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NORMATIVA SOBRE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA


El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, denominado "Ley de Migración y Extranjería", con informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.970-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite: sesión 89ª, en 16 de enero de 2019 (se da cuenta).
Informes de Comisión:
Gobierno, Descentralización y Regionalización: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- El principal objetivo de esta iniciativa es incentivar la migración regular y fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, Galilea, Letelier y Sandoval.
A su turno, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía también debatió esta iniciativa solo en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Kast, Latorre y Navarro.
Cabe consignar que el artículo 141 es de rango orgánico constitucional, por lo que para su aprobación se requieren 25 votos favorables. Por su parte, el artículo 160 es de quorum calificado y debe ser aprobado con 22 votos afirmativos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 61 a 127 del informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor QUINTANA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
En primer lugar, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, Senador Alejandro Navarro.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se abocó al estudio del proyecto que nos envió el Gobierno, y en mi calidad de titular del referido órgano técnico paso a informarlo.
Esta iniciativa tiene por finalidad aprobar una nueva Ley de Migración y Extranjería, toda vez que esta materia se halla regulada en el decreto ley N° 1.094, del año 1975, por lo que no se condice con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pues su principio rector es la seguridad nacional. De manera que es fundamental actualizar esta normativa, que quedó obsoleta, para asumir la nueva realidad que está viviendo nuestro país.
Actualmente, tenemos un elevado nivel de migración: a diciembre de 2018, se registran 1.251.255 migrantes. Es decir, nos hemos transformado en un país receptor de migrantes.
Conforme a lo manifestado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se estima que ingresarán unos 300 mil nuevos migrantes, particularmente venezolanos, además de los 400 mil existentes. Incluso, según señalan diversas instituciones, esta cifra puede alcanzar al millón de personas. De modo que es urgente que la ley en proyecto esté a la altura de las circunstancias y que establezca con claridad si nuestro país acogerá a las personas migrantes y en qué condiciones.
Sobre el particular, hubo un problema -y no puedo dejar de señalarlo- en el consulado de Chile en Tacna, especialmente con mujeres embarazadas y niños. En tal sentido, quiero decir que, habiéndole representado en particular la situación de las mujeres embarazadas al señor Ministro del Interior, Andrés Chadwick, esto se resolvió de manera positiva y todas ellas pudieron ingresar a nuestro territorio.
Aquello me parece una señal muy importante de lo que un país como Chile y su Gobierno deben exhibir en cuanto a la preocupación por el buen trato para con los migrantes.
Ahora bien, este proyecto plantea los siguientes puntos centrales.
En primer lugar, menciona los principios fundamentales que regirán la migración, tales como la promoción; el respeto y garantía de los derechos humanos; el interés superior del niño; la integración e inclusión; una migración segura, ordenada y regular; la no criminalización, y el principio pro homine, por señalar algunos.
En segundo lugar, considera, asimismo, derechos y obligaciones para los extranjeros que se avecinen en Chile.
En tercer lugar, establece que el Presidente de la República deberá definir una Política Nacional de Migración y Extranjería.
En cuarto lugar, crea el Servicio Nacional de Migraciones, que llevará a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería, así como las acciones, los planes y los programas necesarios para su ejecución.
En quinto lugar, dispone también la creación de un Consejo de Política Migratoria como una instancia multisectorial responsable de asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones cada cuatro años.
En sexto lugar, crea, asimismo, un Registro Nacional de Extranjeros, administrado por el Servicio Nacional de Migraciones, que tendrá carácter de reservado.
Señor Presidente, a la Comisión de Derechos Humanos concurrieron representantes de múltiples organizaciones de la sociedad civil y de diversas instituciones nacionales, todos los cuales fueron escuchados.
Estuvieron presentes la Policía de Investigaciones; el Instituto Nacional de Derechos Humanos; Carabineros de Chile; la Municipalidad de Estación Central; la Asociación Chilena de Municipalidades; la Ilustre Municipalidad de Quilicura; la Central Unitaria de Trabajadores; la Unión Nacional de Trabajadores; el Colectivo Sin Fronteras; el Centro de Estudios de la Realidad Social (Ceres); el Servicio Jesuita a Migrantes; el Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios de la Universidad Alberto Hurtado; la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven); el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Biblioteca del Congreso Nacional; la Fundación Jaime Guzmán; el Foro Académico Migratorio Mesas Temáticas del Senado; la Plataforma de las Organizaciones Haitianas; el Movimiento de Acción Migratoria, con su vocero el señor Francisco Baz; el Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular; la Fundación Chile Mejor.
También participaron diversos asesores de los señores Senadores.
Dicho aquello, es del caso consignar que, independientemente de esta presentación, de las intervenciones de todos nuestros invitados pueden señalarse a modo general las siguientes observaciones.
Primero, se solicita que esta normativa cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ya que se enfoca más en la seguridad nacional.
Segundo, se plantea la posibilidad de cambiar la situación migratoria de las personas extranjeras, pues si una persona ingresó a nuestro territorio con visa de turista, tiene que salir del país para poder modificar su situación migratoria y postular a la residencia.
Tercero, se indicó que los migrantes solo pueden acceder a las prestaciones sociales que otorga el Estado cuando hayan cumplido dos años de residencia. Ello establece un marco donde la protección estatal disminuye y los hace quedar en condiciones muy precarias de abandono, que generalmente es el tiempo en que se produce la mayor vulnerabilidad.
Cuarto, se señaló que debieran revisarse las medidas de expulsión de los migrantes de acuerdo con los estándares internacionales.
Quinto, se planteó la necesidad de contar con un mecanismo de protección específico para los menores migrantes.
Sexto, se dijo que debe abordarse la situación de los chilenos en el exterior otorgándole la importancia que se merece el millón de connacionales que salieron de nuestro país por razones políticas, así como la realidad de las segundas y terceras generaciones de chilenos nacidos en el extranjero, con políticas públicas que reconozcan su condición, reparen y hagan justicia.
Sin perjuicio de esas observaciones, que compartimos, como Comisión establecimos como criterio la necesidad de tener una migración regulada y segura y de dar un trato especial a los niños, privilegiando su interés superior, y a las mujeres embarazadas.
Además, asumimos que el texto del proyecto de ley será perfeccionado durante la discusión particular con las indicaciones que presentaremos a su respecto, las que recogerán lo planteado por las diversas personas migrantes y por las distintas instituciones.
Antes de terminar mi intervención, señor Presidente, no puedo dejar de valorar la disposición del Gobierno para incluir a los municipios dentro de esta iniciativa, reconociendo su labor como la primera ventanilla del Estado que recibe a las personas migrantes.
Esperamos que durante el período de presentación de indicaciones podamos concretar la voluntad positiva que el Ejecutivo ha señalado en el sentido de incorporar en el proceso, no de ingreso ni de residencia de los migrantes, sino en el de atención de los servicios del Estado, a las municipalidades que han debido recibirlos y soportar este período de aprendizaje intenso que Chile vive con relación a esas personas.
Finalmente, debo señalar que los miembros presentes de la Comisión de Derechos Humanos, Senadores Kast, Latorre y quien habla, aprobamos por unanimidad la idea de legislar respecto de esta iniciativa.
Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.


El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra...
El señor MONTES.- Que informe el Senador Letelier.
La señora ALLENDE.- El Senador informante, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el Diputado informante Juan Pablo Letelier.
La señora ALLENDE.- ¡Senador, señor Presidente!
El señor MONTES.- ¡Senador!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Excúseme, Su Señoría.
Tiene la palabra el Senador informante de la Comisión de Gobierno, Senador Juan Pablo Letelier, quien también fue Diputado.
El señor LETELIER.- ¡A mucha honra!
Señor Presidente, el presente proyecto ingresó para su tramitación en el Senado en enero del año 2019. En el primer trámite constitucional, la Cámara de Diputados lo aprobó en general y en particular a la vez por 147 votos a favor y 1 en contra.
En la Comisión de Gobierno nosotros lo debatimos solo en general, y, con fecha de 20 de marzo, la Sala acordó que posteriormente fuera informado también por la Comisión de Derechos Humanos, cuestión que acaba de hacer el Senador Navarro.
El objetivo de esta iniciativa es incentivar la migración ordenada, segura y regular según los estándares de Naciones Unidas y de los organismos especializados, además de fortalecer el vínculo con los chilenos que se encuentran en el exterior. Esta es una tremenda innovación para lo que es la legislación sobre migración respecto de otros países.
Dentro de sus fundamentos, resulta conveniente constatar que Chile tomó la determinación, desde principios de los años noventa, de abrir sus fronteras al mercado global de capitales y de bienes y servicios, para lo cual hemos firmado acuerdos de libre comercio con numerosos países y bloques comerciales, los cuales representan el 86 por ciento del producto interno bruto mundial.
Dicho proceso, de franca apertura, no ha sido acompañado por la modernización de la regulación de la movilidad humana en el contexto de un mercado global, manteniéndose hasta ahora una mirada proteccionista y, a veces, temerosa que viene de la década del setenta, donde el principal instrumento regulatorio en la materia es el decreto ley Nº 1.094, de 1975, el cual constituye la legislación migratoria más antigua de Sudamérica, en circunstancias de que el fenómeno migratorio es altamente dinámico. Y, por lo mismo, resulta necesario reformular dicha normativa, cuya dictación data de hace más de 37 años.
Entre las principales deficiencias regulatorias del referido decreto se cuentan la carencia de principios orientadores, derechos y deberes; categorías migratorias insuficientes; institucionalidad débil; ausencia de mecanismos institucionales para la generación de políticas; omisión de toda referencia a los chilenos en el extranjero; dificultad para la expulsión; numerosos inconvenientes en cuanto a la revalidación de títulos profesionales; límite a los trabajadores extranjeros, y falta de especificidad en materia de tránsito vecinal fronterizo.
La migración internacional puede jugar un rol importante para moderar los impactos que ciertos patrones demográficos, tales como la baja natalidad y el aumento en la expectativa de vida, pueden traer consigo en algunas áreas específicas.
Por otra parte, se debe reconocer el avance significativo en materias como refugio y trata de personas, las que se materializaron en dos leyes, la Nº 20.430 y la Nº 20.507, respecto de las cuales no se innova, sino que se tiende a armonizarlas con la presente iniciativa.
El proyecto enfatiza la condición de igualdad de los derechos de los migrantes para el caso general, señala las prerrogativas que les son propias por su naturaleza foránea y describe un mínimo garantizado para quienes permanecen en el territorio en condición irregular.
En cuanto a los beneficios que se destacan para el país, los migrantes de niveles intermedios y altos de calificación pueden suplir destrezas acerca de las cuales el mercado local presenta déficits que tomarían años resolver a través de mecanismos de capacitación.
Asimismo, los profesionales de altos niveles de capacitación juegan un rol clave en materia de innovación, y, dado que Chile no cuenta con universidades ubicadas entre las ciento noventa mejores del mundo ni con centros de investigación de gran escala, la colaboración de talentos internacionales es aún más fundamental para dar un salto en materia de competitividad.
Las comunidades de migrantes se han consolidado y pueden convertirse en catalizadores del comercio entre Chile y su país de origen.
Chile, señor Presidente, es un país alejado de los grandes centros de población mundial, lejano incluso a nivel subcontinental, cuya homogeneidad cultural estuvo protegida durante siglos por los obstáculos naturales circundantes, de modo que la presencia extranjera de orígenes variados da la posibilidad de una sociedad más rica y más tolerante.
El proyecto que se propone pretende ser un mecanismo de formulación periódica de política migratoria, cuya principal materialización es la definición de las subcategorías de residencia temporal, de modo que dicho instrumento será el llamado a delimitar el grado de permeabilidad de nuestras fronteras en función de la realidad económica y social reinante, así como de la experiencia ganada a partir de las determinaciones adoptadas por las políticas migratorias que la hayan precedido.
De otro lado, hay varios aspectos que han suscitado bastante consenso durante el debate. Entre ellos, puedo citar los siguientes: necesidad de reemplazar la Ley de Extranjería por una Ley de Migraciones, cambiando un paradigma de control a uno que establece deberes y derechos de los migrantes y su integración e inclusión; procedimientos sancionatorios en que prime el principio de contradictoriedad; criterios objetivos para la fijación de una política migratoria, y la creación de una institucionalidad que se adapte a una realidad cambiante.
Este proyecto considera principios fundamentales como la protección, la promoción, el respeto y la garantía de derechos; el interés superior del niño; el procedimiento migratorio informado; la no criminalización de la migración irregular, y la obligación del Estado de promover una migración segura, ordenada y regular.
Además, hay un catálogo de derechos de los extranjeros, en que constan el derecho a la libre circulación de los extranjeros regulares; la igualdad de derechos y obligaciones con nacionales; el derecho de acceso a la salud y a la educación preescolar, básica y media con independencia de la situación migratoria; el derecho de acceso a la gratuidad universitaria en igualdad de condiciones que los nacionales; el derecho de acceso a la vivienda en igualdad de condiciones que los nacionales para residentes definitivos; el derecho a la reunificación familiar; la igualdad de derechos laborales; el derecho al debido proceso; el derecho al envío y recepción de remesas.
Ciertamente, se considera la creación de un Servicio Nacional de Migraciones y de una política migratoria flexible que tengan capacidad de respuesta a la realidad del flujo migratorio.
Estos acuerdos fueron adoptados por unanimidad en la Comisión de Gobierno.
Señor Presidente, permítame puntualizar, además, que la Corte Suprema nos ha planteado la necesidad de poner atención en cuanto a la vulneración de los procedimientos relacionados con los principios de inocencia y del debido proceso, cuestión que debemos analizar en lo que respecta al acceso a datos.
Asimismo -señala el Máximo Tribunal-, necesitamos asegurar que se reguarde el derecho al debido proceso al momento de dar ciertas facultades a las Cortes de Apelaciones.
Por último, señor Presidente, es del caso indicar que la sociedad civil, que participó en forma muy activa en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización -asistieron más de sesenta personas, instituciones u organismos-, planteó en líneas generales cinco inquietudes fundamentales, a partir de un nivel de consenso en el sentido de que este proyecto permite avanzar y que representa un cambio de paradigma.
Los cuatro o cinco temas que quedaron planteados como inquietudes fueron, primero, la necesidad de reflexionar sobre si se debe o no cambiar la categoría migratoria una vez que el extranjero está dentro del país y cuáles son los mecanismos para regularizar esa situación.
El segundo se refiere al alcance del principio de no devolución. ¿Debe haber una interpretación restrictiva aplicada solamente al refugio y al asilo o existen otros conceptos más amplios respecto a las condiciones políticas de los países de origen?
Lo tercero tiene que ver con cuáles son los mecanismos, la institucionalidad que se necesita para el proceso de convalidación de títulos, y en particular los técnico-profesionales, cuyo reconocimiento es necesario. La norma no es suficiente.
Hay que ver cuáles son las medidas para la protección e inclusión de trabajadores migrantes. Queda pendiente determinar cómo abordaremos este tema.
Por último, respecto a si se debe o no, o cómo se tiene que asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a seguridad social y a beneficios de cargo fiscal, hay que determinar cuáles son cuando uno es trabajador y está cotizando y cuáles son en el caso de otros que pueden tener otra regulación.
Estas son las materias adicionales que se presentaron de parte de múltiples instituciones.
Pero -reitero- la invitación de la Comisión de Gobierno a la Sala es a aprobar la idea de legislar. Es urgente contar con una nueva ley de migración. Y esto no dice relación con otro debate, y lo hemos separado intencionalmente, referido a cuáles son las condiciones en las que recibimos a los migrantes.
Una vez que definamos cuántos migrantes aceptará el país anualmente, habrá que hacer una discusión que no se ha realizado: en qué condiciones el Estado debe garantizarles que van a estar. Porque es evidente que en el último tiempo, y esta es una opinión personal -y disculpen que me extralimite-, tenemos la realidad de que existen muchos migrantes en nuestro país que están viviendo en condiciones habitacionales que ciertamente están por debajo de lo aceptable. Y ese punto no se regula en la ley en proyecto. Pero, evidentemente, no es correcto que se esté comercializando o generando réditos económicos por particulares a cambio del estado de necesidad en el que se encuentran los migrantes.
Por eso muchos dicen que se debe cambiar la ley de arriendo u otras condiciones: por el nivel de hacinamiento, de insalubridad y de abuso que sufren algunos migrantes en Chile. Los chilenos no queremos que nos traten así cuando estamos en otros países. Hay más chilenos en el exterior que extranjeros en Chile. Esa ha sido la tendencia hasta ahora.
Creo que lo que busca esta iniciativa es lograr una migración regulada, segura y ordenada y tratar a los extranjeros como deseamos que los extranjeros nos traten a los chilenos cuando decidimos migrar.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra...
El señor OSSANDÓN.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para abrir la votación?
La señora RINCÓN.- Manteniendo los tiempos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿No hay acuerdo?
Manteniendo los tiempos.
El señor MOREIRA.- No hay acuerdo hasta más rato, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senadora Isabel Allende, tiene la palabra.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, ¿va a abrir la votación?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación.
Acordado.
En votación general el proyecto.
--(Durante la votación).


La señora ALLENDE.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a los señores Ministros y Subsecretarios que nos acompañan hoy. ¡Sean muy bienvenidos al Senado!
La migración es un fenómeno global y es sumamente urgente hacernos cargo de ella mediante una legislación moderna. Me preocupan -lo quiero decir con claridad- esos sectores más conservadores que, lamentablemente, la han usado con fines populistas señalando al migrante como una suerte de enemigo o criminalizándolo. Hemos tenido serias crisis en las fronteras por lo mismo. Estoy hablando de los diversos países.
Sucede en Estados Unidos, donde la Alta Comisionada de Derechos Humanos, nuestra ex Presidenta Michelle Bachelet, señaló su inquietud por el trato cruel y degradante contra las personas que se encuentran en México esperando su asilo en Estados Unidos. Y en Chile se les otorga una mano a ciudadanos venezolanos por la crisis que están sufriendo, pero, lamentablemente, de un día para otro se cambian las reglas, exigiendo visas consulares para ingresar al país, creando una seria crisis, como lo vimos en Chacalluta.
La semana pasada nos enteramos de cómo se convocaba a una marcha que llamaba a cerrar las fronteras para proteger a los nacionales. Esta manifestación era de corte xenófobo, que incentiva el odio hacia el inmigrante, y era un riesgo para la seguridad, por lo cual celebro mucho que el Gobierno no la haya autorizado (en este caso, la Intendenta de la Región Metropolitana).
Creemos que hay que ser más cuidadosos cuando se responsabiliza a los inmigrantes, por ejemplo, mediante declaraciones de algunas autoridades del Gobierno, del aumento del desempleo o del incremento del VIH, sin contar con mayores antecedentes o datos que ratifiquen dichas afirmaciones.
La nueva legislación que discutimos hoy tiene que estar enfocada en la persona, en sus derechos humanos y en el sufrimiento que existe detrás de cada ser humano que se ve obligado a dejar su país buscando una mejor vida.
Sin embargo, la inmigración debe ser ordenada, regular y segura, de forma planificada, ya que sabemos que los servicios sociales y el empleo pueden ser sobrepasados y es posible que la migración replique pobreza, por la precariedad y vulnerabilidad que pueden sufrir los migrantes.
Por eso, miro con preocupación que el Gobierno haya rechazado suscribir el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, de Marrakech, en diciembre del año pasado.
Estamos hablando de un pacto que no vincula jurídicamente, pero que fomenta la cooperación internacional para enfrentar este fenómeno de manera global, no de manera aislada, ya que los desplazamientos y movimientos necesitan soluciones a nivel internacional, para intercambiar datos; para formular políticas en conjunto, que nos permitan seguir el tráfico de los migrantes, el abuso en las contrataciones; reducir y estudiar lasrazones de por qué las personas migran, etcétera, todo lo cual puede ayudar, incluso, a salvar vidas.
Los únicos países occidentales que se restaron de firmar este pacto fueron: Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia, República Dominicana y Chile.
Voy a apoyar el proyecto que hoy tratamos porque es urgente terminar con el decreto ley de Extranjería, originado en la dictadura y que obedece a otro contexto de seguridad nacional, obviamente, demasiado diferente al mundo de hoy, donde el fenómeno de la migración se da en este contexto de globalización del que hablábamos.
Hoy Extranjería no está dando abasto con las solicitudes de visas que se están requiriendo, por lo que es deseable reemplazarlo por un Servicio Nacional de Migraciones que tenga el personal, los recursos y que agilice los procedimientos para evitar esta irregularidad.
En cuanto a las categorías migratorias, el Gobierno se ha negado constantemente a permitir que en Chile exista un cambio de categoría migratoria. Un inmigrante que ingresa al país como turista y que encuentra una pareja, un trabajo o un estudio debe regresar a su nación de origen para tramitar en el consulado chileno la nueva visa, lo cual creo que claramente derivará en un aumento de la migración irregular, cayendo posiblemente en una inmigración selectiva, en que solo migrantes con recursos podrán realizar estos trámites, que tienen altos costos.
El Gobierno, para defender su postura, ha dicho que esta prohibición de cambio existe también en países con alta migración, como Australia y Canadá. Pero no podemos compararnos con los fenómenos migratorios en dichos países, que tienen una situación geopolítica distinta a Chile. Australia es una isla y Canadá limita con Estados Unidos. Por eso, tenemos que revisar la posibilidad de que, bajo ciertos requisitos, se pueda cambiar de categoría.
Otro punto es el principio de la no devolución, que fue aprobado en las Comisiones de la Cámara, pero eliminado finalmente en la Sala. Esto ha sido objeto de diversas campañas de fake news, en el sentido de que con esto en la Oposición intentamos amparar el ingreso de delincuentes.
¡Por favor, no sigamos con este tipo de noticias falsas o de informaciones que distorsionan la realidad!
Señor Presidente, este principio se encuentra reconocido a nivel internacional por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No se puede poner en riesgo a una persona expulsándola al país donde sufre el peligro evidente de perder su vida o la libertad. Por tanto, en la discusión en particular esperamos ingresar indicaciones que ayuden en ese sentido.
Por último, quiero señalar la necesidad de incorporar de nuevo un debido proceso para reclamar judicialmente las medidas de expulsión. Es necesario que un tribunal imparcial sea el que determine finalmente dicha medida.
Señor Presidente, el proyecto reconoce, y aquí lo han mencionado los Senadores informantes, el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, en igualdad de condiciones. Considero que esto es extremadamente importante.
Pero no podemos negar, como lo hemos estado constatando en diferentes reportajes, las condiciones precarias en las que muchas veces viven nuestros inmigrantes.
¡Cómo no va a ser doloroso cuando vemos los hacinamientos y los abusos; a la gente hacinada en precarias condiciones de vivienda o compartiendo espacios mínimos!
Por eso, también creo muy importante recoger las inquietudes de las organizaciones que asistieron a la Comisión de Gobierno, narradas por el Senador Juan Pablo Letelier. Hay que escuchar esas distintas inquietudes.
El Ejecutivo tendrá nuestro apoyo en la tramitación de este proyecto. Sin embargo, es necesario resguardar y hacerse cargo de los puntos que he expuesto, con el objeto de terminar con la criminalización de la migración, ya que ella está compuesta por personas con plenos derechos, que, obviamente, merecen nuestro respeto. Debemos combatir esa actitud que no es más que una expresión, desgraciadamente, de xenofobia y racismo.
Pienso que los chilenos hemos aprendido también sobre cómo hemos sido recibidos, junto a un número muy importante de personas -aún mayor incluso que los que nosotros hemos recibido en Chile-, en distintas épocas, en diferentes momentos y por distintas circunstancias.
Para quienes hemos experimentado el hecho de tener que vivir afuera, caramba cómo se aprecia cuando se abren las puertas, cuando uno recibe un trato igualitario, cuando se respetan los derechos, cuando se generan condiciones.
Y no solo eso. En nuestro país, en distintas circunstancias, hemos recibido oleadas de migrantes y hemos visto el bien que han podido hacer.
Dentro de poco vamos a conmemorar los ochenta años del viaje del Winnipeg, un ejemplar caso en que tuvimos, en el Gobierno de Pedro Aguirre Cerda, la posibilidad de abrirles la puerta a aquellos republicanos españoles refugiados que llegaron en ese barco. Y es increíble -uno lo puede apreciar- el aporte que ello ha significado a nuestra cultura.
Por eso, quiero llamar la atención en el sentido de que estoy de acuerdo en general con este proyecto; me parece que es un avance; creo que es fundamental crear este Servicio Nacional de Migraciones. Pero también estimo que como país, como sociedad y como política de Estado debemos ser muy cuidadosos con las declaraciones que se hagan: no fomentar políticas de odio o de criminalización, porque eso puede generar un tremendo daño, que obviamente no buscamos para nuestro país.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Iván Moreira.


El señor MOREIRA.- Señor Presidente, obviamente, aquí nos vamos a colocar serios y no vamos a hacer ningún tipo de caricatura.
Por otro lado, quiero decir que yo di la anuencia para que se abriera la votación en atención a que la Honorable Senadora Adriana Muñoz me lo pidió, porque tiene una urgente labor que realizar dentro de algunos minutos más.
En primer lugar, deseo mirar hacia las tribunas y agradecerles a dos personas, que son asesores del Ministro del Interior y del Subsecretario del Interior, que han desarrollado una tarea en equipo con mucha responsabilidad y muy importante. Me refiero a Mijail Bonito, asesor, y a Álvaro Bellolio, Jefe de Extranjería, quienes junto al Ministro del Interior y al Subsecretario del Interior han realizado una excelente labor. Y esperamos que, luego de que se hagan las indicaciones a este proyecto, sea ley lo antes posible, porque es una necesidad.
Yo no voy a entrar en el detalle, porque bien lo ha descrito, por primera vez, el Presidente de la Comisión, el Senador Navarro, quien lo ha explicado de acuerdo con el informe de la Comisión.
Voy a asumir esta materia de otra manera, de forma más sencilla, como lo siente el chileno común, ese chileno que está viendo a través de las pantallas de televisión del Senado esta discusión, y también aquellos que lo necesitan, que son extranjeros y están en nuestro país. No me cabe la menor duda de que hoy nos encontramos ante un tema muy sensible y muy importante.
Chile enfrenta en materia de migración una situación que era desconocida -muy desconocida- para nosotros hasta hace algunos años.
Los flujos de personas a nuestro país históricamente fueron marginales, por lo que la migración nunca fue considerada un asunto de Estado, sino que más bien se regulaba pensando en la seguridad nacional.
Fenómenos aislados, como la inmigración alemana en la zona de Valdivia y Llanquihue, la llegada de gente china en el norte o de croatas en Magallanes a fines del siglo XIX o principios del siglo XX significaron un aporte en esas zonas, pero sin cambiar esencialmente el conjunto cultural del país.
Hoy día nos vemos enfrentados a un escenario completamente nuevo. La situación político-económica de Perú en los años noventa del siglo pasado, seguida por migrantes colombianos que huían del terrorismo que azotaba esa nación, fueron un primer aviso.
Sin embargo, el fenómeno se profundizó en los últimos años por la importante llegada de inmigrantes haitianos y luego de miles de venezolanos forzados a salir de su país producto de un régimen del terror, de hambre, que mantiene el dictador Maduro y su séquito criminal.
En el segundo período de la Presidenta Bachelet el ingreso de aviones chárter con personas a las que se les cobraba cientos de dólares para llegar a nuestro país con visa de turista, sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, con poca experiencia profesional, con escuálidos ahorros, provenientes de un Estado fallido, donde suelen ocurrir brotes de epidemias ya erradicadas de nuestro país, fue una prueba clara de que no podemos simplemente aceptar la inmigración descontrolada. ¡Solo el 2017 ingresaron casi 110 mil personas provenientes de Haití!
Según las cifras oficiales, el 6,6 por ciento de la población es actualmente de origen inmigrante. El año 2014 era apenas el 2,3 por ciento. De cada cuatro inmigrantes en nuestro país, tres entraron entre 2014 y 2017. Ello, sin considerar la inmigración irregular. ¿Qué comuna urbana actualmente posee menos de diez por ciento de inmigrantes? Debemos tener claridad absoluta en las cifras para poder implementar soluciones eficientes.
Un país es como una casa, es como un hogar. Siempre se debe estar dispuesto a ayudar al hermano en desgracia; queremos que se sientan acogidos humanitariamente; muchas veces terminan siendo de la familia; pero la capacidad de ayudar tiene un límite, ¡tiene un límite!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor MOREIRA.- ¿Cinco minutos?
Se abrió la votación, pero respetando los tiempos, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- Manteniendo los tiempos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Puede continuar, Senador Moreira.
Estamos siguiendo sus palabras.
El señor MOREIRA.- ¿Me descuenta el tiempo, por favor?
Debe existir claridad absoluta en las cifras para tener soluciones eficientes.
La capacidad de ayudar tiene un límite.
Hasta la mejor buena voluntad posee un tope. Todo dueño de casa debe tener el derecho a decidir quién entra en su casa y quién no; por cuánto tiempo se puede quedar y bajo qué condiciones.
Porque es importante decirlo: los acogemos, pero no a todos; no queremos delincuentes, terroristas. Bienvenidos los que vengan a aportar, a trabajar, a integrarse, no los otros.
Los acogemos, pero no podemos recibirlos a todos, porque el costo es demasiado alto. No estamos en condiciones de financiarlo, porque aunque el corazón nuestro como chilenos es grande, nuestra capacidad económica, de infraestructura, de vivienda, de salud no da abasto. No podemos solos.
Si el barrio está en problemas, todos los vecinos deben colaborar. No basta el esfuerzo individual, por más importante que sea. El esfuerzo de acogida debe ser regional para que sea eficiente.
¡Todos los países de la región deben tener la misma actitud que ha tenido Chile!
Si no hacemos las cosas bien, corremos el riesgo inminente de descuidar las necesidades de los chilenos por cubrir las de las personas que vienen huyendo de sus países de origen, y con ello levantar sentimientos de xenofobia, que hemos visto con preocupación en otras latitudes.
El proyecto del Gobierno, aprobado sin dificultades en la Cámara de Diputados, constituye un esfuerzo serio del Ejecutivo por regular, por la vía legal, el ingreso de personas a nuestro país. Los principios reguladores están claros: una migración segura, ordenada y regular.
¡Está clarísimo: migración segura, ordenada y regular, y es lo que todos tenemos que repetir!
Obviamente, regular la migración es un tema delicado, que nos obliga a trabajar con altura de miras, sin eslóganes o frases hechas, sin discursos fáciles o populistas que den buena prensa para hoy y problemas graves para el futuro.
Quedan asuntos pendientes a los cuales poner atención.
Por eso, le pido al señor Ministro del Interior o al Subsecretario que me pueda tomar atención...
Señor Subsecretario Alvarado, me interesa que me escuche esta parte. Sé que me está escuchando atentamente...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Diríjase a través de la Mesa, por favor, señor Senador.
El señor MOREIRA.- Lo planteo por su intermedio, señor Presidente.
¿Qué le quiero señalar al Ejecutivo? Que existen temas pendientes a los cuales hay que poner mucha atención.
Los trámites en las gobernaciones provinciales se realizan con escaso personal, lo que demora excesivamente los plazos. Esto lo veo en mi Región. Por ejemplo, en la provincia de Llanquihue tenemos a tres personas para atender a seis mil. La demora en las renovaciones implica que la gente puede quedar en situación de irregular mientras se actualiza su situación. Esto mismo pasa con cerca de tres mil ochocientos migrantes en la provincia de Osorno, donde hay dos funcionarios.
Por consiguiente, tiene que haber recursos, porque yo veo el sacrificio y la generosidad, tanto del Gobernador Lilayú, en Osorno, como de la Gobernadora de Llanquihue, Leticia Oyarce, quienes verdaderamente trabajan sábados y domingos, junto con otros funcionarios, sin horas extras, por la comunidad y por los migrantes. No se olviden de que las condiciones de tiempo afectan la atención. No hay espacios necesarios para atender largas colas de personas.
Por último, es importante...
Señor Presidente, le pido treinta segundo más.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador.
El señor MOREIRA.- Otro tema que debemos regular es la falsificación ideológica de contratos de trabajo para obtener el permiso necesario para trabajar en nuestro país. Se han detectado en regiones casos de creación de empresas de papel para el solo efecto de generar contratos de trabajo. Todo ello, por supuesto, con el correspondiente pago para el falso empleador. Debemos ser cuidadosos en cerrar los espacios para el fraude.
Termino, en estos últimos treinta segundos que me ha concedido usted, señor Presidente, señalando, a modo de conclusión, que estoy de acuerdo con la inmigración, pero con condiciones, regulada, de manera tal que ella se transforme en un aporte a nuestra sociedad y que podamos ofrecerles a los que llegan la infraestructura que requieren para surgir en igualdad de oportunidades, para que chilenos e inmigrantes sientan esta tierra como propia y que todos podamos llamarla con orgullo "nuestro hogar".
Este proyecto es necesario, es importante, es urgente.
Por eso, señor Presidente, apruebo la idea de legislar y anuncio mi disposición a colaborar con el equipo del Ejecutivo, integrado por el Ministro del Interior, por el Subsecretario, por el asesor Mijail Bonito y también por el Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, señor Álvaro Bellolio, a quienes haremos presentes algunas inquietudes que ojalá después se puedan plasmar en el proyecto, uno de los más importantes para Chile en este momento.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Rabindranath Quinteros.


El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el fenómeno migratorio es global y tiene escala planetaria. En los últimos dos años los países de la OCDE han recibido diez millones de inmigrantes.
Algo similar está ocurriendo en Latinoamérica, agravado por la crisis humanitaria en Venezuela.
Es natural, entonces, que los países reformulen sus normas para abordar este aumento.
Lo primero es señalar que la migración no es un problema, pero sí se trata de un fenómeno con múltiples efectos en nuestra vida social. Por cierto, no es algo nuevo. Ha estado presente desde siempre en nuestra historia, aunque ha adquirido una dimensión mayor en los últimos años.
Hoy se estima que un 8 por ciento de nuestra población corresponde a extranjeros. En su mayoría son jóvenes con niveles de escolaridad y estudios promedios superiores a los de los chilenos, lo que implica un beneficio para el país, especialmente cuando estamos experimentando una baja sistemática de la tasa de fecundidad y un envejecimiento de la población.
No hay manera de evitar el movimiento poblacional, sobre todo cuando se busca evadir crisis que comprometen las perspectivas de desarrollo familiar o los derechos fundamentales de los individuos. Cualquier barrera o muro que intente impedir el paso, terminará por ceder ante la presión de los migrantes.
Mientras no cambien las condiciones en los países de origen, los migrantes continuarán movilizándose en busca de nuevas oportunidades.
Es imposible en el mundo de hoy sustraerse a este fenómeno social.
Lo que se puede hacer -Gobierno y Oposición debieran compartir este objetivo- es establecer las condiciones para una migración segura, ordenada y regular.
Nadie puede perseguir objetivos diferentes. Lo lógico es construir un consenso amplio y una verdadera política de Estado en esta materia.
Sin embargo, al igual como ha ocurrido en otras áreas, la pulsión del Gobierno por ganar un par de puntos en las encuestas semanales muchas veces lo traiciona y, en los hechos, obstaculiza la construcción de ese acuerdo tan necesario.
¿Cómo entender la permanente actitud de vincular la migración con el fenómeno de la delincuencia, si el Gobierno conoce perfectamente las cifras que desmienten esa relación que se intenta establecer? ¿O cómo entender que se acuse a los migrantes del aumento del desempleo?
Este camino es muy peligroso. Los Gobiernos están para generar confianza y no para alimentar miedos.
La inseguridad y el desempleo tienen otras causas y no la migración.
A veces se trata de responsabilizar a otros frente al incumplimiento de las expectativas que se han creado en la población.
Pero, aun así -insisto-, no podemos farrearnos la posibilidad de construir un acuerdo sólido en esta materia, acuerdo que nos permita contar con:
Una ley de migraciones que estimule el ingreso ordenado y desincentive el ingreso irregular muchas veces promovido por inescrupulosos.
Una ley que dé facilidades para regularizar a quienes ya se han insertado en el mundo laboral.
Una ley que reconozca derechos, al menos los mismos que quisiéramos les fueran reconocidos a los chilenos que deciden hacer sus vidas en el extranjero.
Una ley que sancione las infracciones, pero que no condene a las familias.
Una ley que promueva el reconocimiento de los estudios y títulos universitarios, de manera que los profesionales y técnicos extranjeros puedan incorporarse rápidamente al mundo laboral, especialmente en salud, donde todos conocemos las carencias que existen.
Un nuevo Servicio de Migraciones moderno, que ponga fin a la tramitación innecesaria e indigna que enfrentan las personas que desean regularizar su permanencia.
Una institucionalidad que reconozca también un rol relevante a los municipios, que son fundamentales para lograr la integración social de los migrantes.
Señor Presidente, la modernización de Chile no pasa solo por la innovación y la apertura comercial. Los países que abren sus fronteras exclusivamente para el tránsito de mercaderías están condenados al fracaso.
El mundo que viene es de mayor integración.
Hagámoslo bien, en conjunto, sin consignas, sin ingenuidad y sin miedos.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Pizarro.


El señor PIZARRO.- Señor Presidente, no cabe duda de que en los últimos años se han generado a nivel mundial crisis migratorias por distintas razones: problemas sociales, guerras internas, situaciones políticas, persecuciones religiosas. Y lo natural y obvio, que siempre mueve a los fenómenos migratorios, a los migrantes, es buscar mejores expectativas desde el punto de vista de la calidad de vida y de las oportunidades de desarrollo personal y laboral.
Es indiscutible que nuestro país requiere, y requerirá, de migración. A nivel productivo, esto está evidenciado en la necesidad permanente de contratación de mano de obra, focalizada en determinados sectores productivos.
Nuestro proceso demográfico, el envejecimiento de la población, provocará que se necesite más inmigración en el futuro. Y, además, la migración también significa un aporte en materia cultural, educacional, científica, profesional, de inversiones y en muchos otros campos en que se transforma en un gran y buen motor para el desarrollo nacional.
Asimismo, hay acuerdo en que el proceso migratorio debe ser ordenado; y en que se debe velar por la seguridad en el sentido amplio, tanto para Chile (como sociedad receptora), como para los propios migrantes.
La irregularidad migratoria no es buscada por los migrantes o por los expatriados, porque a ninguno de ellos les conviene. Si hay situaciones en que los migrantes entran al país alegando que vienen de turismo y luego cambian su estatus migratorio, es porque así está permitido por la ley. El aumento de esta práctica ha sido visto como un "engaño" a las autoridades migratorias por parte de quienes quieren vivir en Chile. Pero esto ocurre por el deseo de los extranjeros de ingresar y residir en forma regular en el país.
Quisiera, brevemente, señor Presidente, describir algunas de las propuestas en política migratoria que nuestra bancada considera importantes:
1.- Constituir formalmente el Consejo de Política Migratoria que incorpore, entre otros, al gobierno local (es decir, a los municipios) y a representantes de la sociedad civil, quienes fueron excluidos de los consejos consultivos convocados al inicio de este Gobierno.
En este ámbito, nos parece necesario que el Ministro del Interior dé cuenta al Congreso Nacional de los debates y conclusiones de dicho Consejo, y realizar un genuino esfuerzo por abordar la crisis migratoria de Venezuela a nivel multilateral, tratando de involucrar al resto de países de la región en una solución efectiva e integral respecto del masivo movimiento de personas, el que seguirá creciendo.
Por eso, saludamos la iniciativa de la Cancillería y del Gobierno de llegar a estos acuerdos y pedir colaboración a ONU Migrantes, como, por ejemplo, en el caso de la última reunión del Grupo de Lima.
Es decir, nos parece importante descriminalizar y despolitizar la migración.
2.- Restablecer la residencia temporaria por motivos laborales u otro mecanismo que dé una solución efectiva y rápida a la irregularidad migratoria de índole laboral.
3.- Impulsar una campaña de información y fiscalización de empleadores informales y aplicación de las respectivas sanciones, fundamentalmente en el ámbito laboral, teniendo en consideración la situación de desprotección de los trabajadores afectados.
4.- Avanzar en sistemas digitales en tramitación de las residencias, con mínimos trámites presenciales; respuestas rápidas a las solicitudes o concesión de permisos de trabajo para solicitantes con constancia inmediata de los trámites que se inician y no esperar meses a que lleguen por correo.
5.- Reforzar el trabajo a nivel consular, de manera de poder absorber el flujo de solicitudes que se presentan en el exterior; establecer criterios y procedimientos claros, simples e informados, y dar cuenta periódica sobre el número de solicitudes presentadas, rechazadas y aceptadas.
6.- Aplicar en su letra y espíritu la ley N° 20.430, sobre protección a los refugiados, en orden a reconocer el derecho a solicitar y obtener asilo en el país.
7.- En materia de derechos, es necesario acotar y limitar que los cambios a nivel administrativo puedan alterar derechos que se asignan en principio por la ley, así como revisar la norma sobre acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, de manera que no se produzcan situaciones de desprotección que no estén justificadas. Se destaca el significativo avance en esta materia respecto de la actual Ley de Extranjería.
8.- En materia de ingreso al país, es necesario consagrar el principio de no devolución, concordante con los instrumentos internacionales vigentes en Chile.
9.- Lacreación de una categoría de ingreso al país que permita la búsqueda de trabajo, con sistemas simples de tramitación, de manera de transparentar y gestionar mejor la situación que hoy se produce. El trabajo de los migrantes también debe ser revisado en otras normas, como, por ejemplo, en las sanciones, de manera que se provoquen los incentivos adecuados para la protección de los derechos laborales.
10.- Revisar las normas que regulan las causales y aplicación de medidas de rechazo de solicitudes con abandono del país, de multas, de revocación de residencias, prohibición de ingreso y expulsión. En especial, conviene revisar las causales, proporcionalidad de las sanciones y la posibilidad de recurrir administrativa o judicialmente a esas medidas, y
11.- Revisar en su conjunto la nueva institucionalidad que se propone, fundamentalmente, el Servicio Nacional de Migraciones y el Consejo de Política Migratoria; poner atención en que la institucionalidad sea coherente con un manejo integral de la materia y ver el rol de la policía en el control de ingreso y egreso del país, así como en la fiscalización de la normativa al interior del territorio nacional.
Sin duda, señor Presidente, este es uno de los desafíos más grandes que enfrentamos las sociedades modernas. Insisto en que debemos asumirlo y entender que la migración irregular no es un delito, sino una situación de hecho que se genera producto de la necesidad o de la obligación o de la supervivencia que muchos migrantes tienen que asumir como objetivo a raíz de los procesos que se viven en sus países originarios.
Este tema es, además, altamente sensible desde el punto de vista social, porque se generan situaciones de discriminación, de abuso, de racismo, de xenofobia que no le hacen bien a nuestra sociedad.
Solo para dejar un testimonio antes de terminar mis palabras, señor Presidente, creo que la migración, desde el punto de vista productivo, económico, social, de educación -como se ha dicho-, en aporte, en inversión, ha sido positiva.
Insisto en que nuestro país es cada día más viejo y ve disminuir su población activa, por lo que, si pretendemos seguir teniendo un desarrollo sostenible en el tiempo, el aporte que hacen los inmigrantes es indispensable.
Deseo recalcar que en las comunas más pequeñas de mi Región, en los hospitales más chicos se desempeñan profesionales que están garantizando la atención de especialidades que hace tres años parecían imposibles de tener. Tal es el caso del hospital de Illapel, el de Ovalle, el de las postas o de los Cesfam de cada uno de nuestros servicios, donde es posible contar con atención de alto nivel producto de la migración, ya que muchos de esos profesionales han debido salir de sus países ante la trágica situación y la crisis humanitaria que se vive en ellos.
Señor Presidente, manifiesto nuestro voto a favor del proyecto, entendiendo que hay que presentarle muchas indicaciones, de acuerdo con el Ejecutivo, para poder mejorarlo y cumplir con los objetivos a que apunta.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la Senadora Luz Ebensperger.


La señora EBENSPERGER.- Señor Presidente, hoy, sin duda, estamos frente a una discusión relevante. Debemos votar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre una nueva Ley de Migración y Extranjería, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y que fue objeto de una indicación sustitutiva el 10 de abril del 2018.
Actualmente, esta materia tiene un régimen legal muy antiguo, el decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile y que no es propiamente una ley de migraciones. Esto, porque dicho decreto tuvo por objeto regular una serie de situaciones de hecho, en un momento en que en el país residían pocos extranjeros, lo que, ciertamente, no se condice con la posición de receptor neto de migración de los últimos años.
Así las cosas, la legislación actual carece de principios orientadores, no reconoce derechos, ni tampoco impone deberes a los inmigrantes, conforme a la evolución del derecho internacional en la materia. Además, posee categorías migratorias insuficientes en relación con las causas que llevan a una persona a emigrar de su lugar de origen. En fin, otorga facultades dispersas a diversos órganos del Estado, y especialmente a la principal autoridad en la materia.
La Subsecretaría del Interior, que cuenta con el Departamento de Extranjería y Migración, carece hoy de medios suficientes, considerando el aumento constante de los requerimientos de trámites y solicitudes. El procedimiento actual para la revalidación de títulos universitarios resulta engorroso. En la práctica, es imposible, por ejemplo, la expulsión de un extranjero que ha vulnerado la ley y no se regula en detalle el tránsito vecinal transfronterizo enunciado en la ley N° 19.581.
La situación de los refugiados se rige, a su vez, por la ley Nº 20.430, que establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, entendiendo por tales a quienes tienen fundados temores de ser perseguidos por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y no puedan o no quieran acogerse a la protección del país de su nacionalidad; y a quienes hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, la violación masiva de los derechos humanos.
Debe tenerse presente que la protección de los refugiados no se ve modificada en este proyecto y que está sometida a los principios de no devolución, de no sanción por ingreso ilegal, de confidencialidad, de no discriminación, de trato más favorable posible y de reunificación familiar.
En 2014 había aproximadamente 416 mil extranjeros en Chile, que representaban el 2,3 por ciento de la población. Tal cifra aumentó drásticamente a casi un millón en el 2017, lo que representa un 5,5 por ciento de la población total. De ese número, el Ministerio del Interior estimaba, antes de iniciar el proceso de regularización extraordinario, que al menos 300 mil extranjeros se encontraban en situación irregular.
A diciembre del 2018, el INE calculó que había 1.251.225 personas extranjeras residentes en Chile, y hoy ya superan las 1.330.000.
En el caso concreto de la Región de Tarapacá, la población total de migrantes representa el 16,9 por ciento del total de la población, cifra que, proporcionalmente, supera a todas las regiones del país: la Metropolitana tiene un 10,2 por ciento de migración y el total nacional es de 6,6 por ciento.
Resulta del caso destacar que, conjuntamente con el envío de la indicación sustitutiva al proyecto sobre migración y extranjería (boletín Nº 8.970-06), iniciado en mensaje durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Ejecutivo llevó adelante por vía administrativa un proceso de regularización extraordinario de inmigrantes que se encontraban a esa fecha en situación migratoria irregular en nuestro país, el cual fue instruido por resolución exenta Nº 1.965, del 9 de abril del 2018, proceso que se ha desarrollado con mucho éxito a la fecha.
Todo este crecimiento migratorio establece, además, presiones al Estado y sobre el empleo, las viviendas, las economías regionales, los servicios de educación y salud, la seguridad social, así como también -y es importante señalarlo- sobre la convivencia entre chilenos y extranjeros.
Chile siempre ha estado abierto a la buena migración: la queremos y la necesitamos. Pero también debe tener un límite, que radica en el equilibrio entre el ingreso, las necesidades del país y el respeto de los derechos y la dignidad de los nacionales y también de la propia población migrante radicada en nuestro territorio.
En ese contexto, en abril del 2018, el Presidente de la República formuló indicaciones al proyecto sobre migración y extranjería, que fuera presentado en su primera Administración y que se encuentra en su segundo trámite en este Senado. Es decir, el Gobierno del Presidente Piñera se hizo cargo de una realidad que existe en nuestro país y que debe ser regulada a través de la iniciativa que ahora votamos en general.
Su objetivo, conforme lo define su artículo 2, es regular el ingreso, la estadía, la residencia y el egreso de los extranjeros del país, y el ejercicio de sus derechos y deberes.
Los principales puntos del proyecto son:
1) Lograr una migración ordenada, segura y regular, en el entendido de que la inmigración regular es la única vía para la integración plena.
¿Qué significa eso?
Una migración ordenada implica que existan reglas claras, que se sinceren las intenciones de quienes quieren entrar y que el Estado pueda determinar si permite o no dicho ingreso.
Una inmigración segura resguarda los derechos de los extranjeros, reprimiendo y sancionando el tráfico de tales y la trata de personas, y permite que el Estado conozca quiénes entran y que estos no tengan antecedentes penales.
Finalmente, una migración regular asegura que el migrante obtenga sus permisos dentro del marco de la ley, lo que además le entregará herramientas para integrarse y ser un aporte al país.
2) Igualdad de derechos y obligaciones: El proyecto reconoce la igualdad de derechos y obligaciones de los inmigrantes. Es importante resaltar al migrante no solo como sujeto de derecho, sino también como sujeto de obligaciones. Cada derecho lleva aparejado un deber.
3) Se establece una nueva institucionalidad migratoria, compuesta por una Política Nacional de Migración y Extranjería; por un Consejo de Política Migratoria, donde se incluirá a los alcaldes; por un Servicio Nacional de Migraciones, y, por cierto, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
4) Se disponen sanciones e infracciones claras.
5) También se contemplan categorías de visados, que son tipos de permisos más amplios, claros y permanentes.
En definitiva, este proyecto acoge y se hace cargo de la realidad que hoy enfrentamos.
Existen, como dijo el Senador Letelier, algunos desacuerdos, particularmente sobre el principio de la no devolución. Al respecto, consideramos que debemos mantener lo señalado en la legislación vigente, es decir, el derecho que tienen los refugiados a este principio conforme a lo establecido en la ley Nº 20.430.
Estamos de acuerdo en que no haya un cambio de categoría migratoria y en que ello solo se permita de forma excepcional y en los casos contemplados en esta iniciativa.
También creemos que es importante ampliar el número de universidades que convaliden títulos profesionales y que no se limite solamente a las estatales. Nos parece que tal procedimiento ha sido engorroso y debe ser ampliado para resolver en forma mucho más diligente y pronta esa situación.
Señor Presidente, no puedo terminar mi intervención sin referirme un par de segundos a la situación de Tarapacá.
Tarapacá ha sido siempre una región de puertas abiertas a la migración. Sin duda, es la más multicultural del país: actualmente alberga a un 17 por ciento de la población migratoria. Desde antaño, con los chinos en el guano, con extranjeros en el salitre, con nuestros hermanos y vecinos bolivianos y peruanos en la zona franca, queremos y necesitamos la buena migración en Tarapacá.
Pero esta región también sufre los efectos de la mala migración.
¡Hay un porcentaje de mala migración que no queremos!
Requerimos que el Estado de Chile se haga responsable, y podrá hacerlo a través de este proyecto.
En marzo del 2014, entregamos el Gobierno regional con seis campamentos. En la actualidad existen treinta y dos, la mayoría de inmigrantes irregulares.
La situación del desempleo es crítica: se entregó con pleno empleo en marzo del 2014. Actualmente, la desocupación alcanza al 7,3 por ciento.
En educación tenemos una lista de espera de más de 1.800 niños, principalmente en jardines infantiles.
Por eso, señalo y reitero: creemos en la migración, necesitamos la buena migración. A través de esta futura ley podemos darle al Estado las herramientas para que ponga fin a la mala migración, aquella que les hace daño a los chilenos, aquella que puede generar un estallido social si no se controla debidamente. Y esto no lo digo yo, sino los propios chilenos y los propios migrantes regulares de la Región de Tarapacá.
Agradezco al Gobierno por este proyecto y espero que sea aprobado prontamente, a efectos de que se pueda ordenar la migración en nuestro país.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador Ricardo Lagos.


El señor LAGOS.- Señor Presidente, creo que es más que oportuno que legislemos sobre la materia que considera la indicación sustitutiva que presentó el Gobierno al proyecto original. Estimo que esta iniciativa sobre migración trata de hacerse cargo de lo que sucede en estos tiempos.
La migración no va a ser un fenómeno transitorio en nuestro país, sino permanente. Y no lo digo tanto por la llegada de personas con carácter de refugiados políticos o económicos propiamente tales, como ha ocurrido en Chile últimamente.
En la actualidad, la migración -y el fenómeno se ha producido históricamente: hubo varias en el siglo XIX y en parte del siglo XX- es tal vez de otra naturaleza: al interior de nuestro propio continente, de América Latina, de la América morena. Es una migración diferente, impulsada hacia Chile por temas económicos y políticos de la región.
Sin embargo, la migración a la que deberemos hacer frente no solo en nuestro territorio, sino a nivel global -y quiero relevar este punto- se relaciona con el cambio climático. Esa es la verdadera migración que preocupa hoy en el mundo.
Estudios del Banco Mundial -organismo del cual se podrán decir muchas cosas, pero en esta materia no va a ser reputado- estiman que para el año 2050 habrá más de 140 millones de migrantes al interior de los propios países -hablamos de naciones de cierta magnitud geográfica-, producto del cambio climático. Y entre fronteras, debido al mismo fenómeno y en igual plazo, más de 300 millones de personas serán desplazadas a nivel mundial.
Entonces, lo primero que quiero señalar es que las categorías migratorias de refugiado económico y refugiado político van a ser estrechas para hacer frente a lo que va a ocurrir por el cambio global.
El segundo razonamiento, que se colige de lo anterior, es que, si vamos a tener una masa migratoria muy grande tanto al interior de los países -de cierto tamaño, por supuesto- como entre naciones producto del cambio climático, la respuesta debe ser global y no una exclusivamente de carácter individual, pensando solo en los intereses de Chile y en la legislación nacional.
Eso quedó demostrado en el último mes y medio en nuestro país a partir de las acciones de nuestro Gobierno.
¿Qué ocurrió? El Presidente Piñera en reunión de la Alianza del Pacífico señaló que resulta necesario que dicho organismo aborde el tema migratorio; a la semana siguiente concurrió a la Cumbre del Mercosur y planteó similar propuesta, y, a renglón seguido, en el Grupo de Lima propuso que tal instancia debiera hacerse cargo de dicho fenómeno.
En la Alianza del Pacífico está México, donde el asunto migratorio hoy día está candente producto de la relación con Estados Unidos; está Colombia, un país con problemas en la frontera con Venezuela por la gran cantidad de inmigrantes, y está Perú, un lugar de tránsito, como hemos visto recientemente, de migrantes que vienen a Chile.
Mi conclusión es que descansar en la comunidad internacional es importante. Por eso ahora vuelvo atrás: costó digerir y ha sido difícil de entender la actitud del Gobierno chileno de no firmar el Pacto Mundial para la Migración. La Alianza del Pacífico estaba bien para enfrentar eso; el Grupo de Lima estaba bien para enfrentar eso; el Mercosur estaba bien para enfrentar eso, ¡pero no las Naciones Unidas!
Por tanto, el primer punto es que esta futura ley es importante.
En reunión reciente con el Presidente de la República, quien invitó a un grupo de parlamentarios, abordó el asunto y señaló algo que constituye una luz de esperanza -tengo que mirar esto con optimismo-: luego de definir nuestra legislación interna, vamos a ver cómo conversa la iniciativa que vamos a discutir en el Parlamento con los requerimientos y las coordinaciones que hay que establecer con el sistema multilateral (léase "Pacto Mundial para la Migración").
Quiero creer que lo que vamos a aprobar en particular y que saldrá del Congreso va a poder conversar con el sistema de Naciones Unidas, para hacernos cargo de manera global de la cuestión migratoria.
Asimismo, las migraciones son un asunto delicado para nosotros.
Lo fácil -y lo hemos visto en otras experiencias- es señalar que, cuando un país asume dificultades (y una nación en desarrollo como Chile las tiene, y sin migración; por ejemplo, con nuestras pensiones, con los consultorios de salud que no dan abasto, con las listas de espera, con los problemas de vivienda, con las tomas en la Región de Valparaíso), estas se acrecienta con la migración, en particular con la irregular.
Entonces, es necesario normar y asumir que en el pasado y en el Gobierno anterior no hubo la mejor regulación al tema de la migración diaria. Quiero decirlo así. Pero, con la misma fuerza que sostengo que en el pasado no se actuó con toda la premura y tal vez la diligencia necesaria, señalo que ello no es excusa ni óbice para que hoy día se diga: "Vamos a despachar una legislación que no conversa con la comunidad internacional o vamos a asumir una actitud que pone en clave doméstica y de política interna algo tan delicado como la migración".
Por eso hoy día algunos chilenos tienen susto de la migración. Derechamente, hay compatriotas que son racistas y xenófobos. A ellos es muy difícil convencerlos de lo contrario.
Pero hay un segmento grande, una brecha, que siente ansiedad con la migración, que tiene susto con la migración, que sufre angustia con la migración. Ante ello, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros, a los que estamos en la toma de decisiones, a los que generamos opinión pública, a los medios de comunicación, al Presidente de la República, al Subsecretario del Interior, al Ministro del Interior?
¿Contener esas angustias, sustos y ansiedades o exacerbarlas? Yo creo que lo primero. Es obvio.
Pero cuando en los discursos, tanto de campaña como los de ahora como Presidente, se vislumbra a ratos la asociación de inmigrante con delincuencia, de inmigrante con terrorismo, ese pensamiento no ayuda al tema. Y tampoco ayuda señalar que iremos a la frontera a defender con machete nuestra soberanía de los inmigrantes.
Uno entiende que se trata de un problema y sabemos que no cuesta nada ser populista, así como no cuesta nada decirle a un grupo de chilenos: "Usted no tiene acceso a la sala cuna porque la está ocupando un migrante". ¡Pero eso genera una tensión!
El punto es que los migrantes ya están acá. Y muchos de ellos van a tener hijos, y esos hijos de extranjeros van a ser chilenos mañana. Entonces, en nuestro país habrá habitantes con dos nacionalidades. ¿Habrá dos categorías de chilenos?
Señor Presidente, yo pido -y es el llamado de esta propuesta legislativa- que ojalá modifiquemos el tono. Enfrentamos un problema: no hay ningún país que haya recibido migración que no tenga tensiones. ¡Ninguno!
La pregunta es cómo las procesamos. Y uno percibe a ratos que, tal vez de manera inadvertida -no quiero decir "adrede"-, hay un discurso que exacerba las angustias, los miedos y las tensiones de un número importante de chilenos a los que les asusta la migración.
Por ende, debemos hacer esfuerzos.
A la Comisión de Hacienda concurrieron el Ministro de Hacienda y el Director de Presupuestos. La única cifra que dieron sobre migración fueron los millones de dólares que se gastan en educación, salud y vivienda para los migrantes. Escapó a la atención del Ministro de Hacienda que siete días antes -no diez, ¡siete días antes!- el Banco Central concurrió a este Congreso a informar de la contribución de los migrantes a mejorar el PIB potencial de Chile en varias décimas. Es decir, su aporte ayuda a la economía nacional.
Estudiadas las características y calificaciones de los migrantes, en comparación con las de los nacionales, mutatis mutandis, los primeros presentan mejores evaluaciones.
Y si a eso se suma el aspecto demográfico, donde la mujer chilena presenta una tasa de fecundidad de 1,6 a 1,8, muy por debajo del 2,1 que se requiere para engrosar la población, cabe advertir que Chile enfrenta un problema ante el cual la población migrante va a ser una contribución.
Voy a reiterar mi planteamiento: sí, hay que regular esto; sí, la Administración anterior no fue todo lo diligente o acuciosa que tendría que haber sido en esta materia. Le concedo ese punto al Gobierno actual. Pero también le pido que no exacerbe las angustias, los miedos y las tensiones que muestran legítimamente muchos chilenos.
Yo siento que eso a ratos se escapa.
Ojalá que en la discusión en particular podamos mejorar el proyecto. Hay cinco áreas en las cuales voy a hacer propuestas a través de indicaciones, las cuales han sido mencionadas por varios colegas:
-Incorporar el principio de la no devolución.
-Asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a seguridad social y beneficios de cargo fiscal.
-Adoptar medidas para la protección e inclusión de trabajadores migrantes.
-Garantizar el derecho a recurrir ante una medida de expulsión.
-Incorporar posibilidades de cambio de categoría migratoria dentro del país y mecanismos de regularización.
Termino señalando, señor Presidente, que las visas democráticas van a servir para quienes vengan escapando por razones políticas de regímenes tal vez opresivos, pero la gran migración del futuro se relaciona con los cambios climáticos. ¿Qué tipo de categoría migratoria vamos a tener entonces?
Gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.


La señora RINCÓN.- Señor Presidente, este proyecto de ley establece principios que orientan el actuar del Estado y derechos y obligaciones de los migrantes, lo que representa el marco en el que se va a desenvolver la acción del Estado frente a la migración: los principios relativos al interés superior del niño, niña o adolescente (artículo 4); los procedimientos migratorios informados (artículo 5); la no criminalización de la migración (artículo 9); los derechos laborales (artículo 14) y sociales.
Sin lugar a dudas, esta iniciativa significa un avance respecto de la actual Ley de Extranjería.
No obstante, hay un conjunto de normas que requieren una mirada especial en su discusión particular, porque, del modo como están planteadas, no reflejan un respeto irrestricto a las garantías fundamentales existentes en nuestro país y a las cuales estamos obligados.
Existen once puntos que requieren nuestra particular atención.
El primero dice relación con las excesivas atribuciones que tiene el Ejecutivo para determinar los casos en los que se va a proceder a la permanencia transitoria y las residencias temporales, materias que, además, están remitidas a la potestad reglamentaria, vía resoluciones exentas. Los plazos y las condiciones, y por ende el derecho a trabajar, el derecho a solicitar otra residencia o la residencia definitiva que ellas implican, deben estar establecidos por la ley y no pueden quedar sujetos a la potestad reglamentaria.
Un segundo aspecto se refiere al sistema de visas (artículo 56 del proyecto), que prohíbe el cambio de categoría migratoria. No me voy a extender en esto porque ya muchos de mis colegas han hablado sobre este particular. Pero tenemos la obligación de precisar y de ampliar la categoría. Lo hemos hablado con distintas organizaciones y aquí hay una mirada fundamental. Es imprescindible la creación de una categoría de ingreso al país que permita la búsqueda de trabajo, con sistemas simples de tramitación, de manera de transparentar y gestionar mejor la situación de lo que hoy se produce.
Tercero: en cuanto a la tramitación, se debe avanzar en sistemas digitales que permitan gestionar la residencia con mínimos actos presenciales. Somos un país que está conectado, y debemos avanzar acorde a los tiempos.
Cuarto: hoy los plazos de tramitación son excesivos. Hay una vulneración de los derechos por la imposibilidad de las personas migrantes de acceder tanto a políticas públicas como a trabajos formales. Por ello, es necesario regular una tramitación sumaria para ciertos casos, como el de las mujeres embarazadas y el de los niños, niñas y adolescentes.
Un quinto tema se refiere a las causales de rechazo y revocación de los permisos de residencia. No voy a extenderme en esto. Ya se ha señalado.
Sexto: es necesario que el Consejo de Política Migratoria posea una perspectiva integral del proceso migratorio, toda vez que el proyecto de ley no considera siquiera un programa de desarrollo e inclusión de integración de los migrantes, que sería lo propio de una ley de esta naturaleza. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas migrantes no son protegidos frente a las múltiples formas de discriminación y de vulneración a las que son expuestos. Si realmente se desea abordar la situación de los inmigrantes en nuestro país, en el Consejo han de integrarse Ministerios como el del Trabajo, de Desarrollo Social, de Vivienda, de Salud, de la Mujer y la Equidad de Género, como mínimo.
Ese fue un ejercicio que hicimos en el Gobierno anterior. Lamentablemente, las prioridades no estuvieron puestas ahí y no se siguió avanzando.
Séptimo: el Gobierno dice estar empeñado en combatir la violencia contra la mujer. Sin embargo, no existe en este proyecto de ley un enfoque de género: omite medidas de protección para las mujeres migrantes especialmente vulnerables y en situación migratoria irregular. Urge el establecimiento de una visa de residencia temporaria para mujeres embarazadas y para las víctimas de violencia intrafamiliar, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Es fundamental que se revise la entrega de una visa dependiente de la visa de sus agresores, porque sería un grave retroceso.
Es necesario mantener vigente la visa temporal para las mujeres embarazadas y para quienes hayan vivido violencia intrafamiliar, además de explicitar su derecho a acceder a las políticas y redes públicas sobre violencia de género, con independencia de su situación migratoria.
Octavo: existe ambigüedad con respecto a la niñez.
Las visas preferentes para la regularización de la niñez en situación migratoria irregular existen en Chile desde hace más de una década. El artículo 41 de este proyecto de ley establece: "la condición migratoria irregular del padre, madre, guardador o persona encargada del cuidado personal, no obstará la entrega del permiso de residencia de que se trate al respectivo niño, niña o adolescente", pero no le otorga el derecho a obtener residencia temporal.
A su vez, en el artículo 68 -que señala las subcategorías de residencias temporales que serán reguladas por decreto- no existe ninguna referencia a incluir visas temporales para grupos vulnerables, como los niños, las niñas y los adolescentes. Los niños no pueden quedar sin poder inscribirse y asistir a una escuela o acceder a una vacuna por no estar inscritos en un consultorio.
Noveno: en materia de seguridad social y beneficios de cargo fiscal, el artículo 16 del proyecto de ley establece beneficios para los residentes que tengan veinticuatro meses en el país. ¿Qué pasa con el resto, señor Presidente? Si los niños están primero, se debe eliminar el requisito de residencia mínima de veinticuatro meses y explicitar las garantías para el acceso igualitario a las políticas de seguridad social en favor de ellos.
Décimo: en educación, el artículo 17 del proyecto de ley establece la garantía de acceso a la educación, no pudiendo denegarse ni limitarse por nacionalidad o condición migratoria. Pero -y es un "pero" grande- esta garantía se restringe a los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado. ¿Qué pasa con los privados, señor Presidente? ¿No existe ahí acceso para esos niños y niñas?
También es discriminatorio el requisito sobre acceso a la gratuidad universitaria de la letra a) del artículo 103 de la ley N° 21.091, sobre Educación Superior, requisito que exige que se haya cursado la enseñanza media completa en Chile. Eso es claramente discriminatorio.
Termino, señor Presidente, con un último punto, de índole laboral.
Se observa una falta de voluntad política para regular la migración laboral, su protección social, la no explotación y el trabajo digno. La iniciativa apenas se ocupa de multar a los empleadores que contraten migrantes irregulares; ni siquiera establece un mecanismo para la ejecución de las multas a las que se les expone.
Es urgente corregir aquello.
Todas estas carencias no hacen más que evidenciar a nivel nacional las razones por las que el Gobierno se negó, en su minuto, a suscribir el Pacto Migratorio de las Naciones Unidas. Lo mismo que dicho pacto garantiza a los migrantes es lo que no contiene este proyecto de ley.
Señor Presidente, quien me antecedió en el uso de la palabra levantó un punto fundamental: señaló que el Ministro dijo que se gastan millones en educación, salud y vivienda para los migrantes, en tanto que el Banco Central habló de la importancia que tienen los migrantes en el PIB tendencial. Señor Presidente, ¿cuánto de lo que nos deja el trabajo y el esfuerzo de los migrantes va en beneficio de ellos y del resto de los chilenos para mejorar salud, educación, vivienda, infraestructura?
Si tuviéramos más de aquello, sin lugar a dudas la migración no sería mirada con temor, con susto, con rabia; la migración sería aplaudida de pie, porque significaría elevar los estándares, no solo de los migrantes, sino de todos y de cada uno de los habitantes de nuestro país.
Creo profundamente que la migración le hace bien a Chile, que es necesaria, pero en tanto se reconozca su aporte y se traduzca también en mejor calidad de vida para todos y todas en nuestro país.
Gracias, señor Presidente.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Lagos.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, solicito un nuevo plazo de indicaciones, hasta el viernes 16 de agosto, para el proyecto proinversión, que está en la Comisión de Hacienda.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo?
--Se accede a lo solicitado.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.


El señor INSULZA.- Señor Presidente, se ha dicho varias veces: este es un proyecto urgente, por cuanto ya llevamos mucho tiempo sin una legislación migratoria que se corresponda con la situación que vivimos en el país. Mientras discutimos esta ley, probablemente la cantidad de migrantes haya aumentado al doble, porque están llegando de todas partes.
El número de migrantes en el mundo no es tan grande. Migra al año alrededor de un 2 por ciento de la población, cuando mucho. Pero el 2 por ciento de la población mundial hoy día son 150 millones de personas. Y, por tanto, el drama que se vive es bien significativo.
Además, en nuestra región este fenómeno ha aumentado sustantivamente por crisis políticas. América Latina es una zona de mucha migración; se migra a una velocidad más alta. Lo que pasa es que antes los migrantes iban hacia el norte, pero ahora el norte está más difícil, más cerrado, y vienen hacia el sur, a varios países; y a Chile, muchos.
Eso va a pasar y va a seguir pasando; no va a cambiar. A quienes piensan que se va a contener la migración yo les digo que podemos regularla, podemos ordenarla, pero, probablemente, este país da más oportunidades que otros -eso la gente lo sabe- y además creo que hemos hecho algunas cosas para asegurarnos de que vengan, dicho sea de paso.
No voy a volver sobre las críticas, señor Presidente, porque ya las hemos hecho. Yo creo que tenemos un problema y que hay que actuar con criterio de Estado, y lo primero que debemos hacer es aprobar este proyecto.
Hace pocos días me tocó presentar un libro sobre migración en el Centro de Estudios Públicos. Es una gran contribución que les sugiero leer a quienes quieran discutir el tema, porque ahí están todos los datos que necesitan saber sobre muchas de las cosas que hemos hablado aquí: salud, educación, trabajo, origen de los migrantes, sus edades. Están todos ahí, en ese libro. Es un libro empírico, como se ha dicho, pero que tiene algunos contenidos importantes.
Yo me voy a referir a dos de ellos.
Primero -y esta es la crítica fundamental de los autores del texto-, hay dos aspectos: la institucionalidad y la discrecionalidad.
Voy a empezar por el segundo.
En realidad, todo ha sido bastante discrecional: quiénes entran y quiénes no entran al país; quiénes obtienen visa y quiénes no; quiénes tienen que esperar para recibir la nacionalidad. Todas esas cosas dependen mucho de la decisión de la autoridad.
A mí me tocó ser Ministro del Interior en un tiempo en el que había pocos migrantes -no eran tan pocos, unos doscientos mil- y, naturalmente, en esa época todos conseguían el objetivo. Pero digamos las cosas con franqueza: ya se demoraban bastante en ese tiempo, porque nuestra institucionalidad es muy frágil. La verdad es que, si miramos las instituciones que tenemos a cargo de la migración en Chile, hasta para los doscientos mil migrantes de hace quince años faltaba institucionalidad. Y hoy día esta se halla completamente colapsada.
Yo por lo menos recibo a cada rato llamadas telefónicas, peticiones, etcétera, de gente que me pregunta qué es lo que puede hacer porque su expediente en materia de nacionalización o en materia de residencia permanente lleva dos años atrasado. Nada se mueve. Y no se trata de culpar a las personas a las cuales homenajeaba el Senador Moreira, sino de reconocer la realidad: no hay personal ni recursos para eso.
De ahí que sea tan importante que saquemos luego esta ley y que la hagamos bien.
Aquí hay muchas cosas que discutir, por cierto -se han enumerado-, y solamente quiero volver sobre un par de ellas.
Nosotros tenemos algunas dudas respecto de las categorías de visas. Mientras se presentaba este proyecto de ley (entre paréntesis, lo presentó el Presidente de la República hace como un año y medio en La Moneda; yo estaba ahí), al mismo tiempo se anunciaron dos decretos. Y, para ser bien claro, uno era para recibir venezolanos y otro para sacar haitianos. ¡Los dos se han cumplido!
Yo creo que eso es discrecional y no debería ocurrir. Pienso que hay que tener categorías de visas que sean bien claras y que todas hagan real este principio de que todos somos iguales ante la ley; también los extranjeros.
No creo que podamos seguir con sueños -me voy a referir a eso al final- como el de don Vicente Pérez Rosales en cuanto a que solo vamos a traer al país a puros científicos y a un montón de sabios. Eso no va a ocurrir. Nosotros tenemos que cumplir una ley estricta y no discriminar entre las personas por nacionalidades ni por categorías.
Considero que hay aspectos importantes, algunos de los cuales ya mencionó la Senadora Ebensperger.
Primero, este asunto de que hay buenos y malos migrantes.
A mi juicio, hay un elemento que es correcto. Hay que evitar -y eso lo prevé la ley- a los migrantes que tienen prontuario, que crean organizaciones criminales. Por cierto, eso ocurre y es algo que debe atender la ley, pero no se puede confundir con la situación o el estado económico de los migrantes.
Los inmigrantes son, por definición, gente que busca una mejor condición de vida. Cuando eran doscientos mil, tenían -lo dijo el Senador Quinteros también- mejor escolaridad. Desde luego, los que llegaron con visa de responsabilidad democrática son casi todos profesionales; tienen buena educación. Pero esa no es la realidad de la migración.
La realidad de la migración, para la gente que visita mucho la Estatua de la Libertad, está reflejada ahí. Y aprendemos de eso en los países que han sido exitosos en su migración, como Estados Unidos o Australia, admirados por su política migratoria; hasta hace poco, por lo menos en el caso de Estados Unidos, que ha cambiado bastante, por desgracia. ¿Y por qué? Porque hacían lo que dijo Emma Lazarus, cuyas palabras están a los pies de la Estatua de la Libertad:
Dame a tus cansados, a tus pobres
a tus masas amontonadas
que ruegan por vivir libres.
¡Esos son los que vienen! ¡No nos olvidemos de eso! No sigamos con esta tontera de que queremos profesionales -como lo pide el Presidente Trump ahora-, de que queremos pura escolaridad.
Aquí va a venir mucha gente a buscar una mejor condición de vida. Y la verdad es que, si ustedes quieren considerar la experiencia en materia de migración, vamos a los lugares donde realmente han llegado migrantes, donde han hecho crecer la ciudad.
Los chilenos visitan mucho Miami, que era un refugio de ancianos y de gangsters hace sesenta años. Empezaron a llegar los cubanos; barrían el suelo, trapeaban los pisos, limpiaban los baños. Después llegaron otros y probablemente ya los cubanos eran los managers. Y hoy día los descendientes de cubanos son los propietarios, los managers son de otra nacionalidad, y los más pobres y los que han llegado en forma más reciente están limpiando los pisos.
¡Así funciona el fenómeno de la migración! ¡Qué es esta tontería de que deben tener no sé cuánta escolaridad y todo lo demás!
Por eso, señor Presidente, preocupémonos de que esta ley sea lo más unitaria posible. Por lo que se ha dicho aquí, se van a presentar muchas indicaciones y nos vamos a demorar en sacarla. ¡Saquémosla bien! Es la primera ley migratoria que tendrá Chile. Digámoslo con franqueza. No va a tener otra en mucho tiempo y, entonces, esta tenemos que sacarla bien y hacernos cargo de los temas institucionales, de los temas de procedimiento, de los temas de institucionalidad y, sobre todo, de crear un servicio migratorio en condiciones de manejar a los dos millones de ciudadanos extranjeros que vamos a tener antes de fines de la década. Esa es la realidad. Ya estamos, más o menos, en un millón y medio. Vamos a tener que acostumbrarnos a que la nacionalidad chilena, los diecisiete millones y tantos de chilenos, que nacen a un ritmo bastante bajo, van a ir creciendo a un ritmo más alto, porque en Chile están naciendo muchos más hijos de extranjeros que hijos de chilenos. Esa es la realidad. Es la nueva realidad de nuestro país y yo espero que la enfrentemos, aquí sí, con una política de Estado, en que nos pongamos todos de acuerdo, hagamos las cosas bien, y acojamos a los que podamos acoger.
Quiero terminar diciendo esto: yo estoy de acuerdo con las medidas que se han tomado en los últimos días. Estoy de acuerdo en fijar visa a los inmigrantes de un país o de los países que muestran un exceso de gente. Estoy, por cierto, de acuerdo en la decisión tomada respecto del consulado en Tacna y el consulado en Lima. También estoy de acuerdo en que las personas que vienen deben hacerlo realmente como turistas o realmente a trabajar, porque estamos en una situación en que no podemos seguir resistiendo la ola que está llegando.
No quisiera que fuera así. Yo soy partidario de que vengan todas las personas que puedan venir, pero, en realidad, si no las vamos a recibir bien, si no vamos a tener condiciones para instalarlas, la verdad es que las medidas que se están tomando resultan bastante razonables. Creo que damos una cierta demostración de voluntad política, de hacer las cosas bien, de hacerlas de común acuerdo, de hacerlas con tranquilidad y de tener el tamaño de migración que estamos teniendo y saber atenderlo como alguna vez lo hicimos con los primeros migrantes que llegaron a este país.
Muchas gracias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Chahuán.


El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, el 2040 uno de cada dos nuevos chilenos tendrá a uno de sus padres extranjero. ¡Uno de cada dos nuevos chilenos tendrá a uno de sus padres extranjero! Eso habla de un Chile diverso. Por eso es el momento de hacer justicia, señor Presidente.
Quiero señalar que, iniciado el primer Gobierno del Presidente Piñera, concurrimos, junto a Incami, a la oficina del Subsecretario del Interior, donde estuvimos trabajando un primer borrador desarrollado por la Iglesia católica. De eso también hay que hacer historia, porque durante los años de la Concertación no hubo capacidad para ponerse de acuerdo respecto de una ley de migración.
Y fue el Gobierno del Presidente Piñera, encomendando para tal fin en aquel entonces a Rodrigo Ubilla, quien está hoy día presente en esta Sala, el que trabajó junto con la Iglesia católica, entre otras organizaciones, para sacar adelante un proyecto de ley de migraciones.
Ciertamente, eso da cuenta de una realidad. El Presidente Piñera nos ha señalado que hoy día es absolutamente necesario hacerse cargo de una legislación que aborde la migración segura, ordenada y regular, con una nueva institucionalidad como la que establece este proyecto, con un Consejo de Política Migratoria, con un Servicio Nacional de Migraciones, con una participación activa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y con un sistema de visados moderno.
El proyecto establece un catálogo flexible de categorías migratorias, y se abre paso, fundamentalmente, a la posibilidad de reemplazar esa Ley de Extranjería obsoleta del año 75, para hacerse cargo de la realidad existente hoy día en el país.
El Presidente Piñera señalaba que la llegada de inmigrantes durante los últimos años ha tenido un aumento sostenido y exponencial que no ha sido regulado ni atendido de manera eficiente, lo que demuestra la incapacidad de la actual institucionalidad migratoria de solventar ese crecimiento de ingreso de las personas.
¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de que una legislación moderna en materia migratoria debe asegurar un justo equilibrio entre ser un país que acoja y uno que ordene su casa y establezca reglas para entrar a su territorio.
La migración ha sido extraordinariamente importante en Chile. Yo soy hijo de inmigrantes, mis abuelos llegaron a dedicarse al comercio a los doce, a los trece años, casados. Mis padres fueron los primeros profesionales de su familia. Eso habla, necesariamente, de la realidad de los inmigrantes en Chile. Y eso habla, además, de cómo los migrantes han podido contribuir en todas las esferas en que se desarrollan.
Ciertamente, hay materias en las cuales habrá que presentar indicaciones. Una de ellas, por supuesto, dice relación con el reconocimiento de los títulos técnicos y universitarios, para los efectos de ampliar ese reconocimiento no solamente a las universidades estatales, sino también a otras universidades, centros de formación y de educación superior.
El acceso de los extranjeros nacionalizados a cargos públicos es otro tema que nos parece de la mayor importancia y que será parte de las indicaciones que presentaremos.
Otro asunto de gran relevancia es poner el foco en la descentralización. No podemos tener una institucionalidad altamente concentrada y centralizada, debemos enfocarnos en la descentralización para avanzar.
Y también tenemos que generar la prórroga de las cédulas de identidad cuando el visado esté en trámite. Este es un tema muy significativo, porque hoy día existen migrantes que carecen de cédula de identidad y que están tramitando ese visado, con un carácter concentrado y centralizado, a pesar de los esfuerzos que se hacen para que no sea así, particularmente en migraciones.
Quiero felicitar, asimismo, a Álvaro Bellolio, quien ha realizado una labor bastante importante, y a Mijail Bonito, que ha estado trabajando en los temas de crisis, especialmente en la zona norte.
Por tanto, acá tenemos una legislación que se hace cargo de la realidad del país, y que tenemos que poner sobre la mesa.
Me gustaría citar a Ban Ki-Moon, quien el 18 de diciembre de 2013 señalaba en las Naciones Unidas, con ocasión de celebrarse el Día Mundial del Migrante:
"Hagamos que la migración beneficie a los migrantes y los países por igual. Se lo debemos a los millones de migrantes que, con su valentía y sus sueños, ayudan a que nuestras sociedades sean más prósperas, flexibles y diversas".
Nosotros, como país, hemos contribuido. Yo fui autor del proyecto de ley que estableció la conmemoración del Día Mundial del Migrante y de la iniciativa que permitió celebrar el Día Mundial del Refugiado. Y también se dio la posibilidad de que los apátridas tuvieran acceso a nacionalizarse. Chile ha hecho esfuerzos importantes. No solamente ha acogido a migrantes, sino también a refugiados en tiempos de crisis: a los palestinos que se encontraban en la frontera de Irak, al igual que a los refugiados sirios que han estado llegando a nuestro país.
Eso habla de un país que tiene una definición, de un país abierto, de un país que entiende que la migración es un aporte, sobre todo considerando que nuestra baja tasa de natalidad pone en peligro, en riesgo, nuestra tasa de reemplazo, y que, en definitiva, Chile se está envejeciendo.
Los migrantes serán un aporte insustituible al desarrollo del país, pero es necesaria una migración segura, ordenada y regular. Y esto ha sido abordado por el Gobierno del Presidente Piñera.
Quiero también felicitar al Ministro del Interior, que hoy día está presente, quien también ha mostrado liderazgo en esta materia para que, finalmente, tengamos una legislación a tono con los nuevos tiempos.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Galilea.


El señor GALILEA.- Señor Presidente, como ya se ha dicho anteriormente, nuestra ley de migraciones data del año 1975, y, como es previsible, no logra abordar de manera correcta todos los desafíos que la migración nos plantea hoy día.
En dicho cuerpo legal hay carencia de principios orientadores, por ejemplo, en temas de reunificación familiar no se dice una palabra; existen categorías migratorias completamente insuficientes, básicamente de dos tipos; hay una institucionalidad débil, todo depende del Departamento de Extranjería y Migración, que cuelga por ahí del Ministerio del Interior; existen muchas dificultades para sancionar a quienes incumplen la ley migratoria.
En fin, claramente la pertinencia de la iniciativa de ley que ha presentado el Presidente Sebastián Piñera es absoluta: debemos tener una nueva ley de migraciones en el país.
Hay que decir que en relación con los extranjeros existen algunas normativas un poco más nuevas: la ley que aborda el tema de los refugiados, que nace de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, de 2016, y que se tradujo en Chile en la ley N° 20.430; y otra normativa de trata de personas que tuvo origen en una moción parlamentaria que se transformó en la ley N° 20.507.
Esta iniciativa ya ha generado bastantes puntos de disputa, independiente de que haya sido aprobada en la Cámara y de que nosotros estemos aprobándola en general. Y yo me atrevería a decir que los grandes temas de discusión en el proyecto de ley que estamos tramitando tienen que ver con las eventuales visas transitorias para búsqueda de trabajo, el cambio de categoría migratoria dentro del país, la reclamación judicial de las órdenes de expulsión, el reconocimiento de títulos y el porcentaje de trabajadores extranjeros en las empresas chilenas.
Detrás de todas estas discusiones, la verdad de las cosas es que subyace un debate profundo del nivel de apertura que razonablemente debe tener un país frente a la migración.
Por supuesto que este es un tema opinable, y aquí se admiten todas las variaciones, desde las personas o instituciones que dicen que nuestro país debe estar cien por ciento abierto a recibir a cualquiera que cruce sus fronteras, hasta otras que, por el contrario, señalan que no quieren recibir a nadie, que estamos bien como estamos y punto.
A mí me parece que la opción planteada por el Presidente Piñera en este proyecto de ley es razonable: hablar de la migración ordenada, regular y, además, segura obedece a todos los cánones internacionales en esta materia.
En la Comisión de Gobierno escuchamos a distintos expertos, y todos fueron coincidentes en que el texto de esta iniciativa se encuentra completamente coordinado y respeta todos los principios que la legislación internacional dicta sobre el particular. Muchas veces, para criticarlo, se hace mención a situaciones que corresponden más bien a refugiados; pero la verdad de las cosas es que esta ley en proyecto de migrantes, efectivamente, recoge los principios universales en este ámbito.
Y, por lo tanto, lo que subyace a las discusiones de las visas transitorias para buscar trabajo, el poder cambiar la categoría de la visa dentro del país, la reclamación judicial, el reconocimiento de títulos, etcétera, es que en el fondo acá se halla en disputa cuán restrictivos o no vamos a ser respecto de los migrantes.
Ahora, el cambio de categoría migratoria es una puerta sumamente delicada de abrir. Hay países que lo permiten y otros que no. Sin embargo, curiosamente, a lo menos en las experiencias que tenemos cerca -Argentina, Colombia y Ecuador, por ejemplo- se observa que se permite el cambio de estatus de visa dentro del país. Cosa curiosa -yo no la encuentro tanto, pero es lo que ocurre-, la cantidad de migrantes irregulares es enorme, ¡enorme!, porque empieza a ser bastante indiferente tener la situación propia regulada o no regulada, dado que, en verdad, "la puedo cambiar cuando yo quiera mientras esté en el país".
Es por eso que en esas naciones la irregularidad de la migración está, de acuerdo con los antecedentes que nos han presentado, sobre el 30 por ciento.
En cambio, países como Australia, Canadá, Suiza tienen la práctica que Chile quiere: que cualquier cambio en la calidad migratoria deba tramitarse fuera del territorio. Y en todos esos países, que son civilizados, respetuosos, que responden a los principios universales de migración establecidos por la ONU, lo cierto es que la población migratoria irregular es escasísima: menos del 2 por ciento.
Por lo tanto, pareciera lógico tomar la decisión de que los cambios migratorios se hagan fuera del país y no dentro, porque en el fondo, si uno abre esa puerta, la política o la decisión migratoria pasa a no existir. O sea, todas las herramientas que pueda tener un gobierno determinado son como si no existieran porque finalmente la situación de regular o irregular queda en una condición bastante indiferente.
En cuanto a la reclamación judicial de las órdenes de expulsión, creo que ahí efectivamente hay un punto. Entiendo que el Gobierno está abierto a establecer un correcto sistema de reclamación judicial que no se eternice, porque si se eterniza, un decreto de expulsión pasa a ser, en verdad, completamente inefectivo en términos prácticos: la persona desaparece, puede llegar a tener incluso un hijo. Y, por lo tanto, todas las condiciones bajo las cuales se dicta una eventual expulsión cambian totalmente y ya no tienen ningún sentido.
La reclamación judicial debe existir, pero debe ser un procedimiento ojalá breve ante la corte de apelaciones respectiva y no llegar a la Corte Suprema.
En lo relativo al reconocimiento de título, que es algo que no vamos a discutir tanto acá, considero que el hecho de que solo lo pueda hacer la Universidad de Chile parece bastante restrictivo. Ampliarlo a las universidades del Estado significaría abrir la puerta. Sin embargo, quizás todas aquellas universidades acreditadas debiesen tener la posibilidad de realizar dicho reconocimiento.
Respecto del porcentaje de trabajadores extranjeros, hoy día la ley habla de un 15 por ciento, y algunos, de 30 por ciento. La verdad de las cosas es que yo voy más allá: encuentro muy raro decirle a un extranjero que puede venir a trabajar a Chile y después ponerle todo tipo de restricciones a la hora de buscar trabajo. Sinceramente, creo que si un país se hace responsable y le da permiso a una persona para ir a trabajar a su territorio, ella no debe tener ninguna cortapisa. Yo no comparto los límites de extranjeros que estén regularmente en Chile para trabajar.
Esos son los puntos que hoy día se discuten y que también son buena parte de los temas respecto a los cuales, a mi juicio, hizo bien el Gobierno en no firmar el Pacto de Marrakech, porque en este no se distingue entre migrantes regulares e irregulares, ni entre migrantes y refugiados; no se permite hacer reparos ni reservas a dicho tratado. En fin, hay una serie de cuestiones que, en mi opinión, hacen ver prudente la decisión de Chile de no embarcarse en ese proyecto, que, por supuesto, como todo proyecto, tiene algunas cosas positivas pero otras muchas que podrían ser verdaderamente complejas.
Yendo ya al proyecto mismo, considero que refleja correctamente los principios que deben fijarse acá para los migrantes: Asegura un trato justo y humano. Se preocupa de combatir el tráfico de migrantes. Deja completamente en pie el tratado y las leyes relativas a refugiados y a la trata de personas. Genera una institucionalidad bastante más fuerte en este ámbito. Crea el Consejo de Política Migratoria (la Subsecretaría, por supuesto, sigue funcionando, pero dicho Consejo, en que participan variados ministros, pasa a tener una función preponderante). Establece un sistema flexible de categorías migratorias, cosa que es razonable. Discriminaliza -esto es muy importante- todas las infracciones migratorias en las que pueda caer una persona (hoy puede ir a la cárcel por estas infracciones; con la nueva ley no es así: simplifica procesos).
En definitiva, se logran una serie de nuevas herramientas, nuevas instituciones y nuevas políticas que creo que van a conseguir hacer de la migración en Chile un tema que no resulte traumático, que no signifique desconfianzas hacia la población migrante, sino que nos permita acogerlos a todos como corresponde: con entusiasmo, con alegría, con solidaridad, sean ellos profesionales o gente sin calificación que simplemente quiere venir a prosperar a nuestro país.
En la medida que hagamos bien esto, pienso que todas esas malas señales de discriminación hacia los migrantes van a ir desapareciendo.
Básicamente, por eso es que agradezco mucho la presentación de esta nueva ley de migraciones.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene a continuación la palabra el Senador Latorre.


El señor LATORRE.- Señor Presidente, valoro positivamente la idea de legislar sobre este proyecto de migración y movilidad, más todavía si viene a reemplazar, luego de una tramitación muy larga (fue presentado hace ya varios años) el decreto ley N° 1.094, del año 1975, normativa emanada de la dictadura militar que no incluye una perspectiva de derechos humanos en la regulación de la movilidad humana; más bien entiende al extranjero como una amenaza a la seguridad interior del Estado.
Sin embargo, no basta reemplazar una norma heredada de la dictadura por una que cuente con una legitimidad democrática, como la que estamos construyendo acá. En este sentido, resulta imprescindible emplear como brújula del proyecto de ley el respeto y la promoción de los derechos humanos.
Lo anterior no resulta ni antojadizo, ni caprichoso, sino que es coherente con el mandato del artículo 5° de la Constitución, que indica que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos que consagran la Constitución y los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile.
En consecuencia, es preciso observar el derecho al desplazamiento y la búsqueda de mejores oportunidades, el cual se establece en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el derecho a la libre circulación y a elegir el lugar de residencia, que fueron reconocidos en dicha Declaración y en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
En este sentido, hago un llamado al Gobierno a firmar el pacto migratorio de las Naciones Unidas, que vendría a ser también un instrumento civilizatorio y de derechos humanos en el siglo XXI.
De manera muy general, para efectos de no adelantarme a la discusión en particular de esta iniciativa, quisiera señalar que una ley de migración, conforme a un Estado democrático de derecho, debe contener al menos una consagración del principio de no devolución; mecanismos de protección a migrantes que se encuentren en una situación de alta vulnerabilidad; procedimientos que concreten el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes migrantes, y evitar usar la sanción administrativa de expulsión como una sanción penal que incluso pueda privar de libertad a las personas migrantes a manos de la autoridad administrativa, sin control judicial previo ni posterior, de manera arbitraria; y una consagración igualitaria en el acceso a derechos sociales.
En el mismo sentido, alrededor de veinte organizaciones de la sociedad civil, preocupadas de introducir un enfoque de derechos humanos al proyecto, han elaborado las siguientes propuestas para su discusión en particular:
Primero, incorporar posibilidades de cambio de categoría migratoria dentro del país y mecanismos de regularización. Esto es, establecer un permiso de permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales que permita el cambio de categoría dentro del país al contar con un contrato de trabajo, cumpliéndose ciertas condiciones, así como determinar una categoría de residencia temporal por motivos extraordinarios para personas que estén en situación irregular y que luego de dos años de estadía acrediten vínculo laboral o solvencia económica.
Segundo, incorporación del principio de no devolución, tal como señalé anteriormente.
Tercero, asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a seguridad social y a beneficios de cargo fiscal.
Muchas veces, señor Presidente, el lenguaje populista, nacionalista habla de que los migrantes ocupan numerosos servicios sociales y hay bastante gasto del Estado asociado a prestaciones para ellos; y la evidencia señala que incluso el aporte en tributos es superior al gasto social vinculado a prestaciones sociales para la población migrante.
En tal sentido, se plantea eliminar el requisito de dos años de residencia para acceder a beneficios de transferencias monetarias desde el Estado, debiendo determinarse individualmente en cada programa particular dicha exigencia en caso de estar justificada (artículo 16).
Cuarto, adoptar medidas para la protección e inclusión de trabajadores migrantes.
Se propone establecer permiso de trabajo provisorio, de vigencia limitada en el tiempo, que se otorgue inmediatamente al entregar los antecedentes necesarios para solicitar una residencia temporal que habilite para trabajar; aumentar a 50 por ciento el límite de trabajadores extranjeros en empresas con más de 25 trabajadores; permitir expresamente el cambio de categoría migratoria y el acceso a la residencia definitiva de los trabajadores de temporada, e incorporar normas que resguarden sus derechos laborales. Esto, para impedir que se utilice de mala manera mano de obra barata en condiciones de precarización y de vulneración de los derechos humanos y laborales.
Quinto, garantizar el derecho a recurrir ante una medida de expulsión.
Se plantea eliminar la excepción que impide recurrir administrativamente en el caso de medidas de expulsión, e incorporar un artículo que establezca el recurso judicial frente a medida de expulsión, que contemple un plazo de 30 días para su interposición ante la Corte de Apelaciones, quien conocerá en primera instancia, pudiéndose apelar de su resolución a la Corte Suprema.
Por último, en el Informe de Política Monetaria elaborado por el Banco Central el mes de junio de este año, se sostiene que "la inmigración reciente se caracteriza por ser una población en promedio más calificada, más joven y con una mayor participación laboral que la población chilena (...). Además, es de esperar un aumento de la inversión. A mediano plazo debería generar efectos positivos en el crecimiento tendencial, dado el aumento de la fuerza laboral y los ajustes en la productividad".
Señor Presidente, quisiera aprovechar este momento para agradecer y reconocer el despliegue profesional de todos los funcionarios y las funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos que han ido a auxiliar a las personas migrantes que se encuentran sobreviviendo a esta crisis humanitaria en la frontera. Esta institución ha demostrado, con su actuar, dedicación y profesionalismo, que en Chile sí se lucha por la vigencia plena de los derechos humanos de todas y todos, bajo el alero y la convicción de que ninguna persona es ilegal.
Voto a favor de la idea legislar respecto de este proyecto, señor Presidente. Sin embargo, hago los puntos críticos referidos a los aspectos que se deben mejorar durante la discusión particular, introduciendo, obviamente, un enfoque de derechos humanos con más fuerza.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Coloma.


El señor COLOMA.- Señor Presidente, este es quizás uno de los temas en que uno habría podido esperar más desacuerdo desde la perspectiva política, porque ha sido objeto de políticas públicas diferentes en los diversos gobiernos.
Es verdad que la normativa que hoy día se está debatiendo tuvo origen en 1975. Pero lo sorprendente es que nos hallamos en el año 2019 sin que ninguno de los seis gobiernos que han pasado sucesivamente la haya modificado
Y no digamos que lo de la gran migración que ha habido en Chile nació el 11 de marzo de 2018, pues, a mi entender, venía con un ritmo ascendente en un escenario de completo desorden y que hizo crisis con la visualización de lo que estaba ocurriendo con los chárter y con distintos sistemas masivos, provenientes en particular desde Haití en el primer momento y que después se acompañaron -tal vez fueron los más impresionantes- de otros emanados de una serie de países que creían -esa es una inyección de optimismo que debemos considerar- que Chile era la nación más respetuosa de sus derechos y de sus capacidades para poder reemerger. Y ello no puede pasar desapercibido.
Si hemos sido -y particularmente respecto de la inmigración de los últimos meses- vinculados a Venezuela es porque claramente se ve que Chile es un modelo que, con todos los defectos que puede tener, es infinitamente superior al de aquellas naciones que están colapsando en varias partes del mundo.
Sin embargo, que la cuestión no sea controversial no significa que no tenga aristas.
Estimo que la ley en proyecto es extraordinariamente importante y está bien diseñada. Y cuando hay iniciativas bien diseñadas, lo peor es quedarse callado en lo que respecta a su origen.
Por cierto, al Presidente Piñera le cabe un rol muy significativo.
El Ministro del Interior, Andrés Chadwick, aquí presente, tiene obviamente la tremenda responsabilidad de haber logrado que el proyecto se despachara en las instancias precedentes.
Lo mismo corresponde decir en cuanto a quienes han estado más cerca de él, como el Subsecretario Rodrigo Ubilla.
Y no puedo dejar de mencionar a Álvaro Bellolio y a Mijail Bonito, quienes han ido orientando en cuanto a cómo fijar políticas públicas que establezcan un principio diseñado desde la primera hora de gobierno en el sentido de generar una migración -y esa fue la expresión que se utilizó- segura, ordenada y regular.
Aquello tenía que ver con la necesidad de poner orden en nuestra casa, entendiendo que hay derecho a migrar. Pero esto no es lo mismo que el hecho de que una nación deba necesariamente recibir en cualquier circunstancia a todo aquel que quiera emigrar, ya que es indispensable colocar las reglas del juego para que el ingreso al territorio nacional sea sobre la base de que tenemos un Estado soberano y autónomo para crear una política migratoria.
Eso es lo que hoy día se está aprobando prácticamente por unanimidad, lo que me parece muy bien. No obstante, la situación tiene aristas.
Señor Presidente, estas no son palabras comunes, fáciles o que se las lleva el viento. No: en la ley en proyecto se están asumiendo compromisos.
Sin duda, su articulado podrá revisarse en algunos aspectos, pero en lo medular estamos absolutamente de acuerdo.
La idea de despachar una ley que genere una migración ordenada se relaciona con el establecimiento de reglas claras que posibiliten sincerar las intenciones de quienes quieran llegar a Chile y le permitan al Estado tomar la decisión de dejarlos ingresar o no.
Eso es lo que de alguna manera tiene que ver con "migración ordenada".
Porque no había una migración ordenada y de algún modo todos sabíamos que mediante una visa de turistas ingresaban a Chile cientos de miles de personas que después no salían, lo que implicaba que esa gente emigrara a nuestro país pero sin que el Estado pudiera fijar las reglas habilitantes para ejercer ese derecho.
Tal es la razón por la cual es relevante que se le permita al Estado decidir si otorga o no a los inmigrantes los permisos para ingresar a nuestro territorio.
Que la migración sea segura está vinculado, además, con la circunstancia de que el migrante no tenga antecedentes penales y no quede expuesto a la acción de mafias internacionales que trafican con personas, problema acuciante en el mundo moderno y que la ley en proyecto aborda de manera precisa.
De otro lado, que sea regular se relaciona con el hecho de que el migrante cuente con los permisos legales correspondientes. Esto, en la lógica de permitir integrarlo a la sociedad para que aporte a ella cuanto antes.
Eso significa también un contrarrelato, en el sentido de que quien ingresa como turista y queda en situación irregular se expone a la expulsión.
Entonces, señor Presidente, creo que aquí estamos logrando una suerte de cuadratura del círculo que yo no me imaginé que iba a ser posible. Y por eso hablo bien de quienes generaron las ideas que tienen que ver con ponerle un sello a la política migratoria que estamos aprobando esta tarde.
Ese es el sentido de colocar orden en la casa, lo que sin duda era tan necesario para Chile.
Como todo en la política, uno podrá discutir si el Ejecutivo lo ha hecho bien o mal; algunas bancadas serán más críticas que otras, y uno siempre deseará lo mejor. Pero si existe algo respecto de lo cual creo que no hay dos opiniones -y lo digo de corazón- es el hecho de que el Gobierno ha cumplido plenamente su palabra respecto del ordenamiento de la casa y de la fijación de reglas que permitan una migración más segura, ordenada y regular.
Ese es un tremendo activo de la sociedad que conviene aplaudir.
Ahora, señor Presidente, quiero hacerme cargo en forma breve de algunas cuestiones que he escuchado en este debate y que se vinculan con algunas eventuales críticas que podrían generarse en particular y compromisos que se están solicitando sobre otras legislaciones.
Se habla particularmente del principio de no devolución como algo propio de los sistemas modernos, que no admitirían, en consecuencia, una cuestión distinta.
A mí me parece -y quiero decirlo, porque uno debe hacerlo antes- que el principio de no devolución que se instala difiere de la política que tiene Chile en la materia.
El principio de no devolución no puede verse ajeno a la institución del refugio. Tiene que haber una diferencia entre el migrante y el refugiado, por lo que a mi juicio aplicar normas de uno en función del otro, en vez de colaborar en la lógica de generar reglas claras, lo inseguriza.
No veo la razón por la cual uno deba hacerse cargo de alguien que, por ejemplo, ingresó ilegalmente al país. Esa no es responsabilidad del Estado, sino de otros, de quien lo deja ingresar al territorio o del país de que es originario, cuestión extraordinariamente importante y que a veces, con este vértigo de sentirse deudores de todo requerimiento internacional, hace confundir lo que realmente uno debería buscar.
Yo soy partidario de suscribir muchos acuerdos internacionales, pero no todos. No veo ninguna obligación para ser los primeros del curso en firmar cualquier cosa que nos pongan por delante. ¡No! Yo estoy deseoso de suscribir todo aquello que sea bueno, mas no tengo ningún ánimo de adherir a cuestiones que en mi concepto apuntan en el sentido contrario.
Asimismo, quiero señalar que cada vez que leo el Pacto de Marrakech me parece más razonable que Chile no haya adscrito a él, pues considero que conceptualmente está mal diseñado. Y lo peor sería tratar de persistir en un tema equivocado.
¿Por qué? Primero, porque el Pacto de Marrakech no diferencia la inmigración regular de la irregular, y para nosotros es clave hacer esa distinción. De lo contrario, nunca podremos ordenar la casa.
Cuando tenemos un inmigrante llamado "vulnerable" y como tal pasa a tener derechos distintos, obviamente todo lo que hemos planteado respecto de la seguridad o de la legitimidad pasa a ser discutible.
Tampoco me parece razonable que se establezca como nuevo deber para el Estado revisar la legislación en políticas públicas y actos administrativos y forzar, en la práctica, a nuevos acuerdos bilaterales, así como crear condiciones para el desarrollo económico y social de quien sea expulsado.
Honestamente, no creo que aquello corresponda a un ejercicio sano de la soberanía -si me da el minuto de rigor, señor Presidente, se lo agradecería-, ni tampoco considero aceptable que se limite el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguarda sus fronteras, que es lo que el Acuerdo de Marrakech plantea.
Yo lo leí y recibí información al respecto.
Se señala que el referido Pacto no es obligatorio, y esa es la razón por la cual algunos han expresado: "Oiga, por qué no lo suscribimos igual si total no nos fuerza". Entonces, señor Presidente, si no nos fuerza, no lo firmemos.
Pero que en su texto aparezca ochenta y seis veces la expresión "compromiso" y quince veces la palabra "deber", es la soft law que hemos visto en muchos otros aspectos que son permanentemente utilizados por los tribunales internacionales para exigir cumplimiento o pretender de ellos obligaciones jurídicas de parte de los Estados.
Por eso, señor Presidente, cuando uno debe fijar al menos su punto de vista -podrá haber otros-, es bueno sincerar esto.
Por último, quiero señalar que me alegro de esta votación masiva, que genera unidad en el sentido de que en Chile sí es factible, cuando existe buena voluntad, generar políticas públicas inteligentes para el futuro de la nación.
Voto a favor.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Kast.


El señor KAST.- Señor Presidente, hoy día enfrentamos una votación de aquellas que probablemente tienen detrás no solo un amplio apoyo ciudadano, sino también, adicionalmente, bastante trabajo en un asunto complejo que tal vez muchos gobiernos quisieron evitar.
Son temas difíciles.
Por eso, vaya primero mi reconocimiento al equipo técnico que ha estado trabajando en materia migratoria y que busca compatibilizar dos elementos que no son fáciles.
Por un lado, la necesidad, el clamor ciudadano en el sentido de que haya orden, de que efectivamente exista una política migratoria actualizada, acorde con los tiempos, y no la normativa que tenemos hoy día, que data de 1975. Porque, ciertamente, cuando no hay política migratoria la democracia liberal se ve expuesta a que caigamos en discursos populistas que finalmente hacen que la ciudadanía se sienta vulnerable y amenazada.
En paralelo, la ley en proyecto también busca -y esa ha sido la política del Presidente Piñera, la cual me alegra que sostenga- combinar una política migratoria ordenada, racional con una política migratoria que tenga un carácter humanitario.
En tal contexto, es particularmente relevante la política de reunificación familiar planteada por nuestro Gobierno. Porque cuando los organismos internacionales fallan en garantizarles la democracia a aquellos países que, desgraciadamente, caen presos por dictadores, por asesinos, por quienes vulneran el sistema democrático, lo cierto es que la comunidad internacional no puede quedarse cruzada de brazos.
Cuando vemos que no hemos sido capaces de lograr que los organismos internacionales hagan algo efectivo por devolverle la democracia y la paz a Venezuela, claramente como país no podemos quedarnos mirando hacia el techo.
Esa es la virtud de este proyecto, esa es la virtud de la política migratoria de este Gobierno, que justamente busca orden con un sentido humanitario.
¡Qué más humanitario que la reunificación familiar!
¡Qué más humanitario que buscar -y la ley en proyecto así lo contiene- que cuando una persona ingresa a nuestro país y posee un vínculo familiar cercano con un chileno pueda acceder a la residencia definitiva!
Por el contrario, cuando alguien viene a Chile sin reconocer su real propósito, claramente se le pide seguir el conducto regular que asegura una buena política migratoria.
Por ello me alegra que el Senado el día de hoy cuente con una amplia mayoría para aprobar este proyecto. Asimismo, espero que la celeridad de los trámites legislativos que restan nos permita que la ley se haga realidad lo antes posible.
En verdad, es destacable el hecho de tener una institucionalidad que, a diferencia de la que existe actualmente, se haga cargo de un proceso migratorio integral -y no que cumpla simplemente un papel burocrático-, con un servicio robusto que aborde también las complejidades de la inserción social de los migrantes que llegan a Chile.
Por eso agradezco la presentación de esta iniciativa.
La normativa que ahora estamos aprobando sin lugar a dudas constituye una modernización en la materia y habla de un país que se hace cargo de sus problemas, de un Presidente que no evade asuntos complejos, sino que los enfrenta con consistencia y decisión.
Por todo lo expuesto, apoyo este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en su ensayo Los límites del patriotismo la doctora en Filosofía de la Universidad de Harvard Martha Nussbaum plantea que "todo ser humano es humano y su valor moral es igual al de cualquier otro".
Agrega que "considerar a las personas como moralmente iguales es tratar la nacionalidad, la etnia, la clase, la raza y el género como moralmente irrelevantes", y a su juicio "el accidente de haber nacido en Sri Lanka, o judío, o mujer, o afroamericano, o pobre, no es más que esto, algo accidental con lo que nos encontramos al nacer", y que la lengua que "se haya aprendido es, moralmente irrelevante, un hecho accidental de nuestro nacimiento que no determina el propio valor".
Adicionalmente, para Nussbaum no es otra dimensión que la educación la que nos debería proporcionar los elementos suficientes para desenvolvernos como ciudadanos del mundo y poner en práctica el diálogo multinacional.
Señor Presidente, he querido exponer brevemente el pensamiento de Martha Nussbaum, porque la discusión sobre este proyecto de ley se ha efectuado con un tono y una aproximación valórica que nos deben poner en alerta como sociedad y a nosotros como representantes de ella.
Estamos de acuerdo en la necesidad de modificar una legislación que data de 1975 y que se presenta como la más antigua de la región. La actualización de la normativa es urgente, considerando la dinámica demográfica que ha experimentado Chile durante los últimos doce años. Porque si en 2006 había un poco más de 150 mil migrantes, en 2018 la cantidad de extranjeros en el territorio nacional alcanza el millón 250 mil.
Ante el incremento sostenido de migrantes y las razones que han motivado el éxodo, las naciones y sus instituciones deben adecuarse y responder de manera óptima para que la integración y la adaptación de quienes buscan un mejor bienestar sea lo más armónica posible.
Hubiese preferido dar esta discusión legislativa con Chile adhiriendo al Pacto Mundial de Marrakech. Pero, pese a esa decisión inexcusable, comparto en general la orientación del proyecto de ley en debate. Esto, porque, entre otras cosas, propone regular y ordenar la migración y fija criterios para disminuir las arbitrariedades que han terminado en muchas oportunidades vulnerando los derechos de quienes pretenden ingresar al país.
No obstante, existen aún bastantes disposiciones que espero puedan modificarse durante la discusión en particular y que deben ir en la línea de robustecer la institucionalidad; permitir el cambio de la categoría migratoria dentro del país; habilitar más universidades para que puedan reconocer títulos profesionales, y establecer una sólida política intersectorial e interinstitucional que aborde correctamente la evolución de este nuevo escenario poblacional.
Sin embargo, a medida que avanzamos en esta legislación es de suma importancia que cuidemos las formas como nos referimos discursivamente al fenómeno migratorio. Y quienes tenemos responsabilidades en el Estado debemos ser los más cuidadosos en ello.
Cuando un Ministro de Hacienda responsabiliza a los migrantes por el alza del desempleo; cuando un Ministro de Salud asocia el aumento del VIH en Chile con la población extranjera, o cuando un Ministro del Interior realiza política de espectáculo encabezando desde el mismo aeropuerto una deportación como señal de control de la delincuencia, estamos actuando irresponsablemente como país.
Todas y todos los migrantes que han venido a Chile a aportar y a trabajar, tal como lo hicieron los ancestros de todos quienes estamos en esta Sala, se merecen una disculpa del Estado frente a las actuaciones que terminan siendo un germen de los discursos populistas, discriminatorios, xenófobos y racistas que comienzan a proliferar en nuestra sociedad.
Por supuesto, como en todo orden de cosas, hay quienes incumplen la ley, y deben ser sancionados por ello. En todos los países del mundo se realizan expulsiones de extranjeros con antecedentes penales, pero de manera silenciosa y eficaz.
No obstante, toda la evidencia muestra que la inmensa mayoría de los migrantes son un aporte al desarrollo de Chile.
Así lo ha señalado el propio Banco Central: los inmigrantes aportan al desarrollo económico de Chile, diversifican la oferta laboral, compensan el natural proceso de envejecimiento de la población e, incluso, han aumentado el PIB potencial del país.
Le pido al Gobierno que no siga usando a la migración como excusa frente al incumplimiento de sus promesas en materia de crecimiento, empleo y seguridad. La única verdad es que sin el fenómeno migratorio las cifras económicas serían aún más magras de las que hoy tenemos.
El lenguaje que muchas sociedades han utilizado para referirse a esta realidad planetaria y que responde, principalmente, a crisis humanitarias, no ha sido el apropiado. De hecho, ha sido particularmente agresivo, violento e injusto. Un ejemplo de lo anterior fue el reciente llamado a marchar con armas por el centro de Santiago.
Lo expuso Zygmunt Bauman con mucha claridad en su ensayo Extraños llamando a la puerta: los inmigrantes tienden a causar inquietud por el solo hecho de ser distintos a las personas con las que interactuamos a diario. Por eso, es bastante común la tentación que tienen determinados políticos y autoridades por culpar al migrante, al desconocido, al extraño, al otro de todos los males de la sociedad.
Hace unos días el Centro de Estudios Públicos puso en circulación un libro denominado Inmigración en Chile, el que a través de diez capítulos disipa varias distorsiones y despeja con significativa contundencia una serie de mitos que se han tejido en torno al impacto que ha generado en el país el aumento de extranjeros residentes.
En términos generales, el texto editado por el CEP (que en ningún caso puede considerarse como refugio intelectual de la Izquierda chilena) plantea con absoluta claridad que la inmigración ha sido enormemente beneficiosa para el país.
En materia de subsidios sociales, los utilizan menos que los locales. De hecho, aun cuando en la educación básica y media obtienen mejores resultados que sus pares, acceden menos a los niveles superiores. El fenómeno migratorio ha ayudado también a revitalizar nuestra alicaída educación pública. Ahora bien, las alarmas se prenden en el área de la vivienda, ya que se observan preocupantes grados de segregación residencial y de hacinamiento.
Desde este Hemiciclo, llamo al uso de un discurso responsable. El desarrollo de una política migratoria debe sustentarse en el principio de la justicia global y en los valores que contribuyen a la tolerancia, la empatía y el respeto al otro. No vivimos solos en este mundo. Todos quienes habitamos en este planeta merecemos un trato justo, sin distinción.
En un mundo desigual, incierto, inestable y violento por momentos, los procesos migratorios no son una casualidad. Se trata, más bien, de una simple respuesta que fija el horizonte en la prosperidad, en las oportunidades, en la paz, en el reencuentro y en la felicidad. En consecuencia, es tarea de los Estados entregar las condiciones para que eso ocurra. Porque, tal como afirmaba el propio Bauman, para enfrentar las crisis de la humanidad no hay armas más poderosas que la inclusión, la integración y la solidaridad.
Señor Presidente, en pocas semanas más conmemoraremos los ochenta años de la llegada del Winnipeg. Hace ocho décadas, otro Chile recibía con los brazos abiertos a un grupo de refugiados que terminó devolviendo con creces el apoyo que nuestro país les brindara.
En épocas negras de nuestra historia, fueron otras naciones las que recibieron a miles de chilenas y chilenos que buscaban auxilio para proteger sus vidas.
No perdamos esa esencia. Somos un país pequeño que ha crecido y seguirá creciendo sobre la base del aporte de distintas culturas.
No hay espacio en Chile para más improvisaciones en materia migratoria. Más escenas como las del Winnipeg, menos escenas como las de Chacalluta.
Votaré a favor, aun con los puntos que deben corregirse en este proyecto, porque nos merecemos una legislación migratoria discutida en democracia y con perspectiva de futuro.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Prohens.


El señor PROHENS.- Señor Presidente, ¡quién puede negar el aporte que han hecho los inmigrantes a nuestro país desde hace muchos años! Y no solo en el trabajo, en el esfuerzo, sino también en lo cultural.
Si bien nuestro país ha vivido importantes olas de migración a lo largo de su historia, el fenómeno que hemos evidenciado en los últimos años sin duda merece nuestra máxima atención.
La regulación de los migrantes debe ser una obligación. Es algo que los chilenos nos merecemos. Toda persona que desee vivir en nuestro país debe tener sus papeles al día.
Nuestra actual legislación data de hace cuarenta y cuatro años. Y, claramente, hoy resulta insuficiente para solucionar las necesidades de aquellas personas que deciden venir a Chile.
Algunas deficiencias de nuestra legislación son:
1) Una institucionalidad débil al día de hoy.
2) La ausencia de mecanismos que generen una política migratoria.
3) El límite a los trabajadores extranjeros, a lo cual se refirió el Senador Galilea hace un rato.
4) El monopolio de la revalidación de títulos profesionales.
Por eso, agradezco que finalmente nos hagamos cargo como país de esta problemática, generando una reforma integral a la regulación sobre migraciones, a fin de contar con una legislación acorde con los tiempos.
Cuando hablamos de migración, hablamos de personas que deciden dejar atrás su país de origen en busca de nuevas oportunidades; hablamos de sueños, de esperanzas, como también de búsqueda de una tranquilidad que lamentablemente el país de origen no les entrega. En razón de ello, tenemos que legislar de forma responsable, dado lo sensible que es el tema al hablar de la vida de las personas.
En mi región casi el 60 por ciento de quienes realizan trámites para acceder a la visa provienen de países limítrofes. Esto dista un poco de la realidad de la Región Metropolitana, donde un gran número de migrantes viene de países como Venezuela, Colombia y Haití. Este dato puede indicarnos que en la Región de Atacama las personas que llegan lo hacen por la cercanía territorial con el objetivo de trabajar, hecho que sin duda es un tremendo aporte.
Estoy a favor de la migración. Sin duda, una sociedad diversa contribuye a nuestro enriquecimiento humano, cultural y, por qué no decirlo, económico. Una sociedad multicultural nos permite ser más tolerantes y nos enseña a mirar la vida desde otro punto de vista.
El proyecto de ley en discusión introduce grandes modificaciones, como las siguientes:
a) Nos permite contar con un Servicio Nacional de Migraciones, reemplazando así al actual Departamento de Extranjería.
b) Habrá una política nacional de migración, elaborada por expertos, que permitirá definir lineamientos.
c) Existirá claridad en cuanto al ingreso. Valoro especialmente el establecimiento de las categorías migratorias, ya que permite distinguir entre las distintas personas que vienen a nuestro país, por ejemplo, estudiantes, profesionales, trabajadores, gente dedicada a negocios, turistas, etcétera.
d) El establecimiento, para situaciones excepcionales, de una visa consular, lo que sin duda valoro. Esta excepción, a mi juicio, va en la línea correcta, ya que otorgará una herramienta para circunstancias muy específicas cuando como Estado decidamos implementarla.
e) Expulsión. En este aspecto, me parece bien que si una persona incumple gravemente nuestra normativa sea devuelta a su país de origen, tal como lo dijo el Senador Quintana hace un instante.
f) Para la revalidación de títulos se amplían las instituciones. No podemos hoy en día contar solo con la Universidad de Chile, pues no me parece correcto.
Hoy debemos abrir las puertas a todos aquellos que quieran venir a aportar. Las cifras nos hablan de que la mayoría de los extranjeros son jóvenes y profesionales. Esto, sin duda, es una gran contribución a nuestra sociedad. Pero este abrir de puertas debe ser regulado, transparente, legal y seguro.
Estoy por que las personas que ingresen a nuestro país digan a lo que vienen, para que de esa forma el Estado pueda estimar recursos en forma correcta, contando con cifras claras. Además, en la medida que comuniquen por qué vienen los podremos proteger de mejor manera.
Por último, veo posibilidades de introducir mejoras en las siguientes materias:
a) Definir mejor el catálogo de principios, derechos y deberes de los migrantes. A mi juicio, hay ciertas redacciones extensas y confusas que podríamos delimitar con mayor claridad, pero eso ya se verá en la discusión en particular.
b) El porcentaje de trabajadores extranjeros hoy resulta bajo: solo un 15 por ciento está autorizado por ley. Tal como se dijo anteriormente, si ya se encuentran en nuestro país, no debiera existir tal límite, pues habría que darles todas las posibilidades para que ellos se desarrollen.
En materia de salud, los médicos realmente han sido un tremendo aporte en Regiones como las de Atacama y de Aysén, las más pequeñas y, al mismo tiempo, las que cuentan con menos especialistas por número de habitantes a nivel regional. Por lo tanto, nosotros valoramos a los profesionales extranjeros y la comunidad ha palpado el trato que tienen hacia ella, que muchas veces es bastante mejor que el de los propios profesionales del área de la salud de nuestro país.
No tengo más que reiterar lo positivo que en líneas generales me parece este muy buen proyecto, el cual nos permitirá contar con una migración legal, segura y regular, evitando así los tropiezos que se cometieron hace tan solo un par de años.
Daremos la bienvenida a todos quienes vengan a hacer un aporte a nuestro país y también a todos aquellos que, por las especiales situaciones de sus países de origen, deban buscar una nueva nación que respete efectivamente sus derechos.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, le corresponde hacer uso de la palabra a la Senadora Yasna Provoste.


La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, se estima que más de un millón 300 mil personas extranjeras residen en Chile a junio de este año, según datos oficiales, confirmados también por el propio Subsecretario del Interior, que a esta hora del debate se encuentra presente.
En el marco de la discusión en general del proyecto de ley de migraciones, consideramos necesario promover y resguardar en el curso de la discusión en particular algunos aspectos y principios que respaldarán las indicaciones que presentaremos en tal trámite, como los siguientes:
1.- Enfoque de derechos humanos. Este debe estar presente durante el proceso legislativo.
Resulta imperioso que la versión final del proyecto de ley contenga en su articulado instrumentos concretos que permitan ejecutar los principios suscritos por el Estado de Chile a través de acuerdos, convenios y tratados internacionales de protección de derechos humanos para las personas migrantes y sus familiares y que son aludidos en la introducción de esta iniciativa.
Consideramos que la alusión general a los compromisos que ha asumido el Estado en relación con ello sin su traducción en artículos concretos induce a una banalización de los derechos humanos y a una instrumentalización discursiva de los cuerpos normativos en los que se sostiene.
2.- Tránsito entre categorías migratorias. El cambio de categorías migratorias en el territorio constituye un aliciente a la permanencia regular. En sentido contrario, restringir este tránsito incentiva a la irregularidad. La creación de una categoría transitoria con vigencia de noventa días, sin garantizar en la ley la posibilidad de pasar de una categoría temporal renovable para avanzar a la permanencia definitiva, implica la institucionalización de un instrumento que incentiva el ingreso al territorio y desincentiva la permanencia regular. Poner barreras entre categorías migratorias constituye uno de los principales instrumentos de incentivo a la permanencia irregular y, de paso, de rigidización del acceso al mercado de trabajo.
Hoy vemos que los procedimientos que se implementan en nuestro país tienen un sesgo castigador. Los migrantes deben pasar por un calvario de procedimientos, que impiden vivir y trabajar en igualdad de condiciones que los chilenos y las chilenas. Una persona migrante se puede demorar entre seis y ocho meses en obtener la renovación de su visa. A las pocas semanas de recibirla debe iniciar los trámites de una nueva renovación. Hay una crisis de la institucionalidad y de los servicios de atención a la población migrante y la inversión ha sido insuficiente.
3.- Creemos que durante el próximo trámite de este proyecto de ley, a través de las indicaciones que presentaremos, debemos ser capaces de garantizar el acceso a los derechos sociales.
El enfoque de derechos humanos en una ley de migraciones se expresa tanto en la encarnación en el articulado de la normativa internacional aludida en el punto de derechos humanos -al cual me refería al comienzo de mi intervención- como en el reconocimiento en el acceso a los derechos sociales de manera incondicionada. Ello implica la inclusión de garantías de acceso independiente de la situación administrativa, económica o social en que se encuentren las personas migrantes.
Por eso resulta contradictorio que mientras se tramita este proyecto de ley veamos circulares de instituciones, como Fonasa, que restringen el acceso a derechos sociales, como el de la salud para personas que hoy se encuentran en esta categoría.
4.- Creemos, asimismo, que las indicaciones que vamos a presentar en el trámite en particular deben garantizar el debido proceso. La propuesta de ley migratoria no contiene elementos que garanticen el debido proceso en los casos en que las personas cometan faltas a la propia ley de extranjería o a otros cuerpos normativos. Para poder avanzar en una regulación asentada en el enfoque de derechos humanos resulta fundamental que esta garantía jurídica mínima esté asegurada para todas las personas que residan, habiten o estén avecindadas en el territorio nacional.
5.- Suficiencia de la ley. El proyecto en tramitación consagra la posibilidad de modificar el acceso al territorio y a los derechos en función de las necesidades del país o de la evaluación que realicen las autoridades competentes. En particular, propone que a través del reglamento y de decretos supremos emitidos por el Ministerio del Interior se definan, por ejemplo, las categorías y subcategorías migratorias, su vigencia (dos o cuatro años para la visa temporal, entre otros), las condiciones para prorrogarlas, los requisitos para obtenerlas o las condiciones para pasar de una categoría a otra.
Vale decir, la ley busca entregarle a la Administración de turno la potestad de definir la política migratoria y regular vía decretos en lo sustantivo. Con ello, el Gobierno le está pidiendo al Congreso Nacional que legisle para que sea el propio Gobierno de turno el que implemente la política migratoria por la vía administrativa. Si bien es razonable que el Ejecutivo haga uso de su atribución para definir por decreto algunos aspectos, no corresponde que la política nacional de migración, en lo que dice relación con el acceso a derechos, se salte al Congreso Nacional.
Sobre la incidencia del reglamento en el acceso a derechos ocurre algo parecido: el proyecto le asigna atribuciones al reglamento en cuestiones que en una legislación con enfoque de derechos debieran estar contenidas en la propia ley. La función de un reglamento es definir los procedimientos administrativos para garantizar la implementación y ejecución de la ley. No es pertinente, por tanto, que el reglamento regule los requisitos para el acceso a derechos derivados de las categorías migratorias contenidas en esta iniciativa de ley.
6. Irregularidad migratoria. En el afán de avanzar en una normativa que garantice la regularidad de los flujos migratorios se hace necesario que el proyecto incluya instrumentos que faciliten la regularización de las personas que hayan caído en la irregularidad por situaciones ajenas a su voluntad. En su estado actual, esta iniciativa, si bien reconoce en su articulado la existencia de situaciones de irregularidad, no ofrece ninguna herramienta ni impone ninguna responsabilidad al Estado y a los propios migrantes, de manera de propender a la regularidad en base a vías y mecanismos de regularización.
Esta es una carencia que tiene el proyecto en examen. Esperamos que en la tramitación que continúa a la votación en general podamos abordarla.
Finalmente, señor Presidente, quiero hacerme cargo de algunos planteamientos que hemos escuchado en el desarrollo del debate y por los medios de comunicación, y que tienen por objeto comenzar a generar falsos mitos respecto de la presencia de migrantes.
Por ejemplo, cuando se habla de una migración "buena", uno se pregunta: "¿Y cuál es la migración mala? ¿La que no nos gusta por el color de la piel?".
De igual modo, cuando se apunta a la relación entre migrantes y delito, lo que se busca es esconder que la gran mayoría de ellos han sido víctimas y no victimarios.
Pero quiero referirme, señor Presidente, a una situación ocurrida el viernes de esta semana.
Eran cerca de las seis de la mañana. Yo me disponía a tomar el auto para dedicarme a mis actividades territoriales. Particularmente, me dirigía hacia la comuna de Copiapó. Reitero: seis de la mañana. Mientras escuchaba una radio de circulación nacional, pensé que se estaba hablando de un suceso que ocurría muy lejos de nuestras fronteras. Sin embargo, me equivoqué. Había sucedido en una de las comunas de la Región Metropolitana, en Estación Central, en donde más de quince compañías de bomberos habían llegado a sofocar un incendio que afectaba a un cité, en que los damnificados eran principalmente peruanos y haitianos. ¡Quince compañías de bomberos, señor Presidente! Esto había ocurrido a las cinco y media de la mañana.
En ese momento los termómetros en la Capital marcaban temperaturas inferiores a cero grados. Y, de acuerdo al relato del periodista de la radio, muchos de los vecinos habían mirado por la ventana (quince compañías de bomberos despiertan a un vecindario completo), y luego la habían cerrado. Mientras, los migrantes afectados por el incendio (niños, adultos mayores) estaban sobre el césped escarchado de la plaza pública.
Ese no es el Chile en el que nosotros queremos vivir.
Si queremos que este país se juegue con otros valores, debemos ser capaces de entender que este más de millón de extranjeros que hoy viven en Chile representan menos que los chilenos que viven en el extranjero, y no queremos nunca que a un compatriota nuestro lo traten con esa indiferencia.
Para ello, tenemos que ser capaces de cambiar nuestro lenguaje, nuestra actitud y hacer de la solidaridad un aspecto permanente de la vida.
Votaré a favor de este proyecto de ley y en el trámite siguiente presentaremos indicaciones.
No tengo tiempo para referirme a los aspectos vinculados a la educación, pero creo que si en nuestro país no hemos sido capaces aún de garantizar la calidad de ella, difícilmente podemos abrirla para que distintas instituciones...
¿Me concede treinta segundos más, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Continúe, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.- Decía que difícilmente conseguiremos que distintas instituciones puedan hacer, de acuerdo a las leyes del mercado, estos procesos de acreditación.
Todos los países serios que han avanzado en materia migratoria le entregan esta responsabilidad al Estado. En nuestro país, la asumen las universidades públicas, que representan la función de vigilancia respecto de la calidad. Porque, finalmente, serán también nuestros compatriotas los que se verán afectados si hacemos un proceso de acreditación de títulos que no se corresponde con la calidad a la que cada uno de nosotros aspira.
Este será un debate interesante, el cual ya lo hemos tenido con distintas organizaciones.
Yo sigo pensando que la Universidad de Chile o las universidades del Estado deben continuar con esta tarea de validación de los títulos, como se hace en otros países. Pero, sobre todo, debemos garantizar la calidad de aquellos profesionales que llegan a validar sus títulos en nuestro país.
Votaré a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra, a continuación, el Senador José Miguel Durana.


El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley viene a llenar un vacío en nuestra legislación, vacío que se ha hecho más visible con la presión migratoria a la cual se encuentra sometido nuestro país en estos días.
Por una parte, tenemos el drama que enfrenta el pueblo venezolano y que lleva a sus habitantes prácticamente a huir del hambre, la miseria y el riesgo a sus vidas en que los tiene sumidos el ilegal e inmoral Gobierno de Nicolás Maduro; y, por otra, están las condiciones de desarrollo, estabilidad y, en consecuencia, de esperanza que brinda nuestra nación.
La proyección de arribo de miles de migrantes a Chile en los próximos meses, conforme lo reconoce el Ministerio del Interior, reafirma la necesidad de actuar con la mayor responsabilidad y madurez política.
Aquí no caben posturas ideológicas ni el afán de obtener réditos políticos. Los migrantes son, en su mayoría, personas vulnerables que requieren seguridad en las normas y orden en los procedimientos. En caso contrario, aumentaríamos su vulnerabilidad.
Las regiones del norte de Chile son, en términos porcentuales, las que reciben el mayor impacto de la migración. En el caso de Arica y Parinacota, el fenómeno migratorio es especialmente sensible, puesto que a la elevada cifra de migrantes residentes en nuestra región, que en términos porcentuales implica contar con la segunda concentración a nivel nacional de personas de nacionalidad peruana y la tercera concentración de personas de nacionalidad boliviana, debemos sumar el gran número de extranjeros que circulan por la región dirigiéndose al resto de Chile y, por otra parte, la elevada población flotante que ingresa a Arica y Parinacota sin la intención de residir en ella.
En el caso del paso fronterizo de Chacalluta, las estadísticas demuestran que durante 2018 se registraron 6.719.885 controles fronterizos, de los cuales tres millones y medio de personas ingresaron a Chile y solo tres millones cuatrocientas mil salieron de nuestro territorio, lo que lo transforma en el paso terrestre con mayor flujo del país, con todas las externalidades que ello implica.
Todo lo que he señalado anteriormente debe llevarnos a considerar que las regiones fronterizas requieren el diseño de una política especial que les permita contar con una infraestructura adecuada y con mayores recursos destinados a seguridad, control de narcotráfico y, sobre todo, a generar las condiciones de atención humanitaria para este gran número de migrantes.
Los miles de venezolanos y otras personas extranjeras que ingresan al territorio nacional, sobre todo en el último tiempo, permanecen en las ciudades de Arica, Iquique o Antofagasta, muchas veces en condiciones precarias, procurándose recursos a través de la petición de limosna para poder seguir viaje al sur de Chile.
Más allá de la espontánea solidaridad, requerimos ser responsables respecto a las condiciones en que permanecen estas personas, en especial con los recursos públicos que se requieren en materia de salud.
Por otra parte, el proyecto crea el concepto de "habitante de zona fronteriza", determinando que "los nacionales y residentes definitivos de Estados que sean fronterizos con Chile y que tengan domicilio en zonas limítrofes con la frontera nacional", podrán contar con mayores facilidades para ingresar al país.
Esa figura legal, novedosa y acorde con la realidad de muchas localidades fronterizas, favorecerá la integración de comunidades, sobre todo en sectores como la provincia de Parinacota y comunas rurales en que se realizan ferias y celebraciones religiosas en conjunto con localidades fronterizas bolivianas, peruanas, lo que genera vínculos de integración de origen ancestral.
El problema con relación a esta nueva figura de "habitante de zona fronteriza" surge si quien ingresa bajo esta modalidad no se va del territorio nacional en los plazos de estadía que establezca el convenio que se celebre, que no podrán ser superiores a los siete días; o bien, si este "ciudadano fronterizo" ingresa más allá de la zona fronteriza determinada. En este último caso, el proyecto solo lo sanciona con una multa de 5 unidades tributarias mensuales, lo cual aparece como insuficiente.
Por otra parte, es confuso que la norma señale que "El ingreso, estadía y egreso hacia otro territorio chileno distinto de la zona consignada" para su estadía se realice "con sujeción a las normas generales", derivándose su regulación a reglamentos que deben ser dictados en el futuro, los cuales tienen consecuencias en el ámbito de normas aduaneras, fitosanitarias y de delitos como el narcotráfico.
Por otra parte, en lo que se refiere a la "nacionalización" de ciudadanos extranjeros, la norma se remite al decreto N° 5.142, de 1960, desaprovechándose la oportunidad de actualizarla, atendida su antigüedad de más de cincuenta años.
Con relación a la denominada "nacionalización calificada", el proyecto suma a un período de tiempo mínimo de permanencia de dos años de residencia continuada el cumplimiento de un requisito adicional determinado. La norma se refiere, entre otros, a "Los parientes de chilenos por consanguineidad hasta el segundo grado inclusive y los adoptados por chilenos".
Esta figura establecida en la ley se contrapone con el reconocimiento constitucional del ius sanguinis como fuente de nacionalidad, que reconoce la nacionalidad chilena a hijos y nietos de chilenos y abre la posibilidad de nacionalización en forma muy amplia.
Apruebo el proyecto y, obviamente, estaremos atentos y trabajando en sus modificaciones en la discusión en particular.
Gracias, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Huenchumilla.


El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, nosotros estamos discutiendo en general este proyecto y, en consecuencia, yo me voy a referir solo a sus ideas matrices.
Efectivamente, tenemos una legislación que viene de 1975. Por lo tanto, han pasado casi cuarenta y cinco años en que no hemos legislado sobre la materia.
Normalmente, el Estado regula las materias en las cuales se producen problemas contingentes que es necesario abordar para los efectos de establecer con claridad los derechos y las obligaciones que tienen los ciudadanos y los organismos del Estado.
Por eso, frente a la ocurrencia en los últimos años de un gran incremento en la migración, los distintos Gobiernos han encarado esta situación. Y a mí me parece muy pertinente, políticamente adecuado, que estemos abocados a aprobar una legislación que nos coloque al día en relación con los problemas que estamos enfrentando como país.
Pero entendamos que el fenómeno de las migraciones es una cuestión que nos acompaña desde siempre. Yo diría que la vida de los seres humanos es la vida de las migraciones, desde siempre.
Si uno estudia la antropología, se va a dar cuenta de que los distintos pueblos en el mundo se fueron formando por la vía de las migraciones, a través de millones de años. Y, por lo tanto, son parte, sobre todo, de la creación de los Estados nacionales.
Si miramos la historia de Chile, veremos que este es un país también lleno de inmigrantes. Pero en el siglo XX nosotros tuvimos una experiencia: en las décadas del treinta y del cuarenta se fueron miles de chilenos a Argentina por razones económicas. Allá fueron llamados después los "chilenitos", y tuvieron que vivir en un país vecino que los acogió, pero en medio de todas las consecuencias culturales que nosotros conocemos.
Posteriormente, con ocasión de la crisis política que tuvimos el año 1973, miles de chilenos también se fueron a vivir al extranjero.
Entonces, como país nosotros hemos vivido esta situación. Por eso es pertinente que comprendamos este fenómeno para que legislemos bien.
Sin embargo, señor Presidente, me parece que hoy día ocurre una cuestión diferente, distinta, porque el mundo cambió, yo diría que a partir de la década de los setenta, cuando hubo una revolución de las comunicaciones y del transporte: internet y compañía. Eso se tradujo en tener un mundo integrado, un mundo globalizado, un mundo que es una "aldea global", como se le dice.
Pero existen contradicciones, porque paralelamente a este mundo globalizado, integrado tenemos la vigencia de los Estados nacionales.
Por consiguiente, hoy día, como Senado, como Parlamento, vivimos aprobando tratados internacionales. Ahora mismo en nuestras Comisiones se encuentra en estudio el TPP11, como se le conoce, y se insiste en que hay que aprobarlo. Son tratados internacionales sobre los bienes, sobre servicios, sobre mercaderías, sobre la economía, sobre finanzas.
Y yo me pregunto: en este mundo desarrollado de la economía, ¿por qué no tenemos también libertad de tránsito de las personas? ¿Por qué solamente el capital, las mercaderías, los bienes, los servicios pueden transitar a lo largo del mundo? ¿Por qué existe restricción a la libre circulación de las personas si el dinero puede circular, si las mercaderías pueden circular, si las inversiones pueden circular apretando un click?
A mí me parece contradictorio: existe ese mundo globalizado pero están también los Estados nacionales territoriales, que tenemos otras responsabilidades. Porque el tema de la seguridad les pertenece a los Estados nacionales; porque el tema de las prestaciones sociales es de los Estados nacionales; porque el tema del empleo y el efecto que produce les pertenece a los Estados nacionales; porque la cohesión social que puede tener ese país con la inmigración les pertenece también a los Estados nacionales.
Yo pregunto: ¿cómo cuadramos la caja entre un mundo globalizado, donde existe libre circulación de mercaderías y de dinero, y un Estado nacional que debe responder a otras variables?
Entonces, señor Presidente, me parece que ese es el desafío que enfrentamos en esta iniciativa de ley, de la cual yo estoy hablando en términos de las ideas matrices: que la bajada que tengamos dé cuenta de este mundo.
A mi juicio, hay dos cuestiones centrales en este tema.
Uno, yo me pregunto: ¿es posible legislar aisladamente respecto de las migraciones sin ponerse de acuerdo con otros países?
Mire lo que pasó con los venezolanos en Tacna, Perú. Con la crisis que se vive en Venezuela, los venezolanos fueron a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Argentina, a Brasil y vinieron a Chile. Entonces, ¿no sería bueno tener un liderazgo presidencial -fue a Cúcuta y ha ido a otras partes- que señalara de qué manera América Latina puede regular adecuadamente un proceso de migración entre todos los países, para que tengamos cierto orden en cuanto a cómo enfrentaremos este tema?
En otras palabras, yo no creo que los países puedan enfrentar aisladamente el fenómeno de la migración, toda vez que este abarca a todo el mundo.
En Europa, con el liderazgo de Alemania, se adoptó un acuerdo que permitió hacer frente a la crisis que provenía de Siria.
Por tanto, la primera cuestión que debemos entender, desde el punto de vista político, como responsabilidad del Estado, del Gobierno y de nosotros, respecto a este proyecto de ley, es que no vamos a resolver el problema de fondo si actuamos aisladamente.
Esta ley está bien, pero el segundo paso que debemos dar es ponernos de acuerdo en cómo logramos celebrar tratados internacionales que vayan más allá de las mercaderías, del dinero y de la libre circulación de los bienes. Necesitamos contar con un estatuto para las personas, de tal manera que cautelemos debidamente los flujos migratorios.
Finalmente, señor Presidente, estamos de acuerdo en que esto hay que regularlo. Esto tiene que ser ordenado. Porque en todas las situaciones migratorias -en Europa, fundamentalmente- los procesos son ordenados.
Sin embargo, pienso que hay un segundo punto que es tan importante como el primero: el aspecto cultural.
El aspecto cultural significa que nosotros, como chilenos, como dirigentes políticos, debemos aceptar que el mundo es diverso; que somos iguales, pero que tenemos orígenes distintos; que las sociedades son multiculturales.
Perdónenme que les diga a todos quienes están en esta Sala -lo hago con todo respeto- que ustedes y sus familias, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos son todos inmigrantes, pues provinieron de otras partes. Seguramente sufrieron. Piensen en sus antepasados cuando llegaron a Chile: de dónde venían, cómo llegaron, cuánto lucharon, cómo se forjaron, cómo soportaron las adversidades de la vida en nuestro país.
Yo, por el lado de mi padre, no soy inmigrante. Mis antepasados llegaron, probablemente, hace unos veinte mil años.
Pero entiendo la dinámica política.
Por eso, el tema cultural de la aceptación del otro es lo que nos diferencia de los animales, pues, como dice Kant, gran filósofo de la Edad Moderna, los animales actúan por instinto y el ser humano, con racionalidad, porque puede colocar una distancia entre el objetivo y su pensamiento.
En consecuencia, estamos disponibles para trabajar con el Gobierno en una buena ley, una del siglo XXI, en conjunto con otras naciones, para que de esa manera tengamos un gran país.
Chile está recibiendo gente porque está bien, porque se ha modernizado, porque atrae.
Nuestra responsabilidad es hacer una buena ley.
Voto a favor.
El señor QUINTANA (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Navarro Brain.


El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tal como usted lo señaló, y también lo planteó el Senador Huenchumilla, la historia, los orígenes son la clave para entender la cultura de los países, para entender su pasado, su presente y su futuro.
Mary Anne MacLeod traía consigo solo 50 dólares (unos 700 dólares de hoy), cuando desembarcó en Nueva York el 11 de mayo de 1930. Su nombre aparece en los registros de inmigración de la época, digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad-Isla Ellis, que conserva los datos de más de cincuenta y un millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos entre 1892 y 1957 a través de dicha isla en el puerto de Nueva York.
Esta mujer inmigrante años más tarde daría vida al magnate Donald Trump, Presidente electo de los Estados Unidos. O sea, este tiene una madre que entró legalmente al país procedente de su natal Escocia. Pese a ello, Trump ha dicho hace unos días: "¡Migrantes, vuelvan a sus casas!". Y los apaches, los siux, los indios originarios de Estados Unidos le contestaron: "Muy bien. ¡Y cuándo te regresas tú!".
Hay un debate de fondo, señor Presidente, respecto de "la categoría de migrantes".
En la zona norte de Chile, hay muchas personas que tienen parientes en La Paz (Bolivia), en Lima (Perú) y también en Arica. ¡Son todos aimaras! Fue el Estado chileno el que hizo la división para aquellos que cruzaron la cordillera de los Andes y quedaron a distinto lado de la línea llamada "frontera". Por tanto, hay chilenos con tíos y abuelos bolivianos, tíos y abuelas peruanos. Forman parte de un pueblo, el pueblo aimara, nacionalizado por cada uno de los países en la configuración de los estados nacionales, como aquí se ha señalado.
Soy de los que creen, como Bolívar, que se pertenece al lugar no donde se nace, sino donde se lucha, donde se forja la vida de las personas.
"La patria es América", decía Bolívar, la patria grande, la patria de la integración de todos los pueblos de América Latina. Son ideas del libertador que cabalgó miles de kilómetros y libró centenares de batallas solo para libertar a los pueblos del yugo español, de los migrantes españoles, de los cuales la inmensa mayoría de los llamados "chilenos y chilenas" procede.
Menciono, en nuestro Senado, nombres como Aylwin, Frei, Chadwick (hoy nos acompaña como Ministro), Kast, Pugh, Goic, Bianchi, Von Baer, Girardi, Ebensperger y, en mi región, el de Von Plessing. Todos tienen una historia familiar, cercana o lejana, de ancestros que no procedían ni de Chile ni de América.
El señor QUINTANA (Presidente).- Brain.
El señor NAVARRO.- Cierto, señor Presidente: Brain es inglés.
La línea genealógica de los mormones revela que los primeros Brain (se pronuncia `brein' en inglés) llegaron a Chile en 1851. Eran siete hermanos y están dispersos. Se encuentran en Perú, en Iquique, en Santiago, en Miami, en otros lugares de Estados Unidos. La línea completa del árbol genealógico que elaboran los mormones nos permite escudriñar y saber exactamente de dónde venimos.
¡La patria es América!
¡Yo sigo creyendo que la patria es América! ¡La patria grande! ¡La patria de todos!
No hay posibilidad de desarrollo para nuestro país si no es en el marco de la unidad continental de América. ¡No hay posibilidad de desarrollo!
Ahí está la Comunidad Económica Europea. Europa lo entendió tardíamente pero lo hizo. Y, a pesar de las dificultades, las naciones que la integran son más fuertes unidas que divididas. Sin embargo, nosotros seguimos como Los Prisioneros, señalando que "Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos"; seguimos pensando solo en nosotros.
Martí, de Cuba, decía que "la patria es humanidad", porque la conforman valores y el territorio, el cual también integra el Estado. La conforman valores y no solamente el territorio.
El territorio es la categoría jurisdiccional del Estado, de la propiedad, lo que da arraigo al hombre. Pero la patria está constituida también por valores.
Por lo mismo, creo firmemente que la globalización de los valores hará posible que Chile tenga una Ley sobre Migración verdaderamente de futuro. El fenómeno migratorio es parte de la globalización. Llegó para quedarse.
Las migraciones que se producían hace quinientos años, con los vikingos, eran parte de un proceso de desarrollo emergente. Hoy día las migraciones reflejan una realidad que va de la mano con el desarrollo económico. La globalización económica ha dado paso también a la globalización de los ciudadanos.
Uno suele escuchar la pregunta: "¿De dónde eres?". En mi opinión, uno es de donde luchó, no necesariamente de donde nació. Algunos se definen como ciudadanos del mundo. Cuesta decir de dónde es uno o a qué lugar pertenece.
Es posible tener nacionalidad y bandera, pero debemos entender hoy día, en medio de un cambio climático que va a destruir la Tierra, reconocido por el 95 por ciento de los científicos del mundo, que nuestro planeta, tal como lo conocemos, jamás será el mismo.
Cuesta asumir a la hora del juico final -y no será el Apocalipsis, sino, sin duda, el cambio climático- la responsabilidad de señalar de dónde es uno. Cuando tengamos que responder, no digamos "de Chile", sino "del planeta Tierra".
El futuro nos reprochará: "¡Esa era la casa de todos y ustedes la destruyeron!".
Por lo tanto, nuestra suerte está íntimamente ligada a lo que hacemos como aldea global -lo señaló el Senador Huenchumilla-, como globalización no solo de territorios, sino también de valores.
Creo firmemente que este proyecto, que crea un servicio, un consejo y un registro de migrantes, no debiera dar origen a una ley cuantitativa. No puede ser que nos pongamos a contar los migrantes, porque habría que contar a 17 millones, excluyendo al pueblo mapuche -son un millón en Chile- y a los demás pueblos originarios: los aimaras; los quechuas; los selk'nam, estos últimos aniquilados por los migrantes.
Entonces, cuando nos proponemos construir la convivencia debe ser en el marco de un acuerdo global.
Sí apoyaremos esta iniciativa. Se requiere una migración controlada. Ministro, lo hemos dicho, y participamos. No puede entrar cualquiera a Chile; tienen que haber reglas.
Vamos a exigirle al Estado que les brinde derechos a los migrantes, pero también deberes: los mismos derechos y deberes que cumplen los chilenos deben ser establecidos para los migrantes.
¡Esa es la igualdad! ¡No puede haber discriminación!
Yo siento que esta futura ley avanza en esa dirección.
Tenemos que resolver muchos de los aspectos que aquí se han planteado; por ejemplo, cómo cambiar de categoría migratoria, pues las personas siguen siendo personas siempre, estén en el lugar del mundo que estén. Ese es el valor de la humanidad, como señaló Martí.
¡La patria es la humanidad!
Señor Presidente, anuncio que vamos a presentar indicaciones a esta iniciativa para mejorar nuestra Ley sobre Migración y construir una normativa de futuro, que se proyecte hacia delante.
Debemos considerar no solo la globalización económica, como se decía, sino también la globalización ciudadana.
En este sentido, yo aspiro a que, una vez que despachemos la iniciativa sobre migrantes, hagamos la nueva Constitución, la Carta Fundamental que permita ponernos de acuerdo acerca de cómo vivir y convivir de aquí en adelante. Tan agotada está la ley de migrantes (el decreto ley Nº 1.094) como la Constitución.
Estamos modernizando la normativa sobre migración modificando un decreto ley del año 75. Bueno, la Constitución es del 80. Yo aspiro a que, cuando tengamos la posibilidad, construyamos una Carta Magna para ponernos de acuerdo no solo en cómo compartimos y convivimos con los migrantes, sino también -lo más importante- cómo coexistimos entre los chilenos, cómo respetamos nuestras diferencias, cómo aprendemos a vivir en un mundo cada día más complejo.
Eso pasa por una nueva Constitución.
Yo prometí en este Hemiciclo -allí, a unos metros de la testera- cuando asumí como Senador, por una nueva Constitución, una que fije las reglas de convivencia entre chilenos y chilenas.
Hoy día decimos que vamos a apoyar un proyecto que norma la relación entre nuestros compatriotas y los extranjeros. Por cierto, todo razonamiento lógico nos hace concluir que es necesaria una Carta Magna, la mayor de las leyes, la ley real, para regular dicha convivencia.
Respaldaremos de manera decidida esta iniciativa que establece principios fundamentales para los migrantes en Chile, propuesta que ha impulsado el Gobierno, y en buena hora.
Vamos a respetar los derechos de los extranjeros y ellos deberán respetar también los de los chilenos. En definitiva, derechos y deberes para ambos, extranjeros y chilenos, tienen que ser los mismos, en una sana convivencia, en una integración permanente para el desarrollo de los pueblos.
Ya iremos a la patria grande. Hoy día vamos a regular cómo convivimos los chilenos con los extranjeros.
Voto a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- No hay más inscritos.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (41 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).- La fijación del plazo para presentar indicaciones quedará pendiente para la sesión ordinaria de mañana.