PROMOCIÓN DE SIMPLIFICACIÓN LEGISLATIVA
El señor QUINTANA (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que promueve la simplificación legislativa, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.595-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 42ª, en 20 de agosto de 2019 (se da cuenta).
Informe de Comisión:
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 49ª, 24 de septiembre de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
1) Facultar al Presidente de la República para que, en conjunto con el Parlamento, el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, elabore el Plan de Revisión Legislativa, que contendrá las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores.
2) Derogar expresamente cien leyes publicadas entre 1893 y 1927.
3) Conceder el carácter de oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República, de los Códigos de la República, y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 26 a 37 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
En discusión general.
Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez, quien hará el informe en representación de la Comisión de Constitución.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, el proyecto que ahora conoce la Sala del Senado se encuentra, como lo dijo el señor Secretario, en segundo trámite constitucional y sus objetivos son los siguientes:
Primero, facultar al Presidente de la República para que, en conjunto con el Parlamento, con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional y las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, elabore el Plan de Revisión Legislativa, que contendrá las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores.
El segundo propósito es derogar expresamente cien leyes publicadas entre 1893 y 1927.
Y el tercer objetivo es conceder el carácter de oficial a las ediciones de la Constitución Política de la República, de los Códigos de la República, y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, el Jefe de Estado recuerda que en nuestro país han existido varios y valiosos esfuerzos para recopilar y sistematizar las leyes que nos rigen. Ejemplo de lo anterior es el trabajo conjunto de la Contraloría General de la República y del Diario Oficial, plasmado en la obra titulada Leyes de la República de Chile 1810-2010, que da testimonio de más de cuarenta mil normas de rango legal dictadas a lo largo de doscientos años de historia legislativa.
Agrega que, en paralelo a ese trabajo, no ha existido -¡no ha existido!- una labor metódica e institucional de análisis y evaluación de la vigencia de las leyes que nos gobiernan.
Afirma que el ordenamiento jurídico ha crecido exponencialmente y cuenta con varios miles de textos jurídicos, entre los que se encuentran leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley, dando origen a un sistema legal que se ha expandido inorgánicamente y sin un mecanismo de control capaz de evaluar periódicamente su efectiva vigencia.
A partir de tales antecedentes, señala que con esta iniciativa se persigue dar inicio a la eliminación dentro del ordenamiento jurídico de aquella legislación que, con el devenir de los años, ha caído en desuso, obsolescencia o ha sido superada por leyes más modernas.
Luego, destaca que otras naciones han llevado a cabo procesos similares al propuesto. Así, por ejemplo, Italia en el año 2005; Argentina entre 1998 y 2014; Perú entre 2009 y 2011, y Costa Rica en el año 2013.
Seguidamente, hace presente que uno de los pilares de un Estado de derecho es la certeza jurídica. Un sistema legal claro, ordenado y simple facilita el conocimiento y la comprensión por parte de la ciudadanía, simplifica su aplicación y cierra los espacios a la corrupción y a la arbitrariedad.
A su turno, un ordenamiento de estas características es el presupuesto para decisiones judiciales previsibles y estables, que, a su vez, es la garantía para los ciudadanos del resguardo de sus legítimos derechos.
Por lo dicho, estima que es necesario dar inicio a un proceso de depuración y ordenamiento legislativo, pues solo avanzando en el estudio y análisis metódico de las leyes que nos gobiernan se podría identificar la normativa olvidada que no ha sido expresamente derogada, pero que, en el tiempo, la historia y las leyes han superado.
Así, al Presidente de la República le asiste la más plena convicción de que es necesario derogar expresamente aquellas leyes antiguas claramente en desuso, obsoletas o que han sido tácitamente derogadas por leyes más recientes.
Este trabajo constituye un punto de partida indispensable para avanzar ordenadamente en un sistema de derecho actualizado, simple y armónico, que entregue las certezas y garantías que requiere la ciudadanía.
Finalmente, destaca que se ha decidido dotar de oficialidad a las normas constitucionales y legales puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, en formato digital, atendidas las virtudes que ofrece esta modalidad, que otorga acceso a la legislación nacional y a la información relacionada con ella de manera libre, gratuita y al alcance de toda la ciudadanía y, al mismo tiempo, ofrece garantías técnicas suficientes para desempeñar esta función, sin poner en riesgo la indispensable certeza jurídica.
El proyecto aprobado en general por la Comisión de Constitución consta de tres artículos permanentes y una disposición transitoria.
El artículo 1 establece que cada cuatro años el Presidente de la República elaborará, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el apoyo de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado, un Plan de Revisión Legislativa, cuyo objeto será la identificación de las leyes de una antigüedad no inferior a veinte años que deban ser expresamente derogadas por encontrarse en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas por leyes posteriores.
Para la elaboración de ese Plan se contará, además, con el apoyo técnico de la Biblioteca del Congreso y se tendrán en cuenta las sugerencias que formulen la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.
Asimismo, durante su etapa de elaboración, se abrirá un período de consulta pública y participación ciudadana, por los plazos y en la forma que defina el propio Plan.
Una vez concluido ese trabajo, se remitirán sus resultados al Presidente de la República para la presentación del respectivo proyecto de ley.
Seguidamente, el artículo 2 deroga expresamente cien leyes dictadas entre los años 1893 y 1927. Se trata de una enumeración miscelánea que abarca materias tributarias, fiscales, de personal, de prescripción, de importación de bienes, de plantas de servicios públicos, de alcoholes, de sanciones administrativas, entre otras.
Al efecto, se establece que la derogación de leyes no afectará las situaciones jurídicas consolidadas ni los derechos adquiridos a su amparo que no se hayan extinguido por una causa legal, ni eximirá al Estado del cumplimiento de las obligaciones establecidas por ellas que se encuentren vigentes. Tampoco afectará las modificaciones que ellas hayan efectuado sobre otras leyes.
El artículo 3 dispone que tendrán el carácter de oficial las ediciones de la Constitución Política de la República, los Códigos de la República y la legislación nacional puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, las que deberán sujetarse a las normas de la ley Nº 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma.
Lo anterior es sin perjuicio de lo que establece la legislación vigente respecto a la Editorial Jurídica de Chile, lo preceptuado por la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en lo relativo a los textos publicados por la referida Editorial.
Finalmente, el artículo transitorio estatuye que el primer Plan de Revisión Legislativa se deberá elaborar, a más tardar, el primer día hábil del mes de junio del año siguiente a la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Una vez analizado el proyecto por la Comisión, y sin perjuicio de que por la unanimidad de sus miembros presentes se acogió la idea de legislar, se insistió en la necesidad de contar, en el trámite de discusión en particular, con todos los antecedentes que resulten atingentes para asegurar la pertinencia de la derogación de las cien leyes propuestas, con el objetivo de precaver eventuales consecuencias indeseadas en el futuro y no afectar situaciones jurídicas consolidadas.
En último término, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones efectuadas, la discusión de los preceptos abordados y el acuerdo alcanzado al respecto.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, en una página del informe el propio Presidente de la Comisión solicita un análisis de la Biblioteca respecto de los impactos que tendría la derogación de las leyes propuestas. Pido que tal estudio se haga llegar a todos los Senadores y las Senadoras antes de la discusión en particular.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud que ha planteado la señora Senadora?
Así se acuerda.
Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, como aquí se ha señalado y es importante reiterarlo, la idea matriz del proyecto consiste en dotar de oficialidad a las normas constitucionales y legales puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional, en un formato digital, y adoptar medidas tendientes a limpiar el ordenamiento jurídico de normas defectuosas, inadecuadas, que han caído en desuso, son obsoletas o están tácitamente derogadas.
Entre los fundamentos de la iniciativa, destaca la certeza jurídica, en la medida que permite mayor claridad acerca de las normas jurídicas y facilita la comprensión de la ciudadanía en esta materia.
También, la correcta administración de justicia y el resguardo del Estado de derecho. Es fundamental que haya una depuración de las normas, toda vez que el desuso no implica la derogación de estas, abriendo la posibilidad de conflictos entre disposiciones vigentes. De esa forma se evitarían arbitrariedades.
El proyecto consta de cuatro artículos, cuyo contenido lo ha detallado el Senador Pérez, además de entregar los antecedentes legislativos.
Solamente quisiera hacer los siguientes comentarios.
En Chile las leyes comenzaron a numerarse el año 1893. Desde entonces a la fecha, se han publicado 21.168 cuerpos legales.
El proyecto se enmarca en la agenda de modernización del Estado, basado en una serie de recomendaciones de organismos internacionales. En ese sentido, una iniciativa de este tipo permite mirar la integridad del ordenamiento jurídico de forma más pulcra.
Además, busca contribuir a la certeza jurídica favoreciendo un sistema jurídico más claro, sin lagunas, promoviendo la depuración legislativa, con el fin de mantener la armonía del ordenamiento jurídico.
Por otro lado, señor Presidente, el proyecto busca potenciar el rol de la Biblioteca del Congreso Nacional como órgano técnico. Es importante destacar que no en todos los países existe un acceso electrónico a la ley, lo que posiciona a nuestro país en la vanguardia del trabajo legislativo técnico.
La Biblioteca del Congreso cuenta con más de 336 mil normas de diversa jerarquía, a texto completo; con más de 72 mil visitas diarias, y con un total, durante el año 2018, de 32.508.199 páginas vistas.
Dicho sistema tiene por objetivo promover el conocimiento del Derecho, porque la sola publicación de la ley no es suficiente, debido al limitado acceso al Diario Oficial y a la gran cantidad de normas que se dictan; contribuir a la democratización de la información jurídica mediante un sistema gratuito de fácil acceso universal; fomentar la transparencia de la información legislativa, y, finalmente, facilitar la certeza y seguridad jurídica.
Es importante también señalar que la Biblioteca contribuye al conocimiento de la historia de la ley al publicar las discusiones parlamentarias de todos los proyectos.
Asimismo, resulta relevante considerar que derivado del derecho a la información está el derecho a la información legislativa. En este sentido, es importante tener en cuenta que el acceso a esa información debe ser expedito, además de facilitar el acceso a una información veraz. Sin embargo, conviven en el sistema numerosas normas vigentes, derogadas tácitamente, obsoletas o caducas, textos originales, consolidados o actualizados, textos refundidos, induciendo muchas veces a error a los usuarios y, por consiguiente, generando un perjuicio a la ciudadanía.
Por eso, señor Presidente, considero que debemos votar a favor de este proyecto de ley que promueve la simplificación legislativa.
Gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, el Senador Pérez Varela ilustró brillantemente el contexto en el cual se enmarca esta iniciativa de ley.
Fundamentalmente, se trata de un mensaje y una visión de modernización en un ambiente donde las herramientas digitales y las plataformas abren un cúmulo de oportunidades y posibilidades para transparentar, para mejorar, para facilitar el acceso a la información de un mundo, a veces, árido para el usuario común, como son las leyes, los reglamentos y los códigos.
En nuestro país hay más de veintiún mil leyes vigentes, y nos encontramos con sorpresas, con normativas que regulan diversas situaciones, como una que facultaba al alcalde de Tacna para que, en aquellos años, realizara determinadas rebajas tributarias.
Y también está la ley N° 2, relativa a "los derechos específicos que deben pagar los azúcares a su internación".
Evidentemente, a eso le podemos sumar que cuando un vecino o una vecina quiere acceder a una norma jurídica, legal, a veces -como señaló la Senadora Luz Ebensperger hace un rato- revisa o visita códigos que incluso ya han sido derogados o modificados reiteradamente.
Por eso, este esfuerzo de cambio, de modernización, de simplificación legislativa, reviste evidentemente un aspecto fundamental, como es facilitar, mejorar y perfeccionar el acceso legítimo que debe tener la comunidad para llegar al conocimiento de las leyes que la regulan. Y, en tal sentido, nos parece que esta depuración legislativa va en directa sintonía con lo que nosotros esperamos de un ordenamiento jurídico moderno y acorde con las necesidades de la sociedad.
Este es un proyecto de ley sencillo, consta de cuatro artículos, que evidentemente -como bien lo señalaba el Senador Moreira- va en la dirección de la urgencia de modernizar el Estado y, fundamentalmente, cuenta también con un aspecto significativo: la Biblioteca del Congreso dispone de más de trescientas treinta y seis mil normas de distinta jerarquía. La comunidad accede a ella para realizar diversas consultas. Por eso, pienso que el perfeccionamiento de las normas que facilitarán este acercamiento va absolutamente en la dirección correcta.
El acceso a la información debe ser expedito y veraz. Por lo tanto, terminar con la convivencia de algunas normas jurídicas que fueron derogadas hace ya mucho tiempo y a las que, a veces, las comunidades recurren creyendo que están vigentes, tiene pleno valor, porque es lo que se necesita para ponernos a tono con las tecnologías actuales y para facilitar el acceso expedito de la comunidad.
Por lo tanto, votaré a favor de este proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, este proyecto tiene una correcta inspiración.
No cabe la menor duda de que es bueno tener un mecanismo de evaluación permanente en nuestra legislación y derogar las disposiciones que estén obsoletas o que hayan quedado en desuso. Ello, partiendo, por supuesto, de la base de que la derogación expresa de la normativa garantiza una mayor certeza jurídica, porque todo lo relativo a la derogación tácita requiere otro debate.
Antes de dar una opinión más amplia sobre el proyecto, yo quiero señalar que es importante que esto se modernice, en términos de tener un sistema que permita ir despejando leyes, en fin. Pero deseo llamar la atención de esta Sala respecto a que no podemos seguir postergando la modernización del Senado en la dimensión legislativa. ¡No podemos seguir postergándola!
Es posible decir: "Bueno, es lo que hay, sigamos como estamos". Pero la vida nos exige transformar, modernizar, reformar la manera de construir el proceso de producción de la ley, así como las distintas iniciativas se discuten con la ciudadanía.
A mi juicio, tenemos problemas, tenemos retraso, y tenemos que asumirlo. O sea, no podemos hacernos los lesos.
Hoy día tenemos 1.190 leyes en tabla en el Senado, ¡1.190 leyes! ¿Qué parlamentario presenta un proyecto de ley cuando sabe la dificultad que deberá enfrentar para que sea puesto en el Orden del Día?
Tenemos un exceso de Comisiones, algunas con trabajos muy desiguales, y debemos ver cómo reordenamos esto.
Tenemos un espléndido equipo de secretarios y de abogados ayudantes que podríamos perfectamente repotenciar en muchos sentidos. Hay gente muy calificada acá.
No podemos seguir tratando todos los proyectos de igual manera. Los hay con distintas exigencias, que requieren formas de tramitación diferentes.
Tenemos una Biblioteca del Congreso Nacional con 12.500 millones de pesos, que debería ser un factor muy dinamizador de los conocimientos para producir la ley.
Tenemos una oficina de presupuestos, que ha costado bastante sacar adelante, que es clave.
Tenemos viajes al exterior. Porque los viajes no responden solamente a diplomacia parlamentaria, sino también al proceso de vincularnos al debate en el mundo respecto a los temas de las decisiones legislativas. Y esto es muy parecido a lo que se realiza en todos los parlamentos.
Finalmente, quiero mencionar algo que existió hasta hace un tiempo en el Congreso, pero que ya no tenemos: la revisión técnica de las leyes.
Había un dispositivo en torno a la coordinación legislativa para revisar los proyectos de ley antes de que llegaran a la Sala o cuando eran despachados por esta. Pero hoy día no tenemos esa revisión técnica. En fin.
Solamente quiero llamar la atención respecto a la necesidad de modernizar estos procedimientos.
Cuando se decidió modificar la forma de designar al Secretario y al Prosecretario, y cambiarlos, fue para modernizar el sistema. Esto tenía una dimensión administrativa, pero otra distinta a la legislativa y a la de comunicaciones.
Yo lo único que estoy tratando de hacer es llamar la atención.
Está bien esta iniciativa, pero preocupémonos de la necesidad de ver en su conjunto este desafío, que esta generación del Senado puede no asumir, pero que le corresponde hacerlo.
En relación con el proyecto mismo, ya señalé que tiene una correcta inspiración y que hay que aprobarlo en general. Quiero destacar el rol que se le dará a la Biblioteca del Congreso Nacional como compilador oficial de la normativa vigente, a través de su portal Ley Chile, a la cual hay que actualizar y darle el rango oficial que no tiene.
Me parece bien derogar algunas leyes: cien. Pero me llama mucho la atención que, por medio del propio estudio de la Biblioteca se haya llegado a la conclusión de que, de esas cien, había tres que no correspondían. En este sentido, parece necesario que también revisemos las cien. O sea, no podemos solo aprobar lo que se nos propone, sino que debemos revisar las cien leyes y ver cuáles de ellas podrían tener algún tipo de vigencia y de significado en el mundo actual.
Yo estaría de acuerdo con el marco de los artículos 2 y 3.
En relación con el artículo 1, creo que se requiere mucho más debate en particular en la Comisión, porque el mecanismo que se crea no da igual tratamiento a los dos órganos que la Constitución define como colegisladores: el Presidente de la República y el Congreso Nacional.
Se refuerza el presidencialismo al concentrar en el Primer Mandatario y en la Segprés la compilación de la información, la propuesta, la iniciativa para presentar el plan y el proyecto de ley, con todas las consultas que hay en el proceso. Entonces, me parece que eso se debe precisar muy bien, porque de ninguna manera este proyecto puede reforzar el hiperpresidencialismo que tenemos y debilitar el peso del Congreso en la iniciativa respecto a estas materias.
El hecho de que quienes formulen la propuesta respectiva en la comisión que defina esto sean los dos Secretarios Generales, que aparecen coordinando la interacción con la Segprés, está bien en un nivel técnico. Pero, en definitiva, resulta claro que el Poder Legislativo se encuentra radicado en las dos Cámaras, por lo que han de ser sus cabezas las que ejerzan un rol muy decisivo, y cualquier propuesta, al igual que deba ser procesada por el Presidente, también lo tendrán que hacer las Cámaras en una etapa intermedia.
Este no es el único modelo en el mundo. Hay otros ejemplos. Me han informado que en el modelo alemán de compilación para depurar, decantar y declarar obsoletos ciertos proyectos, en fin, se le da un rol muy central a las Facultades de Derecho, como centros de pensamiento especializados de la cultura jurídica, así como a las unidades de estudio de la Corte Suprema, de la Contraloría, del Tribunal Constitucional y de la Biblioteca del Congreso. Estas también hacen un proceso técnico y, en definitiva, son las que presentan ciertas propuestas a la autoridad política, procesándolas a través de otra comisión técnica, pero siempre manteniendo una vinculación con aquellos centros de pensamiento.
Quiero plantear, con mucha fuerza, que debemos aprobar este proyecto, pero sabiendo que se requieren cambios, precisiones y equilibrios mayores en la discusión en particular, en especial del artículo 1, que si bien tiene algunos cambios, es perfectamente posible fortalecerlo, como lo dicen en el informe tanto el Senador Huenchumilla como el Senador De Urresti. Ambos hacen la advertencia de que hay que asegurar equilibrios, porque puede haber una interpretación que genere una situación de bastante desequilibrio.
Hay que aprobar el proyecto. Y, reitero, no podemos seguir postergando la decisión de hacer reformas sustantivas en lo legislativo en el Senado de la República.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Me han pedido abrir la votación.
La señora ALLENDE.- Conforme.
El señor QUINTANA (Presidente).- No. No hay acuerdo.
Además, se ha solicitado autorización para el ingreso a la Sala de la Subsecretaria de Educación.
Tampoco hay acuerdo
Tiene la palabra el Senador Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a ver, creo que este es el tipo de proyecto que quizá no tiene el mismo escenario comunicacional o la lógica de interés público que otros. Y algunos podrán catalogarlo de relativamente fome, como alguien me lo planteó al ver la tabla de hoy.
Contra eso, fíjese que me pasa algo distinto. He seguido el debate de los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, y creo que este es un ejercicio muy importante en una democracia. Yo comparto muchas de las visiones con que cada uno se acerca a este proyecto.
¿Sabe, señor Presidente? A mí me pasa lo siguiente.
A mi juicio, el ordenamiento legislativo de un país y la certeza jurídica son elementos centrales en el correcto desarrollo de los derechos y también en la estructura de las obligaciones. Y no hay nada que pueda ser más complejo que el que se carezca de absoluta certeza respecto de aquello que en su momento puede funcionar o no, y más que por la aprobación, por la mantención en el tiempo de normas no fijadas para un período específico, porque el proyecto establece que no se hará cargo de las leyes con un año de vigencia, porque estas se entienden derogadas, o con un objetivo específico porque también ocurre algo semejante, sino de aquellas disposiciones legales instaladas y que al no ser nunca modificadas -después hablaremos de cómo se modifica o caduca una ley- tienen una vigencia dormida, por así decirlo. Claro que mientras nada ocurra en el sentido contrario, es relativamente irrelevante, hasta que a alguien se le ocurra que rija algo que fue diseñado para otra fórmula.
Yo estudié Derecho Comercial con el profesor Julio Chaná, uno de los más grandes profesores que ha habido, creo yo, en Chile. Y él hacía referencia a eso. De ahí que me estaba acordando y logré llegar a los apuntes respectivos -no a través de mí, sino de algunos amigos que me lo recordaron-, en que él hablaba de un famoso decreto ley 520, del año 1932, del Gobierno de Carlos Dávila.
Carlos Dávila tuvo un Gobierno muy breve, pero durante él se dictó un decreto mediante el cual se declararon expropiables empresas que se negaron a producir los artículos fundamentales que pidiera determinada Administración.
Pasó el Gobierno de Carlos Dávila, y con el tiempo, ese decreto, que tenía un objetivo determinado, al no derogarse ni modificarse, fue utilizado como forma de hacer política. No haré referencia a quién lo hizo ni a cómo lo hizo.
De alguna manera, el hecho de que vayan quedando normas jurídicas latentes genera grados de incerteza jurídica que quizás uno no alcanza a advertir en una generación, pero que en cierto momento explotan en forma muy muy fuerte.
Por eso, señor Presidente, el proyecto me parece un gran avance.
Yo comparto en algo lo que se ha planteado. Quizás esto requiere otras modificaciones más sustanciales, pero es necesario que cada cierto tiempo digamos: "Mire, hagamos una revisión de las cosas que dejaron de tener sentido". Pienso que es indispensable en un Estado de derecho.
Además, yo trato de suscribir pocos proyectos, porque creo que en esta materia la abundancia no es sinónimo de hacer las cosas mejor. Me acuerdo de un Senador para mí muy importante, al que alguna vez le reprocharon ser un mal parlamentario porque no había presentado iniciativas de ley. Y él decía, con una inteligencia bastante absurda, "mejor pregúntenme cuántas leyes he derogado o cuántas he evitado". Eso puede ser una marca muy relevante de lo que valora o no valora un parlamentario en determinado período.
En esa misma línea, me parece que estos ejercicios son muy significativos para tener la capacidad de analizar un ordenamiento legislativo en cuanto a aquello en que hay o no certeza.
Lo digo además por un segundo elemento. La derogación de una ley -y esto lo analizamos quienes en algún momento estudiamos Derecho- tiene distintas formas. Una de estas es la que buscamos por esta vía, y que a veces se logra en algunos proyectos de ley, que es la derogación expresa: "derógase la ley tanto, estableciéndose esta otra".
Eso debió haber constituido un ideal legislativo.
Hay otras que son orgánicas, que son un poquito más complejas, pero uno entiende que, cuando una ley equis pasa a ser una ley i griega, las normas contenidas en aquella dejan de ser aplicables, aun cuando no se plantee expresamente.
Y la más compleja es la derogación tácita. Me tocó ejercer el derecho, tramité muchos juicios y he leído algunas cosas -es bien interesante el informe de la Comisión de Constitución, porque hay buenos planteamientos en ese sentido-, y también se discutía: "Oiga, pero esto se encuentra vigente, no está derogado"; "No, pero es que esto se halla tácitamente derogado por esta otra ley". Eso es fuente de incertezas. Y a todos nos tocó, en algún momento dado, discutir y luchar contra esa lógica.
Como en Chile no tenemos una cultura de derogación expresa, en general, sino una tendencia a la derogación orgánica, tácita, me parece que orientarnos a este principio ordenador apunta en un sentido absolutamente correcto, que a mí por lo menos me interpreta plenamente.
Nada mejor que cuando hay un sistema de derecho actualizado, simple, armónico. A eso deberíamos apuntar todos dentro de nuestros esfuerzos, y no siempre lo hacemos.
El Senador que me antecedió en el uso de la palabra hacía referencia a algunas ideas de otros países. En este sentido, una de las experiencias que más me tocó ver, curiosamente, fue la de que por cada proyecto de ley presentado debieran incluirse dos leyes que se deroguen.
Eso existe hoy en algunos países, para que vean la lógica curiosa de legislación en esta materia. Y, ¿para qué? Para buscar, finalmente, que vaya quedando la esencia de lo simple, de lo armónico, de lo que funciona.
Eso es parte de los debates, a mi juicio, importantes.
Por eso, hace bien el Presidente Piñera al generar una institucionalidad permanente para la revisión y adecuación de leyes vigentes.
Esto no obsta -me hago cargo de ello- a que cualquier parlamentario pueda plantear la derogación de una ley. Eso se hace. Lo hemos hecho. Uno puede decir: "Yo quiero derogar la ley tanto". Pero esto es distinto: genera una obligación para el Presidente, a quien le corresponderá en cuatro años más, y con las asesoría de los Secretarios Generales o con una vinculación directa, proponer al Parlamento de esa época a lo menos un conjunto de cosas que se deban modificar. Y podríamos discutirlas.
Si uno mira el proyecto, claro, que sea cien el número de leyes por derogar es un número simbólico. Podrían ser cincuenta o mil, no tengo idea, probablemente mil o cinco mil. Pero los símbolos son importantes, pues van en la lógica de ir ordenando el sistema jurídico en nuestro país.
En definitiva, señor Presidente, me parece que esto apunta en un sentido mucho más profundo que lo que podría sugerir la denominación de este proyecto, que para algunos es una lata. Porque esto al final tiene que ver con tratar de generar escenarios de cultura donde al ciudadano se le hagan las cosas más simples, más fáciles de entender. Y eso, obviamente, va en una línea adecuada.
Capítulo aparte -es distinto, pero a mi juicio también apunta en un sentido correcto- es lo que se genera respecto de las validaciones de las leyes hacia delante, del rol que se le asigna a la Biblioteca del Congreso Nacional, cuestión que considero muy importante, al concederles el carácter de oficial a las normas constitucionales y legales que ponga a disposición del público. En mi tiempo había que ir a comprar los códigos. Eso alguna vez nos tocó a nosotros. Hoy día es distinto, cuando existe esta capacidad para disponer de esa información.
Entonces, darles a las normas constitucionales y legales el carácter de oficial tiene obviamente una relevancia muy grande; es una responsabilidad para el Parlamento, pues aquí no nos podemos equivocar. Uno podrá cometer errores en otras cosas, pero acá no podemos equivocarnos, porque esto pasa ya a tener un rol distinto del que antiguamente podría haber simbolizado la Editorial Jurídica de Chile, que para esos efectos no podía equivocarse.
Aquí se instala un rol en el Parlamento muy trascendente, que imagino asumirán ambas Cámaras. Yo tengo confianza en que se está haciendo bien el trabajo. Sin embargo, deberemos realizar un doble esfuerzo, porque en esta materia los errores no están dentro de lo aceptable.
Así que me parece bien lo que se plantea en este proyecto; considero que es una señal potente. No por ello vamos a cambiar en 24 horas todo lo que ha sido una cultura quizás un poco más desordenada en el ámbito legislativo. Pero, sí, aquí se dan señales. La vida está hecha de símbolos, lo que no obsta a que exista una reflexión mayor con respecto a los sistemas institucionales legislativos, los cuales comparto plenamente.
Pero no cabe duda de que este es un paso importante para hacer leyes más entendibles, simples y armónicas en Chile.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que se someterá a votación en general en esta Sala establece que el Presidente de la República cada cuatro años, en coordinación con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Congreso Nacional, las Secretarías Generales tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, realice o focalice un plan denominado de "Revisión Legislativa" al objeto de visibilizar las leyes que con más de veinte años de antigüedad se encuentren en desuso, sean obsoletas o hayan sido derogadas tácitamente por leyes posteriores.
La iniciativa establece un procedimiento de consulta pública y participación ciudadana para los efectos de la derogación de las normas, que deberá estar contenido en un Plan de Revisión Legislativa.
Al respecto, y dada la aplicación de nuevas tecnologías a la sistematización y actualización de las bases de datos, el período de cuatro años establecido en el proyecto de ley me parece absolutamente excesivo.
Si bien esta labor de revisión legislativa debe desarrollarse con el mayor respaldo técnico y rigurosidad, dado que están en juego aspectos que conforman la seguridad jurídica, no me parece aceptable que sus frutos solo se vean cada cuatro años. En definitiva, la labor legislativa debe ser eficiente no solo en la creación de textos legales, sino también en la identificación de aquellas normativas que en la actualidad se encuentran en desuso, obsoletas o derogadas tácitamente.
El sistema de consulta ciudadana establecido en el proyecto de ley me parece adecuado. Sin embargo, no es conveniente que la duración y características de dicha consulta varíen de acuerdo al plan de revisión legislativa de que se trate.
Hoy contamos con los medios tecnológicos para que este proceso de consulta ciudadana sea permanente, y no veo razones para no permitir que los ciudadanos puedan realizar sugerencias de derogación de normas de manera constante, de forma tal que los centros de estudio, las universidades o las personas en general puedan tener un espacio proactivo en esta materia.
En este sentido, considero adecuado que lo establecido en la disposición transitoria de esta iniciativa, en cuanto a que el primer Plan de Revisión Legislativa deba ser elaborado hasta el primer día hábil del mes de junio siguiente a la publicación de la ley, debiese ser una norma que se utilice todos los años, de manera que la anualidad fuera uno de los parámetros para los planes de revisión legislativa que se apliquen.
Por su parte, el proyecto dispone en su artículo 2 la derogación de cien leyes que actualmente se encuentran en desuso, laboriosa tarea de identificación de estas normativas que ha realizado el Poder Ejecutivo para proponerle al Congreso Nacional su derogación.
Sin embargo, y no obstante la obviedad de la obsolescencia de muchas de ellas, debemos contar, bajo un criterio general de seguridad jurídica, con un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, así como con la opinión de la Corte Suprema de Justicia para los efectos de su derogación. Asimismo, en cada caso deberá determinarse si la ley se encuentra en desuso, está obsoleta o ha sido derogada tácitamente por otra ley.
De otro lado, destaco lo dispuesto en el artículo 3 de la iniciativa, en cuanto a las ediciones digitales de acceso gratuito de la Constitución Política y de los códigos de la república, así como de la legislación nacional. Ello aparece como una medida que permitirá el fácil acceso a nuestra legislación, de una forma segura, sencilla y expedita.
Señor Presidente, si estamos legislando para que en el sistema público no haya más papeles, obviamente debemos hacer todos los esfuerzos tendientes a que todas las leyes que generemos en el Congreso Nacional vayan en esa misma línea.
Anuncio mi voto a favor de este proyecto, respecto del cual ciertamente presentaré indicaciones durante la discusión en particular.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Kenneth Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, el Estado de derecho requiere un marco jurídico actualizado, y para eso el trabajo legislativo es fundamental.
¿Dónde está el problema, entonces, en este proceso? Es un proceso que toma tiempo, que involucra a muchos expertos y que luego de promulgada la ley y del paso de algunos años debe revisarse. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando más rápido de lo que queremos, y, en la práctica, normativas que se dictaron para siempre deben ser examinadas.
Hoy este proceso lo hacemos de forma espontánea: a través de mensajes del Ejecutivo o mediante proyectos de ley iniciados por los parlamentarios y que podemos levantar sobre la base de inquietudes personales. Pero ello no está sistematizado. Y está tan poco sistematizado que ni siquiera las indicaciones que nosotros mismos presentamos están contenidas en la página web que controla nuestro trabajo. Esto lo he hecho ver a la Mesa, y por eso me gustaría destacar el punto.
Creo, sinceramente, que el trabajo legislativo que realiza cada Senadora y cada Senador debe ser reflejado íntegramente. Aquellos que han sido capaces de aportar con sus indicaciones al desarrollo de la ley, incluso en la discusión sobre ella, que es parte de su historia, efectúan una valiosa contribución, porque demuestra su compromiso para mejorar la calidad de las leyes.
Hoy tenemos acceso ilimitado e infinito a información. Hablamos de la big data: tenemos muchísima información, pero no accedemos a ella. Hay un científico que se refiere a esto, y lo cito: "Más data y menos guata". ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestras decisiones deben estar basadas en evidencia.
Ese proceso debe ser certificado.
Por eso, en la primera parte de esta iniciativa, cuando se habla de un plan de revisión y posterior adecuación o derogación de las leyes vigentes, considero importante establecer estándares, criterios, métricas; es decir, qué se está midiendo. Y esto debe ser parte del proceso cuando se formule el proyecto de ley pertinente.
Una ley donde existe capacidad para evaluarla en el tiempo nos va a dar la tranquilidad a todos de que podemos ser un país más justo. ¿Por qué? Porque no habría lugar para actuaciones arbitrarias que podrían ocurrir.
Ayer recordábamos cómo leyes ya dictadas no han surtido el efecto pretendido. ¿Y por qué? Porque las estadísticas así lo demuestran. Tenemos leyes para todo. Pero vamos viendo en el tiempo qué va ocurriendo con su aplicación, y no logran los efectos esperados.
Por lo tanto, podemos perfectamente usar la información disponible, la que, bien integrada, va a generar un mejor proceso.
¿Quién nos puede ayudar en esto? Sin lugar a dudas, la Biblioteca del Congreso Nacional, nuestros asesores principales, el servicio más importante del Parlamento.
Pero también aquí tenemos una situación particular: dado que somos un Congreso bicameral, necesitamos la presencia de ambas Cámaras.
En tal sentido, quiero destacar un proyecto de ley que habla del perfeccionamiento de aquella institución (boletín N° 12.895-07), que básicamente busca la creación de un gobierno corporativo para la Biblioteca.
Deseo felicitar esta iniciativa de los Senadores Quintana, De Urresti, Galilea, Girardi y Moreira. ¿Por qué? Porque están poniendo a la altura de las circunstancias una necesidad fundamental. Hoy somos parte de la sociedad del conocimiento. Y ese conocimiento se halla expresado en múltiples informaciones. No tenemos capacidad para leerlo todo. La cantidad de información publicada en los últimos años es más grande que toda la que se ha publicado en la historia de la humanidad.
Por lo tanto, debemos destinar recursos especiales y dotar a su gente no solo de los medios técnicos, sino también de los conocimientos para lograr aquello.
Pero esto requiere dirección estratégica. Necesitamos contar con esa capacidad. ¿Para qué? Para que podamos tener un ente especializado permanente que nos vaya diciendo, como control de calidad, cómo vamos avanzando. No podemos depender del Gobierno de turno para verificar si esto se cumple en el largo plazo. Por eso se precisa de un tercero confiable. Y ese tercero confiable, sin lugar a dudas, es la Biblioteca del Congreso Nacional. Pero, obviamente, esta debe encontrarse en una nueva condición.
Lo segundo que nos propone el proyecto es derogar cien leyes, por poner un número. Pero la verdad es que podrían ser muchas más. Es increíble ver que efectivamente estemos hablando de normativas del siglo XIX, algunas de 1893, que están vigentes hasta el día de hoy.
Aquello, ciertamente, va a permitir simplificar un poco la gran cantidad de leyes existentes.
¿Pero dónde está el fondo del proceso real de modernización? No se trata solo de abandonar el papel, tal como se ha planteado anteriormente: también es poder vincular información y datos.
Señor Presidente, en noviembre discutiremos la iniciativa más importante que este Parlamento tiene que tramitar: el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público. Y nuevamente veremos del orden de 150 a 200 kilos de documentación en papel frente a la testera, información que estará sin vinculación. Por supuesto, podemos poner los pdf respectivos en el iPad. Pero esa información que se halla relacionada no se conecta con nada. No tenemos la capacidad para, por ejemplo, saber cómo estuvieron las ejecuciones presupuestarias de años anteriores; no existe la capacidad para vincularlas entre sí. ¿Por qué? Porque esa información no está sistematizada como datos vinculantes, sino que está puesta ordenadamente en un papel.
La transformación verdadera es la digitalización segura. Y no hablamos de colocar en un computador los datos en formato PDF. El proceso es mucho más complejo: se trata de relacionar información relevante. Y eso es algo que esperamos que ocurra.
Obviamente, tenemos que partir nosotros. No es tarea del Ejecutivo decirnos cómo debemos realizar nuestro trabajo.
Por eso, si bien considero que este proyecto va en la dirección correcta, en el Congreso, y desde el Senado, podemos promover las iniciativas para que esta digitalización segura ocurra de forma adecuada; para que nuestros procesos sean transaccionales, basados en evidencia, y para que podamos recibir incluso sugerencias fundadas en la experiencia de otros países y de otros parlamentos. En tal sentido, quiero citar el caso del parlamento británico y sus petitions: sobre 100 mil solicitudes acerca de alguna materia se empieza a ver la necesidad de legislar al respecto.
¿Y por qué señalo aquello? Porque algunas veces no somos capaces de entender, a la velocidad que se requiere, los acontecimientos de la sociedad.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el Gobierno en cuanto a simplificar los procesos y a hacer que la certeza jurídica sea la que los ilumine. Pero creo que el medio puede ser mucho más profundo.
En lo personal, un gobierno corporativo para nuestra Biblioteca del Congreso Nacional lo considero fundamental, así como también estimo esencial que nuestros procesos sean transaccionales.
Por lo tanto, habría que sacar al Departamento de Informática del ámbito de administración y finanzas y ponerlo en la parte operacional. Porque son quienes nos van a ayudar a construir leyes vinculadas entre sí y de las cuales sabremos sus efectos. Esas dependencias hoy no somos capaces de verlas. Y por eso hay zonas blancas donde quedan espacios. Es más, en las tramitaciones de los proyectos en ocasiones algunos incisos también quedan en el papel.
Debemos mejorar y perfeccionar nuestro proceso interno de producción y debemos tener un sistema permanente, auditable, que permita velar sobre el aspecto más importante que conlleva este proyecto: la calidad de las leyes.
Estimo que la primera parte de esta iniciativa, que habla de un plan de revisión legislativa y posterior adecuación o derogación de las leyes vigentes, es fundamental.
El problema es cómo hacerlo, quién lo debe realizar, cómo se debe garantizar. En tal sentido, creo que nuestra Biblioteca tiene toda la capacidad para poder ayudarnos en el tiempo. Sin embargo, requiere un gobierno corporativo que no solo considere a los Presidentes de ambas Cámaras (así está previsto), sino también a representantes de ambas ramas del Parlamento (dos Diputados y dos Senadores) y a una persona que trabaje en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Sin lugar a dudas, el espíritu acá es modernizar. Pero tenemos que usar las herramientas y la información de que disponemos, porque si no, seguiremos haciendo exactamente lo mismo que hemos venido realizando por doscientos años.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, la Senadora Luz Ebensperger.
La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, seré muy breve, porque considero que en este Hemiciclo ya se ha mencionado casi todo lo que hay que decir sobre este proyecto.
Efectivamente, actuar en la vida del Derecho requiere conocimiento y certeza jurídica para ejercer de manera correcta los derechos y cumplir las obligaciones que todos tenemos.
Si para los propios abogados no siempre es fácil conocer y llegar a toda la legislación existente en nuestro ordenamiento jurídico sobre determinado tema, imagínense ustedes cómo puede ser aquello para el común y corriente de las personas, que precisan de esa certeza jurídica para desenvolverse en la vida, porque cuando se actúa en la vida del Derecho eso siempre trae consecuencias.
Y trae consecuencias aún mayores por cuanto en nuestra legislación, particularmente en el Código Civil, tenemos establecida una presunción de Derecho, es decir, que no admite prueba en contrario, en el sentido de que la ley se presume conocida por todos y, por lo tanto, nadie puede alegar desconocimiento de ella.
A eso apunta este proyecto.
Porque aquí también se ha dicho que ya nuestro propio sistema jurídico consagra la derogación tácita o la derogación expresa de aquellas normas que han caído en desuso.
Hay derogación expresa cuando la nueva ley señala en forma explícita que deroga a la antigua. Y la derogación tácita procede cuando la nueva ley contiene disposiciones que entran en contradicción con las de la ley anterior.
Sin embargo, la derogación tácita no siempre otorga la certeza jurídica que se necesita para actuar en la vida del Derecho. Y así muchas veces hemos conocido grandes debates teóricos, jurídicos y doctrinarios sobre si una norma se halla o no derogada tácitamente.
Por lo tanto, los objetivos que persigue esta iniciativa son correctos: dar mayor certeza jurídica a la actuación en la vida del Derecho; tratar de que cada cuatro años, con el Plan de Revisión Legislativa, se vaya decretando en forma expresa la caducidad de ciertas leyes que ya no operan, lo que aportará a establecer un sistema mucho más expedito y de fácil acceso para todas las personas.
También me parece muy importante el carácter de oficial que el proyecto les otorga a las ediciones de la Constitución, de los códigos y de las leyes de la república puestas a disposición del público por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Considero aquello tremendamente relevante y, además -como ya se ha señalado-, reconoce el gran trabajo que día a día realiza la Biblioteca, no solo para quienes formamos parte del Congreso Nacional, sino también para todos aquellos que puedan utilizar sus servicios.
Señor Presidente, a mi juicio, esta iniciativa cumple plenamente con las finalidades que plantea y que se expresan en su mensaje; cumple con aportar también a la modernización del Estado, a un sistema legislativo más fácil, expedito y de acceso gratuito para todas las personas.
Voy a votar favorablemente este proyecto de ley, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
Senador Moreira, ¿ahora sí?
El señor MOREIRA.- Sí.
El señor QUINTANA (Presidente).- Bien, se abrirá la votación.
El señor COLOMA.- Pero con los mismos tiempos.
El señor QUINTANA (Presidente).- Claro, y los que han hablado en general también pueden fundamentar su voto hasta por cinco minutos.
El señor COLOMA.- ¡Pero con los diez minutos!
El señor QUINTANA (Presidente).- De acuerdo, con los mismos tiempos.
En votación general.
--(Durante la votación).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Rodrigo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, este proyecto de ley de simplificación legislativa me parece de primera importancia.
La vigencia de las normas legales es un tema sumamente delicado. Para todos los que han cursado Derecho se trata de una materia primordial, de harto estudio, y que muchas veces es complejísimo.
Para esto siempre nos hemos basado, en la práctica, en lo que dice el Código Civil, particularmente en los artículos 52 y 53, que me voy a permitir leer, porque yo todavía disfruto de las redacciones de Andrés Bello, y me encantaría que todos los Senadores también tuvieran ese mismo gusto.
El señor COLOMA.- ¡Ese placer!
El señor GALILEA.- ¡El placer!
¿Qué dice el artículo 52? Este señala:
"La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.
"Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.".
El Senador Coloma planteó algunos ejemplos al respecto.
Continúa la norma:
"Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.".
Ya el tema de la conciliación será algo naturalmente discutible, y donde haya cinco abogados habrá diez opiniones respecto de la conciliación de esas normas.
Sigue el artículo: "La derogación de una ley puede ser total o parcial.".
Y el artículo 53 señala: "La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.".
El señor LAGOS.- ¡Un poeta!
El señor GALILEA.- Esas son las redacciones fantásticas de don Andrés Bello, que han guiado la formación y el devenir de nuestras leyes y jurisprudencia a través de toda la historia republicana.
Ahora bien, esta iniciativa tuvo una primera parte en un proyecto sobre productividad que fue ingresado en la Comisión de Economía del Senado. Recuerdo que conversamos al respecto con los Senadores Elizalde, Durana y Harboe y la Senadora Rincón, y señalamos que el tema estaba planteado de una manera un poco simple y que pensábamos que iba a complicar más que a desenredar estos asuntos. Por tanto, el Ejecutivo en ese momento tuvo, creo, el buen juicio de retirar los artículos que se proponían en dicha iniciativa.
El proyecto actual es mucho más completo y aborda este tema, que -como decía- es complejísimo.
Hay cuestiones que caen por su propio peso, como el caso de la ley N° 32, que se encuentra en el listado de cien que se proponen para derogar, que dispone: "Autoriza a la Junta de Alcaldes de Tacna para rebajar o suprimir impuestos". Evidentemente, Tacna no es parte de Chile y, por lo tanto, esa ley no corre.
Lo mismo sucede en el caso de la normativa sobre importación y exportación de alcoholes solo en los puertos de Pisagua, Puerto Montt y Coronel. Es evidente que aquello ya no va a estar vigente.
Pero la verdad de las cosas es que habrá muchísimos casos en que la decisión va a ser superdiscutible.
El Senador Coloma hacía mención a un decreto ley dictado en el brevísimo gobierno de Carlos Dávila. Pero, seguramente, si se hubiera propuesto derogar en 1965 el decreto ley al que él hacía mención, no hubiera existido la mayoría parlamentaria para hacerlo, a pesar de que habían pasado más de treinta años desde su dictación y de que el contexto histórico y los objetivos por los cuales había sido decretado ya no tenían nada que ver con esa fecha.
Aun así, estoy completamente de acuerdo en que no porque sea difícil no debemos hacer el esfuerzo para simplificar nuestro sistema legal.
Escuché con mucha atención lo que señalaban el Senador Montes y después, de alguna manera, el Senador Pugh: el artículo 1 de este proyecto de ley, que es una iniciativa bastante breve, en el fondo, establece que el puntapié inicial en estas revisiones lo tiene el Presidente de la República, cada cuatro años, y que participan como asesores la Cámara de Diputados, el Senado, la Biblioteca del Congreso y la Contraloría.
Sin embargo, es perfectamente posible pensar que esta revisión, que se establece cada cuatro años y que nace del Presidente de la República, no opere así, es decir, que no sea cada cuatro años ni que parta en el Ejecutivo. El Poder Legislativo finalmente somos nosotros, el Congreso Nacional.
Pensar que sea una obligación del Congreso, que gatille cada dos años una revisión con la Biblioteca de las leyes que deban ser derogadas, puede ser una alternativa mucho más razonable y permanente, dado que es la Biblioteca la que finalmente, y de forma continua, deberá estar haciendo una revisión de todos estos cuerpos legales.
Por lo tanto, el artículo 1, que apunta en la dirección correcta, podría ser formulado de otra forma, radicando de manera principal este ordenamiento en el propio Congreso.
Creo que existen las capacidades para ello.
De ahí paso a lo que tiene que ver con la Biblioteca del Congreso.
Dentro de lo que analizó la Comisión, se le preguntó al Director de la Biblioteca si estaba capacitado para hacer lo que este proyecto de ley le pide, que es tener tal rigor para que las leyes que publica, a través de formato electrónico, pasen a ser oficiales, o sea, que esto que normalmente se entendió como parte de la Editorial Jurídica nazca de la Biblioteca del Congreso.
El Director respondió que se sentían perfectamente capacitados para asumir esa función. Y, al consultársele si necesitaban más recursos, señaló que no, que con los que poseían era perfectamente posible hacer ese trabajo.
Por lo tanto, pasa a tener mucha mayor importancia el proyecto de ley al que hacía mención el Senador Pugh, suscrito por el Presidente del Senado, Jaime Quintana, y por los Senadores Girardi, Moreira y quien habla, que viene a modificar la gobernanza de la Biblioteca.
En el fondo, esta entidad tiene que ser gobernada de una manera mucho más permanente.
Se propone cambiar la Comisión de Biblioteca, para que esté compuesta por dos Senadores, dos Diputados, que duren cuatro años en sus funciones; que los Presidentes de cada Cámara estén en forma permanente. La idea es que, en definitiva, haya un cuerpo de gobierno estable que le saque provecho a esta institución que tenemos entre manos y que realmente puede ser de una ayuda impresionante en la calidad y en la capacidad para legislar.
Por lo tanto, si sacamos adelante la iniciativa en análisis, modificándole algunos aspectos en el artículo 1, a lo que también estaría dispuesto, y lo juntamos con el proyecto que está en la Comisión de Constitución del Senado, de nueva gobernanza de la Biblioteca, creo que podremos haber dado un paso importantísimo en un tema que, como vuelvo a decir, es delicadísimo.
Derogar leyes de manera expresa es un trabajo muy muy muy preciso, en el que habrá muchas veces más de dos opiniones, pero debemos ser capaces de abordarlo de manera inteligente para ir simplificando nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho eso, voto a favor de la idea de legislar, esperando hacer las indicaciones correspondientes, según lo he señalado.
He dicho.
)----------(
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, aprovecho primero para pedir que la iniciativa sobre el Estatuto Chileno Antártico, que se encuentra en la Comisión de Zonas Extremas, pase ya a la Comisión de Relaciones Exteriores para su discusión en particular, como lo hemos acordado con el Senador Pugh.
Eso lo pido antes de hacer mi intervención sobre el proyecto de ley en análisis, con cargo a mi tiempo, en todo caso, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, me gustaría pedirle una interrupción al Senador Insulza para hacer un planteamiento en el mismo sentido.
¿Me permite, Senador Insulza?
El señor INSULZA.- Sí, cómo no.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, aprovechando el impulso del Senador Insulza, que está pidiendo que un proyecto de ley pase a otra Comisión, quiero solicitar que la iniciativa correspondiente al boletín N° 10.787-06, que es una moción parlamentaria que busca derogar los artículos 13 y 14 de la ley N° 16.441 (Ley Pascua), a la cual nos referimos el día de ayer, pueda ser enviada, si le parece a la Sala, desde la Comisión de Gobierno a la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, porque se trata de un proyecto que aborda temas vinculados con ciertos delitos relacionados con las mujeres.
El señor QUINTANA (Presidente).- Entiendo que las Senadoras de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género están de acuerdo en que esta iniciativa sea conocida por esa Comisión Especial.
La señora VON BAER.- ¿Cuál proyecto es?
El señor QUINTANA (Presidente).- El que modifica la llamada "Ley Pascua".
La señora MUÑOZ.- ¡Nos dejaron sin proyectos, así que estaría bien...!
La señora RINCÓN.- Se pidió ayer.
El señor QUINTANA (Presidente).- Esto ya se había solicitado ayer.
¿Habría acuerdo para que el proyecto sea conocido por la Comisión Especial de Mujer e Igualdad de Género?
La señora RINCÓN.- ¡Siempre y cuando no lo manden después a la de Constitución...!
El señor LAGOS.- ¡Y entendiendo que irá a la Comisión de Constitución también...!
El señor QUINTANA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado.
--Así se acuerda.
)----------(
El señor QUINTANA (Presidente).- Luego de la interrupción concedida, recupera el uso de la palabra, para fundamentar su voto, el Senador Insulza.
El señor INSULZA.- Muchas gracias, señor Presidente.
En todo caso, cárguela toda a mi tiempo, porque no espero hablar tanto sobre este proyecto.
En realidad, todavía no entiendo -y ojalá que en la discusión en particular se me explique- cuál es la urgencia y la indispensable necesidad de esta iniciativa.
Aquí el Senador Girardi nos instruye todas las veces que puede acerca de la importancia del big data y la capacidad infinita que tenemos para acumular información. Y yo no veo qué mal nos puede hacer que se mantenga o no en los libros la ley que rebaja de 25 a 15 por ciento el derecho ad valorem por la internación de ciertas piezas para la fabricación de pianos. Desde el punto de vista histórico tal vez sería bueno para algún estudiante conocer dicha ley.
Por lo tanto, en primer lugar, no veo razón para este apuro. Creo que es mucho más importante lo que señaló al comienzo de la discusión el Senador Montes en cuanto a los cientos de proyectos que todavía tenemos varados en este Congreso y la necesidad de que a lo mejor dediquemos ese tiempo a ver cómo sacamos las iniciativas que hoy día existen, antes que a deshacernos de algunos esqueletos que quedaron en el clóset, por ahí, y que no le crean problemas a nadie.
Yo no veo cuál es la importancia de lo que plantea el proyecto.
Además, me complica mucho una iniciativa que altera la forma en que legislamos. Porque aquí habrá una comisión que presidirá el Primer Mandatario y en la que va a trabajar el personal técnico de la Biblioteca del Congreso. Finalmente, el Presidente de la República recibirá un informe de parte del equipo correspondiente y mandará un proyecto para que deroguemos alguna ley, y recién entonces el Parlamento tendrá algo que decir. Me podrán manifestar: "Sí, lo va a decir. Pero las leyes vendrán de una en una". No, no vendrán de una en una, sino de a cien, como lo estamos viendo aquí. Y, ciertamente, de pronto se nos puede escapar alguna ley que no queremos que se nos escape, sobre todo cuando se nos señala que tendrán un rango de antigüedad no inferior a veinte años. De hecho, todos los cambios legislativos que hubo durante la transición, señor Presidente, podrían ser derogados de acuerdo con esta norma, y con menos participación de la que debería tener el Congreso, que ya tiene poca.
Por lo tanto, tengo dudas respecto de la forma en que está estructurado este proyecto. Creo que, tanto por la utilidad como por la posibilidad de derogar de manera distinta leyes que todavía pueden tener vigencia e importancia, esto es algo que a mí no me deja satisfecho, y ojalá que sea muy claramente estudiado cuando lo veamos en particular. No quisiéramos encontrarnos con sorpresas, sobre todo cuando se alude a algunas leyes que en la historia del país tuvieron mucha importancia en algún momento y a otras que, en realidad, se pudieron haber derogado mucho tiempo antes; probablemente, habría sido así.
Ahora bien, la razón que me mueve a votar a favor, a pesar de todo, es el rol que se le asigna a la Biblioteca del Congreso, porque creo que, efectivamente, lo merece. En este sentido, no entiendo mucho las razones por las cuales también se plantea, a partir de esto, la necesidad de realizar una serie de cambios en la Biblioteca. Ya he sido suficientemente conservador cuando he preguntado por qué vamos a borrar estas leyes. Déjenme recurrir a una máxima también conservadora: "Si funciona, ¿para qué lo cambias? Si funciona, ¿para qué lo modificas?".
Para hacer esta intervención, le pedí a la Biblioteca del Congreso que me enviara algunas de las normas dictadas al comienzo de la república en materia de contribuciones de bienes raíces. Y me mandaron algunas que datan de 1817 -fue la primera- y cuyo fin era poder pavimentar, arreglar algunas veredas con cargo al pago de los propietarios que vivían alrededor. Si la Biblioteca del Congreso es capaz de hacer eso, si cuando yo le pido un breve informe acerca de la ley que creó la Región de Arica y Parinacota y me hace llegar en veinticinco minutos un documento de 315 páginas, en el que viene absolutamente todo lo que dijo cualquier Senador o Diputado sobre el tema, realmente no sé qué le queremos arreglar a la Biblioteca del Congreso. Y eso también me preocupa, señor Presidente. Yo, por lo menos, me voy a oponer a muchos cambios que puedan alterar eso.
En suma, mi preocupación por la forma en que se alteran los equilibrios entre el Congreso y el Presidente de la República para la dictación de leyes; la poca importancia que le veo a esta ley, y los cambios en la ley respecto del rol de la Biblioteca del Congreso me hacen pensar que la normativa en proyecto debe ser estudiada con mucha calma, pues no es tan simplificadora y puede ser bastante más compleja.
Al mismo tiempo, llamo la atención sobre la necesidad efectiva de preocuparnos de las mil y tantas leyes que tenemos hoy día, que son leyes actuales...
El señor MONTES.- Proyectos de ley.
El señor INSULZA.-... proyectos de ley que tenemos en la actualidad. Y es probable que algunos, a lo mejor, también estén obsoletos y haya que eliminarlos. Y habrá otros que debemos terminar de tramitarlos. Todo ello, en lugar de preocuparnos de esto que -repito- no creo que vaya a entorpecer mucho nuestro proceso legislativo.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para reducir los tiempos, dado que estamos en la discusión en general, pero fundamentando el voto?
El señor MOREIRA.- No, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Hay Senadores que ya intervinieron hace un rato y que se han inscrito ahora para fundamentar el voto.
Por esa razón pido reducir el tiempo a cinco minutos.
El señor MOREIRA.- No, señor Presidente.
Yo también quiero fundamentar mi voto.
El señor QUINTANA (Presidente).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra la Senadora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, creo que quizás se está comprendiendo mal el proyecto, porque este no implica que el Congreso no podrá avanzar en todas las iniciativas pendientes. De hecho, no se trata de una tarea que vaya a recaer fuertemente en el Congreso en su parte más ardua y más difícil. Lo que hace este proyecto es entregarles dicha labor, básicamente, al Ejecutivo y a la Biblioteca del Congreso.
Por lo tanto, no veo motivo para la preocupación que existe respecto a que se lleve a cabo la idea de revocar leyes que ya no están vigentes. No entiendo por qué, como lo plantea el Senador Insulza, esto nos podría distraer del resto del trabajo legislativo que realizamos, porque la verdad es que no es una labor que en su parte más ardua vaya a recaer en nosotros, en el Congreso.
El señor INSULZA.- Yo me referí a la aprobación de la ley en proyecto.
La señora VON BAER.- Está bien, la aprobación del proyecto de ley nos va a recaer a nosotros, pero de una manera que no tiene por qué quitarnos tanto tiempo.
Esta iniciativa hace algo que yo creo que es sumamente necesario. Y, de hecho, lo es no solamente desde la perspectiva de las leyes vigentes. Muchas veces nosotros legislamos y en ocasiones no tenemos a la vista lo que se está legislando en otra Comisión y, finalmente, las cosas no siempre quedan de la mejor manera o con la mayor coherencia posible.
En tal sentido, lo que el proyecto busca es, primero, brindar una mayor certeza jurídica, en la medida en que permite una mayor claridad acerca de las normas jurídicas vigentes y facilita su comprensión por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso es superrelevante. Muchas veces nuestras leyes son poco comprensibles para la ciudadanía. Y, a mi juicio, parte de la democracia, del buen funcionamiento de la democracia, es que la ley sea fácilmente comprensible por parte de la ciudadanía.
Y eso muchas veces es difícil. Cuando una persona busca un proyecto de ley en la Biblioteca, hay oportunidades en que no le sale la última versión, no le sale el consolidado. Por lo tanto, es complejo. Existen casos en que una ley puede ya estar derogada por otra respecto del mismo tema.
En consecuencia, creo que esa certeza jurídica es tremendamente relevante, pero también lo es la comprensión de parte de la ciudadanía.
Por otro lado, el proyecto procura aportar en la correcta administración de la justicia y el resguardo del Estado de derecho. En ese sentido, es fundamental que haya una depuración de las normas toda vez que el desuso de alguna de ellas no implica su derogación. O sea, puede que tengamos el desuso de una norma y que finalmente eso no implique su derogación; por ende, hay una norma que sobrevive y que quizás, incluso, puede ser utilizada de mala manera o para algo que en su momento no se buscó. Por lo tanto, se abre una posibilidad de conflicto entre normas vigentes, y lo que se busca es evitar arbitrariedades.
Señor Presidente, yo he escuchado a algunos colegas decir: "Este es un proyecto superpoco relevante".
No me parece poco relevante.
Creo que cuando nosotros hablamos de la calidad de nuestra democracia esto es en lo que a veces debemos gastar un poco de tiempo para mejorar esa calidad. O sea, cuando decimos que los ciudadanos deben tener un acceso más claro a nuestra legislación vigente, estamos hablando de la calidad de la democracia.
Entonces, la verdad es que no creo que sea un proyecto poco relevante en ese sentido. De hecho, considero que nosotros debiéramos gastar un poco más de tiempo en pensar qué tan bueno es nuestro proceso legislativo y qué tan buena es la evaluación de lo que sucede después de que terminó el proceso mismo.
En ese sentido, espero que esta sea una de las iniciativas que el Ejecutivo impulse en esta materia. Existen otras dentro del programa de Gobierno que creo que también se debieran promover.
Nosotros -me alegra que tengamos una visión un poco distinta- debemos darle una tarea adicional a la Biblioteca del Congreso Nacional.
Con estos cambios quizá estamos perfilando esa tarea adicional. Por ejemplo, me parece que otorgarle el carácter de oficial a las ediciones en formato digital que publica la Biblioteca sobre las leyes, sobre la Constitución le está entregando una tarea distinta que encuentro interesante.
Siempre hemos visto más bien a la Biblioteca del Congreso Nacional como un órgano de asesoría legislativa. Desde mi perspectiva, quizá habría que revisar un poco cómo funciona. En eso coincido absolutamente con lo señalado.
Creo que como Senado, como Congreso en general, más allá de pedirle cada cierto tiempo un informe específico, estamos bastante lejanos a la tarea de la Biblioteca.
Debiéramos repensar un poco la Biblioteca. Y este proyecto quizás nos ayuda a ir analizando qué más podemos pedirle para que sea más útil para el mejor funcionamiento de nuestro Congreso.
Por ejemplo, nosotros tenemos una problemática en torno a los proyectos que estamos tramitando, y no sabemos si en la Cámara existe una iniciativa igual o parecida que quizá se va a activar en otro momento. Esto nos ocurrió hace muy poco con el texto que propone una ley de etiquetados para los productos lácteos.
Había dos propuestas legislativas al mismo tiempo: una que venía de la Cámara, otra que venía del Senado, y terminaron colisionando en una Comisión Mixta, que fue la forma que encontramos para solucionar esa problemática.
Hubiera sido bastante bueno que en su minuto esto se hubiese advertido, que nosotros en el Senado hubiésemos tenido a la vista lo que estaba haciendo la Cámara, para haberlo unido en algún minuto; haber encontrado una fórmula para no concluir en una Comisión Mixta que finalmente termina viendo los dos proyectos completamente de nuevo.
En ese sentido, señor Presidente, creo que la Biblioteca podría también en este punto ser un aporte adicional relevante.
Además, no tenemos en Chile ninguna institución que analice los efectos de la ley, y eso es algo que nos hace mucha falta -quizá el Ejecutivo, a través del Ministro Blumel, nos escucha por ahí-. O sea, una vez que la ley es publicada, una vez que entra en vigencia nadie mide, nadie ve cuáles fueron sus efectos. No se realiza ningún informe al respecto que señale: "Esta era la idea de la ley, esto fue lo que se hizo y este fue el efecto".
Es decir, la ley que nosotros aprobamos ¿tuvo finalmente el efecto que queríamos en el momento en que legislamos? Independiente de si votamos a favor o en contra; no es eso. ¿Logró realmente ese efecto?
Si nosotros tuvimos a la vista, por ejemplo, que iba a generar gasto para el Estado, ¿produjo ese efecto o uno distinto?
Si es que nosotros planteamos que existiría un efecto sobre la economía, ¿lo tuvo o no?
Hoy contamos con la opinión de un Gobierno o de otro respecto de las leyes aprobadas. Pero no existe una opinión de una institución que sea independiente, en la cual todos podamos confiar y que señale: "Tuvo este efecto". Hay otros países que poseen este tipo de institucionalidad, y eso también ayuda a mejorar las normativas.
Esa es nuestra tarea principal: generar y tramitar las leyes.
Por lo tanto, el que nosotros estemos viendo un proyecto que busca mejorar lo que existe hoy en esta materia me parece que es tremendamente relevante. Y espero que otras iniciativas presenten la misma mirada, apunten a la misma meta, porque creo, señor Presidente, que para poder mejorar nuestra democracia no solo debemos escuchar lo que la ciudadanía pide producto de una coyuntura específica, sino también ser capaces de perfeccionar nuestro funcionamiento interno y de tener una mejor dictación de las leyes.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Hemos tenido una dificultad con la red, como Sus Señorías se habrán dado cuenta. Pero nuestro Departamento de Informática ya está superando la contingencia.
Así que agradecemos...
El señor COLOMA.- ¡No vaya a pasar lo mismo con la publicación de las leyes...!
El señor QUINTANA (Presidente).- No, eso no va a afectar el proyecto en discusión, señor Senador.
A continuación, le corresponde hacer uso de la palabra al Senador Moreira. Pero, como ya intervino durante la discusión en general, le corresponde hacerlo hasta por cinco minutos para fundamentar su voto.
El señor MOREIRA.- No, señor Presidente, no son cinco minutos.
El señor QUINTANA (Presidente).- En el caso suyo es así, señor Senador.
El señor BIANCHI.- Ya lo escuchamos, Presidente.
El señor ELIZALDE.- Ya habló, pues.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, si hay algo que resulta importante es debatir.
Todos hablan en este Hemiciclo de la necesidad de debatir en forma transparente, aunque quizás este proyecto de ley no tenga el interés de los medios de comunicación. Sin embargo, estamos hablando de un órgano tan fundamental como es la Biblioteca del Congreso Nacional y las funciones que ha de cumplir de acuerdo a esta iniciativa que busca promover la simplificación legislativa.
Yo sé que el Senador Insulza -por su intermedio, señor Presidente- ha hecho presentes sus aprensiones, pero creo que estamos desviándonos del objetivo de este proyecto en la discusión, en su idea matriz.
A mí me parece que es un proyecto interesante.
¡A ver, no es la panacea! Pero, de alguna manera, es un paso importante en la materia tratada.
Por mi parte, quiero utilizar como argumento, para fundamentar mi voto a favor, la importancia de la labor de nuestra Biblioteca.
Nuestra Biblioteca de verdad ¡es un lujo! Y este Parlamento y nosotros mismos no hemos tenido la capacidad de sacarle mayor partido.
Dicho eso, quiero agradecer el trabajo de las tres asociaciones de los funcionarios de la Biblioteca.
Señor Presidente, yo sé que en algunas ocasiones no lo tratan muy bien a usted, porque debe dirigir las sesiones muchas veces con energía. La labor del Presidente del Senado es difícil: ordenar, llegar a consenso. Pero yo quiero retrotraer la discusión a un proyecto de ley que usted lideró.
En efecto, el Presidente del Senado invitó al Senador De Urresti, al Senador Galilea, al Senador Girardi y a quien habla a presentar un proyecto de ley precisamente para hacer de la Biblioteca un órgano importante o más importante de lo que es.
Hablando de los gobiernos corporativos, tenemos a la Comisión de Biblioteca, que es un órgano directivo constituido por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Director de la Biblioteca, quien actúa como secretario. No obstante, carece de una composición que permita resolver los problemas que se enfrentan, por lo que se ha vuelto necesario hacer un cambio en el tema de los gobiernos corporativos.
A modo de ejemplo, las buenas prácticas de la OECD en este ámbito, recogidas en un documento titulado "Directrices de la OECDsobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas", destacan ciertos requisitos que los gobiernos corporativos debieran cumplir con el fin de llevar a cabo su papel de manera plena.
Y el proyecto de ley propuesto habla de la Comisión de Biblioteca, señalándose que estará compuesta por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, quienes la integrarán por derecho propio; por Diputados y Senadores de las respectivas Comisiones de Régimen de cada Corporación, en fin.
Esta composición permitirá un mayor trabajo. La idea es que la Comisión se constituya en un elemento que no solamente esté a disposición de las mesas de turno. Porque las mesas están uno o dos años y finalmente no hay una labor que pueda ser permanente.
Este proyecto de gobierno corporativo contó con el concurso de las asociaciones. En ese sentido, señor Presidente, quiero valorar absolutamente su preocupación y el trabajo que realizó con ellas. Nosotros lo acompañamos porque entendimos que una Biblioteca del Congreso Nacional que esté a la vanguardia, integrada por un grupo de profesionales que se encuentren a disposición de los parlamentarios, de una u otra manera, nos ayuda a ejercer en mejor forma nuestra función legislativa.
Señor Presidente, termino mi intervención pidiéndole formalmente que, luego de aprobarse en general este proyecto de ley sobre simplificación legislativa, procure acelerar la discusión de la interesante iniciativa que he señalado, de manera que se coloque en tabla en la Comisión respectiva, para que pueda despacharse.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Álvaro Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, yo tan solo quisiera recordar que no es necesario que este proyecto de ley se apruebe para que el Presidente de la República pueda hacer lo que aquí se señala. Hay, sí, ciertas diferencias con lo que hoy día existe sin haber legislado sobre la materia.
El Primer Mandatario tendrá que presentar un Plan de Revisión Legislativa, y lo va a elaborar con la colaboración y el apoyo de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado, así como con el aporte técnico de la Biblioteca del Congreso Nacional. Además, realizará las consultas pertinentes y acogerá las sugerencias de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República.
Asimismo, se plantea que tiene que haber un período de consulta pública y participación ciudadana en los plazos y en la forma que defina el propio Plan.
Pero si el Presidente de la República considera que hay leyes que deben ser expresamente derogadas por desuso, por obsolescencia o por estar tácitamente derogadas en virtud de normativas posteriores, puede presentar un proyecto de ley. Porque, de hecho, a través de este mecanismo lo que va a hacer el Presidente será presentar un proyecto que de todas maneras tendrá que ser considerado por el Congreso Nacional. Tanto es así que, conforme al artículo 2 de esta iniciativa, se derogan cien leyes. Así lo determina esa norma.
Es decir, en el artículo 1 se establece el mecanismo y en el artículo 2 se indica cuáles son las cien leyes que debieran ser derogadas por estar en cualquiera de las hipótesis antes mencionadas: desuso, obsolescencia o haber sido tácitamente derogadas.
Yo voy a votar a favor de la idea de legislar porque me parece que se puede establecer un mecanismo en esta materia, pero creo que quien debiera hacer este trabajo es el Congreso Nacional, cada dos años. A través del apoyo técnico de las Secretarías Generales de ambas Cámaras y de la Biblioteca, se podría hacer un catastro de leyes que, por desuso, obsolescencia o estar tácitamente derogadas, debieran ser expresamente derogadas.
Pienso que la forma en la cual se plantea el proyecto no hace más que reforzar el presidencialismo que existe en nuestra legislación, en circunstancias de que hoy -reitero- el Gobierno puede hacer aquello. Tiene la posibilidad de presentar cuantas veces quiera un proyecto para derogar expresamente leyes que considera que están en desuso, son obsoletas o han sido tácitamente derogadas.
Por tanto, me preocupa que se insista en la lógica cultural que se ha instalado en virtud de la Constitución del 80, a saber, que la legislación que realmente importa es la que tiene iniciativa del Ejecutivo, la que surge a través de un mensaje presidencial, desmereciendo el rol que le corresponde al Congreso Nacional.
En mi opinión, este trabajo perfectamente lo puede hacer el Parlamento: determinar cuáles normativas debieran ser derogadas en forma expresa. ¿Para qué? Obviamente, para evitar esta maraña de leyes vigentes que a veces dificulta la interpretación y hace que leyes que no tienen ningún sentido estén formalmente vigentes.
Dicho lo anterior, quiero insistir en que finalmente tendrá que ser el Congreso el que evalúe si aprueba o no este proyecto de derogación presentado por el Presidente de la República. Y en esto quiero ser bien enfático, porque la evaluación de si se cumple con las hipótesis aquí señaladas le corresponde al Parlamento. Hay leyes que, habiendo estado en desuso, legítimamente podría considerarse que debieran permanecer vigentes. Por consiguiente, esto no puede significar restarle al Congreso Nacional una atribución exclusiva que le corresponde y que le da sentido a este Poder del Estado, cual es pronunciarse respecto de la derogación de las leyes, entre otras materias.
En definitiva, para aprobar una ley o para derogarla se requiere el acuerdo de la mayoría de los integrantes de ambas Corporaciones. Es decir, una iniciativa derogatoria necesita ser aprobada por el propio Congreso Nacional.
Así que insisto, señor Presidente: creo que este proyecto no hace más que establecer un mecanismo y un plazo de cuatro años. De hecho, la norma transitoria establece que en junio del año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley tendrá que presentarse el primer proyecto de derogación "masiva", por llamarlo de alguna manera.
Pero esto es algo que el Presidente de la República puede hacer hoy día, que no requiere ninguna de las normas aquí establecidas. Repito: el Poder Ejecutivo lo puede hacer. Y, es más, el propio Congreso Nacional lo puede hacer. Tanto es así -reitero- que cien leyes que se proponen en el artículo 2 de este proyecto van a ser derogadas, si se aprueba.
Señor Presidente, voy a votar a favor, pero estimo que debiera reflexionarse respecto de la importancia que tiene el propio Congreso Nacional como un Poder independiente y del rol que le corresponde en realizar una sistematización de estas materias para determinar aquellas leyes que eventualmente debieran ser derogadas en forma expresa simplemente porque están en desuso, son obsoletas o han sido tácitamente derogadas por leyes posteriores.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Elizalde.
Precisamente, por lo que usted ha señalado es que hay también un proyecto de iniciativa de varios señores Senadores que busca fijar un gobierno corporativo distinto para la Biblioteca.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Durana, para fundamentar su voto, hasta por cinco minutos.
El señor DURANA.- Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto favorable a este proyecto considerando la modernización del Estado en la cual se enmarca, basado en una serie de recomendaciones de organismos internacionales. En ese sentido, esta iniciativa va a permitir mirar la integridad del ordenamiento jurídico de forma más pulcra.
El proyecto busca contribuir a la certeza jurídica y, por otro lado, potenciar el rol de la Biblioteca del Congreso Nacional como organismo técnico.
Es importante destacar que el Congreso cuenta con más de 336 mil normas de diversa jerarquía a texto completo y con más de 70 mil visitas diarias.
Por lo tanto, el potencial de la Biblioteca del Congreso Nacional merece una principal importancia dentro de lo que significa apoyar este proyecto como un proceso de consulta e información sobre la base de las necesidades de la comunidad en cuanto a estar permanentemente informada.
Por último, es relevante considerar que hay un derecho derivado del derecho a la información: el derecho a la información legislativa.
En ese sentido, es importante tener en cuenta que el acceso a dicha información debe ser expedito y, además, facilitar la posibilidad de acceder a una información veraz.
Sin embargo, hoy conviven en el sistema muchas normas vigentes que se encuentran derogadas tácitamente, obsoletas o caducas; textos originales, consolidados o actualizados, y textos refundidos. Todas ellas inducen a error a los usuarios y, por consiguiente, generan un perjuicio a la ciudadanía.
Pensamos que este proyecto de ley permitirá que el acceso a la información pública sea considerado sobre la base de poder definir qué está vigente actualmente y qué es historia.
De esa manera, la comunidad podrá convivir con un ordenamiento jurídico más estable, más seguro, sostenido en el tiempo y, obviamente, más transparente para todos los ciudadanos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, muy brevemente quiero hacerme cargo de algunos temas que se plantearon, a raíz de los cuales se votaba a favor, pero, de alguna manera, se generaba una duda respecto de la institucionalidad que este proyecto supone.
Y como -insisto- esta es una materia que podríamos calificar como fome pero importante, quiero marcar la relevancia del hecho de que los parlamentos sean capaces de poner puntos de inflexión.
Pienso que este proyecto es un punto de inflexión, es una fórmula de decir "vamos a hacer las cosas de una mejor manera". Ello no significa que las cosas se hayan hecho de mala manera. ¡No! Pero sí se pueden hacer mejor.
Yo ponía el ejemplo de algunos países que modifican sus legislaciones proponiendo derogaciones en conjunto con nuevas leyes, proceso que me parece interesante para generar certeza jurídica.
Algunos Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra señalaron que este tipo de iniciativas son una pérdida de tiempo.
Y yo di el ejemplo de leyes que fueron dictadas durante gobiernos de muy breve duración, cuyas aplicaciones, que todo el mundo sabía que eran inviables, fueron utilizadas de una manera a mi juicio indebida.
Sabemos que la creatividad es muy grande en el ámbito jurídico.
A mí me tocó ver procesos en los que se estaban aplicando leyes y, de repente, surgían algunos argumentando: "No, es que tal norma no ha sido derogada expresamente". Y como lo tácito -lo definió bien el Senador Galilea- es un concepto que desde la época de Andrés Bello resulta bastante complejo de definir, al final terminamos en un entramado que ayuda poco.
Entonces, soy partidario de cambiar procedimientos.
Además, comparto los planteamientos que han hecho otros Senadores en el sentido de que este proceso no debería acabar aquí.
Valoro lo que ha hecho el Presidente Piñera. Entiendo que el Ministro, aquí presente, fue parte importante de esa discusión en términos de generar un punto de inflexión y decir: "Seamos rigurosos, generemos certeza jurídica y tengamos capacidad de derogar".
También nosotros, en el Parlamento -y lo hablaba con algunos colegas-, tenemos que cambiar modos. No podemos tratar de la misma manera proyectos de ley sustantivos e iniciativas que solo se limitan, por ejemplo, a cambiar el nombre de un lugar físico, porque no son lo mismo.
En otros países existen Comisiones especiales que distinguen entre aquellas iniciativas que son más procesales o de trámite, que obviamente requieren aprobación pero no debate, y otras que sí lo merecen, incluso con mayores tiempos.
Quiero recordarles que en los años noventa los primeros discursos en este Parlamento duraban el doble. Si uno lo mira ahora, ¡claro!, era otra época.
Pero hay que atreverse a innovar, y creo que esta iniciativa es un paso significativo que, espero, sea continuo.
En ese sentido, la Mesa de cada Cámara tiene que recoger el guante en cuanto a tomar medidas que hagan más eficiente y útil el trabajo legislativo, buscando certeza jurídica -siempre debemos procurarla- y simplicidad, que es un valor que se ha ido perdiendo.
No he querido hacer referencia a este tema en las discusiones generales o primarias, pero he estado revisando formas de operar o de redactar que son ininteligibles para cualquier ciudadano que pretenda entender bien cómo funcionan las cosas.
Por ejemplo, algunos artículos hacen referencias de este tipo: "Incorpórese en la letra d) del artículo 2°, a continuación de la expresión `ruido,', la frase `luminosidad'"; en la letra d) del artículo 11, la expresión "y glaciares", por "áreas de valor". Y luego dice "el artículo 4° de la ley N° 21.105".
¡Todo eso simultáneamente!
Entonces, creo que existe un sistema respecto del cual nosotros tenemos que reflexionar.
Por eso quiero sugerirle al Secretario General de nuestra Corporación que nos ayude para que los Secretarios de Comisiones, los asesores, que tienen muchas condiciones, también muestren más proactividad en términos de generar normas más simples.
Entiendo que hay un respeto mal entendido en el sentido de lo que podrían decir los parlamentarios, pero a veces echo de menos una asesoría, que es interesante e importante, para elaborar cuerpos legales que sean más fáciles de entender.
Y creo que esta iniciativa ayuda a ello: a hacer más inteligible el proceso legislativo.
Por eso, voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, he escuchado con atención el debate que ha generado este proyecto de simplificación tributaria...
Perdón, de simplificación legislativa.
¡El de tributaria es otro...!
El señor GARCÍA.- ¡Ese es de modernización...!
El señor PÉREZ VARELA.- Así es. ¡Y no de simplificación...!
El Senador Insulza decía que este es un proyecto que no tiene ninguna importancia o cuya importancia es relativa. Por su parte, el Senador Elizalde manifestaba que el Presidente de la República podía hacer esto sin necesidad de presentar este proyecto de ley.
Sin embargo, no podemos negar que en nuestro ordenamiento legal, en nuestros Códigos y en nuestro sistema legislativo existen una serie de leyes que se encuentran en desuso, una serie de normas que claramente están obsoletas y otras tácitamente derogadas.
Esa es una realidad.
No hemos avanzado en la resolución de un problema que, en vez de simplificar, no solo hace más engorrosa la discusión legislativa, sino que también, en muchas ocasiones, distorsiona el uso argumental de las disposiciones en juicios, en procedimientos arbitrales o en contiendas judiciales que se desarrollan de Arica a Magallanes.
Por eso, me parece muy importante, como esto no se hace a pesar de que es posible hacerlo, establecer un procedimiento, un mecanismo para su ejecución, así como también fijar plazos, designar responsables, requerir la participación técnica de las Secretarías Generales de la Cámara de Diputados y del Senado y considerar las sugerencias de la Corte Suprema y de la Contraloría General de la República.
En definitiva, ese procedimiento terminará cuando el Presidente de la República remita un proyecto de ley al Congreso Nacional y, en esa instancia, el debate que se realice en la Cámara de Diputados y en el Senado determine si las leyes que nos envía el Primer Mandatario cumplen con algunos de los siguientes requisitos: estar en desuso, estar obsoletas o encontrarse tácitamente derogadas.
Me parece que el procedimiento que establece el proyecto es absolutamente necesario e indispensable. Porque no se ha hecho. Si no existe ninguna dificultad, ningún obstáculo para hacerlo y nadie lo hace, estamos ante un llamado de alerta para establecer a través de la ley ese procedimiento, esa obligación. E, indudablemente, esto no es ajeno al debate legislativo.
El Presidente de la República nos remite en el proyecto de ley cien normas legales que, según su criterio, debiéramos derogar. Eso nos exige, en el debate parlamentario, un análisis extraordinariamente riguroso para evitar dificultades y problemas sobre ciertas materias, pues podríamos estar derogando leyes que regulan ámbitos que a algún ciudadano le interesan, que tienen injerencia sobre su vida o sus bienes, o que alguna institución las requiere.
Eso va a ser parte del debate.
Ahora bien, es innegable que la atribución que hoy día tiene el Presidente de la República, que utiliza en esta iniciativa, de remitirnos cien leyes va a ser sustancialmente mejorada con el procedimiento futuro dispuesto en este cuerpo legal. Porque no cabe duda de que el Presidente de la República, con la ayuda de las Secretarías Generales de la Cámara y del Senado, de la Contraloría General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, podrá hacer un análisis riguroso de cada una de las normas propuestas.
Por lo tanto, cuando llegue ese proyecto de ley al Senado o a la Cámara de Diputados, todos nosotros, o los que estén en ese momento, sabremos que ha sido fruto de un estudio amplio, transversal, realizado por distintas instituciones.
Hoy día lo que nos llega es un análisis hecho solo por el Gobierno, por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y, por lo tanto, no cabe duda de que cualquiera, particularmente aquellos que están en la Oposición, puede tener un grado de suspicacia a propósito de las normas que se desea derogar.
Por el contrario, lo que el Presidente de la República propone aquí es un procedimiento muy amplio, muy transversal, muy técnico, muy jurídico, que permitirá, a distintos estamentos del Estado, analizar con profundidad el tema.
Además, este proceso contará con la participación de la Biblioteca del Congreso Nacional, elemento que me gustaría relevar profundamente en esta discusión, pues dicha institución pasa a tener una relevancia, una profundidad, una importancia que, a lo mejor, ni nosotros mismos le hemos dado, y que jugará ese rol en una tarea tan fundamental como es la simplificación legislativa.
Me parece que el Gobierno asume una tarea que tal vez no tendrá la espectacularidad ni las luces de otros temas que se debaten en el Congreso Nacional y en la sociedad, pero sí ayudará a contar con una institucionalidad y con normas legales que la ciudadanía podrá entender con una mejor comprensión, sin tener que recurrir, para resolver determinado problema, para conocer ciertos derechos que le asistan en cierto ámbito o para saber el camino específico que debe tomar en algunas situaciones, a la revisión de legislaciones que están claramente en desuso, obsoletas o tácitamente derogadas.
No hay duda de que en cualquier situación de carácter judicial nos podemos ver enfrentados a una norma legal que fue dictada en 1920, hace más de un siglo, sin que nadie en el Estado haya analizado o estudiado con rigurosidad si ella carece de razón de existir en nuestro ordenamiento jurídico.
Por eso, señor Presidente, yo considero no solo pertinente y necesario este proyecto de ley. Puede que comparta con algunos Senadores que no es una iniciativa que le vaya a dar espectacularidad a nada, pero sí entregará seriedad, sistematicidad a nuestras normas legales, y posibilitará el conocimiento que la ciudadanía debe tener respecto de cada una de ellas.
Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley.
Creo que la discusión en particular va a estar centrada en el análisis de las cien leyes que hoy día el Presidente de la República nos propone en el articulado. Y el primer trabajo que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia le ha solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional será de una ayuda técnica muy importante y muy significativa.
Por esas razones, señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Guido Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, estamos en un proceso que, aparentemente, intenta modernizar nuestras instituciones y derogar normas e instrumentos totalmente obsoletos, que son centenarios.
Sin embargo, creo que el desafío es todavía mucho mayor. Y lo podría exponer de la siguiente manera.
Tal vez los Congresos van a quedar rápidamente obsoletos y anacrónicos, por lo menos en su forma de actuar. Las leyes, si no tenemos cuidado, serán cada vez más irrelevantes. Muchos ya piensan -yo no comparto esa opinión- que la palabra escrita va a ser reemplazada por una era digital. La palabra escrita tiene que ver con ciertas convicciones que son permanentes. Y algunos dicen que el mundo digital se va renovando, reactualizando permanentemente, y que a futuro ya no van a existir leyes en la forma como las hemos conocido.
De hecho, tan así es que la tecnología -así expresan ellos- supera por lejos a las leyes, y que a futuro estas irán quedando atrás porque el avance tecnológico está haciendo que devengan muy rápidamente en instrumentos irrelevantes.
Tenemos ejemplos al respecto.
Yo fui Presidente de la Comisión que analizó la Ley sobre Televisión Digital. Y este caso es muy interesante: terminamos de aprobar ese cuerpo legal y ya estaba obsoleto. Les pusimos a los medios de comunicación, para la alta definición y el soporte digital, una camisa de fuerza. Incluso, deben hacer inversiones que están totalmente obsoletas.
Por eso, creo que deberíamos derogar esa legislación rápidamente, porque ese mundo ya se terminó.
Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, llega a Chile Uber, que es una plataforma tecnológica. ¿Qué hace Uber? Es una aplicación que no necesita Estado, que no necesita leyes, que no necesita Parlamento. Funciona en otra escala, en otra capa, que es la de una nueva economía, basada en la reputación, en las conductas de los seres humanos. Hay otros parámetros.
De ahí que algunos científicos y científicas, en el mundo entero, están planteando el reemplazo de los parlamentos por máquinas, por robots. Y, en ciertos aspectos, a mi juicio tienen algo de razón.
De hecho, se hizo un estudio en la Corte Suprema israelita, que fue publicado en una revista científica, en el cual se demuestra que sus ministros dictan fallos distintos en función de si han tomado o no desayuno. Cuando no desayunan, sus dictámenes son mucho más duros que cuando lo han hecho. Es un estudio muy serio, muy real, y fue publicado en Nature.
Entonces, muchos dicen: "Bueno, mejor pongamos algoritmos, pongamos robots. Porque cuando los robots dicten fallos lo harán indistintamente de si han tomado desayuno o no, de si ese día estuvieron contentos o no, de si están con depresión o no". Y lo mismo dicen acerca de los parlamentarios.
De hecho, César Hidalgo, científico chileno del MIT, famosísimo, prestigiadísimo, planteó tiempo atrás que los parlamentarios -los Senadores y los Diputados- debiéramos ser reemplazados por robots.
Por tanto, no se trata de un tema baladí, porque esa es una propuesta de las instituciones más importantes del mundo.
A lo mejor este Senado no se ha enterado, pero Silicon Valley, que es como La Meca del posneoliberalismo y de la nueva tecnosociedad, y la Singularity University -que están a punto de hacer un encuentro en Chile-, sostienen que los seres humanos en general estamos obsoletos, que somos anacrónicos y que ya llegó el tiempo de traspasarle todo el poder de decisión a las máquinas.
Y lo de César Hidalgo no hace más que inscribirse en una lógica global de cierta visión del mundo mediante la cual se dice: "¿Saben qué? Las máquinas van a tomar mucho mejores decisiones que los seres humanos".
Yo no comparto esa teoría, pero es algo que viene a pasos aceleradísimos. De hecho, cada vez más nuestras decisiones, por ejemplo desde el Waze, que nos indica cómo salir de la casa, cómo manejar, cómo aterrizan los aviones, están totalmente traspasadas a sistemas de inteligencia artificial.
Tal vez llegará el día en que los seres humanos nos iremos simplificando y la inteligencia artificial nos gobernará.
Creo que eso es muy importante, porque les pone un desafío a los parlamentos para adaptarse al nuevo mundo.
Tengo la convicción de que el mayor síntoma o signo de este tiempo es el aceleramiento, la rapidez de los procesos, el avance de la tecnología. De hecho, la inteligencia artificial es cien veces más potente de un año a otro; en cambio, se ha demostrado que la inteligencia de los seres humanos, según los últimos estudios, en vez de ser más potente, va disminuyendo. Ese dato es muy relevante.
La brecha contra la inteligencia artificial va a ser inalcanzable.
Por lo mismo, ya se abrió una discusión sobre temas éticos en este ámbito.
Ello les impone a los parlamentos del mundo la necesidad de ver cómo se adecuan, cómo reflexionan acerca de tales procesos. El gran tema del siglo XXI es el aceleramiento y, por tanto, la disrupción. Eso significa que varias instituciones van a desaparecer.
No sé si notaron cómo desapareció silenciosamente la agencia gigantesca de aviones Thomas Cook. También le ocurrió a Blockbuster, a Kodak. A nuestro Congreso, si no presta atención, un día le puede pasar lo que a Kodak: desaparecer silenciosamente por irrelevante.
Entonces, debemos ver cómo se obtiene la relevancia; cómo se establece una manera inteligente, rápida, reflexiva de entender nuestra tarea.
A mi juicio, producto de las redes sociales, de la cultura Twitter, de los matinales, que son arreflexivos, tenemos una sociedad que niega la reflexión. Cuando de esta hay mayor necesidad, se quiere espontaneidad, inmediatez, rapidez; o sea, que funcione el tronco medular pero no el cerebro, que el actuar sea solo reactivo. Se valora la reacción, lo que encuentro muy delicado, cuando se necesita más que nunca la reflexión.
El chasis institucional de las iglesias, de los Estados, de todas las instituciones verticales está en crisis. Ya ninguna tiene credibilidad. Creo que la carrera de la obsolescencia es del conjunto de nuestra sociedad.
Por lo tanto, los congresos tienen, justamente, la responsabilidad de reflexionar y de adecuar las instituciones que están obsoletas, que son verticales, anacrónicas y se han vuelto irrelevantes a los desafíos del siglo XXI.
Por eso me parece interesante tal reflexión, que no podemos hacer solos.
La Comisión de Desafíos del Futuro tomó una decisión hace mucho tiempo de intentar dar una respuesta a ello, con el aporte del mundo científico. Esta debe ser la primera Comisión en el mundo que une ciencia con política de forma permanente, donde hay intercambio de opiniones y capacidad de decisión colectiva.
Además, nosotros contamos con la Biblioteca del Congreso Nacional.
Yo pienso que dicha institución debe ampliar su sello: tiene que ser un centro de pensamiento estratégico, un vigía del siglo XXI que esté atento a todas las transformaciones, los cambios e innovaciones que están ocurriendo en el mundo entero. Debiera mirar los procesos legislativos que se están generando desde Estonia hasta Japón, China, Corea del Sur, procesos innovadores que intentan dar respuesta precisamente a esos cambios, que van a causar una metamorfosis a una velocidad inaudita.
¿Para qué? Para autodisruptarnos y no para que nos disrupten y, finalmente, seamos reemplazados por máquinas o algún día por Google.
Dicha plataforma ya está reemplazando a muchas instituciones sociales. Sus aplicaciones ya son megaestados que existen en el planeta.
Tal vez debiéramos empezar a hacer tales reflexiones.
Europa ya no es parte de la geopolítica del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no tiene plataformas como Google o Amazon, pues les entregó los datos a los americanos. Si Europa quiere volver a tener pertinencia -por primera vez en dos mil años está fuera de la geopolítica-, a lo mejor le va a tener que pedir -así se ha planteado- a Google que entre a la OTAN para que la defienda, ya que -reitero- no cuenta con aplicaciones de datos.
Los chinos entendieron ese punto muy bien. Ellos tienen sus propias plataformas: Alibaba es lo mismo que Amazon; Baidu es lo mismo que Google; WeChat es lo mismo que WhatsApp. ¡Ellos lo entendieron muy bien!
Por lo tanto, comprenden que la lucha por el siglo XXI, por la geopolítica, por el control de los datos, por la inteligencia artificial implica justamente la gobernanza y el control del ciberespacio.
Pero nosotros estamos a años luz de eso. ¿Cómo hacemos para no estarlo?
Con la Comisión de Desafíos del Futuro le hicimos entrega al Presidente de la República de una propuesta para desarrollar inteligencia artificial. Convocamos a los más importantes científicos y científicas en dicha área.
A mi juicio, la propuesta de incorporar a la Biblioteca del Congreso en esta iniciativa no es menor, pero creo que hay que darle también un rol en el ámbito de la ciencia, como lo hace la POST, la oficina científica de apoyo al Parlamento inglés.
Nosotros construimos un convenio con dicho centro, que les provee a los científicos y parlamentarios visiones independientes respecto a los escenarios que la ciencia plantea para cada uno de los proyectos.
Pero en nosotros hay negacionismo, lo que puede ser parte de nuestro analfabetismo por la poca comprensión de los temas futuros, o a lo mejor es un negacionismo ideológico, que implica no creer en la ciencia, no creer en la evidencia científica.
Por lo menos, debiéramos aventurarnos a que la Biblioteca nos proporcione justamente aquello.
Considero que la Biblioteca, que ha sido muy relevante y que valoro, porque tiene un potencial, una capacidad y una competencia excepcionales, fue muy importante en la propuesta de la Comisión de Desafíos del Futuro en materia de política espacial y satelital y en el último planteamiento que le hicimos al Presidente de la República respecto a inteligencia artificial.
Me parece fundamental que el camino del Congreso sea darle más relevancia al pensamiento, a la reflexión, a la dimensión intelectual, a la evidencia científica.
Apoyo este proyecto -y lo firmé-, no solo porque genera un gobierno corporativo que no depende de las ganas de un Presidente o una Presidenta del Senado o de la Cámara de Diputados, de carácter transitorio, sino porque impulsa una política permanente, de largo aliento, que permitirá a este Congreso reflexionar.
Si no lo hacemos, les puedo asegurar que en unos cuantos años más vamos a ser totalmente irrelevantes, y al final César Hidalgo tendrá razón: mejor que haya robots, inteligencia artificial, en vez de Senadores y Diputados.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador David Sandoval.
El señor SANDOVAL.- No intervendré.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Está inscrito el Senador Iván Moreira.
Senador, usted ya ha hablado en dos oportunidades.
El señor MOREIRA.- Sí. Permítame plantear un punto reglamentario, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Senador.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quiero decirle que soy siempre respetuoso del Reglamento, porque creo que ordena el debate.
Por eso no voy a hacer uso de la palabra. Intervine durante el debate y ya fundamenté mi voto.
Le agradezco que me haya querido dar la palabra, pero no corresponde reglamentariamente. La igualdad y los equilibrios en el Senado deben ser permanentes, de acuerdo a nuestro Reglamento.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Gracias, Senador Moreira, por su aclaración.
No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor, 1 en contra, 2 abstenciones y 2 pareos) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 21 de octubre, a las 12 horas.
Votaronpor la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Sandoval y Soria.
Votó por la negativa la señora Provoste.
Se abstuvieron la señora Muñoz y el señor Letelier.
No votaron, por estar pareados, los señores Guillier y Quinteros.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor BLUMEL (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor Presidente, primero, quiero agradecer la votación.
Este es un proyecto simple, pero creo que es importante por varios de los comentarios que se dijeron.
Contar con un sistema de normas, con un sistema legal que sea claro, conocido y que tienda a la simpleza favorece al buen funcionamiento de las instituciones y del Estado de derecho.
Hay un principio jurídico que señala que las leyes se presumen conocidas. Por eso es deber de las administraciones, del legislador y del Ejecutivo, como colegislador, facilitar el cumplimiento de las normas y su conocimiento y preocuparse por la calidad de estas.
Señor Presidente, se trata de una iniciativa pequeña, simple, pero que tiene un sentido muy profundo -esto es parte de lo que se mencionó en el debate-: avanzar en un pilar fundamental de la Agenda de Modernización del Estado, que presentó el Presidente Sebastián Piñera hace poco más de un mes, que consta de seis ejes. Uno de los principales es mejorar la calidad de nuestras leyes y nuestras políticas públicas.
Y este proyecto apunta precisamente en esa dirección.
Hay un hecho indesmentible: hoy día el entramado normativo, el entramado legal es cada vez más complejo, cada vez más denso, cada vez más frondoso, lo que dificulta el buen funcionamiento de las instituciones y la correcta interpretación de las normas.
De hecho, según el texto Leyes de la República de Chile 1810-2010, que es un informe realizado por la Contraloría General de la República y el Diario Oficial, en nuestro país existen más de cuarenta mil leyes o normas de rango legal. ¡Más de cuarenta mil!
Tenemos la costumbre, la cultura, quizá, por nuestra tradición hispánica, de resolver todos los temas a través de leyes, pero nunca nos preocupamos de mirar hacia atrás y revisar si las normas o leyes están obsoletas, son necesarias o deben ser perfeccionadas.
Por eso, señor Presidente, este proyecto, que establece un conjunto de medidas y cambios para revisar la vigencia de las leyes, apunta en una dirección clave para la Agenda de Modernización del Estado, que es tener mejores leyes y mejores políticas públicas.
Esta iniciativa, en segundo trámite constitucional, que fue aprobada en la Cámara de Diputados por amplia mayoría, dispone tres cosas bien precisas.
La primera es la elaboración de un Plan de Revisión Legislativa, que contará con la participación conjunta de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y considerará las sugerencias de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. Esto es muy importante, porque se genera una instancia de colaboración entre los Poderes del Estado para mejorar la calidad de nuestras leyes.
Por esa razón se establece un Plan de Revisión Legislativa.
Es cierto, como dijeron varios Senadores y Senadoras, que eso mismo se puede hacer sin dictar una ley. Es verdad. Pero hay un hecho irrefutable: nunca se ha realizado. Si no existe un mandato, las cosas urgentes se comen a las cosas importantes, y este tipo de iniciativas relevantes pasan a segundo plano. Por eso estamos impulsando con urgencia este proyecto.
Obviamente, hay otras mil cosas tanto o más importantes por abordar. Pero nos parece relevante y significativo que en la cultura legislativa, en la cultura del debate público, tengamos esta mirada de revisar las normas que están en desuso a fin de ir actualizando nuestros cuerpos legales. La derogación expresa debe primar sobre la derogación tácita, pues eso fortalece el buen funcionamiento de las instituciones.
Este Plan de Revisión Legislativa se elaborará, no cada veinte años, como dijo un Senador, sino cada cuatro, el cual será propuesto al Presidente de la República y contendrá normas con una vigencia no inferior a veinte años. De esa forma buscamos asegurar que las disposiciones sugeridas para su derogación, que se van a revisar en este Congreso naturalmente, no causen efectos posteriores y estén tácitamente derogadas.
En segundo lugar, señor Presidente, se ha propuesto algo que ha sido muy valorado y muy reconocido por la Biblioteca del Congreso, cuyo trabajo tremendamente significativo e importante agradecemos como Ejecutivo: darle a dicha institución la oficialidad de los textos legales.
Hoy día son cientos de miles las consultas que se realizan ahí mensualmente y varios millones al año. El servicio que presta la Biblioteca del Congreso Nacional es muy muy valioso. Entonces, creemos que llegó el tiempo de darle la oficialidad de los textos legales que ahí se publican.
En tercer lugar, señor Presidente, se plantea algo de naturaleza más simbólica, referido a normas -y hemos rechequeado esto- que ya no tienen vigencia. Me refiero a la derogación simbólica de cien leyes.
Nosotros estamos trabajando en incorporar otras cien leyes más que hemos identificado. Queremos seguir realizando esta labor en forma permanente para dar una señal de que es importante simplificar nuestro entramado regulatorio, nuestro entramado normativo.
Había otra norma en el proyecto original, que la Cámara de Diputados no respaldó y que a nosotros nos parecía muy interesante -ojalá se pueda evaluar y discutir en este Senado-, que buscaba establecer la obligación de que en los mensajes del Ejecutivo se señalara expresamente qué normas quedarían derogadas en razón de la iniciativa propuesta.
En algún minuto discutimos la posibilidad de extender tal obligación a las mociones. Pero los parlamentarios plantearon que se les produciría una dificultad a la hora de enviar sus mociones, pues no cuentan con la capacidad o la fuerza suficiente para realizar esas evaluaciones. Tal propuesta podía perjudicar el trabajo legislativo de los parlamentarios.
Sin embargo, nos pareció razonable establecer dicha obligación al menos para el Ejecutivo. Así, el Presidente de la República tendría que señalar, en los mensajes, cuáles leyes quedarían expresamente derogadas con la presentación de los nuevos proyectos.
Esa idea la copiamos de algunos países de la OCDE, en particular de Australia, donde efectivamente hay una disposición que obliga a consignar cuáles normas quedan derogadas cada vez que se dicta una nueva ley.
Ello va creando una cultura de simpleza legislativa; pone el peso de la prueba en la nueva norma, y permite ir avanzando hacia leyes que no van densificando en forma innecesaria el entramado regulatorio y legislativo.
A nuestro juicio, podría revisarse y evaluarse ese aspecto, que nos parece interesante.
Este es un proyecto simple, no de gran complejidad. Tampoco es, obviamente, la piedra filosofal en materia de simplificación regulatoria legislativa. Pero reviste importancia.
Señor Presidente, aprovecho de señalar en este Senado que vamos a complementar esta materia con otro proyecto muy anhelado y relevante. Se trata de la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, compromiso que está en nuestro programa de Gobierno. Estamos terminando los estudios y viendo los modelos comparados. Queremos presentar durante el segundo semestre la iniciativa de ley que crea la referida Agencia.
Con lo anterior, señor Presidente, y con el trabajo que hacen otras instituciones, como la Diprés, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Comisión Nacional de Productividad -creada durante el mandato anterior-, disponemos de iniciativas que, en conjunto con este proyecto, nos permiten avanzar en una cultura y en una práctica de evaluación no solo de la calidad, sino también de la pertinencia de nuestras leyes.
Eso es bueno y necesario. Pienso que le hace bien al funcionamiento de las instituciones, y contribuye en forma muy significativa a la modernización del Estado.
Esperamos que este proyecto sea tramitado rápidamente, que ojalá pronto sea despachado, y que, junto con él, discutamos otras materias que apuntan a modernizar nuestro Estado.
Requerimos contar con mejores leyes, que favorecerán el buen funcionamiento de nuestras instituciones, lo que redundará en el buen funcionamiento de la democracia.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A usted, señor Ministro.