REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 55ª, en martes 15 de octubre de 2019
Ordinaria
(De 16:29 a 19:28)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
Y FELIPE HARBOE BASCUÑÁN Y ÁLVARO ELIZALDE SOTO,
PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIA, LA SEÑORA PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Goic Boroevic, Carolina
--Guillier Álvarez, Alejandro
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Kast Sommerhoff, Felipe
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Provoste Campillay, Yasna
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Sandoval Plaza, David
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; de Defensa Nacional, señor Alberto Espina Otero; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt Hesse.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla Mackenney, y el Jefe de Asesores del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Pablo Celedón González.
Actuó de Secretaria General subrogante la señora Pilar Silva García de Cortázar, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:29, en presencia de 23 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Las actas de las sesiones 53ª y 54ª, ordinarias, en 8 y 9 de octubre de 2019, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Seis de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con los dos primeros, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1. El que modifica la ley N° 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (Boletín N° 12.734-04).
2. El que establece el ocultamiento de la identidad como tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia (Boletín N° 12.894.07).
Con los tres siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. La que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (Boletín N° 8.805-07).
2. La que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.385-04).
3. La que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales (Boletín N° 12.385-04).
Con el sexto, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa (Boletín N° 12.595-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar el documento a sus antecedentes.
Oficios
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Expide copia de las sentencias definitivas pronunciadas en el control de constitucionalidad de los siguientes proyectos de ley:
A. El que modifica la Ley que establece Bases de los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos (Boletín N° 11.882-06).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar al Presidente de la República.
B. El que regula el acceso a los registros de entrevistas investigativas videograbadas y de declaraciones judiciales de la ley N° 21.057, para los fines que indica (Boletín N° 12.637-07).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos.
Remite copias de las sentencias pronunciadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 171 del Código Tributario.
-Artículo 4°, inciso primero, de la ley N° 19.886.
-Artículo 38, número 7, en relación con el inciso segundo del artículo 38 bis, ambos del Código del Trabajo.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 768, inciso antepenúltimo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 12, inciso primero, del decreto ley N° 2.186, de 1978.
-Artículos 1°, inciso tercero, 485 y 489 del Código del Trabajo.
-Artículo 12 del Acta N° 205-2015 de la Corte Suprema.
-Artículo 28, inciso segundo, de la ley N° 20.285.
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
-Artículo 470, inciso primero, parte final, y 473, inciso final, ambos del Código del Trabajo.
--Se manda archivar los documentos.
Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de las siguientes disposiciones:
-Artículo 56 de la ley N° 21.109.
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485 del Código del Trabajo.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 17 B, inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 196 ter, inciso primero, parte final, e inciso segundo, parte primera, de la ley N° 18.290.
--Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Tres de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 21.131, que establece pago a treinta días, para permitir que los contribuyentes del sector agropecuario y de la pesca artesanal emitan guías de despacho en soporte de papel (Boletín N° 12.836-03).
--Pasa a la Comisión de Economía.
Con el segundo, comunica que aprobó, con la excepción que señala, las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el Párrafo 5° de las Disposiciones Transitorias de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, y otras normas legales, y comunica la nómina de los Honorables Diputados que integrarán la Comisión Mixta que debe formarse al efecto (Boletín N° 12.385-04) (con urgencia calificada de "suma").
--Se toma conocimiento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Corporación, se designa a los miembros de la Comisión de Educación y Cultura para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el último, informa que aprobó la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas (Boletín N° 11.317-21) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para tabla.
Del señor Ministro de Salud:
Informa, a solicitud del Honorable Senador señor Quinteros, sobre la gestión del hospital de Futaleufú.
Adjunta antecedentes pedidos por el Honorable Senador señor De Urresti sobre el funcionamiento de la Unidad de Radioterapia en el Hospital Base de Valdivia.
Del señor Ministro de Agricultura:
Se refiere a una consulta del Honorable Senador señor De Urresti relativa a la creación e implementación de una nueva Agencia de Área del Indap, en Futrono.
De la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones:
Remite información solicitada por el Honorable Senador señor De Urresti sobre el último proceso de licitación de subsidios de transporte en la Región de Los Ríos.
Del señor Ministro de Desarrollo Social y Familia:
Contesta la solicitud de los Honorables Senadores señoras Goic y Órdenes y señores Chahuán y Sandoval, de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que cree la Defensoría de las Personas Mayores.
De la señora Ministra del Medio Ambiente:
Da respuesta al proyecto de acuerdo del Senado por el que se solicita al Presidente de la República que disponga la creación de un parque nacional para la Región Metropolitana en el predio fiscal Colorado-Olivares (Boletín N° S 2.074-12).
Atiende inquietud del Honorable Senador señor Navarro sobre las centrales termoeléctricas Bocamina I y II y el vertedero de cenizas ubicado en la comuna de Coronel.
Envía antecedentes solicitados por el Honorable Senador señor De Urresti sobre la licitación del Estudio técnico de definición de deslindes del humedal Santo Domingo, comuna de Valdivia.
De la señora Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio:
Se refiere, a solicitud del Honorable Senador señor De Urresti, a la declaración de monumento nacional del conjunto de bienes pertenecientes al Complejo Forestal y Maderero de Panguipulli.
Del señor Superintendente (S) del Medio Ambiente:
Responde consulta del Honorable Senador señor De Urresti sobre el procedimiento sancionatorio aplicado a la empresa minera TEK Quebrada Blanca, en la Región de Tarapacá.
Del señor Director del Serviu de Valparaíso:
Remite antecedentes solicitados por la Honorable Senadora señora Allende, sobre las postulaciones a proyectos de protección familiar correspondientes a la comuna de Putaendo.
De la señora Seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía:
Informa, a petición del Honorable Senador señor Kast, acerca de la situación de las mujeres hortaliceras detenidas tras los enfrentamientos del 9 de agosto recién pasado en Temuco.
Del señor Gobernador Provincial del Ranco:
Atiende solicitud del Honorable Senador señor De Urresti para establecer una instancia técnica de trabajo entre la autoridad y diversos comités de agua potable rural de la comuna de La Unión.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ancud:
Se refiere a la consulta formulada por el Honorable Senador señor Quinteros respecto del relleno sanitario ubicado en el fundo Los Millanes.
Del señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chañaral:
Responde a presentación de la Honorable Senadora señora Provoste sobre proceso de expropiación en el sector Quebrada Los Cabritos, comuna de Chañaral.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informe
Nuevo Primer Informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello (Boletín N° 12.071-15) (con urgencia calificada de "simple").
--Queda para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señora Goic y señores García, Lagos, Latorre y Quintana, con la que inician un proyecto de ley sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados (Boletín N° 12.982-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Permiso constitucional
Del Honorable Senador señor Girardi, para ausentarse del país a partir del día 12 de octubre del presente año.
--Se accede a lo solicitado.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
ACUERDOS DE COMITÉS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria para dar a conocer los acuerdos de Comités.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Los Comités, en sesión de hoy, adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-
Tratar en tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy el proyecto de ley signado con el número 22 de la tabla, que modifica la ley N° 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas (boletín N° 11.168-12).
2.-
Considerar en primer, segundo y tercer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley signado con el número 3 de la tabla, que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
-Proyecto de ley que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (boletín N° 12.431-07), acordando que la Comisión de Hacienda solo lo analizará durante la discusión en particular.
-Proyecto de ley sobre eficiencia energética (boletines Nos 12.058-08 y 11.489-08, refundidos).
3.-
Celebrar una sesión especial el próximo miércoles 23 de octubre, de 12 a 14 horas, con el objetivo de que se informe acerca del estado de avance de la agenda de todas aquellas iniciativas legislativas que el Ejecutivo ha impulsado y que promoverá, de manera de mostrar el interés, la preocupación y la decisión del Gobierno chileno como país anfitrión de la COP25.
Al efecto, deberá invitarse a la señora Ministra del Medio Ambiente y a los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Obras Públicas y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señora Secretaria.
SUMINISTRO ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA PARA PERSONAS ELECTRODEPENDIENTES
El señor QUINTANA (Presidente).-
En sesión de 1 de octubre del año en curso se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre suministro ininterrumpido de electricidad y tarifas especiales para personas electrodependientes. Respecto a esta iniciativa, no se presentaron indicaciones en el plazo fijado al efecto, por lo que corresponde darla por aprobada en particular, a menos que se solicite un nuevo plazo para formular indicaciones.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (11.338-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de la Senadora señora Goic):
En primer trámite: sesión 35ª, en 1 de agosto de 2017 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.339-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Chahuán y Girardi):
En primer trámite: sesión 35ª, en 1 de agosto de 2017 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Salud: sesión 31ª, en 9 de julio de 2019.
Discusión:
Sesión 51ª, en 1 de octubre de 2019 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Presidente).-
En consecuencia, la iniciativa se dará por aprobada.
--Reglamentariamente, el proyecto queda aprobado en particular y despachado en este trámite.
TRAMITACIÓN DE PROYECTO SOBRE INHABILIDADES DE CONSEJEROS REGIONALES
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.-
Señor Presidente, es sobre un punto de reglamento.
Entiendo que la Secretaría no haya consignado dentro de los acuerdos de Comités una situación particular que finalmente derivó en una votación. Y lo entiendo porque, como se rechazó, no hay nada de que dar cuenta.
Sin embargo, en el marco del artículo 94 del Reglamento del Senado, solicito que se coloque en votación en la Sala la posibilidad de que el día de hoy nos pronunciemos sobre el proyecto que elimina las inhabilidades para que los consejeros y consejeras regionales sean candidatos a alcalde y concejal.
Hace algunas semanas hubo un encuentro amplio en la ciudad de Valdivia, donde se tomó el acuerdo de concurrir al Congreso Nacional. Hoy día nos acompaña una delegación de consejeros y consejeras regionales.
Yo sé que algunos han planteado la inquietud de por qué se hace una excepción solo para los consejeros regionales que aspiran a ser candidatos a alcalde o alcaldesa. Pero, en esto, el que puede lo menos puede lo más. Es decir, si existe una voluntad genuina de terminar con barreras de entrada en un ejercicio democrático, como son las elecciones, nos parece que un buen punto de partida es empezar con la eliminación de las inhabilidades para los consejeros regionales que aspiran legítima y democráticamente a postular en las próximas elecciones.
Por lo tanto, señor Presidente, le solicito que se ponga en votación la posibilidad de que la Sala vea el día de hoy este proyecto de ley.
Además, los plazos no son baladíes en estas circunstancias, porque no da lo mismo discutir este proyecto en semanas posteriores. La iniciativa está en su primer trámite constitucional, por lo que esperamos que todas aquellas voluntades que estén por aprobarla se puedan manifestar. Además, en el ejercicio democrático, quienes no compartan un camino como ese, lo pueden manifestar con claridad.
Por eso, señor Presidente, le pido que se coloque en votación este asunto.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Efectivamente, tal como señala la Senadora Yasna Provoste, este tema se planteó en la reunión de Comités, del que no se dio cuenta en la Sala porque no alcanzó el quorum requerido en dicha instancia, que era de dos tercios.
Lo que Su Señoría está planteando ahora es recabar los dos tercios de la Sala para que sea puesto en discusión el proyecto, de conformidad con el artículo 94 del Reglamento.
Hay varios Senadores inscritos.
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.-
No, señor Presidente. Es sobre otro tema.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Siguiendo la línea argumental de la Senadora Provoste, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia hace dos semanas aprobó este proyecto y lo mandó a la Sala con el objetivo, justamente, de que lo discutiera.
A quienes no les parezca apropiada la iniciativa, muy legítimamente, pueden votar en contra de ella. Pero estimo que inhibir el debate del proyecto, sobre todo considerando que hay un plazo perentorio para que tenga aplicación, eventualmente, en las elecciones que se realizarán el próximo año, no es muy adecuado, toda vez que inhibir la discusión -repito- genera una afectación directa a un grupo de personas que de manera legítima quieren competir. Aquí no se trata de asegurarle nada a nadie, sino de competir democráticamente.
En consecuencia, como representante del Comité del Partido Por la Democracia, en la reunión de Comités estuvimos a favor de que este proyecto se viera. Adicionalmente, lo habíamos aprobado en la Comisión de Constitución y en todas las instancias en que participamos. Así que ojalá se pudiera recabar el acuerdo de los dos tercios de la Sala.
Vuelvo a insistir: si alguien, legítimamente, considera que no es adecuado el proyecto, podrá votar que no. Pero lo importante es dejar que el debate se realice. De lo contrario, si quieren dar la discusión en dos meses más, esto ya no va a servir. Y esa es la diferencia.
Por eso es importante debatir esto ahora.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Les pido a quienes nos acompañan en las tribunas abstenerse de hacer cualquier tipo de manifestación.
A continuación, tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Me inscribí para otro tema, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Francisco Chahuán, le corresponde hacer uso de la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, en el mismo sentido de lo que han planteado el Senador Harboe y la Senadora Provoste, intervengo a fin de provocar el acuerdo para que la Sala se pronuncie y vote. Porque, en definitiva, si alguien discrepa del proyecto -tiene legítimo derecho a ello-, que se exprese en la votación pertinente.
Por tanto, pido que se logre el acuerdo para los efectos de provocar la votación y que, finalmente, quien tenga diferencias lo manifieste en esa instancia.
Así que, señor Presidente, requiero que solicite el acuerdo respectivo para que se disponga la votación.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Rabindranath Quinteros, tiene la palabra.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista está disponible para que se vote hoy día. Se van acortando los plazos, quedan pocos días y quiero que se dilucide ahora este problema.
Nada más.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, yo no encuentro el artículo del Reglamento que permita que la Sala revierta un acuerdo de los Comités, porque entiendo que estos rechazaron que se pusiera en tabla el proyecto mencionado. Entonces, ya es una decisión tomada por los Comités.
También entiendo los argumentos de las fechas. Pero, como he dicho siempre, y es lo que me motiva, no se trata solamente de la inhabilidad de los cores. Si se llega a aprobar este proyecto de ley, se va a producir una discriminación absolutamente arbitraria contra los alcaldes y los concejales, quienes van a mantener esa inhabilidad para poder ser candidatos a cores o a gobernadores.
Entonces, lamento por los cores esta situación, pero creo que cuando uno legisla debe tratar de hacerlo con justicia e igualdad para todas las personas, sobre todo si se trata de elecciones populares.
Pero, más allá de eso, señor Presidente, me gustaría que la Secretaría me aclarara, si hay algo resuelto por Comités, cuál es el artículo en virtud del cual se puede revertir esa decisión por la Sala.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Sí, antes de darle la palabra a la Secretaria, quiero señalar que, efectivamente, lo planteado acá por parte de la Senadora Yasna Provoste y los Senadores Felipe Harboe, Francisco Chahuán y Rabindranath Quinteros es un tema absolutamente reglamentario (artículo 94 del Reglamento del Senado).
Esto se sometió a consideración de los Comités. No obtuvo el quorum requerido. Y, por lo tanto, la Sala es la última instancia, la última palabra.
Ahora, evidentemente se tiene que proceder con el mismo quorum especial.
Pero, de todas maneras, tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Señor Presidente, los artículos que rigen en este tema son el 94 y el 20 del Reglamento del Senado.
El artículo 94 establece: "Por acuerdo de Comités que representen las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, manifestado en el Orden del Día de una sesión ordinaria o extraordinaria, podrá alterarse la tabla de la misma sesión.".
O sea, está la posibilidad de que cualquier representante de un comité solicite votación sobre el tema.
Y, además, a contrario sensu, el artículo 20 señala: "Cuando un acuerdo no haya sido adoptado por la unanimidad de los Comités, cualquier Senador perteneciente a un Comité que no haya concurrido a adoptarlo, podrá oponerse...", etcétera.
En este caso, se sometió a votación y no hubo unanimidad, por lo que se puede levantar el tema nuevamente en la Sala.
La reunión de Comités es una instancia de acuerdo.
La señora MUÑOZ.-
Votemos, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Sí. Yo creo que no tiene mucho sentido ofrecer la palabra por el mismo tema. Ya cuatro Comités se han pronunciado.
El señor OSSANDÓN.-
Sí tiene sentido, señor Presidente, por reglamento.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Voy a dar la palabra solo respecto de los temas reglamentarios.
Senador señor Coloma, tiene la palabra para un punto de reglamento; luego el Senador señor Ossandón.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, creo que aquí hay que ser justo. La Senadora Ebensperger ha planteado un tema muy de fondo, que tiene que ver con la desigualdad producida respecto a los alcaldes y concejales. Como siempre hemos planteado, hay funcionarios públicos -un gobernador, cualquiera- que quedan en una situación distinta, cuestión que hicimos ver desde el primer día.
Pero, respecto del punto reglamentario, a mí me parece clarísimo, con espíritu de buena fe, que la norma general es que el orden de la tabla lo fijan las urgencias. Excepcionalmente, se da la facultad a los Comités para alterarlo, y a la Sala por unanimidad. No existe esta cosa rara de que "si los Comités no aceptan" se recurre a esta última.
Porque siempre se puede alterar el orden de la tabla por unanimidad de la Sala, pero si hay, específicamente, una norma que permita alterarlo por dos tercios -eso es lo que está diciendo-, bueno, lo lógico es que esa sea la regla. No puede usted decir "En virtud del artículo 20...", porque él se aplica cuando hay un acuerdo. ¡Aquí estamos ante un rechazo, no un acuerdo! Aquí no hay una decisión de cambiar.
Entonces, no procede la votación en la Sala. Está resuelto por los Comités. Ellos lo podrán volver a votar cuando corresponda.
Insisto, señor Presidente: esta cosa no es menor, y lo planteé originalmente. La norma no puede ser excepcional. Si es general, a mí me parece razonable, pero no si es para unos, con nombre y apellido, y no para otros, con nombre y apellido.
Eso es lo que hemos planteado desde el inicio, hace bastante rato. Se pudo haber buscado otro tipo de solución. No ha habido ánimo de incorporar a los alcaldes, a los concejales, a otras autoridades para que puedan contar con los mismos derechos.
Pero reglamentariamente soy bien preciso, para que nos entendamos bien: la regla general es que las tablas se fijan de la manera que señalé anteriormente. ¿La unanimidad de la Sala puede decretar algo distinto? Sí. Adicionalmente, el Reglamento da otra facultad: que por dos tercios de los Comités se puede alterar la tabla, lo que es muy excepcional. En este caso, se procedió a esa fórmula. No se logró el quorum de dos tercios de los Comités.
Entonces, el tema, señor Presidente, está resuelto desde un punto de vista reglamentario. No se puede decir ahora que hay que volver a votarlo para reemplazar los dos tercios.
Realmente, considero que esta no es la forma razonable de resolver las cosas. El artículo 94 es preclaro en esta materia y, a mi juicio, no requiere ninguna otra interpretación.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señor Senador, usted ha hecho mención al artículo 95, que habla de un acuerdo unánime. Pero esa unanimidad -y la hemos usado muchas veces acá- se exige para tratar aquellas materias, aquellos proyectos que no figuran en la tabla. Y esta iniciativa está incluida en la tabla, en el número 11.
El señor COLOMA.-
No he hablado del artículo 95, señor Presidente.
El señor NAVARRO.-
Punto de reglamento, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor OSSANDÓN.-
Yo estaba primero.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Perdón, antes había solicitado la palabra el Senador señor Ossandón.
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor OSSANDÓN.-
Señor Presidente, solo quiero decir que el Comité de Renovación Nacional está dispuesto a que se vote.
El señor NAVARRO.-
¡Bien!
El señor MONTES.-
¡Muy bien!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el artículo 20 es sumamente claro, en su inciso segundo: "La discusión acerca del acuerdo objetado durará solamente diez minutos y el tiempo se distribuirá por mitades entre un Senador que lo impugne y otro que lo defienda. En seguida, el acuerdo se someterá a votación.".
Claramente, el acuerdo adoptado no fue por la unanimidad de los Comités. Y, por lo tanto, le pido que lo someta a votación de la Sala.
Hemos conversado con los Comités: Partido Demócrata Cristiano, cinco Senadores; Partido País Progresista e Independientes, tres Senadores; Partido Por la Democracia e Independientes, ocho Senadores; Partido Socialista, siete Senadores; a los que se suman Renovación Nacional, más el Frente Amplio. O sea, claramente hay una mayoría de más de dos tercios de los Comités en la Sala.
Por tanto, si bien el artículo 20 no obliga a votar, señor Presidente, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Comités que han manifestado la voluntad de que se incluya en la tabla el proyecto de los cores.
)------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Antes de continuar ofreciendo la palabra para ver cómo vamos a resolver el punto que ha sido planteado, quiero saludar a quienes nos acompañan en las tribunas.
Aparte de la asociación Ancore, encabezada por su Presidente, don Marcelo Carrasco, saludamos con mucho afecto a un grupo de estudiantes de la escuela rural Hueque, de la comuna de Chaitén, quienes vienen acompañados de la profesora Cecilia Montesinos y de algunos padres.
Ellos han sido invitados por el Senador Manuel José Ossandón.
¡Un saludo de la Sala del Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senadora Carmen Gloria Aravena, ¿usted está inscrita por el mismo tema?
La señora ARAVENA.-
Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente, seré bien breve.
Tenemos una clara mayoría de personas aquí representando la opinión del país respecto de un tema tan relevante como este. Ya hemos suspendido varias veces la votación sobre el particular. Y yo creo que por secretaría no es la mejor manera de dar la opinión.
Por lo tanto,...
El señor COLOMA.-
¡Es absurdo!
La señora ARAVENA.-
Perdone, Su Señoría, pero estoy hablando, y tengo el derecho de opinar.
Así que le pido que hagamos punto de reglamento y, si hay mayoría, simplemente votemos lo que creemos que en justicia es lo más correcto.
El señor BIANCHI.-
¡Muy bien!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Carlos Bianchi, ¿usted se va a referir a este tema o a la nota de La Tercera?
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, en todas las discusiones anteriores por la misma situación no había participado, pero aquí está la constatación dada. Es decir, la gran mayoría de este Congreso desea votar esto ahora.
¿Cuál es el temor? Porque no es un tema de privilegios. ¿Cuál es el temor que hay de que las consejeras o los consejeros puedan tener una participación democrática?
Por lo tanto, señor Presidente, quiero pedirle que esto sea sometido a votación ahora. Sinceremos el tema.
El señor COLOMA.-
No.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
No tengo más alternativa que poner este tema en votación, de acuerdo al artículo 94 del Reglamento del Senado. Y es eso lo que vamos a hacer ahora, porque lo que ha sido solicitado por los distintos Senadores que intervinieron fue alterar la tabla de hoy. Y esa es una decisión que no puede estar...
El señor COLOMA.-
Por unanimidad o por dos tercios...
El señor QUINTANA (Presidente).-
¡No! Se requiere la unanimidad cuando se trata de proyectos que no figuran en la tabla. No es el caso de esta iniciativa, la cual está en el número 11.
Les recuerdo que la tabla no son solo los proyectos acordados para verse hoy, sino que son el conjunto de proyectos que llegan, ¿hasta qué número, el último? Cincuenta y algo. Bueno, ¿para qué seguimos?
El señor COLOMA.-
¡Y para qué sirven los Comités!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entonces, señora Secretaria, se pone en votación la alteración de la tabla, de acuerdo a la propuesta que han hecho los Senadores, a fin de poner en primer lugar el proyecto relativo a los cores.
Cabe señalar que se requieren los dos tercios de los Senadores en ejercicio, esto es, 27 votos al día de hoy.
El señor COLOMA.-
Es completamente antirreglamentario. ¡Que quede constancia en la historia de la ley!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Va a quedar constancia de su opinión.
En votación.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Coloma, tiene la palabra.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, hoy día sí se votará este proyecto. Pero es un precedente grave, porque la tabla ya deja de ser resorte de la urgencia, del Senado o de los Comités.
La regla que ha existido siempre es que por unanimidad se cambia la tabla, a menos que dos tercios de los Comités lo hagan.
No se consiguieron los dos tercios. Entonces, buscamos el otro camino...
El señor NAVARRO.-
Sí hay dos tercios.
El señor COLOMA.-
¡No! No hubo dos tercios en los Comités.
Y ahora se busca otro camino, que es deshacer lo dispuesto en el artículo 94 del Reglamento.
Yo nunca he hablado del artículo 95, señor Presidente, porque este proyecto está en tabla. La leí y me di cuenta de ello.
Pero lo que no se puede aceptar es esta cosa rara de decir: "Mire, no hubo unanimidad -porque no la hay-; entonces vamos con los Comités; perdimos; entonces, volvamos a la Sala con dos tercios de los Senadores".
Realmente, ante el argumento de igualdad para los alcaldes y para los concejales, me parece abusiva la forma de entender el Reglamento.
Hoy día algunos estarán contentos. Después se quejarán porque les pueden cambiar la tabla en cualquier minuto, y eso no es propio del sistema reglamentario ni democrático que existe en este Senado, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien. Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se acuerda alterar el orden de la tabla y poner en primer lugar el proyecto sobre inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde y concejal (28 votos a favor y 8 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Elizalde, García, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros y Soria.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Coloma, Durana, García-Huidobro, Pérez Varela y Sandoval.
--(Aplausos en la Sala).
)--------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Ha llegado a la Mesa una solicitud de permiso constitucional, para salir fuera del país a partir del día 19 de octubre, del Senador señor Chahuán.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Se accede.
DECLARACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL SENADO SOBRE ATRIBUCIONES DE CORTE SUPREMA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, lamento mucho el uso abusivo y arbitrario que usted está haciendo del Reglamento.
Y quiero decirle algo más.
He revisado con detención las Actas de las sesiones 53ª y 54ª; he revisado con atención lo que usted informa hoy día en la Cuenta; he revisado lo que se trató en las reuniones de Comités de la semana pasada y de hoy, y usted jamás consultó al Senado las opiniones que vertió, en nombre de esta Corporación, a raíz del fallo de una Sala de la Corte Suprema que genera un conflicto con el Tribunal Constitucional.
Usted no puede, señor Presidente, hablar en nombre del Senado sin consultarle. La Mesa no tiene ninguna atribución para referirse a un tema de esta naturaleza, ante el cual necesariamente se debe preguntar al Senado, porque frente a un conflicto de tal magnitud lo mínimo es que se hubiera generado un debate al interior de esta Corporación o que por último le hubiera consultado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre la materia.
¡A nadie se le consultó!
Por lo tanto, con una declaración que uno podrá calificar de imprudente, inoportuna y claramente equivocada, pero también inconsulta -y en este momento quiero hacer hincapié en que es una declaración inconsulta-, usted le genera al país la sensación de que el Senado tiene una determinada posición y eso no es así; eso es falso, señor Presidente.
En consecuencia, nosotros protestamos por un hecho de esta naturaleza, que consideramos de especial gravedad.
En los últimos diez años han dirigido la Mesa personas de distintos partidos, de distintas coaliciones, y nadie había osado a atribuirse la opinión del Senado sobre un tema institucional de esa magnitud. Por eso creo que esta Mesa le debe una disculpa a la Sala.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Recojo sus planteamientos, Senador Víctor Pérez.
Yo no he escuchado antes que un Presidente o un Vicepresidente del Senado, como fue en este caso -coincide que son miembros de la Mesa-, no puedan entregar una opinión respecto de una materia que es política, sobre la cual el Presidente de la República también ha manifestado una opinión política.
Creo que vi a un miembro de la Comisión de Constitución emitir una opinión también política...
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Totalmente!
El señor QUINTANA (Presidente).-
... en un debate en estos días.
Y quiero decir más.
En esta declaración que dimos junto con el Senador De Urresti, miembro de la Comisión de Constitución, solo nos referimos a los aspectos formales de la acción de protección y en ningún caso aludimos a algún aspecto concreto del fondo de lo que está viendo la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional.
A mayor abundamiento, solo nos referimos en esa declaración -lo citamos, además- a un proyecto de acuerdo aprobado por esta Sala en mayo del 2018 respecto de los mismos temas.
Es todo lo que puedo señalar.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Aprobada la alteración de la tabla, el proyecto de Carabineros queda en segundo lugar.
Pido la unanimidad de la Sala para que pueda ingresar a esa discusión -ya nos acompaña el Ministro del Interior, Andrés Chadwick- el Subsecretario del Interior, el señor Ubilla.
¿Habría acuerdo?
El señor PIZARRO.-
Ya está en la Sala el Ministro; el Subsecretario no necesita permiso.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien.
Acordado.
)---------------(
La señora VON BAER.-
Pido la palabra.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Punto de reglamento, Senadora Von Baer?
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, una cosa es que usted hable como Senador y pueda expresar la opinión que estime conveniente, tal como todos lo hacemos. Otra cosa es que usted hable como Presidente del Senado.
En el minuto en que usted interviene como Presidente y se involucra a la Mesa de esta Corporación, está hablando en representación de todos nosotros. Este es un órgano colectivo, todos somos parte del Senado, y cuando usted habla como Presidente tiene que representarnos a todos. Y, por último, si no estamos todos de acuerdo, debe preguntar en Comités qué opinamos los demás respecto al planteamiento que hará la Mesa, y se votará democráticamente, porque este es un órgano democrático donde las definiciones se toman por mayoría. Y esta definición no pasó por Comités, no fue consultada.
Este es un órgano democrático y lo que usted dice en su rol de Presidente del Senado debe ser sometido, tal como todas las decisiones que se toman acá, a las mayorías y las minorías, pues así se hace en democracia.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, Senadora Von Baer.
Efectivamente, usted tiene razón. Este es un órgano democrático y es también una Cámara política que, por lo tanto, emite opiniones políticas, y eso ocurre todos los días.
Ayer, ante los dichos de una Diputada respecto de un acto que seguramente la mayoría de los Comités no comparten, yo entregué una opinión también política, y la posibilidad de esperar para consultar a todos los Comités hoy, en reunión de Comités, la verdad es que era bastante inviable.
)---------------(
La señora MUÑOZ.-
¡Señor Presidente, ponga en votación el proyecto, para que podamos avanzar!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Sí. Pero primero hay otras palabras pedidas.
Tiene la palabra el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, quiero solicitar que se abra un plazo extraordinario para presentar indicaciones, solo de seis a seis y media, respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo de la Sala para abrir este plazo de indicaciones de seis a seis y media?
--Se accede a lo solicitado.
El señor HARBOE.-
Muchas gracias.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
De parte de la Mesa y de todos los Comités, queremos entregarle un saludo al Senador Álvaro Elizalde, quien se encuentra de cumpleaños el día de hoy.
El señor ELIZALDE.-
¡Muchas gracias!
--(Aplausos en la Sala).
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
No, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Senadora Carmen Gloria Aravena?
La señora ARAVENA.-
No.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Alejandro Navarro, usted ya habló.
Queremos poner en discusión...
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, solo quiero decir que el artículo 20, al que hemos aludido -y no solo el 94-, establece cinco minutos para cada parte en la discusión y luego proceder a la votación.
Lo menciono para despachar pronto esta materia y seguir con el siguiente proyecto, el relativo a Carabineros, que también es muy importante.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
La señora VON BAER.-
Punto de reglamento.
El señor PÉREZ VARELA.-
¡Reglamento, señor Presidente!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez, para plantear un asunto reglamentario.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, lo que arguye el Senador Navarro es la norma que regula el procedimiento para la discusión acerca de si se rebate o no la decisión adoptada por los Comités.
El debate en particular referido al proyecto tiene que realizarse con todo lo que establece el Reglamento: una discusión absolutamente amplia y concreta de las enmiendas y la posibilidad de renovar o no indicaciones.
En todo caso, le anticipamos, señor Presidente, que la bancada de la UDI va a pedir segunda discusión para la iniciativa.
El señor NAVARRO.-
¡Ya la pidieron!
El señor COLOMA.-
¡No!
La señora RINCÓN.-
¡Se pidió ya!
El señor COLOMA.-
¡En la discusión en particular no la hemos solicitado!
La señora ALLENDE.-
¡Ya la pidieron!
El señor ELIZALDE.-
¡Se pidió!
La señora VON BAER.-
¡En particular no!
El señor NAVARRO.-
¡Dos almas en el Gobierno!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señores Senadores, esta es la primera vez que se debate en particular la iniciativa. Por lo tanto, cabe la petición de segunda discusión que ha formulado el Senador Víctor Pérez.
Pero hay que hacer la primera discusión. Si se siguen inscribiendo para referirse a la cuestión procedimental, no vamos a poder realizarla, y todos entendemos que un proyecto importante viene a continuación.
El señor HARBOE.-
¡Moción de orden!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Harboe, tiene la palabra.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, entiendo que acá ha habido una diferencia, y una bancada, legítimamente, ha hecho uso del derecho a pedir segunda discusión.
En consecuencia, este proyecto no se va a votar hoy día, evidentemente.
El señor ELIZALDE.-
¿Por qué no?
La señora MUÑOZ.-
Porque se pidió segunda discusión.
El señor PIZARRO.-
Se vota mañana.
La señora RINCÓN.-
Sí, mañana.
El señor HARBOE.-
Como no habrá votación hoy día, solicito que se reconsidere lo resuelto a efectos de tratar el proyecto sobre Carabineros. De lo contrario, no vamos a votar la iniciativa relativa a los consejeros regionales y tampoco la referida a las Fuerzas de Orden. Con eso, estaremos en el peor de los mundos.
Al final del día, la gente está pidiendo que saquemos adelante el proyecto en materia de seguridad, ámbito donde están bastante complicadas las cosas.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, entiendo que se está pidiendo segunda discusión.
El señor BIANCHI.-
Ya está solicitada.
La señora RINCÓN.-
Por transparencia, entonces, considero que debemos acordar que mañana se vote esta iniciativa. De lo contrario, seguiremos dilatando el asunto, con lo cual se cumplirán los plazos y la futura ley tendrá cero efecto.
Pido que seamos transparentes. Ningún problema con la petición de segunda discusión, pero votemos el proyecto mañana en el primer lugar de la tabla.
El señor NAVARRO.-
¡El bloqueo de la UDI!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Lo que pasa es que si no me dejan darle la palabra a la señora Secretaria para que haga la relación y luego escuchar el informe correspondiente de la Comisión de Constitución, no habrá ni siquiera primera discusión.
El Comité de la UDI tiene todo el derecho a pedir segunda discusión. Pero antes hay que realizar la primera.
El señor PIZARRO.-
Ya la hicimos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¡No! Esta es la primera vez que debatimos en particular el proyecto.
No está hecha la primera discusión. Es la que tendría lugar ahora.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, votémoslo mañana en primer lugar.
El señor NAVARRO.-
¡La UDI va a pedir aplazamiento de la votación mañana!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Vamos a iniciar ahora la primera discusión.
ELIMINACIÓN DE INHABILIDAD DE CONSEJEROS REGIONALES PARA SER CANDIDATOS A ALCALDE O CONCEJAL
El señor QUINTANA (Presidente).-
Según lo acordado por la Sala, pasamos a considerar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde y concejal, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.524-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Chahuán, señoras Aravena y Órdenes y señor Elizalde):
En primer trámite: sesión 8ª, en 9 de abril de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 29ª, en 2 de julio de 2019.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019.
Discusión:
Sesiones 44ª, en 4 de septiembre de 2019 (queda pendiente la discusión en general); 47ª, en 10 de septiembre de 2019 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
En sesión de fecha 3 de septiembre de 2019, los Comités determinaron que el proyecto, una vez aprobado en general por la Sala, fuera remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por un plazo de quince días, para ser informado por esta.
La iniciativa en discusión fue aprobada en general en sesión de 10 de septiembre de 2019 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
La referida Comisión efectuó una enmienda al proyecto de ley aprobado en general, consistente en la sustitución del artículo único, la cual fue acordada por mayoría de votos, por lo que debe ser puesta en discusión y en votación. Esa enmienda requiere 23 votos favorables para ser aprobada, por recaer en normas de rango orgánico constitucional.
Votaron a favor de la modificación los Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe y Pérez Várela y en contra el Senador señor Huenchumilla.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se transcribe la modificación introducida por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y el texto como quedaría de aprobarse dicha enmienda.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señora Secretaria.
Iniciamos así la primera discusión en particular.
)----------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Antes de continuar, quiero saludar a los estudiantes de todo el país que nos acompañan desde las tribunas, quienes se dan cita en el Congreso para participar en el Torneo Delibera, que se inicia precisamente hoy.
En nombre de la Sala, los saludo a todos.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
Gracias por acompañarnos y participar en este evento tan importante.
)----------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Harboe, Presidente de la Comisión de Constitución, para entregar el informe respectivo.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los estudiantes que nos acompañan hoy día y, en particular, a los de la Región de Ñuble, que espero que ganen.
El presente proyecto de ley, que cumple su primer trámite constitucional en la Corporación, se originó en una moción de los Senadores señor Chahuán, señoras Aravena y Órdenes y señores Elizalde y Sandoval.
Se dio cuenta de la iniciativa ante la Sala en sesión de 9 de abril del año 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización. Posteriormente, en sesión del 3 de septiembre, los Comités determinaron que, una vez aprobado en general el proyecto por la Sala, fuese remitido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para ser informado por esta.
Su objeto, en síntesis, es el de eliminar la inhabilidad de los consejeros y las consejeras regionales para ser candidatos a alcalde o concejal. Dicho propósito se materializa mediante un artículo único que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Municipalidades para establecer, en lo sustancial, que, en el caso de que un consejero regional optare por ser candidato a alcalde o concejal, no podrá ejercer sus funciones desde los treinta días anteriores a la fecha de la respectiva elección y hasta el día siguiente de ella. Agrega que, durante el período señalado, el consejero regional conservará su dieta y la atribución de participar en las sesiones del consejo solo con derecho a voz.
Sin embargo, la presidencia del consejo será ejercida por un consejero o consejera que no estuviere postulando a un cargo parlamentario o de elección municipal. Si hubiere más de uno en tal situación, la presidencia le corresponderá a quien haya obtenido individualmente la mayor votación ciudadana en la elección respectiva. Si todos los consejeros estuvieren postulando, la presidencia se decidirá por sorteo entre ellos.
El proyecto de ley fue previamente conocido, en general, por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y, luego, por la Sala del Senado, que aprobó la idea de legislar por 29 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Cabe hacer presente que su artículo único debe ser aprobado como norma de rango orgánico constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 118 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso segundo, de la Carta Fundamental.
Para el análisis de este asunto, la Comisión escuchó a representantes de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales.
Con motivo de su discusión en particular, la Comisión que presido introdujo dos enmiendas, cuyo propósito es permitir que los consejeros que participen como candidatos en actos eleccionarios de una alcaldía o concejo comunal lo hagan en igualdad de condiciones.
Es cuanto puedo informar.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Gracias, Senador Harboe.
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
¿Vamos a votar?
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
No.
Queremos presentar una serie de indicaciones.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No se puede votar, porque se pidió segunda discusión.
El señor NAVARRO.-
La Senadora Van Rysselberghe me dice que están viendo unas indicaciones, que piensan reponerlas.
Por fair play, señor Presidente, si la UDI quiere reponer indicaciones, tiene derecho a ello. Hay tiempo suficiente para eso.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, hemos señalado reiteradamente, en el trámite de esta iniciativa, la necesidad de levantar la inhabilidad de los consejeros regionales para que puedan ser candidatos a alcalde o concejal.
Lamentablemente, una bancada se ha negado a la discusión de este proyecto.
Por lo mismo, señor Presidente, y advirtiendo lo que va a ocurrir seguramente mañana (lo más probable es que la minoría no querrá que la voluntad de este Hemiciclo se pronuncie), propongo que, en virtud del artículo 67 del Reglamento, que establece que las sesiones especiales se efectuarán: "2º Cuando lo estime conveniente el Presidente del Senado", convoque a una sesión especial quince minutos antes de la sesión ordinaria, para que, en caso de que esa minoría solicite aplazar la votación, quede el proyecto en tabla para la sesión ordinaria de las 16 horas.
Pido su consideración a efectos de posibilitar finalmente que el debate democrático se dé en esta Sala del Senado respecto de esta materia.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señor Senador, si usted me trae la petición con las firmas de un tercio de los Senadores en ejercicio, según el mismo artículo 67, numeral 3º, ningún problema, yo la cito.
El señor CHAHUÁN.-
Perfecto.
El señor COLOMA.-
¡Y se suspenden las otras sesiones de las Comisiones!
El señor QUINTANA (Presidente).-
En realidad, estamos frente a una situación hipotética. El Senador Chahuán ha planteado que una bancada podría pedir aplazamiento de la votación, que es otro recurso, distinto del que ya está solicitado -reglamentario, por cierto-, que es el de la segunda discusión.
Además, están autorizadas para sesionar mañana las Subcomisiones Especiales Mixtas de Presupuestos.
Por eso le pido al Senador Chahuán que me traiga la solicitud de sesión especial con las firmas de un tercio de los Senadores en ejercicio.
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor NAVARRO.-
Estamos discutiendo el proyecto, ¿cierto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Así es. Estamos en el debate en particular.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, en efecto, nos encontramos en la primera discusión en el tratamiento en particular del proyecto de ley que nos convoca.
Me llamó mucho la atención que en las diversas intervenciones, en especial en la última, se hable de que aquí alguien desea evita el debate.
¡Me llamó profundamente la atención eso!
Quiero recordar lo que sucedió el año 2016.
La ley orgánica constitucional respectiva establecía que los cores tenían que renunciar tres meses antes para ser candidatos a alcaldes. Pero el Servel hizo una interpretación respecto de la cual los consejeros regionales que iban a primarias debían renunciar antes de dicho acto, transgrediéndose así, a nuestro juicio, una norma escrita. Por lo tanto, los cores que querían ser alcaldes el 2016 tuvieron que renunciar a su cargo mucho tiempo antes.
En esa oportunidad presentamos un proyecto para subsanar esa situación. ¡Y fue imposible sacarlo en el tiempo necesario!
Los mismos que hoy día rasgan vestiduras y sostienen que aquí no se quiere debatir, no se quiere avanzar en democracia, son los que impidieron resolver el problema de los consejeros regionales el 2016, quienes, para postular a ser alcaldes, debían renunciar tres meses antes, pero por el hecho de ir a primarias tuvieron que hacerlo con diez meses de antelación.
¡Así que no nos vengan a decir que este es un tema democrático! ¡No!
Entonces evitaron el debate; evitaron llevar adelante el proyecto de ley que presentamos.
¿En qué concluyó esa iniciativa el 2017? En la norma que todos conocemos: se establece una línea para los concejales y alcaldes; otra para los consejeros regionales, y otra para los diputados y senadores.
Ahora se quiere alterar una de esas normas y dejar en la misma situación las otras dos.
No hay duda de que es discriminatorio. A eso nos oponemos.
Se plantea una disposición para todos exactamente igual o se mantiene el sistema que todos ustedes votaron favorablemente el 2017. Les recuerdo que ningún Senador que estaba en ejercicio hace dos años de la entonces Nueva Mayoría -hoy día Oposición- votó en contra.
Tenían la mayoría suficiente para impedir que la interpretación del Servel obligara a los cores a renunciar antes por las primarias, ¡y no lo hicieron!
Por tanto, dejemos las cosas absolutamente claras: aquí no hay algunos más democráticos o menos democráticos que otros; no hay algunos más transparentes o menos transparentes que otros; solo existe una discusión sobre un tema de fondo. Si se quiere privilegiar solo a los cores y no a los concejales y alcaldes, a mí y a la bancada de la UDI nos parece absolutamente improcedente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, comparto lo que ha señalado el Senador Víctor Pérez.
La bancada de la UDI no está en contra de eliminar la inhabilidad para que los consejeros regionales puedan ser candidatos a alcaldes. Lo que queremos es que haya igualdad de condiciones; lo que queremos es fortalecer la democracia y no privilegiar solo a algunos que hoy día tienen dicha inhabilidad por sobre otros.
De aprobarse este proyecto, en las próximas elecciones los consejeros regionales, sin renunciar al cargo, podrán ser candidatos a alcalde o a concejal.
Sin embargo, un alcalde o concejal que quiera postular a ser core o gobernador tendrá que renunciar con un año de anticipación.
¡Esa es la discriminación que acá se produce!
No es que hoy exista una discriminación o una inhabilidad exclusiva que afecte a los consejeros regionales.
Tengo acá el cuadro de las inhabilidades preparado no por nosotros, sino por la Biblioteca del Congreso Nacional. Su contenido puede ser bueno o malo, y podemos modificarlo, por cierto; pero lo que actualmente existe es una inhabilidad de un año para cualquier autoridad que quiera presentarse a una elección popular a un cargo distinto del que se ejerce.
Efectivamente, hoy día un alcalde, para ir a la reelección, no debe renunciar. Pero si desea postular a consejero regional o a gobernador, sí debe hacerlo.
De la misma manera, un core que quiera reelegirse o ser candidato a gobernador regional no debe renunciar, pero -y es lo que se pretende modificar con este proyecto- sí tiene que hacerlo en caso de ser candidato a concejal o alcalde. En definitiva, es la misma inhabilidad que posee el alcalde y opera cuando se postula a un cargo de elección en una institución distinta de la que se ejerce.
Es ese el desequilibrio que vamos a producir, de aprobar esta iniciativa de ley sin modificar todas las inhabilidades que existen, al menos en forma urgente las relativas a gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales, que son las elecciones que tenemos ad portas.
De no hacerlo, va a haber un sector de autoridades electas popularmente con un privilegio por sobre otro sector.
Así no se fortalece la democracia.
Algunos Senadores han dicho aquí que están abiertos a levantar esas otras inhabilidades. Sin embargo, nuestra bancada presentó indicaciones a ese respecto y fueron rechazadas por los miembros de los otros Comités que forman parte de la Comisión de Constitución.
Entonces, una cosa es lo que se dice en la Sala y otra distinta, al parecer, cómo se votó en dicha instancia.
Lo único que la UDI persigue es no producir una discriminación, porque eso, más que fortalecer la democracia, la debilita.
Además, señor Presidente, si este proyecto sigue adelante, también habrá que ver uno de los incisos del artículo 74 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que se pretende modificar, porque señala -en su inciso cuarto, si no me equivoco- que, de aprobarse el dejar sin efecto esta inhabilidad, los consejeros regionales seguirán en funciones solo con derecho a voz hasta treinta días antes de la elección. Eso significa que durante ese período no se podrán tomar decisiones en un consejo regional donde la mayoría de sus miembros sean candidatos. ¡No se podrán tomar decisiones!
Me parece que eso es grave, porque las instituciones no pueden detenerse, deben seguir funcionando no obstante las elecciones que se lleven adelante en nuestro país.
Insisto, señor Presidente, y con esto termino: lo único que no queremos es que haya autoridades privilegiadas. Y, de aprobarse este proyecto como está, eso ocurrirá y, en este caso, en desmedro de alcaldes y concejales, electos también popularmente en nuestro país.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.-
Señor Presidente, coincidiendo con la Senadora que me antecedió, la señora Luz Ebensperger, este es un tema que queremos dejar establecido con mucha claridad ante algunas expresiones de minorías que, eventualmente, se pudieran interpretar como efectuadas con mala intención hacia quienes hemos planteado nuestras observaciones sobre el particular.
Y, en este sentido -minoría o no minoría- nos asiste el más absoluto y legítimo derecho de expresar nuestra opinión sobre este particular. Y yo, en lo personal, estoy absolutamente de acuerdo en levantar todo tipo de inhabilidades a cualquier persona que quiera ser candidata.
Cuando dejé de ser alcalde, para ser candidato a Diputado tuve que estar un año fuera del sistema. ¡Un año! Porque la estructura no me permitía, aun siendo alcalde, usar el derecho legítimo a ser candidato sin esperar ese año de por medio, que es lo que aquí se pretende levantar.
Soy absolutamente partidario de levantar todo tipo de inhabilidades. Y todas las inhabilidades que existen hoy día -ojo con lo que estoy diciendo aquí- fueron aprobadas por gran parte de los parlamentarios presentes acá, a sabiendas de que ellas iban a generar este problema. ¿Y por qué? Porque, obviamente, a muchos les parecía riesgoso, temeroso abrir este espacio a cualquiera que el día de mañana quisiera ser candidato.
Sin embargo, hoy día lo respaldan. ¿Por qué? ¿Habrá un fuerte lobby de los consejeros regionales? Yo tengo 14 en mi región y no tengo ningún problema en decirles a mis 14 consejeros regionales: "Estimados consejeros, no estoy de acuerdo con este proyecto, porque lo que hace traslucir es que el Senado hoy día esté legislando de una manera especial, para un privilegio particular, para un segmento muy acotado de nuestros eventuales potenciales candidatos para cualquier cosa".
¿Es legítimo que por una presión, por una circunstancia externa el Senado deba legislar y, además, apresuradamente? Estamos a 15 de octubre. El plazo para renunciar vence en 10 días más.
Aquí, nosotros estamos rompiendo cualquier proceso responsable, serio, de coordinar, de trabajar en una instancia. Estamos tratando de construir una ley, ¿para qué? ¿Para dar paso a presiones y generar una normativa de uso absoluto, exclusivo y total para un pequeño segmento de nuestra sociedad, de personas que están inhabilitadas? Lo considero injusto.
Me parece razonable...
--(Manifestaciones en tribunas).
Perdón, alguien está diciendo algo en las tribunas.
Decía que me parece razonable levantar todo tipo de restricciones. ¿Por qué hoy día un consejero regional no va a poder renunciar para ser candidato a alcalde? ¿Y por qué un alcalde que quiera ser candidato a gobernador no va a poder renunciar para serlo?
Evidentemente, esto no tiene sentido y me parece una irresponsabilidad que el Senado de la República esté legislando de esta manera, a diez días de cumplirse el plazo, en una primera instancia. Es absolutamente poco serio lo que estamos haciendo.
Tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos seremis, tenemos intendentes, tenemos consejeros regionales que hoy día no pueden postular, a menos que, obviamente, renuncien un año antes como lo hice yo cuando terminé mi ciclo de alcalde. Todos tienen que renunciar. Pero hoy día en el Senado estamos legislando para que un sector, un segmento tenga el privilegio de proceder de la manera en que se propone.
Yo era absolutamente partidario de la moción que presentaron los Diputados Issa Kort y Pepe Auth en el sentido de levantar todo tipo de restricciones. Me parecía lo más lógico. Y, si hubiese sido así, yo estaría en este minuto votando a favor. Pero yo les digo a mis consejeros regionales, responsablemente, que por privilegios, por presiones o por lo que sea, no voy a votar a favor de una iniciativa de esta naturaleza. La habría votado de otra manera si las inhabilidades se hubiesen levantado para todos y no solamente para algunos, para muy pocos.
Esto lo considero la creación de un privilegio, de una legislación apresurada del Senado por algo que, evidentemente, no genera equidad, no genera igualdad, sino, al contrario, un privilegio, que no me parece.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Le corresponde, a continuación, el uso de la palabra al Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Gracias, señor Presidente.
Con mucha responsabilidad, pero también con mucha franqueza, quiero decir que tenemos un bloqueo de la UDI en este proyecto, que es legítimo. Una bancada importante, la principal del Gobierno del Presidente Piñera, ha decidido obstruir la posibilidad de que los cores sean candidatos a alcaldes o concejales.
Entonces, yo me tomo la palabra del Senador Sandoval: levantemos todo tipo de restricciones. ¿Por qué? Porque claramente nos encontramos frente a un paradigma. Todos los que estamos aquí propiciamos una mayor participación en la política, queremos que la gente participe; pero nos hemos impuesto un conjunto de limitaciones que lo que hacen es decir "Mira, cada cual guarda su metro cuadrado". Y ello está hecho con calculadora.
Entonces, la UDI sabe, todos aquí en la Sala sabemos, que esto puede modificarse por la vía de la presentación de indicaciones que se incorporen al debate del proyecto de ley.
El 2016 presenté una iniciativa, también en octubre, para permitir que los cores pudieran ser candidatos a Senadores y Diputados sin tener que renunciar. Porque, acá, los actuales Senadores hemos sido reelectos sin tener que renunciar y podemos ser candidatos presidenciales sin tener que renunciar. Por lo tanto, en esto hay una distorsión, señor Presidente, y ya con el término del binominal y la irrupción del Frente Amplio en la política ha quedado claro que el hecho de ser autoridad no da ninguna garantía de continuidad: ¡El hecho de ser autoridad no da garantía de continuidad en el cargo! Se quebró el paradigma.
Si en el binominal había una expresión de la soberanía popular muy amplia, siento que lo que argumenta la UDI tiene un defecto. Dice que quiere legislar para todos. Y para eso está el mecanismo de las indicaciones, para eso está el procedimiento de las urgencias, para eso están los mecanismos de la voluntad y del acuerdo políticos.
Si efectivamente queremos regular y cambiar el principio -la Senadora Ena von Baer lo explicó muy detalladamente, y yo comparto con ella el tema de los cargos unipersonales o los cargos colectivos-, hagamos la revisión, pero discutámoslo. Porque lo que la ciudadanía no entiende es cómo podemos poner restricciones para algunos y no para todos o que, en definitiva, la participación en política dependa de una calculadora electoral.
Hoy día los partidos están pagando los costos de estas restricciones. Pagamos el costo de mantener un binominal durante décadas -¡durante décadas!-, lo que alejó a la ciudadanía. Para qué participar si ya sabemos quiénes son los electos: los dos grandes bloques. Y la ciudadanía se fue alejando de las urnas.
Con el término del binominal irrumpió una nueva fuerza política que demuestra claramente que todo está en juego y que todo depende de cómo se mueven los candidatos frente a la ciudadanía.
Entonces, la verdad es que la UDI puede votar a favor de este proyecto de ley y luego presentar las indicaciones que nos señala el Senador Sandoval. Son perfectamente admisibles las indicaciones, tal como lo es este proyecto para que los cores puedan ser candidatos a alcaldes y mi iniciativa para que los cores puedan ser candidatos a Senadores y Diputados sin restricción.
Por lo tanto, ¿podrán ser los parlamentarios candidatos a gobernadores? También, pues. ¿Por qué no? Si lo que queremos son los mejores de los nuestros para conducir las regiones. Porque el problema es evidente en las regiones, respecto de la experiencia y la capacidad.
Los partidos andan buscando candidatos con lupa. Y estos nos dicen: "¿Dónde puedo brindar un mayor servicio a la red pública? ¿A qué puedo dedicar mi vocación?". Y hay limitaciones.
Entonces, entiendo que más bien existe un bloqueo con calculadora y no un bloqueo de principios. Fue consecuente la Senadora Von Baer -por su intermedio, señor Presidente-, al hacer un análisis pormenorizado del principio hoy instalado respecto de unos y de otros. Yo acepto la crítica y la observación de que esto quiebra ese principio; es decir, solamente los cores podrían ser candidatos a alcaldes y senadores, y no así quienes desempeñan cargos más elevados. Esto crea una incoherencia real y evidente. Y para resolverlo existe el mecanismo de las indicaciones.
¡Esto puede ser una revolución electoral!
La UDI no está preparada para esa revolución electoral. Cautela siempre el principio de lo que se pueda manejar. No le gustan las revoluciones. El sentido del cambio la aterroriza.
Yo siento que esta oportunidad es propicia para abrir ese debate, a fin de que podamos ver si existe mayoría o no para el cambio en toda la estructura y los efectos que esto provocaría.
Porque no puedo sacarme de la cabeza que, cuando decimos: "Queremos una estructura vertical libre de restricciones", todos empiezan a calcular quiénes serían candidatos a gobernadores, cuántos votos se necesitarían, cómo nos iría, cómo sería tener dos años de Piñera con diez gobernadores en contra.
Y viene el cálculo político de la ingeniería electoral, que es legítima, pero que termina no interpretando lo que la sociedad...
Un minuto más, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Estamos en la discusión particular del proyecto, Senador.
El señor NAVARRO.-
¿Son cinco minutos?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Así es.
El señor NAVARRO.-
¿Me da un minuto adicional, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Cuenta con treinta segundos para finalizar su intervención.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, permitamos el debate; posibilitemos la presentación de indicaciones y hagamos una transformación completa.
Algo está pasando para que la sociedad no participe, y la autolimitación, como ocurre en este caso, es dañina porque nos hace aparecer como que no queremos competencia.
Yo, por lo menos, creo que la competencia política es sana para mantener vivo el cuerpo de la política.
En ese sentido, que participen y compitan todos los que quieran. Que no exista una autorregulación en beneficio de cuidar mis propios intereses. Eso es lo contrario de la política.
Por ello, votaré a favor de este proyecto de ley. Pero incorporándole lo que la Senadora Von Baer y el Senador Sandoval han planteado: que se revise la estructura completa del texto.
La señora EBENSPERGER.-
Están presentadas las indicaciones.
La señora VON BAER.-
Ya lo están.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Como ya decíamos, nos acompañan algunos integrantes del Torneo Delibera, que se inicia el día de hoy, y en el que participan 64 estudiantes, que representan a las Regiones del Maule, de Tarapacá, de Magallanes, de O'Higgins, de Atacama, de La Araucanía, de Los Ríos, de Coquimbo y de Aysén.
¡Sean bienvenidos!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Ha llegado a la Mesa una petición para celebrar una sesión especial mañana 16 de octubre, de 15:30 a 16:00, en virtud de lo dispuesto en el número 3° del artículo 67 del Reglamento, a fin de debatir el proyecto sobre las inhabilidades para los consejeros regionales (boletín N° 12.524-06).
Se hará la citación correspondiente.
La señora EBENSPERGER.-
¿Suspendiendo las Comisiones, señor Presidente?
)---------------(
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, ¿se vota hoy día la iniciativa referida a Carabineros?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, al parecer, el día de hoy es más importante este proyecto.
Los mismos que han cuestionado lo sucedido en materia de probidad, que se han referido al caso de Carabineros, que han hablado de fortalecer la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, posponen esa discusión por la iniciativa sobre las inhabilidades para los consejeros regionales.
En segundo lugar, señor Presidente, el país espera otra cosa que seguir generando elecciones y elecciones.
Quiero dejar en claro que yo voté a favor de este proyecto hace algunas semanas. Y cuando se vote en particular mañana, pasado o el día que corresponda -hemos presentado indicaciones-, votaremos a favor de que se levanten todas las inhabilidades, y en contra de que ello no ocurra.
¡Voté a favor en la discusión en general!
En tercer lugar, no puedo dejar pasar, señor Presidente, las expresiones del Senador Chahuán.
Una cosa es la amistad y otra cosa es lo político.
Y me parece que no corresponde recibir de parte de una bancada amiga, representada por el Senador Chahuán, cuestionamientos a la vocación democrática o el espíritu democrático de la UDI, por oponerse a una discusión que debe hacerse fundamentalmente sobre la base de la reglamentación vigente.
Si querían una sesión especial, ello se puede solicitar conforme a nuestro Reglamento. Pero sostener de una bancada del mismo pacto que es menos democrática por estimar que un proyecto de esta naturaleza se tramita en forma exprés y a última hora, no corresponde.
Por lo tanto, señor Presidente, rechazamos las expresiones del Senador Chahuán en contra de la UDI, ¡y las vamos a anotar con letras mayúsculas en nuestro libro de recomendaciones, porque eso no se hace...!
Finalmente, quiero decir que lo realizado por la UDI se apega estrictamente al Reglamento. Cada uno puede tener las opiniones que estime conveniente o votar como corresponda. ¡Pero aquí nadie tiene derecho a indicarle a otra bancada que es menos o más democrática por el hecho de que apruebe o no un proyecto!
Por eso, como bancada, rechazamos las expresiones del Senador Chahuán.
¡Y, como viene llegando a la Sala, quiero decirle que esto lo vamos a anotar con letras mayúsculas en nuestro libro de recomendaciones...!
El señor BIANCHI.-
¡Ha sido aludido el Senador Chahuán, Presidente...!
La señora MUÑOZ.-
¡Lo han aludido...!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, quería señalar solamente un par de cuestiones.
Yo he votado favorablemente este proyecto, pues me parece de toda justicia que los consejeros regionales puedan equipararse a la situación de privilegio que tenían los alcaldes en ejercicio cuando postulaban a la reelección, toda vez que solamente treinta días antes de la elección dejaban su cargo, manteniendo la dieta y la posibilidad de participar en los concejos, con derecho a voz y a voto.
La ley N° 21.073, de febrero del 2018, estableció la inhabilidad de los consejeros regionales en el sentido de tener que renunciar con un año de anticipación para poder postular al cargo de alcalde.
En consecuencia, me parece que existe ahí una primera arista, una cierta cuestión de igualdad ante la ley, que establece la Constitución, que merece ser modificada y reparada mediante esta iniciativa que fue presentada y que voté favorablemente.
¿Qué voté en contra, señor Presidente? Una indicación para eliminar la atribución de los alcaldes de participar en las sesiones del concejo con derecho a voz y a voto, que se aprobó.
¿Cuál fue mi fundamento? Que este proyecto posee rango orgánico constitucional, por lo que va a tener que ser revisado por el Tribunal Constitucional. Y sucede que el consejero regional y el alcalde tienen que conservar su remuneración. Así dice el texto que hemos aprobado. Entonces, ¿cuál es la causa próxima -y estoy hablando en términos jurídicos- para mantenerla?
A mí me parece que los alcaldes tenían un sistema que funcionaba y que había pasado el test de constitucionalidad del Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, si el alcalde conserva su remuneración a título de nada y no participa o no sigue participando con derecho a voz y a voto en el concejo municipal, yo tendería a pensar que podríamos dar pie para que el referido Tribunal estimara que esa remuneración no tiene una causa -insisto en que el concepto "causa" lo uso en los términos establecidos por el Código Civil, o sea, como concepto jurídico- por la cual el Estado tendría que pagarla. E idéntico alegato hice respecto de la norma aplicable a los consejeros regionales.
En consecuencia, señor Presidente, voy a votar a favor de este proyecto en su totalidad, salvo específicamente esa indicación, respecto de la cual me pronuncié en contra por las razones que señalé y solo para resguardar su éxito, a fin de que no tenga tropiezos en el Tribunal Constitucional.
)--------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informe
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (boletín N° 12.431-07) (con urgencia calificada de "suma").
--Queda para tabla.
Solicitud de permiso constitucional
Del Senador señor Insulza, para ausentarse del país a contar del 17 de octubre del año en curso.
--Se accede a lo solicitado.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.
El señor COLOMA.-
Señor Presidente, yo tampoco quiero dejar pasar -vengo llegando de una Subcomisión Mixta de Presupuestos- las expresiones del Senador Chahuán.
Porque uno puede pensar distinto: así es la vida. Pero calificar de antidemocrática nuestra legítima opinión, que emitimos haciendo uso del Reglamento, me parece un abuso total.
A la inversa, yo jamás he procedido de esa manera.
Uno puede tener opiniones, pareceres, convicciones. Pero -repito- descalificar a quien hace uso de un legítimo derecho reglamentario, lo considero abusivo.
Se lo digo a Su Señoría: ¡eso no corresponde!
Esa es la verdad. Y creo que a ese respecto podemos estar de acuerdo.
Ahora voy al fondo del asunto, señor Presidente.
En tal sentido, quiero explicar exactamente de dónde emana la objeción que hemos planteado.
Nuestro sistema, para bien o para mal, desde siempre ha seguido líneas para la elección de autoridades compatibles entre sí y ha tenido barreras para que no haya un salto ante el temor de que pueda utilizarse un cargo para conseguir un beneficio electoral.
Ello no es de nosotros: viene de todos.
Ya en la reforma constitucional del 2005 se planteó entusiastamente que debían existir dichas barreras.
¿Y qué queda?
Que el senador con el diputado funcionen en la misma línea: no hay inhabilidades y no se debe cumplir plazo alguno.
En el caso de los alcaldes y los concejales hay una vinculación absoluta: ninguno debe renunciar para postular al otro cargo.
Los gobernadores y los consejeros regionales tienen una misma línea.
¿Qué se logra en todos los casos? Por ejemplo, se evita que un diputado pueda ser candidato a alcalde o viceversa; o sea, se los obliga a renunciar un año antes.
¿Cuál es la filosofía, que no es mía, sino del constituyente de 1980 y del de 2005? Por ejemplo, impedir que un alcalde, poco antes de irse, genere una asignación presupuestaria de tal fortaleza que constituya una ventaja ilegítima. Y lo mismo en el caso del gobernador regional y del parlamentario.
Ese es el sistema que tenemos en Chile; y ha sido siempre igual. Entonces, que no se diga que se está haciendo algo increíble, que hay una inhabilidad tratándose del consejero regional y del gobernador.
No, señor Presidente: este sistema ha existido siempre -a uno podrá gustarle o no-, y así se halla establecido.
Ahora bien, señor Presidente, aquí hay algo que no me calza.
El artículo 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dice que "No podrán ser candidatos a alcalde o a concejal", y nombra una serie de autoridades: los ministros de Estado, los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales -los seremis-, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los gobernadores regionales, los consejeros regionales, los parlamentarios, los miembros del consejo del Banco Central y el Contralor General de la República.
Esa es una línea.
Por otro lado, el constituyente o el legislador hace otra línea después de quiénes pueden ser parlamentarios o gobernadores regionales.
Eso es lo que se está alterando. Sin embargo, no veo razón para hacerlo solo en el caso a que se refiere el proyecto que nos ocupa.
Alguien puede decirme: "Terminemos con la inhabilidad". Esta es una línea, y yo la respeto, y estoy dispuesto a debatirla (yo conozco a muchos Diputados que quieren ser alcaldes, pero no pueden: la inhabilidad es total en el caso del parlamentario).
Por eso, de repente me provoca cierta molestia cuando algunas personas manifiestan un no rotundo. O sea, un parlamentario no puede postular a ser alcalde, ni siquiera renunciando un año antes: ¡nunca! Debe terminar su mandato y luego presentar la respectiva candidatura.
Tales son las barreras que entre todos hemos puesto en la Constitución y en las leyes para no beneficiar indebidamente a unos y perjudicar a otros.
Por lo tanto, no alcanzo a entender la razón que existe para cuestionar nuestro planteamiento.
Tengo grandes amigos consejeros regionales, con los cuales he discutido esta materia; creo que hacen una buena labor.
Por ejemplo, no entiendo la lógica que le impide al alcalde postular a gobernador regional sin haber renunciado con un año de antelación.
Por consiguiente, solo el core va a poder ser candidato a alcalde.
Señor Presidente, en sentido estricto, nosotros hemos planteado la modificación respecto de todos o de ninguno.
A mi juicio, uno no puede tomar a la ligera esta situación. Porque, por ejemplo, el día de mañana otro gobierno puede decir "Tengo unos seremis rebuenos para postularlos a estos cargos" y, aprovechando una mayoría circunstancial, formular un planteamiento solo respecto a los secretarios regionales ministeriales; o bien, proceder así en cuanto a la postulación de los ministros a la Presidencia de la República, para lo cual hoy día deben renunciar con un año de anticipación.
Entonces, lo que no entiendo es por qué en esta oportunidad se rompe la regla en comento.
Y lo digo democráticamente, reflexivamente, serenamente: el fin no justifica los medios.
Todos los partidos tienen cores que pueden ser buenos candidatos a alcaldes; pero proceder de la manera indicada no es justo. Porque muchos alcaldes aspiran a ser gobernadores regionales y nosotros, según las disposiciones pertinentes, les decimos que no.
¡Díganme por qué no!
¿Alguien tiene una respuesta?
Eso quería decir, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ena von Baer.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, el Senador Huenchumilla hacía alusión a la necesidad de que exista igualdad ante la ley en esta materia.
Yo comparto esa apreciación.
Pero si votamos el proyecto tal como está, no vamos a tener igualdad ante la ley.
Porque me pueden decir que es justo o igual ante la ley que un consejero regional, para ser candidato a alcalde, no tenga que renunciar un año antes. Sin embargo, un concejal que quiere postular al cargo de gobernador regional sí debe hacerlo.
¿Dónde está la igualdad ante la ley?
Si realmente queremos competencia -me parece bien que ella exista, y en tal sentido comparto lo planteado por el Senador Navarro-, entonces levantemos todas las inhabilidades, y que un concejal, sin tener que renunciar a su cargo, pueda ser candidato a gobernador regional, o que un concejal, sin la obligación de renunciar, pueda postular al cargo de consejero regional; que un consejero regional que quiera ser candidato a alcalde no deba renunciar, o que un consejero regional que desee postular al cargo de concejal tampoco tenga que hacerlo.
Esa es igualdad ante la ley, señor Presidente.
Ahora bien, aquí se ha dicho que nosotros queremos bloquear.
Muchos Senadores de la UDI votaron a favor de este proyecto en general, pues se pensaba que en la discusión particular primarían la racionalidad y la mirada de la igualdad ante la ley, y que, por lo tanto, se apoyarían las indicaciones que presentaríamos con respecto a la igualdad ante la ley, para los efectos de que un concejal que quiera ser candidato a consejero regional o a gobernador no tenga que renunciar a su cargo.
¿Y sabe qué, señor Presidente? Se rechazaron nuestras indicaciones.
Entonces, yo me alegro de que el Senador Navarro diga que le parece bien nuestro planteamiento. ¡Qué bueno! Porque eso significa que vamos en el camino correcto.
Señor Presidente, yo en verdad les pediría a los Senadores que estuvieron en el período legislativo anterior, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet, que revisaran cómo votaron estas inhabilidades. Porque es ahí donde se establecieron.
¿Y sabe qué quería el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre? Que se estableciera un sistema. Porque teníamos un mecanismo de inhabilidades, y a través de proyectos de ley como el que ahora nos ocupa, que daban solución solo a un problema puntual para una elección, nos quedó un sistema completamente desordenado.
Lo que planteó el Ministro Eyzaguirre en ese minuto fue: "¡Ordenemos!". Ordenemos el sistema de inhabilidades para que sea justo y -usando las palabras del Senador Huenchumilla- con igualdad ante la ley.
Eso fue lo que propuso en su minuto el referido Secretario de Estado. Y fue apoyado entusiastamente por muchos de los parlamentarios que están acá, en la Sala.
Entonces, se estableció el sistema tal como lo conocemos.
O sea, si el concejal quiere ser candidato a alcalde, no tiene que renunciar a su cargo; si desea postular para gobernador regional, debe hacerlo, y también si desea ser candidato a consejero regional.
Si el alcalde quiere postular al cargo de gobernador regional, tiene que renunciar. Y si un senador desea ser candidato a gobernador regional, también ha de renunciar.
¿Y sabe por qué no se pudo hacer aquello en su minuto, señor Presidente? Porque los parlamentarios no querían que se les estableciera la obligación de tener que renunciar para ser candidatos a consejeros regionales.
El sistema que se creó tiene su lógica.
Señor Presidente, a mí me gustan la libertad y la igualdad ante la ley.
Levantemos todas las inhabilidades, y no solo una. Porque, de lo contrario, a la vuelta de la esquina estaremos legislando nuevamente sobre la materia, pues los alcaldes tampoco van a querer que se les establezca la obligación de renunciar para ser candidatos a determinado cargo. ¡Y van a tener toda la razón!
Ustedes explíquenme por qué un concejal deberá renunciar a su cargo para ser candidato a gobernador regional y un consejero regional no tendrá que hacer lo mismo para postular a un cargo de alcalde.
¿Por qué?
¡Cuál es la justificación para ello!
Si estamos todos de acuerdo y lo que realmente queremos es que exista competencia, levantemos todas las inhabilidades.
Las indicaciones ya se presentaron. Así que Sus Señorías las pueden apoyar: fueron renovadas por la UDI.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Jacqueline van Rysselberghe.
La señora VAN RYSSELBERGHE.-
Señor Presidente, viendo el tenor de la discusión que se planteó inicialmente, dado que nosotros solicitamos que se votara mañana para los efectos de poder presentar las indicaciones pertinentes, gran parte de la argumentación que escuchamos en la Sala fue justamente que uno no quería que hubiera más democracia, que no existiese diálogo; que deseaba generar desigualdades o privilegios, en fin.
¡Todo lo contrario!
Nosotros siempre dijimos -y lo señalamos durante la discusión en general- que estábamos disponibles para, si se va a quitar un privilegio a unos, que ello se hiciera respecto de todos. Entonces, así como a los consejeros regionales les es factible postular para un cargo de alcalde, que el alcalde también pueda ser candidato a consejero regional o a gobernador regional sin tener que renunciar a su cargo; y que se quiten todas las inhabilidades que se generaron al objeto de que cualquiera pueda ser candidato a ese tipo de cargos.
Nosotros ya repusimos nuestras indicaciones. Por ello esperamos, en virtud de la misma argumentación que se ha dado acá, en el sentido de que hay que generar mayor democracia, un nivel de participación más elevado, que las aprueben, para que la cancha sea pareja para todos; para que los alcaldes y concejales puedan ser candidatos a gobernadores regionales o a consejeros regionales sin tener que renunciar a sus cargos, y para que, a su vez, los consejeros regionales puedan postular a cargos de alcalde y concejal: ¡quitemos todas las inhabilidades!
Y lo mismo para el caso de los delegados presidenciales regionales o de los delegados presidenciales provinciales.
Porque no hay ninguna razón para que algunos cargos tengan inhabilidades y otros no. Porque todos los cargos tienen facultades, manejan recursos, están a la palestra.
Si vamos a quitar las inhabilidades, seamos coherentes con nuestro discurso; seamos claros en plantearlo, y -como ustedes mismos lo señalaron- seamos transparentes: si lo que hay detrás es la búsqueda de mayor igualdad, entonces démosles igualdad a todos y eliminemos las inhabilidades.
Nosotros ya renovamos las indicaciones pertinentes.
Y en virtud de las mismas argumentaciones que se han dado acá, esperamos que esas indicaciones, que por lo demás fueron rechazadas en la Comisión, sean aprobadas ahora por la Sala a fin de que generemos igualdad de condiciones para todos quienes quieran postular a cargos de representación popular.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay más inscritos.
El Senador Chahuán figura en la lista; pero Su Señoría ya intervino.
Queda terminada la primera discusión.
--El proyecto queda para segunda discusión particular.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Pasaríamos, entonces, a ver la iniciativa que originalmente se hallaba en el primer lugar del Orden del Día.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Pido la autorización pertinente para que ingrese a la Sala el asesor del Ministro del Interior señor Pablo Celedón.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Les parece a Sus Señorías?
Acordado.
MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
El señor QUINTANA (Presidente).-
A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con segundo informe de la Comisión de Seguridad Pública e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.250-25) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En primer trámite: sesión 69ª, en 20 de noviembre de 2018 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Seguridad Pública: sesión 83ª, en 2 de enero de 2019.
Seguridad Pública (segundo): sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019.
Hacienda: sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019.
Discusión:
Sesiones 84ª, en 8 de enero de 2019 (queda pendiente la discusión en general); 87ª, en 9 de enero de 2019 (se aprueba en general).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 9 de enero de 2019.
La Comisión de Seguridad Pública deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que el numeral 2), que pasa a ser 7), del artículo 1°; el numeral 3), que pasa a ser 7), del artículo 2°; la letra a) del numeral 1) del artículo 3°; el artículo 4°, y el artículo segundo transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna Senadora o algún Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Señor Presidente, habría que darlas por aprobadas dejando constancia del quorum correspondiente, pues algunas normas son de rango orgánico constitucional. Pero ahora no tenemos número suficiente de Senadores para proceder a ello.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Siga con la relación, señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Con ese mismo quorum, esto es, 23 votos favorables, deben aprobarse en particular el artículo 3° ter contenido en el numeral 5) y el artículo 90 bis propuesto en el numeral 12) del artículo 1°, normas de carácter orgánico constitucional que no tuvieron modificaciones en el segundo informe. Tampoco fueron objeto de enmiendas en el segundo informe y deben aprobarse en particular con quorum calificado, es decir, con 21 votos favorables, el inciso segundo del artículo 4° ter contenido en el número 7) del artículo 1° y el inciso segundo del artículo 5° sexies propuesto en el numeral 2) del artículo 2°.
El referido órgano técnico efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, todas las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia, y no introdujo modificaciones al texto despachado por la Comisión de Seguridad Pública.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas. De estas enmiendas unánimes, también hay varias normas que son de rango orgánico constitucional.
Por último, las enmiendas unánimes recaídas en el inciso segundo del artículo 2° ter del número 3) del artículo 1° y en el inciso segundo del artículo 6° bis del número 4) del artículo 2° requieren para su aprobación de 21 votos favorables, por incidir en normas de quorum calificado.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Seguridad Pública y el texto como quedaría de aprobarse tales modificaciones.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe, para entregar el informe de la Comisión.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, en mi calidad de titular de la Comisión de Seguridad Pública me corresponde informar a esta Sala acerca del proyecto de ley de la referencia, que cumple su primer trámite constitucional en el Senado y que se iniciara mediante mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Se dio cuenta de esta iniciativa en sesión del día 20 de noviembre del año 2018 y se dispuso que fuera estudiado por las Comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda, en su caso.
Corresponde ahora discutirla en particular.
Como se sabe, el objetivo del proyecto de ley es propender a la modernización de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad mediante la incorporación de sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa que garanticen el control institucional, gubernamental y ciudadano de las instituciones policiales.
Al momento de analizar las indicaciones formuladas, la Comisión de Seguridad Pública tuvo en consideración que la modernización de las instituciones policiales y el fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad hacen imperioso que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública incorporen sistemas y protocolos modernos de estrategia y gestión operativa, los cuales deben ser transparentados para un control institucional, gubernamental y también ciudadano.
Es esencial, entonces, entregar a la ciudadanía información accesible y veraz, así como disponer de mecanismos de rendición de cuentas institucionales a niveles nacional, regional y también local, que permitan conocer y evaluar el cumplimiento de los objetivos, planes y metas policiales.
Pero también es clave dotar a las instituciones policiales de controles internos y externos para perseguir y sancionar excesos en la función policial, así como cualquiera otra conducta alejada de estándares de probidad y transparencia.
Por otra parte, se tuvo en cuenta que, en circunstancias de que existe una crisis de credibilidad en estas instituciones, surge una fundada inquietud en virtud de la pérdida de confianza ciudadana en ellas, cuando se piensa que ni la sociedad ni el Estado pueden funcionar sin creer en sus policías, lo cual es más complejo si se considera la importante labor que desempeñan en la seguridad pública: un derecho fundamental.
En ese marco, la Comisión ha procedido a introducir un conjunto de modificaciones al proyecto de ley aprobado en general por esta Corporación, que en forma sintética y por vía principal apuntan a los siguientes aspectos:
-Se incorporó una nueva norma para precisar que el personal de Carabineros de Chile deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, consistente en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
-Se agregó un nuevo artículo que exige al personal de Carabineros de Chile, en el cumplimiento de sus funciones y deberes, circunscribir su actuar a sus facultades legales y obrar con respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. Añade la norma que deberá, además, brindar un trato sin discriminación arbitraria para permitirle a cualquier persona, en su interacción con el personal policial, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
-Se estableció que Carabineros de Chile deberá informar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al menos semestralmente, la cantidad de personal de la institución, dando cuenta de su desagregación y cobertura, tanto a nivel regional como comunal. Una vez recibida dicha información, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tendrá diez días hábiles para remitirla a ambas Cámaras del Congreso Nacional. Esta información tendrá carácter reservado. No obstante, servirá de base para el debate de los proyectos de ley y la discusión presupuestaria, poniendo término al oscurantismo que reinó durante mucho tiempo y que evitó que incluso en las discusiones presupuestarias se tuviera en vista dicha información.
-Se precisó que Carabineros de Chile establecerá los servicios policiales según lo señalado en el Plan Estratégico de Desarrollo Policial y el Plan de Gestión Operativa y Administrativa, para dar cumplimiento estricto a sus finalidades específicas, de acuerdo con la Constitución Política y la legislación respectiva.
Además, se entregó al Alto Mando policial, compuesto por el General Director y los Generales Inspectores, en conjunto con la Subsecretaría del Interior, la supervisión y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y del Plan de Gestión Operativa y Administrativa.
En el ejercicio de esta supervisión, se encargó al Alto Mando policial encomendar programas, proyectos y tareas a las jefaturas responsables de ejecutarlos; controlar las acciones y procesos internos emanados del Plan Estratégico de Desarrollo Policial; entregar orientaciones, lineamientos y directrices que aporten a la consolidación del proceso de modernización; calendarizar el trabajo anual de acuerdo al establecimiento de prioridades y jerarquías y, adicionalmente, reportar, al menos en forma semestral, los resultados de dicha supervisión y evaluación al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Los reportes de supervisión y evaluación deberán ser remitidos a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras del Congreso Nacional al momento de la elaboración del presupuesto de Carabineros.
-Por otra parte, a fin de evaluar y controlar la adecuada respuesta de Carabineros de Chile ante abusos u otros actos arbitrarios cometidos por su personal en el ejercicio de sus funciones, se le exigió contar con un sistema para la interposición, tramitación y resolución de reclamos de parte de la ciudadanía, cuyo funcionamiento esté a cargo de una repartición destinada específicamente al efecto. Adicionalmente, se reguló la forma como se tramitarán tales reclamos y se hará el seguimiento respectivo.
En sintonía con lo anterior, se impuso a Carabineros el deber de elaborar un modelo de control interno para la prevención y el control de conductas indebidas, tales como faltas a la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios, el cual se radicará en una alta repartición y deberá contar con un mecanismo confidencial que permita a los miembros de la propia institución dar cuenta de este tipo de conductas en forma anónima y garantizar que no sufrirán consecuencias negativas por ello. El modelo y sus modificaciones posteriores deberán ser aprobados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior.
Por último, se regularon en sus elementos esenciales los actos y recursos que contemplarán los procedimientos disciplinarios que se originen en virtud de lo referido precedentemente.
-En lo que atañe al uso y disposición de los presupuestos de Carabineros de Chile, del mérito de la administración de los fondos y de su contabilidad, tanto en moneda nacional como extranjera, se estableció el deber de rendir cuenta...
El señor QUINTANA (Presidente).-
Concluyó su tiempo, señor Senador.
Puede continuar por un minuto más.
El señor HARBOE.-
Gracias, señor Presidente.
Decía que se estableció el deber de rendir cuenta, al menos semestralmente, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior, sin perjuicio de las obligaciones de rendición e información existentes en otros cuerpos legales.
-Las modificaciones anteriores fueron establecidas en términos similares respecto de la Policía de Investigaciones de Chile.
-Para ser concordantes con las exigencias que se vienen estableciendo, se facultó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para ejercer, a través de la Subsecretaría del Interior, el control presupuestario, financiero y de mérito sobre las inversiones y gastos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Para dicho propósito, el referido Ministerio deberá, al menos semestralmente, requerir la información de estadísticas e información sobre el avance de su gestión financiera.
Es cuanto puedo informar.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Se deja constancia de que en estos momentos se da cumplimiento al número de Senadores (23 votos) para aprobar todas las normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, incluidas aquellas que requieren quorum especial.
--Se dan por aprobadas, con la votación anteriormente consignada para los efectos del
quorum
constitucional exigido.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Felipe Harboe, ¿usted terminó?
El señor HARBOE.-
Sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Tiene la palabra el Senador señor Bianchi, y luego...
El señor COLOMA.-
Faltan las normas de quorum, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Las normas de quorum especial ya están aprobadas, señor Senador.
Si Sus Señorías piden abrir la votación, no hay ningún problema en votar el resto de las enmiendas.
El señor BIANCHI.-
Eso quería pedirle, señor Presidente: que abra la votación.
El señor QUINTANA (Presidente).-
El Senador Carlos Bianchi está solicitando la apertura de la votación.
¿Habría acuerdo en la Sala para proceder en esos términos?
Acordado.
El señor BIANCHI.-
Me recupera el tiempo perdido por favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No hay problema, Su Señoría.
Entonces, en votación las enmiendas que fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Gracias, señor Presidente.
Estamos frente a un proyecto que constituye un avance importante para nuestra institucionalidad.
El proyecto que nos ocupa no solo ha sido producto de la iniciativa propia del Ejecutivo, sino especialmente de las mejoras que introdujimos en la discusión habida durante el trámite legislativo.
En este sentido, señor Presidente, destaco la incorporación, en el artículo 1º del proyecto, de la norma por medio de la cual se establece de manera expresa la obligación del personal de Carabineros de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, que implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño del cargo, con preeminencia del interés público por sobre el privado.
Por otra parte, el artículo 2° bis establece que, en el cumplimiento de sus funciones y deberes, el personal de Carabineros de Chile deberá circunscribir su actuar a sus facultades legales y obrar con respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.
Asimismo, deberá brindar un trato sin discriminación arbitraria, que permita a cualquier persona, en su interacción con el personal policial, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.
Estas no son simples declaraciones de buenas intenciones, ya que el incumplimiento de estos deberes conductuales, fijados a través de la ley, puede dar lugar a responsabilidades administrativas e incluso penales, de conformidad a nuestra normativa vigente.
Por otra parte, se ha reforzado el principio de subordinación de Carabineros al poder civil, propio de cualquier democracia, especialmente cuando estamos hablando de una institución que mantiene un carácter militar.
Es así como el proyecto define que Carabineros de Chile deberá establecer los servicios policiales, según lo que se fije en el respectivo Plan Estratégico de Desarrollo Policial y en el Plan de Gestión Operativa y Administrativa.
Cabe señalar que en la definición de tales planes interviene de manera directa la autoridad civil.
Además, se establece un sistema especial de reclamos y denuncias tanto para la ciudadanía como al interior de la misma institución, el cual entrega a quienes las realicen garantías de que no sufrirán represalias por hacerlas.
Con esto se va a facilitar el control del adecuado funcionamiento de la institución, permitiendo conocer y reaccionar, de forma oportuna y efectiva, ante cualquier posible irregularidad o abuso que se cometa en la utilización de los recursos materiales y humanos de la institución, o en el ejercicio de la función policial.
Los avances mencionados se concretarán a partir del debate de las indicaciones que presentamos al proyecto, las cuales se sumaron a muchas otras que tanto el Ejecutivo como distintos Senadores y Senadoras ingresaron durante el trámite legislativo.
Sin perjuicio de lo anterior, aún existen varias materias muy importantes que quedaron en el tintero y que pudieron ser abordadas con ocasión de la tramitación del proyecto.
Lamentablemente, se rechazó la indicación que presentamos con el objeto de establecer la obligación de incorporar a la malla curricular de los programas de formación de Carabineros cursos sobre promoción y protección de los derechos humanos.
Se trata de un asunto que se vincula con la formación de nuestro personal policial, y que puede tener un impacto profundo y permanente en beneficio de la propia institución y de nuestro Estado de derecho en general.
Por otra parte, tampoco se aprobó nuestra indicación por medio de la cual proponíamos establecer que el personal policial tiene especialmente prohibido cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que atenten contra los derechos humanos o el sistema democrático. En estos casos, la obediencia a una orden superior no será considerada como eximente o atenuante de responsabilidad.
¿Me da dos minutos más, señor Presidente, por favor?
El señor LAGOS.-
¡Que le den los míos...!
El señor CHAHUÁN.-
¡Deberían ser diez minutos, Presidente!
El señor BIANCHI.-
Exactamente, señor Presidente. Deberían ser diez minutos y nos ha circunscrito las intervenciones solo a cinco.
Cabe señalar que en la actualidad, según las normas del Código de Justicia Militar aplicables a Carabineros, toda orden relativa al servicio impartida por un superior debe ser obedecida, salvo fuerza mayor. En el caso de que el inferior considere que se trata de una orden ilegal, puede suspender su cumplimiento dando cuenta a su superior, pero, en caso de que este insista, el subordinado está obligado a cumplirla.
Tratándose de una institución que debe interactuar permanentemente con la ciudadanía en tiempos de paz, no creo que deban aplicar en esta materia los mismos parámetros que se utilizan para las Fuerzas Armadas.
Pero, más allá de lo señalado, señor Presidente, estamos votando un proyecto muy importante, que en todo caso constituye un paso relevante, importante, hacia adelante en el camino de trasformar a Carabineros de Chile en una institución que funcione bajo los parámetros propios de un Estado de derecho democrático, proyectándola al siglo XXI como un organismo con altas competencias profesionales y comprometido con los valores de nuestra república: ¡una institución que sea querida y respetada por todos!
Voto a favor de la idea de legislar.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Les recuerdo a Sus Señorías que nos encontramos en la fundamentación del voto en la discusión particular.
Por lo tanto, son cinco minutos por orador.
)------------(
El señor LAGOS.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Es una solicitud reglamentaria?
El señor LAGOS.-
Así es.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Le recuerdo que estamos en votación, señor Senador. Pero, si a la Sala le parece, lo escucharemos.
¡Seamos constructivos...!
Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, solamente quiero solicitar que se abra un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta las 19:30 de hoy -una hora solamente-, al proyecto sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, correspondiente al boletín Nº 12.332-05.
Está todo acordado en la Comisión, pero esta es una formalidad que debemos cumplir.
Por favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Hasta las 19:30?
El señor LAGOS.-
Exactamente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Okay.
Si los señores Senadores no tienen objeciones, se accederá a la petición del Senador señor Lagos.
Acordado.
El señor LAGOS.-
Muchas gracias, señor Presidente.
)---------------(
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, en una sociedad democrática, respetuosa del Estado de derecho, es esencial que la ciudadanía confíe en las instituciones llamadas a arbitrar las diferencias que se producen entre las personas con el objeto de mantener la paz social y una armónica convivencia.
Durante los últimos años hemos visto que el prestigio de las principales instituciones del país se ha deteriorado progresivamente debido a causas de diversa índole.
En el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el prestigio y la confianza que tradicionalmente las personas depositaban en ellas se vieron fuertemente dañados con ocasión de los denominados "Caso Fraude", "Operación Huracán" o la muerte de Camilo Catrillanca.
Con relación al millonario fraude que conocimos con pudor e indignación, que afectó a Carabineros de Chile en los últimos años, resulta evidente que la legislación nacional no contemplaba las herramientas necesarias de control y trasparencia para resguardar el correcto comportamiento de sus miembros, cuestión que derivó en abusos e ilicitudes cometidos por su oficialidad y por un contingente acotado y minoritario de funcionarios activos y en retiro de Carabineros.
Diversas instituciones y organismos internacionales han señalado en sus informes y estudios que nuestra región mantiene deudas en materia de controles y transparencia de sus instituciones, debido a que los países del continente latinoamericano no han desarrollado capacidades para responder eficazmente a los desafíos que se les presentan en el ámbito de la seguridad ciudadana, mediante acciones de prevención y de represión legítima al crimen y la violencia.
Esta situación es preocupante, ya que en varios países de la región la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas estructuras de poder, paralelas a las democráticamente constituidas.
Todos estos problemas contribuyen a aumentar la sensación de inseguridad de la población y los niveles de violencia.
Es en este marco que se nos presenta el proyecto de ley que actualmente discutimos, el cual aborda de manera muy parcial los problemas y desafíos institucionales que deben enfrentar nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para cumplir con los estándares que demanda una sociedad moderna, democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Esta ley en proyecto, que busca modernizar algunos aspectos del quehacer de las instituciones policiales, particularmente sus estándares de transparencia y probidad, incorpora sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa, debidamente transparentados, a través de la generación de mayores controles institucionales, gubernamentales y ciudadanos.
Lo esencial de esta iniciativa es que materializa de mejor manera el necesario control que debe existir sobre la acción policial, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que debe ser parte activa en la elaboración de las estrategias de seguridad y de control de las acciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Se incorporan, además, mecanismos de reclamos y denuncias en caso de acciones abusivas y arbitrarias de parte de los funcionarios policiales, cuestión que contribuye a orientar con principios democráticos la labor policial.
En fin, esta iniciativa constituye un avance necesario en el desafío de modernizar a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con miras a dar cumplimiento a las demandas por mayores niveles de seguridad.
Pero seamos claros: el desafío es mayor y no se agota con este proyecto.
Los resultados entregados hoy, contenidos en el estudio de la Fundación Paz Ciudadana, que reflejan un aumento del índice de victimización y una disminución de la confianza en las instituciones policiales, nos indican que ni la "mano dura", ni el "fin de la puerta giratoria", ni el "se acabó la fiesta", ni ninguno de los eslóganes que el Gobierno ha reiterado hasta el cansancio alcanzan para constituir una política robusta, integral y efectiva de seguridad pública, como la que reclama con fuerza y urgencia la ciudadanía.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.-
Señor Presidente, cuando termine su intervención acá al lado el Senador Ricardo Lagos, comenzaré. Y pido que no me descuenten este tiempo después.
La seguridad pública, sin duda, es un tema de la mayor relevancia para todos los chilenos. Y en materia de delincuencia, digamos las cosas como son: ¡el Estado de Chile está en deuda, más allá de los gobiernos!
Ha habido esfuerzos. Cada gobierno los ha hecho. Pero creo que usar caricaturas por eslóganes que los gobiernos pueden haber usado no es lo más indicado.
Por eso, con mayúscula: ¡la seguridad pública es un tema que nos corresponde a todos!
Muchas veces los políticos hablamos de las encuestas, de los estudios de opinión. Claro, lo confirman una y otra vez. Pero para enfrentar la delincuencia se requiere un frente unido que aglutine al ciudadano de la calle, a nuestras policías, al Ministerio Público, al Poder Judicial.
Nuestras policías, y en especial Carabineros de Chile, han sido severamente afectados por los escándalos de corrupción por todos conocidos y que no vale la pena reiterar en esta ocasión. Lo importante es la lección aprendida y mirar hacia delante.
También se ha criticado por años, señor Presidente, la falta de información respecto a la dotación y a la planificación estratégica de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
La decencia y la probidad de los miles de funcionarios de Carabineros y la PDI, que diariamente nos protegen de la delincuencia, no pueden seguir siendo puestas en tela de juicio por culpa de unos cuantos delincuentes incrustados en esas instituciones.
Sin embargo, acudiendo al viejo refrán que dice: "La esposa del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo", es importante que en forma permanente se esté actualizando la legislación relevante para cubrir eventuales fisuras y robustecer a nuestras instituciones policiales.
La mesa de trabajo en Seguridad Pública instaurada por el Presidente Sebastián Piñera abordó estas y otras materias, dando origen al Acuerdo Nacional por la Seguridad Publica, al que llamó el Gobierno a través del Primer Mandatario, con su Ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el Subsecretario Rodrigo Ubilla, quienes han desarrollado un trabajo con mucho esfuerzo, de aunar voluntades y buscar la mejor fórmula para que este proyecto se materialice, y hoy lo discutimos en particular.
Los elementos más destacados de esta iniciativa corresponden a la planificación estratégica, la gestión administrativa, el control financiero, la transparencia y la probidad.
Quedamos a la espera de los anhelados proyectos que mejoran la formación policial, tan necesaria para evitar procedimientos que después son declarados ilegales, que mejoran la carrera funcionaria y que permitirían fomentar la carrera policial, en especial la de Carabineros, para llenar las vacantes que actualmente no están cubiertas y que son muchas.
Es necesario destacar la importancia del Plan Estratégico a ocho años, revisable cada cuatro, que permitirá a nuestras policías una mejor planificación en la adquisición de recursos físicos y humanos. Y a los gobiernos y a este Congreso les dará la posibilidad de verificar su cumplimiento y revisar sus resultados.
Los nuevos procedimientos de auditoría interna y el Comité de Auditoría, en conjunto con el Ministerio del Interior, deben construir un nuevo comienzo en materia de administración financiera, que deje atrás los oscuros días que han remecido a la institución y nos den seguridad respecto del uso apropiado de los recursos de todos los chilenos.
Señor Presidente, ¿me concede treinta segundos?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Dispone de treinta segundos para terminar, señor Senador.
El señor MOREIRA.-
Gracias, señor Presidente.
Por todo lo anterior, apruebo esta iniciativa, porque se trata de los primeros pasos del camino de las mil millas, para contar con una policía robustecida, fortalecida, blindada frente a situaciones como las que pudimos apreciar en los últimos años. Además, a través de este proyecto de modernización se da cumplimiento al compromiso respecto de lo que los chilenos necesitan: una policía fuerte para defendernos de la delincuencia.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para que el Senador Felipe Harboe, después de intervenir, pueda presidir la sesión?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, este es un proyecto que se enmarca dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, al que muchos concurrimos para poder dotar a este país de mayores condiciones de seguridad.
Este es el primer proyecto de ese acuerdo. Establece, en la práctica, el control civil respecto de las instituciones policiales.
Esta iniciativa, probablemente, marca el retorno a la normalidad institucional, porque lo que va a ocurrir a partir de la promulgación de la ley en proyecto es que las instituciones policiales, que van a mantener sus capacidades autónomas para desarrollar acciones operativas, quedarán bajo la sujeción y planificación del Ministerio del Interior. Es decir, los representantes del Presidente de la República, el Ministro del Interior y el Subsecretario del Interior, tendrán un rol destacado desde el punto de vista de la planificación estratégica y también de la planificación operativa.
Se consagran en la Ley Orgánica Constitucional normas relativas al respeto de los derechos humanos de todas las personas. Por tanto, esto se transforma en una obligación en el ejercicio de las funciones, y su infracción conlleva, obviamente, un grado de responsabilidad mayor.
Este proyecto de ley establece un ecosistema jurídico-administrativo que va a permitir equilibrar la autonomía con la sujeción a la planificación estratégica del representante del Presidente de la República.
A la vez, se consigna la fijación de metas y estrategias plurianuales, con posibilidades de revisión.
Lo que vamos a tener acá es que, cuando legítimamente una institución policial quiera plantearse una estratégica de desarrollo institucional, ya no va a poder hacerlo autónomamente, sino que deberá consultarlo con el Ministro del Interior. Y ello es de toda lógica: al existir dos policías hoy, se requiere que ambas estén coordinadas por el mando civil, en este caso, el Ministro del Interior y Seguridad Pública.
El proyecto contempla la existencia de un plan estratégico plurianual, a ocho años, cuyos componentes deberá adecuarlos y acordarlos con el Ministerio del Interior. Pero también establece la posibilidad de efectuar algunas revisiones, toda vez que un período de ocho años es largo y pueden cambiar las prioridades, los fenómenos delictuales o las necesidades institucionales en el período intermedio.
Luego, se establece un plan operativo, en que también participa la institución, pero acompañada del Ministerio del Interior. Dicho plan puede fijar metas medibles y cuantificables. Pero medibles y cuantificables no solo por la institución, sino también por la autoridad civil. Este es un gran cambio.
En definitiva, no habrá solo una autoevaluación, sino una evaluación externa de los procesos y de las metas, en cuanto a si se han cumplido o no.
Evidentemente, la ley en proyecto es el marco general, y va a obligar a las instituciones policiales a mejorar sus estándares de gestión y de orgánica. Y el éxito de esta reforma dependerá de quienes ejerzan los mandos institucionales y también el mando político al momento de su entrada en vigencia.
¡La ciudadanía hoy día clama por mayor seguridad, por mayor eficiencia y mayor eficacia de las instituciones policiales!
La policía es para los más pobres, para el pueblo de Chile, la única esperanza de paz y tranquilidad frente al delito. Si la policía no llega oportunamente, no hay quien proteja a esa víctima del delito en los lugares más vulnerables, porque en esas zonas no tienen capacidad para invertir en su seguridad privada.
Por eso es tan importante contar con una policía a la altura de las circunstancias.
Señor Presidente, este proyecto es un avance significativo. Es un avance en control presupuestario; es un avance en control operativo; es un avance en planificación estratégica. Pero también es un avance conceptual, desde el punto de vista de la incorporación en la propia Ley Orgánica de normas relativas a los derechos fundamentales. Y establece la obligación de crear procedimientos internos para observar casos de conductas inapropiadas, donde también el Ministerio del Interior tendrá mucho que decir.
En definitiva, señor Presidente, lo que hace este proyecto de ley es crear el marco jurídico adecuado para contar con una policía de estándar internacional y de cara al siglo XXI.
Dependerá, como digo, de los mandos y del Gobierno actual que la implementación se traduzca en resultados concretos y prácticos para la gente.
Necesitamos una policía más eficiente y más eficaz. Más eficiente en la administración de esos recursos humanos, logísticos, tecnológicos y de infraestructura; y más eficaz en el logro del objetivo: dotar de mayor paz y tranquilidad a nuestros ciudadanos.
Señor Presidente, voto a favor de este proyecto.
Esta es la primera iniciativa de otras que estamos tramitando y que significarán un cambio importante en la estructura policial de cara a esta nueva era.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador José Miguel Insulza, tiene la palabra.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, no voy a repetir las cosas que se han dicho acá. Ciertamente, el Senador Harboe ha hecho una excelente presentación del proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Además, creo que el hecho de que este Senado esté discutiendo hoy día el tema de la seguridad pública es muy oportuno, porque tenemos un estudio reciente que ha sido publicado esta mañana y que nos ha dejado a todos muy alarmados.
Cuando se dice que los delitos han aumentado en poco más de cuatro puntos respecto del año anterior, en realidad estamos hablando de un incremento de 10 por ciento: eso significa el 40 por ciento contra el 36 por ciento del año pasado.
Esto, en verdad, es particularmente grave, pero es muy cierto, pues coincide con el sentido común. Lo estamos viendo todos los días. Todos conocemos a alguien que ha sido afectado por un delito de esta naturaleza.
Asimismo, todos sabemos de algunas de las causas que originan esto, fuera de las razones sociales, a las cuales no me voy a referir, porque sería un tema bastante extenso. Pero las causas propiamente de seguridad tienen que ver con la ausencia de una política adecuada de protección de la seguridad de los ciudadanos, que, dicho sea de paso, y ahora algunos parecen entenderlo, se demuestra sobre todo en los sectores de menores recursos. Porque mientras todos estamos preocupados de los portonazos, de los hechos en el sector oriente de Santiago, en las otras regiones y también en los barrios más pobres de la Capital aumentan la delincuencia y el temor que sienten los ciudadanos.
Este proyecto empieza a abordar uno de los problemas. En la hoja de ruta que acordamos con el Gobierno a fines del año pasado se encontraba esta iniciativa, que fortalece la probidad y la transparencia. Porque, finalmente, una de las razones para la caída fuerte del prestigio de la policía (Carabineros obtiene nota 4,1 en el tema de seguridad pública, mucho más baja que la que obtenía antes) se relaciona, precisamente, con los graves hechos en materia de falta de probidad y transparencia en que se han visto involucradas nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad en los últimos años.
Ciertamente, hay una baja satisfacción con el servicio policial en los barrios. Se dice que tanto al requerir ayuda urgente como al realizar denuncias de delitos no se está actuando de manera adecuada.
Señor Presidente, también es importante referirse, y lo hemos visto desgraciadamente en los últimos días, a la perpetración de un hecho dramático que ha mostrado la violencia en nuestras poblaciones con la muerte, a causa de una "bala loca" -como se dice-, de un bebé de nueve meses de vida.
Bueno, ¡las balas locas aumentan cuando aumentan las armas, pues! Porque por ahí hay algunos, como un ex Diputado, que dicen que lo mejor sería contar con más armas en manos de particulares. No creo que la bala loca que mató a este niño se hubiera detenido por el hecho de que su padre o su madre poseyeran un arma de fuego.
¡Mientras más armas, más violencia! ¡Mientras más armas ilegales, más delincuencia y más crimen!
Entonces, tenemos policías insuficientes; policías con poca dotación, y aumento sustantivo de la violencia armada en nuestras ciudades.
Hace algunos años tener una metralleta era una cosa que casi no se conocía en nuestro país. Sin embargo, hoy día cualquier delincuente sale a la calle con su metralleta a dispararle al aire para el funeral de alguno de sus colegas.
¡Esa es una realidad que tenemos!
Por lo tanto, necesitamos leyes que regulen a las policías; leyes que las especialicen, a unas en prevención y a otras en investigación; leyes que mejoren la carrera policial; leyes que, junto con aumentar la dotación, permitan el uso mucho más sustantivo de instrumentos electrónicos para combatir el delito.
Todas esas leyes necesitamos.
Y es preciso que los recursos estén distribuidos de mejor manera, porque hoy día bien sabemos que algunos municipios presentan en la televisión todos sus adelantos en materia de seguridad pública, mientras otros no tienen ni siquiera un centavo para comprar algún implemento de seguridad.
Reconozcamos que el tema de la desigualdad ha llegado a nuestras comunas, ha llegado a nuestras poblaciones, y eso también afecta a mucha gente.
Señor Presidente, la encuesta a la cual me refiero refleja desconfianza.
Este proyecto de ley es el primero que aprobamos para mejorar la situación de confianza. Tenemos que aprobar otros más. El importante tema de la especialización policial, por cierto, y el relativo a la Ley de Armas, que ya llegó a este Congreso, solo por poner dos ejemplos.
Creo que estamos abordando la materia con seriedad.
Es importante, señor Presidente, que no nos aprovechemos, que no usemos esto tampoco para apuntar con el dedo. Nosotros podríamos decir muchas cosas respecto de situaciones que no nos gustan. Por ejemplo, hemos señalado que no nos gustan las maniobras efectistas, que no nos gustan algunos proyectos de ley que se proponen al margen de la agenda que hemos acordado. Pero lo relevante es que tengamos una política nacional.
Nosotros manifestamos nuestra disposición, aprobando este proyecto en general de inmediato, para que se pudiera proceder a la discusión en particular en la Comisión. Y esa será nuestra conducta de aquí en adelante.
Voto que sí, señor Presidente.
--Conforme a lo acordado previamente, pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Harboe.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, modernizar la gestión institucional, fortalecer la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública son los propósitos de este proyecto.
Estamos por aprobarlo en los términos que ha dicho el Senador Insulza.
A nuestro juicio, fortalecer la seguridad es uno de los ejes de lo que debiera ser hoy día un entendimiento muy amplio y muy profundo entre los chilenos.
El proyecto desarrolla muchas cosas.
Plantea que, además de los principios, es fundamental que se respeten y se protejan los derechos humanos de todas las personas y se formen a las policías para ello; la exigencia de informar semestralmente la cantidad de personal de la institución; un Plan Estratégico de Desarrollo Policial a ocho años; un Plan de Gestión Operativa y Administrativa; un alto mando policial, que tiene roles muy ejecutivos; un sistema de interposición, tramitación y resolución de reclamos de parte de la ciudadanía; un modelo de control interno para la permanencia y para asegurar que se resuelvan los problemas; rendición de cuentas semestral de las platas y de la contabilidad; auditoría interna; Comité de Auditoría, en fin, muchos cambios de esta naturaleza.
Estoy por aprobar el proyecto.
Quiero decir muy claramente que yo suponía que gran parte de estas cuestiones existían en Carabineros antes de esta iniciativa de ley. La vida demostró que los sistemas eran precarios, que la transparencia era muy limitada y que la falta de autonomía respecto del Poder Ejecutivo y el Parlamento generaba importantes distorsiones.
Creo que el marco descrito permite controlar este cuerpo, ordenar las cosas. Pero no podemos olvidarnos de que el problema real, el problema de fondo es estructural.
Yo no creo que este sea el marco para hacer las cosas. Este es un marco jurídico para controlar una institución que requiere una discusión más de fondo, la cual está pendiente.
Aquí vivimos una situación que ha afectado el corazón de la institución: su doctrina, su ética, sus valores, su modelo organizativo, su sistema de contenido y formación, su relación con la sociedad y con la autoridad política. Esto no se resuelve solo con leyes y en plazos cortos. No es simplemente cuestión de modernizar su administración y operación.
¿Qué policía queremos? Es la pregunta que debemos hacernos y es el eje para pensar hacia adelante.
Queremos una policía democrática, como dice Duce, y una policía comunitaria, como es la discusión de los europeos, como se aprecia particularmente en un libro que les recomiendo a todos: La policía en democracia, que vino a presentar un francés hace muy poco. Es muy bueno.
La policía comunitaria es de la comunidad, para la comunidad y se complementa con la comunidad. Este es otro principio constitutivo de la organización de la policía -como ya decía-, con una fuerte formación en derechos humanos, que sabe que no tiene el monopolio del conocimiento de la realidad y de las soluciones concretas y que es capaz de interactuar y discutir con otros actores.
¿Cómo transitamos hacia una policía democrática y comunitaria? ¡Es una pregunta fundamental! Para ello tenemos que combinar dos cosas, y en eso debemos ser muy serios: por un lado, normalizar y regularizar a la policía que ha vivido la situación que ha vivido, con un Ministerio mejor preparado para ejercer el rol de autoridad respecto de ella; pero también apuntar hacia un cambio estructural, hacer una reforma profunda en cada una de las dimensiones que hemos señalado. No basta con el control administrativo y la subordinación a la autoridad civil. No basta con el control de este cuerpo. El cuerpo mismo debe experimentar cambios sustantivos en su doctrina, en sus valores y en muchos otros aspectos.
Voto a favor de este proyecto.
Me parece importante que se regule administrativamente, que se fortalezcan principios, que se tenga más transparencia, que se subordine al poder político. Pero junto con eso debemos tener una discusión sobre cuál es la policía que queremos construir para adelante, porque este es un tema abierto.
Entre otras cosas, parece fundamental desmilitarizar la policía. La policía chilena nunca estuvo en las paradas militares, hasta la dictadura. Carabineros de Chile no fue parte de esa historia.
Debemos ver de qué manera fortalecemos a esta institución en muchas dimensiones. Para eso hay que estudiar la reforma de fondo junto con todas estas medidas para normalizarla y controlarla.
Muchas gracias.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente, antes de entrar en la discusión de los artículos de este proyecto de ley, quiero reafirmar que él se discutió y se analizó con un amplio sentido de participación.
Y quiero valorar la acción del Gobierno. El Presidente Piñera el primer día que asumió el mando expresó la necesidad de un acuerdo nacional en seguridad, que se concretó en más de ciento cincuenta medidas, de las cuales setenta y una están dirigidas hacia las fuerzas policiales y de seguridad.
En ese debate no se impuso un determinado criterio, una determinada visión; sino que se escuchó, se dialogó, se concordó para establecer un texto que hoy día se está discutiendo en el Senado. Y ese criterio de participación, de colaboración, de escuchar y de concordar siguió en las Comisiones de las cuales formo parte, donde se discutió tanto en general como en particular este proyecto. Allí intervinieron el Ministro Chadwick, el Subsecretario Ubilla, el asesor Celedón, que siempre estuvieron dispuestos a trabajar, escuchar, colaborar y concordar aspectos que nos parecen fundamentales. Porque la seguridad es un objetivo y parte con instituciones eficaces, con procedimientos adecuados para enfrentar los desafíos de la modernidad. Lamentablemente, esa modernidad también nos trae delitos y organizaciones criminales con nuevas estructuras, nuevas capacidades y nuevos desafíos.
Por eso era fundamental que el Estado de Chile, la policía y sus autoridades establecieran la obligación de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con una duración de ocho años, que deberá ser actualizado cada cuatro.
¿Y qué nos dice? Ese Plan Estratégico de Desarrollo Policial, que tiene que ver con la policía que queremos para los próximos ocho años, será elaborado en conjunto con la Subsecretaría del Interior y sometido a la aprobación del Ministerio del Interior.
Es decir, es el Estado, es el gobierno elegido por la ciudadanía a través de sus representantes en materia de seguridad los que tendrán un rol fundamental para establecer qué queremos en los próximos ocho años.
Es más, el General Director que sea nombrado a los tres meses de asumido el cargo tendrá la obligación de dictar un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa que permitirá ejecutar ese Plan Estratégico y que deberá contener directrices, compromisos y metas de gestión. Este plan también será sometido a la aprobación del Ministro del Interior y Seguridad Pública.
En otras palabras, los mandos de Carabineros dirán cómo se aplicará lo que la institucionalidad quiere para la institución. Y ese mando necesitará la capacidad profesional, la capacidad operativa, la capacidad de gestión para mostrar ese plan, para mostrar la acción que verdaderamente le signifique al país un combate eficiente contra la delincuencia. Y el Ministro del Interior, como el Ministro a cargo de representar al Presidente de la República, será el encargado de aprobarlo.
Por lo tanto, estamos confluyendo en políticas de seguridad, en políticas públicas con una amplia participación, con una amplia colaboración. No se impone. Pero, sin duda, este proyecto de ley, que es el inicio de una gran modernización en materia de seguridad pública, en materia de nuestras instituciones policiales, no nos debe hacer olvidar los elementos que, a nuestro juicio, son esenciales para que las policías tengan éxito en el combate contra la delincuencia y sean eficaces frente a las organizaciones criminales, que no es otra cosa que el respaldo político que la autoridad les presta a sus policías, a las unidades que realizan un plan y una gestión que el gobierno define en el ejercicio de esas operaciones.
Sin ese respaldo político verdaderamente las policías podrán contar con una gran capacidad para gestionarse, para planificar, pero quedarán claramente debilitadas. Lo que este proyecto permite es esa gran planificación, esa capacidad de gestión con elementos de auditoría que aquí algunos Senadores han expresado y que yo no tengo tiempo para desarrollar.
Pero, sin duda, me parece que el elemento central para Carabineros de Chile, así como para la Policía de Investigaciones -porque este proyecto también hace referencia a la PDI-, es contar con un gran respaldo ciudadano y un gran apoyo -como aquí se decía- de los sectores más populares, porque estas instituciones son la gran respuesta que tienen para dormir tranquilos. Ellos ven en Carabineros una institución militar jerarquizada que busca el bien común y que lucha por la seguridad de los ciudadanos, el elemento que los diferencia y que los hace verdaderamente eficaces.
No podemos soslayar el respaldo político a las autoridades policiales. Cuando uno mira las grandes democracias del mundo, las democracias más estables, se da cuenta de que sus policías son modernas, poseen planificaciones y gestiones adecuadas a lo que es el mundo de hoy; pero cuentan también con un gran respaldo político que les permite ser eficaces y ser respetadas por la ciudadanía.
Señor Presidente, creo que este es un gran proyecto que -reitero- ha contado con la colaboración de muchos, porque aquí el Gobierno ha escuchado y ha concordado lo que queremos para la política de seguridad de Chile.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, creo que este es uno de los proyectos fundamentales que estamos tramitando como Congreso Nacional, por la sencilla y profunda razón de que ninguna sociedad puede existir si sus miembros no tienen la seguridad de poder vivir en paz y con tranquilidad en relación con su familia, con su trabajo y su entorno. Para ello es muy importante que el Estado esté dotado de una policía que coadyuve en la seguridad de la sociedad. Y Carabineros de Chile cumple una función muy relevante para conseguir ese objetivo.
Pero todos estamos contestes en que Carabineros sufrió una crisis. Una crisis que todos vivimos, que todos conocimos y de la que hemos sido testigos. Por lo tanto, teníamos como Estado y como institución de Carabineros la obligación de superar esa crisis, de aprovechar esa circunstancia crítica por la cual atravesó la institución para dar un salto hacia adelante y salir de los problemas que se tuvo, de aprovechar esa crisis para mejorar la situación.
Considero que ha sido un buen ejercicio el que ha hecho el Gobierno con la Oposición, con el conjunto del Congreso, en orden a sacar esta legislación que hoy día estamos aprobando.
A mi juicio, lo central de este proyecto de ley se ha conseguido. Constituye un avance, porque nos permite dar pasos hacia la supeditación de la policía al mando civil en aspectos estratégicos, en aspectos de gestión, en aspectos de control interno, en aspectos de manejo de las platas, en manejo de cuentas públicas, en manejo de estadísticas, en manejo de despliegue del personal a lo largo del territorio, ya sea regional o comunalmente.
Y todas las materias mencionadas están abordadas en este proyecto. De la misma manera como están abordados los temas relativos a los reclamos de las personas, de la gente común y corriente, que va a tener un procedimiento no solo expedito, sino que también seguro para los efectos de que se puedan presentar todos los reclamos en contra de hechos que la acción policial pueda haber cometido.
De igual modo, habrá también un sistema interno mediante el cual podrán hacerse denuncias anónimas de parte del personal, para que las formulen con entera libertad, a los efectos de que no solo se mejore la convivencia, sino que se terminen los abusos y la gente pueda trabajar en función de los grandes objetivos que debe perseguir esta institución.
Todos sabemos que Carabineros tuvo un gran prestigio en Chile. Y ese prestigio se vino abajo por los fraudes que se cometieron, por los abusos que no se previeron, por las cuestiones que pasan en La Araucanía. Y todos estamos conscientes de que a partir de acá tenemos un marco jurídico para operar. Dependerá mucho de la autoridad y del Alto Mando de Carabineros.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, se tendrá que hacer un plan estratégico. Eso significa grandes objetivos a largo plazo en materia de personal, en materia de doctrina, en materia de formación, en materia de fiscalización, de control interno. Esas cuestiones deberán estar incorporadas en los proyectos estratégicos con que contará Carabineros, sujetos a la aprobación de la autoridad civil y política, como es el Ministerio del Interior. Asimismo, los planes de gestión, las cuentas públicas por rendir.
Entonces, yo creo que a partir de este marco vamos a dar un salto adelante. Porque nos interesa que a Carabineros le vaya bien, nos interesa recuperar su prestigio, nos interesa que le creamos, nos interesa que entienda que el resto de la población son ciudadanos que merecen respeto y que requieren a Carabineros para su seguridad. No queremos seguir pensando lo que el Senador Huenchumilla alguna vez dijo: "¿Y por qué yo tengo que creerle a Carabineros?".
Yo quiero que, a partir de esta ley, podamos caminar en una dirección correcta, que signifique que le vamos a creer a Carabineros.
Entonces, la presente es una tarea de Carabineros y también de la autoridad política.
Por lo tanto, señor Presidente, es un avance, y voto que sí.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, claramente, en virtud de este proyecto de ley que ha impulsado el Ejecutivo se está dando cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Trabajo por la Seguridad, que empujó el Presidente Sebastián Piñera, pensando básicamente que estamos frente a la que es quizá la principal preocupación de todos y cada uno de los chilenos.
En ese contexto, el Presidente Piñera logró empujar ese acuerdo nacional que estableció 150 medidas, dentro de las cuales 71 estaban especialmente abocadas al fortalecimiento y la modernización de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
El año 2019 la Comisión de Seguridad Pública suscribió un protocolo de acuerdo con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que da cuenta de la agenda legislativa y las medidas administrativas sobre la materia y, por supuesto, este es uno de los proyectos que tienen que ver con ese proceso de modernización.
En virtud de la presente iniciativa, como se ha señalado, se abordan temas que dicen relación con la planificación estratégica, la gestión administrativa, el control financiero, la transparencia y la probidad, después de que hemos visto los últimos acontecimientos en los cuales la fe pública ha puesto en duda el trabajo abnegado y extraordinario que realizan Carabineros y la PDI en general en nuestro país.
Y por eso era tan importante abocarse justamente a aquello, para recuperar la confianza ciudadana. Y para que también podamos hacernos cargo de otro tema que me parecía de la mayor importancia: cómo nos preocupábamos de las cifras de victimización que nos han sorprendido a todos los chilenos y que ha entregado la Fundación Paz Ciudadana.
De ahí que resulta tan relevante, en definitiva, reestablecer la fe pública y las confianzas. Y este proyecto va en esa dirección. Por supuesto, lo vamos a apoyar, porque estamos convencidos del trabajo abnegado y sacrificado que realiza la mayoría del personal de Carabineros y de la PDI en nuestro país. Y no porque unos pocos faltaron a la fe pública vamos a generar una desconfianza institucional, que tan mal le hace a Chile.
Señor Presidente, la presente iniciativa contribuye a, en definitiva, restablecer, fortalecer la autoridad de las policías.
He dicho.
Votaré favorablemente.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
No hay más inscritos.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Terminada la votación.
--Se aprueban las enmiendas unánimes introducidas por la Comisión de Seguridad Pública (37 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron
por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor HARBOE (Presidente accidental).-
Señores Senadores, como tengo que presidir la Comisión de Seguridad en este minuto, quiero pedir la anuencia de la Sala para que el Senador Elizalde pueda reemplazarme en la testera.
Acordado.
El señor MOREIRA.-
¡El mejor regalo de cumpleaños...!
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Elizalde.
CREACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.252-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 25ª, en 12 de junio de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
El principal objetivo del proyecto es crear, en la Subsecretaría de Transportes, la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, a fin de que esta repartición, mediante una red de dispositivos electrónicos, debidamente señalizada en las zonas de control, se haga cargo de la detección, notificación y aplicación de las sanciones respectivas a los infractores en caso de exceso de velocidad, restricción vehicular o uso de pistas exclusivas para el transporte público.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadores señores Chahuán, Letelier, Pizarro y Soria.
Cabe hacer constar que el número 4 del artículo 2 y los artículos 8 y 16 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 23 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 114 a 125 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
En discusión la idea de legislar.
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán, Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, en mi calidad de Presidente de la referida Comisión paso a señalar los principales fundamentos en los que descansa la iniciativa en examen, así como los puntos centrales en los que se basó su discusión en general.
En primer lugar, se debe destacar que el objetivo del proyecto es crear, en la Subsecretaría de Transportes, la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, a fin de que, mediante una red de dispositivos electrónicos debidamente señalizada en las zonas de control, se haga cargo de la detección, notificación y aplicación de las sanciones respectivas a los infractores en caso de exceso de velocidad, restricción vehicular o uso de pistas exclusivas para el transporte público.
De ese modo, se dispone de una planta de fiscalizadores para tal entidad y de un procedimiento sancionatorio especial, de carácter administrativo, respecto de las contravenciones que sean detectadas mediante dispositivos automatizados de registro.
Lo anterior, con la finalidad de reducir las cifras de víctimas y accidentes de tránsito.
Así, el proyecto no busca generar una nueva fuente de recaudación para el Fisco, sino que, por el contrario, servir como una herramienta eficaz para generar un cambio cultural de comportamiento al volante.
Bajo esa lógica, el proyecto traspasa, desde los juzgados de policía local a la aludida División, la competencia para cursar determinadas contravenciones viales, así como para aplicar las sanciones respectivas.
Tales infracciones se refieren a las faltas que se configuran por exceder los límites de velocidad, por inobservar las medidas sobre restricción vehicular por razones de contaminación ambiental y por el incumplimiento de las normas de transporte terrestre dictadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que sean susceptibles de ser captadas por dispositivos automatizados (principalmente, el uso indebido de vías exclusivas destinadas al transporte público de pasajeros).
De ese modo, las contravenciones en comento serán captadas por artefactos electrónicos, los que remitirán las imágenes respectivas a la repartición pública antes indicada, la que, luego de una validación de la infracción, procederá a notificar al propietario del vehículo.
Este último luego podrá pagar directamente la multa o, en caso de no estar de acuerdo con la procedencia de la falta, impugnar administrativamente la resolución respectiva.
Por su parte, si dicha impugnación es desechada por la División, el particular podrá acudir al juzgado de policía local para reclamar de la decisión administrativa, resguardándose de esa forma el derecho constitucional de toda persona a una tutela judicial efectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, debo destacar que en el seno de la Comisión surgieron ciertos cuestionamientos respecto de determinadas materias, como las siguientes:
1) Si resulta razonable sancionar al propietario de un vehículo por una infracción cometida por el conductor del automóvil, en caso de no corresponder a la misma persona. Lo anterior, especialmente si se pretende generar un cambio de comportamiento en la conducción.
2) ¿Cuál será el modo de materializar la suspensión o cancelación de la licencia de conducir en los casos en que la infracción sea detectada de manera automatizada?
3) Si es prudente establecer causales taxativas de impugnación administrativa ante la notificación cursada o, por el contrario, se deben contemplar más hipótesis para ello.
4) ¿De qué modo se protegerán eficazmente los datos personales en ese contexto y cuáles serán los límites que tendrá la autoridad del sector para su tratamiento?
5) Incorporación o no, como infracciones a procesar administrativamente por parte de la referida División, de las denuncias asociadas con la inobservancia de obligaciones fijadas para el uso de autopistas concesionadas (coloquialmente denominadas "denuncias tag"), en tanto ello ser una fuente significativa de gastos por parte de las municipalidades y los juzgados de policía local.
Al respecto, cabe señalar que siete millones de infracciones son cursadas a los juzgados de policía local por esta materia.
6) Proporción en que serán distribuidos los recursos recaudados por este concepto entre el Fisco y el Fondo Común Municipal.
7) Eventual fijación de excepciones calificadas a la prohibición de circulación de los vehículos sin placa patente.
A su vez, se destaca que, durante la discusión en general, se contó con la presencia de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Hutt; del Subsecretario de Transportes, señor José Luis Domínguez; de miembros de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset); de personeros del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local; de representantes del Colegio de Abogados Secretarios de Juzgados de Policía Local y de algunas asociaciones y compañías del rubro, así como de asociaciones de la sociedad civil.
En tal sentido, resalto que todos ellos se manifestaron a favor de la idea de legislar de esta iniciativa, más allá de las observaciones que efectuaron a su texto.
Asimismo, subrayo que la Comisión ofició a la Excelentísima Corte Suprema para solicitar su opinión acerca del proyecto. Se recibió oportunamente el respectivo informe del máximo tribunal, el que constituyó un elemento fundamental para la discusión.
De igual forma, la Comisión tuvo a la vista un documento de legislación comparada elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, en el cual se examina la efectividad de los sistemas automatizados en experiencias internacionales.
Por último, destaco que la instancia que presido aprobó, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores Letelier, Pizarro, Soria y quien habla, la idea de legislar sobre el proyecto, sin perjuicio de hacer presente la necesidad de incorporar enmiendas a su texto durante el debate en particular.
Me reservaré la opinión como Senador en esta materia para el momento de la fundamentación del voto.
Hago presente que nos dimos el tiempo necesario para escuchar a cada una de las organizaciones interesadas, como también a los operadores del sistema. Me refiero, fundamentalmente, a los jueces de policía local y a los secretarios abogados, quienes contribuyeron de manera extraordinaria con un sinnúmero de observaciones, las cuales serán incorporadas como indicaciones al articulado cuando se realice la discusión en particular.
El tema de fondo es cómo somos capaces de dar seguridad vial; cómo somos capaces de salvar vidas. Ciertamente, esta iniciativa apunta a ello.
La primera causa de muerte de menores en nuestro país son los accidentes de tránsito. Por tanto, esta debe ser una de las vías para resguardar sus vidas.
Algunos plantean el laissez faire. Señalan que se opondrían a legislar respecto de temas que afecten las libertades.
Quiero manifestar que es justamente la sociedad civil la que ha pedido avanzar en materia de seguridad vial.
No puede argumentarse con las libertades de las personas, cuando está en juego finalmente un bien superior: resguardar la vida y generar seguridad vial para evitar el riesgo a personas inocentes, ya sea por descuido, ya sea por infracciones -todos están llamados a respetar la ley-, con el fin de que no tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas.
Por ello, creemos que este proyecto -por supuesto, es perfectible y será mejorado durante la discusión legislativa posterior- tiende a generar mayor seguridad vial y a resguardar la vida de las personas.
He dicho.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Tiene la palabra la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
La señora HUTT (Ministra de Transportes y Telecomunicaciones).-
Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera reforzar algunos de los puntos que acaba de relatar el Senador Chahuán.
El objetivo central de este proyecto es la seguridad de las personas en la vialidad.
Ya no es el tiempo en que las calles pertenecían principalmente a los vehículos motorizados. Con cada vez mayor frecuencia vemos que las vías son utilizadas también por modos no motorizados o por lo que se conoce actualmente como "micromovilidad": por ciclistas, por personas en scooters, entre otras distintas formas de desplazamiento que hasta hace poco no existían.
Esas son modalidades más vulnerables y se están usando con más frecuencia, por lo que requieren mayor protección.
La normativa que controla la velocidad de los vehículos motorizados, la Ley de Tránsito, existe. No se está modificando ninguna restricción. Con este proyecto solo buscamos mejorar la forma de control, dado que el no respeto a esos límites de velocidad está produciendo muertes, las cuales son evitables.
Las infracciones afectan a las personas porque generan accidentes viales.
La iniciativa trata de lograr un cumplimiento más eficaz de la ley. No restringe libertades de las personas, porque el cuerpo legal que regula este ámbito, como digo, ya existe y se controla. Solo se plantea la utilización de otros mecanismos para evitar que la transgresión a la ley siga produciendo fallecimientos en nuestra población.
En promedio, en Chile mueren cinco personas diarias en accidentes viales y más o menos un tercio de esos accidentes están explicados por excesos de velocidad.
Por lo demás, las velocidades no se establecen de manera arbitraria, sino con relación a las características de las vías. Y cuando se transgreden, se genera un riesgo enorme para el resto de los vehículos que circulan, pero también para todos los modos de desplazamiento no motorizados que ahora comparten esa vialidad y que hasta hace poco no existían.
Se abre, entonces, un riesgo mayor de accidentes si no se controla a tiempo la velocidad.
Este sistema no pretende recaudación y no replica lo que fue la experiencia de los fotorradares. De hecho, en el extremo de éxito de este proyecto, no deberíamos recaudar, sino corregir la conducta.
Buscamos instalar mecanismos de control de velocidad: cámaras que detecten la transgresión de los límites fijados, las cuales generarán automáticamente una notificación, que tendrá un procesamiento rápido y automático.
Este sistema lo administrará centralmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, tal como lo hace con una serie de otras entidades de control con el mismo objetivo de resguardar la seguridad de las personas.
Las cámaras estarán localizadas en lugares definidos según estudios técnicos respecto de los riesgos asociados a esos espacios, todas debidamente señalizadas. La información de localización de las cámaras será completamente pública para conseguir el objetivo de reducción de velocidad y disminución de los accidentes en los lugares donde detectamos que hay más problemas.
La medida simplifica, además, la tramitación en los juzgados de policía local al tratarse de infracciones del tipo "ocurre o no ocurre": la velocidad se traspasa o no se traspasa. Eso permite hacer un procesamiento más rápido de la infracción inmediatamente posterior a cometida la falta, lo cual ayuda también a corregir el impacto que esto tiene.
Los juzgados de policía local han manifestado su acuerdo con la forma en que está planteada esta solución.
Está previsto que los recursos recaudados vayan a fondos generales y un 15 por ciento al Fondo Común Municipal, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad.
El proyecto hasta ahora ha sido aprobado por amplia mayoría en todas las instancias donde se ha analizado: en las Comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, en la Sala de dicha Corporación y en la Comisión de Transportes del Senado.
Los beneficiados con esta ley van a ser todos aquellos que esperan disfrutar de ciudades más seguras, de ciudades más tranquilas, de pasear sin tener el riesgo de un accidente provocado por exceso de velocidad.
Este proyecto es complementario a una serie de medidas adicionales que lleva a cabo el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para mejorar la seguridad de las personas, tales como lo relativo a la emisión de permisos de circulación, el control de las escuelas de conducir, las mejoras en la educación de los conductores y la fiscalización de distintos ámbitos de la provisión de servicios.
Por todo lo anterior, creemos que la iniciativa es beneficiosa para las personas y para evitar que más familias sufran la pérdida de hijos, de familiares. Me ha tocado conocer una cantidad enorme de casos, de situaciones completamente evitables asociadas a los excesos de velocidad.
El proyecto también incorpora otras medidas que se pueden controlar con estos mecanismos, como el uso de pistas exclusivas de buses. El propósito es similar: fortalecer el transporte público de pasajeros y que tenga prioridad. La idea es que esa prioridad sea respetada.
Por lo anterior, creo que es necesario discutir esta iniciativa, razón por la cual pido que la Sala considere darle el respaldo en general, sin perjuicio, por supuesto, de incorporar las indicaciones que los Senadores estimen necesarias en la tramitación en particular.
Muchas gracias.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
A usted, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-
Señor Presidente, primero saludo a nuestra Ministra.
Quiero hacer presente que en la Comisión contamos con la presencia de autoridades y con la opinión de los jueces de policía local, quienes nos entregaron mucha información respecto de la situación que ellos conocen en esta materia. Y voy a partir por eso.
Ellos se hallan absolutamente colapsados en muchos de los tribunales, porque las plantas no se han ampliado y la recarga que les ha llegado es bastante grande.
A lo anterior se suma el hecho de que en muchas comunas ellos no tienen dedicación exclusiva. Por lo tanto, quienes atienden a las personas que van a pagar sus partes son funcionarios, y la posibilidad de acceder al juez es muy difícil. La gente trabaja y es muy complejo esperar para darse esa oportunidad.
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene una historia antigua bastante complicada. Guarda similitud con un hecho que se reguló en el pasado -entonces yo era Diputado, al igual que varios de los presentes-, cuando eliminamos los fotorradares a raíz de los abusos que se cometieron. Ello ocurrió porque tales aparatos eran unos cazabobos que en el fondo buscaban recaudar recursos en beneficio de los municipios.
En esta iniciativa se plantea el uso de los mismos dispositivos, pero con un objetivo distinto, por cuanto los recursos irán al Fondo Común Municipal y al erario público. Según la información de que disponemos, el Ejecutivo estaría estudiando un ajuste al respecto. La idea sería -no sé si puede aclararlo la señora Ministra- aumentar el porcentaje que corresponde al Fondo Común Municipal.
La otra diferencia es que en el pasado no se avisaba el lugar donde estaban situadas los fotorradares. Según los antecedentes que nos entregaron, estos aparatos -antes eran unos cazabobos- ahora estarán señalizados oportunamente: "En este sector operan fotorradares".
Creo que, con el cambio de la legislación sobre convivencia vial, quedaron pendientes algunos temas complejos.
Muchos no estuvimos de acuerdo en la rebaja de velocidad en zona urbana, de 60 a 50 kilómetros por hora, porque la realidad en el territorio es diversa. Hay ciudades que están colapsadas, donde es muy difícil andar sobre esa velocidad, pero existen otras donde sí se puede.
De alguna manera, esta iniciativa viene a reforzar lo que estableció la ley en cuanto a rebajar la velocidad máxima en áreas urbanas.
El actual proyecto pone énfasis en que debe estar debidamente señalizada, como bien dije, la zona de control donde estarán instalados los equipos y dispone un mecanismo de participación para definir los lugares donde se instalarán, incorporando actores como los municipios en la toma de decisiones.
A mi juicio, ese es un punto importante a analizar, si se aprueba la idea de legislar.
¿Cuál es la opinión de las municipalidades? No hemos escuchado a los municipios en la Comisión y nos interesaría oírlos, en caso de que esta iniciativa pase a la discusión en particular.
Lo importante es que, con esta futura ley, el conductor sabrá con cierta certeza dónde está el radar.
En el fondo, este proyecto busca educar y tratar de que haya menos accidentes. Tenemos que valorar eso, pero también trabajar ese objetivo en el ámbito de la educación, desde la escuela hacia delante, y no aplicar solamente la ley del garrote que significa cursar partes.
Asimismo, se establece un procedimiento complejo de reclamación ante las infracciones. Este puede hacerse en sede administrativa -entre comillas- o en sede judicial. La diferencia está en que en sede administrativa solo serán admisibles las que se funden en las causales establecidas en tres casos contemplados en el artículo 13. Y la sede judicial no presenta restricción alguna de acuerdo a lo establecido en los artículos 19 y 20 del presente mensaje. Es decir, el CATI pretende ser un servicio público con potestades sancionatorias directas.
Yo tengo algunas dudas respecto de la constitucionalidad de esto; porque, en definitiva, se podría reclamar, pero habría dos instancias.
Por lo tanto, nos gustaría contar con una opinión fundada de la Comisión de Constitución. Creo que sería muy interesante conocerla, ya que esto afecta el proceso de trabajo de los juzgados de policía local.
Así las cosas -como bien lo dije-, el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones tiene potestades sancionatorias directas, puesto que no solo facilita el pago y la terminación anticipada del proceso administrativo, sino que también detecta una posible infracción y, luego, la declara, notificándola y cursando la multa en el mismo acto.
Asimismo, existe un cambio en el sistema de imposición de multas por infracciones de tránsito, en que se pasa a entregar la competencia a los juzgados de policía local solo en los casos de reclamo de los afectados -¡solo en los casos de reclamo de los afectados!-, mientras que la imposición misma de la multa queda radicada en un órgano administrativo sobre la base de un procedimiento con las características que indicó la Ministra.
Se trata de una decisión positiva desde la perspectiva de la eficacia de los recursos públicos y de la facilitación de la recaudación de las multas.
El proyecto establece además un sistema recursivo ante la autoridad administrativa y de tutela judicial diferida, una vez agotada la vía administrativa. Es un sistema estrictamente administrativo, en el que el conocimiento de la cuestión por parte de los tribunales supone el agotamiento de dicha vía, y en que no se suspende el devengamiento de la multa ni su comunicación al Registro de Multas No Pagadas, las que serán exigibles desde el rechazo del recurso administrativo.
Este es un tema complejo, señor Presidente, que considero que hay que analizar profundamente. Además, supone doble actividad del sancionado, pues no solo debe reclamar ante la autoridad administrativa, sino que, una vez rechazado su reclamo por esta o ante en su silencio, debe replicarlo ahora en la sede judicial, ante el juzgado de policía local.
Por lo tanto, reitero que esta es una materia compleja.
Yo me voy a abstener, porque no estoy convencido en forma absoluta de que vaya a beneficiar realmente la vida de los conductores y a facilitar la vida en comunidad que se requiere en este país.
Por eso, señor Presidente, me abstengo; pues, en la eventualidad de que el proyecto pase a la Comisión para su discusión en particular, vamos a tener que hacer muchos muchos ajustes y analizar su constitucionalidad.
He dicho.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Terminado el Orden del Día.
Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las solicitudes de oficios que han llegado a la Secretaría.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
Al Director General de Aguas, para que dé a conocer DERECHOS DE APROVECHAMIENTO ACTUALIZADOS, INDICANDO INDIVIDUALIZACIÓN DE TITULARES, DISTRIBUCIÓN POR COMUNA Y REGIÓN, Y MODALIDAD DE ADQUISICIÓN.
Y al Director Ejecutivo de la CONAF, a fin de consultarle por ACTUACIONES DE ESE SERVICIO PARA AUTORIZACIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS AGROINDUSTRIALES EN COMUNAS DE PROVINCIA DE PETORCA Y PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN APLICADOS FRENTE A TRANSGRESIONES DE LA NORMATIVA.
Del señor BIANCHI:
Al Contralor General de la República y a la Presidenta del Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo, para que remitan antecedentes sobre TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ACUERDO ENTRE ENAP Y METHANEX, EN ESPECIAL RESPECTO DE PRECIO DE VENTA DE GAS.
Y al Ministro de Salud, requiriéndole informar acerca de FACTIBILIDAD DE REALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A MENOR ÁLVARO CAMILO HIJERRA VIDAL, DIAGNOSTICADO CON CÁNCER, EN HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA.
Del señor DE URRESTI:
A los Ministros de Hacienda y de Salud, pidiéndoles información referida a MEDIDAS SANITARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA ENFRENTAMIENTO DE SITUACIÓN CRÍTICA QUE AFECTA A DIVERSOS RECINTOS HOSPITALARIOS DE REGIÓN DE LOS RÍOS.
Al Ministro de Salud, para que remita antecedentes sobre EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE ABDOMINOPLASTÍAS Y CIRUGÍAS BARIÁTRICAS CONTEMPLADO PARA EL AÑO EN CURSO, DESGLOSADO POR REGIÓN Y EDAD DE BENEFICIARIOS.
Al Ministro de Obras Públicas y al Director General de Aguas, para consultarles acerca de TREINTA Y OCHO REMATES DE DERECHOS DE AGUA DE RÍOS Y ESTEROS DE PRIVADOS, PROGRAMADOS POR LA DGA DURANTE ESTE AÑO DEBIDO A NO PAGO DE MULTAS POR NO USO.
Y al Ministro de Obras Públicas y al Director de Obras Hidráulicas, a fin de que informen sobre VISITA DE UNIDAD TÉCNICA A COMITÉ DE AGUA POTABLE ILIHUE CENTRO, COMUNA DE LAGO RANCO.
Del señor GIRARDI:
Al Director del Fondo Nacional de Salud, solicitándole que informe sobre COBERTURA PARA BONO DE PAGO ASOCIADO A DIAGNÓSTICO EN CASO DE COXARTROSIS DE CADERA IZQUIERDA Y PERÍODO DE ESPERA EXISTENTE PARA OPERACIONES DE ESA ENFERMEDAD EN SISTEMA PÚBLICO DE SALUD.
)---------------(
El señor ELIZALDE (Presidente accidental).-
Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:28.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante