un hecho delictual le puede ocurrir a cualquier persona. A quienquiera de los que estamos acá le puede suceder en algún momento que él, un hijo o un pariente se encuentre con alguien con un arma al frente.
La verdad es que seríamos irresponsables si no asumiéramos esto globalmente como sociedad.
Tener alrededor de 2 millones de armas, en un país que posee poco menos de 6 millones de viviendas, indica que hay algo bastante inconsistente. Así que tenemos que asumir en serio lo que está ocurriendo. Y, por lo tanto, busquemos una solución y démonos los tiempos y los procedimientos para hacerlo.
Le solicito a la Comisión que pida estudios de legislación comparada y de políticas. No improvisemos en esto. No hemos logrado resultados con las cinco leyes -según creo- en que hemos introducido modificaciones legales en esta materia. No repitamos esa experiencia.
El Presidente ha tratado de apurar las soluciones. Pero no basta con apurarlas: hay que tener claridad acerca de qué queremos hacer para lograr eficacia. Ojalá que esto sea rápido y que tengamos la mayor lucidez para poder construir, a través de la experiencia, de la investigación de otros lados y de la nuestra, una buena respuesta.
Este no es un problema simple. No hay una solución fácil. Se requiere una política y un proceso para tomar el control de la circulación de cerca de 2 millones de armas en el país.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Creo que acá se ha demostrado con distintos puntos de vista el amplio consenso que existe sobre esta materia.
El tema de la seguridad, por cierto -así lo demuestran todas las encuestas-, es la preocupación prioritaria de todos los chilenos. Y, por lo tanto, no solamente el Gobierno, sino también nosotros debemos actuar en consecuencia y dar respuesta a esta genuina solicitud que hace toda la ciudadanía.
Estimo que este proyecto, que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas, va en el sentido correcto y concita un apoyo mayoritario. Así lo demostró -y aprovecho de relevarlo- el acuerdo suscrito está mañana entre el Senado y el Gobierno, con la presencia del Presidente del Senado, de Senadores de todas las bancadas y, particularmente, del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del Ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel.
Eso, en mi opinión, es lo que la ciudadanía nos pide: que actuemos rápida, eficaz y eficientemente.
Quisiera resaltar, al igual como se ha señalado acá en un par de oportunidades, que efectivamente el 7 de octubre pasado se detectó en el puerto de Iquique un contenedor con una gran cantidad de municiones, de armas y de partes para construir nuevo armamento. Ese hallazgo, realizado por la Dirección Regional de Aduanas, no es simplemente una casualidad; es fruto del trabajo conjunto que se viene desarrollando a través del plan Frontera Segura, instaurado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que busca el desarrollo de una labor coordinada de todas las instituciones que algo tienen que decir, aportar y trabajar en la materia, como son las Policías, las Fuerzas Armadas, Aduanas, Directemar, el Gobierno regional, la Gobernación, el Ministerio Público, etcétera.
Reitero: ese trabajo coordinado -así lo destacaron todas las autoridades-, es producto de lo que quiero recalcar hoy día: el plan Frontera Segura, que es, yo diría, la segunda versión del plan Frontera Norte, que se instaló en el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que rindió frutos importantes, particularmente en la región que represento, la cual siempre ha tenido altos índices de victimización, de delincuencia. Y eso en gran parte se justifica por las características de ubicación de la región, básicamente por ser fronteriza con Bolivia, uno de los mayores países productores de droga. Debido a esa frontera tan amplia, y que cuenta con un solo paso habilitado, ella estaba siendo permeable.
Juntamente con ese plan Frontera Norte, y como una medida adicional, el Presidente Sebastián Piñera dictó hace poco el decreto que autoriza y solicita la colaboración de las Fuerzas Armadas, en materia de transporte, logística y tecnología, y de las Policías en el cuidado de la frontera. Y eso también ha rendido fruto.
Considero que ese debe ser un trabajo permanente en el tiempo, que no se puede detener y en el que, sin duda, hay que seguir avanzando. Y este proyecto, que modifica la Ley de Control de Armas, va en el sentido correcto.
En ello estamos de acuerdo la amplia mayoría. Esperemos que, con lo que se firmó en la mañana, el proyecto que se está viendo ahora y la iniciativa sobre ADN balístico, que ya está en trámite, sean aprobados prontamente y se conviertan en ley.
Con muchas ganas, voy a votar favorablemente esta iniciativa, señor Presidente.
Gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.-
Señor Presidente, creo que es necesario separar esta discusión, porque efectivamente lo que estamos debatiendo ahora tiene que ver con estas nueve mociones refundidas, la mayoría de ellas originadas en iniciativas de Diputados muy transversales, de todas las bancadas. Porque la verdad es que todos los cambios que se han hecho a la ley N° 17.798, incluso los últimos, de hace tres años, no han sido eficaces. Y, por lo tanto, en esto había que tener una reacción.
Pero digo que es necesario separar esta discusión porque otra cosa es aquella que tiene que ver -lo ha explicado muy bien el Senador Pedro Araya- con los temas de seguridad pública, con la violencia, con datos recientes -que, por cierto, a nadie dejaron indiferente- entregados por Paz Ciudadana, entidad a la que todo el mundo le reconoce legitimidad y rigurosidad en los estudios que realiza y que nos muestran que la victimización, la revictimización se han disparado a un número muy significativo de hogares víctimas de delitos.
En consecuencia, esto hace que la delincuencia hoy día sea un fenómeno fuera de control.
También está el asunto del temor: se observa que este aumentó casi el doble en la población, lo que, naturalmente, es algo preocupante. Y, si bien hay una baja en el número de denuncias, es imposible no conectar la baja de denuncias con lo que es la confianza en las instituciones. Es probable que por esta falta de confianza, especialmente en las instituciones encargadas de la persecución criminal, finalmente no se esté denunciando. Incluso, las denuncias han disminuido en casos de personas revictimizadas.
O sea, claramente ese es un tema que hay que mirar.
Por cierto, aquí hay un problema de seguridad serio. Y, por lo tanto, lo que ha hecho el Senado hoy día, al iniciar esta discusión, ha sido establecer un acuerdo que busca justamente, en un plazo razonable -treinta días-, poder despachar este proyecto. De ahí que se haya fijado un plazo para que dos Comisiones, la de Constitución y la de Defensa Nacional, conozcan las indicaciones que se formulen.
Ahora bien, lo cierto es que básicamente hoy día estamos poniendo en la discusión temas que antes no estaban.
Me alegro de estas propuestas -muchas han surgido de parlamentarios de la Oposición: del Senador Pedro Araya, del Senador Insulza; del Senador Felipe Harboe, hace bastante tiempo, y también está la mirada de los Senadores Pérez Varela y Moreira, entre otros- y de que hoy día, por ejemplo, estemos hablando en un mismo idioma al menos en cinco o seis aspectos.
Uno de ellos es la reinscripción de armas, lo que era impensado hasta hace tres años. Y todos sabemos que quienes no daban la unanimidad para entrar en el debate sobre la modificación de los requisitos para concretar aquella no eran precisamente Senadores de estas bancas.
Senadores de aquel entonces que hoy día están en el Gobierno eran muy reacios a avanzar en esa materia.
No olvidemos que un precandidato presidencial, José Antonio Kast, hace tan solo dos años hablaba de que, como las policías estaban superadas, había que liberalizar el uso de armas y, por lo tanto, permitir que la ciudadanía se armara. A su juicio, esa era la solución.
La verdad es que tal solución carece de evidencia. Es probable que Bolsonaro la tenga. Yo al menos no sé si en el mundo existe alguna evidencia concreta que sustente la decisión de tomar ese camino.
En esta oportunidad estamos avanzando en un compromiso concreto respecto a la reinscripción de armas, a un sistema de identificación balística, a una mayor fiscalización, a un control anual a los dueños de armas.
¿Por qué hemos planteado aquello, señor Presidente? Porque en este caso se requiere algo similar al permiso de circulación, ya que mediante una aplicación en el mismo registro -ahora vamos a tener registro; antes no lo había- se puede establecer qué pasó con determinada arma.
Algunos de los graves episodios delictuales registrados en estos últimos días dan cuenta de que las armas usadas para perpetrarlos se hallaban inscritas; o sea, en teoría, se percutaron legalmente. Sin embargo, con ellas se han protagonizado hechos de violencia.
Otro de los aspectos es el certificado de idoneidad psiquiátrica.
Parece fundamental contar con un certificado de tal naturaleza, porque es factible la existencia de conflictos de intereses entre el dueño de una armería -ya lo vimos en un reportaje de hace algunos días- y el facultativo que emite el certificado correspondiente.
Por eso, lo que hacemos en el acuerdo a que llegamos con los Ministros Chadwick y Blumel es establecer un rol de la autoridad sanitaria para la verificación del documento emitido por el psiquiatra.
También se crea un registro estatal de armas para controlar la trazabilidad. Por ejemplo, cuando un policía no está en servicio qué pasa con su arma.
Entonces, este conjunto de propuestas da cuenta de algo fundamental en esta discusión, pues, como Estado, hemos perdido el control de lo que ocurre con las armas. La idea del planteamiento hecho apunta a todo lo contrario: a tener un adecuado control de las armas que se encuentran en poder de civiles.
Lo decían varios Senadores -no quiero repetir los argumentos-: por esta vía, seguramente, habrá menos armas en manos de civiles, un registro de municiones, un registro para la inscripción, un registro de armas.
Creo que, además, debemos hacernos cargo del tenedor de armas ilegal.
A ese respecto, Sus Señorías saben que hoy día un número muy importante de casos llegan al Tribunal Constitucional. Pero no sé si debe ser este quien termine viendo, caso a caso, qué pasa con esa persona.
Por supuesto, en muchas ocasiones el tenedor ilegal de armas tiene que ir preso. Pero también puede haber casos revisables.
Es la típica situación del cazador de conejos, en la que, a mi entender, existe una falta; puede ser un delito. No obstante, hay que revisar casos como este, para ver si se trata de lo mismo que ha motivado esta discusión.
Desde luego, lo que ha motivado este debate es la indignación ciudadana por la muerte del pequeño Baltazar, de La Pintana.
Siento que ello no puede dejar indiferente a nadie.
Claramente, se trata de un problema de país, el que ha de abordarse de manera multisistémica.
Señor Presidente, eso fue lo que motivó el acuerdo de esta mañana y, por lo tanto, los plazos fijados para abocarnos a esta materia, en torno a la cual hasta hace muy pocos años no teníamos consenso.
Sin embargo, lo resuelto es fundamental para contribuir, al menos en lo que respecta al Senado. Porque en materia de delincuencia muchas tareas son de resolución del Gobierno, particularmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Las cifras no son nada favorables. Pero la solución del problema explicitado está a nuestro alcance, con evidencia.
Porque, señor Presidente, hoy día en la Cámara de Diputados se aprobó el control preventivo de identidad. Pero la verdad es que no hay ninguna evidencia que respalde que ello pueda tener algún grado de eficacia.
Por todo lo expuesto, anuncio mi voto a favor de este proyecto.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, las sociedades con mayor liberalidad para tener armas son las que registran mayores niveles de violencia.
Eso demuestra la evidencia internacional que hemos trabajado en el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
Al respecto, las estadísticas de Naciones Unidas son irrefutables: a mayor cantidad de armas de fuego en manos de particulares, mayor es el nivel de violencia, así como el número de personas fallecidas o heridas de gravedad con ocasión de algún tipo de acción ilícita.
A mi juicio, lo que se requiere en nuestro país es un acuerdo no necesariamente respecto de determinado proyecto, sino sobre el nivel de gravedad que la sociedad le va a dar a la tenencia ilegal de armas de fuego.
¿Qué vamos a hacer con este delito?
¿Lo vamos a considerar un crimen y, por tanto, no solo nos focalizaremos en la penalidad, sino también en las medidas investigativas, la inteligencia, en fin? ¿O lo vamos a tratar como un ilícito más?
En mi opinión, evidentemente debiera ser considerado como un asunto extremadamente grave.
Una cosa es la tenencia legal de armas de fuego. Y lo que se hace mediante este proyecto de ley es regular y ponerle más requisitos a aquello.
Recuerdo que hace tiempo el entonces Senador Prokurica se oponía duramente a esto. Y sostuvimos varios debates sobre la materia, porque ideológicamente él consideraba que era mejor liberalizar las armas y yo estimaba que esa no era una buena medida. Legítimamente discutimos a ese respecto.
Señor Presidente, efectuamos una modificación y establecimos mayores restricciones. Pero aun así el problema comenzó a mutar, pues "hecha la ley, hecha la trampa".
Y hoy día tenemos a personas que inscriben más de un arma de fuego, y no para ellas, sino con el fin de arrendarlas.
Actualmente, el delincuente arrienda un arma de fuego a quien no tiene antecedentes penales, y esta persona para protegerse va a una unidad policial a dejar una constancia o a hacer una denuncia por pérdida, robo o hurto de su arma. Entonces, si la policía sorprende al delincuente con el arma de fuego de un tercero, este ya tiene una constancia o una denuncia que le permite zafar de su responsabilidad y decir: "Yo dejé constancia de que mi arma se hallaba perdida o había sido robada".
Es decir, hoy tenemos un mercado de arrendamiento de armas para la comisión de ilícitos. Pero también debemos asumir que existe un problema grave de ingreso de armas ilegales.
En la actualidad, Chile no solo es tránsito de droga y de armas: también es un país de destino de armas de fuego.
Asimismo, hay naciones vecinas que tienen más liberalidad en la materia que nosotros. Y hoy día están entrando armas de fuego a Chile, las cuales van a las poblaciones a nutrir de ellas a grupos de narcotraficantes, al crimen organizado.
Por consiguiente, debemos ser capaces no solo de avanzar en un proyecto que regule la tenencia legal de armas de fuego y establezca más requisitos para ello, sino también de hacernos cargo del sistema de inteligencia que vamos a utilizar para identificar antes el origen de las armas y evitar que ingresen a nuestro país.
Señor Presidente, felicito el hecho de que en la aduana de Iquique se haya detectado un container con más de 13 mil municiones.
¿Pero cuántos se pueden haber pasado? No sabemos, pues los controles son aleatorios.
Ahí hubo una conducta sospechosa. Sin embargo, cuando no la hay, ese tipo de cargamentos puede entrar.
La pregunta es qué vamos a hacer como país, como Estado para que en todos nuestros pasos fronterizos habilitados y en aquellos en los cuales se está implementando el Plan Frontera Norte (los no habilitados) exista un mecanismo que impida el ingreso de armas; qué haremos para que Aduanas, en el comercio portuario, también establezca un sistema novedoso, tecnológico para detectar armas de fuego; qué vamos a hacer para que en las Fuerzas Armadas y de Orden no haya fuga de armas.
Hemos conocido casos en el Ejército y en las policías en que han salido armas de fuego y que han terminado en manos de delincuentes.
Hay que establecer normas adecuadas, porque, de lo contrario, llegará un momento en que no podremos controlar adecuadamente esta materia.
Hoy día existe gran cantidad de armas de fuego en manos de delincuentes. Entonces, muchas veces la policía se enfrenta a ellos de manera adversa en cuanto al poder de fuego de que disponen.
Señor Presidente, estuve revisando algunas páginas en internet, pues me interesa mucho este asunto. Y vi cómo la proliferación del comercio electrónico, con todos los beneficios que envuelve, también genera vulnerabilidades.
Resulta que hemos tenido casos de personas que, a través de portales electrónicos, han encargado armas de fuego en el extranjero, y -¡oh, sorpresa!- estas les han llegado a sus casas, pues -como señalé- el control es aleatorio.
Cuando uno empieza a constatar que ya hoy día existen canciones y videos para la Glock.40 -los gendarmes que están en las tribunas deben de conocerlas-, arma muy apetecida en las poblaciones, y que en eBay se vende el kit (no es muy caro) para convertirla en una subametralladora, se da cuenta de que nos hallamos enfrentados a una situación mayor.
Lo que originalmente era un embudo en que solo podíamos controlar una parte, hoy día es una especie de colador que permite el ingreso de armas por diferentes lugares. Entonces, se requiere una estrategia más integral.
Ciertamente, las armas funcionan con un elemento básico: las municiones. Por eso, en el marco de la Mesa Nacional de Seguridad Pública, uno de los primeros puntos que en su minuto le planteé al Gobierno fue la implementación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), o el ADN balístico o la trazabilidad de las municiones. Porque debemos ser capaces de saber, cuando vemos que una bala percutada en la calle provoca la muerte de una persona, cómo se importó esa munición, qué armería la vendió, quién la compró y con qué pistola se disparó.
Existe experiencia internacional positiva en la materia que a mi juicio nos va a ayudar, y este proyecto también la incorpora. Me parece bien, encuentro adecuado que se vaya en ese sentido.
Pero además debemos hacernos cargo de otros elementos que muchas veces son olvidados, como los dispensadores de municiones en los clubes de tiro. Muchos de estos disponen de dispensadores automáticos de municiones. ¡Vaya usted a saber el tipo de control que hay al respecto! ¡Pocazo control existe! He estado en varios de esos clubes, y en verdad es bien preocupante lo que está ocurriendo allí.
Señor Presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto de ley, pues creo que avanza en la dirección correcta. Y en la discusión particular deberemos efectuar un análisis muy profundo en cuanto a qué vamos a hacer en esta materia.
En Chile y en el mundo no existen las balas locas: hay balas asesinas que alguien las dispara, y hay que hacerse cargo de eso.
En cuanto a la tenencia ilegal de armas de fuego, alguien dijo por ahí: "Oiga, la ley es permisiva; las penas son bajas".
No, señor. La tenencia ilegal de armas de fuego tiene una pena de tres años y un día a diez años de cárcel. De hecho, el Tribunal Constitucional, debido a la última modificación que se introdujo, se halla atiborrado de causas, pues ha considerado inconstitucional el establecimiento de la prisión preventiva obligatoria de un año, por ser una norma demasiado dura.
Creo que este proyecto debe ocuparse de ello también, porque no es posible que tengamos gran cantidad de causas en el Tribunal Constitucional sobre el particular.
Señor Presidente, esta materia es muy profunda y debemos abordarla para los efectos de sancionar no solo a quien tiene el arma de fuego, sino también al que la exhibe permanentemente a fin de generar temor.
Anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, a mi juicio, este proyecto es fundamental.
Hemos visto las cifras que se han dado a conocer a propósito de la sensación de victimización, y no son en absoluto buenas.
Ello da cuenta de que el fenómeno de la delincuencia tiene una gravedad mayor que la que, lamentablemente, en algún tiempo se pretendió hacerles creer a los chilenos en el marco de las disputas entre las distintas coaliciones políticas del país.
Se requiere, por tanto, una política integral y seria, que no esté basada en frases rimbombantes, sino en una lógica integral que permita abordar la delincuencia en todas sus complejidades y desde todos los ámbitos.
En tal sentido, el aspecto punitivo, sancionatorio es fundamental. Pero no es el único. Se debe invertir más en rehabilitación y, sin duda, en prevención. Y todavía en Chile estamos muy lejos de eso.
Sin embargo, el mayor drama es que hoy día somos testigos de más y más delitos que se cometen utilizando armas de fuego.
Lo señaló antes el Senador Insulza por la prensa: hace dos décadas si había un arma de fuego involucrada en un delito, era una noticia nacional, un escándalo; y hoy día eso es parte del paisaje cotidiano.
Hemos visto aquello a propósito de la ocurrencia de delitos violentos, que efectivamente tienden a ser parte de nuestra realidad del día a día, cuestión, sin duda, lamentable.
Si uno compara las cifras de homicidios en nuestro país, en particular las tasas, verá que siguen siendo bajas en el contexto americano, ni siquiera latinoamericano.
Tenemos tasas de homicidios inferiores a las que exhibe Estados Unidos.
¿Cuál es la razón por la que Estados Unidos tiene tasas de homicidios significativamente superiores a las de Europa? La razón es muy simple: en dicha nación el acceso a las armas es relativamente fácil.
Por tanto, debemos generar condiciones para restringir, para hacer casi imposible el acceso a las armas, y, por cierto, también a las municiones, porque eso permitirá elevar los estándares de seguridad.
¿Significa aquello que no van a seguir cometiéndose delitos? Definitivamente, no. Pero al menos los de mayor connotación pública y de carácter más violento se verán restringidos.
Adicionalmente, vemos el surgimiento de nuevos delitos derivados de las actuales formas de vida, principalmente de narcotráfico y de drogas, y que están asociados al uso de armas y a la violencia entre las bandas que se disputan los distintos territorios.
En ese contexto, necesitamos una legislación mucho más estricta.
Yo difiero de la apreciación del Tribunal Constitucional, porque a mí me parece que la tenencia y el solo porte de un arma es un hecho muy grave. Yo no conozco a nadie ni tengo ningún amigo que ande cotidianamente por la calle con un arma. Por regla general, quien circula con un arma está asociado a una banda delictual y va a cometer un delito.
Entonces, necesitamos avanzar hacia un marco regulatorio en que el porte armas de civiles sea de manera excepcionalísima, y en que las armas estén radicadas en quienes tienen el legítimo monopolio de la fuerza: las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad, cuyos integrantes, por lo demás, han sido adiestrados y formados para portarlas.
No es el caso de los civiles.
Porque las armas, cuando se distribuyen de manera indiscriminada, generan efectos negativos. Por ejemplo: accidentes, cuando un niño accede a ellas; aumento de crímenes como el femicidio, o los de tipo pasional; incremento de delitos de especial connotación, como los que hemos observado hoy día.
Cuando vemos que en los funerales de algún integrante de bandas de narcotraficantes se disparan tiros al aire, sin duda constatamos que se trata de un hecho grave que genera conmoción pública.
Y no existen balas locas, sino balas asesinas. Digámoslo con toda claridad: ¡balas asesinas!
En consecuencia, necesitamos establecer un marco regulatorio mucho más estricto en la materia.
Reitero: Chile sigue teniendo tasas de homicidios bajas en comparación a las del resto de los países de América. Pero si no se realiza un control más estricto en materia de acceso a las armas de fuego, no cabe duda de que pronto vamos a enfrentar fenómenos similares a los de otras sociedades latinoamericanas, con todo lo que significa en términos de la sensación de inseguridad y, sobre todo, del riesgo de vida y del temor que, lamentablemente, tiende a extenderse en nuestro país.
Por todo lo expuesto voy a votar a favor de esta iniciativa, que me parece fundamental.
Creo que ella debe ser perfeccionada en el marco de la discusión particular. Pero considero esencial que en Chile tomemos conciencia de que no puede existir acceso indiscriminado a las armas. Por el contrario, si queremos mantener ciertos niveles de convivencia civilizada, bajas tasas de homicidios y, en general, una sensación de mayor seguridad de la que existe en otros países vecinos y en otras naciones hermanas, se requiere una regulación, no estricta, sino muy estricta en la materia.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, el proyecto de ley que busca perfeccionar el ejercicio de la responsabilidad del Estado en el control de armas fue parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, que contó con la participación decidida del Gobierno del Presidente Piñera, de parlamentarios, de alcaldes, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público y de académicos.
Esta materia es esencialmente sensible si consideramos el adecuado equilibrio que debe existir entre los intereses de quienes poseen un arma por razones de seguridad personal y de resguardo de su propia familia y las implicancias que la tenencia de armas tiene para la seguridad pública.
Es evidente, dadas las cifras consignadas en los antecedentes del propio proyecto de ley, que el control de armas que en Chile son poseídas por particulares se encuentra colapsado. Constituye una realidad el encontrarnos con elementos que no tienen justificación alguna, como la falta de control y actualización de los registros. Asimismo, la proliferación de canales de comercio ilegal atenta contra una adecuada fiscalización que otorgue niveles de seguridad aceptables.
Por ello, esta iniciativa tiene como objetivo general el fortalecimiento de la institucionalidad, que otorga adecuadas condiciones de garantías en esta materia.
Para ello, se describen aquellas armas cuya tenencia, posesión o porte se encuentran prohibidos; se establecen requisitos para la inscripción y se configuran nuevos tipos penales y agravantes.
La nueva normativa contiene disposiciones para impedir que los llamados "palos blancos" puedan inscribir armas y después facilitarlas a terceros, hecho que lamentablemente es muy común.
El proyecto establece como agravante relativa la tenencia de armas sin registro en lugares públicos o en instalaciones dentro de las cuales dicha tenencia es especialmente peligrosa, tales como lugares de transporte público, establecimientos sanitarios, zonas de almacenamiento de combustibles, instalaciones eléctricas, aeronáuticas, etc.
Todos estos aspectos son positivos, especialmente cuando se genera una normativa que permitirá la ubicación de miles de armas cuyo paradero es hoy desconocido, ya sea por su no inscripción o por fallecimiento de sus titulares inscritos.
Es destacable que dentro de las incompatibilidades para la tenencia de armas se encuentre el haber sido sancionado por violencia intrafamiliar, al igual que la condena por crimen o simple delito.
Sin perjuicio de lo anterior, en la fase de la presentación de indicaciones se deberán aclarar algunos aspectos esenciales como determinar a quién debe corresponder la posesión de las armas cuyo registro se encuentra cancelado por alguna causal sobreviniente o bien por el fallecimiento del tenedor del arma.
Para ello, los sistemas de seguimiento e información del paradero de las armas son especialmente sensibles.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Solicito autorización de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador señor Harboe.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Harboe.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, como ya se ha dicho en esta Sala, el objetivo de la iniciativa en debate es modificar la Ley sobre Control de Armas y robustecer, si podemos decirlo así, la institucionalidad.
El proyecto contiene una serie de medidas que apuntan -en esto estamos muy de acuerdo- a poner una serie de trabas, obstáculos, mayor rigor y fiscalización, no para el porte sino para el acceso legal a las armas de fuego.
Considero que esto es bien importante, porque existen insuficiencias y vacíos.
Y claramente, como también se ha expresado en esta Sala, ese es un tema de verdad complejo, pues con este proyecto solamente estamos regulando la tenencia legal de armas, pero queda un vacío enorme con respecto a todo lo que está ocurriendo hoy día.
Me parece adecuado que se consagren nuevos requisitos para aquel que solicite la inscripción de armas y que se incorporen agravantes relativas si el lugar donde se comete el delito de tenencia o porte de armas es un establecimiento público como una cafetería, una biblioteca, una instalación sanitaria, un hospital, etcétera.
También me parece bien que se endurezca el castigo al sujeto autorizado que vende municiones o cartuchos -se ha hablado bastante de este tema también y de su importancia- a quien no es poseedor o tenedor de un arma, así como las sanciones que se contemplan para el individuo autorizado que entregue determinadas armas a menores de edad.
Esto es igualmente muy relevante, porque ya sabemos la utilización que hacen adultos de algunos menores de edad, a los cuales les entregan las armas, aprovechando el hecho de que no es posible sancionar penalmente a esos menores.
En consecuencia, el proyecto involucra una serie de cambios como incluir a la Policía de Investigaciones entre las autoridades encargadas del control de armas; establecer un sistema de trazabilidad y un mecanismo de identificación de cada arma, objetivo que ojalá logremos -esto es muy importante- mediante nuevas tecnologías como el código de barras, etcétera, etcétera.
Asimismo, considero fundamental todo lo que significa incorporar a la Dirección General de Movilización Nacional, porque, como ya hemos señalado, esto ayuda, de alguna manera, a combatir el tráfico y la distribución de armas, que, por supuesto, es una de las herramientas fundamentales que usan los grupos delincuentes.
En ese sentido, estoy convencida de que este proyecto va en el camino correcto.
Tenemos que decir hoy día en esta Sala que la situación es preocupante.
Ayer conocimos la Encuesta de Victimización, que arroja como resultado que un 40 por ciento de los hogares ha sido víctima de algún delito o tiene en su interior un familiar afectado por algún ilícito -esta es la cifra más alta desde 2014- y que los domicilios revictimizados han aumentado del 21 al 26 por ciento.
Otra cifra que nos da una alerta: el índice de temor aumentó al doble del año pasado, llegando a 20 por ciento, y evidentemente se concentra en los sectores más bajos.
Estos números nos tienen que decir algo: no estamos ganando la batalla que quisiéramos en materia de seguridad y, claramente, significan la derrota de ciertas iniciativas, más de carácter populista, que a veces son empujadas sin el respaldo técnico debido, por lo cual no son eficientes para reducir la delincuencia.
Y, lamentablemente, esto nos está ocurriendo.
Asimismo, estas cifras nos reflejan otra realidad: la desigualdad en la distribución de la seguridad, porque en las comunas más pobres hay mucha menor presencia policial de Carabineros, la que se concentra en las comunas más ricas, que ya conocemos, de la zona oriente de la Capital.
Espero que esta sea la oportunidad para que trabajemos en conjunto el Gobierno, el Poder Legislativo y, por supuesto -también es importante-, el Poder Judicial.
Pero no le echemos la culpa al Poder Judicial o al Parlamento. Reconozcamos que el problema de la seguridad pública es un tema mayor, que muchas veces no hemos sido capaces de enfrentar y en virtud del cual se han hecho, más bien, anuncios que no se ven respaldados por las cifras que acabamos de conocer.
Aquí se ha dicho con toda razón: no hablemos de balas locas; hablemos de balas asesinas. Yo comparto aquello.
La muerte de Baltazar, un niño de nueve meses, ocurrida en La Pintana, y lo sucedido en el cerro Barón de Valparaíso, donde una mujer embarazada fue herida por una bala, nos indican que, desgraciadamente, existe una proliferación creciente en la circulación y venta de armas ilegales.
Y aun cuando estamos hablando de lo que ahora nos preocupa, que me parece muy positivo, necesitamos poner restricciones, necesitamos ser mucho más rigurosos a la hora de fiscalizar a quienes tienen armas.
Y más todavía: estamos totalmente de acuerdo en que cuantas menos armas tengan los civiles, mejor.
Quiero decirles que yo no soy partidaria, como lo es, por ejemplo, el señor José Antonio Kast...
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Concluyó su tiempo, señora Senadora.
Le daré un minuto adicional.
La señora ALLENDE.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que yo no soy partidaria de lo que ha llegado a señalar el señor Kast -en términos parecidos también lo dijo Bolsonaro-: "Hay que liberalizar las armas. Cada uno debe tener la suya. ¡Cuantas más tenga el ciudadano, se podrá defender mejor!".
¡Completamente en desacuerdo!
En Estados Unidos las cifras nos muestran que en los lugares donde se registra mayor violencia y más muertes se debe a las armas. Otros países como Japón, Australia, Canadá o Escocia han reducido estas muertes. ¿Por qué? Porque han aplicado medidas extremadamente restrictivas, severas, excepcionalísimas, que no permiten a los civiles circular con armas. En Japón, por ejemplo, está prohibida su tenencia, salvo para los policías en servicio. Para el resto de las personas es muy complicado acceder a ellas, lo cual hace prácticamente imposible su tenencia.
En nuestro país se ha dicho que hay 800 mil armas registradas. ¡Muy bien! Se hizo una campaña de recuperar armas. Eso también es positivo, pero insuficiente.
Tenemos que avanzar y caminar hacia una mirada más amplia. No basta solo con ver...
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo, señora Senadora.
Solo un minuto más.
La señora ALLENDE.-
... lo que legalmente estamos regulando.
Ojo a ese reportaje de la televisión que nos mostró lo que puede ocurrir -y aquí se ha dicho- con el comercio electrónico, con la falta de fiscalización en las aduanas, con la falta de eficacia en la inteligencia policial para detectar en forma previa la entrada de armas ilegales a Chile, pues hoy día con mayor frecuencia se está abriendo un mercado, como dijo un señor Senador, que incluso resulta más económico.
Por todo ello, me parece que es un aporte agravar las penas, endurecer los castigos en la forma como lo estamos haciendo, y tenemos que perfeccionar nuestra legislación mucho más.
Con todo, creo que este proyecto de ley es un avance.
Sin embargo, como país tenemos que procurar una mirada bastante más integral, trabajar de manera mucho más amplia y fijarnos más todavía en todo el comercio que se ha abierto, en el tráfico, en la tenencia, en el porte de las armas ilegales, no registradas, que tanto daño están haciendo.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este es un tema en el cual hemos estado trabajando durante muchísimo tiempo.
El año 2013 ingresamos dos proyectos de ley que decían relación, fundamentalmente, con generar un sistema de información para que las personas que hubiesen sido condenadas por algún tipo de delito, que tenían derecho al porte de armas, fuesen eliminadas del registro y su derecho, cancelado.
Otro proyecto que también presentamos se refiere al caso de las condenas por violencia intrafamiliar, con el objeto de que el juez pueda dictaminar una medida accesoria para caducar el permiso del registro correspondiente.
Ese tema y otros fueron recogidos por el proyecto de ley que ha presentado el Ministerio del Interior.
De hecho, cuando se discutieron estos temas en la Sala del Senado en presencia del propio titular de la Cartera, que hoy día está presente en el Hemiciclo, él señaló que estos aspectos iban a ser incorporados, cuestión que finalmente ocurrió.
Por ello, esperamos que cuando se envíen las indicaciones respectivas se haga referencia a tales proyectos, los cuales no podían fusionarse por hallarse en un trámite constitucional distinto. Pero, ciertamente, esas iniciativas fueron presentadas, discutidas y el propio Ministro del Interior se comprometió a recogerlas.
De otro lado, creo que estamos frente a una situación dramática.
Nosotros pedimos en su momento, debido a hechos de sangre ocurridos en las calles del centro de Valparaíso y de Viña del Mar, que se iniciara una investigación judicial. Y en ese entonces, durante el Gobierno anterior, junto con Mahmud Aleuy, solicitamos al Fiscal Regional efectuar una investigación, dada la enorme posesión de armas de fuego que afecta a nuestras poblaciones.
¡Hoy día hay temor, hay miedo!
Los índices entregados por la Fundación Paz Ciudadana corresponden a la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, donde el narcotráfico se está tomando nuestras poblaciones, donde hoy día existen bandas territoriales, donde hay muerte y desesperanza.
Por eso yo hago un llamado a reforzar la actividad de las policías.
He sido testigo también de la buena voluntad de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.
Hemos sostenido reuniones persistentemente, junto con las gobernaciones provinciales, en cada uno de los sectores más problemáticos de nuestras ciudades, y hemos conseguido reacción oportuna y pronta.
Quiero destacar que cuando recurrimos ante los Generales de la Quinta Zona ellos dispusieron inmediatamente operativos policiales, por ejemplo, en el sector de Forestal, en Viña del Mar, con policía montada, y en el sector de Bellavista, en la comuna de San Antonio, zona que, al día siguiente de que fuimos a entregar nuestros antecedentes, prácticamente fue tomada por las propias policías.
Asimismo, hemos ido avanzando, reiterada y sistemáticamente, en la mejor distribución de las dotaciones de Carabineros y de la PDI.
También hemos logrado sacar adelante, a través de recursos de la PDI y de Carabineros de Chile, la posibilidad de levantar comisarías, como ocurrió en el caso de Concón.
En consecuencia, se ha hecho una labor en coordinación con las gobernaciones provinciales y las policías. Y quiero destacar que Carabineros y la PDI siempre han estado disponibles para trabajar en terreno.
Hemos hecho ejercicios en los distintos lugares y poblaciones de las ciudades de nuestra región con Carabineros, con la PDI, con las autoridades de las gobernaciones provinciales, y hemos demostrado, a través del Plan Microtráfico Cero, cómo la policía ha sido capaz de infiltrarse en ciertos sectores para los efectos de obtener información.
Sin embargo, la posesión de armas de fuego es un problema. Las bandas están marcando territorio y por eso es tan importante generar un nuevo diseño.
Cuando hablamos de un nuevo diseño, nos referimos a la posibilidad de contar con información balística que nos permita dar con aquellos que cometen determinados delitos.
Por lo tanto, estimo que esta iniciativa apunta en la dirección correcta.
Agradecemos al Ministro del Interior haber cumplido la palabra empeñada al recoger los proyectos de ley que presentamos en su oportunidad.
Por supuesto, este es un acuerdo nacional, un acuerdo que involucra a todas las bancadas.
Estamos dando una señal política potente de que es posible, más allá de nuestras diferencias, llegar a acuerdos en los temas que realmente importan.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señor ARAVENA.-
Señor Presidente, hemos escuchado muchísimas intervenciones y no quiero ser redundante en ciertos temas.
Solo voy a señalar que la muerte de un niño de nueve meses el otro día seguramente nos hace reflexionar con mayor agilidad sobre este asunto.
Cabe recordar que el médico que recibió al menor en el hospital planteó que, si bien contaba con un equipo experimentado, las armas y las balas están hechas para matar vidas humanas.
En ese sentido, coincido plenamente con usted, señor Presidente, en cuanto a que el portar armas de manera ilegal debiera ser un delito grave, gravísimo, porque el objetivo final de las armas es eliminar una vida humana. Y las vidas humanas, a mi juicio, son sagradas.
En ese contexto, es bueno saber que el año pasado fallecieron 250 mil personas en el mundo debido a las armas de fuego -un número altísimo- y en Chile casi 500 personas por la misma causa.
Yo sostengo, al igual que todos los colegas que me han antecedido, que las armas son instrumentos que una sociedad desarrollada debiera evitar, pero, lamentablemente, cada día la tecnología es más efectiva para que estas sean más letales.
Por lo tanto, no solo debiera ser grave portar un arma de fuego, sino que debiera serlo aún más cuando su impacto tiene un carácter mucho más profundo.
De todas maneras, creo que es mi deber y mi obligación, como Senadora de la Región de La Araucanía, señalar que en ella existe una angustia permanente, principalmente en los sectores rurales, por contar con un arma para defenderse.
Puedo parecer repetitiva, pero debo insistir en informar, pues es parte de mi labor, que desde el 2011 al 2018 -un lapso de siete años- se han registrado casi 3 mil hechos violentos en mi región. De esos, 920 son incendios.
Pero lo más preocupante es que casi mil de estos eventos se hallan vinculados a disparos o a la presencia de armas de fuego. Y no me cabe ninguna duda de que un porcentaje de ellas, si no el más alto, corresponde a armas de carácter ilegal.
De otra parte, quiero también puntualizar -como lo hicieron varios Senadores que me antecedieron- que el control fronterizo, al menos en mi región, es bastante débil. Sé que eso no es intencional. Pero, evidentemente, tenemos una cordillera que es transitable a pie gran parte del año y, por tanto, hoy día sufrimos un déficit en el control del tráfico de armas, problema que, lamentablemente, sin lugar a dudas se está propagando por todo el país.
Por lo tanto, aun cuando es muy importante, no basta solo con refundir varios proyectos de ley, sino también se requiere que hoy día nuestro Gobierno esté interesado en que esta iniciativa tenga urgencia, se apruebe con prontitud, pues, obviamente, todos aportaremos con indicaciones que mejorarán su contenido.
Sin embargo, tampoco es posible pedirles a las personas que no defiendan su vida.
Cuando tenemos una cantidad importante de eventos como los que ocurren en mi región, con disparos en presencia de niños, mujeres, ancianos, y cuando muchas veces en las carreteras nos vemos complicados por la presencia de encapuchados que nos advierten que estamos entrando a territorios en donde no se vive en paz, comprendo que las personas sientan la necesidad urgente de armarse. No estoy diciendo con esto que lo justifique, pero lo entiendo.
Por lo tanto, como sociedad, como Gobierno, más allá de los partidos políticos, nosotros requerimos urgentemente unirnos en torno a la eliminación de los niveles de delincuencia y de inseguridad que hoy día nos afectan, principalmente en las poblaciones de mayor riesgo en la Región Metropolitana y también en mi región, que hemos visto cómo se ha ido violentando y se han incorporado armas de grueso calibre dentro del quehacer cotidiano y de la vida de aquellos que formamos allí nuestras familias.
Entonces, solo me cabe decir que estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto y que todas las acciones de fiscalización, de trazabilidad, de mayores competencias, incluso las de agravar penas, me parecen correctas.
Y principalmente -concuerdo en esto con todos-, resulta necesario dar un golpe firme, no solo para disminuir la violencia y la delincuencia, sino también -tengo que decirlo- para hacer una reinserción con todas las personas que hoy día están detenidas y que necesitan...
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo, señora Senadora.
La señora ARAVENA.-
Solo un minuto, señor Presidente.
Decía que debemos tener cárceles que permitan la reinserción para que los internos no necesariamente salgan de los lugares en que los hemos tenido recluidos aun en peores condiciones.
Muchas gracias.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Juan Castro.
El señor CASTRO.-
Señor Presidente, la verdad es que no quiero dejar de intervenir respecto al proyecto que modifica la ley N° 17.798, sobre Control de Armas.
Esta iniciativa es muy importante, y estoy de acuerdo con lo que expresó el Senador Letelier.
Estamos en un país donde la delincuencia ha ido creciendo con agresividad y, de verdad, con una agresividad demasiado alta. Tenemos un narcotráfico que se atreve a mostrar sus armas públicamente; tenemos un terrorismo en la zona de La Araucanía que muestra su poderío al enfrentar a las policías.
El sentido común me dice: ¡ningún habitante de este país debería tener un arma de fuego; solo las policías activas deberían tener armas de fuego: Carabineros y la PDI!
¿Por qué las policías? Porque por ley ellos tienen la responsabilidad de la seguridad pública de nuestra población. Hoy el riesgo que corren es demasiado alto cuando deben trabajar en el cumplimiento del mandato de la ley, que es cuidar a nuestra población.
También las Fuerzas Armadas tienen que usar las armas. No me cabe ninguna duda. Ellos son los responsables de proteger nuestra soberanía.
Si un delincuente no tiene armas; si un narcotraficante no posee armas, ¿por qué un vecino cualquiera va a tener en su casa un arma inscrita si no la va a usar? Él no está capacitado para usarla. Es más: no la debería necesitar.
Tenemos a los clubes de caza, que sí tienen armas y compran municiones de manera fácil. Por tanto, también deberíamos ver cómo modificamos esa ley.
Lo importante es que ninguna persona pueda tener un arma en su casa.
Por todas las intervenciones que he escuchado en esta Sala, veo la voluntad de prohibir las armas de fuego. Esto me parece bien. Y de seguro que este es un tremendo aporte a la seguridad pública que tanto necesitamos en nuestro país, porque de verdad hoy día caminar por las calles muchas veces da miedo cuando uno ve a delincuentes decididos a todo, a narcotraficantes que se han tomado las poblaciones.
Pienso, señor Presidente, que en eso nosotros somos responsables. Y con una buena ley haríamos un tremendo aporte a la seguridad pública de nuestro querido país.
He dicho.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el problema de las armas, de los tiroteos no es solo de Chile.
Hemos visto la situación de Baltazar, un niño de nueve meses, de padre venezolano, quien declara que se vino a Chile escapando de la violencia en Caracas, en Venezuela, y que se encuentra con hechos que también se presentan en Río de Janeiro (Brasil), en México, con muertos todos los días. ¡La vida no vale nada!
Tenemos un problema de fondo.
En Estados Unidos -el debate es conocido- hubo 251 tiroteos el 2019, señor Presidente, ¡251 tiroteos!, ¡y 250 muertos! En los últimos años, 686 tiroteos ¡con miles y miles y miles de fallecidos!
Hay un debate abierto, entonces, en la sociedad neoliberal y capitalista. Hay un debate abierto en todas las sociedades sobre el tema del control de armas.
Quiero referirme al editorial del diario La Segunda del miércoles 16 de octubre de 2019: "Delincuencia: No más efectismo". ¡La Segunda! No es un periódico de Oposición. Además, dice que los indicadores muestran la peor evaluación de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Añade que "el aumento de los recursos no ha tenido ningún impacto". Esto señala el editorial de La Segunda. Y también lo dice Paz Ciudadana.
Asimismo, se expresa que los cambios que se requieren en la política para combatir la delincuencia son de fondo. Hoy el 90 por ciento de los recursos se invierten en persecución y muy poco en prevención. Y, por cierto, se señala que se debe poner el foco en la prevención en aquellas poblaciones con factores de riesgo delictual.
Y aprovechando la presencia del Ministro de Justicia, Hernán Larraín, ex Senador, por el cual tengo mucho aprecio, quiero referirme al Sename.
En esta materia, hemos fracaso como Estado. El 56 por ciento de la población penal en las cárceles de mi región está compuesta por jóvenes que pasaron por el Sename. ¡Ahí está el primer gran fracaso! ¡Y no hay focalización!
Y no se trata, entonces, de meterlos a las cárceles o perseguirlos como delincuentes, porque hemos fracasado en la idea de incorporarlos a la sociedad.
Aquí, las armas son un tema.
Señor Presidente, en el primer Gobierno del Presidente Piñera se nos dijo "Fin a la fiesta de los delincuentes", "No más puerta giratoria". Pero hasta ahora tenemos la imagen grabada del Ministro del Interior Hinzpeter diciendo: "Hemos fracasado".
Respecto al segundo Gobierno del Presidente Piñera, caracterizado, por cierto, por ser un Gobierno que pudiera ser mucho más efectivo que uno de centroizquierda, tenemos los resultados entregados por la Fundación Paz Ciudadana: un 40,6 por ciento de victimización; un 53,3 por ciento de la gente piensa que Carabineros no está haciendo bien el trabajo.
Todos hemos fracasado.
Esto no es solo un fracaso del Gobierno. Quien piense en esta Sala que esto es una responsabilidad solo de la Administración del Presidente Piñera o de su Ministro del Interior, Andrés Chadwick, está equivocado profundamente.
Aquí debemos realizar una revisión profunda de qué estamos haciendo como sociedad, no solo para poder establecer dónde están las armas.
El proyecto moderniza, aumenta requisitos, establece un registro, incorpora la trazabilidad.
¿Saben la idea que me genera el concepto de trazabilidad? Que la bala fue disparada, causó la muerte y después nos esforzamos en ubicar de dónde vino, en circunstancias de que el esfuerzo principal debiera estar en evitar que esa bala salga de un arma y llegue a una víctima inocente.
La iniciativa también busca enfrentar la venta de municiones.
A la vez, sanciona más dependiendo del lugar en que se cometa el delito de porte de armas no autorizadas.
Y castiga de mayor forma a la persona autorizada que ceda un arma a un menor de edad.
Hay 753 mil armas inscritas en Chile. Pero, señor Presidente, los delincuentes no compran armas en el comercio establecido. Eso está clarísimo: ¡no las compran en el comercio establecido!
Por tanto, este proyecto, que voy a votar a favor, no puede ser el único instrumento. Esto tiene que ver con una concepción de sociedad. Y parece que estamos más preocupados de las armas y no de la prevención del delito. Las armas son un instrumento. Hay algo que está pasando en la sociedad que ha hecho que aumente la delincuencia. O no nos damos cuenta o no lo queremos enfrentar.
Reitero que voto a favor, señor Presidente.
Pero pido y exijo a este Gobierno -se lo dije también a mis Gobiernos- que considere que la delincuencia es un tema que tiene un estrato social, de percepción de la sociedad.
Y repito: ¡La situación del Sename no da para más! ¡Es una vergüenza! Debiera avergonzarnos que el 56 por ciento de quienes están en la cárcel hoy día pagando por ser delincuentes hayan pasado por el Sename.
¡El Estado fracasó! No volvamos a fracasar, señor Presidente.
Voto a favor de este proyecto, pero señalo que este tiene graves inconsistencias. No es suficiente. Por tanto, debemos seguir trabajando los temas de fondo.
He dicho.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Hemos finalizado el debate del proyecto.
Pido el acuerdo unánime de la Sala para que esta iniciativa sea vista en particular por las Comisiones de Defensa y de Seguridad Pública. Así lo ha planteado el Presidente de la Comisión de Defensa.
Cabe señalar que había un acuerdo anterior en el sentido de que fuera visto por las Comisiones de Defensa y de Constitución. Entonces, la idea es que lo analicen solo las Comisiones de Defensa y de Seguridad Pública y no la de Constitución, a fin de que el proyecto pueda avanzar.
Si le parece a la Sala, así se procederá.
El señor BIANCHI.-
Perfecto.
El señor MOREIRA.-
Sí.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Acordado.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Han emitido su voto todas las señoras Senadoras y todos los señores Senadores?
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (37 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores, Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Señor Ministro del Interior, tiene usted la palabra.
El señor CHADWICK (Ministro del Interior y Seguridad Pública).-
Señor Presidente, seré muy breve, porque sé que a continuación verán un proyecto importante, relacionado con Gendarmería de Chile.
Solo quiero agradecer y reconocer la valiosa disposición del Senado, de todas sus bancadas parlamentarias, para tratar un tema tan relevante como es tener un mejor, más eficaz y, sobre todo, moderno control de armas, que esté a la altura de la situación y de los riesgos que vivimos hoy en día en nuestro país.
El acuerdo y el protocolo que hemos firmado en la mañana con el Presidente del Senado y con representantes de todas las bancadas parlamentarias y la disposición que se ha dado a través del debate, reflejada en la votación unánime, ¡es el camino, señor Presidente! Es el camino para efectos de contar con una política de Estado donde integremos a los distintos actores, a fin de responder a esa exigencia ciudadana tan legítima: tener mayor seguridad.
Habrá distintos puntos de vista; habrá distintos aportes; no es solo un proyecto de ley, es una visión más integral, no cabe la menor duda.
Pero si hay algo que resulta indispensable es que tengamos la voluntad de construir políticas de Estado de largo plazo y que logremos los acuerdos necesarios para alcanzar los resultados que todos queremos. Y eso lo reconozco, lo valoro y se lo agradezco a la Sala del Senado en nombre del Gobierno.
Gracias, señor Presidente.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
Hay que destacar la buena voluntad de todos los sectores para apoyar este proceso. Esperamos que tenga éxito, por el bien de nuestro país.
Corresponde tratar, entonces, el siguiente proyecto de la tabla.
El señor PÉREZ VARELA.-
Punto de reglamento, señor Presidente.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, la Sala ya acordó fijar plazo para presentar indicaciones hasta el 4 de noviembre.
Yo quiero proponerle que sean las Comisiones de Defensa y de Seguridad Ciudadana, unidas, las que conozcan de esas indicaciones, como procedimiento nuevo, cambiando el acuerdo anterior.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Eso ya fue aprobado en los términos que usted señala.
El señor PÉREZ VARELA.-
¿Está aprobado?
La señora ALLENDE.-
Lo acabamos de aprobar.
El señor PÉREZ VARELA.-
Gracias.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
¡Si quiere lo aprobamos de nuevo, no hay problema...!
Continuamos con el siguiente proyecto de la tabla.
MODERNIZACIÓN DE CARRERA FUNCIONARIA EN GENDARMERÍA
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.431-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 39ª, en 7 de agosto de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 55ª, en 15 de octubre de 2019.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Los principales objetivos de esta iniciativa son, por una parte, mejorar la carrera funcionaria de las funcionarias y los funcionarios de Gendarmería de Chile, posibilitando que aquellos que pertenezcan a las Plantas I y II y que cumplan con los requisitos accedan al cargo y grado final de su carrera, sin exceder en demasía los tiempos mínimos de permanencia en cada grado, y por otra, otorgar al personal no uniformado mayor estabilidad en el empleo.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.
Cabe considerar que los artículos 7 y 8 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 23 votos favorables para su aprobación. Por su parte, la letra b) del artículo 15 es de quorum calificado y debe ser aprobada con 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 24 a 42 del primer informe de la Comisión.
Es todo, señor Presidente.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
En mi condición de Presidente de la Comisión de Constitución, me corresponde informar respecto del proyecto, razón por la cual pido autorización para que el Senador Ricardo Lagos presida momentáneamente la sesión.
El señor MOREIRA.-
¡Momentáneamente...!
El señor BIANCHI.-
¡Solo por un rato...!
El señor LAGOS.-
¡Decídanse...!
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Lagos.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Agradezco el respaldo.
Aprovechamos de saludar a las distintas organizaciones gremiales de Gendarmería de Chile que nos acompañan.
Buenas tardes.
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, quiero hacer una solicitud.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra, señor Senador.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, solamente quisiera pedirle que, una vez que termine el informe de la Comisión, se pudiese abrir la votación, porque tengo entendido que hay varios...
El señor BIANCHI.-
No, señor Presidente.
El señor MOREIRA.-
¡Déjeme terminar, Senador Bianchi!
Hay varios Senadores...
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Diríjase a la Mesa, para no tener dificultades.
El señor MOREIRA.-
... hay varios Senadores que están en Subcomisiones Mixtas.
El señor BIANCHI.-
¡Se quiere ir Moreira...!
El señor MOREIRA.-
Yo me voy a quedar aquí hasta el final, ¡que quede claro!
Pero, como este es un proyecto de ley que requiere quorum especial, es importante que empecemos a llamar a los colegas lo antes posible, porque no tendríamos explicación si no lográramos la cantidad necesaria de Senadores para aprobar esta iniciativa tan ansiada por Gendarmería.
Por lo tanto, lo que pido en este caso es abrir la votación. Y le solicito -por su intermedio, señor Presidente- al Senador Bianchi que considere esta sugerencia.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Muchas gracias, Senador Moreira. Quedó clara su solicitud.
Senador Bianchi, usted ha sido mencionado en un par de oportunidades.
El señor BIANCHI.-
Seré muy breve, señor Presidente.
Obviamente, deseamos que este proyecto sea votado hoy día, pues se ha postergado lata y largamente. Pero, precisamente, por el temor que tengo de que no se logren los quorum -lo que debemos hacer es llamar a las Senadoras y los Senadores que están en las distintas Subcomisiones-, si se abre la votación, como lo ha solicitado el Senador Moreira, podríamos correr un riesgo absolutamente innecesario.
Por eso quiero ser estricto y solicitar que vengan las Senadoras y los Senadores y, una vez que tengamos el quorum, abrimos de inmediato la votación y así no corremos un riesgo innecesario con las y los funcionarios de Gendarmería.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Se entendió perfectamente su planteamiento, Senador Bianchi.
Estaré viendo cómo va el proceso.
En este minuto tendríamos quorum, Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Bien, abramos la votación.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Muy bien. Se abre la votación.
¿Les parece que escuchemos primero el informe del Presidente de la Comisión?
El señor PIZARRO.-
¡Y que hable el Ministro!
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Le daré la palabra al Presidente de la Comisión informante, luego al Ministro Larraín, y procedemos a abrir la votación.
Que se abra, mejor, la votación.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor HARBOE.-
Me corresponde informar. No es que sea informante, señor Presidente. Son cosas distintas.
La señora ALLENDE.-
Efectivamente, no es informante.
El señor HARBOE.-
Son cosas distintas.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Adelante, Senador Harboe, tiene la palabra.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, me corresponde informar acerca del proyecto de ley de la referencia, que cumple su segundo trámite constitucional y se origina en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 7 de agosto de 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y la de Hacienda. Posteriormente, por acuerdo de Comités, se modificó está resolución, determinándose que fuera discutido en general en la Sala con el solo informe de la Comisión que presido.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado, esta iniciativa se discutió solo en general. Para su análisis, se contó con la colaboración de representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezados por el señor Ministro, don Hernán Larraín, y el señor Subsecretario de Justicia, don Juan José Ossa. Además, la Comisión escuchó el parecer de los personeros de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios y de la Asociación de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería.
En términos resumidos, el proyecto persigue, por una parte, mejorar la carrera funcionaria de las funcionarias y los funcionarios de Gendarmería de Chile, posibilitando que aquellos y aquellas que pertenezcan a las Plantas I y II accedan al cargo y grado final de su carrera sin exceder en demasía los tiempos mínimos de permanencia en cada grado, y por otra, otorgar al personal no uniformado mayor estabilidad en el empleo.
Al fundar la iniciativa legal en informe, el Ejecutivo destaca que Gendarmería de Chile es un servicio público dependiente del Ministerio de Justicia que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley.
En ese marco, la función de Gendarmería de Chile es esencial para nuestra sociedad, pues constituye un eslabón fundamental de la institucionalidad vinculada con la seguridad pública, no solo porque en ella ha depositado el Estado la confianza de vigilar el cumplimiento de las penas y de las medidas cautelares impuestas a personas formalizadas por la comisión de algún delito, sino porque uno de sus roles fundamentales es contribuir a la reinserción social de personas condenadas y, por ende, romper el círculo de las condiciones que las conducen a quebrantar la ley penal, para que vuelvan a la sociedad como un aporte, con nuevas oportunidades de educación y de trabajo.
El aumento de la población penal ha ido en paralelo con el incremento de la dotación del servicio. Así, pasó de 8.852 funcionarios el año 1999 a más de 21.000 en la actualidad. Este importante aumento ha generado un efecto significativo en las condiciones laborales del personal, pues unidades penales planificadas para determinado número de funcionarios han debido soportar también un evidente impacto en sus ahora insuficientes condiciones de habitabilidad.
En ese contexto, los funcionarios de Gendarmería también han visto mermada su carrera funcionaria. Tal es el caso, por ejemplo, de las Plantas I de Oficiales y II de Suboficiales y Gendarmes. Los funcionarios adscritos a ellas con dificultad alcanzan el grado superior de la carrera, aun cuando cumplen con todos los requisitos para hacerlo. Y en el caso de algunas promociones, las más grandes, esto se vuelve virtualmente imposible. Además, hay funcionarios que a la fecha han excedido el tiempo mínimo para ascender al grado superior, sin encontrar vacantes para que esto suceda. Lo anterior se traduce en un incremento inorgánico de las dotaciones a través de los años, lo que trae aparejada una consecuencia negativa desde el punto de vista de los ascensos en las plantas del Servicio.
Para solucionar este problema, el proyecto de ley regula tanto el ingreso a la carrera como el egreso de ella, con el objeto de no repetir el crecimiento inorgánico de las dotaciones y evitar que en la parte superior de la carrera se genere un estancamiento. En lo inmediato, se requiere hacerse cargo de los más de 15 mil funcionarios que hoy se desempeñan en dichas plantas.
Por su parte, en el caso de los funcionarios no uniformados, se presenta una desproporcionada relación entre planta y contrata, nuevamente producto de los aumentos progresivos de dotación que, desde el año 2003, no han tenido un correlato en la planta. Por esa razón, el proyecto propone un aumento de cargos de planta para dotar de mayor estabilidad en la carrera a funcionarios clave, que se desempeñan, entre otros ámbitos, en la ejecución de políticas de reinserción social.
Adicionalmente, se introducen otras medidas tendientes a generar movilidad en esta planta.
En otro orden de ideas, el proyecto acomete el problema de los funcionarios no uniformados adscritos al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), que tienen un trato asimétrico en relación con la aplicación de la bonificación por egreso establecida en la ley N° 19.998, respecto de los funcionarios de las Plantas I y II, lo que no se justificaría.
Con motivo de su exposición ante la Comisión, los personeros de Gobierno hicieron presente que este Servicio se encuentra desarrollando un proceso de planificación institucional que abarca diversas dimensiones, tales como las personas que integran la institución, sus procesos de trabajo y los sistemas tecnológicos y de información con que cuenta Gendarmería de Chile. El fin último de este trabajo procura una mejora relevante en la eficacia y eficiencia del Servicio, en las condiciones laborales de los funcionarios, en la infraestructura carcelaria y en los estándares de seguridad. Asimismo, se encuentra en ejecución la instauración de un plan integral de reinserción social, como uno de los principales ejes de la función institucional.
El informe financiero que acompaña a este proyecto de ley declara que las modificaciones propuestas irrogan un mayor gasto fiscal, de una vez, por 16.757 millones de pesos netos durante cuatro años por la bonificación de retiro; un gasto por las modificaciones a las plantas y la mayor cotización de Gendarmería que asciende a 4.560 millones de pesos en régimen, y un mayor gasto de régimen variable asociado al pago de la bonificación por egreso y asignación de grado superior.
El mayor gasto fiscal que representa la aplicación de esta ley durante su primer año se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con estos recursos.
Finalizo señalando que, en mi opinión, y como lo expresé en la Comisión, no ha existido hasta ahora por parte del Estado una visión integral y de diseño de Gendarmería. La institución aparece como un híbrido con una función celadora y otra rehabilitadora, con dos regímenes previsionales, tres plantas y diferentes escalas de remuneraciones. Si se observa el modelamiento de planta, prácticamente no existe carrera funcionaria, sino más bien un mero encasillamiento de funcionarios. Si la cantidad de años por grado impide que al finalizar la carrera se recorra la integridad del escalafón, quiere decir que no existe carrera funcionaria. Si se hiciera un modelamiento de abajo hacia arriba, estableciendo un número máximo de años por grado, y se garantizara un desarrollo de carrera que sea piramidal, estaríamos ante una realidad más favorable. No obstante, si el modelamiento de carrera impide que aquello ocurra, se está cercenando el desarrollo de carrera y, por consiguiente, las remuneraciones de miles de funcionarios.
En todo caso, el informe de la Comisión da cuenta de los principales aspectos que fueron debatidos con ocasión de la discusión en general de la iniciativa que nos ocupa.
Sometida a votación la idea de legislar en la materia, fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Senadores señores Huenchumilla, De Urresti, Pérez Varela, Allamand y quien habla.
Es cuanto puedo informar, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Muchas gracias, Senador Harboe, por su informe.
A continuación, le ofrezco la palabra al Ministro de Justicia, don Hernán Larraín.
Bienvenido.
El señor LARRAÍN (Ministro de Justicia y Derechos Humanos).-
Gracias, señor Presidente.
En atención al tiempo y a la importancia de poder despachar esta iniciativa deseablemente hoy día, voy a ser breve. Me ayuda para dicho objetivo la explicación sobre el proyecto que ha hecho el Presidente de la Comisión, el Senador Harboe, y, por lo tanto, me voy a circunscribir a aspectos muy centrales.
En lo principal, quiero dar a conocer el contexto dentro del cual se inscribe este proyecto de ley.
Para el actual Gobierno del Presidente Piñera, Gendarmería es una institución extraordinariamente relevante, y no ha tenido, quizá en mucho tiempo, verdaderas prioridades en distintos sentidos. Por eso hemos querido trabajar en una modernización bastante completa de la institución, para que pueda cumplir con los importantes fines que tiene asignados por el ordenamiento jurídico.
En lo fundamental, una de las primeras áreas en donde hemos desarrollado un trabajo muy importante en conjunto con Gendarmería es la consolidación de la función de reinserción social como una función principal, de la misma naturaleza y envergadura que la de custodia, que siempre ha sido el objetivo central de la institución.
Es muy importante fortalecer la reinserción social. Para eso hemos desarrollado un proyecto, en una alianza público-privada, que esperamos que sirva en forma muy eficaz al propósito de lograr que cuando se reinserten quienes están privados de libertad, en el período pospenitenciario, puedan conseguir un trabajo, ser útiles a la sociedad y no volver a la delincuencia.
Esa iniciativa, señor Presidente, es clave. En intervenciones habidas en el proyecto anterior algunos se referían al problema de la seguridad. Y efectivamente, la reincidencia hoy día es muy alta, llega al 50 por ciento al poco andar de quienes egresan de los planteles penitenciarios. Si trabajamos la reinserción en forma seria, vamos a reducir ese porcentaje; y, por lo tanto, a sacar a delincuentes de la calle.
Eso es parte del objetivo y creemos que Gendarmería tiene una misión central en él. De ahí que estemos trabajando una iniciativa muy potente como pensamos que será el presente proyecto.
Estamos también conscientes de las malas condiciones de habitabilidad, de las condiciones inhumanas en que viven muchos, no solamente de los internos, sino también de quienes trabajan en los penales.
Por lo tanto, estamos elaborando un plan de infraestructura con el que esperamos, como objetivo primario, poder reducir la situación descrita y generar las condiciones adecuadas para desarrollar todo el trabajo que debe cumplir el personal penitenciario en beneficio de los objetivos de custodia y de reinserción.
Estamos conscientes, asimismo, de la situación difícil que provocan los cambios de los niveles de delincuencia y de peligrosidad que se han desarrollado en el país, que incluyen el incremento del narcotráfico y la presencia de bandas peligrosas, las cuales se hallan también presentes en distintos lugares de nuestros planteles penitenciarios. Y para combatirlas hemos desarrollado un plan anticorrupción muy completo, que busca, gracias al apoyo de todo el personal de Gendarmería, terminar con aquellos lugares -como los que había en Colina 2- que se estaban volviendo impenetrables para el funcionamiento de la propia institución y que se habían enquistado precisamente por los poderes que estas bandas habían logrado instalar.
Junto con una serie de medidas, que incluyen mecanismos tecnológicos, de prevención, esperamos dar vuelta la situación y ganar esta batalla.
Estamos trabajando también en la formación del personal. Como ustedes saben, la Escuela de Gendarmería adquirió el nivel de institución de educación superior para los efectos educacionales y, en lo sucesivo, una vez que se terminen los planes que se están trabajando, los oficiales pasarán de dos a cuatro años de formación, y los suboficiales, de uno a dos años, mejorando así su preparación, que va incluida dentro de los proyectos de formación general que se tienen para capacitarlos en lo que significa la función de reinserción social y en otros temas, por ejemplo, en materia de derechos humanos, para asegurar un trato más adecuado hacia quienes están privados de libertad.
Asimismo, estamos trabajando fuertemente en el mejoramiento de la gestión, como bien lo recordaba el Senador Harboe en su presentación, y esperamos con eso ayudar a que el funcionamiento de esta institución, el uso adecuado de sus recursos, de los sistemas de información, puedan servir a la finalidad que buscamos.
Pero todo esto, como siempre, es posible en la medida en que quienes son responsables del funcionamiento de la institución estén en condiciones adecuadas. Me refiero con esto al personal uniformado de Gendarmería, que está en las Plantas I y II; y al no uniformado, que está en la Planta III.
Hoy día son cerca de 21 mil personas: 15.500 uniformados; el resto, no uniformados.
Ellos hacen posible que esta institución cumpla su fin, con dificultades, como nos ocurre en general a todas las instituciones, pero cada vez preocupados de mejorar su situación.
Este personal, señor Presidente, ha estado en muchos sentidos muy dejado en aspectos que son muy anhelados por ellos, particularmente por los gremios, que son muchos y que están muy interesados en sacar adelante el mejoramiento de la carrera funcionaria como primera prioridad.
Esta iniciativa ha sido el logro de una conversación, de un diálogo que sostuvimos desde el Ministerio Justicia, particularmente con la presencia y participación del Subsecretario, Juan José Ossa, trabajando y llegando a acuerdos con los gremios para asegurar que realmente se cumpla la finalidad de tener una carrera funcionaria que rompa las limitaciones que se le han ido poniendo, que entraban su función y que tienen efectivamente los problemas que aquí ya se han destacado.
Hoy día, Gendarmería atiende cada año a más de 140 mil personas. Unas están en un subsistema cerrado, que en el año 2018 atendió a 51 mil y fracción, incluyendo los imputados. Pero hay 62 mil que están en un subsistema abierto y 27.600 en el subsistema pospenitenciario. En privación de libertad hoy, en una foto rápida, hay 27.500 que están condenados y 13.500 que están en condición de imputados.
La dotación del servicio se ha más que duplicado en diez años: de 8.852, hay cerca de 21 mil funcionarios en la actualidad.
Esta situación genera dificultades mayores, que son las que precisamente este proyecto pretende resolver.
En el caso de las Plantas I y II, lo que ocurre es que es muy difícil que los funcionarios puedan ir alcanzando los grados superiores. Por tanto, se van estancando en sus respectivos grados sin poder lograr no solo el reconocimiento a la jerarquía de sus cargos, sino también los recursos que van acompañados en esos casos, salvo algunas excepciones que lamentablemente son insuficientes.
Se excede el tiempo mínimo para ascender al grado superior sin encontrar vacante. Hoy día tenemos alrededor de 7 mil funcionarios en esa situación.
Por otra parte, en el caso de los funcionarios no uniformados se presenta una relación entre la planta y la contrata que no es óptima, ni conveniente para las necesidades del servicio. Estamos hablando de que en este ámbito hay un poco más de 5 mil funcionarios, de los cuales 4 mil son a honorarios, lo cual es ciertamente una situación anómala en un servicio público.
El proyecto que estamos presentando, que fuera aprobado por la Cámara de Diputados con algunos aspectos que quisiéramos revisar en esta circunstancia, busca, por lo tanto, asegurar que los funcionarios de las Plantas I y II que cumplan con todos los demás requisitos accedan a los grados superiores en tiempos razonables. Es decir, sin exceder aquellos tiempos de permanencia mínimos que se establecen en nuestra legislación.
En seguida, se trata de otorgar al personal no uniformado mayor estabilidad en el empleo, pasando a muchos de ellos a la contrata; incluir como beneficiarios de la bonificación por egreso al personal no uniformado adscrito a Dipreca -no es una cifra muy significativa, pero es importante-; y regular en forma objetiva los ingresos de los funcionarios a las Plantas I y II, a fin de no repetir el crecimiento inorgánico de estos últimos tiempos.
En lo fundamental, el gasto neto que tiene el proyecto hasta el año 2028 es del orden de los 50 mil millones de pesos, aproximadamente, de acuerdo al detalle que está incorporado en el informe que ustedes tienen.
Aquí, para resumirlo en claro, el efecto que buscamos producir en términos prácticos y concretos se puede reflejar en la siguiente información.
En el año 2019 va a haber 95 ascensos, pero los funcionarios con tiempo cumplido para este año (estamos hablando de la Planta I) son 557; y esto es lo que va produciendo el atochamiento, el estancamiento. No hay tiraje en la chimenea.
Si se aplicara este proyecto de ley para este año en la Planta I, habría 234 ascensos, dejando en calidad de funcionarios de tiempo cumplido a 411; y así, año a año, lo que va ocurriendo es que los funcionarios de tiempo cumplido van disminuyendo, hasta llegar a cero el año 2022.
Eso, en el caso de la Planta I.
En cuanto a la Planta II, de 4.074 funcionarios con tiempo cumplido que tenemos hoy día, al año 2022 se llega a 1.767. Es decir, se baja drásticamente su número, con lo cual realmente producimos el tiraje a la chimenea y el reconocimiento económico y a la dignidad de los cargos que corresponde.
Estamos, pues, por esta vía, generando una verdadera carrera funcionaria, que corresponde al reconocimiento que se requiere, dada la naturaleza del trabajo de este personal penitenciario.
Hay mecanismos a través de los cuales esto se desarrolla.
Yo no sé, señor Presidente, cuánto quisiera usted que nosotros explicáramos esta materia, porque eso significaría entrar en un mayor detalle. Si le parece, dejo hasta aquí mi exposición y si hay inquietudes de cómo se logra esto; de cómo incorporamos, por ejemplo, el incentivo al retiro en forma significativa, con bonificaciones posteriores para estimular su mantención una vez que termine este período; así como respecto de otras medidas, estamos aquí, junto con el Subsecretario Ossa, a su disposición.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Muchas gracias, Ministro Larraín, por ese exhaustivo informe.
Se me ha solicitado abrir un plazo de indicaciones para este proyecto hasta el 15 de noviembre, a las 12 horas.
¿Le parece a la Sala?
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Es mucho!
El señor BIANCHI.-
Es mucho plazo.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Fue lo que pidió el Presidente de la Comisión.
Tiene la palabra el Senador Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, hasta el 15 de noviembre me parece un plazo excesivo. Estamos absolutamente contra el tiempo, y lo deseable sería obviamente, en la medida en que sea posible, sacar adelante este proyecto cuanto antes.
¿Tal vez el 5 de noviembre? Diez días antes.
El señor PÉREZ VARELA.-
Sí, el martes 5 de noviembre.
La señora ALLENDE.-
Sí.
El señor MOREIRA.-
De acuerdo.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
¿Les parece el lunes 4 de noviembre?
El señor BIANCHI.-
¡Perfecto!
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Muy bien.
--Así se acuerda.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
¡Servirá de regalo de cumpleaños para el Senador Bianchi...!
¡Venga ese día, sí...!
Puede continuar, señor Senador.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, lo primero es saludar con afecto y respeto a las funcionarias, a los funcionarios de Gendarmería, y a cada una de sus instituciones.
Ellos han vivido décadas de abandono por parte de nuestro Estado, ejerciendo su trabajo en condiciones precarias, con hacinamiento en las mismas infraestructuras penitenciarias, con dotación de personal insuficiente, entre otros muchos problemas que nos han hecho saber.
Gendarmería de Chile atiende, tal como lo ha dicho el propio Ministro Larraín, 140 mil personas, por lo que resulta de suma importancia poder velar hoy por el bienestar de los funcionarios, tanto uniformados como civiles.
Señor Presidente, ¿este proyecto de ley resuelve todas las falencias de esta institución? Claramente, no.
Y espero abordar en el más corto plazo las materias que quedan aún pendientes y que hemos venido conversando con los funcionarios, tanto uniformados como civiles, de esta institución.
¿De qué se encarga este proyecto? Ya lo han dicho el propio Ministro y quien preside la Comisión de Constitución -yo haré un resumen-: de la regulación del ingreso a la carrera, de la redistribución de cargos de plantas, de la lista anual de retiro, de la seguridad de los funcionarios, entre otras materias.
Pero, sin duda alguna, uno de los puntos más importantes que propone la iniciativa es terminar con el grave problema que viven los funcionarios y las funcionarias de Gendarmería al no poder ascender a los cargos de más alto grado dentro de la institución, no por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos, sino por falta de movilidad en los funcionarios de las Plantas I y II.
Frente a eso, el proyecto propone una bonificación por retiro, que impulse a los altos cargos a dejar la institución cuando corresponda y así favorecer la subida de escalafón de quienes vienen tras ellos.
Este incentivo al retiro se aplicará para aquellos funcionarios que al 31 de diciembre del año 2019 hayan cumplido más de 20 años de servicio y que, a la misma fecha, no hayan cumplido más de 28 y que se encuentren calificados en lista 1 (de mérito) o lista 2 (buena). En ambos casos, la bonificación no será imponible ni tributable y no constituirá renta para ningún efecto legal, además de que se pagará por Gendarmería de Chile dentro del primer trimestre del año calendario siguiente al de la cesación de sus funciones.
Hay que agregar también, señor Presidente, que las bonificaciones por retiro serán todas incompatibles con cualquier otra de naturaleza homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento y cualquier otro beneficio por retiro que hubiera percibido el funcionario o la funcionaria con anterioridad.
Esta es una de las grandes injusticias que no comparto en lo más absoluto, ya que las funcionarias y los funcionarios de Gendarmería de Chile son la única institución pública que tiene un sistema de ahorro para mejorar sus futuras pensiones y, ante este incentivo que se propone, ¡se les niega, se les quita, se les impide el retiro de sus propios dineros!
Esta tendría que ser, ojalá, una de las materias a tratar en la discusión en particular, cuando se presenten las indicaciones, que en este caso serán inadmisibles si las formula un Senador, por lo que habrá que ver la voluntad que exprese el Ejecutivo al respecto.
Señor Presidente, yo asistí al debate en la Comisión de Constitución. Allí expuso el Ministro y el Subsecretario. A lo menos, percibí un ánimo de intentar buscar un acuerdo, tanto con los funcionarios civiles como con los uniformados. Son ellos los que nos piden avanzar rápidamente en este proyecto de ley. En ese contexto, el Subsecretario señaló que, una vez aprobada la idea de legislar, está toda la voluntad del Ejecutivo para trabajar, en conjunto con los funcionarios y las funcionarias, las materias que no fueron incorporadas en el protocolo. No todas podrán ser acogidas -esa es una gran verdad-, pero se tratará de buscar algún consenso para mejorar las condiciones laborales de las funcionarias y los funcionarios.
Gendarmería de Chile necesita con urgencia la intervención de todos nosotros para mejorar su actual y precaria condición de trabajo, con falencias considerables de infraestructura y administrativas, con lo cual sus funcionarios quedan en el mismo nivel de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad.
Funcionarios públicos como los de Gendarmería de Chile necesitan hoy ser considerados con la importancia que se merecen con un proyecto de ley que reconozca la fundamental labor que realizan en todo nuestro país.
Voto favorablemente, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, la verdad es que no voy a entrar en el detalle de este proyecto, pues ya hemos escuchado al señor Ministro de Justicia y también a los Senadores que me antecedieron.
La situación de Gendarmería no es distinta de la crisis que afecta a las otras instituciones que tienen un rol en la seguridad pública.
La encuesta de la Fundación Paz Ciudadana prácticamente refleja que, ante la opinión pública, las instituciones se encuentran superadas en su papel tanto de contener como de combatir a la delincuencia.
Los tribunales, el Ministerio Público, las policías y Gendarmería adolecen de falta de personal y de herramientas suficientes para enfrentar la realidad delictual de nuestro país.
Pero Gendarmería tiene una situación diferente. De todas las entidades mencionadas, su personal es el que enfrenta las condiciones laborales más desmedradas.
Por eso tiene pleno sentido este proyecto de ley.
El diagnóstico lo conocemos hace años. Es el momento de solucionar y de construir en serio. Los funcionarios no pueden seguir esperando.
Ellos han concurrido incansablemente hasta este Congreso. Muchas veces me he entrevistado con sus dirigentes en la Región de Los Lagos.
Debemos hacernos cargo de esta crisis de una vez por todas, que afecta a miles de funcionarios.
En síntesis, se observa que hay una insuficiente y derruida infraestructura carcelaria; una estructura organizacional que no corresponde a los fines institucionales; políticas de personal incoherentes y discriminatorias, como aquí se ha dicho; una dotación insuficiente para el cumplimiento de sus fines, y escasos programas de capacitación.
Lo dijo el Ministro: Gendarmería atiende cada año a más de 140 mil personas, 50 mil en el subsistema cerrado, un poco más de 60 mil en el subsistema abierto, y algo menos de 30 mil en el subsistema pospenitenciario.
El proyecto que hoy debatimos -con los trabajadores en las gradas escuchándonos-, como en todo proceso, busca resolver algunos de los puntos de deterioro de la institución. El más grave de ellos, según me lo han expresado, es el de su personal, tanto uniformado como no uniformado, que se han desempeñado por años en medio de muchas falencias, tanto estructurales como administrativas, de lo que da cuenta esta iniciativa.
El proyecto contempla una bonificación por retiro, una redistribución de los cargos de la planta, nuevas reglas para ascensos, mejoramiento de asignaciones, normas que regulan el ingreso y retiro de la carrera, así como nuevas reglas sobre la seguridad y defensa de los funcionarios.
¡Son normas mínimas y su costo es muy razonable!
En verdad, no son sino un paso, dentro un proceso necesario de reforma, que transforma esta institución y que le permita cumplir efectivamente el rol al que está llamada de asegurar el cumplimiento de las resoluciones que dicten los tribunales, que es la clave en un Estado de derecho; pero también, su función social de generar las condiciones para la rehabilitación y reinserción de los condenados, sin lo cual todo lo que se invierte en seguridad pierde su efectividad.
Por tal motivo, señor Presidente, voto a favor.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Senador Francisco Chahuán, tiene la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, este proyecto es fruto del acuerdo, es fruto del diálogo.
Y quiero valorar, por su intermedio, la persistencia de los dirigentes nacionales de Gendarmería, como también el esfuerzo que han hecho el Ministro de Justicia y el Subsecretario, para los efectos de llegar a un acuerdo, el que se suscribió el 8 de noviembre del año pasado. Con ello, el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que agrupa a las principales asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile, logró avanzar sistemáticamente en ese esfuerzo.
Se han planteado varios temas, que están contenidos en este proyecto: la bonificación por retiro, la redistribución de los cargos de planta, las nuevas reglas para ascensos, lo relativo a la asignación de grado superior, la regulación del ingreso a la carrera, la lista anual de retiro y la bonificación por egreso.
Sin lugar a dudas, uno de los asuntos -yo diría- más sensibles dice relación con las carreras al interior de la institución. Es el caso de las Plantas I, de Oficiales, y II, de Suboficiales y Gendarmes.
No son pocos los funcionarios que a la fecha han excedido el tiempo mínimo para ascender al grado superior, pero sin encontrar vacante para que esto suceda. Más de 4 mil funcionarios a la fecha.
En otros términos, se encuentran "topados", sin posibilidad de ascender.
En suma, atendido el crecimiento inorgánico de las dotaciones a través de los años, se ha generado un problema con los ascensos de los funcionarios de las Plantas I y II del servicio.
Para solucionar en régimen el problema, es necesario regular tanto el ingreso a la carrera como el egreso de la misma, con el objeto de no repetir el crecimiento inorgánico de las dotaciones, por una parte, y evitar que en la parte superior de la carrera se genere un estancamiento, por otra. Con todo, en lo inmediato, es necesario hacerse cargo de los más de 15 mil funcionarios que hoy se desempeñan en dichas plantas.
También existe otro tema que debemos abordar: el estrés producido básicamente por las condiciones en que trabajan los funcionarios de Gendarmería.
Nosotros hemos venido trabajando largamente en esta materia, y hemos luchado por dignificar la función de los gendarmes: desde crear el Día Nacional de Gendarmería, que fue un proyecto de nuestra autoría, junto con el Senador Bianchi, hasta lograr finalmente visibilizar su labor y generar las condiciones que permitieran resolver los temas que dicen relación fundamentalmente con la planta.
Por su parte, en el caso de los funcionarios no uniformados, se presenta una desproporcionada relación entre planta y contrata, nuevamente producto de los aumentos progresivos de dotación que, desde el año 2003, no han tenido un correlato en la planta. Por esa razón, se efectúa un aumento en los cargos de planta para dotar de mayor estabilidad en la carrera a funcionarios clave, entre otros ámbitos, en la ejecución de políticas de reinserción social, y se introducen otras medidas tendientes a generar movilidad en dicha planta.
En efecto, en la actualidad la planta autorizada de 1.132 cargos se encuentra ocupada solo en un 64 por ciento, o sea, por poco más de 700 funcionarios, mientras que en la contrata hay más de 4.000.
Claramente, estamos ante una situación compleja, de la cual hay que hacerse cargo.
Por otra parte, los funcionarios no uniformados adscritos al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) tienen un trato asimétrico en relación con la aplicación de la bonificación por egreso establecida en la ley N° 19.998, respecto de los funcionarios de las Plantas I y II, lo que no se justifica.
El objetivo central de esta iniciativa, como ha señalado el Ministro, es introducir mejoras en la carrera funcionaria del personal de Gendarmería de Chile. Para tal efecto se busca principalmente:
1. Posibilitar que los funcionarios de las Plantas I y II que cumplan con todos los demás requisitos accedan al cargo y grado final de su carrera en tiempos razonables; es decir, sin exceder en demasía los tiempos mínimos de permanencia en cada grado, y, de esta manera, satisfacer una legítima aspiración de ascensos periódicos durante el transcurso de la carrera.
2. Otorgar al personal no uniformado mayor estabilidad en el empleo.
Estamos hablando de una función esencial.
Los propios funcionarios de Gendarmería, a quienes hemos acompañado muchas veces en las movilizaciones para generar puentes con el Ejecutivo, con el Ministerio de Justicia, que posibiliten el diálogo necesario, señalan que se siente parte de la población penitenciaria, porque están encerrados.
Se encuentran en una situación de riesgo, que es inherente a su labor, y ello, por supuesto, se relaciona con el estrés permanente en el que viven, producto de la actividad que desempeñan.
Quiero felicitar al Presidente Piñera; al Ministro y al Subsecretario de Justicia, quienes han tenido la voluntad de sentarse a la mesa a conversar y generar puntos de encuentro, y también a los funcionarios de Gendarmería de Chile, quienes estuvieron siempre dispuestos a mejorar esta propuesta.
No todos los temas se encuentran resueltos. Confiamos en que el trabajo posterior que se realice en la Comisión, tras la presentación de indicaciones, que requerirán, por supuesto, el patrocinio del Ejecutivo, permita resolver las materias pendientes, solución que siguen esperando los gendarmes de Chile.
Ciertamente, este proyecto es una mejora para Gendarmería y también el cumplimiento de la palabra empeñada por parte del Presidente Piñera, del Ministro de Justicia y del Subsecretario.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Senadora Isabel Allende, tiene la palabra.
La señora ALLENDE.-
Señor Presidente, como se ha expresado en la Sala esta tarde, los gendarmes tienen una labor importante, muy importante, que pocas veces es reconocida en nuestro país.
También se ha dicho que en las cárceles se encuentran más de 40 mil personas privadas de libertad: 27 mil condenados, 13 mil en prisión preventiva.
Es cierto que algo ha disminuido el hacinamiento, pero aún existen altos niveles de sobrepoblación en esos recintos.
A principios de año, el Instituto Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe que dejó en evidencia la falta de camas; el hecho de que la mitad de la población penal no tiene un lugar privado donde estar, y que en el 90 por ciento de las cárceles existían deficiencias estructurales.
Esto obviamente trae consecuencias en la labor que tiene Gendarmería, la que no da abasto, pese al aumento de personal -también se ha dicho esta tarde en la Sala-, de los más de 8.200 a 21.000 funcionarios en los últimos veinte años.
Este proyecto tiene por objeto mejorar la carrera funcionaria de Gendarmería, entre otras cosas, reduciendo los tiempos de permanencia en un grado; estableciendo una bonificación por el retiro; reasignando las plantas; generando reglas para el ascenso; permitiendo el acceso a la carrera; fomentando la capacitación profesional.
Se otorga, además, al personal no uniformado una mayor estabilidad. Esto viene a solucionar problemas que presentaba este sector, los que eran bastante dramáticos, porque se le impedía avanzar en su carrera funcionaria: solo ha habido tres concursos de promoción en los últimos diecisiete años.
La falta de movilidad, por cierto, es un gran problema, que, desde luego, desincentiva al personal, al no contar con opciones de mejora, incluso, en sus remuneraciones.
Por último, el proyecto tiene normas relacionadas con el incentivo a retiro, para que en cuatro años cien funcionarios de la Planta I y mil de la Planta II puedan adelantar su salida. Esperamos que dicho beneficio sea una compensación para estos por sus años de servicio.
Hago presente que, por cierto, vamos a apoyar este proyecto de modernización.
Aprovecho la oportunidad para saludar a las agrupaciones que nos acompañan y que se han acercado a la oficina a hablar con nosotros: a la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, y a la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile.
Creemos que han hecho un trabajo de diálogo persuasivo, gracias al cual se ha logrado un acuerdo. No ha sido fácil; les ha tomado tiempo. A veces, ha sido frustrante por las expectativas y por el tiempo que llevamos ocupados en lo mismo.
El problema no es solo el hacinamiento en las cárceles, sino también las condiciones en que trabaja nuestro personal de Gendarmería.
La labor de los gendarmes es compleja, es una tarea difícil. Claramente no se encuentran en las mejores condiciones.
Me alegra haber escuchado al Ministro decir que va a haber un plan de infraestructura, porque las condiciones de habitabilidad en las cárceles no son dignas. Y es fundamental que los gendarmes tengan las mejores condiciones para ejercer su rol.
Por lo tanto, espero que efectivamente esto avance, sobre todo respecto de las condiciones de infraestructura necesarias, como las de mayor seguridad.
También se ha mencionado, por desgracia, que la delincuencia que existe dentro de las cárceles es muy agresiva; está mejor organizada; dispone, incluso, de armamento o de teléfonos, lo que no corresponde, todo lo cual pone en riesgo la seguridad que existe al interior de los recintos.
Quiero señalar que quizás es el momento para discutir una reforma a Gendarmería mucho más integral, como lo indicó el propio Ministro en la Comisión. Es urgente, por el crecimiento que ha tenido la población penal.
Por eso se necesita este plan de infraestructura con enfoque en los derechos humanos y una mayor formación y capacitación para el personal.
Además, hay que enfrentar los nuevos problemas que hay dentro la población penitenciaria, como la existencia de grupos organizados, como ya señalé.
Creo que es importante que demos este paso, y lo vamos a apoyar. Pero debemos seguir pensando en todo lo que se va a requerir para realmente entregar las condiciones de infraestructura que son esenciales, más todo lo que hemos mencionado con relación a la carrera funcionaria en Gendarmería.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, es de común ocurrencia escuchar discursos en los que se señala que resulta importante meter presos a los delincuentes. Y muchas veces la señora o el señor que lo dice en su casa no tiene conciencia de lo que significa aumentar exponencialmente la población penal.
Chile tiene hoy día una población penal un poco superior a las cien mil personas, entre internos, cautelares y medidas en libertad (en medio libre).
Y estas se encuentran sometidas al control de una institución: de Gendarmería.
Pero esa señora o ese señor que a la hora de almuerzo exige mano dura, más represión, más presos, no está dispuesto por ningún motivo a que la cárcel esté cerca de su casa, ¡por ningún motivo!
Y tampoco tiene conciencia de que esos penales son cuidados por más de veinte mil personas, que ofician de gendarmes o de funcionarios de la institución y que muchas veces se encuentran en condiciones extremadamente adversas para cumplir sus funciones.
Cuando la sociedad le encomienda a una persona una labor tan difícil como la de un gendarme, tiene el deber ético de establecer condiciones jurídicas de protección, condiciones sociales de protección y condiciones logísticas de protección.
Y la verdad es que, frente al aumento de la población penal, los diferentes gobiernos han ido incrementando la dotación de Gendarmería, para pasar -me puede corregir el Ministro- de cerca de nueve mil novecientos funcionarios, en 1999, a más de veintiún mil, hoy día. Pero ese crecimiento de la dotación, que tenía por objetivo dar adecuada cobertura a las demandas de la población penal, no fue acompañado necesariamente de las mejoras en infraestructura para garantizar, no digo un hotel, sino una habitabilidad digna.
¿Por qué cuando un trabajador llega a su oficina esta se encuentra aseada y es segura, pero cuando llega un gendarme a la suya no está en las mismas condiciones? Porque en el momento en que se diseñaron las obras de infraestructura no se pensó en quiénes iban a cumplir funciones ahí y en la necesaria dignidad de sus espacios. Pero, a su vez, en el diseño del aumento de las dotaciones tampoco se pensó en los impactos que, desde el punto de vista social, iban a tener los incrementos reiterados de dotación. El primero de ellos fue abordado y discutido en la Comisión, y tiene que ver con la carrera funcionaria.
Yo me atrevo a decir que en Gendarmería de Chile no existe carrera funcionaria, porque la carrera funcionaria supone, como su nombre lo indica, un proceso en virtud del cual los funcionarios van pasando determinados grados hasta llegar a la cúspide de la pirámide. Y la verdad es que, cuando uno mira el modelamiento, ve que eso ya no es pirámide: se halla bastante deformado. Pero, asimismo, no está garantizado que un funcionario o una funcionaria que cumpla de buena forma su labor, que tenga un buen desempeño, buenas calificaciones, pueda llegar a la cúspide de su carrera desde el punto de vista del grado.
Ahora, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que muchas veces sirve de espejo para estas cosas, establece lo que se llama el "mayor sueldo", que consiste en que si un funcionario ha pasado más de nueve años en un grado, tiene derecho automáticamente a que se le pague el mayor sueldo aun cuando no se materialice el ascenso.
¿Y qué pasa con la remuneración? Esta no es acorde al riesgo, porque sepan ustedes, por ejemplo, que cuando se dispone la realización de un partido de fútbol de alto riesgo y se manda a fuerzas especiales a resguardar el evento, ese equipo de fuerzas especiales recibe una asignación de riesgo especial. Pero la verdad es que en el caso de Gendarmería se entendió que la remuneración incluía el riesgo. ¿No será mucho más riesgosa la función de un gendarme, que debe cuidarse permanentemente en su lugar de trabajo de no ser acuchillado, de no ser agredido, o de no ser lo que sea?
Bueno, ahí hay un elemento que se debe discutir en algún minuto.
¿De qué manera nosotros asumimos como sociedad que a ese funcionario le estamos encomendando una labor muy difícil y riesgosa, que debe ser debidamente compensada? Claro, una reforma de remuneraciones puede ser extremadamente onerosa; pero hay mecanismos conforme a los cuales uno puede ir generando ciertas compensaciones -como dije, con habitabilidad, con carrera funcionaria-. Porque, evidentemente, si cada funcionario estuviese los años que corresponde en cada grado, podría ascender y ver con perspectiva de futuro cómo sus remuneraciones van aumentando en un tiempo normal. Pero eso tampoco ocurre.
En consecuencia, hay que mirar a esta institución más bien estratégicamente y pensar cómo nosotros logramos crear un incentivo a la permanencia en el tiempo, al mejoramiento de la gestión y, por supuesto, al respeto de los derechos no solo de los gendarmes, sino también de los internos, porque una cosa es que los mandemos presos, pero otra muy distinta es que, por el hecho de estar recluidos, sean vejados y violados en sus derechos fundamentales.
Este proyecto que estamos discutiendo hoy día en general es producto de un proceso de conversaciones, de negociaciones, no exento de tensiones, y llega a un punto de encuentro en varias materias que aquí se abordan, pero hay otras en las que no ha habido acuerdo y que tendremos que analizar en la discusión en particular. Por de pronto, el modelamiento; también, la compatibilidad del bono de retiro con la asignación, que son algunos de los elementos que uno debiera empezar a mirar en la discusión en particular.
Pero, igualmente, hay que hacerse cargo de una situación muy compleja. A este respecto, debo decir que en un diálogo que tuvimos en Ñuble con nuestro dirigente Cristián Montesinos comentábamos justamente la necesidad de enfrentar esos otros temas, que son más estructurales y en los que es preciso hacerse cargo de esa realidad.
Quisiera preguntar lo siguiente.
Cuando decimos que vamos a tener gente en el medio libre, ¿cuál es el presupuesto que tienen asignado hoy día los funcionarios que se dedican a esa parte de la función?
Cuando decimos que debe haber una función de reinserción social, seamos honestos: ¿qué capacidad real de reinserción social tiene un preso en Chile si la infraestructura carcelaria, incluida la de concesiones, está completamente sobrepasada en cantidades, metro cuadrado versus cantidad de internos?
Entonces, este es un debate más profundo, que se vincula con lo que estamos observando hoy día. Actualmente, vemos una crisis en materia de seguridad, la que no se había visto en años: se trata de las cifras más altas de los últimos nueve años en materia delictual. Y esto no es casualidad, ¡no es casualidad, pues!, porque, cuando un delincuente es condenado a una pena menor -uno o dos años-, no hay nadie, ¡nadie!, que piense que ese delincuente saldrá reformado y que tendrá muchas ganas de insertarse en la sociedad. Probablemente, aspira a eso, pero su relación con un delito más grave dentro de la cárcel le puede haber generado a lo mejor un escalamiento en sus redes. Y, al final del día, puede salir más peligroso de lo que entró.
Por lo tanto, ahí hay un punto.
Ahora bien, al funcionario de repente se le exige diciéndole: "Oiga, bueno, ¿y usted por qué no rehabilita?". Y su respuesta es: "¿Cómo voy a rehabilitar yo si con suerte puedo salvar mi vida, mi integridad física?".
Se dice que hay sectores en las cárceles a los cuales no entra Gendarmería. ¿Cómo es posible eso? Pero, también, ¿cómo le exijo yo al funcionario que ingrese ahí si no tiene las condiciones de seguridad necesarias? ¿Cómo ese gendarme le explica a su hijo o a su hija, cuando sale de su casa en la mañana, que a lo mejor no volverá, por el riesgo?
Planteo esta reflexión, señor Presidente, porque este proyecto, probablemente, sea el punto de partida. Pero Chile necesita dar una discusión de verdad. Estas discusiones tal vez son impopulares.
Señalo eso porque hay gente a la que no le gusta que se invierta en cárceles, que se destinen recursos a estos fines. Pero si no somos capaces de tomarnos este tema en serio, mi percepción es que el fenómeno del delito no lo podremos resolver y la gente va a seguir viviendo en condiciones de inseguridad. Y cuando digo que "la gente va a seguir viviendo en condiciones de inseguridad", es porque hay muchas personas que viven en inseguridad transversalmente desde el punto de vista social. Pero vive más insegura la gente más pobre, porque no tiene elementos para conseguir su propio mecanismo de seguridad.
En consecuencia, este es un debate ético.
Y yo valoro que estemos dando este debate, iniciando esta discusión. Sin embargo, insto a que esta sea profunda y enfrentando lo que necesitamos: ¡una institución de Gendarmería de cara a los nuevos desafíos y no solo mirando el pasado!
Muchas gracias.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, no abordaré el proyecto en materia técnica puesto que tanto el informe del Presidente de la Comisión de Constitución como lo expresado por el Ministro de Justicia y otras intervenciones han dado cuenta en detalle de una iniciativa que es relevante.
Lo que yo quisiera destacar es que ella nace de una profunda discusión y de un acuerdo entre Gendarmería y el Gobierno.
El 8 de noviembre del año pasado, el Frente de Trabajadores Penitenciarios, que agrupa a las principales asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile, suscribió un acuerdo con el Ministro Larraín. Ese fue un trabajo intenso, y seguramente muy debatido, en que tuvo también una importante participación el Subsecretario de Justicia, don Juan José Ossa.
Creo que eso demuestra que hay una voluntad de hacerse cargo de los problemas, de saber que existe una institución que, lamentablemente, durante muchos años no tuvo por parte de la autoridad pública la relevancia que requería y respecto de la cual todos en verdad hoy día expresamos que es absolutamente indispensable.
Cuando uno conversa con los gendarmes se da cuenta del grado de sacrificio con que ellos desarrollan su tarea, del grado de incomprensión con que la realizan, del grado de riesgo con que la ejecutan.
Debo decir que nunca había visto que las propias asociaciones de funcionarios pudieran sentarse con la autoridad y llegar a un acuerdo. Y eso quiero relacionarlo con mi vivencia en la discusión en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Fueron dos dirigentes. Uno en representación de los funcionarios penitenciarios uniformados, y otro, de los no uniformados, quienes expresaron con toda nitidez sus anhelos y sus pretensiones.
Por lo menos de lo que recuerdo, el presidente de los gendarmes uniformados nos pidió dar luz verde al proyecto. Y, si mi memoria no me engaña, él nos señaló que, de diez temas, estaban de acuerdo con nueve; y que, por lo tanto, era absolutamente necesario darle impulso a la iniciativa, porque significaba poder caminar y avanzar.
Por eso en la Comisión de Constitución se tomó la decisión de aprobar el proyecto en general, incluso en esa misma sesión, para que se tratara en la Sala y pudiéramos discutir con las mismas asociaciones y dirigentes las normas en particular y así perfeccionarlo.
Aquí hubo un acuerdo que nació el 8 de noviembre de 2018. Y, en ese sentido, deseo valorar el esfuerzo de las organizaciones de los trabajadores, pero también la actitud y el trabajo del Ministerio de Justicia.
Sin el trabajo de ambos a lo mejor hubiéramos tenido una iniciativa o una situación mucho más conflictiva. Pero con la concurrencia de estas dos voluntades actualmente tenemos un proyecto que, sin temor a equivocarme, la Sala aprobará unánimemente. Es decir, una realidad absolutamente distinta.
Eso constituirá una primera base que nos permitirá mirar a la institución de manera más normalizada, en que sus plantas, carrera funcionaria y ascensos sean mucho más racionales que ahora, en que se perjudica fuertemente a sus propios trabajadores.
No hay duda de que requerimos mejores cárceles e infraestructura. Los gendarmes son los primeros que saben que cada vez que se intenta hacer un nuevo proyecto, y lo estamos viviendo ahora en Ñuble, existe una oposición muy fuerte por su ubicación o por cómo se trata el tema. Porque a lo mejor hay una visión de la ciudadanía absolutamente desfasada de lo que debiera ser el régimen penitenciario. Y nosotros tenemos una labor que hacer al respecto.
Por eso, y teniendo presente que hay un acuerdo importante, significativo, no sé si llamarlo "histórico", no sé si llamarlo un acuerdo sobre el cual hace mucho tiempo que no teníamos conocimiento de que existiera división al interior de Gendarmería con el Ministerio de Justicia, es que por lo menos expresamos nuestro voto favorable en la Comisión de Constitución. Y queremos expresarlo también en la sesión de la Sala pidiendo unánimemente que demos luz verde a la iniciativa, como han pedido los funcionarios de Gendarmería, para seguir trabajando por esta institución, que requiere, merece y necesita lo que su texto está expresando en todos y cada uno de sus artículos.
He dicho.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla. Y, a continuación, la Senadora Yasna Provoste.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, la iniciativa de Gendarmería se inserta en un problema sistémico mayor: la delincuencia y la seguridad de las personas.
Este tema no es solo del país, sino también del mundo, respecto de los riesgos de la vida y de las incertidumbres que nos rodean como sociedad. Entonces, uno se da cuenta de que en todas las encuestas que se hacen algunas de las principales preocupaciones de la gente son la delincuencia y la seguridad.
Y resulta que después de tanto discutir en democracia sobre el tema, después de los noventa, uno se encuentra con que sale hoy una encuesta de una institución que se dedica específicamente a estas materias, en que se señala que la delincuencia ha aumentado.
Entonces, uno dice: "Bueno, ¿qué hemos hecho como sociedad y en los distintos gobiernos para enfrentar este tema tan crucial, importante y que está en la preocupación de la gente?".
Por eso digo que el proyecto de Gendarmería se inserta dentro de algo más integral, más sistémico. Porque en los últimos años tuvimos distintas crisis en organismos relacionados con la seguridad.
Tuvimos la crisis de Carabineros, con todo lo que ese proceso significó en una institución con tanto prestigio en Chile, en que se cayó un ídolo, como lo era Carabineros de Chile, con todo lo que pasó en materia de probidad, de controles internos, de altos mandos que incurrieron en faltas de probidad y en delitos. Y, como consecuencia de ello, hubo que reestructurar esta institución mediante una ley específica.
Nos sucedió con el Sename, en que nos dimos cuenta de manera dramática de la situación de los niños, de las residencias y de lo que pasaba con los menores infractores de ley.
Nos pasó con los servicios de inteligencia, que montaron verdaderas máquinas fraudulentas con lo que pasó en la región que represento.
Sucedió con el Ministerio Público, que también está cuestionado en muchas de sus actuaciones.
Entonces, cuando hoy estamos viendo un proyecto de Gendarmería de Chile, digo que esta lucha debe ser integral, sistémica, pero la verdad de las cosas es que resulta difícil que alguien tenga una receta para ello.
Pero yo pediría al Gobierno, y a todos, que fuéramos más humildes. Porque tal como aquí se levantaron expectativas respecto de la economía, como diciendo "mira, aquí llego yo, y todo esto se arregla", también en materia de seguridad oímos discursos en que se señalaba que la fiesta se acababa, que a los delincuentes se les había terminado la puerta giratoria.
Entonces, seamos más humildes como sociedad. Es un tremendo problema el que tenemos, que no es del Gobierno, no es de la Oposición, es de nosotros como sociedad, y necesitamos determinar cómo lo enfrentamos. Y resulta que el último eslabón de la cadena es una institución que hemos tenido abandonada por muchos años: Gendarmería de Chile.
Existen informes de la Corte Suprema y de la Fiscalía que indican que se confunden los presos con los funcionarios porque viven una vida horrible, estando encarcelados en condiciones miserables.
Por lo tanto, es lógico que los funcionarios de Gendarmería se hayan organizado, que hayan dado una lucha y que por muchos años hayan pedido que se les tomara en cuenta.
Así como critico una primera parte, expreso que me parece bien lo que aquí se ha hecho, porque vi que en la Comisión de Constitución había un diálogo entre el Ministerio de Justicia y los dirigentes de Gendarmería, pues su situación amerita que tomemos medidas.
Por eso hoy estamos discutiendo la iniciativa en general; o sea, aprobando sus ideas matrices, como resaltó el señor Presidente de la Comisión de Constitución, en el sentido de ver las carreras funcionarias, las distintas plantas, el ingreso, el egreso, la situación de los funcionarios no uniformados, el sistema de planificación institucional, un plan de reinserción, financiamiento, etcétera. Esas son las ideas matrices de la iniciativa.
Pero esto debemos aterrizarlo en la discusión en particular, donde tendremos que entrar al detalle, donde deberemos, de nuevo, volver a escuchar a los dirigentes de los funcionarios de Gendarmería para que ojalá en esta larga cadena de errores que hemos cometido de manera sistémica podamos despachar un buen proyecto, que permita avanzar en esta tarea.
Porque resulta que a los chilenos y chilenas que visten el uniforme de Gendarmería de Chile o que son civiles y que trabajan en esta institución les toca lidiar con compatriotas, también chilenos y chilenas, que se alzaron contra la sociedad, contra sus hermanos de país, a quienes probablemente mataron, les robaron por distintas razones: psicológicas, culturales; de desprecio y de alzamiento contra una sociedad injusta que no les da oportunidades, que es desigual, humillante, consumista, individualista y que los relega a una vida sin sentido.
¡Quién soy yo para juzgar eso!
Pero la sociedad se ha dado una organización para enfrentar esa situación. Entonces, a esos funcionarios les corresponde tratar con esas personas. ¿En qué condiciones? En condiciones miserables, como las que describió el Senador Rabindranath Quinteros, quien se refirió exactamente a las carencias que tenían, que yo naturalmente las hago mías.
Por eso digo que tenemos una deuda pendiente con un eslabón, probablemente el más débil, del sistema para combatir la delincuencia.
Por ello me alegra mucho que el señor Ministro de Justicia y los dirigentes hayan trabajado este proyecto, conjuntamente con el señor Subsecretario y sus asesores. Y en la discusión particular seguiremos profundizando sobre estos temas, de tal manera que ojalá en el curso de estos años podamos avanzar sistémicamente en el largo, difícil e inacabado territorio de la lucha contra la delincuencia, un mal que nos acompaña a los seres humanos tal vez por nuestra naturaleza; no sé, no quiero hacer filosofía. Pero esa es la realidad que nos toca vivir como sociedad.
Por las razones expuestas, voto a favor.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, quiero saludar al Ministro de Justicia y a los dirigentes que han estado acompañando este debate y que se han desplegado en cada una de las regiones para conversar con los parlamentarios.
En el caso nuestro, saludo a la distancia a Hugo Carmona, quien nos manifestó el interés, que hacemos nuestro también, de apoyar una iniciativa que además se enmarca dentro de la organización que los funcionarios y funcionarias de Gendarmería se han dado.
Como aquí han señalado algunos Senadores y Senadoras, este proyecto de ley surge de un protocolo de acuerdo, tras una intensa movilización en donde el diálogo en determinado momento no había sido una herramienta que hubiera estado al alcance del personal de Gendarmería para hacer escuchar sus demandas. Y tuvieron que llegar a la movilización más dura para, finalmente, entablar el referido protocolo, que se traduce en buena parte en esta iniciativa.
Y digo en buena parte, pues no todos los elementos consignados en el protocolo de acuerdo fueron incorporados estrictamente en el mensaje que el Ejecutivo acompañó a este proyecto de ley para su discusión en el Parlamento.
Estamos de acuerdo en que a través de los años las dotaciones de Gendarmería han experimentado un crecimiento inorgánico. Además, todos quienes integran esta familia -hablo del personal uniformado y no uniformado- han enfrentado situaciones complejas derivadas del crecimiento inorgánico en sus dotaciones, de la poca claridad en los mecanismos de ingreso, de mejora de carrera y, sobre todo, de acceso a mayores grados de estabilidad funcionaria.
Y aquí me refiero fundamentalmente a la realización de un análisis mucho más adecuado en cuanto a lo que deberían ser actualmente las plantas y las contratas dentro de Gendarmería de Chile.
Señor Presidente, quiero poner mi foco particularmente en los trabajadores penitenciarios no uniformados de Gendarmería, respecto de los cuales esta realidad es aún más dramática.
Son cerca de 4 mil trabajadores que están en calidad de contrata; y solo un número muy inferior, cerca de setecientos, ha alcanzado el régimen de planta.
Esta iniciativa de ley subsana un déficit estructural que impide al personal penitenciario no uniformado avanzar en su carrera funcionaria. En los últimos diecisiete años se han realizado solo tres concursos de promoción y únicamente para quienes pertenecen a la planta; y solo el 2003 los funcionarios a contrata o las personas que vienen de fuera del servicio pudieron participar en el concurso pertinente.
Lo planteó muy bien el Senador Francisco Huenchumilla, quien integra la Comisión de Constitución en representación de la bancada de la Democracia Cristiana, porque el Estado les encomienda a los funcionarios y a las funcionarias de Gendarmería una tarea muy delicada, en particular al personal no uniformado: la rehabilitación y la reinserción de las personas que han cometido algún tipo de infracción.
En conversaciones que hemos sostenido con dirigentes de la Región de Atacama, nos plantearon las dificultades que han debido enfrentar para llevar a cabo estas labores de reinserción, en que su integridad física ha corrido riesgo. Es decir, acá es importante mirar el propósito de la tarea y no solo si ella se desempeña dentro de recintos carcelarios. Esto, porque muchas veces las labores que tienen que realizar quienes están fuera de los recintos carcelarios -básicamente, las unidades o centros de reinserción social- generan riesgo para su integridad física, lo cual también es necesario cautelar en este proyecto de ley.
Señor Presidente, tal como lo señaló el Senador Huenchumilla, nuestra bancada va a apoyar positivamente esta iniciativa en general. Sin embargo, esperamos que en la discusión particular se puedan recoger las preocupaciones que se han planteado y que el protocolo que se suscribió tras deponerse la movilización de Gendarmería sea traducido íntegramente en el trabajo llevado a cabo en el ejercicio legislativo.
Voto a favor.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, me ha correspondido interactuar en diferentes ocasiones con funcionarios de Gendarmería de Chile y con dirigentes de las diversas organizaciones que existen al interior de esta institución.
Quiero destacar aquí a Fredy Letelier, a Luis González, a Pedro Mancilla, de la Región de Aysén, a través de los cuales uno se ha ido adentrando en la realidad del mundo penitenciario, del mundo de Gendarmería de Chile.
Conozco cuatro de los cinco centros penales que tenemos en nuestra Región (Coyhaique, Aysén, Chile Chico y Cochrane), en los cuales uno constata regular y permanentemente las condiciones en que los funcionarios uniformados y no uniformados desarrollan sus labores.
Por años hemos escuchado las demandas y requerimientos que han planteado los gendarmes para mejorar sus condiciones de vida; para mejorar su situación institucional y de infraestructura. Y hoy día, efectivamente, con toda precisión podemos decir que se está dando un paso adelante en la materia.
Al respecto, quiero destacar en la persona del Ministro de Justicia, don Hernán Larraín, el que se hayan podido sentar en una mesa de trabajo para los efectos de fijar tareas a desarrollar.
¡Cómo no recordar el drama acontecido en la cárcel de San Miguel hace algunos años, con todo el dramatismo que ello tuvo!
En verdad, creo que este es un paso adelante, y aquí hay coincidencia en el sentido de que debe construirse una mirada más integral hacia el futuro acerca del significado de Gendarmería.
Muchas veces, en nuestra condición de parlamentarios, vienen dirigentes a plantearnos la necesidad de corregir materias en torno a la actividad: perfeccionamiento de los sistemas de control interno; cómo separar el problema derivado de las influencias políticas.
Al respecto, muchos dirigentes me han señalado que hay períodos en los cuales la institución se halla capturada por determinados partidos políticos, los cuales utilizan la institucionalidad de Gendarmería.
Me consta en algunos casos haber visto en la Región de Aysén la contratación en Gendarmería de periodistas con altos niveles de remuneraciones, en circunstancias de que sus funcionarios andaban en precarísimas condiciones en materia de implementación básica.
Creo que estamos frente a un desafío que va a requerir el diseño y la construcción de una estructura mucho más amplia. Y me alegro de que hoy día estemos resolviendo problemas de índole remuneratoria, de mejoramiento en la escala de sueldos, de sistema de incentivo al retiro, de establecimiento de bonos tanto para el personal de las Plantas I y II como para los funcionarios no uniformados.
Sin embargo, considero que tenemos una tarea pendiente en cuanto a avanzar hacia la construcción de una institucionalidad distinta.
Es curioso, Carabineros de Chile depende de una autoridad política formal; pero cuenta con una construcción institucional, con un estatuto que lo define y que le ha dado claridad. Y más allá de las dificultades que ha debido enfrentar en materia de manejos internos, en que los responsables tendrán que pagar con las sanciones que ello amerita, no podemos decir lo mismo respecto de Gendarmería.
Por eso esta institución ha estado sometida permanentemente a los vaivenes de las circunstancias políticas. Y ello no es bueno para Gendarmería, que no solo cumple la fundamental tarea de custodia, sino también la de llevar a cabo procesos de rehabilitación.
Entonces, me parece importante que hoy día se esté dando un paso en esa dirección. Sin embargo, también tenemos necesidad de avanzar en la construcción de un marco regulatorio, de una carrera funcionaria, de un estatuto, de una institucionalidad que se haga parte de modo mucho más integral de los grandes desafíos que tiene Gendarmería, institución que, como aquí muy bien se dijo, cumple un rol esencial en el desarrollo de la gran tarea que realiza.
Por ello, no me cabe la menor duda de que este proyecto va a ser apoyado unánimemente. Y habrá que avanzar en la discusión particular con relación a los aspectos que deben estudiarse con más detalle.
Pero además quiero señalar que esto nos abre una ventana, una puerta quizás, para avanzar en la construcción de un marco regulatorio general que permita profesionalizar a Gendarmería en su globalidad; fijar con claridad los requisitos de ingreso y de salida; establecer la secuencia que tendrán los funcionarios durante su carrera en la institución, en que se valore y reconozca el tremendo papel que desempeñan.
Sinceramente, valoramos el paso que se está dando en esta ocasión. Nuestra bancada evidentemente va a apoyar este proyecto, porque sabemos que es de justicia y, asimismo, de reconocimiento a la labor que lleva a cabo Gendarmería. Nos alegramos por sus funcionarios, quienes se verán beneficiados con esta iniciativa.
Esperamos sinceramente que esta apertura signifique también el inicio de un proceso a través del cual podamos hacer de Gendarmería de Chile la verdadera institución que nuestro país necesita.
Voto a favor.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
A continuación, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, lo hemos dicho y reiterado a lo largo de muchos años: la tríada de oro de la seguridad pública la conforman el Poder Judicial, nuestras policías y Gendarmería, y es la que nos permite enfrentar la seguridad ciudadana, la seguridad pública de manera ordenada, eficiente e institucional.
Pero hasta hace poco (y todavía ocurre), renovación en el Poder Judicial; nuestras policías cada día con más recursos. Y Gendarmería, ¡el patio trasero de esta tríada de la seguridad pública!
Hoy día se hace en parte justicia respecto de una postergación incalificable, inaceptable y también histórica. Quienes trabajan en Gendarmería no tienen por qué ser funcionarios de segunda dentro del plan para enfrentar la delincuencia, en circunstancias de que les corresponde llevar adelante una parte muy compleja de él, como aquí ya se ha señalado.
Esta lucha no es solo de ahora: tiene muchos años. Me acuerdo de que en su momento marchamos desde la Penitenciaría hasta la Moneda, en distintos gobiernos, de diferente signo. Entonces, ha habido una lucha constante a través de las diversas organizaciones de Gendarmería, que para mi gusto son muchas. Pero hoy día, de manera responsable, los gremios han enfrentado de modo austero y serio un acuerdo, un protocolo con el actual Gobierno para tener este proyecto de ley de planta.
¿Resuelve esta iniciativa todas las dificultades de Gendarmería? No lo hace. Sin embargo, es un avance significativo.
Gendarmería, del año 1999 al 2019, pasó de 8.800 funcionarios a 21.000. Y las cárceles se hicieron estrechas no solo para los reos, sino también para los gendarmes.
Por tanto, esto de incorporar las Plantas I y II a un proceso de ascenso postergado no va a ser fácil. En la Planta I, de oficiales penitenciarios, y en la Planta II, de suboficiales y gendarmes, van tener posibilidades de ascender quienes han esperado diez a quince años.
Esto durará cerca de diez años, y espero que sea respetado por la institucionalidad; que cualquiera que sea el Director de Gendarmería honre el protocolo y proceda a efectuar los ascensos de la forma como se determina en la ley en proyecto.
Hay más de cuatro mil ascensos pendientes. Yo me pregunto cuántos funcionarios van a ascender, porque la ley pertinente tiene mucho retraso.
Eso significa que habrá que proceder con cautela, con transparencia, con decisión. Y si la ley es insuficiente, habrá que revisarla, pues la acumulación es mucha: los ascensos se detuvieron, se estancaron.
Señor Presidente, vale la pena señalar que Gendarmería no solo está integrada por personal con uniforme: también hay funcionarios no uniformados, quienes, adscritos al régimen de Dipreca, tienen un trato asimétrico en cuanto a la aplicación de la bonificación por egreso, que fue establecida en la ley N° 19.998 para los funcionarios de las Plantas I y II.
Ello carece de justificación, pues tienen las mismas tareas dentro de un proceso integral. Y si se trata de un tema pendiente, no lo vamos a perder de vista.
Los funcionaros no uniformados tienen los derechos y también las responsabilidades inherentes a una institución como Gendarmería.
En el proceso de mejoramiento y de modernización destacan clasificación de nuevas unidades penales, tecnología de seguridad, control de visitas. Hay que darle dignidad al control de visitas. Y espero que así sea. Para eso hay que tener inversiones adecuadas, a fin de evitar el roce entre gendarmes y visitas. Todos sabemos lo que allí sucede, y hay que cautelar que no ingresen elementos indebidos.
Gendarmería requiere ser parte de un Sistema de Inteligencia del Estado, lo cual me parece extraordinario. Por cierto, ello eleva la dignidad, pero también la eficiencia de un sistema de inteligencia estatal.
Asimismo, hay un Plan Anticorrupción en marcha y escuelas de formación. Ojalá tuviéramos muy buenas escuelas de formación. Las tenemos; no obstante, todo indica que hay que aumentarlas, protegerlas y financiarlas debidamente.
Los gremios -lo dije y lo reitero- han planteado propuestas realistas.
Sin embargo, un punto de controversia sigue siendo lo relativo al fondo solidario, cuestión que no se resuelve en este proyecto. ¿Se pueden recuperar los recursos del fondo solidario? Hay pocas instituciones que tengan un fondo de esta índole. Si el asunto se halla pendiente, tenemos que abordarlo. No sé si eso forma parte de los acuerdos, pero lo que percibo es que si hay plata de los gendarmes, esta les pertenece a ellos.
Esto es como lo que sucede con las AFP: ¿de quién es la plata? Nos dicen que de los trabajadores, pero estos no pueden tomar un solo peso. Si los recursos en este caso son de los funcionarios, estos pueden y deben tener acceso a ellos. El fondo solidario y el retiro de los aportes de los funcionarios son cuestiones que no pueden ser eludidas.
Señor Presidente, el sistema de asignación de incentivo al retiro es un parche. Digámoslo francamente.
Hemos venido utilizando ese mecanismo con los profesores, en el ámbito de la salud, en fin, pues ha fallado el sistema previsional.
Creo que Gendarmería y muchos otros gremios del Estado no se merecen tener un incentivo al retiro, sino que requieren un sistema previsional capaz de darles dignidad a décadas y décadas de trabajo; un sistema previsional que dé garantías para una jubilación digna. Y eso debe hacerse con transparencia y también sin discriminación.
Señor Presidente, Gendarmería sigue teniendo, a pesar de este esfuerzo, dos regímenes previsionales, tres plantas y diversas escalas de remuneraciones, que forman parte del sistema de transparencia que necesariamente todas las instituciones han de cumplir, incluso el Congreso, cuestión en la que se está trabajando tan arduamente.
Señor Presidente, hay un tema que ha quedado pendiente, que tiene que ver con que los funcionarios, para acceder al sistema de Dipreca, deben tener veinte años de servicio en la planta.
Sin embargo, muchos funcionarios no tienen los veinte años de planta, pero sí muchos años en Gendarmería, porque tardaron en ingresar a la planta. Esto va a provocar, por cierto, un problema de discriminación y es un problema que también debemos abordar.
El diseño de las plantas, el diseño de la modernización, es bueno, es un avance. Se peleó por mucho tiempo y fue necesaria mucha movilización. Estuve presente en la Penitenciaría un par de veces. Creo que los gobiernos de todos los signos no le temían a Gendarmería y sentían que con ella podían hacer y deshacer.
Me parece que diversas generaciones de dirigentes, en las diversas asociaciones, moldearon un proceso que ha terminado en este proyecto de ley.
Yo siempre les he dicho -y se los reitero- a los dirigentes que nos acompañan en las tribunas: ¡la unidad, la unidad, la unidad de los funcionarios para poder enfrentar los buenos y los malos momentos!
Este es un buen momento; no es lo definitivo.
Lo mismo hemos dicho cuando aprobamos el estatuto de los asistentes de la educación y muchos otros, como el de los funcionarios de la salud: siempre quedan demandas pendientes. Lo importante es no abandonarlas, no olvidarlas y jamás pensar que esto cierra el ciclo de demandas de Gendarmería.
¡Es un avance!
Nos permite respirar; nos permite dar dignidad; nos permite sentarnos a pensar cómo mejoramos Gendarmería para darles dignidad a sus funcionarios, uniformados y no uniformados.
Por eso voto a favor con alegría, señor Presidente.
Siento que Gendarmería tiene que cumplir un rol de custodiar las cárceles, pero también de reintegrar y de rehabilitar.
Se lo he dicho al Ministro señor Hernán Larraín, presente en esta Sala: la rehabilitación forma parte de una tarea asignada a Gendarmería, pero sin recursos no se hace nada. Así no se puede rehabilitar y reinsertar, que es el elemento esencial para combatir la delincuencia. No nos interesa tener las cárceles llenas, sino que la persona que cometió un delito lo pague y se reintegre a la sociedad.
Si le queremos exigir a Gendarmería que se preocupe de rehabilitación y de reintegración, debe haber recursos para eso, recursos para lo más importante, que no es tener presos, sino evitar que cometan delitos.
Ello lo vimos durante la discusión de la Ley sobre control de Armas.
A mí no me interesa la trazabilidad de la bala, sino la trazabilidad de la vida del que disparó esa bala, a ver si podemos interrumpirla y corregirla. Es el caso de los niños del Sename, porque más del 53 por ciento de quienes están hoy día en las cárceles provienen de esa institución. ¡La muestra más evidente del fracaso del Estado!
Yo espero que no nos equivoquemos.
Confío en que este estatuto, este protocolo, esta modernización y esta nueva planta funcionaria, que va a provocar los ascensos necesarios y muy postergados, sirvan para avanzar y podamos tener, a corto plazo, una evaluación de cómo ha funcionado. Y si no ha funcionado como lo esperamos, lo debemos corregir.
Ese tiene que ser el compromiso de este Senado, del Ministro y del Gobierno que sea.
Voto a favor, señor Presidente.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Guillier y, a continuación, el Senador Latorre.
El señor GUILLIER.-
Señor Presidente, el Senador Navarro, que me antecedió en el uso de la palabra, ha dicho una gran verdad: que el pariente pobre de nuestro sistema judicial es Gendarmería de Chile.
Yo solo quiero recordar, para efectos de la historia de la ley, que en la Región de Antofagasta se creó una cárcel de alta seguridad. Se trasladó allí a los reos y la edificación antigua quedó para los gendarmes.
En el caso de Calama había un proyecto, hace mucho tiempo, de una nueva cárcel, pero, además, la construcción de viviendas para el personal de Gendarmería, lo cual no se ha podido concretar -me imagino- por problemas de presupuesto.
Lo cierto es que los funcionarios de Gendarmería, muchos de ellos, viven en la cárcel, pero ni siquiera en la edificación antigua, sino en los techos, en unas piezas de madera que en invierno tienen varios grados bajo cero y en verano un calor insoportable.
Esa es la realidad del personal de Gendarmería en muchas regiones de Chile.
¡Y no me digan que la Región de Antofagasta es pobre y que no le aporta al país como para no poder darles dignidad a los trabajadores de Gendarmería!
No conozco ningún servicio público que viva esta realidad.
Aún más, estamos ahora mejorando el recinto de Calama, pero ya no se va a construir la nueva cárcel. Y todavía seguimos con problemas de alojamiento, que es muy grave en muchas regiones de Chile, sobre todo en el norte, porque más del 98 por ciento de los funcionarios provienen de otras regiones, son enviados a Antofagasta y, por las condiciones en que viven, su trabajo es un verdadero castigo.
No necesito hablar de la imposibilidad práctica de formar familia o de vivir con la dignidad que merece un funcionario del Estado.
Por esa misma razón, me parece que este proyecto de ley algo arregla las cosas -¡algo!- y, además, tiene el mérito de que surge de un acuerdo entre el Frente de Trabajadores Penitenciarios y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A mi juicio -y si no me equivoco-, es la primera vez que se otorga un incentivo al retiro en Gendarmería de Chile.
Objetivos:
Primero, que la carrera funcionaria vaya permitiendo acceder a grados en tiempos razonables para que los funcionarios no se queden pegados largos períodos en su respectivo grado.
Segundo, que el personal no uniformado tenga más estabilidad en el empleo, pues muchas veces algunos son más precarios.
Tercero, incluir como beneficiario de la bonificación por egreso al personal no uniformado adscrito a Dipreca para evitar las injusticias dentro de los propios trabajadores, que están unos al lado del otro.
Además, regular los ingresos de funcionarios a las Plantas I y II de Gendarmería de Chile para no repetir ese crecimiento inorgánico de las plantas, que ha generado tantos reproches.
Se promete que, producto de este proyecto de ley, se duplicará el número de ascensos en cinco años; se disminuirá sustancialmente el número de funcionarios con tiempo cumplido; se aumentará la planta del personal no uniformado -más de mil cargos-; se incorporará al personal no uniformado no adscrito a Dipreca como beneficiario a la bonificación por egreso, y se incrementará el monto de la bonificación por egreso, creando mayores incentivos para mover la carrera funcionaria.
Sin embargo, hay temas que están pendientes y no han quedado bien resueltos.
En primer lugar, la compatibilidad entre la bonificación por retiro, que es transitoria y cuyo objetivo es mover los ascensos y darle más dinamismo a la planta, y la bonificación por egreso. Es decir, son dos cosas distintas.
La bonificación por egreso, que es una medida permanente, tiene por finalidad mejorar las pensiones, porque todos sabemos el drama de Chile en ese ámbito. En cambio, la bonificación por retiro es para incentivar la renovación de la planta. Sin embargo, como tienen el mismo nombre, aparecen incompatibles entre sí y, por tanto, lo que se ofrece por un lado se quita por otro.
Me parece que eso no corresponde y es necesario hacer los acopios financieros para que esta situación no resulte en el juego de que "lo que te pongo en un bolsillo, te lo saco del otro".
También es necesario definir un mejor mecanismo para financiar parcialmente la bonificación por retiro. Esta materia ha estado en discusión en la Cámara de Diputados e implica, por cierto, mayor gasto o inversión -si ustedes prefieren mirarlo de esa manera-, lo cual hay que abordar.
Además, debemos hablar sobre el plazo para la dictación del decreto con fuerza de ley, que regula la creación de los cargos de planta y los procesos de encasillamiento. Para ello hemos establecido el período de un año, pero la Cámara de Diputados optó por hacerlo más corto.
Evidentemente, eso genera una mayor presión -el Ministerio lo ha advertido-, pero creo que, dada la gravedad de la situación que están viviendo los funcionarios de Gendarmería tanto en regiones cuanto en los centros carcelarios de más alto riesgo, un año es demasiado y en muchos casos -perdonen que sea franco- ello puede significar, incluso, la seguridad, la vida o la muerte de los propios trabajadores.
Por esa razón, valorando lo que se avanza, pienso que Gendarmería sigue siendo el pariente pobre.
Opino que llegó la hora de, a simple vista, mejorar la escuela de formación. Basta comparar la Escuela de Carabineros, la de la Policía de Investigaciones y las condiciones de la Escuela de Gendarmería.
¡Eso tiene que ver con la formación, con la dignidad del trabajador!
No es admisible que exista ese nivel de discriminación en nuestro país con los propios funcionarios públicos. Y además, como digo, hay un sentido de urgencia. Por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos por mejorar y aplicar este proyecto de ley.
Y, por último, no puedo dejar de recordar que en regiones tenemos graves problemas habitacionales, problemas sociales y que se hace necesaria una atención más integral para darle a Gendarmería el valor, el reconocimiento y la dignidad de ser funcionarios del Estado de Chile.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
A continuación, le ofrezco la palabra al Senador Juan Ignacio Latorre.
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, seré muy breve.
A propósito de este proyecto de ley, resulta casi imposible no referirse a la crisis carcelaria que existe en Chile.
Muestra de lo anterior lo hallamos en el trágico incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel, el 2010. Lo mismo sucedió en la cárcel de Quillota, el 2013.
Asimismo, informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que, a partir de la visita a cuarenta recintos penitenciarios, los derechos vulnerados corresponden al derecho a la vida, la integridad personal, las atenciones médicas y la reinserción social.
Además, advierten una enorme discrecionalidad en la toma de decisiones de la autoridad, aplicaciones de sanciones administrativas y determinaciones de traslados.
Del mismo modo, el informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, de febrero del 2018, estableció que veinticinco de los cincuenta y tres recintos penitenciarios revisados el 2017 evidenciaban diferentes grados de sobrepoblación.
También alertó que en muchos casos el hacinamiento es tal que muchas personas privadas de libertad pasan recluidas más de quince horas al día en celdas abarrotadas, sin servicios higiénicos, sin luz ni adecuada ventilación.
Este informe advierte también serios déficits de infraestructura en recintos penales, en términos de sistemas eléctricos, red húmeda, falta de comedores y servicios higiénicos.
Estos ejemplos han develado la profunda precarización de las cárceles, lo cual tiene como lamentable consecuencia la vulneración de derechos humanos no solo de las personas privadas de libertad, sino también de los trabajadores y las trabajadoras de Gendarmería.
La gestión de este servicio público corresponde al Ministerio de Justicia. Por ende, este organismo es el responsable de solucionar esta grave situación, que es finalmente un problema país que nos rebota como sociedad.
Se percibe un gesto en esta iniciativa del Ejecutivo, la cual se presenta como una oportunidad para mejorar el respeto a los derechos laborales de las y los gendarmes, lo que valoramos, al igual que los de aquellos trabajadores que nos acompañan en las tribunas.
Aprovecho este momento para saludar a la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, especialmente a sus representantes de la Región de Valparaíso, quienes nos acompañan en el día de hoy.
Me preocupan, eso sí, al menos dos puntos de este proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
Primero, el que los funcionarios que quieran acceder al incentivo por retiro perderán la bonificación por egreso, que se logró ganar en 2005. Y segundo, la supresión de cargos, la cual ascendería aproximadamente de 290 a 300 en forma anual, por cuatro años.
Votaré a favor de la idea de legislar.
Valoro los avances en materia de derechos laborales y de condiciones de trabajo, pero me preocupa que se estén perdiendo conquistas anteriores por un reemplazo y una selección de nuevos beneficios.
Las condiciones laborales dignas de los funcionarios son muy importantes para implementar políticas efectivas de resocialización de las personas privadas de libertad.
Ese debería ser el foco.
La cárcel no debería ser pensada solamente como un castigo penal, que lo es para aquel que comete un delito, sino también como un espacio de resocialización, de humanidad y de dignidad.
Y para eso es fundamental que las personas que trabajan en las cárceles de Chile tengan condiciones laborales dignas, puedan acceder a una carrera funcionaria moderna y se eleven los estándares en derechos humanos tanto para los internos como para los funcionarios que se desempeñan en estas -y lo hemos conversado con ellos-, quienes muchas veces también se sienten encarcelados.
Dicho esto -reitero-, votaré a favor de la idea de legislar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Muy bien.
No hay más inscritos.
Cerrado el debate.
No me queda más que valorar la participación de quienes han intervenido y de los dirigentes que nos acompañan en las tribunas.
Me voy a tomar solo veinte segundos, literalmente, para agradecer la disposición de aprobar este proyecto y también al Gobierno, pues se trata de una iniciativa de ley largamente esperada, que tendrá que ser sustantivamente mejorada durante su tramitación en particular.
En lo que respecta a mi persona, si bien en estos momentos me encuentro presidiendo la sesión desde la testera, solo quiero agradecer las múltiples reuniones que hemos sostenido con muchos representantes de Gendarmería y señalar que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para despachar este proyecto con prontitud, de la mejor forma posible, entendiendo que esta es una deuda muy grande que tenemos con la institución.
Esperamos que este sea un primer paso y que logremos subsanar, como muchos han dicho acá, las deficiencias que todavía tiene el sistema.
Por ello, felicito a quienes nos acompañan y esperamos pronto ver resultados muy positivos.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos favorables), dejándose constancia de que se cumplió con el
quorum
constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores, Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Sandoval.
--(Aplausos en tribunas).
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
¡Excelente!
Por haberse cumplido su objetivo, y no habiendo espacio para la hora de Incidentes, procederé a levantar la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Mesa.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
Del señor ARAYA:
Al Contralor General de la República, solicitándole iniciar un procedimiento de fiscalización con el objeto de definir RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN GENDARMERÍA POR ENVÍO DE POSTULACIONES A LIBERTAD CONDICIONAL DE CONDENADOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.
Del señor HARBOE:
Al Presidente del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, pidiéndole se sirva informar las MEDIDAS ADOPTADAS POR FILTRACIÓN DE DATOS PERSONALES OCURRIDA ENTRE 2018 Y 2019, PRINCIPALMENTE NÚMEROS DE TARJETAS BANCARIAS, CORRESPONDIENTES A USUARIOS DE EMPRESA PÚBLICA CORREOS DE CHILE.
Del señor HUENCHUMILLA:
Al Ministro de Obras Públicas, para que informe acerca de PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ENTRE PUENTE LA FUSTA Y LAS LOCALIDADES DE RUCAÑANCO Y GALLETUÉ, COMUNA DE LONQUIMAY, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Del señor NAVARRO:
A las siguientes autoridades, pidiéndoles, respecto del TERMINAL PACÍFICO DE COPEC, la información que en cada caso se indica: al Ministro de Obras Públicas y a la Ministra de Energía, costo de la obra y su emplazamiento; al Ministro de Salud, impacto en la salud de la población aledaña y riesgos de este tipo de instalaciones; a la Ministra del Medio Ambiente, estudios de impacto ambiental, metodologías utilizadas para llevarlos a cabo y actores consultados, y al Intendente del Biobío, locación de proyecto, impacto en la salud de las personas, medidas de mitigación e impacto ambiental y riesgos asociados.
Al Ministro de Salud, con el objeto de que informe acerca de CATASTRO DE HOSPITALES DE CHILE CON INDICACIÓN DE DÉFICIT EN: PROFESIONALES EN MEDICINA GENERAL; MEDICINAS DE ESPECIALIDAD; CAMAS POR UNIDAD; MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS; en cuanto a FISCALIZACIÓN DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE URBANOS Y RURALES, y en relación con TOTAL DE LICENCIAS MÉDICAS PRESENTADAS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, para que remita antecedentes relativos a DÉFICIT HABITACIONAL EN CADA UNA DE LAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE ARAUCO, SUBSIDIOS PARA COMPRA DE VIVIENDAS APLICADOS EN CHILE EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS, y ESTADO DE AVANCE DE OBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LOMAS DE SAN JOSÉ, COMUNA DE TOMÉ.
Al General Director de Carabineros, pidiéndole enviar un CATASTRO DE ACCIDENTES REGISTRADOS EN LA RUTA DE LA MADERA EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.
Al Intendente del Biobío, para que informe sobre los PLANES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA REGIÓN DEL BIOBÍO Y EL PAÍS VASCO.
Y al Presidente del Concejo Municipal de Ancud, recabándole diversos antecedentes referidos a CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO DE PARQUÍMETROS ENTRE MUNICIPIO Y SOCIEDAD AUTOPAC LIMITADA DE OSORNO.
)-----------(
El señor LAGOS (Presidente accidental).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:13.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción Subrogante