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MODERNIZACIÓN DE CARRERA FUNCIONARIA EN GENDARMERÍA


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la verdad es que no voy a entrar en el detalle de este proyecto, pues ya hemos escuchado al señor Ministro de Justicia y también a los Senadores que me antecedieron.
La situación de Gendarmería no es distinta de la crisis que afecta a las otras instituciones que tienen un rol en la seguridad pública.
La encuesta de la Fundación Paz Ciudadana prácticamente refleja que, ante la opinión pública, las instituciones se encuentran superadas en su papel tanto de contener como de combatir a la delincuencia.
Los tribunales, el Ministerio Público, las policías y Gendarmería adolecen de falta de personal y de herramientas suficientes para enfrentar la realidad delictual de nuestro país.
Pero Gendarmería tiene una situación diferente. De todas las entidades mencionadas, su personal es el que enfrenta las condiciones laborales más desmedradas.
Por eso tiene pleno sentido este proyecto de ley.
El diagnóstico lo conocemos hace años. Es el momento de solucionar y de construir en serio. Los funcionarios no pueden seguir esperando.
Ellos han concurrido incansablemente hasta este Congreso. Muchas veces me he entrevistado con sus dirigentes en la Región de Los Lagos.
Debemos hacernos cargo de esta crisis de una vez por todas, que afecta a miles de funcionarios.
En síntesis, se observa que hay una insuficiente y derruida infraestructura carcelaria; una estructura organizacional que no corresponde a los fines institucionales; políticas de personal incoherentes y discriminatorias, como aquí se ha dicho; una dotación insuficiente para el cumplimiento de sus fines, y escasos programas de capacitación.
Lo dijo el Ministro: Gendarmería atiende cada año a más de 140 mil personas, 50 mil en el subsistema cerrado, un poco más de 60 mil en el subsistema abierto, y algo menos de 30 mil en el subsistema pospenitenciario.
El proyecto que hoy debatimos -con los trabajadores en las gradas escuchándonos-, como en todo proceso, busca resolver algunos de los puntos de deterioro de la institución. El más grave de ellos, según me lo han expresado, es el de su personal, tanto uniformado como no uniformado, que se han desempeñado por años en medio de muchas falencias, tanto estructurales como administrativas, de lo que da cuenta esta iniciativa.
El proyecto contempla una bonificación por retiro, una redistribución de los cargos de la planta, nuevas reglas para ascensos, mejoramiento de asignaciones, normas que regulan el ingreso y retiro de la carrera, así como nuevas reglas sobre la seguridad y defensa de los funcionarios.
¡Son normas mínimas y su costo es muy razonable!
En verdad, no son sino un paso, dentro un proceso necesario de reforma, que transforma esta institución y que le permita cumplir efectivamente el rol al que está llamada de asegurar el cumplimiento de las resoluciones que dicten los tribunales, que es la clave en un Estado de derecho; pero también, su función social de generar las condiciones para la rehabilitación y reinserción de los condenados, sin lo cual todo lo que se invierte en seguridad pierde su efectividad.
Por tal motivo, señor Presidente, voto a favor.
He dicho.