TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN EN PERSECUCIÓN DE CONDUCTAS TERRORISTAS
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, no hay dos opiniones: Chile requiere modernizar su legislación en materia antiterrorista. Nadie duda de ello.
En el escenario internacional actual, las formas de ataque a la sociedad o a sus instituciones han mutado. Ya no son los mismos objetivos ni los métodos de décadas atrás.
Junto a los crímenes de odio, crece la xenofobia y el fanatismo religioso y surgen ataques cibernéticos que no solo se traducen en sabotajes operacionales o fraudes, sino que también pueden poner en peligro la seguridad o la salud de las personas, como los que sufrieron diversos hospitales del Reino Unido hace unos meses.
En Chile, los casos conocidos hace unos días generan una condena unánime, si bien se trata, claramente, de actos aislados. En cualquier caso, estas amenazas deben ser enfrentadas con decisión y responsabilidad, como política de Estado y no como política de trinchera. Nada más perjudicial para la lucha antiterrorista que las maniobras comunicacionales o el uso de consignas.
La gravedad del tema exige ser extraordinariamente cuidadosos.
Desgraciadamente, no lo ha sido el señor Presidente cuando ha emplazado públicamente al Congreso a aprobar una nueva Ley Antiterrorista, en circunstancias de que lo que estamos votando hoy no es una reforma a esa normativa, tarea que sigue pendiente. Lo que realmente estamos votando ahora, como se ha precisado, es solo una limitada modificación al Código Procesal Penal, ampliando las facultades investigativas de los fiscales.
Evidentemente, lo que se propone no puede pretender ser la única respuesta del Gobierno frente al fenómeno terrorista.
Se requiere una nueva ley de inteligencia, de manera que el país cuente con sistemas de información y políticas de prevención acordes con las amenazas de los tiempos.
Se requiere revisar los protocolos actualmente aplicables en el Ministerio Público y en las policías con relación a las interceptaciones telefónicas que, bien sabemos, han dado lugar a situaciones de abuso y vulneración de garantías básicas.
Se requiere revisar el tipo penal, de modo que sea una herramienta efectiva para la persecución y cumpla, a su vez, con los estándares de derechos humanos exigibles a nivel internacional.
Se requieren soluciones reales a estos problemas y no consignas o debates teóricos.
La autoridad civil debe tener un control efectivo sobre las operaciones de inteligencia. Los fiscales y los jueces deben ser más estrictos con las diligencias investigativas que ordenan o autorizan. Todo acto violento debe ser condenado, pero no todos ellos son constitutivos de terrorismo.
¡Cómo no vamos a ser capaces de plasmar, estas y otras ideas, en normas concretas! ¿O preferimos mantener la ley actual, que para algunos es muy limitada, y para otros, muy amplia?
Señora Presidenta, me iba a abstener, pero, escuchando el compromiso del señor Ministro del Interior, quien ha dicho que va a acelerar en la Comisión de Constitución una iniciativa para tener una verdadera Ley Antiterrorista, y el compromiso que ha adquirido el Presidente de esa instancia en cuanto a que antes de fin de año se legislará sobre esa materia, voy a dar mi voto a favor, porque confío en los compromisos que se toman en este Hemiciclo, y porque le hace bien al país abandonar las etiquetas y contar, de una vez, con una legislación antiterrorista moderna.
He dicho.