REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL
LEGISLATURA 367ª
Sesión 54ª, en miércoles 9 de octubre de 2019
Ordinaria
(De 16:28 a 20:14)
PRESIDENCIA DE SEÑORES JAIME QUINTANA LEAL, PRESIDENTE;
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE; Y
JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS Y KENNETH PUGH OLAVARRÍA,
PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y
LA SEÑORA PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
____________________
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Asistieron las señoras y los señores:
--Allamand Zavala, Andrés
--Aravena Acuña, Carmen Gloria
--Araya Guerrero, Pedro
--Bianchi Chelech, Carlos
--Castro Prieto, Juan
--Chahuán Chahuán, Francisco
--Coloma Correa, Juan Antonio
--De Urresti Longton, Alfonso
--Durana Semir, José Miguel
--Ebensperger Orrego, Luz
--Elizalde Soto, Álvaro
--Galilea Vial, Rodrigo
--García Ruminot, José
--García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro
--Girardi Lavín, Guido
--Goic Boroevic, Carolina
--Harboe Bascuñán, Felipe
--Huenchumilla Jaramillo, Francisco
--Insulza Salinas, José Miguel
--Lagos Weber, Ricardo
--Latorre Riveros, Juan Ignacio
--Letelier Morel, Juan Pablo
--Montes Cisternas, Carlos
--Moreira Barros, Iván
--Muñoz D´Albora, Adriana
--Navarro Brain, Alejandro
--Órdenes Neira, Ximena
--Ossandón Irarrázabal, Manuel José
--Pérez Varela, Víctor
--Pizarro Soto, Jorge
--Prohens Espinosa, Rafael
--Pugh Olavarría, Kenneth
--Quintana Leal, Jaime
--Quinteros Lara, Rabindranath
--Rincón González, Ximena
--Soria Quiroga, Jorge
--Van Rysselberghe Herrera, Jacqueline
--Von Baer Jahn, Ena
Concurrieron, además, los Ministros Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; de Economía, Fomento y Turismo, señor Juan Andrés Fontaine Talavera, y del Medio Ambiente subrogante, señor Felipe Riesco Eyzaguirre.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante; y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
--Se abrió la sesión a las 16:28, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 51ª y 52ª, ordinarias, en 1 y 2 de octubre del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor GUZMÁN (Secretario General) da lectura a la Cuenta, documento preparado por la Secretaría de la Corporación que contiene las comunicaciones dirigidas al Senado:
Mensajes
Treinta y nueve de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero, hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que propicia la especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal (Boletín N° 12.699-07).
Con los veintisiete siguientes, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1. La que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
2. La que modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un plan garantizado (Boletín N° 8.105-11).
3. Sobre administración del borde costero y concesiones marítimas (Boletín Nº 8.467-12).
4. Sobre migración y extranjería (Boletín N° 8.970-06).
5. La que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y modifica las leyes Nos 18.287 y 18.290 (Boletín N° 9.252-15).
6. La que establece el Estatuto Chileno Antártico (Boletín N° 9.256-27).
7. La que establece la prohibición gradual de funcionamiento de las máquinas de juego que señala (Boletines Nos 10.811-06, 9.068-06, 11.892-07, 12.028-06, 12.029-06, 12.030-06, 12.119-06, 12.179-06 y 12.194-06, refundidos).
8. La que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07).
9. La que implementa un Sistema Táctico de Operación Policial (Boletín N° 11.705-25).
10. La que fortalece la integridad pública (Boletín N° 11.883-06).
11. La que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (Boletín N° 11.919-02).
12. La que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y de otros delitos contra las mujeres (Boletín N° 11.970-34).
13. La que Crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica (Boletín Nº 12.027-07).
14. La relativa a eficiencia energética (Boletines Nos 12.058-08 y 11.489-09, refundidos).
15. La que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia (Boletín N° 12.118-04).
16. La que modifica la ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, la ley N° 20.254, que Establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y el Código Procesal Penal (Boletín N° 12.135-03).
17. Proyecto de acuerdo que Aprueba el "Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico" entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (Boletín N° 12.195-10).
18. La que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad, fija obligaciones a esta, determina un plazo para la reinscripción de dichas armas y declara una amnistía (Boletín N° 12.229-02).
19. La que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado (Boletín N° 12.234-02).
20. La que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (Boletín N° 12.250-25).
21. La que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana (Boletín N° 12.288-14).
22. La que establece la Ley Nacional del Cáncer (Boletín N° 12.292-11).
23. La relativa a información y rendición de cuentas de gastos reservados (Boletín N° 12.332-05).
24. La que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile (Boletín N° 12.431-07).
25. La relativa a reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales, y el buen morir (Boletín N° 12.507-11).
26. La que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica (Boletines Nos 12.471-08 y 12.567-08, refundidos).
27. La que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas (Boletín N° 12.589-07).
Con los once últimos, retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1. El que modifica la ley N° 19.968, que crea los Tribunales de Familia, estableciendo normas especiales para la representación en juicio de adultos mayores (Boletín N° 7.507-18).
2. El que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (Boletín N° 7.550-06).
3. El que modifica el artículo 1.182 del Código Civil declarando incapaz para suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor (Boletín Nº 8.528-32).
4. El que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (Boletín N° 9.170-23).
5. El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (Boletín N° 10.315-18).
6. El que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros y los servicios que a través de ellas se presten (Boletín N° 11.934-15).
7. El que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en lo tocante a la infracción consistente en estacionar en un espacio destinado a vehículos para personas con discapacidad, sin derecho a ello (Boletín Nº 12.071-15).
8. El que modifica la ley N° 20.370, que establece Ley General de Educación, para incorporar la prevención del bullying o acoso virtual escolar y aumentar la sanción a las infracciones que atentan contra derechos y deberes que indica (Boletines Nos 11.784-04, 11.803-04 y 12.022-04, refundidos).
9. El que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest (Boletín N° 12.192-25).
10. El que modifica el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas, en materia de sanciones al delito de contrabando (Boletín N° 12.215-05).
11. El que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las personas que indica (Boletín N° 12.345-07).
--Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Oficios
Dos de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero, informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la ley N° 17.288, sobre monumentos nacionales, estableciendo beneficio de excusión respecto del propietario de un bien declarado monumento nacional (Boletín N° 9.317-24) (con urgencia calificada de "simple").
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Con el segundo, comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley que establece el Sistema Clase Media Protegida (Boletín N° 12.661-31) (con urgencia calificada de "suma").
--Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y a la de Hacienda, en su caso.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Atiende preocupación del Honorable Senador señor Navarro sobre la industria del acero en la Región del Biobío.
Del señor Intendente Regional de Los Lagos:
Informa, a petición del Honorable Senador señor De Urresti, acerca de las acciones impetradas tras el derrame de petróleo de la empresa sanitaria Essal, en la comuna de Osorno.
Del señor Director del Serviu de la Región del Biobío:
Responde a consulta del Honorable Senador señor Navarro sobre proyectos de infraestructura en proceso en la Región.
--Quedan a disposición de Sus Señorías.
Informes
Segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile (Boletín N° 6.110-24).
De la Comisión de Economía, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para ampliar los derechos de los consumidores en las materias que indica (Boletín N° 12.931-03).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, y de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París en relación con el Vigesimoquinto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Decimoquinto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, el Segundo Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el Acuerdo de París y las Sesiones de los órganos subsidiarios", suscrito en Bonn, Alemania, el 25 de junio de 2019 (Boletín N° 12.946-10) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
Moción
De los Honorables Senadores señor Latorre, señora Provoste y señores Montes y Quintana, con la que inician un proyecto de ley que evita el cierre de escuelas por haber sido categorizadas por la Agencia de Calidad de la Educación en nivel "insuficiente" (Boletín Nº 12.980-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.
Permisos constitucionales
Del Honorable Senador señor De Urresti, para ausentarse del país a contar del día 14 del presente mes.
--Se accede a lo solicitado.
Del Honorable Senador señor Pugh, para ausentarse del país a contar del día 12 de octubre en curso.
--Se accede a lo solicitado.
Comunicación
Del Honorable Senador señor Harboe, por la que informa que no hará uso del permiso constitucional que le fuera otorgado en la sesión del día de ayer.
--Se toma conocimiento.
En este momento han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
Informes
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal -Interpol- sobre los Privilegios e Inmunidades aplicables durante la 88a Reunión de su Asamblea General y las Reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre de 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto de 2019 (boletín N° 12.954-10) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
--Quedan para tabla.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la Cuenta.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, en sesión de hoy la Comisión de Economía acordó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, solicitar autorización de la Sala para discutir en general y particular, con ocasión del primer informe, el proyecto, iniciado en moción de los Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Elizalde, Huenchumilla y Pizarro, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria (boletín N° 12.917-03).
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo para proceder de la manera señalada?
El señor MOREIRA.-
No va a quedar nadie en la Sala, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señor Senador, no está pidiendo autorización para sesionar en paralelo con la Sala, sino para conocer en general y particular un proyecto. Esa es la propuesta de la Comisión de Economía, no la de sesionar en paralelo con la Sala.
¿Es así, Senador Durana?
El señor DURANA.-
Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Se accedería, entonces, a lo solicitado?
Acordado.
Tiene la palabra el Senador Insulza.
El señor INSULZA.-
Cuál es la propuesta, ¿ver ahora ese proyecto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
No, cuando corresponda, en la Comisión se analizaría en general y particular. Esa es la petición que formuló el Senador Durana y la Sala ya accedió.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, en todo caso, sería bueno que se nos dé a conocer la iniciativa. Hay proyectos de un artículo que de pronto tienen ocho o nueve modificaciones y hemos debido retroceder. Hace pocos días, en uno que estaba para discusión en general y particular, se decidió después discutirlo solo en general.
Entonces, pido por lo menos conocer el proyecto. Nosotros no sabemos de qué iniciativa estamos hablando, francamente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Son casos distintos.
El señor INSULZA.-
Es que sin tener el texto, Presidente, es medio difícil decir que sí a todo.
El señor QUINTEROS.-
Sobre lo mismo, discutámoslo solo en general primero.
El señor QUINTANA (Presidente).-
La petición que hizo el Senador Durana era para conocerlo en general y particular.
El señor QUINTEROS.-
No, que sea en general.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Yo había recabado el apoyo de la Sala, y entiendo que había...
La señora VON BAER.-
Es en la Comisión.
El señor MOREIRA.-
Pero en la Comisión, después acá se ve en general.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¡Claro!, en la Comisión. Yo entiendo que no hay objeción para eso en la Sala.
Reitero: estamos hablando del tratamiento en la Comisión. A la Sala llegará en general, como lo ha planteado el Senador Insulza.
En la Sala, por separado; en la Comisión, en general y particular. De esa manera recogemos los planteamientos de los dos Senadores, ambos de Arica.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Hay un acuerdo respecto del proyecto sobre obligatoriedad del kínder.
Después de las dos iniciativas de Fácil Despacho votaríamos, también entiendo que sin discusión, el proyecto que acabo de mencionar.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Señor Presidente, efectivamente, en la sesión de ayer la Sala acordó por unanimidad abrir la votación sin discusión respecto del proyecto de ley sobre obligatoriedad del segundo nivel de transición, que se estaba analizando ayer al término de la sesión.
Eso se haría con posterioridad al conocimiento de los dos asuntos que se encuentran en la tabla de Fácil Despacho.
El señor COLOMA.-
Votemos el proyecto sobre kínder obligatorio.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Señor Presidente, en la sesión de ayer, martes 8 de octubre, se aprobó en general el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección ambiental de las turberas (boletín N° 12.017-12), iniciativa respecto de la cual corresponde fijar un plazo para presentar indicaciones. La Comisión ha sugerido el jueves 24 de octubre, a las 12 horas.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el jueves 24 de octubre, a las 12 horas.
Acordado.
ACUERDO ENTRE CHILE E INTERPOL SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
El señor QUINTANA (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización Internacional de Policía Criminal -Interpol- sobre los Privilegios e Inmunidades aplicables durante la 88a Reunión de su Asamblea General y las Reuniones del Comité Ejecutivo que se celebrarán en Santiago, República de Chile, del 12 al 18 de octubre de 2019, suscrito en París y Lyon, Francia, el 1 de agosto de 2019, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.954-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 53ª, en 8 de octubre de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores: sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019.
Hacienda: sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019.
La señora VON BAER.-
¿Por qué no votamos el proyecto sobre kínder obligatorio, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Parece que algunos Senadores no han entendido. El proyecto sobre obligatoriedad del kínder va a ser el primero del Orden del Día. Pero primero está Fácil Despacho. Ese es el acuerdo. Es el primero del Orden del Día.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Reglamentariamente va a ser después.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Reglamentariamente tiene que ser luego de Fácil Despacho.
La señora VON BAER.-
Es que no va a ser fácil despacho.
El señor LAGOS.-
¡Cómo no va a ser!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Pero si esto va a ser de fácil despacho.
La señora VON BAER.-
No va a ser fácil despacho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Pero reglamentariamente es lo que corresponde. Eso es lo que se acordó ayer.
Continuamos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es conceder las facilidades para que se pueda realizar en nuestro país la 88a reunión de la Asamblea General de la OIPC Interpol.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió el proyecto en general y en particular, por ser de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Insulza, Lagos, Moreira y Ossandón.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual resolución, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Coloma, García, Lagos y Pizarro.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
La propuesta es escuchar el informe, en ambos casos, y luego votar.
Senador José Miguel Insulza, tiene la palabra.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, aunque sean dos temas bastante distintos entre sí, por un lado la realización de una conferencia internacional como la Asamblea General de la Interpol, que reúne a cerca de 1.400 directivos y expertos de cuerpos policiales de los países miembros, y por otra parte la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -la COP25-, no es necesario abundar mucho en el contenido de estos acuerdos. Por lo tanto, podría dar un solo informe.
Estos son acuerdos estándar con las organizaciones que realizan actividades en el país, por invitación del Gobierno de Chile, producto de los cuales se les confieren las inmunidades que corresponden a las personas que vienen en esa condición. A la vez, el país se compromete a organizar los períodos de sesiones de la conferencia y los órganos subsidiarios que estén en las convenciones. De igual forma, se señalan las responsabilidades que el Gobierno de Chile adopta en materia de seguridad y otros aspectos a las delegaciones visitantes.
Lo único que habría que aclarar en ambos casos es que las inmunidades y prerrogativas corresponden solo a los delegados oficiales o invitados y no al conjunto de las personas que siguen esta conferencia, que continúan rigiéndose, como es normal, por la ley chilena.
Por lo tanto, me permito decir que ambos proyectos de acuerdo deberían ser aprobados. Y si a usted le parece, podemos aprobar uno después del otro para no dar más informes.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo, en general y particular, y queda despachado en este trámite.
MARCO JURÍDICO APLICABLE A COP25
El señor QUINTANA (Presidente).-
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París en relación con el Vigesimoquinto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Decimoquinto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto, el Segundo Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes en el Acuerdo de París y las Sesiones de los órganos subsidiarios, suscrito en Bonn, Alemania, el 25 de junio de 2019, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, e informe de la Comisión de Hacienda, y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.946-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de acuerdo:
En segundo trámite: sesión 52ª, en 2 de octubre de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas: sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019.
Hacienda: sesión 54ª, en 9 de octubre de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
El objetivo principal del proyecto es otorgar facilidades para que se celebre en Chile la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las sesiones de los órganos subsidiarios.
Las Comisiones unidas discutieron este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobaron por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Órdenes y señores Girardi, Insulza, Lagos, Moreira, Ossandón y Prohens.
Por su parte, la Comisión de Hacienda adoptó igual resolución por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
Cabe hacer presente que el artículo 15 del Convenio es de quorum calificado, por lo que requiere para su aprobación 21 votos favorables.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
Vamos a escuchar, a continuación, al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador José Miguel Insulza, quien presidió las Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Quiero saludar a quienes nos acompañan en las tribunas y especialmente al Alcalde de Purranque, don Héctor Barría, invitado por la Senadora Carolina Goic y la bancada de la Democracia Cristiana.
¡Un saludo del Senado!
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra, para informar, el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, esta conferencia es bastante posterior a la reunión de la Interpol. Tendrá lugar entre el 2 y el 13 de diciembre de este año, por lo que se requiere el acuerdo vinculante dentro del mes de octubre.
En este caso, también se trata de temas de inmunidades, de prerrogativas, de garantías para los representantes que asisten a la reunión, la cual, desde un punto de vista numérico, es la más grande que se realiza en el mundo, fuera de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y desde el punto de vista político, la más importante, por la situación que vivimos hoy día en materia de cambio climático.
Por lo tanto, me permito pedir que esto sea aprobado también sin discusión.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Solicito que procedamos de la misma manera como lo hicimos en el proyecto anterior, que también era de Fácil Despacho.
Entonces, pido la unanimidad de la Sala para aprobar el proyecto de acuerdo, dejando constancia del quorum existente, del que la Secretaría ya está tomando debida nota.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Hay 27 señoras Senadoras y señores Senadores presentes.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional exigido, y queda despachado en este trámite.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Corresponde, a continuación, tratar el proyecto sobre kínder obligatorio, y hay petición de todos los Comités de abrir la votación.
Yo no sé si se conversó con el Senador Moreira, quien estaba presidiendo ayer, respecto de este tema.
Me dicen que sí. Se votaría, entonces, sin discusión.
El señor COLOMA.-
¿Se puede fundamentar?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Sí.
OBLIGATORIEDAD DE SEGUNDO NIVEL DE TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA
El señor QUINTANA (Presidente).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación, con el objeto de establecer la obligatoriedad del nivel de transición de Educación Parvularia, con informe de la Comisión de Educación y Cultura y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.118-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 87ª, en 9 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Educación y Cultura: sesión 44ª, en 3 de septiembre de 2019.
Discusión:
Sesión 50ª, en 25 de septiembre de 2019 (queda pendiente la discusión en general); 53ª, en 8 de octubre de 2019 (queda pendiente la votación en general).
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Cabe recordar que los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 10) del artículo 1 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 23 votos favorables.
El señor COLOMA.-
Abra la votación, señor Presidente.
El señor LAGOS.-
Estamos todos de acuerdo.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En votación general el proyecto.
Consulte, señor Secretario.
El señor QUINTEROS.-
¡Pero cómo...! ¡Quiero hacer uso de la palabra!
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (26 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el
quorum
constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Órdenes y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Soria.
Se abstuvieron la señora Muñoz y el señor Latorre.
El señor QUINTANA (Presidente).-
¿Habría acuerdo en fijar plazo para indicaciones hasta el lunes 11 de noviembre, a las 12 horas?
--Acordado.
El señor QUINTANA (Presidente).-
El acuerdo respecto al proyecto aprobado era votarlo sin discusión. Por eso no dimos la palabra.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, estaba participando en la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. ¿Puede agregar mi voto, por favor?
El señor LETELIER.-
Y el mío, también.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Se dejará constancia de la intención de voto favorable de la Senadora Rincón y del Senador Letelier.
RETIRO DE TABLA DE PROYECTO DE LEY PROINVERSIÓN
El señor QUINTANA (Presidente).-
A continuación viene el proyecto proinversión.
Yo entiendo -y quiero ser bien claro en esto- que se estaba conversando y buscando un acuerdo al respecto con el Ministro Secretario General de la Presidencia -no sé si él está cerca de la Sala-, pero me parece que ese acuerdo no se ha producido.
Entonces, yo les pediría a los Comités de Chile Vamos que tengan en consideración aquello. Porque, si no hay acuerdo para eso y se pone en votación el proyecto de todas maneras, eventualmente pueden faltar los votos. Por lo tanto, sugiero pasar al proyecto que viene a continuación en el Orden del Día.
Además, no se encuentra en la Sala el Ministro Secretario General de la Presidencia, quien estaba en conversaciones con los distintos Comités.
La señora VON BAER.-
Pero aquí está el Ministro de Economía.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bueno, si el Ministro de Economía, a quien saludo, nos asegura que este proyecto tiene acuerdo y el respaldo que necesita, lo comenzamos a discutir ahora, con los riesgos que ello implica. Y, si quieren, también lo ponemos en votación.
Tiene la palabra el Senador Girardi.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, a mi juicio, la situación es la siguiente, y pido que la aclaremos.
Nosotros, a petición del Ejecutivo, tuvimos una reunión con el Ministro Blumel. Y hay algunos aspectos en los que estamos dispuestos a evaluar sus modificaciones, para lo cual se enviaría una indicación. Pero no estamos dispuestos a aprobar lo que tiene que ver con la externalización de la Dirección General de Aguas, y es parte del acuerdo.
Entonces, yo le pregunto al Senador Allamand si el Ministro Blumel le ha señalado que habría este acuerdo, y él me dice que no lo conoce.
Los acuerdos tienen que ser compartidos. O sea, no solamente se trata de que nosotros asumamos una responsabilidad; también es necesario que se les haya informado a quienes debieran ser parte del acuerdo, o al menos conocedores de su existencia.
Esa situación nos parece que, en cierta manera, no permite que se vote hoy día, hasta que se aclare si existe o no un acuerdo.
Ha habido reuniones -estuve el día de ayer con el Ministro Blumel-, y me parece que se propuso una fórmula que podría ser interesante, pero requiere que la bancada oficialista concurra o al menos sepa que hay un acuerdo. Después decidirá cómo vota, pero, por lo menos, que sepa lo que el Ministro está planteando.
Sin embargo, haciendo las consultas, la bancada del frente no tiene ni idea de que habría un acuerdo.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor FONTAINE (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).-
Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, ha habido conversaciones con algunos Senadores en el sentido siguiente: aprobar los distintos artículos del proyecto, con la excepción de aquellos que tienen que ver con la DGA, que es un asunto que ha producido bastante controversia.
Existen distintas versiones posibles para esa fórmula, que estamos abiertos a discutir, probablemente, en una comisión conjunta de Medio Ambiente y Economía. Se trata de encontrar una propuesta que resulte aceptable, para efectos de buscar la manera de hacer más expedita la aprobación que efectúa la DGA de las obras hidráulicas.
Y en el resto de las materias que se han conversado hay acuerdo, por lo que es posible someterlas a votación, con la excepción de una en que sería necesario presentar una indicación, lo cual podría hacerse en la Sala, que consiste en agregar un plazo para la extensión de la caducidad.
Esa es la propuesta que, de ser aceptada por la Sala, sería conveniente para nosotros.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senadora Ximena Rincón, tiene la palabra.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, la verdad es que me sorprendo de que exista una conversación o un posible acuerdo en este tema.
Este punto se vio en la Comisión de Economía y se acordó con el Ejecutivo retirarlo del proyecto, pero el Ejecutivo vuelve a instalarlo en otra Comisión. A mi juicio, ello no habla bien de nuestros diálogos.
Lo que señalo lo pueden refrendar los integrantes de la Comisión de Economía. Fue arduamente debatido. Y yo, al menos, no estoy en condiciones de pronunciarme sobre un supuesto acuerdo, que no conocemos todos los que hemos discutido esta materia. Creo que, en los tiempos que corren y producto de la sensibilidad particular del tema, este merece la total transparencia desde el punto de vista de todos los que concurran a conversarlo y construirlo.
El Ministro me preguntó sobre esto ayer. Él puede dar fe de que fue así. Lo conversamos. Yo le dije que no tenía inconveniente en discutir el tema, pero que me parecía que la Comisión de Economía debía revisar algo que ella misma convino con el Ejecutivo en que no iría en este proyecto.
Y me sorprendo de que se incorpore en otra Comisión el artículo que tuvo mucha mucha polémica en la nuestra, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, efectivamente, cuando esta materia se vio en la Comisión de Economía, los representantes del Ejecutivo acordaron con esta que se iba a retirar del proyecto, entendiendo que había una modificación al Código de Aguas, que en otros proyectos se estaban discutiendo las atribuciones de la Dirección General de Aguas, etcétera. Por tanto, se resolvió retirarla de la iniciativa.
Ahora bien, en esa sesión no participaron Ministros de Estado, que es el gran problema que tenemos y la razón por la cual, a mi juicio, los Secretarios de Estado debieran tener un rol más activo y participar efectivamente en las Comisiones, porque la representación del Gobierno a través de ellos es de alto nivel y, obviamente, eso lo compromete de manera clara y nítida. Pero, en el entendido de que el tema se iba a retirar, la Comisión de Economía procedió a despachar el proyecto.
Después se vio el punto en la Comisión de Medio Ambiente, en donde tampoco se aprobó; y luego se incorporó en Hacienda, contraviniendo lo conversado en la Comisión de Economía.
Entonces, como lo ha señalado la Senadora Rincón, para los integrantes de la Comisión de Economía efectivamente esto ha sido una sorpresa.
Por tanto, esta controversia debiera aclararse antes de someterse a votación el proyecto en la Sala.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Quinteros, ¿usted está inscrito por este tema?
El señor QUINTEROS.-
No, señor Presidente. Quería fundamentar mi voto respecto del proyecto anterior, pero usted estaba muy ocupado conversando con otros personajes y no se dio cuenta.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No, Su Señoría. El acuerdo en relación con la iniciativa anterior fue votarla sin debate.
El señor QUINTEROS.-
¡No! Uno puede fundamentar el voto, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Bien.
Senador señor Girardi, tiene la palabra.
El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, este es un tema mayor de procedimiento entre nosotros.
A mí me parece que si una norma se pierde en las dos Comisiones técnicas que se convocan para el efecto -en este caso, Economía y Medio Ambiente-, y después se trata de incorporar de manera poco transparente en otra comisión, que no es técnica, evidentemente es un problema mayor.
Esto se perdió en la Cámara de Diputados. Y el Gobierno insiste en algo con lo que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en externalizar la DGA. Todo lo contrario. Ante la situación de crisis del agua que estamos viviendo, se debería fortalecer la Dirección General de Aguas.
Entonces, a mí al menos -se podría discutir-, me parece que uno podría generar algún plazo más estricto respecto a la caducidad.
El Ministro de Economía plantea algo que es incompleto: nosotros no estamos de acuerdo en vincular la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a las pertinencias con la de la Superintendencia. No es así. Por el contrario, queremos justamente que no sean vinculantes, y que la Superintendencia no pierda la posibilidad de fiscalizar las decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental.
Para nosotros ese es un intransable, porque, además, el SEA no ha actuado históricamente apegado a derecho. Y es muy importante que la propia institucionalidad, en este caso la Superintendencia del Medio Ambiente, pueda revisar una decisión del Servicio de Evaluación Ambiental cuando estime que no está correctamente establecida. Por lo tanto, de ninguna manera habría que quitarle esa atribución. O sea, parece que estamos en el mundo donde no nos estamos escuchando.
Y respecto al otro tema, creo que aquí debiera haber una convicción mayoritaria en torno a la necesidad de fortalecer la Dirección General de Aguas y no debilitarla a través de procesos de externalización.
Ahora, por lo menos algunos hemos intentado convencer al Gobierno sobre esto, y espero que sea posible hacerlo.
Este es un tema relevante. No queremos obstruir todo el proyecto proinversión o procrecimiento del Ejecutivo, pero estas materias son centrales, por lo menos para nosotros.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador señor Durana, tiene la palabra.
El señor DURANA.-
Señor Presidente, deseo informar que el proyecto de la Comisión de Economía salió aprobado, con la salvedad de que fue retirado el punto de las aguas, porque se iba a tratar en la Comisión no sé si de Agricultura o de Recursos Hídricos.
Pero lo importante es aclararle al Senador Girardi que el proyecto sí salió aprobado de la Comisión, con algunas modificaciones, y posteriormente fue derivado a la Comisión de Hacienda, en donde se incorporó nuevamente el artículo relativo a las aguas.
Eso es superimportante dejarlo claro, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senador Moreira, ¿usted está inscrito por este tema?
El señor MOREIRA.-
He dejado todo en las manos del Presidente de la Comisión de Economía, Senador Durana.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senadora señora Von Baer, tiene la palabra.
La señora VON BAER.-
Señor Presidente, a ver, el Ministro Blumel...
El señor QUINTANA (Presidente).-
Estamos escuchando, señora Senadora.
La señora VON BAER.-
Sí. ¿Sabe qué, señor Presidente? No sé cuáles serán las conversaciones que se están teniendo, pero entiendo que...
El señor QUINTANA (Presidente).-
Señora Senadora, ¡el Ministro Blumel la escucha todos los lunes a usted...!
La señora VON BAER.-
... aquí hay un tema con el cual la Oposición no está de acuerdo, y que constituye una parte del proyecto.
Bueno, ¡que la Oposición vote en contra de eso! Y si tiene la mayoría de votos, esa parte del proyecto simplemente se caerá.
Porque estamos en la discusión en particular.
Entonces, aquellas materias aprobadas por mayoría de votos se votarán en la Sala, y así se dirimen democráticamente: los que están favor votan a favor y los que están en contra votan en contra. Así funciona el sistema.
Creo que tenemos que pronunciarnos, para que se expresen las mayorías y las minorías respecto a las normas en particular, excepto que se haya decidido no votar el proyecto.
Pero esa es una decisión que debe ser unánime, porque la iniciativa está en tabla el día de hoy.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, hay un dicho que señala que lo ideal es enemigo de lo bueno. Tratemos por lo menos de conseguir algo que sea positivo en este debate.
Respecto del proyecto, efectivamente, como se ha sostenido acá, hay diferencias de opinión. Hubo un procedimiento que, para algunos, no fue transparente; para otros, estuvo enmarcado absolutamente dentro de nuestras facultades.
La posibilidad de que la Dirección General de Aguas, frente a requerimientos extraordinarios o por necesidad, contratara peritos o expertos de afuera se vio en la Comisión de Hacienda. Entiendo que lo relativo a la caducidad se ha planteado en las otras dos Comisiones.
Claramente existen diferencias entre nosotros. No hay ningún pecado en eso.
He escuchado decir al Ministro que ha sostenido conversaciones con algunos Senadores, lo que considero totalmente legítimo -lamentablemente, no con todos-, para despejar lo relativo a la Dirección General de Aguas, a la caducidad y a algún otro tema que aparezca.
Entonces, me parece que, de todas las fórmulas planteadas, la peor es que tratemos de votar ahora sin tener claridad de los acuerdos a los que ha llegado el Ministro con algunos Senadores.
Hay colegas que hablan por nosotros, pero "nosotros" es mucha gente. Algunos no nos sentimos interpretados por esas posturas que expresan que "nosotros hemos decidido", "nosotros pensamos", "nosotros creemos".
Ahí se refleja una diferencia legítima.
Yo recomiendo, señor Presidente, que el Gobierno, con un representante por bancada o con los Senadores que han estado participando, retome la posibilidad de generar un acuerdo transparente, completo, que sea conocido por cada una de nuestras bancadas y después se vote, ojalá de manera mayoritaria.
Eso es lo que sugiero.
Por último, quiero decir que la Comisión de Hacienda es tan técnica y legítima como cualquier otra para ver los proyectos que son sometidos a su consideración. Si no, bastaría con pasar las iniciativas a una comisión y nada más, y nuestro procedimiento nunca ha sido así.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Entiendo que no se ha cuestionado en ningún caso la legitimidad de la Comisión de Hacienda. Se ha dicho que hay una Comisión que es especializada.
El señor PIZARRO.-
Revise las intervenciones de algunos colegas y se dará cuenta que sí ha sido cuestionada.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Creo que tiene que ver con que hay Comisiones especializadas, como en todos los proyectos.
El señor PIZARRO.-
¡Es como la de Constitución, señor Presidente...!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Estamos escuchando todas las opiniones para que...
El señor MOREIRA.-
Sí. Pero estamos dilatando.
El señor QUINTANA (Presidente).-
No, no estamos dilatando, Senador Moreira.
Estamos viendo cuál es la decisión que vamos a adoptar. Asumo que al Gobierno le hace bien escuchar el planteamiento transversal de las distintas bancadas.
Como procede, estamos dando dos minutos por orador.
Tiene la palabra el Senador García.
El señor GARCÍA.-
Señor Presidente, este proyecto busca destrabar la inversión.
Se trata de, aproximadamente, doscientos treinta iniciativas, con una inversión que bordea los 65 mil millones de dólares, en momentos en que la economía en el mundo está atravesando por situaciones difíciles y en que todas las estimaciones son a la baja.
Entonces, no podemos desaprovechar estas oportunidades.
Este proyecto lleva más de un año en el Congreso. Por lo tanto, creo que debemos hacer un esfuerzo por sacarlo rápido.
Lo que sugiero, señor Presidente, es que llame a una reunión de Comités.
Hay un acuerdo del Ejecutivo con la Comisión de Economía respecto de las normas referidas a la Dirección General de Aguas, a fin de establecer procedimientos especiales, los cuales, por lo demás, ya se dispusieron mediante oficio durante el segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet; por tanto, simplemente se les está tratando de dar certeza jurídica.
Pero si hay problemas con eso y existe un acuerdo para no votar y sacar esas disposiciones de la iniciativa, está bien, lo vamos a respetar.
Pero, señor Presidente, avancemos. Me parece que no es posible dejar de tramitar un proyecto tan sustantivo para que la economía crezca y generar más empleo.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.-
Señor Presidente, aquí nadie está en contra del crecimiento económico.
Quiero hacer algunas reflexiones sobre esta iniciativa.
Modifica varios cuerpos legales: Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ley sobre Servicio Nacional de Geología y Minería, Código de Aguas, entre otros.
Ha pasado por varias Comisiones: Medio Ambiente, Economía y Hacienda. Esta última tenía otro criterio, por eso votó en una lógica distinta del análisis propiamente técnico que se hizo en las otras Comisiones. Pero el resultado de ese ejercicio, a mi juicio, fue que no se reconoció el trabajo y las observaciones realizadas en dichos órganos técnicos.
¡Pido un poco de formalidad!
No niego los acuerdos; son parte del diálogo político y del ejercicio parlamentario. Sin embargo, en este caso, no está claro.
Entonces, mientras no exista claridad, creo que es bien complejo votar este proyecto hoy día. Lo planteé en reunión de Comités también, como jefa de mi bancada.
Algo falló acá en el diálogo político, y no lo digo por desconocimiento del acuerdo.
Pero yo esperaría a lo menos fortalecer la DGA, aumentar el número de fiscalizadores. ¡Los ciudadanos nos demandan eso!
No estoy de acuerdo con externalizar ese servicio, sobre todo en lo referido a la fiscalización.
Acá hay hartos temas involucrados. Se modifican varios cuerpos legales.
Si preguntan mi opinión, considero que Chile también tiene que fijarse una normativa respecto de los cuarenta proyectos que al final del día no pueden ser tratados igual que cualquier otra iniciativa que evalúa el SEIA. Esa es una reforma distinta; quizá, para otra conversación. Pero en esa discusión es donde nos entrampamos.
Para mí es complejo votar esta iniciativa el día de hoy.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Distintas bancadas han solicitado reunión de Comités. Es una posibilidad que estamos evaluando.
Senador Elizalde, le ofrezco la palabra.
El señor ELIZALDE.-
Señor Presidente, creo que si se vota el proyecto se sentará un precedente bien nefasto.
De buena fe esto se vio en la Comisión de Economía y de buena fe los Senadores de Oposición aceptamos continuar con la tramitación de la iniciativa, porque los representantes del Ejecutivo se comprometieron a retirar lo relativo a la DGA.
Se produjo una controversia un tiempo atrás a propósito de la participación en el Senado de los Ministros de Estado. Bueno, la situación ocurrida acá obligará a que se exija siempre su presencia. En efecto, si un representante del Ejecutivo llega a un acuerdo con integrantes de una Comisión y después el acuerdo no se cumple porque se señala que no es de alto nivel, que no representa efectivamente al Gobierno, pues bien, eso obliga a que de ahora en adelante tengan que estar todos los Ministros de Estado en todas las sesiones. De lo contrario, no se podrá avanzar en el diálogo político, que es imprescindible para legislar.
Es legítimo que resolvamos nuestras diferencias mediante una votación. Pero no es aconsejable votar si el Ejecutivo, a través de sus representantes, planteó una solución de compromiso para generar unanimidad o un mayor nivel de apoyo a la iniciativa y ese acuerdo luego queda en entredicho. Si se vota hoy día, se sentará un precedente para que aquello no sea posible en el futuro, lo cual, sin duda, obstaculiza avanzar en una legislación que a todos nos interesa.
Si se insiste en la votación, señor Presidente, yo voy a pedir segunda discusión. En caso contrario, estaríamos sentando un precedente nefasto -reitero- para el diálogo político que debe existir entre el Gobierno y la Oposición, entre el Ejecutivo y los distintos parlamentarios; en este caso, Senadores y Senadoras.
Insisto: en la Comisión de Economía los representantes del Ejecutivo -les consta a los integrantes del órgano técnico- señalaron que el tema de la DGA se iba a separar del proyecto para que se avanzara en su tramitación y se comprometieron a que ello se discutiría en una iniciativa distinta. Pero hoy día vemos que se repuso el asunto en la Comisión de Hacienda.
Y ahí tengo una diferencia con el Senador Pizarro.
Por lo menos yo no he cuestionado a la Comisión de Hacienda. Me parece que todas las comisiones son igualmente válidas, sin lugar a dudas.
El señor PIZARRO.-
¡Me refería a otro Senador!
El señor ELIZALDE.-
Perfecto.
Todas las Comisiones son igualmente válidas. Y, además, los Senadores de Hacienda no tenían por qué saber lo que se había acordado en la Comisión de Economía; así que también actuaron de buena fe.
Pero es cierto que se está sentando un precedente que yo considero nefasto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos no analizó este tema y tampoco la de Agricultura, donde estamos estudiando las modificaciones al Código de Aguas.
En las últimas sesiones, con relación a la indicación sustitutiva que en esta materia presentó el Gobierno, hemos rechazado unánimemente todas las modificaciones con relación a externalizar en un panel de expertos las funciones de la Dirección General de Aguas. Entonces, estas disposiciones contravienen lo que estamos tramitando en otra Comisión.
Además, aquí cabe una consulta de fondo.
¿La agenda proinversión que plantea el Gobierno significa debilitar al Estado? ¿Implica tener que externalizar en privados funciones que son sustantivas e importantísimas para el resguardo de un recurso tan escaso y en crisis -hay una catástrofe hídrica-, como es el agua?
Señor Presidente, el artículo 135 propuesto por el proyecto permite a peritos externos la inspección ocular. Eso implica entregar apreciaciones de un área absolutamente sensible, como son los recursos hídricos, a un perito externo. A mi juicio, eso es claudicar respecto de la fortaleza que debe tener el Estado en el caso de una agenda proinversión.
Entonces, es una pregunta clave.
Aquí nos están invitando, en un escenario de cambio climático, de catástrofe hídrica, de crisis de los recursos naturales por impacto de la sequía, a que el Estado entregue sus funciones esenciales en estas áreas a paneles de expertos, a peritos externos.
Yo considero -y es un tema de fondo- que una agenda proinversión no puede sustentarse en que agentes externos, peritos privados realicen las funciones de la Dirección General de Aguas; sobre todo, en el momento en que estamos viviendo.
En la Comisión...
El señor QUINTANA (Presidente).-
Estamos dando dos minutos por orador.
El señor HUENCHUMILLA.-
Punto de reglamento.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Que termine la Senadora y vemos el punto de reglamento.
La señora MUÑOZ.-
Solo quiero señalar que en la Comisión de Agricultura hemos rechazado entregar a un panel de expertos las funciones de la DGA contempladas en el Código de Aguas, y aquí está el Presidente de tal instancia.
Estimo que esta modificación contraviene lo que se está debatiendo en otros ámbitos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Como se habrán dado cuenta Sus Señorías, esta discusión no es nada fácil. Yo imagino que el Gobierno también habrá hecho la misma síntesis.
Para un punto de reglamento, tiene la palabra el Senador Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, es claro que aquí hay una cuestión sustantiva, controvertida entre distintas Comisiones, pero debemos consensuar un procedimiento para resolver el asunto.
Por lo tanto, en mi calidad de jefe de bancada, le pido una reunión de Comités ahora.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Va a ser ahora.
Tiene la palabra el Senador Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, está claro que sobre este proyecto de ley no hay un acuerdo político.
Leí hoy día en La Tercera una noticia relacionada con que la Oposición buscaba un gran acuerdo nacional sobre desarrollo productivo e incremento del crecimiento económico.
Se encuentra el Ministro de Economía en la Sala, y está claro que, para llegar a discutir la presente iniciativa, que tiene elementos en esa línea, se requería un acuerdo político.
Yo siento que se ha evitado ese acuerdo político.
El Gobierno tiene la facultad para concretarlo, pero se ha optado por un debate público sobre la materia. Y la lógica de separar entre quienes están en contra del crecimiento y quienes están a favor no nos va a llevar a buen puerto.
Yo comparto que haya reunión de Comités, pero ahí no participa el Ministro. Y aprovechando su presencia, ya que es el jefe político de la Cartera de Economía y comanda el barco que surca las aguas borrascosas de este Senado para la discusión de este proyecto de ley, sugiero que diga, privada o públicamente -ojalá siempre de manera pública-, si hay o no condiciones para un acuerdo que considere los elementos que ha planteado la Senadora Adriana Muñoz, los cuales comparto.
¿Desarrollo a costa de qué?
Lleguemos a un acuerdo político en el Senado. Si no hay capacidad para ello, este proyecto corre el riesgo de ser rechazado.
Y si el debate después se simplifica -reitero- entre los procrecimiento y los que no quieren crecimiento, habremos equivocado el camino.
Entonces, Ministro, aprovechando que está en la Sala...
A propósito, están viniendo más los Ministros. Dado que el Senador Moreira y otros colegas de Gobierno están dejando fuera de la Sala a los Subsecretarios,...
El señor MOREIRA.-
¡No es efectivo...!
El señor NAVARRO.-
...asisten más seguido.
Pero no basta con venir; deben opinar.
No hay un tema más importante en materia económica hoy día en Chile que una agenda procrecimiento en acuerdo con el Parlamento, y no en su contra.
Por lo tanto, señor Presidente, pido que el señor Ministro aclare el punto.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor HUENCHUMILLA.-
Yo le hice una petición.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
La señora RINCÓN.-
Señor Presidente, ayer en esta Sala nosotros pedimos que se vote el proyecto relativo a las inhabilidades de los consejeros regionales. Y colegas de la bancada del frente nos pusieron todo tipo de reparos y usaron el Reglamento para impedir la votación.
Hoy día, desde esa misma bancada, se nos dice que esta controversia se dirima mediante votación.
En verdad, no estoy de acuerdo con que los argumentos sirvan para unas discusiones y no para otras. No corresponde.
Aquí tenemos un problema de forma y de buena fe que envuelve la discusión de esta iniciativa.
Nosotros dimos nuestro respaldo al proyecto de ley procrecimiento del Gobierno, entendiendo que la materia pertinente se discutiría en su mérito donde correspondía. Y el Gobierno ha insistido en meterla en la presente iniciativa y ha conversado solo con algunos.
En verdad, creo que ello atenta contra nosotros mismos y contra el Parlamento.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Quiero decir que estamos escuchando todas las opiniones, también las de quienes están pidiendo reunión de Comités.
Hago presente que dicha reunión se realiza cuando la Mesa lo establezca, no es aquí y ahora.
El señor PIZARRO.-
Cuando la Sala se lo pida. Lo dice el Reglamento, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente, solamente quiero ratificar lo que se ha señalado acá.
En la Comisión de Economía tomamos un acuerdo con el Ejecutivo, en virtud del cual iba a retirar el capítulo relativo a la Dirección General de Aguas, dado que se había llegado a un consenso, incluido el Gobierno, en el sentido de que la situación de la DGA era muy precaria y había que reforzarla.
El Gobierno planteó la externalización. Nosotros dimos un paso al frente y señalamos que es hora de reformar o reforzar la DGA con personal interno, no externo.
En función de esa diferencia, tomamos la decisión mencionada con el Ministro de Economía de entonces -el actual ocupaba la Cartera de Obras Públicas-, y dijimos: "Se saca este asunto del proyecto".
Sin embargo, con sorpresa, nos enteramos hace dos semanas de que el tema había sido repuesto en otra Comisión. Y ello justo coincidió con el cambio de Ministro.
Como mencionaba el Senador Elizalde, este no es un buen precedente, porque la señal que se da es que los acuerdos que se toman en una Comisión se pueden cambiar en otra.
Además, evidentemente los Senadores que integran la otra Comisión no están al tanto de esos acuerdos. Y eso es un problema.
Yo sugeriría, señor Presidente, que el Gobierno pensara en un reforzamiento de la Dirección General de Aguas; que implemente un equipo de trabajo interno a efectos de poder reforzar y disminuir los tiempos de tramitación. Estos no se reducen necesariamente debilitando la estructura, sino fortaleciéndola y modernizándola. Esta situación es una oportunidad para eso.
Creo que insistir en la externalización no es otra cosa que discutir en el margen y no entrar al fondo del asunto, cual es, el fortalecimiento de la DGA, con un organismo encargado justamente de analizar esos proyectos.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Estoy privilegiando a los Senadores a quienes no hemos escuchado.
Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente, quiero volver la discusión un poquito al origen del proyecto.
Hoy día tenemos un país muy burocrático y enfrentamos condiciones económicas internacionales bastante adversas. Ante ello, el objetivo es ponernos de acuerdo, después de un año, para aprobar un proyecto que, a todas luces, es muy importante para el emprendimiento en el país y el desarrollo de las empresas.
Por otro lado, respecto a la DGA, hago presente que había 12.419 solicitudes atrasadas a inicios del 2019. Para cumplir su tarea la referida institución hoy día cuenta con 31 fiscalizadores para todo Chile.
En mi opinión, que es una opinión personal, es bastante difícil pensar en externalizar el servicio de inspección. Sería como si el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, tuviera inspectores externos, lo que generaría francamente una situación bastante compleja y difícil de manejar en términos de la probidad y la transparencia de funcionarios que deben fiscalizar, en este caso, dinero y, en el otro, agua, que es un elemento vital para toda la población en Chile y para la productividad del país.
Por lo tanto, yo mantengo mi postura: hay que fortalecer la DGA, dotarla de más personal, incorporarle más presupuesto. ¡Es urgente hacerlo!
También creo que debiéramos, por el bien del país, ponernos de acuerdo ahora, hacer reunión de Comités y tratar de sacar de la discusión de esta iniciativa lo relativo a la DGA.
No nos sirve no seguir avanzando.
Hoy día el emprendimiento espera, pero insisto en que la DGA -y coincido plenamente con las personas que me han antecedido- debe ser fortalecida -es una necesidad moral-, porque 31 fiscalizadores para todo Chile es realmente una señal de falta de importancia acerca de lo que significa el agua para el país.
Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Lagos Weber.
El señor LAGOS.-
Señor Presidente, este proyecto pasó por la Comisión de Hacienda, luego de haber sido visto por las Comisiones de Economía y de Medio Ambiente. Entremedio hubo cambio de Gabinete. Llegó un Ministro nuevo.
Voy a hablar de la experiencia que tuvimos en la Comisión de Hacienda, que me tocó presidir, con esta materia.
Hubo muchos temas en discusión. La situación de la DGA sí se conversó. Y hubo algunas preocupaciones en ese sentido. ¡Pero lo que nunca se dijo es que había un acuerdo en las Comisiones mencionadas para retirar este tema de la DGA!
¡Y fue repuesto por el Gobierno!
Entonces, ¿le digo la verdad? En esta materia uno se siente un poco en la oscuridad, porque habría esperado que las autoridades dijeran: "Mire, ¿sabe qué? En las dos Comisiones se retiró por estas razones y se propone esto".
Yo quedé con esa percepción. Además, no votaron todos los señores Senadores por esas consideraciones.
En lo personal, estoy por fortalecer la DGA y rechazar la subcontratación.
No tengo claro cuál es la fórmula jurídica para proceder ahora, pues el resto del proyecto tiene cosas positivas. Hay otras que se deben afinar; pero entiendo que en lo grueso puede haber consenso.
Sin embargo, ¿cómo se hace para que una parte de la iniciativa no sea parte del mismo texto?
Entonces, tal vez hay que enviar el proyecto nuevamente a las Comisiones y presentar indicaciones, etcétera.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Quinteros.
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, por toda la discusión ha quedado muy claro que el Gobierno no ha cumplido con sus compromisos.
Entonces, seguir dándole vueltas a lo mismo, habiéndose pedido reunión de Comités...
¡Yo creo que procede la reunión de Comités y punto! Porque ya estamos claros de que el Ejecutivo no cumplió el compromiso adquirido en una Comisión.
Lo demás implica seguir hablando toda la tarde.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.-
Señor Presidente, seré muy breve.
Solamente quiero señalar y dejar claro algo respecto a lo dicho por una Senadora hace un momento.
Es muy distinto lo que sucede hoy día de lo que pasó ayer con el proyecto referido a los cores. La iniciativa que estamos debatiendo se encuentra en tabla; la otra no.
Se habla de que pasó a una Comisión y de que se debe respetar a las Comisiones. Pero la propuesta de los cores no se ha visto en particular en la de Gobierno, a la que de suyo le corresponde.
Entonces, hay que ser rigurosos y tener el mismo criterio para todas las cosas. Pero no hay que decir que dos cosas son iguales cuando son absolutamente distintas.
Existe un reglamento y debemos respetarlo, interpretándolo de buena fe y no mañosamente cuando nos convenga o no.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador Pedro Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente, creo que todos los que estamos en la Sala compartimos la necesidad de que el país requiere mecanismos para promover y fortalecer la inversión, sobre todo en un momento económico bastante complejo en el que las cifras demuestran que ya estamos en una crisis económica bastante seria.
Pero promover la inversión, a mi juicio, no puede ser el rótulo para desregular.
Efectivamente, este proyecto presenta situaciones que son complejas y que merecen una discusión mucho más tranquila; y que, ojalá, podamos contar con un acuerdo amplio.
El tema de las pertinencias ambientales hay que debatirlo, y debemos lograr un acuerdo: si vamos a permitir o no lo que se propone en esta iniciativa proinversión.
Y, sin duda, el asunto más complejo, donde entiendo se produce la gran piedra de tope o la discusión, se relaciona con la Dirección General de Aguas.
Efectivamente nosotros tenemos un problema hoy día con la tramitación de la DGA. Pero la fórmula que se propone, a mi juicio, esta externalización, en la práctica implica privatizar el servicio, cosa que a todas luces, yo, por lo menos, no comparto.
En esa línea, señor Presidente, lo instaría a que se hiciera una reunión de Comités.
Es mejor que este proyecto, dado que no vamos a lograr un acuerdo en este punto, sea sacado de la tabla, y que vuelva la próxima sesión para votación, separando el tema del agua y dejando afuera lo de la DGA.
El señor QUINTANA (Presidente).-
En virtud de lo solicitado, se suspende la sesión para celebrar una reunión de Comités.
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--Se suspendió a las 17:28.
--Se reanudó a las 18:00.
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El señor QUINTANA (Presidente).-
Continúa la sesión.
Le voy a ofrecer la palabra al señor Secretario para que dé a conocer el acuerdo alcanzado en la reunión de Comités que se celebró recientemente con la finalidad de ver la manera de avanzar en este proyecto de proinversión, que, como se habrán dado cuenta Sus Señorías, no es nada fácil, pues escuchamos a diecisiete señoras y señores Senadores en la discusión previa que se suscitó en la Sala, y contiene aspectos reglamentarios que deben ser considerados.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Gracias, señor Presidente.
Los Comités, reunidos en sesión del día de hoy, acordaron lo siguiente:
Con relación al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión (boletín Nº 11.747-03) se ha acordado remitirlo a las Comisiones unidas de Economía y de Medio Ambiente para que en el plazo de una semana analicen los temas relativos a caducidad, pertinencia (ambos contenidos en el proyecto), centrales hidroeléctricas y Dirección General de Aguas.
Eso es, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
Por lo tanto, pasaríamos al siguiente proyecto de la tabla, que es el número 3.
Quiero sugerir a la Sala, si existe acuerdo para ello, que tratemos la iniciativa número 4 de la tabla, que moderniza la gestión institucional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y no ver en esta ocasión el proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas, signado con el número 3.
El señor PIZARRO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).-
Por supuesto, señor Senador.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, para nosotros es importante discutir el proyecto número 3, pues abre la posibilidad de una reforma a la Constitución en esta materia.
¡La idea era iniciar un debate y una discusión, pues!
El señor QUINTANA (Presidente).-
Algunos señores Senadores han solicitado discutir el proyecto número 4, pero si a la Sala no le parece continuaremos la discusión de las iniciativas en el orden en que están.
Tal como lo ha pedido el Senador Pizarro, mantendremos el orden de la tabla, pues para alterarla se requieren dos tercios.
Por lo tanto, trataremos la iniciativa número 3 y continuaremos el orden de la tabla, como lo ha solicitado el Senador Pizarro, salvo que exista la representación de los dos tercios para alterarla.
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, con el debido respeto, la petición de discutir y empezar a dialogar dice relación con la definición de lo que es el agua en la Constitución Política chilena como un derecho humano y con la prioridad que tiene este problema.
El Presidente de la República constituyó hoy día una comisión hídrica, a la cual convocó a una cantidad enorme de expertos -se supone- y de gente que está preocupada del tema.
Además, tenemos la COP25, que se desarrollará en nuestro país a fin de año.
La discusión que sostuvimos hace un rato tiene que ver con el agua. Todo el problema, que se tradujo en el debate que se originó acá, radicaba en si conceptualmente la indicación que se presentó al proyecto de ley que promueve la productividad permitía a la Dirección de Aguas, que cumple un rol fundamental en el buen uso del recurso hídrico, contratar o no peritos para revisar determinadas situaciones derivadas de la escasez hídrica que vivimos.
Entonces, independiente del quorum que se requiera en la votación, a mí por lo menos y a nuestra bancada nos parece importante dar una señal a la opinión pública en esta materia.
La convocatoria de esta Mesa hídrica abrirá un debate en todas las regiones del país. Y para la nuestra este es un problema permanente.
Yo invito a los colegas que representan a otras regiones que, lamentablemente, también se han sumado al drama de la escasez hídrica y la sequía a que le den prioridad a este asunto en la discusión.
Sé que detrás de esto hay intereses que nos van a complicar. Todos sabemos de declaraciones públicas de ciertos organismos gremiales que representan, por ejemplo, a productores agrícolas, etcétera, etcétera.
Sin embargo, en algún momento tenemos que empezar a debatir este tema con una visión de futuro y de país.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muy bien.
En consecuencia, seguiremos el orden de la tabla tal como está. El señor Secretario hará la relación del proyecto, y luego le corresponderá informar a la Presidenta de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Senadora Adriana Muñoz.
DOMINIO Y USO DE AGUAS
El señor QUINTANA (Presidente).-
Proyecto de reforma a la Carta Fundamental, en primer trámite constitucional, sobre dominio y uso de las aguas, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (6.124-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señores Girardi, Navarro y de los entonces Senadores señores Ávila, Ominami y Ruiz-Esquide):
En primer trámite: sesión 56ª, en 1 de octubre de 2008 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (6.141-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del entonces Senador señor Núñez):
En primer trámite: sesión 57ª, en 7 de octubre de 2008 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (6.254-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del entonces Senador señor Horvath):
En primer trámite: sesión 78ª, en 10 de diciembre de 2008 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el cuarto proyecto (6.697-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de los entonces Senadores señores Ávila, Núñez y Vásquez):
En primer trámite: sesión 50ª, en 15 de septiembre de 2009 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el quinto proyecto (7.108-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Navarro y de los entonces Senadores señores Rossi y Tuma):
En primer trámite: sesión 40ª, en 4 de agosto de 2010 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el sexto proyecto (8.355-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de la Senadora señora Allende, Senador señor Letelier y de los entonces Senadores señores Gómez, Rossi y Ruiz-Esquide):
En primer trámite: sesión 24ª, en 12 de junio de 2012 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el séptimo proyecto (9.321-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción de la Senadora señora Muñoz, de los Senadores señores Girardi, Araya, De Urresti y del entonces Senador señor Horvath):
En primer trámite: sesión 13ª, en 23 de abril de 2014 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el octavo proyecto (10.496-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Chahuán):
En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el noveno proyecto (10.497-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional (moción del Senador señor Chahuán):
En primer trámite: sesión 89ª, en 6 de enero de 2016 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 32ª, en 19 de julio de 2016.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).-
Los proyectos de reforma constitucional refundidos por autorización de la Sala son los siguientes:
1) El iniciado en moción de los Senadores señores Girardi, Navarro y de los entonces Senadores señores Ávila, Ominami y Ruiz-Esquide, sobre dominio público de las aguas (boletín N° 6.124-09).
2) El iniciado en moción del entonces Senador señor Ricardo Núñez, sobre exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas (boletín N° 6.141-09).
3) El iniciado en moción del entonces Senador señor Horvath, sobre acceso y uso del agua (boletín N° 6.254-09).
4) El iniciado en moción de los entonces Senadores señores Ávila, Núñez y Vásquez, en materia de concesiones de derechos de agua (boletín N° 6.697-07).
5) El iniciado en moción del Senador señor Navarro y de los entonces Senadores señores Rossi y Tuma, que declara de dominio público las aguas subterráneas (boletín N° 7.108-07).
6) El iniciado en moción de los Senadores señora Allende y señores Letelier y de los entonces Senadores señores Rossi, Gómez y Ruiz-Esquide, que declara a las aguas bienes nacionales de uso público y reserva a la ley la constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los derechos de los particulares sobre aquellas, así como la determinación de los caudales que aseguren su disponibilidad para el consumo humano (boletín N° 8.355-07).
7) El iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señora Muñoz y señores Araya y De Urresti, y del entonces Senador señor Horvath, que deroga el inciso final del numeral 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental y asegura a todas las personas el derecho al agua y a su acceso en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades individuales y colectivas (boletín N° 9.321-12).
8) El iniciado en moción del Senador señor Chahuán, que modifica el artículo 19, número 24°, de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer que las aguas tienen la calidad de bienes nacionales de uso público (boletín N° 10.496-07).
9) El iniciado en moción del Senador señor Chahuán, que modifica el artículo 19, número 24°, de la Constitución Política de la República, con el objeto de establecer que el aprovechamiento y consumo humano del agua es de carácter prioritario (boletín N° 10.497-07).
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
-Consagrar constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público.
-Entregar a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.
-Garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.
-Contemplar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos precedentemente mencionados.
La Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía hace presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular la iniciativa, por ser de artículo único; pero, considerando que se trata de una reforma a la Carta Fundamental, acordó proponer al Excelentísimo señor Presidente que en la Sala sea discutido solamente en general, con el propósito de permitir, una vez aprobada la idea de legislar, la formulación de indicaciones a su respecto.
La referida Comisión Especial aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Allende y Muñoz y señor Chahuán. Y aprobó la iniciativa en particular con las votaciones que se consignan en su informe.
Cabe tener presente que para la aprobación de este proyecto de reforma constitucional se requieren las dos terceras partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 27 votos favorables, por recaer en el Capítulo III, De los Derechos y Deberes Constitucionales.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en la página 50 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, señor Secretario.
En discusión general el proyecto.
La Senadora Adriana Muñoz, informante de la iniciativa, le ha cedido su turno al Senador Guido Girardi, quien es uno de los autores de la moción respectiva.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GIRARDI.-
Por intermedio de la Mesa, le quiero agradecer a la Senadora Muñoz por permitirme intervenir ahora.
Señor Presidente, debemos enfrentar un gran desafío como humanidad. Creo que todos estamos claros en eso. Pero tal vez falta convencernos de la dimensión de urgencia que tiene la crisis climática y, particularmente, el calentamiento global.
Quizás uno confunde a veces calentamiento global con cambio climático. Cambio climático es algo que ha existido siempre en la historia del planeta, el cual ha pasado por muchos eventos climáticos distintos, desde glaciaciones intensas -en varias oportunidades en la historia de la Tierra vivimos como una bola de nieve- hasta períodos de temperaturas tal vez más altas incluso que las que se registran hoy día, cuestión que ha ocurrido en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, hace cuarenta millones de años la Antártida fue una selva tropical.
Entonces, nuestro planeta ha vivido numerosos acontecimientos climáticos evolutivos. La diferencia es que hoy día se trata de un proceso aceleradísimo producido por una de las especies que lo habita, que somos nosotros, que está alterando el metabolismo planetario de manera muy muy precipitada.
La cuestión es que la vida de los seres humanos y de todos los seres vivos se da en márgenes, en límites o en parámetros muy estrictos, y cuando estos se alteran empieza a cambiar el fenómeno de la vida global tanto de los seres humanos como de todos los seres vivos, afectando gravemente la biodiversidad. Y uno de los síntomas de ello va a ser la escasez de agua.
¿Por qué digo que se trata de algo urgente? Porque el aumento de temperatura que está afectando al planeta, y a Chile en particular, es de solo un grado en ciento setenta años. Pero ese grado es suficiente para alterar todos los metabolismos de adaptación planetaria.
¿Cuál es la amenaza? Que en los próximos veinte años la temperatura va a subir, no un grado, sino dos a tres, dado que ya no se está cumpliendo el Acuerdo de París, lo que se traducirá en una situación catastrófica.
Si fuéramos optimistas -imaginemos un mundo feliz, donde no existan los señores Trump y Bolsonaro, ni los negacionistas, ni los clima-escépticos- y eventualmente en el 2030 llegáramos a una situación de neutralidad de carbono, tendrían que pasar cien años para que se restableciera el clima.
Es decir, si hacemos todo lo que se nos señala: si disminuimos nuestras emisiones, si no sobrepasamos las 450 partes por millón de CO2, el planeta, ante la crisis climática y la crisis hídrica, necesitaría por lo menos entre cincuenta y cien años para restablecerse y llegar a los niveles que tenía hace diez o veinte años.
Creo que eso es muy importante.
Por lo tanto, Chile va a tener una realidad nueva que no había experimentado en el pasado: una crisis hídrica.
Hay que separar crisis hídrica de escasez. Son dos cosas distintas: la sequía tiene que ver con la disminución de la pluviosidad, que está decreciendo de manera muy importante, en cerca de 40 o 50 por ciento en algunos territorios; y la escasez es la relación entre el aporte de agua que hace la pluviosidad y la demanda de agua derivada de las diferentes actividades humanas.
Entonces, lo que se está generando es lo siguiente: por una parte, está disminuyendo la oferta de agua, y, por la otra, la demanda se está haciendo cada vez más relevante.
Un ejemplo muy claro de ese desbalance uno lo observa en la Región de Coquimbo, que puede tener una pluviosidad de 100 milímetros de lluvia por cada hectárea. Sin embargo, el problema surge cuando se plantan paltos, pues estos consumen 2.000 milímetros de agua por cada hectárea. O sea, cada vez que se planta una hectárea de paltos se produce un déficit de 1.900 milímetros.
¿De dónde se saca esa agua? Esa agua proviene de los acuíferos; es el agua de la que se priva a algunos sectores justamente para regar los paltos.
Cuando uno planta un bosque nativo, este consume 500 milímetros de agua por hectárea cada año. Evidentemente, tiene una huella hídrica menor. Pero incluso si plantáramos árboles nativos en la Región de Coquimbo, donde la pluviosidad es de 100 a 150 milímetros por hectárea, tendríamos un déficit de balance de agua cercano a los 350 milímetros.
Por eso Chile debe actuar con visión científica en esto. No se trata de llegar y plantar pastizales o árboles nativos. ¡Para qué hablar de especies exóticas, que consumen 750 milímetros de agua por hectárea!
Evidentemente, es preciso que haya desarrollo en la materia; pero hoy día ello ha de estar basado en la ciencia. Luego, debemos definir una institucionalidad que no tenemos. La actual es de papel, debilitada. Lo acabamos de ver.
Ahí está el Ministro de Economía. Yo le pido que no sea el Papa ni el Vaticano de la visión neoliberal; que dejemos de lado las ideologías, pues tenemos un desafío mayor: necesitamos una institucionalidad fuerte en materia de agua, y tiene que ser pública, porque debe garantizarse el interés público.
Pero esa institucionalidad, además, requiere una política, la cual es expresión de ella, y significa devolverles a los chilenos algo que les conculcaron en dictadura.
Hasta el año ochenta el agua les pertenecía a todos los compatriotas, pues era un bien nacional de uso público. Sin embargo, ese año tal derecho les fue conculcado. Por lo tanto, aquí no se trata de expropiación, sino de restablecer un derecho legítimo que de manera ilegítima se les conculcó a los chilenos.
No hay ningún país en el planeta donde el agua no sea un bien nacional de uso público. Porque el agua no puede tratarse como bien privado, pues sin ella no se puede vivir.
Ahora, señor Presidente, es factible asimilar esta situación incluso al aire. Algunos pueden plantear que el aire devenga en un bien privado; pero sin aire es imposible vivir.
En consecuencia, tanto el aire cuanto el agua deben ser derechos humanos fundamentales, como plantea Naciones Unidas.
Por eso el agua tiene que volver a ser un bien nacional de uso público.
Por ello el sentido de este proyecto de ley tiene que ver con humanizar a Chile, con civilizar a nuestro país, con que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público.
Yo soy autor de diversas mociones junto con la Senadora Adriana Muñoz y con varios de los Senadores que están acá. Y Justamente lo que buscan es borrar un inciso que, desde mi punto vista, viola los derechos humanos fundamentales, pues establece la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de aguas.
No se trata de quitarle agua a nadie.
Lo mismo ocurre en el ámbito minero. Las minas son de dominio fiscal. Las empresas tienen concesiones mineras otorgadas por el Estado, pues ellas le pertenecen; no se han privatizado. La única diferencia es que esos derechos, que se pueden transar, vender, enajenar, son susceptibles de regulaciones por parte de la sociedad. Si fueran privados, como ocurre con el agua, no se podrían establecer regulaciones sobre la minería.
Nosotros no estamos planteando quitarle el agua nadie, sino que, por el estatus de derecho que tiene al ser un bien nacional de uso público, ella sea susceptible de regulación por parte del Estado y se puedan determinar, por ejemplo, prioridades de uso.
¡No es aceptable que aquellos que se apropiaron del agua estén regando paltos y que al lado no haya agua para el consumo humano!
Entonces, la sociedad podría decir: "Como este es un derecho que les pertenece a todos, aun cuando usted tenga una concesión, se va a establecer una prioridad de uso: primero, para el consumo humano; segundo, para la alimentación básica, y después, para otra finalidad".
Señor Presidente, aquí hubo muchos que inscribieron derechos de aguas a título gratuito y que hoy día valen millones; que son especuladores; que no los están usando. Y ahora el Estado tiene que gastar cifras cuantiosas para comprarles a ellos el agua que antes les pertenecía a todos los chilenos, para dárselas a través de camiones aljibes a las personas.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando es en esencia un tema de derechos, de justicia ambiental, de justicia en materia de derechos humanos.
No hay país en el mundo que tenga el tipo de legislación que existe en Chile.
Cuando vienen europeos a nuestro país y uno les dice que acá los derechos de aguas son de propiedad privada les causa sorpresa, pues les resulta incomprensible. Es como si les señalaran, por ejemplo, que en nuestra nación se hubiera privatizado el aire.
Creo que aquello fue un asunto de tiempo. Seguramente, si lo hubieran tenido, algunos habrían pensado en privatizar hasta el aire, porque en realidad podría haber sido un buen negocio.
Entonces, ¿de qué se trata este proyecto de ley? Esta iniciativa se ubica en el contexto del cambio climático, en el contexto del calentamiento global, en el contexto de que no habrá agua y de que la falta de este vital elemento será el problema social más importante de Chile.
Dado que ello está empezando, la disminución de caudales de agua que vemos en la zona central es de entre 70 y 90 por ciento. De hecho, el abastecedor de agua de Valparaíso posee el 2 por ciento del agua que debiera registrar, a pesar de que ya pasamos el invierno y se supone que tendría que estar en el cien por ciento de su capacidad.
Entonces, como ese será el principal problema social, la única forma de abordar esto es teniendo instrumentos de política pública. Y la única manera de conseguirlos es estableciendo el agua como bien nacional de uso público para los efectos de regular esta situación.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
A continuación, tiene la palabra la Senadora señora Muñoz.
La señora MUÑOZ.-
Señor Presidente, solo haré una breve intervención acerca de lo que ha sido la historia de este proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas.
Como ya lo señaló el señor Secretario, esta iniciativa incorpora varias mociones antiguas que la Mesa en el año 2014 le encomendó refundir a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
Después de un largo trabajo, de más de un año, en que realizamos cerca de 12 sesiones, logramos armar esta propuesta de reforma constitucional. Y el 3 de agosto de 2016, como Presidenta de la Comisión Especial de esa época, me correspondió dar cuenta a la Sala del primer informe respecto de esta materia.
Como han transcurrido tres años desde esa presentación, me permito reiterar sus principales aspectos.
Ya se indicó que se fusionaron varias mociones. Y, en cuanto Comisión, optamos por impactar y modificar el numeral 23° del artículo 19 de la Carta Fundamental, y no el 24°.
Quizás la materia más controvertida y que, por lo mismo, no viene incluida en el informe ni en el proyecto de reforma constitucional es la propiedad privada de los derechos de aguas.
La proposición pertinente venía considerada en varias de las referidas mociones y fue incluida en el debate. Sin embargo, ella se rechazó por efecto de un doble empate.
Tal como se consigna en el informe definitivo, que establece el texto aprobado por la Comisión, introdujimos modificaciones en el numeral 23° del artículo 19, e incorporamos los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto nuevos:
"Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Decláranse de utilidad pública los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido.
"La ley regulará el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares. Estas últimas serán siempre temporales, se circunscribirán a fines específicos y podrán estar sujetos al pago de patentes o tasas.
"En su otorgamiento y ejercicio se priorizará el consumo humano, el doméstico y el saneamiento, resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico, para lo cual se podrá reservar aguas superficiales y subterráneas y establecer otras limitaciones y obligaciones. Se dispondrá de un manejo sustentable e integrado de los recursos hídricos de las cuencas, que considere las características de cada zona del país y que asegure la participación e información de la ciudadanía;".
Esos son los aspectos centrales de esta reforma constitucional, señor Presidente.
Como ya señalé, no se pudo incorporar la modificación al numeral 24°, inciso final, del artículo 19 de la Constitución, que establece la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Espero que la tramitación de esta iniciativa de reforma constitucional, en el marco del cambio climático y de la catástrofe hídrica que vive nuestro país, tenga mejor futuro, a diferencia de lo ocurrido hace tres años, en que solo se me permitió informar a la Sala.
Luego de ello el proyecto se envió a la Comisión de Constitución, la cual, después de haberlo revisado, evacuó su informe. Y ahora está para ser debatido en general y, por cierto, en particular.
La idea es que se apruebe en general -no sé si hoy o cuando reunamos los dos tercios de los Senadores en ejercicio, pues hay que construir esa votación-, y que vuelva a nuestra Comisión para debatirlo en particular, con las indicaciones que formulen Sus Señorías. Así podremos continuar con su tramitación.
Considero que amerita que Chile actualice su Constitución Política sobre todo en materia de aguas, dado que para nadie es un misterio lo que está sucediendo con dicho recurso.
Invito a los colegas a debatir sin prejuicios y poniéndose en la situación de miles de compatriotas que hoy día no tienen derecho al agua.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Senadora Adriana Muñoz, usted tiene mucha razón.
Esta discusión no es solo para informar, como ocurrió hace tres años -y en esto hay una importante diferencia-, sino también para resolver.
Solicito la autorización de la Sala para que me reemplace en la testera el Senador señor Insulza.
Acordado.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente, en realidad, me parece ampliamente conocido -ha sido señalado por muchos y es comentado en todas partes- que el régimen chileno en materia de aguas es completamente insostenible: es una aberración.
Y tan así es que el tratamiento que se le da a este asunto en la Constitución y en la ley es un tanto vergonzante, como que nadie se atrevió a decir que las aguas son propiedad privada.
Se mantuvo la norma del Código de Civil, que dice que son bienes nacionales de uso público. Y luego, en el artículo 5° del Código de Aguas se señala que los particulares tienen el derecho de aprovechamiento sobre ellas.
En seguida, el artículo 6° del referido cuerpo legal define el derecho de aprovechamiento como "un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este Código".
A continuación, expresa que: "El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él".
Entre paréntesis, un artículo anterior señala que el agua es un bien mueble.
Sin embargo, posteriormente, el referido Código dispone: "Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces competente.".
El texto dice "Registro de Propiedad de Aguas". ¿Pero no se trataba de un derecho de aprovechamiento? Y resulta que a la altura del inciso tercero del artículo 6° del Código de Aguas ya se está convirtiendo en un derecho de propiedad de aguas.
Es esa la aberración que deseamos corregir, señor Presidente.
Es una cosa natural. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Nadie puede decir que en algún otro lugar del planeta se ha disfrazado un derecho de propiedad de aguas de la forma como se ha hecho en Chile, en que, por lo demás, la ficción alcanza a los dos primeros incisos y en el tercero ya se habla de propiedad de aguas.
El derecho de aprovechamiento, entonces, es de dominio o propiedad de su titular y tiene todas las propiedades del dominio, tal como cualquier propiedad.
Además, el Código, en su artículo 12, clasifica los derechos de aprovechamiento en consuntivos y no consuntivos, concepto inédito en nuestra tradición jurídica. En realidad, los derechos no consuntivos son aquellos que usan las empresas hidroeléctricas para generar energía y luego devuelven a su propietario.
Estamos en presencia, por lo tanto, de un régimen jurídico nuevo e inédito, que otorga carácter de derecho real sobre las aguas fortaleciendo el derecho de propiedad; crea la clasificación de consuntivos y no consuntivos solo para la generación hidroeléctrica; consagra la separación del derecho de propiedad de las aguas de la propiedad de la tierra (se puede vender la tierra sin vender las aguas), obviando así la clásica categoría de cosas accesorias a un inmueble -como bienes muebles, las aguas deberían ser accesorias al inmueble- o de inmuebles por destinación, adquiriendo el agua el carácter de un bien comerciable autónomo e independiente.
Ello, con la finalidad efectiva de crear un verdadero "mercado de aguas" virtual entre los usuarios, completamente desligado de quiénes son los tenedores, los usuarios, los propietarios de la tierra, con todas las inequidades y conflictos que esto implica.
Asimismo, el Código crea la eliminación de las prioridades de uso, sin ponderaciones. Hoy da lo mismo el uso que se le dé al agua. Esto es interesante. O sea, si mañana alguien decide traer su agua a través de una carretera hídrica al centro del país, podrá vendérsela a quien quiera, la necesite o no; posiblemente a una minera cerca de Petorca, más que a los habitantes de esta localidad, los que, juntos a sus animales, mueren de sed.
Por último, la gratuidad para el titular de derechos o el peticionario de los mismos ha dado lugar a especulación comercial entre las grandes empresas y particulares que desarrollan sus negocios en base al agua como insumo, constituyendo derechos de agua con la finalidad exclusiva de acumularlos y luego transarlos cuando las condiciones de mercado sean propicias, probablemente en tiempos de escasez, anulando la función social de la propiedad, máxima constitucional y promotora del bien común como finalidad del Estado.
Han existido, por cierto, esfuerzos para morigerar este escenario: el establecimiento de un canon o una patente por el no uso del agua; algunas normas de carácter ambiental, como aquellas que establecen el "caudal ecológico mínimo"; el encargo a la Dirección General de Aguas para velar por la preservación de la naturaleza, en fin. Pero todo esto resulta completamente insuficiente para responder a los estándares necesarios que el mundo de hoy requiere.
Las legislaciones modernas en el mundo se acercan más al modelo histórico chileno -el que teníamos antes; el que salió de la legislación española hacia el Código Civil-, el cual considera el agua por lo menos como un bien nacional de uso público. Huelga decir que todo bien nacional de uso público es, previamente, un bien público o fiscal.
El Código Civil chileno lo consagró de este modo y como, por cierto, se trataba de ocultar lo otro, nunca ha sido modificado; sigue ahí.
Sin embargo, la definición que impuso la nueva ley cambió sustantivamente la situación. Esto es muy claro: ya no es un bien nacional de uso público; es un bien transable en el mercado, un bien de mercado. Incluso, el constituyente lo instaló dentro de las normas que para la doctrina representan el orden público económico: artículo 19, dentro del capítulo "De los derechos y deberes constitucionales".
Señor Presidente, la crisis hídrica de Chile se debe, en buena parte, a que tenemos un régimen legal que terminó apropiándose de un bien nacional de uso público, que impide el acceso de otros usuarios al agua, y que se sostiene en la creencia de que el mejor empleo del recurso se asegura mediante instrumentos de mercado. Esto no es posible, porque el agua no tiene sustituto y el consumo cero no existe. Son ni más ni menos que la vida, la preservación de la naturaleza, los diversos ecosistemas y muchas actividades productivas los que están en serio peligro de extinción, ya que son viables solo con la presencia del agua.
Dada la situación actual de la crisis nacional, regional y mundial en relación con el recurso hídrico y la consecuente demanda de gestión del mismo, probablemente se intentará proponer alguna modificación para conciliar una cosa con la otra, pero está claro que lo que se requiere es una reforma constitucional que efectúe, en el capítulo "Bases de la institucionalidad", una manifestación consagratoria del dominio público de las aguas, independientemente de la forma en que estos derechos se ejerzan dentro de la sociedad.
Lo antes dicho tiene una importancia sustantiva, si consideramos el valor que la doctrina y la jurisprudencia le otorgan al capítulo preliminar de la Constitución, donde se contienen los principios, los valores y, en general, las normas de orden público que el Estado debe garantizar y a los cuales no se puede renunciar, y que sirven de manera sistemática como elementos de interpretación del resto de la Carta Fundamental.
La reforma constitucional propuesta en el texto aprobado por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía presenta un largo camino recorrido, con nueve mociones refundidas que, grosso modo, pretenden regular el derecho a la propiedad de las aguas y el derecho de propiedad de las mismas, la mayoría en la línea de hacer esfuerzos por detener o inhibir iniciativas que tiendan a privatizar las aguas. Cuál más, cuál menos, estas mociones sintonizan con la idea de que debemos reaccionar a la urgencia que los tiempos actuales nos presentan en orden al cuidado y el amparo extremo que requiere el vital elemento para la subsistencia humana y la preservación de la naturaleza.
Este sí que es un imperativo ético, legitimado en la comunidad y del más alto orden normativo. Por eso, señor Presidente, apruebo con decisión y convicción esta reforma constitucional.
Como dice el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019, "El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son reconocidos como derechos humanos básicos, dado que son indispensables para sostener medios de vida saludable y son fundamentales para mantener la dignidad de todos los seres humanos".
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).-
Muchas gracias, Senador José Miguel Insulza.
Se requiere su presencia en la testera.
Tiene la palabra, a continuación, otro de los autores del proyecto, el Senador Alejandro Navarro.
--Pasa a presidir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Insulza.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, ¡gratuita; a perpetuidad; por orden de llegada!
Con eso nos encontramos los años 90 y 94, en la Cámara de Diputados, cuando se hicieron los primeros intentos por modificar el Código de Aguas. Cualquier ciudadano -léase ciudadano informado, abogado en particular- podía inscribir las aguas sin necesidad de presentar proyecto alguno y sin necesidad de utilizarlas. Y se las concedían de manera absolutamente gratuita y a perpetuidad -como los nichos que hay en el cementerio que dicen "a perpetuidad"-; o sea, de manera irrevocable.
Cuando consultamos por el mecanismo, nos encontramos con que no valoraba para qué las quería el solicitante: era por estricto orden de llegada. El primero que llegaba -lo que equivalía a quien "mojaba" o a quien coimeaba al funcionario que recibía los antecedentes- quedaba en el primer lugar de la tabla para recibir derechos de agua.
Fue así como se conformó, por cierto, un mercado de las aguas.
Hace cuarenta o cincuenta años, era un mercado creciente. Algunos Senadores podrán recordar sus tiempos de niñez, cuando se abría el pilón del barrio, el grifo, se mojaba y corría el agua, así como cuando se rompía una cañería y esta corría por semanas sin que nadie reparara el ducto. El agua era gratis; el costo del agua potable era menor. Pero se fue encareciendo: encareciendo, porque llegó la empresa privada, y encareciendo, porque cuesta producir agua potable.
Por lo tanto, señor Presidente, el actual interés por el agua no se debe solo al cambio climático, como lo explicaba el Senador Girardi, o a la creciente escasez hídrica del elemento. Hay un ordenamiento: las sanitarias, que administran el agua potable y las aguas blancas, puras, de consumo, y las aguas negras, correspondientes a las aguas servidas, que después de su uso son eliminadas o tratadas.
En ambos casos el criterio ha quedado a merced del mercado. ¡Se privatizaron las sanitarias! Cuando se corta el agua en Santiago porque llueve un poco y vienen los derrumbes, los sectores altos, pudientes de Chile, de mayores ingresos, se quedan sin agua, pero pueden resolver la situación: o compran agua mineral envasada o resuelven el problema de otro modo. Pero en Osorno ello no fue posible; en Chiguayante, en mi región, cuando se cortó dos días el suministro, tampoco.
Entonces, no solo tenemos un problema -comillas- de constitucionalidad de la propiedad, sino también un problema de la institucionalidad del uso y producción de las aguas.
Yo quiero decir que en esos tiempos había Senadores, de este mismo Senado en el cual hoy día yo estoy sentado, que inscribían los excedentes de las aguas superficiales de los ríos de Chile. O sea, si crecía el Biobío -que tiene un caudal de 5 mil, 6 mil metros cúbicos por segundo, y ha llegado a 16 mil-, se pretendía inscribir también las crecidas de las aguas. Llegaban a la Dirección de Aguas con carretillas de documentos, señor Presidente.
Eso ocurría en la década del noventa.
¿De cuándo datan nuestros primeros proyectos para regularizar la situación? De esa década, con las reformas que se hicieron al Código de Aguas, en una época en que todo era "en la medida de lo posible". Esto último significaba poner restricciones al uso, pero jamás tocar la propiedad de las aguas. El primer proyecto lo presentamos junto con Guido Girardi, Carlos Ominami, Mariano Ruiz-Esquide, Nelson Ávila, en la Cámara de Diputados.
Aquí estamos viendo los proyectos del 2008, que buscaban establecer la propiedad del Estado sobre las aguas, porque estas ya son bienes nacionales de uso público: artículo 195 del Código Civil y artículo 5° del Código de Aguas. ¡Bienes nacionales de uso público! Pero esto se contradice con el artículo 24, número 19°, de la Constitución, que permite y ha permitido su privatización.
Pues bien, el 2008, con Guido Girardi y los otros parlamentarios que mencioné, presentamos ese proyecto de ley. El 2010 planteamos un segundo proyecto, relativo a las aguas subterráneas. Porque la pregunta es: ¿de qué aguas estamos hablando: de las superficiales de ríos, manantiales, lagos? También hay aguas subterráneas. ¡Aguas milenarias! Y constituyen, tal vez, la mayor reserva que exista, porque se nutren de los acuíferos producto de las lluvias, y quedan ahí, hasta que las sacan.
Presentamos el nuevo proyecto de ley el 4 de agosto de 2010.
Yo quiero decir que tengo dudas respecto de si vamos a avanzar con esta iniciativa, porque no he escuchado al Gobierno señalar que tenga una posición decidida en esta materia, y porque pienso que siente bastante temor a que el mercado del agua altere la economía.
Deseo recordar que, en el caso de las termoeléctricas Bocamina I y II, de ENEL, viajamos a Italia y nos entrevistamos con el CEO de esta empresa multinacional (30 por ciento de propiedad del Estado italiano), cuya principal argumentación se relacionaba con el hecho de que, cuando se metió en el negocio de Hidroaysén, lo hizo junto a empresas nacionales para un proyecto de 5 mil millones de dólares. ¡Gran triunfo ciudadano, con la consigna "Patagonia sin Represas"!
Bueno, ENEL se retira del negocio y hace una cosa que vale la pena valorar: dona todos sus derechos de agua al Estado de Chile. Porque era insostenible, para una empresa que a nivel mundial iba rumbo a las energías eólicas y fotovoltaicas, decir que tenía un negocio donde la ganga era que el agua era de ella. ¡Impresentable! ¡Impresentable!
No fue solo generosidad, no fue solo para acceder al Premio Verde. ¡No! Era impresentable en Europa, en la OCDE, en el mundo, decir que había un negocio de generación de electricidad en nuestro país en el que, además, la empresa era propietaria de las aguas. ¡Y se las devolvió al Estado de Chile!
Yo valoro -lo he reconocido públicamente y lo hago de nuevo aquí, en esta Sala- la decisión de ENEL de devolvernos esas aguas.
Pero la pregunta que sigue es: ¿De quién son las aguas? ¿Quiénes se van a oponer a este proyecto? ¿Quiénes sienten lesionados sus intereses, que pueden ser legítimos desde una perspectiva jurídica, pero que son tremendamente lesivos para el interés nacional, para el interés patrio?
Y, a propósito de patriotas y antipatriotas, aquí tenemos una prueba de fuego: ¿Quiénes son patriotas? ¡Los que defienden a la patria, los que defienden los bienes de la patria, bienes que pertenecen a todos los chilenos, al pueblo de Chile!
¿Podría uno decir que son antipatriotas los que tienen derechos de agua? ¡No! Tuvieron buen ojo, tuvieron amigos en el Gobierno, fueron parte de la dictadura militar, fueron parte de la instalación del modelo neoliberal, hicieron una buena apuesta y se quedaron con las aguas.
Sería muy bueno, para la transparencia de este debate, saber quiénes son los dueños de las aguas en Chile: institucionales, privados. Porque, cuando avancemos en este proyecto, señor Presidente, no va a ser el Gobierno el que pague costos políticos. No está dispuesto el Presidente Piñera, ni sus Ministros, que están aquí, en la Sala...
¡No están! ¡Estamos solos! ¡Se fueron los Ministros!
El Gobierno de Piñera, regido cada vez más por el big data, por las encuestas, sabe que este es un tema tremendamente impopular en Chile; que la gente siente, sin necesidad de haber ido a la universidad, que no es posible, que va contra toda lógica, contra la naturaleza, que el agua sea propiedad de un puñado de ricos. Entonces, el Presidente lo va a dejar correr. Pero va a haber un señor Pérez Larraín, o Larraín Pérez,...
El señor GALILEA.-
¡Pérez Walker...!
El señor PIZARRO.-
¡Walker Pérez! ¡Pérez Walker! ¡Da lo mismo...!
El señor NAVARRO.-
... que va a decir "están violando mi derecho a la propiedad" y va a recurrir al Tribunal Constitucional.
Iba a decir "Pérez Walker", pero...
El señor PIZARRO.-
¡Da lo mismo...!
El señor NAVARRO.-
¡Da lo mismo...!
Entonces, siento que este debate tiene cierta inconsistencia; es una burbuja, porque podemos avanzar, pero alguien va a ir al Tribunal Constitucional y va a hacer caer este proyecto por el sacrosanto derecho de propiedad. Es decir, toda la argumentación de la COP25, toda la argumentación de Chile Verde, toda la argumentación de la vida, lo más esencial, se va a venir abajo porque aquí el derecho a la propiedad privada está más custodiado que la vida misma.
Esto requiere un acuerdo político. Discutíamos con el Ministro Fontaine sobre si hacer avanzar su agenda de desarrollo y productividad. Y yo les decía a mis colegas Senadores: "¿Dónde está el acuerdo político?". ¿O esta Oposición solo va a ceder, solo va a entregarse, solo va a hacer lo que el Gobierno quiere, o va a hacer la negatividad de lo que no queremos?
Yo quiero escuchar a la Oposición de este Senado decir lo que queremos. Y lo que queremos es que el agua vuelva a la propiedad del Estado, para que sea un bien cuyo uso, beneficio y goce esté al alcance de todos para los mejores designios de la patria. Si eso es generación hidroeléctrica, ahí estará, y podrán participar los privados en una alianza estratégica público-privada. Pero, tal como están las cosas ahora, este es un negocio de unos pocos y se presta para la especulación.
Por lo tanto, este es un punto de acuerdo.
¿El Gobierno quiere avanzar en materia económica, en el fortalecimiento del modelo neoliberal, en materia de productividad?
¡Tenemos pendiente el tema de las aguas!
Creo que aquel sería un profundo error histórico, de una Oposición que tiene mayoría en este Senado, donde sumamos veintitrés parlamentarios. Sépalo el pueblo de Chile: tenemos mayoría para decirle "sí" o "no" al Gobierno. No tiene mayoría el Gobierno; no puede avanzar. El Presidente Trump lo sabe, por la composición actual de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Cualquier presidente medianamente apto sabe que, con un parlamento donde no tiene mayoría, debe llegar a acuerdos.
La pregunta es: en estos dos años, ¿cuáles son los acuerdos a que ha llegado el Presidente Piñera con el Senado, donde es minoría?
Este es un punto intransable, señor Presidente. Yo espero que lleguemos a un acuerdo político. Y si el Gobierno quiere avanzar y que le sigamos aprobando su agenda política, su agenda productiva, tiene que ceder.
¡Ese es el acuerdo que reclamamos! Y es un punto esencial.
Si no, no nos engañemos: vamos a aprobar este proyecto, pero no va a ser ley. Cada día la gente siente que este Senado produce pompas de jabón que luego se desintegran y, en definitiva, la esperanza se viene al suelo.
No podemos fallarle al pueblo de Chile; no podemos fallarles a los agricultores de Petorca; no podemos fallarles a los ciudadanos, que requieren agua para vivir. Estamos hablando de un elemento esencial para la vida, para la subsistencia del planeta. Y estamos en un tema en el cual no queremos confrontarnos para derrumbar el sistema neoliberal. ¡No! ¡Queremos salvarnos todos!
Yo les he dicho a muchos amigos empresarios -puede que algunos en la Sala tengan amigos empresarios "de tonelaje"; yo tengo amigos empresarios "de gramaje"- que aquí el axioma es "más Estado para más mercado".
El agua, en manos del Estado, va a generar más mercado, pero un mercado regulado. Tuvieron la posibilidad de autorregularse y no lo hicieron. Solo actuaron para el usufructo de unos pocos, lo cual nos está llevando a un desastre hídrico agravado por el cambio climático, pero también agravado por una legislación que favorece exclusivamente a unos pocos.
Señor Presidente, creo que este es un punto esencial.
Se refundieron nueve mociones; la Senadora Adriana Muñoz lo planteó en la Comisión de Recursos Hídricos; se ha hecho un esfuerzo enorme que tiene que ser valorado por el Gobierno, por todos los Senadores -en esta Corporación se formó una Comisión especializada, donde se trabaja duro-, y la gente está esperando mucho más de nosotros que lo que somos capaces de mostrar y hacer hasta ahora.
Por cierto, voy a votar a favor de estos proyectos refundidos. Y solo deseo que este sea un punto de acuerdo y no de enfrentamiento.
¡Patagonia sin represas!
¡Nueva Constitución, ahora!
¡Chile libre de AFP!
He dicho, señor Presidente.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.-
Señor Presidente, efectivamente, tal como informó la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Senadora Adriana Muñoz, hace unos cuatro o cinco años este Senado creó la Comisión Especial de Recursos Hídricos, que todavía funciona. Y el objetivo principal de esta era hacerse cargo de todas las propuestas o mociones que se habían planteado en materia de modificaciones, ya sea al Código de Aguas o a la Constitución, tal como se ha relatado acá.
Por esa razón me parece bien que también se les haya entregado a los colegas unos comparados con las diversas propuestas de reformas que plantearon distintos colegas.
El objetivo de esa Comisión Especial de Recursos Hídricos era estudiar, desde el punto de vista técnico, las proposiciones para modificar el Código de Aguas planteadas por el Gobierno anterior.
La pregunta obvia -y es bueno recordársela a este Senado y a la opinión pública- es qué pasó con el proyecto de reforma al Código de Aguas y las iniciativas que permitían hacer una reforma constitucional para elevar a ese rango lo que actualmente se encuentra establecido en el Código de Aguas, en el sentido de que las aguas son bienes nacionales de uso público.
Hoy día ese proyecto todavía está en la Comisión de Agricultura. Y otra parte de las propuestas, como decía la Senadora Muñoz, pasaron a la Comisión de Constitución. En dicho órgano técnico, según entiendo, las reformas planteadas duermen el sueño de los justos. Y en la Comisión de Agricultura lo que ha ocurrido, desde la legislatura anterior hasta ahora, es una verdadera tramitación, haciéndoles el quite a las definiciones más de fondo que se requieren para llevar adelante, objetivamente, una reforma que establezca que el agua es un bien nacional de uso público, que su consumo por las personas es un derecho humano que tiene que estar garantizado y priorizado en la Constitución.
Al menos eso es lo que establece este proyecto de reforma constitucional.
Ahí, obviamente, se estipula la forma como esto se expresa, en el sentido de que será la ley la que regule "el procedimiento de constitución, reconocimiento, ejercicio y extinción de los actuales derechos y de las concesiones que sobre las aguas se reconozca a particulares. Estas últimas serán siempre temporales, se circunscribirán a fines específicos y podrán estar sujetas al pago de patentes o tasas".
Ese segundo párrafo, señor Presidente, no es baladí. Porque esta reforma apunta a tener un planteamiento general, de manera de establecer el principio que después permita regular, de mejor forma, la realidad de la entrega de los derechos de aguas a quienes hoy día gozan de ellos, concesionados por el Estado, a título gratuito, y que se han constituido en un derecho de propiedad, como bien han señalado acá varios Senadores.
Los derechos de aguas son muy antiguos. Varios siglos atrás se hablaba de las "mercedes de agua", en que estos derechos o estas mercedes eran reconocidas e inherentes a la tierra, y nadie concebía que alguien poseyera derechos de agua si no tenía tierra, ya que estaban vinculados fundamentalmente a la producción agrícola o a la existencia de actividades en ese ámbito.
Como aquí se ha mencionado, el sistema cambió. Este se modificó en los tiempos de la dictadura, separándose la tierra del agua y estableciéndose que eran absolutamente indefinidos los derechos que tenían a título gratuito las personas beneficiadas con dichas concesiones, por decirlo de alguna manera.
¿Cuál es el problema? El problema es que hoy día los derechos de agua son propiedad de quienes los tienen.
Hemos hecho esfuerzos en los últimos veintitantos años para ir modificando el Código de Aguas al menos en el sentido de que quienes tienen esos derechos constituidos, si no los usan, al menos paguen multas, paguen patentes, y si no las pagan, se dan por caducados esos derechos y se devuelven al Estado. ¿Para qué? Para que este nuevamente los entregue a otros que sí los puedan aprovechar.
¿Por qué se planteó esto? Para evitar la especulación que se produce en el mercado del agua.
Hay gente que pidió indiscriminadamente derechos de agua en todas las regiones del país, por si en algún momento la tenencia de esos derechos les permitía o venderlos o hacer algún buen negocio. Y especulaban con el agua. ¿Por qué? Porque les salía gratis.
Los sectores interesados se opusieron tenazmente a estos cambios, señor Presidente.
Hoy día por lo menos hemos conseguido un avance, en el sentido de que se tienen que pagar patentes si no se usan esos derechos. Y los valores de esas patentes, en un principio, fueron bajos, pero después han debido ir subiendo. Y actualmente existe conciencia de que los grandes tenedores de los recursos hídricos que no los están usando, o pagan o los devuelven al Estado.
Yo no creo que ENEL haya devuelto graciosamente, como donación, los derechos que tenía para proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas. Lo que pasa es que si no iban a desarrollar los proyectos, debían seguir pagando patentes por derechos de aguas que no iban a usar. Entonces, no es la concesión graciosa de una empresa transnacional que le devuelve al Estado: es la obligación que tenían. O pagaban -y por supuesto, no les convenía seguir pagando si no iban a usar las aguas- o las devolvían. Ese es el tema.
¿Por qué se produce tanta inquietud, tanto temor en quienes poseen los derechos de agua? Porque en la reforma al Código de Aguas lo que se establece al menos, porque es un avance, es que las concesiones de estos derechos que se entreguen a futuro, una vez aprobada dicha reforma, se van a efectuar como todas las concesiones que entrega el Estado de Chile en cualquier área productiva: a treinta años, a plazo. Y después pueden ser renovables si es que se usan o, lisa y llanamente, caducan y se entregan a otros.
Eso tiene toda la lógica del mundo. Porque declara que las concesiones no son indefinidas; declara que son derechos temporales, y declara que deben estar bajo cierta regulación.
Entonces, ¿qué es lo que pasó, realmente?
Quienes tienen los actuales derechos dicen: "¡Ah no! El solo hecho de abrir esa ventana provoca un riesgo, porque nos van a expropiar a todos los que hoy día tenemos derechos constituidos".
Y ahí viene la gran presión de los agricultores, fundamentalmente, que de manera organizada están diciendo: "Mire, no. Ese proyecto derechamente es una expropiación y, por lo tanto, si es así, nosotros nos oponemos tenazmente, porque no pueden afectar nuestros intereses".
Entonces, manifiestan la misma preocupación por sentirse tan afectados tanto el pequeño agricultor, el de la agricultura familiar campesina o el cooperado de alguna de las cooperativas agrícolas que hay en mi región, como aquel gran agricultor que posee veintiocho mil litros de agua por segundo en concesión. Pero entre ellos hay una diferencia gigantesca.
Por lo tanto, cuando se produce esa situación, en la reforma que discutimos en la Comisión de Recursos Hídricos -está hoy día en la de Agricultura- se dice: "Mire, aquí toda la diferencia está en que si usted usa el agua no tiene ningún problema". Sobre todo para la agricultura, porque así como sostenemos que en esta reforma lo fundamental es establecer la prioridad de que el agua es un derecho humano para el consumo de las personas, también señalamos que el agua es lo que garantiza la seguridad alimentaria de las personas. Y quien desarrolla la labor de la seguridad alimentaria de las personas es la agricultura.
Establezcamos ciertas prioridades y discutamos ese tema.
Es evidente que la agricultura debe tener garantía y desarrollar toda la actividad, por las mismas razones que mencionamos acá, de que el agua es un derecho humano. Sin agua, no hay vida. Tampoco hay vida si no hay producción de alimentos. Es una cuestión de toda lógica.
Pero aquí, realmente, estamos frente a un problema en que los conflictos de interés o los intereses de unos pocos están supeditando las necesidades comunes de la gente de nuestro país.
Eso es lo que a nosotros por lo menos nos interesa escuchar, nos interesa dialogar, nos interesa pensar con un sentido de futuro.
Lamento que no esté el Ministro Fontaine acá, porque él fue Ministro de Obras Públicas hasta hace muy poco tiempo, que es el área donde fundamentalmente debe estar radicada la regulación del buen uso del recurso hídrico. Y como bien ha dicho acá mi antecesor, el uso del agua está ligado fundamentalmente a la actividad económica y a la productividad. Con ese recurso hídrico no solo garantizamos el consumo humano, pues también debemos ser responsables en la explotación de ese recurso.
Yo vengo de una región, señor Presidente, en que la sequía es lo normal. Lo anormal ahí es que llueva. Entonces, el problema también tiene que ver con la forma como estamos usando ese escaso recurso hídrico.
Por ejemplo, en el aspecto productivo-agrícola, para una política de mejoramiento de la productividad del país es fundamental hacer buen uso de los recursos escasos que tenemos, como es el caso del agua.
Por lo tanto, la pregunta es si lo que estamos produciendo hoy día, desde el punto de vista agrícola, es lo razonable para una región como la nuestra.
Todo el mundo está plantando paltos. Usted mismo, señor Presidente, puso el ejemplo de Petorca. ¿Cuál es el problema en Petorca hoy día? Que están con sequía absoluta, que no tienen infraestructura para aprovechar el recurso, a diferencia de lo que ocurre en nuestra región, gracias a las inversiones que se han realizado por décadas. ¿Y qué pasa, entonces? Hay producción agrícola que gasta muchísima más agua que otras.
Por consiguiente, ¿quién define si el palto, que puede ser un buen negocio, es imposible que se produzca en regiones como la Quinta, la Cuarta o la Tercera? O también en el caso de otros productos, como las mandarinas, que son altamente intensivas en consumo de agua.
El Estado, el bien común indica que, cuando un recurso es escaso, alguien tiene que regularlo, alguien debe determinar cuál es el beneficio común.
Nos interesa hacer un debate público respecto a estas materias, para, como se ha dicho acá, buscar los acuerdos necesarios.
El Presidente está formando una Mesa Nacional del Agua. Me alegro. Ojalá en esa instancia se plantee este debate y se propongan alternativas que sean beneficiosas para todos los chilenos.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente, en los primeros años de democracia Ricardo Lagos, como Ministro de Obras Públicas, llegó a la Cámara de Diputados y al Parlamento a tratar de convencernos a todos de que este era un tema fundamental en el corto, mediano y largo plazo.
Pasamos discutiendo todo el tiempo en que él fue Ministro, y logramos acuerdos muy básicos, muy primarios, que, en definitiva, no consiguieron cambiar ni la base constitucional ni la capacidad efectiva de gestión del agua con un sentido de país.
Han pasado distintas cosas. En definitiva, se ha ido postergando y postergando el tema. Hoy día estamos ante una situación cada vez más urgente. No es solo una perspectiva de mediano y largo plazo, sino que es un problema cada día más inmediato y que tiene que ver con la calidad más básica de la vida de muchos chilenos y la manera en que vamos anticipando distintas dificultades por delante.
En ese marco creo que debemos mirar este proyecto y el diálogo político que tengamos entre nosotros.
Los objetivos de la iniciativa son bien claros.
Consagrar constitucionalmente el carácter de las aguas, en cualquiera de sus estados, como bienes nacionales de uso público.
Entregar a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.
Garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.
Y contemplar el ejercicio del recurso de protección cuando se afecte el derecho al agua en los términos mencionados.
El primer comentario que haría es que el actual estatuto jurídico de las aguas está constituido sobre un modelo de mercado de los derechos de aprovechamiento que no establece una prioridad para el consumo humano del agua. O sea, hay un criterio mercantil para enfocar algo tan básico de la vida humana.
Este modelo permite que la distribución del recurso prefiera, por el criterio de distribución económica del recurso, la priorización del riego por sobre el consumo humano de la familia. Este modelo es directamente responsable de que comunidades enteras no tengan garantizado el consumo humano de agua para bebida, higiene personal y servicios sanitarios.
Distintos reportajes han cubierto la despoblación que se está produciendo en estas zonas y las situaciones límites a las que se lleva a un ser humano cuando no tiene acceso a saciar sus requerimientos más elementales de agua.
En segundo lugar, la actual regulación entrega a título gratuito y a perpetuidad a los privados un recurso escaso, que es acaparado para la especulación.
Desde el punto de vista jurídico, el numeral 23° del artículo 19 de la Constitución Política y el actual Código de Aguas reconocen de manera aparente y semántica el agua como un bien nacional de uso público, bajo la figura del derecho de aprovechamiento, pero relacionado con el derecho de propiedad privada del numeral 24° del mismo artículo 19 de la Constitución. La inmediata vinculación de la declaración con el derecho de propiedad privada que se hace de los derechos de aprovechamiento vuelve dicha declaración en meramente retórica, porque la apropiación privada la vacía de sentido.
En la práctica, construye un sistema en que las aguas disponibles en nuestro país son transferidas a grupos privados a título gratuito y a perpetuidad, transadas posteriormente en el mercado como bienes productivos, aun a costa del agotamiento de los cauces. Este mercado tampoco ha garantizado el uso productivo del recurso, ya que ha generado al mismo tiempo un mercado especulativo sobre derechos de aguas que no son usados y en el cual las necesidades básicas del país y el interés público contenido en la asignación de los recursos hídricos no están presentes.
En tercer lugar, los vicios del modelo, basado en la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, radican en la especulación, la concentración monopólica y la asignación del derecho a usos de mayor valor, que benefician a los sectores productivos con mayor capacidad económica en desmedro de otros igualmente importantes para el desarrollo del país. Asimismo, tratándose de un recurso natural escaso y de dominio público, sus beneficiarios deberían al menos pagar una patente por el uso del recurso.
¿Qué beneficios trae esta reforma?
Es una buena reforma que resuelve las objeciones de constitucionalidad y que mandata a la ley para que establezca un orden de prelación del uso y destino de las aguas, así como todo lo concerniente a los derechos sobre ellas. Este mandato al legislador permitiría evitar las objeciones de constitucionalidad que seguramente pueden formularse en el actual Tribunal Constitucional. El Congreso recuperaría su rol modelador del sistema jurídico en esta materia.
También declara de utilidad pública los derechos de aprovechamiento actualmente constituidos. Esto habilita la posibilidad, en casos específicos, de la expropiación cuando sea necesario.
Resulta interesante plantear que las indemnizaciones por estos derechos de aprovechamiento no pueden pagarse al precio de mercado, que está caro por la situación de escasez, dado que el acto de apropiación se realizó a título gratuito. Es difícil justificar una compensación de algo que se adquirió a título gratuito.
A la vez, la iniciativa establece la prioridad del consumo humano del agua -esto es una cuestión fundamental- y entrega instrumentos al legislador para establecer esta prioridad. Además, permite priorizar el consumo doméstico y el saneamiento, resguardando los usos comunitarios ancestrales y la mantención del caudal ecológico, para lo cual se podrán reservar aguas superficiales y subterráneas y establecer otras limitaciones y obligaciones.
La reforma le otorga al legislador la posibilidad de establecer patentes y tasas, lo que permitirá regular el mercado de los especuladores de los derechos de agua. Este instrumento es fundamental para evitar un fenómeno que se observa con la legislación vigente.
Es cierto que hay nítidas diferencias políticas entre nosotros.
Cuando asumió el actual Gobierno, el Ministro Fontaine, como titular en ese entonces de Obras Públicas, vino en abril de 2018 a exponer su plan de trabajo ante la Comisión de Recursos Hídricos.
En esa oportunidad dijo que entre las prioridades del Gobierno en la materia estaba regular el mercado de las aguas. Para ello expuso ciertas prioridades: otorgar certeza jurídica a los derechos; libre disponibilidad del agua para sus titulares; bajar costos de transacción, y fortalecer el rol del Estado para "asegurar correcto funcionamiento del mercado de aguas".
Esa forma de entender este tema hay que superarla. En muchos sentidos, es equivalente a decir que la educación es un bien de consumo.
El agua es un derecho fundamental para vivir, en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. La mercantilización de un elemento indispensable para la vida es la consagración en este ámbito de una forma de entender al Estado como simple corrector de fallas de mercado, en un problema que requiere otro enfoque, otra perspectiva mucho más amplia.
Yo apruebo esta reforma con convicción y, además, con pasión. Creo que es una decisión fundamental para el presente y para el futuro de Chile. Ella permite construir un mejor país.
Hemos visto que no hay agua en muchas zonas. Se muestran reportajes y videos en distintos lados que dan cuenta de cómo el país se va achicando, va perdiendo posibilidades de todo tipo de vida y de producción.
Tenemos que asumir el agua como un elemento vital y repensar el modelo de desarrollo. Reducir todo esto a lo mercantil no es el único criterio para el futuro, no es lo que permite construir un mejor país.
Hace un par de sábados estuvimos en un seminario en el Instituto Igualdad, discutiendo del agua con especialistas. Se trataba de ver cómo enfrentar la sequía en muchos sectores, lo que hay que hacer desde una perspectiva inmediata y también más larga.
Y, realmente, todos los especialistas -eran de gran calidad- coincidían en una cosa: hoy día estamos con una camisa de fuerza por las restricciones que impone el actual marco constitucional para efectos de lograr un manejo de las aguas pensando en el país, pensando en la familia, pensando en el futuro.
Yo quiero insistir en lo que en estos días ha estado discutiendo la Oposición, la Centro-Izquierda: es necesario darle mucha fuerza a la Agenda del Agua, aunque no se logre todo lo que se espera, para crear conciencia y empezar un proceso de transformación en este sentido.
Nos parece que la COP25 no tiene al agua de una manera clara, categórica y prioritaria dentro de su agenda, y creemos que lo que debemos hacer, desde distintos lados y muy ampliamente, es construir bases de diálogo al respecto, como también recoger la experiencia de todos los invitados que estarán acá, para ver cómo logramos enfrentar con la mayor sabiduría y profundidad este gran problema que es el agua en nuestro país.
Estoy por votar a favor del proyecto y espero que se apruebe.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.-
Señor Presidente, escuchando los discursos de quienes me antecedieron, uno tiende a pensar que eliminando el artículo 19, numeral 23°, de la Constitución se soluciona el problema del agua.
Es lo mismo que he escuchado muchas veces: si formamos una subsecretaría, daremos solución a la sequía que estamos viviendo.
Yo, de verdad, creo que este recurso es un bien nacional de uso público. El derecho a su uso lo tienen los agricultores, los APR y también las empresas sanitarias.
Se habla del mercado del agua, de la especulación y la verdad es que yo nunca he visto a un agricultor especulando, a un APR especulando o a una sanitaria especulando. Eso no es así, señor Presidente.
Aquí corresponde informar lo siguiente: existen derechos consuntivos y derechos no consuntivos.
Los derechos consuntivos son aquellos que poseen los agricultores para transformar el agua en alimento. También los tienen las APR y las sanitarias.
Respecto a los derechos no consuntivos es donde aparecen mis aprensiones, porque hubo personas que inscribieron derechos de agua sin tener ni un solo metro de tierra que regar. Y ellas sí especularon. Debemos separar a esas personas de los agricultores.
Esas personas buscaron a las generadoras para hacer un buen negocio. Pero ¿de quién es la culpa, señor Presidente? Para mí la culpa es de la autoridad que contempla nuestra legislación: la DGA.
La Dirección General de Aguas cuenta con directores. Y han pasado diferentes gobiernos, de Izquierda y de Derecha. Para mí, la responsabilidad es de todos ellos. La Dirección de Aguas es la encargada de registrar esos derechos.
Uno se podría preguntar: ¿Por qué un director de la DGA inscribe derechos a personas que no poseen nada que regar? Esa es mi duda.
Si me dicen que vamos a separar los derechos consuntivos de los derechos no consuntivos, la verdad es que yo no tendría ningún problema, porque estoy muy de acuerdo en que nadie debe especular con el recurso agua. Es un bien nacional de uso público que está al servicio de la humanidad, al servicio de nuestra vida.
Cuando se habla también de que los paltos consumen el agua, la pregunta que hay que formular es la siguiente: ¿Qué estudios tiene el Estado de Chile, la Dirección de Aguas de los acuíferos que existen en nuestro país? ¿Es culpa de la persona que pide la autorización, esta concesión, o es culpa de la autoridad?
Para mí, señor Presidente, la culpa es de la autoridad y de todos los gobiernos, porque irresponsablemente autorizan ciertos litros por segundo en lugares donde los acuíferos no cuentan con esas reservas.
Por eso, cuando se habla de este tema yo separo los derechos que sí especulan, que son los no consuntivos, de aquellos derechos que son de los agricultores, que transforman el agua en alimento. Esa es la gran diferencia.
El agricultor que transforma el agua en alimento necesita seguridad de riego, seguridad jurídica. Ese agricultor muchas veces llega a un banco a pedir recursos para poder hacer la inversión. Lo mismo ocurre con el que plantó los paltos: lo más probable es que haya ido a un banco a solicitar recursos para hacer su inversión.
Ese es el problema: no somos capaces de separar estos dos derechos, porque no me cabe ninguna duda de que los derechos no consuntivos siempre pasan a llevar a los derechos de los agricultores, a los derechos consuntivos, y eso, en lo personal, a mí tampoco me gusta.
Lo que me interesa es respetar y cuidar la agricultura de nuestro país. Eso también es cuidar los APR, como también las aguas de las sanitarias, y eso se tiene que hacer con la responsabilidad que debemos demostrar en esta Sala.
Así que yo no tengo ningún problema, señor Presidente, para que estudiemos este tema, obviamente separando el agua que se consume, el agua que debe tener el agricultor para seguir produciendo los alimentos que necesitamos como país.
Por tanto, no me cierro a sentarme a discutir esta materia, entendiendo que tenemos una institución con una responsabilidad que no cumple.
Y hoy día, señor Presidente, con toda la dificultad que estamos enfrentando con la sequía, me gustaría saber que esa institucionalidad, que ese director, que ese Ministro de Obras Públicas tomen decisiones tan sencillas como impedir sacar el agua de un embalse en invierno, cuando no se necesita regar, porque ahí hay un aprovechamiento de esos derechos -yo digo que son "de generación"- que pasa a llevar los derechos de los agricultores.
En invierno en este país no se debería sacar agua de los embalses, porque la verdad es que, como estamos en un tiempo de sequía, esa agua sí nos va a servir para riego.
También deberíamos entender lo siguiente: Si no tenemos estudios de los acuíferos, ¿por qué todavía autorizamos la construcción de pozos? Eso no corresponde. Debería cerrarse, de una vez por todas, toda autorización de pozo profundo hasta no contar con estudios que demuestren que disponemos de reservas para los próximos cuarenta a cincuenta años.
Esas son medidas que tiene que tomar la autoridad y es ahí donde nosotros, como Senadores, deberíamos estar respaldando decisiones que son antipopulares, pero efectivas para enfrentar la sequía que estamos viviendo.
He dicho.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, estamos frente a una discusión que ha logrado fusionar distintos proyectos de ley -de hecho, dos de ellos son de mi autoría-, que dicen relación fundamentalmente con cómo somos capaces de elevar a rango constitucional el carácter que actualmente tiene el agua.
Hoy día, el agua es un bien nacional de uso público, y con ese carácter está contenida en el Código Civil y en el Código de Aguas. Y la idea original en aquel entonces -hablo de un proyecto que presentamos alguna vez en la Cámara de Diputados y luego, en el Senado- era elevar a rango constitucional dicho carácter.
Me tocó ser parte de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos que lideró con tanta fuerza la Senadora Adriana Muñoz. Y quiero hacer un reconocimiento a la labor que se realizó y también a los equipos que estuvieron trabajando para fusionar todas las iniciativas: las que estaban en la Cámara de Diputados como las que estaban en el Senado.
El segundo proyecto decía relación con la priorización de los consumos del agua. Y señalamos en su oportunidad que el aprovechamiento y consumo humano del agua deben tener prioridad sobre cualquier otro destino del recurso.
Tal iniciativa se trató en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, su Presidenta informó sobre el particular en la Sala, luego pasó a la Comisión de Constitución, volvió fusionada con otros proyectos a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos y hoy la tenemos aquí para su discusión en general.
Creemos, sin lugar a dudas, que priorizar el consumo humano del agua, las obras de saneamiento y las economías de subsistencia resulta absolutamente necesario, sobre todo en un escenario de cambio climático, donde efectivamente tenemos escasez del recurso. Sin duda, hay que poner el tema sobre la mesa.
Obviamente, nadie quiere afectar los derechos adquiridos.
El primer punto que estuvimos discutiendo en el análisis de las modificaciones al Código de Aguas -incluso hice reserva de constitucionalidad sobre el particular- era básicamente que acá no se podían afectar los derechos de aguas que ya estaban constituidos.
Pero, ciertamente, un asunto distinto es el proyecto de ley que busca elevar a rango constitucional una declaración legal establecida en dos Códigos. Y me parecía a mí absolutamente pertinente.
Una segunda discusión se refiere a la separación del agua de la tierra, que es un tema que comparto. Y el Senador Castro lo ha planteado hoy día. Es algo que también me parece de la mayor relevancia, en términos de cómo somos capaces de entender que los derechos de agua deben estar unidos a la tierra, pero, ciertamente, en circunstancias excepcionalísimas, tiene que haber una priorización del consumo humano, porque, de lo contrario, estamos en el peor de los mundos.
No podemos dejar abandonadas a su suerte a las personas que cuentan con el recurso no solamente para el consumo humano y para las economías de subsistencia -estoy hablando de los pequeños crianceros, los pequeños agricultores-, sino que, adicionalmente, respecto de las obras de saneamiento, que son vitales.
Por tanto, uno entiende que, obviamente, en épocas de escasez hay que establecer prioridades. Eso es lo adecuado.
Señor Presidente, quiero señalar que siento que estamos legislando en la dirección correcta. Yo tenía diferencias con la redacción final del articulado, pero ellas serán parte de la discusión en particular. Lo importante es que acá no podemos negarnos a debatir, primero, y luego a legislar en esta materia.
Sobre el particular, manifiesto una sola posición, que la he mantenido desde que soy parlamentario. El primer proyecto de ley que presenté sobre el agua, que buscaba su declaratoria como bien nacional de uso público en la Constitución, fue citado después por la Presidenta Bachelet como el único texto legal que había en ese entonces en el Parlamento respecto de dicha materia.
Hoy día, en el Senado hay muchos parlamentarios preocupados por el tema del agua -la Senadora Adriana Muñoz, la Senadora Isabel Allende están entre ellos-, lo que explica la multiplicidad de proyectos que se han fusionado.
Yo estoy disponible para debatir. Tendré diferencias respecto de la redacción, las cuales serán parte del tratamiento legislativo, pero lo que no se puede hacer es evadir la discusión, lo que no se puede hacer es tratar de dilatar reiteradamente esto, porque hoy día, como antes, el acceso al agua constituye un derecho humano fundamental, por el cual nos vamos a jugar.
El avance de la desertificación y la sequía demuestra cómo la Región de Valparaíso es la más golpeada por el cambio climático en Chile. Y por razones específicas.
¿Y cuáles son esas razones? A diferencia de lo que ocurrió en la Región de Coquimbo, que también estaba siendo afectada por el avance de la desertificación, donde hubo inversión en embalses, inversión en obras hídricas, en nuestra Región no existió voluntad política de las autoridades regionales de los distintos gobiernos -sí, también de los del signo político del que habla- para avanzar en la construcción de los embalses cabecera; en la necesidad de entender que todas las decisiones de esta naturaleza tienen impactos y costos políticos, ¡pero hay que asumirlos!
Cuando levantamos con mucha fuerza la necesidad de un embalse cabecera, como el Puntilla del Viento, y cuando logramos todos y cada uno de los permisos ambientales y sectoriales, nadie quiso comprarse el cuento y nadie quiso comprarse el costo político derivado de la necesidad de trasladar a cincuenta familias, algunas de las cuales estaban incluso con disposición a trasladarse si eran compensadas.
¡Nadie quiso comprarse el costo político! Y hoy día estamos viviendo una situación de escasez hídrica.
¿En qué cosas tenemos necesidad hoy día de avanzar? Nuevamente, en un embalse cabecera; en obras hídricas; en un plan para enfrentar la sequía, un plan que implique entender que los recursos deben llegar rápidamente a los pequeños crianceros, a quienes se les han muerto miles de animales porque acá no ha habido capacidad ejecutiva para que los recursos que se han dispuesto lleguen con prontitud a las personas.
Putaendo no puede seguir esperando; Juncal no puede seguir esperando; la provincia de Petorca no puede seguir esperando.
Lo mismo cabe decir de la provincia de Los Andes, de la provincia de San Felipe, como también de la provincia de Quillota, de Puchuncaví; de la provincia de San Antonio, de la provincia de Marga Marga.
El impacto es tal que yo espero que acá haya capacidad de visibilizar el cambio que tenemos por delante.
Yo estoy trabajando en otro proyecto emblemático, que ha esperado noventa años, y que está en una fase decisiva: el "Canal de la Prosperidad", que traerá agua desde el río Maipo al valle de Casablanca y será la primera gran obra de contención de la desertificación en Chile, al llevar agua de una cuenca a otra.
El proyecto, que comenzaron a visualizar el Presidente Ibáñez, luego el Presidente Alessandri y posteriormente el Presidente Allende, quien inició su construcción, es hoy día un canal que está abandonado pero en proceso de licitación. Y lo que era un sueño lo estamos haciendo realidad. Es el estudio más cuantioso licitado por el MOP: 5.500 millones. Y esperamos que en diciembre tengamos sembrada la esperanza respecto de un proceso de licitación y adjudicación para el Canal de la Prosperidad.
Esa obra no solamente va a llenar los embalses del valle de Casablanca; también va a generar un reservorio de agua dulce para el Gran Valparaíso en el lago Peñuelas, que hoy día se encuentra al 10 por ciento de su capacidad.
Estamos trabajando con Esval a efectos de asegurar el agua para el consumo humano del Gran Valparaíso.
¡Si no se toman medidas hoy día, en la temporada estival del 2021 va a haber racionamiento de agua en el Gran Valparaíso!
Y eso implica tomar las decisiones ahora.
Hablamos con Esval para poder conectar los sistemas de agua potable rural de las cooperativas, sin que pierdan su administración, a modo de asegurar el abastecimiento.
Logramos resolver el problema del agua para consumo humano en Cabildo. Conseguimos un terrero; conseguimos finalmente los derechos de agua; conseguimos que los pozos se conectaran a la red de agua potable en Cabildo, y hoy día en la ciudad no existe problema de escasez para el consumo humano.
Son parte de las gestiones que estamos realizando.
Estamos trabajando para el traslado de los animales a la zona sur. Esperamos que sean tres mil. Hablamos con los Ministros de Defensa y de Bienes Nacionales para conseguir terrenos de esas reparticiones en la región sur del país.
Sin embargo, ni siquiera están catastrados los animales. No existe información fidedigna para que los animales cuyos dueños no cuenten con los apoyos de Prodesal puedan ser ingresados para obtener los beneficios pertinentes. Estamos haciendo gestiones en ese sentido.
O sea, estamos totalmente desplegados en el territorio, porque sabemos que este es un tema dramático del que hay que hacerse cargo.
Simplemente quiero señalar que, frente a esta reforma constitucional, lo que no se puede hacer es esconder la cabeza. Lo que hay que hacer es avanzar y legislar.
Una señal de esperanza fue la declaración que hizo justamente Ricardo Ariztía en el Encuentro Nacional del Agro. Él planteó que efectivamente estaban dispuestos a avanzar en la priorización del agua para el consumo humano. Yo espero que esa sea una señal para entender claramente que hay que avanzar en esta materia.
Pero también debemos dar soluciones.
Las plantas desaladoras tienen que ser una solución, obviamente tomando todos los resguardos para el manejo del sodio y para el cuidado medioambiental. Debemos generar una solución definitiva para un problema que hoy día se ha transformado en pesadilla.
He dicho.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Ha terminado el Orden del Día.
Son las 19:33.
Doy las excusas del caso a los Senadores señores Latorre y De Urresti, quienes estaban inscritos. Quedarán registrados para intervenir en primer lugar en la próxima sesión.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto
.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).-
Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Se les dará curso en la forma reglamentaria.
--Los oficios cuyo envío se anunció son los siguientes:
De la señora ALLENDE:
A la Directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, a fin de gestionar CIRUGÍA URGENTE DE PRÓTESIS DE RODILLA PARA SEÑORA JIMENA CASTRO SILVA.
Del señor NAVARRO:
Al Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole antecedentes respecto de IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA USO DE POLICÍAS EN CONO SUR DE PROVINCIA DE ARAUCO, y acerca de PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA ANUNCIADO PARA COMUNAS DE CAÑETE, CONTULMO Y TIRÚA.
Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, pidiéndole remitir LISTADO TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS POR DUTCH INVESTMENT FUND (DIF) CAPITAL PARTNERS, MONTO DE ELLAS E IMPUESTOS PAGADOS.
Al Ministro de Economía, Fomento y Turismo; al Ministro de Minería, y a la Ministra del Medio Ambiente, requiriéndoles dar a conocer INVERSIÓN EN CAPITALES QUE HA SIGNIFICADO LA MINERÍA DE TIERRAS RARAS EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, PUESTOS DE TRABAJO INVOLUCRADOS Y PORCENTAJE DEL PIB APORTADO EN LA REGIÓN, y solicitándoles información detallada sobre PROYECTO DE MINERÍA DE TIERRAS RARAS DE BIOLANTANIDOS, EN PENCO.
Al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, al Director Nacional de Gendarmería y al Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que informen respecto de SITUACIÓN DE PRISIONERO MAURICIO HERNÁNDEZ NORAMBUENA.
Al Ministro de Salud, a fin de que remita información sobre CANTIDAD DE SUICIDIOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, DESGLOSADOS POR REGIÓN, SEXO Y TRAMOS DE EDAD; con relación a ACCIONES PARA SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE DONACIONES DE ÓRGANOS REALIZADAS EN ÚLTIMOS DOS AÑOS TANTO EN EL PAÍS COMO EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO, y respecto de DOTACIÓN ACTUAL DE ODONTÓLOGOS EN SALUD PÚBLICA EN CADA UNA DE LAS COMUNAS DEL BIOBÍO.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo y al Alcalde de Lebu, solicitándoles antecedentes relativos a PROYECTO INMOBILIARIO LOS HUÉRFANOS, COMUNA DE LEBU: ESTADO DE LAS OBRAS, PRESUPUESTO ASIGNADO, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA.
Al Ministro de Agricultura, pidiéndole informar acerca de MEDIDAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA ÉPOCA ESTIVAL 2019-2020, EN REGIÓN DEL BIOBÍO.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, requiriéndole antecedentes referidos a SUBSIDIO A DOS NUEVOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO ENTRE COMUNAS DE FLORIDA Y CONCEPCIÓN.
Al Ministro de Bienes Nacionales, al Alcalde de Los Álamos y a la Directora del Servicio Nacional de Turismo del Biobío, para que remita información sobre CONSERVACIÓN DE LAGUNA ANTIGUALA, COMUNA DE LOS ÁLAMOS.
Al Comandante en Jefe de la Armada de Chile, consultándole por CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE DESPRENDIMIENTO DE ICEBERG D28 DE PLATAFORMA DE HIELO AMERY, EN ANTÁRTICA.
Al Intendente del Biobío, pidiéndole antecedentes acerca de ESTADO ACTUAL DE PROYECTO DE NUEVO CEMENTERIO PARA COMUNA DE PENCO.
Al Alcalde de Penco, requiriéndole informar respecto de PROCESO DE VENTA DE "CANCHA DEL CURA" Y PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ESTADIO DE PENCO.
Al Alcalde de Cañete, solicitándole LIMPIEZA DE MICROBASURAL EN SECTOR LA GRANJA, EN ZONA ALEDAÑA A
SKATEPARK
.
Al Alcalde de Concepción, con el objeto de que remita un CATASTRO TOTAL DE VENDEDORES AMBULANTES, CON O SIN PERMISO MUNICIPAL, Y CALLES DONDE SUELEN CONCENTRARSE.
Y al Alcalde de Quellón, pidiéndole diversos antecedentes relacionados con EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍO CHADMO.
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El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Tengo cuatro señores Senadores inscritos para hablar en Incidentes.
El primero, del Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, es el Senador Kenneth Pugh.
Le voy a pedir a Su Señoría que después, si tiene la gentileza, me reemplace en la testera, con acuerdo de la Sala.
El señor PUGH.-
Sí, señor Presidente, no tengo ningún problema.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Acordado.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, ¿podría intervenir yo primero?
Lo conversé recién con el Senador Pugh.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Está bien, señor Senador.
Le ofrezco la palabra.
HOMENAJE A DON JUAN SAKHALA ELÍAS. COMUNICACIONES
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, Honorable Sala, el día de hoy concurrimos a despedir los restos mortales de Juan Sakhala Elías.
Juan Sakhala Elías fue un hombre notable, de un liderazgo noble, generoso. Sin lugar a dudas, ha sido uno de los líderes que ha sido capaz de poner el tema de la causa árabe, la causa de Palestina en el recuerdo, en las voces y en las demandas de las nuevas generaciones.
Un ex Primer Ministro de Israel dijo: "Los viejos morirán y los jóvenes olvidarán".
Quiero decirles que, gracias a hombres como Juan Sakhala Elías, ese recuerdo permanece.
Juan Sakhala Elías fue un hombre con una profunda vocación de servicio, un insigne profesor, un historiador y un gran defensor de causas, no solamente de la palestina, sino también de la causa de Chile, la de Limache. Fue un hombre que se entregó completamente al servicio público.
Sus padres fueron inmigrantes palestinos, oriundos de la ciudad de Taybeh.
Se tituló como Profesor de Historia y Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y obtuvo un Máster en Historia de Chile y América en la ciudad de Valparaíso.
Como insigne representante de la comunidad árabe de nuestro país, participó activamente en 1972 en la fundación del Colegio Árabe de Viña del Mar (almadrasat alearabia), el primero del país, que inició sus operaciones en marzo del año 1973 y en el que fue rector por muchos años hasta ahora.
Se destacó por sus grandes dotes de educador en este establecimiento, el que obtuvo posteriormente el reconocimiento oficial del Estado de Chile como institución de educación, la que, a lo largo de su trayectoria, ha impartido enseñanza de excelencia.
Como integrante de la comunidad palestina, además de haber ejercido el cargo de Presidente de la Federación de Entidades Árabes, publicó numerosos libros acerca de la defensa de Palestina, en que se deja constancia de cómo abrazó con mucha pasión esta causa.
Sin lugar a dudas, Juan Sakhala, junto con Eugenio Chahuán, quien partió hace unos meses, profesor de la Universidad de Chile, fundador del Centro de Estudios Árabes de dicha casa de estudios, han sido insignes figuras y son citas obligadas cuando se habla de la causa palestina.
Don Juan Sakhala, mi amigo, quien era un hombre noble y sabio, de grandes cualidades humanas, un eximio educador, tuvo la virtud de inculcar a lo largo de todo nuestro país el amor hacia la causa árabe.
En la década del sesenta hablaba del panarabismo y fue construyendo esa causa creando la denominada "Fearab Chile".
Extrañaremos mucho a don Juan, quien nos ha dejado un gran legado, que sabemos será resguardado con mucho cariño tanto por su familia como por la comunidad escolar del Colegio Árabe, al que dedicó su vocación innata de educador, y en el que será recordado con mucho afecto por quienes fueron sus alumnos y colegas.
Cuando falleció el Presidente Arafat, él dijo: "Ha muerto el padre de la patria"; o sea, el padre de su patria, la patria de muchos de nosotros. Ello, aparte de nuestra patria chilena.
Hoy día hemos despedido, sin lugar a dudas, a un hombre que mantuvo el legado, la fuerza, por el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino, como el derecho al retorno y a la autodeterminación de los pueblos.
Termino estas palabras esperando que muchos puedan seguir el ejemplo de Juan Sakhala.
Pido que el homenaje que rindo en esta hora de Incidentes sea comunicado a su familia, al Colegio Árabe, a la comunidad del Club Unión Árabe de nuestra ciudad y a la comunidad palestina de Chile.
He dicho.
El señor NAVARRO.-
Me sumo al homenaje que acaba de realizar el Senador Chahuán.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Bien.
Tiene la palabra el Senador Pugh, hasta por ocho minutos.
El señor PUGH.-
Señor Presidente, adhiero a las palabras del Senador Chahuán para reconocer a quienes en la Región de Valparaíso han contribuido a su desarrollo.
--Se anuncia el envío de las comunicaciones solicitadas, en nombre del Senador señor Chahuán, conforme al Reglamento, con la adhesión de los Senadores señores Navarro y Pugh.
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL Y RECUPERACIÓN PATRIMONIAL DE "CASA DE LORD COCHRANE" EN VALPARAÍSO. OFICIOS
El señor PUGH.-
Señor Presidente, me quiero referir a la situación de un inmueble fiscal que se encuentra en la ciudad de Valparaíso y que podría sufrir alguna de las situaciones que han vivido varios inmuebles abandonados; sobre todo, por el riesgo de derrumbe que presenta.
Este inmueble está ubicado en la calle Merlet 195 del Cerro Cordillera, y se trata de un patrimonio invaluable. ¿Por qué? Eso es lo que espero explicar.
En el lugar donde se emplaza, en su origen, estuvo el primer asentamiento español que protegió al puerto de Valparaíso. Me refiero al Castillo de San José, que demoró doce años en su construcción y que por 110 años resguardó a la ciudad. Finalmente, se destruyó.
Luego esos lugares se urbanizaron, cerca de 1840. Y un joven escocés, recién llegado, animado por Lord Cochrane decidió instalar allí su casa.
Ese joven escocés, de nombre John Mouat, que se nacionalizó como Juan Mouat, era un relojero y también un científico. Y como tal, traía inquietudes.
¿Por qué era importante tener un relojero en Valparaíso? Porque en ese entonces en la navegación marítima mundial se requerían cronógrafos, los únicos instrumentos que medían la longitud.
Por lo tanto, contar con un relojero en Valparaíso significaba tener una persona que podía poner los cronómetros y los cronógrafos de los barcos a punto, para así poder navegar y realizar el comercio marítimo de forma segura. Es lo que hoy día conocemos como "GPS", que permite la navegación segura.
John Mouat, entonces, trae un conocimiento del cual el país carecía. Pero no solo eso. Trae también el primer telescopio al Pacífico sur, adelantándose a muchos otros, lo cual permitió la observación de un cometa que pasó en aquella época.
Asimismo, fue el primero en realizar observaciones no solo astronómicas, sino también sobre el cambio climático, y fue pionero en instalar un timeball, instrumento que sincronizaba todos los cronógrafos en un puerto.
En las ciudades que no eran portuarias los españoles usaban un cañonazo para indicar las 12 del día. Sin embargo, para los buques esta modalidad no servía, pues la velocidad del sonido llegaba a diferentes intervalos, lo cual impedía sincronizar los cronógrafos.
Eso hizo que los británicos, que en ese momento lideraban el comercio marítimo, adoptaran esos dispositivos (los timeballs).
Toda la información a la que me he referido ha sido recientemente encontrada por investigadores de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, a quienes rindo tributo por el trabajo que están haciendo, pues nos están ayudando a recuperar nuestra identidad, el carné de identidad de la gente del puerto de Valparaíso.
Por ello, estoy buscando la forma para que se cumpla la ley.
En 1963, el decreto Nº 2.372 declaró como monumento histórico nacional el Castillo de San José, cuyos terrenos y la casa de John Mouat eran propiedad nada menos que de la Caja de Previsión de la Marina Mercante.
Posteriormente, en 1968, la ley Nº 17.236, que aprueba normas que favorecen el ejercicio y difusión de las artes, ordena, en su artículo 10, crear el Museo del Mar, que funcionaría en el inmueble denominado "Casa de Lord Cochrane".
Quiero reconocer que nuestro gran premio nobel de literatura, Pablo Neruda, y Sara Vial tuvieron mucho qué decir al respecto. ¿Por qué? Porque para proteger el museo crearon la historia de Lord Cochrane, asociada con la casa. En todo caso, efectivamente Cochrane fue quien inspiró a Mouat para llegar a Chile.
Pero sigue la historia.
En 1970, la ley Nº 17.288 autorizó a la Caja de Previsión a transferir dicho inmueble al Fisco, a título gratuito, a fin de que fuera destinado como Museo del Mar.
El decreto 605, de 2001, del Ministerio de Educación, amplía y declara zonas típicas de Valparaíso. Entre sus normas, declara como monumento nacional, en la categoría de zona típica, el sector del cerro Cordillera, donde se alberga el Museo del Mar Lord Cochrane, antiguo Castillo de San José.
Recientemente, la ley Nº 21.045, de 2017, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, modifica la ley Nº 17.236 -y esto es importante- para reemplazar la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos por una nueva institucionalidad llamada "Servicio Nacional del Patrimonio Cultural", con lo cual cambia el organismo público que estará a cargo de la creación del referido museo.
Sin embargo, hoy este inmueble ha quedado entregado a su suerte. Fue dado en comodato a la municipalidad; se ha solicitado devolverlo, pero todavía figura como parte de los activos de Bienes Nacionales.
Es necesario proteger este monumento histórico nacional, para lo cual se requiere que sea traspasado desde Bienes Nacionales a la institución encargada del patrimonio.
En consideración a lo expuesto, señor Presidente, solicito que se oficie a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; al Subsecretario del Patrimonio Cultural; al Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y a la Subsecretaría de Bienes Nacionales, a fin de que tengan a bien conocer los antecedentes expuestos, los cuales dan cuenta de la relevancia patrimonial de este inmueble, y gestionen los recursos necesarios en la glosa que corresponda del proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público del año 2020, con el objeto de disponer la protección estructural del inmueble denominado "Casa de Lord Cochrane" y promover su recuperación, a través de un plan de restauración patrimonial, que ponga en valor este monumento histórico nacional, hoy abandonado.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, adhiero a la petición de oficios formulada por mi colega.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Muy bien.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Pugh, conforme al Reglamento, con la adhesión del Senador señor Chahuán
.
RECURSOS PARA CUERPO DE VOLUNTARIOS DE LOS BOTES SALVAVIDAS DE VALPARAÍSO. OFICIO
El señor PUGH.-
Señor Presidente, quiero referirme a continuación a los Botes Salvavidas de Valparaíso, institución casi centenaria, de 1925 -esperamos seguir celebrándola-, dentro de la cual sus voluntarios entregan y arriesgan sus vidas para el rescate en el mar.
Tradicionalmente, se le entrega, mediante recursos que van a la Junta Nacional de Botes Salvavidas, 30 millones de pesos.
Sin embargo, este año no han sido considerados en la glosa presupuestaria respectiva; por tanto, esta organización noble, que efectúa un trabajo desinteresado y que requiere este financiamiento basal para pagar sus gastos básicos y mínimos, no va a disponer de esos fondos.
En consecuencia, solicito que se oficie al Ministro de Hacienda para que reconsidere, en la glosa presupuestaria pertinente, restituir los 30 millones de pesos, que permitirán financiar la actividad de los Botes Salvavidas de Valparaíso, entidad casi centenaria que rescata a muchos de los turistas que vienen a visitarnos durante la época estival.
He dicho.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento, con la adhesión del Senador señor Chahuán
.
El señor CHAHUÁN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Su Comité todavía dispone de 55 segundos, señor Senador.
Puede hacer uso de la palabra.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente, deseo adherirme a las solicitudes formuladas por el Senador Kenneth Pugh. Mantenemos la preocupación por los dos temas que Su Señoría ha planteado.
Conocemos la situación dramática en que hoy día se encuentra la Casa de Lord Cochrane, que ha estado bajo administración municipal durante muchísimo tiempo, y que hoy día requiere obras de envergadura.
Adhiero al planteamiento expresado por el Senador Pugh, toda vez que este es un tema que compartimos y por el cual hemos luchado conjuntamente.
Lo relativo a los Botes Salvavidas de Valparaíso, señor Presidente, es un tema de larga data.
Ese cuerpo de voluntarios hoy día ni siquiera es reconocido, dentro del sistema de emergencias, como un organismo colaborador.
Por eso es tan importante que se repongan los 30 millones de pesos, como se está pidiendo, en la glosa respectiva, materia que fue propuesta en la discusión presupuestaria anterior.
Cuando el proyecto llega a la Diprés, no se incorporan esos fondos. La idea es que la Dirección de Presupuestos reevalúe su decisión.
Por supuesto, los Senadores de la Región de Valparaíso estaremos con los Botes Salvavidas hoy y siempre.
He dicho.
El señor INSULZA (Presidente accidental).-
Muy bien.
A continuación, en los diez minutos que le corresponden al Comité Partido Socialista, tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.
RECHAZO A INSTALACIÓN DE RELLENO SANITARIO EN FUNDO LOS MILLANES DE SAN ANTONIO DE HUELDEN. OFICIOS
El señor QUINTEROS.-
Señor Presidente, desde hace tiempo la provincia de Chiloé y, muy especialmente, la comuna de Ancud vienen experimentando serios problemas con la disposición de sus residuos domiciliarios.
Luego de que en marzo del presente año colapsara definitivamente el vertedero ancuditano ubicado en Huicha, y ante el fracaso del proyecto de relleno sanitario provincial para Chiloé que originalmente se construiría en Castro, el Gobierno determinó, de modo unilateral, la instalación de un relleno sanitario provisorio en el Fundo Los Millanes de San Antonio de Huelden, al norte de la ciudad de Ancud.
La comunidad del lugar se opuso desde un principio y se manifestó con fuerza en contra del proyecto.
Lejos de atender sus demandas, se les hizo ver ante la opinión pública como un pequeño grupo que defendía determinados intereses particulares.
Sin embargo, los argumentos para rechazar la instalación del relleno en ese lugar son mucho más profundos.
Don Juan Manuel Huentelicán, coordinador de la mesa territorial indígena Senda Chacao, y la doctora Mariela Núñez Ávila, Directora Ejecutiva de la Fundación Senda Darwin, expusieron hace pocos días y con total claridad un conjunto de antecedentes sobre este tema ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado.
En esa presentación dieron cuenta de la vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos tanto para consumo humano como para la agricultura; del riesgo al que se sometería el río Huicha, principal fuente de agua permanente para el noreste de Chiloé; de la existencia de áreas de conservación de la naturaleza; del potencial turístico de la zona, cubierta mayoritariamente de bosque nativo, y -no menos importante- de su condición de territorio ancestral para las comunidades originarias del sector.
Hace algunos días me reuní con la comunidad de San Antonio de Huelden, con representantes de la mesa territorial de Chacao y con científicos de Senda Darwin, y juntos recorrimos el terreno en el que está proyectada la instalación de este relleno.
Allí pude constatar que, en efecto, el lugar está cubierto de bosque nativo y que posee numerosos cursos de agua subterránea, que son afluentes del río Huicha y que incluso contribuyen al abastecimiento de los programas de agua potable rural del sector.
Más de un millar de especies que hoy están en riesgo conviven en el valioso ecosistema existente en San Antonio de Huelden. La comunidad ha acusado reiteradamente falta de información por parte del Gobierno, y recién en los últimos días el Ejecutivo se ha sentado a dialogar con los vecinos y las vecinas. Las explicaciones, sin embargo, no han sido suficientes.
Los estudios científicos existen. Senda Darwin los tiene y los ha hecho públicos para quienes desean conocerlos. El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, insiste en hacer sus propios estudios y sondajes, e incluso ha llegado a la justicia a denunciar a quienes presuntamente han impedido el ingreso de las maquinarias al fundo Los Millanes.
Estamos frente a un problema especialmente complejo. Es cierto: nadie quiere tener un vertedero en el patio trasero de su casa. Y ello obliga a buscar soluciones serias, de largo plazo y coherentes con el cuidado medioambiental y la protección de la salud pública.
Actualmente, Ancud está depositando sus residuos en el relleno de Dalcahue y tiene contrato para ello hasta el 31 de diciembre.
Es evidente que existe premura por resolver este problema, pero esta premura no puede llevar a la autoridad a cometer un error ambiental de la naturaleza y magnitud que implicaría intervenir el ecosistema de San Antonio de Huelden, aunque sea amparado en la existencia de una alerta sanitaria.
El gobernador de Chiloé ha señalado que la instalación del relleno es transitoria y que no se extenderá por más de cinco años. Pero, por resolver una emergencia, no podemos darnos el lujo de provocar un daño irreversible.
Hoy Ancud enfrenta la oportunidad histórica de implementar un nuevo modelo de recolección y tratamiento de los residuos domiciliarios. Existen estudios que demuestran que es perfectamente posible hacer operativo un modelo de recolección selectivo, con separación de los desechos en su origen, vale decir, en el que cada domicilio disponga los residuos orgánicos de los inorgánicos en contenedores diferentes. Ello permitiría hacer un tratamiento diferenciado y mucho más eficiente.
Es sabido que los residuos orgánicos son los que provocan los mayores problemas: se descomponen, generan mal olor, percolan y atraen vectores. Estos desechos, no obstante, pueden ser tratados tanto en forma mecánica como de manera natural a través de la lombricultura para generar compostaje. En tanto, los residuos no orgánicos -ya sea plásticos, vidrios u otros- pueden incorporarse a la cadena de reciclaje y generar un nuevo valor.
Estoy seguro de que de este modo es posible avanzar no solo hacia nuevas formas de tratar la basura doméstica, sino hacia una nueva manera de pensar y comprender nuestra relación con el medio ambiente y generar conciencia respecto de la responsabilidad que tiene la comunidad en la producción y el manejo de su propia basura.
Por cierto, no se trata de un proceso barato. Pero tampoco es barato manejar la basura de la manera en que hoy se hace, y con costos ambientales mucho mayores.
Ancud podría dejar de ser la ciudad emblema del mal manejo de la basura y transformarse en una comuna modelo en el tratamiento sustentable de los residuos.
El punto es que ha faltado voluntad política por parte del Gobierno y ha sobrado improvisación.
No podemos enfrentar los problemas de siglo XXI con soluciones del siglo XX. No se puede planificar una intervención de esta naturaleza sin considerar a las comunidades afectadas, sean estas originarias, de campesinos o pescadores, ni desatender los argumentos científicos de las instituciones que llevan años trabajando en este territorio, como ocurre con Senda Darwin.
Sobre esta base, señor Presidente, solicito que se oficie a la Intendencia de la Región de Los Lagos y al Ministerio de Obras Públicas a fin de que informen sobre los antecedentes técnicos y científico-ambientales que han tenido a la vista para avalar la idea de este relleno. Asimismo, pido que se requiera al Sernatur un informe respecto del valor y potencial turístico del lugar, así como del estado de su declaración de zona de interés turístico, y otro a Conadi, en relación con la condición de territorio ancestral del fundo Los Millanes.
He dicho.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento
.
--Conforme a lo requerido anteriormente por el Senador señor Insulza, pasa a dirigir la sesión el Senador señor Pugh, en calidad de Presidente accidental.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
A continuación, en el tiempo del Comité Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el Senador Latorre por dos minutos.
AMENAZAS EN CONTRA DE KATTA ALONSO RAGGIO, PRESIDENTA DE ORGANIZACIÓN MUJERES DE ZONA DE SACRIFICIO QUINTERO-PUCHUNCAVÍ EN RESISTENCIA. OFICIO
El señor LATORRE.-
Señor Presidente, quiero denunciar un hecho gravísimo que ha ocurrido en nuestra Región ayer martes, 8 de octubre.
Katta Alonso Raggio, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, fue objeto de graves amenazas. Un sujeto desconocido, que pasaba por fuera de su casa a bordo de una camioneta Fiat Fiorino, de color naranjo, le dijo que iban a "quemar su casa y que sería la primera persona en tener que abandonar Ventanas".
Hoy el Instituto Nacional de Derechos humanos visibilizó esta denuncia en Valparaíso.
Latinoamérica es una de las zonas del planeta con más casos de activistas medioambientales perseguidos; muchos de ellos asesinados. Por eso resulta tan grave que hoy en nuestro país una activista ambiental reconocida reciba amenazas de este tipo.
Katta ha realizado una lucha incansable por los derechos a la salud y el medio ambiente libre de contaminación de todos los y las habitantes de la zona de Quintero y Puchuncaví, un lugar que se ha denominado "zona de sacrificio" y que, a pesar de existir un fallo de la Corte Suprema que dictó medidas urgentes para ser implementadas por parte del Gobierno, aún no tiene un plan de ejecución concreto a fin de devolver a estas personas las condiciones básicas para una vida digna.
No quiero cerrar mi intervención sin nombrar el Acuerdo de Escazú.
El Gobierno actual, incurriendo en una grave contradicción, se ha negado sistemáticamente a firmar dicho Acuerdo. En un caso como este, de las amenazas recibidas por Katta Alonso, ese instrumento internacional habría permitido tomar una serie de medidas, dado que el Acuerdo de Escazú contiene un apartado completo de protección de activistas ambientales.
En un contexto de emergencia climática a nivel global, y específicamente al ver los efectos del cambio climático en nuestro país, es que cada vez habrá más conflictividad entre nuestro aparato productivo y las comunidades que son despojadas de los derechos más básicos para una vida digna.
Nuestros y nuestras activistas ambientales deben ser protegidos, pues son quienes se encuentran en primera línea en la defensa del interés de las personas y comunidades sencillas del país, además de contribuir a visibilizar y defender la biodiversidad, la ecología y las reservas de agua en nuestro país.
Mi solidaridad con Katta Alonso y su organización, que lucha por el cierre de las termoeléctricas a carbón y de la Fundición Ventanas, de Codelco, y por los derechos humanos de su comunidad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Solicito, por su intermedio, señor Presidente, que se envíe un oficio al Ministerio del Interior para que informe sobre las medidas de protección a dirigentes sociales y ambientales que han recibido amenazas en la Región de Valparaíso.
Gracias.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Me uno a sus palabras, señor Senador, porque Katta Alonso es una gran representante de la zona.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento
.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Corresponde su turno al Comité Partido País Progresista e Independientes.
Tiene la palabra el Senador Navarro.
CRITICAS POR MENOR APORTE A FNDR DE REGIÓN DEL BIOBÍO EN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO 2020
El señor NAVARRO.-
¡Jorge Mateluna es inocente y lo vamos a probar!
Señor Presidente, el señor Ministro Felipe Larraín ha ingresado al Congreso Nacional físicamente el Presupuesto de la Nación, con una semana de retardo. Así quedó estipulado durante la Cuenta del Tesoro Público. Y no hubo acceso al conocimiento directo de ese Presupuesto sino cinco o seis días después, cuando este Senado tuvo que dar cuenta en la Sala de dicho ingreso.
Este proyecto de Ley de Presupuestos 2020 trae sorpresas.
Señalo esto porque no puedo dejar de repetir en esta Sala aquello que en 2013 señaló el mismo Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, cuando se discutía -previo al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet- el Presupuesto del 2014 (elecciones presidenciales de por medio).
El Ministro Felipe Larraín dijo en esta Sala que la economía iba a crecer el 2014 en 4,9 por ciento. Y, en base a este crecimiento, se calculó el Presupuesto de la Nación 2014.
Se trata de economistas que han estudiado en Harvard, de personas inteligentes, empresarios, gente razonable, culta. Y pese a que uno podría decir que la economía no es una ciencia exacta, señor Presidente, el 2014 la economía creció 2,1 por ciento. Es decir, la diferencia fue de 2,8, lo que equivale a más del cien por ciento. Y cuando el error es de más del cien por ciento, no hay ciencia. La ciencia no se equivoca en más del cien por ciento. En cuanto a los márgenes de error esperados para una responsabilidad tan alta como la que tiene un Ministro de Hacienda, no se puede decir: "Crecemos al 4,9" y luego tener como resultado un 2,1.
Señalo lo anterior porque uno podrá responsabilizar al Ministro por haber entregado una mala cifra o efectuar una proyección equivocada. Y será posible señalar "No puede haber mala fe". "La economía es variable". "No crecimos."
Digámoslo francamente: el Presupuesto se hizo con esa envergadura, porque existía la certeza de que la Derecha iba a ganar, tal como lo hizo el Presidente Piñera. Ganó por primera vez en las elecciones.
Entonces, en el Presupuesto para el año 2020 se ha hecho una proyección tanto por el Banco Central como por el propio Ministro: llegaremos a un crecimiento cercano al 3 por ciento.
Pero más allá del cálculo de ese crecimiento, que es la base del Presupuesto que nos han entregado, claramente el FNDR de la Región del Biobío, que represento, apenas crece un 2,6 nominal.
¡Cero por ciento en términos reales de crecimiento para la Región del Biobío y para las regiones! ¡Cero!
El Presupuesto está dado en términos de programas comparables, y, al hacer una comparación, con la misma base, se observa un 3,6 de crecimiento del presupuesto en términos nominales. Pero, reitero, Biobío no crece para el 2020.
Cabe recordar que en 2019 compartimos de manera generosa nuestro presupuesto con la nueva Región de Ñuble, a la que apoyé durante 20 años hasta que se convirtiera en región autónoma, creciente e independiente.
Tuvimos que compartir el presupuesto, 51 por ciento para Biobío, 49 por ciento para Ñuble, aun cuando esta última tenía cuatrocientos mil y algo más de habitantes, y la Región del Biobío, un millón y medio.
Para el 2020, el polinomio recalculado (todo el mundo nos consulta: ¿qué es el polinomio? Es la base de cálculo de un grupo de economistas que intenta interpretar la matemática financiera para darnos tranquilidad) determinó que Biobío recibiera ochenta mil millones. Aunque lo solicitado por el Gobierno regional, a través de Sergio Giacaman, Intendente de la Región del Biobío, fue de ciento veintiocho mil millones.
Entonces, la región debiera haber crecido, con la nueva distribución del FNDR y del FAR, a lo menos un 23 por ciento.
¿Y por qué no crecimos? Eso es parte del debate. Pero lo que sí puedo decir es que, de las dieciséis regiones, Biobío es la única en que los fondos de convergencia y transparencia del FNDR tienen una cifra equivalente a cero, huevo: ocho mil millones.
Desde ya el Ministro Felipe Larraín nos debe los ocho mil millones que teníamos presentes en el Presupuesto de 2019, en fondos de transferencia y convergencia del FNDR.
¿Y cuál es la explicación de por qué se le asigna cero a la Región del Biobío? No lo sé, señor Presidente.
Si se quiso reservar para negociar, para decir efectivamente: "Bueno, ahora ya no son ochenta mil", y -como ha señalado el Intendente Giacaman- son diez mil, es como quitarle el dulce a un niño. Se pone a llorar, después te acercas, le haces cariño y le dices: "¿Ves que soy bueno? Soy un buen padre". Le devuelves el dulce, el niño sonríe y dice: "Gracias, papá". ¡El mismo dulce que le quitaste antes de que llorara!
No somos niños.
La Región del Biobío no es de segunda clase. Pelearemos por recuperar, primero, lo que nos arrebataron: los fondos de convergencia y transferencia de los ocho mil millones. Luego, iremos por más.
Tenemos un conjunto de necesidades y somos la segunda región más grande e importante del país. Somos una región fundamental en lo político, en lo social, y tenemos problemas.
Es cierto que todas las regiones tienen problemas. Pero quiero decir, de manera particular, que la Región del Biobío representa un 60 por ciento de la captura de la pesca nacional industrial y artesanal. ¡Un 60 por ciento!
Por cierto, la zona de Arauco, una de las más pobres del país, no solo tiene el problema de la reineta en Lebu, sino el de los más de 480 trabajadores forestales hoy en huelga en la Celulosa de Arauco; no solo tiene el problema de los pirquineros del carbón, que subsisten miserablemente arriesgando su vida, sino el de la tierra en el conflicto mapuche con las forestales y el Estado de Chile. No se trata de la mal llamada "violencia rural", que es una denominación para ocultar el tema de fondo.
Entonces, decimos, ¿cuánto dinero le vamos a dar a Arauco para enfrentar la pobreza?
El Gobierno anuncia que reducirá en 6.500 millones el Fondo de Tierras para la compra de tierras que se entregan a las comunidades mapuche.
En 29 años hemos devuelto aproximadamente doscientas mil hectáreas de tierra que pertenecían a forestales, compradas por el Estado, a comunidades mapuche. ¡Doscientas mil en 29 años!
Lo he dicho y lo repito. El Presidente de la República, Sebastián Piñera, en un solo acto financiero compró ciento dieciocho mil hectáreas en lo que actualmente es el Parque Tantauco, en Chiloé. Se trata de tierras del consejo de caciques huilliche. Uno de los más antiguos, que tiene casi quinientos años de vida.
Entonces, estamos en una deuda profunda y nos anuncian que se disminuyen las platas del Fondo de Tierras de Conadi para que las personas pertenecientes a los pueblos originarios puedan adquirir tierras.
Hubo problemas, por cierto. ¿Por qué los problemas del Estado los van a pagar las comunidades de Tirúa, de Cañete, de Los Álamos, de Arauco: las comunidades mapuche?
Aquí necesitamos plata y acuerdo político para enfrentar el tema. Porque en Arauco el problema no es el robo de madera. El problema es el robo de tierras por parte de las forestales. ¡El problema es la tierra, la tierra, la tierra!
Sin devolución de tierras no habrá paz.
Entonces, lo que yo reclamo es que llegó la hora de los regionalistas de verdad.
Para los que quieran ser gobernadores o gobernadoras de la Región del Biobío, esta es la hora de ponerse a prueba, de que salgan a luchar por recuperar el presupuesto que merecemos en nuestra región. Hay varios candidatos y los partidos ya tienen los suyos.
Yo les digo que no he escuchado ni una sola voz diciendo que hay que recuperar el presupuesto.
Y expreso que los pocos instrumentos que tenemos los utilizaremos para llegar a un acuerdo con el Gobierno. Eso haremos.
La Región del Biobío merece respeto. Es la segunda más importante de Chile, y no merece esta bofetada que el Gobierno central le ha dado en materia presupuestaria
.
SOLICITUD DE LEY ESPECIAL PARA ENFRENTAR CONTAMINACIÓN DE QUINTERO, PUCHUNCAVÍ Y CORONEL. OFICIOS
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, a su vez, deseo solicitar que se oficie a la Comisión Nacional de Energía, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Municipalidad de Coronel respecto de la situación de la Termoeléctrica Bocamina 1, de ENEL, ubicada en dicha comuna.
En Puchuncaví hay dieciocho mil habitantes; en Quintero, treinta y dos mil. En Coronel tenemos ciento dieciséis mil habitantes y están presentes los niños de metal, ¡los niños de metal! Han encontrado vanadio y níquel en su sangre, proveniente de las termoeléctricas, también arsénico, mercurio y cadmio. Son los niños de metal.
Los niños de Coronel no son menos niños ni menos importantes que los de Quintero y de Puchuncaví. Exijo el mismo tratamiento.
Solicito que se oficie a la Intendencia de la Región del Biobío y a la Intendencia de Valparaíso. Queremos conocer exactamente lo que se ha hecho en ambas Regiones. Y también a los municipios de Quintero y Puchuncaví, porque necesitamos saber qué se hace allí para enfrentar esta contaminación histórica, que ha causado igual daño a los niños de la comuna de Coronel.
Para eso vamos a seguir luchando, vamos a perseguir una Ley Coronel, que también debiera traducirse en una Ley Puchuncaví, una Ley Quintero, como lo hicimos en Arica con Boliden Metal, hace un tiempo. Después de doce años de lucha, hicimos una Ley Arica.
Reclamamos una ley especial para enfrentar la contaminación de la Quinta Región, Quintero-Puchuncaví y también de Coronel.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
GRAVE CRISIS POLÍTICA EN ECUADOR
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, expuesta esa materia, quiero hablar sobre una situación internacional a la cual el propio Presidente Sebastián Piñera se refirió hace poco. Es bueno saber por qué el Primer Mandatario tiene una opinión sobre la situación de Ecuador.
¿Qué sucede en ese país?
Ecuador tiene más de 17 millones de habitantes; y Quito, su capital, 3 millones. Lenín Moreno, su Presidente constitucional, toma un conjunto de medidas obligado por el Fondo Monetario Internacional. Se produce una crisis. ¡Huye a Guayaquil!
Si bien la Constitución de ese país permite, en estado de excepción, cambiar la sede del Poder Ejecutivo, claramente ello da cuenta de una situación de crisis política profunda.
Entonces, lo que se vive en Ecuador es muy similar a lo que sucedió con Lucio Gutiérrez, quien huyó a Brasil en helicóptero.
Y eso lo siento profundamente por el pueblo ecuatoriano.
¿Quién es Lenín Moreno?
Lenín Moreno fue Vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa Delgado entre el 2007 y el 2013.
Vicepresidente que traiciona a Rafael Correa y al pueblo que lo eligió: gana con los progresistas, gana con las banderas socialistas de Correa y el Movimiento Revolución Ciudadana, ¡y luego se pasa al bando contrario...!
¡Alta traición!
Señor Presidente, si hay un hecho que quedará en la historia para la educación y lección de los pueblos de América Latina, va a ser la traición de Lenín Moreno: encarceló a Jorge Glas, Vicepresidente electo por el pueblo de Ecuador; persiguió a Correa.
¡Veintisiete procesos judiciales, al igual que los de Lula y Dilma, absolutamente inventados en la persecución judicial, como arma política!
Correa fue traicionado; Jorge Glas, encarcelado.
Una de las primeras medidas de este Presidente traidor fue salirse de Unasur y avanzar en la creación de una nueva instancia. Y ahora decreta el llamado "paquetazo", es decir, se subordina al FMI, que lo obliga a establecer medidas económicas, para optar a un crédito de 10 mil millones de dólares.
Entonces, elimina el subsidio al diésel y a las gasolinas, lo que provoca un alza del 135 por ciento en el valor de los combustibles. Es como si en Chile la bencina de 93 o de 95 octanos, que está entre 830 y 850 pesos, sufriera un incremento en su precio y de inmediato costara 2 mil pesos.
Eso ha pasado en Ecuador: un alza violenta que ha suscitado un levantamiento popular indígena y ciudadano.
El denominado "paquetazo" ha hecho bajar rápidamente los sueldos en cerca de 30 por ciento.
La explicación que da este Presidente es que hay una conspiración: que Nicolás Maduro y Rafael Correa son los responsables de intentar un golpe de Estado para derrocarlo, y no las medidas económicas producto de la venta de Ecuador al Fondo Monetario Internacional.
Por cierto, Macri ha bajado en las encuestas. ¡Y es culpa de Nicolás Maduro...!
Vizcarra tuvo una rebelión con el Congreso, y Perú se halla con dos Presidentes. ¡Y esto también es responsabilidad de Nicolás Maduro...!
Johnson, en Inglaterra, intentó cerrar el Parlamento, y fracasó: ¡conspiración!
Señor Presidente, claramente la explicación dada es burda, es absolutamente poco creíble; pero, además, da cuenta del estado de desesperación en que se encuentra Lenín Moreno: culpar a Venezuela de lo sucedido en Ecuador y no asumir la responsabilidad...
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear su idea.
El señor NAVARRO.-
¿Ya pasaron mis quince minutos, señor Presidente?
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Sí, señor Senador.
El señor NAVARRO.-
Decía, señor Presidente, que culpar a Venezuela de lo sucedido en Ecuador y no asumir la responsabilidad es absolutamente increíble.
Siete presidentes ha tenido Ecuador desde 1997 a la fecha; tres han sido destituidos: entre ellos, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez. Han durado poco por sus errores.
Hoy día ese país enfrenta una situación de crisis. Van cinco muertos; más de quinientos detenidos. Hay un levantamiento popular.
El Presidente Piñera ha dicho que algunos quieren intervenir y alterar el orden público en Ecuador.
Lo que hay en proceso es la "Revolución de los zánganos". Así se refiere Lenín Moreno al pueblo y a las comunidades indígenas movilizados: como los "zánganos de Correa".
Señor Presidente, quienes intentaron vender a Ecuador tuvieron un triste y nefasto destino. Yo solo espero que el pueblo ecuatoriano pueda encontrar una salida a esta crisis dentro del marco democrático, sin interferencia extranjera alguna, sin descalificaciones. Y ojalá Chile juegue un rol digno en esta materia
.
El señor PUGH (Presidente accidental).-
Gracias, señor Senador. Todos los oficios y documentos solicitados por usted se enviarán en los términos indicados.
Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:14.
Daniel Venegas Palominos
Jefe de la Redacción subrogante