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ELIMINACIÓN DE INHABILIDAD DE CONSEJEROS REGIONALES PARA SER CANDIDATOS A ALCALDE O CONCEJAL


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, sería bueno que la bancada de la UDI precisara si está a favor o en contra del proyecto y si la segunda discusión que ha pedido es para evitar la votación. Lo digo para tener claridad sobre cuál es su postura.
Creo que es bien importante señalar que la norma general debiera ser que las autoridades son elegidas por la ciudadanía. Por tanto, las restricciones e inhabilidades tendrían que ser excepcionales y justificadas.
¿Significa eso que no debe haber ningún tipo de inhabilidad? No. Porque la normativa debe garantizar igualdad en la competencia.
Por eso se regula, por ejemplo, el gasto electoral, la propaganda, y también se establecen inhabilidades en nuestra Constitución y en las leyes.
La diferencia entre unas y otras autoridades no es irrelevante al momento de determinar la forma en la que esto se regula.
Y voy a dar un ejemplo.
La principal inhabilidad que establece nuestra Constitución es la de los ministros de Estado, quienes deben renunciar un año antes para ser candidatos a cargos de elección popular. El principio básico que justifica esta inhabilidad es evitar que se utilicen recursos públicos, indirecta o directamente, para un fin electoral.
Por esa razón, por regla general, los ministros -después la medida se extendió a los subsecretarios, a los jefes de servicios y a los alcaldes- tienen restricciones, por cuanto son jefes de unidades y cuentan con recursos, que pueden usarlos con fines electorales que los distraigan de lo que debe ser su gestión al mando de un servicio o liderando una determinada institución.
Pero la naturaleza jurídica de otros cargos de elección popular es distinta. No es la misma situación la de los concejales, la de los parlamentarios y la de los consejeros regionales.
Creo que esta es una oportunidad para definir cuáles son las inhabilidades que realmente se justifican y cuáles son aquellas que debieran ser, simplemente, derogadas.
Reitero: la idea es que no sea la norma la que determine a quiénes se eligen como representantes de la ciudadanía, sino que sean los propios ciudadanos, con las menores restricciones posibles y con inhabilidades que sean absolutamente justificadas.
En el caso de los consejeros regionales, de los parlamentarios y de los concejales, no existe un servicio público a su cargo que pueda trabajar en una determinada campaña indirectamente, y menos directamente.
Se requiere una regulación distinta y, por eso, soy de aquellos que suscribieron este proyecto, junto con el Senador Chahuán, con el objeto de poner fin a dicha inhabilidad.
¿Es la única inhabilidad a la que hay que poner fin? No. A mi juicio, existen otras que debieran discutirse, como -reitero- las relativas a parlamentarios y concejales.
Ello no obsta a discutir en particular ciertos temas.
Los consejeros regionales asignan directamente recursos y, por tanto, podría generarse algún tipo de distorsión a efectos de que tales fondos fueran asignados con finalidades electorales a poco tiempo de que se desarrolle una campaña. Creo que esto hay que debatirlo.
Yo tengo un cuestionamiento más de fondo respecto del rol que cumplen los consejos regionales y, particularmente, su decisión directa en materia de recursos.
Creo que, así como nosotros legislamos respecto de normas de general aplicación, como son las leyes, los consejeros regionales debieran decidir en materia de inversión con mirada estratégica y no necesariamente respecto de proyectos específicos que pueden generar algún tipo de distorsión en la toma de decisiones con otra finalidad, lo que, sin duda, genera un daño al funcionamiento institucional, particularmente cuando estamos comprometidos con el proceso de descentralización.
Pero soy un convencido de que esa inhabilidad debiera eliminarse.
Vuelvo a preguntar: ¿es la única inhabilidad que debiera eliminarse? No. Debemos debatir otras y también sobre la arquitectura institucional que permita contribuir al proceso de descentralización, generar mayores niveles de competencia en nuestro sistema político y evitar distorsiones que atenten contra la igualdad en la competencia, como ocurre con los ministros, los alcaldes y los subsecretarios, quienes pueden contar con servicios a su disposición, lo cual genera, sin duda, una distorsión electoral.
Por ello, creo que lo razonable es votar a favor de la idea de legislar y, en la discusión en particular, habrá que introducir las correcciones necesarias para que este nuevo marco institucional, que tendría menos restricciones, sea el adecuado.
En lo personal, creo que hay que votar a favor de esta iniciativa.
He dicho.