EMERGENCIA ACAECIDA EN CIUDAD DE OSORNO POR FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
El señor QUINTANA (Presidente).- Esta sesión especial ha sido convocada con la finalidad de tratar la emergencia acaecida en la ciudad de Osorno respecto a la falta de suministro de agua potable durante las últimas dos semanas.
Para tal efecto, han sido invitados el Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, y el Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Jorge Rivas Chaparro. También nos acompaña el Ministro de Economía, señor Juan Andrés Fontaine.
A todos ellos les damos la más cordial bienvenida.
Tiene la palabra el señor Secretario para que informe sobre los tiempos asignados a cada Comité.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Sus Señorías podrán intervenir en esta sesión especial conforme a la siguiente distribución de tiempos:
-Comité Partido Renovación Nacional e Independientes, 17 minutos.
-Comité Partido Unión Demócrata Independiente, 17 minutos.
-Comité Partido Por la Democracia e Independientes, 15 minutos.
-Comité Partido Socialista, 13 minutos.
-Comité Partido Demócrata Cristiano, 9 minutos.
-Comité Partido País Progresista e Independientes, 6 minutos.
-Comité Partido Evópoli, 2 minutos.
-Comité Partido Revolución Democrática, 2 minutos.
Es todo, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- En primer lugar, tiene la palabra el Senador señor Guillier.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, al igual que miles de chilenos, me informé fundamentalmente por las redes sociales de lo que estaba ocurriendo en Osorno, del drama que estaban viviendo 200 mil compatriotas.
También escuché, como ustedes, las declaraciones que hizo el Presidente Piñera llegando a Osorno, donde anunciaba que la emergencia estaba controlada y que en horas se tendría nuevamente repuesto el servicio.
Obviamente, aquello no se cumplió.
Quiero recordar que el agua es un derecho humano. De modo que exigimos respeto por lo que pasa en regiones. Esto es habitual, pues ha ocurrido más de alguna vez. Si ello sucediera en Santiago, probablemente la cuestión sería distinta.
Es un problema del centralismo y de este Estado jerárquico y centralizado que hacen que los dramas se perciban de modo diferente según el lugar de Chile en que se produzcan.
También oí las fuertes declaraciones del Ministro Alfredo Moreno contra la empresa Essal, filial de Aguas Andinas.
Al respecto quiero ser muy claro.
Primero, esta situación no se puede dejar pasar, porque en verdad indigna saber que Aguas Andinas le mintió al Presidente de la República.
Eso no puede quedar como algo que simplemente sucedió.
Segundo, se trata de un servicio básico esencial. No estamos hablando del papel confort, sino del agua de los chilenos.
Sin embargo, la cadena de responsabilidades es más larga.
¿Cuál ha sido el rol del ente regulador? ¿No advirtió la Superintendencia en sus visitas fiscalizadoras la evidente precariedad de las instalaciones de Essal en Osorno, que exponían a la población a esta tragedia?
De otro lado, se han efectuado muchas declaraciones, pero no sabemos qué consistencia tienen.
Primero se habló de quitarle la concesión a dicha empresa Después esto se relativizó. Ahora se dice que quitar la concesión sería muy complejo.
Señor Presidente, simplemente quiero dejar claro lo siguiente: lo peor es no hacer nada, pues aquí está en juego la fe pública y un derecho humano.
Asimismo, creo que llegó la hora de abordar el problema de fondo.
Lo que tenemos que cambiar es la lógica del modelo de negocios imperante en el sector sanitario tal como lo estamos haciendo en el sector eléctrico. ¿Qué es esto de usar como referencia para tomar decisiones claves el "modelo de empresa" inexistente?
Hoy la mayoría de los países desarrollados comienzan a abandonar ese tipo de diseño: empiezan a actuar con empresas reales, competitivas y que buscan abrir el negocio del agua a la competencia pero respetando los derechos de la ciudadanía a acceder a ella.
Ese es el desafío.
Los menores precios de la energía no se traspasan a los consumidores regulados en nuestro país porque el modelo de negocios lo impide.
Un sistema abierto, competitivo nos garantizaría, además, un uso más racional de este vital elemento.
Señor Presidente -y con esto termino-, en los últimos dos años exhibimos incluso una disminución de las inversiones en servicios sanitarios, y, por lo tanto, las empresas están cobrando beneficios cuando no han cumplido las metas de inversión acordadas.
Le voy a dar un solo ejemplo: las empresas lograron solo el 91 por ciento de las inversiones comprometidas, pero el 100 por ciento de ellas ya están ingresadas a las tarifas que pagan todos nuestros compatriotas.
Entonces, llegó la hora de que el Congreso Nacional termine con este abuso contra los chilenos frente al derecho al agua, que es un derecho humano esencial.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Nos vamos a dividir el tiempo con la Senadora Provoste.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muy bien.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el servicio de producción y distribución de agua potable es una función pública que ha sido entregada a administración privada, algo que al momento de abordar constructivamente una crisis pareciera olvidarse, dado que usualmente se suele buscar un culpable y así evitar la adecuada rendición de cuentas por parte de las empresas sanitarias, la Superintendencia y el mismo Gobierno.
Y me refiero a las responsabilidades correspondientes no solo desde una simple mirada de la culpa, que suele ser una forma simplista de ver la mejora continua, sino que desde una aproximación que permita mejorar la resistencia y resiliencia de los sistemas, así como también asumir que no existe función que esté ajena a la posibilidad de interrumpirse, por lo que saber cómo actuar frente a una crisis es claramente fundamental.
Estoy convencida de que la mera rendición de cuentas y las sanciones a la empresa, siendo necesarias -y en este caso, urgentes-, son claramente insuficientes para enfrentar futuras emergencias de este tipo y que ocurran como consecuencia de un fenómeno natural o por acción humana.
Se requiere comprender que existen una serie de actores e iniciativas que si no operan de manera encadenada, coordinada y colaborativamente, seguiremos en la dinámica que ha caracterizado a nuestro país en múltiples emergencias en la última década y que en esta ocasión no ha sido la excepción.
Quizás debiéramos agradecer que en esta oportunidad hayamos tenido a un gran líder local, quien fue capaz de reaccionar frente a la crisis y de articular a la comuna: hablo del Alcalde de Osorno, señor Jaime Bertin.
La protección y bienestar de la comunidad debe ser nuestra permanente preocupación, y tenemos que ocuparnos en ver cómo analizamos lo ocurrido para reconocer las debilidades que, junto con asociarse a rendición de cuentas y responsabilidades, deben acompañarse de mejoras.
Normas, estándares, procedimientos, fiscalización son elementos que se encadenan en la relación que la autoridad establece con la función pública administrada por una institución, sea esta pública o privada.
Señor Presidente, desde el año 2018 la Superintendencia de Servicios Sanitarios tenía conocimiento sobre las anomalías presentadas por la planta de Essal, en Osorno, las que ponían en serio riesgo la continuidad en la provisión de los suministros de agua potable. Por tanto, una se puede preguntar dónde estuvo la Superintendencia durante estos nueve meses para evitar la falla en el sistema de producción de agua potable de Essal.
La empresa, sin lugar a dudas, tiene responsabilidades, y es obligación de esta rendir cuentas, asumirlas y tomar medidas incluso por sobre la norma, pues los estándares definidos por el Estado siempre serán el mínimo exigible.
Pero con esta misma claridad, soy enfática al señalar que las instituciones estatales deben también rendir cuenta sobre las normas y estándares que rigen una función crítica, y asumir responsabilidades más allá de la mera administración del daño y la fiscalización o sanción posemergencia.
Por ello, hemos estado trabajando junto con diversos colegas en un proyecto de acuerdo que se haga cargo de todo esto, incluso de quiénes deben estar en los directorios de este tipo de empresas y de cuáles han de ser sus inhabilidades.
Aquí no debemos perder el foco; no podemos poner por encima de la protección y bienestar de la comunidad la discusión ideológica que muchas veces termina por alejarse de las personas y entrar en la trinchera política pequeña. Acá lo central es hacer los esfuerzos por disminuir las probabilidades de ocurrencia de este tipo de hechos y, por cierto, establecer las medidas adecuadas para responder frente a una emergencia.
La producción y distribución de agua potable es una función pública -no podemos olvidar esto-, por lo cual, independientemente de quién la administre, el Estado es el último responsable de velar porque se actúe de manera correcta y no mantenerse casi como un espectador que se centra en culpar, fiscalizar y sancionar sobre el daño, cuando lo que requiere la comunidad en el momento de la crisis es el adecuado manejo de la emergencia, en este caso, asegurando la continuidad de distribución de agua potable en el menor tiempo posible, mientras se restituye la normalidad, incluso con independencia de quién lo realice operacionalmente.
En esta situación, señor Presidente, hay responsabilidades tanto en el ámbito de la regulación así como en la acción e iniciativa en materia de fiscalización, encadenamiento proactivo con el sector regulado y, por cierto, de mejora continua, especialmente a partir de las emergencias, que -como he señalado- se han repetido de manera significativa en la última década, sin importar el origen.
Una vez más hemos visto no solo la debilidad, sino también la carencia absoluta de una respuesta mínimamente eficiente y eficaz en materia de distribución de este vital elemento en caso de una emergencia, que ahora habría sido causada por la acción de un operario, pero que perfectamente pudo haber ocurrido por un fenómeno de clima extremo o un terremoto.
La emergencia que hoy afecta a nuestros conciudadanos de Osorno...
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo.
Puede continuar, señora Senadora, con cargo a los minutos que le restan a su Comité.
La señora RINCÓN.- Gracias.
Señor Presidente, la emergencia que hoy afecta a nuestros conciudadanos de Osorno nos debe convocar a que cada actor del sistema rinda cuentas sobre la fragilidad de una función crítica como es la producción y distribución de agua potable, lo que incluye desde las relaciones con el Estado y su obligación en materia regulatoria, normativa, fiscalizadora, hasta la exigencia de actuar en prevención, mitigación, respuesta y recuperación frente a la interrupción de servicios básicos o críticos.
Creo que eso debiéramos concluir hoy día, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre, hasta por dos minutos.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, la catástrofe de Essal dejó sin suministro de agua potable por más de una semana a más de 45 mil familias de la zona, lo que equivale a cerca de 200 mil personas, y hubo al menos 9 millones de dólares en pérdidas para la pequeña y mediana empresas.
Me parece que la situación ocurrida en Osorno provocada por dicha empresa debe poner varios puntos fundamentales sobre la mesa para el debate público tendiente a replantearnos varias esferas de regulación sensible para la ciudadanía.
En primer lugar, el Presidente Piñera tiene la facultad para caducar las concesiones que se encuentren en explotación: puede hacerlo de acuerdo a lo que prescribe el artículo 26 de la Ley General de Servicios Sanitarios. No declarar caducada la concesión de la referida empresa sería una señal definitiva de que hay grupos privilegiados dentro de nuestro país que pueden tener durante días en vilo a la población sin ninguna consecuencia de peso.
Lo complejo es que por la naturaleza económica de estos servicios, al privatizarse, se generan monopolios naturales: sin importar el precio del servicio (que va en aumento) o su calidad, la única alternativa para las personas es consumirlo. Por estas razones, una regulación justa es fundamental. Para ello, se deben separar los intereses privados de los públicos. Y sabemos que las empresas privadas que lucran con el agua en el pasado han financiado campañas políticas y han cooptado directores con redes políticas densas de manera transversal.
En el caso de las empresas de servicios sanitarios, por medio de un decreto vigente desde la dictadura, tienen un 7 por ciento de ganancias mínimas sobre activos -¡7 por ciento de ganancias garantizadas por ley!-, mientras que la misma Superintendencia de Servicios Sanitarios ha calculado que bastaría con aproximadamente un 5 por ciento.
Las multas máximas son ridículas: 600 millones de pesos, y además, sin ningún tipo de consecuencia relacionada con la concesión. Y estamos hablando de un daño ambiental brutal como el que ha ocurrido con Essal.
Creo que nos hallamos en un momento en que...
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo.
Su Señoría dispone de un minuto adicional para redondear su intervención.
El señor LATORRE.- Gracias.
Señor Presidente, en el siglo XXI distintos países, particularmente en Europa y en América Latina, han recuperado democráticamente el agua, ya no en el debate ideológico del siglo XX entre Estado y mercado, sino que incorporando la participación ciudadana, la gestión comunitaria de las cuencas, de los ríos y de los servicios sanitarios, tal como ocurre con el agua potable rural.
Creo que Chile, de cara a los desafíos del siglo XXI y en medio de un contexto de cambio climático, debe replantearse el desafío de recuperación democrática del agua como derecho humano y como bien común.
He dicho.
El señor BIANCHI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero proponerle a la Mesa y, por cierto, a Sala -creo que nadie podría oponerse a esto- que escuchemos primero al Ejecutivo.
Me parece que esta sesión, que hemos estado pidiendo desde hace tiempo, sería mucho más provechosa si los Ministros aquí presentes nos indicaran las acciones que el Gobierno pretende llevar adelante en la materia. Luego de ello podríamos proseguir con cada una de las intervenciones.
El señor QUINTANA (Presidente).- Efectivamente, señor Senador, ese es el sentido de esta sesión especial. Para eso invitamos al señor Ministro y al señor Superintendente.
Es de interés de la Sala conocer el planteamiento del Ejecutivo. Pero mientras ellos no se inscriban, no puedo darles la palabra.
A continuación, está inscrito el Senador Rabindranath Quinteros.
Puede intervenir, Su Señoría.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, la negligencia inexcusable de una empresa afectó gravemente, durante once días, la vida normal de más de 160 mil personas, quienes no contaron con el suministro de agua potable para satisfacer sus necesidades básicas.
No solo se trastocó la vida cotidiana de 50 mil hogares, que no disponían de agua potable para su vida diaria: también se afectó a adultos mayores, muchos de los cuales no estaban en condiciones de cargar bidones; se impidió a niños que asistieran normalmente a jardines infantiles y salas cunas; se puso en riesgo la salud de las personas; se perjudicó a comerciantes y a empresarios, quienes debieron cerrar sus procesos de producción y de venta, sufriendo cuantiosas pérdidas.
Superada la emergencia, la indignación se mantiene. Pero sobre todo existe la convicción de que esta crisis no puede repetirse. Para ello, muchas cosas tienen que cambiar en diferentes ámbitos.
En primer lugar, en cuanto a la empresa proveedora del servicio, es falso que solo exista el error de una persona: hay una conducta negligente de toda la compañía, que incluso puede llegar a ser considerada dolosa.
Desde luego, se advierten condiciones laborales precarias, lo que se expresa en dotaciones mínimas de trabajadores y extensas jornadas.
Existen políticas de ahorro y reducción de costos que afectan las funciones esenciales del servicio. Una empresa concesionaria de un servicio público puede ahorrar y contener gasto -y es bueno que ello ocurra- en funciones auxiliares o de soporte, pero no en las funciones operativas esenciales.
De otro lado, hay insuficiente nivel de inversión.
¿Cómo es posible que la mezcla del petróleo con el agua solo haya sido detectada varias horas después de producida? Ahí no solo falla un operario, sino todo el sistema de aseguramiento de la calidad del servicio.
El bajo nivel de inversión se demuestra también en la insuficiente reacción frente a la emergencia. Hubo, durante los primeros días, falta de estanques y de camiones para satisfacer toda la demanda.
Aquello se ve agravado por la conducta de los ejecutivos, quienes -según señalaron las propias autoridades- ocultaron información.
Todo esto no se corrige con simples modificaciones a los protocolos: es la empresa misma y su política lo que debe cambiar. Y el primer paso para esto es caducar la concesión.
En cuanto al rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, es evidente que hay problemas en el papel cumplido por el organismo regulador.
La deficiente forma en que la empresa desarrollaba sus actividades no era clandestina: estaba a la vista de la más superficial inspección.
¿Cuántas visitas se hicieron? ¿Se dejó constancia de esa situación en los informes? ¿Se dieron instrucciones a la empresa? Si las hubo y la empresa las incumplió, ¿existieron sanciones?
La entidad fiscalizadora debe contar con capacidad para supervisar todo el proceso, y frente a una emergencia, también ha de tener capacidad propia para definir e instruir las medidas a adoptar.
Pero durante la crisis, la mayor parte del tiempo, el regulador solo reproducía las medidas anunciadas por la empresa.
¿Nadie en la Superintendencia tenía la información disponible para advertir al Presidente de la República de que el proceso de restablecimiento del suministro podía fallar?
No basta con que los funcionarios reaccionen con energía frente a la crisis y anuncien las sanciones más drásticas. Deben contar con las capacidades suficientes para cumplir su función.
Si a esto añadimos el paso constante de ejecutivos desde las empresas fiscalizadas hacia el organismo fiscalizador y viceversa, la ciudadanía, con razón, puede preguntarse si es un problema de capacidad o también de voluntad para fiscalizar.
En cuanto al manejo de la emergencia, todos sabemos que hay un proyecto de ley, de larga tramitación, que crea un sistema nacional de emergencias.
Pero ese no es el problema, porque una ley vigente, la N° 16.282, entre otras cosas, faculta al Presidente de la República para declarar zona de catástrofe. Pero la autoridad insistió en que esto no era necesario.
Yo fui testigo de cómo, desde el primer día, el municipio hacía sus mayores esfuerzos para disponer de estanques y camiones para la distribución del agua y de bidones para la población. Esto requería premura, urgencia, y los procesos administrativos se agilizan enormemente si existe esa declaración de zona de catástrofe. Nada de esto fue posible porque simplemente la autoridad no quiso dar su brazo a torcer.
Por último, quiero referirme al papel de la autoridad central.
El rol de los Ministros, Subsecretarios y del propio Jefe de Estado dista mucho de lo que se espera de una autoridad: capacidad para actuar con eficiencia y oportunidad y para informar con claridad e infundir confianza a la población.
Está en juego el rol del Estado. Cuando se concesiona un servicio público no desaparece la responsabilidad estatal en el servicio, mucho menos tratándose del agua.
Terminada la etapa de la emergencia, el Gobierno no puede sino decretar la caducidad de la concesión.
Se cumplen los requisitos que señala la ley, esto es, que las condiciones en las que se presta el servicio concesionado no corresponden a las exigencias establecidas en la ley o en los reglamentos, no corresponden a los estándares propios de un servicio público.
Cualquiera otra medida no sería comprendida por la comunidad.
Pero también, y de una manera más general, la emergencia coloca sobre la mesa de discusión, una vez más, los estándares exigidos y las reglas que rigen a las empresas proveedoras de servicios básicos, no solo a las sanitarias, sino a las eléctricas, a las de telecomunicaciones, a las autopistas, o a las que proveen bienes públicos como la salud y la educación.
Con razón la gente se siente abusada, porque mientras paga mensualmente una cuenta que no es baja y debe asumir costos adicionales e incluso el corte del servicio en caso de mora, percibe que la calidad del servicio que recibe no es óptima y que los incumplimientos en que incurren las empresas no reciben una sanción drástica.
Puede haber vuelto el agua, pero tardará mucho para que vuelva la confianza.
Hay que modificar el escenario en el que hasta el día de hoy han operado los privados. La ciudadanía percibe que las empresas operan con demasiadas libertades, muy pocas obligaciones y prácticamente ninguna sanción cuando incurren en fallas, por graves que estas sean.
En su tiempo, las concesiones y las licitaciones se justificaron porque se requerían cuantiosas inversiones que el Estado no estaba en condiciones de financiar, por ejemplo, para el tratamiento de las aguas servidas.
Pero esas inversiones ya están hechas, pagadas y amortizadas y es factible exigir más a estas empresas. El país no es el mismo de hace treinta años.
Se puede exigir mayor seguridad y calidad en el servicio. Los sistemas de monitoreo y control no pueden quedar limitados a la acción de un funcionario; las sanciones monetarias e incluso criminales deben ser más duras; la fiscalización tiene que ser permanente en terreno y no limitarse a la revisión y aprobación de informes desde una oficina.
En caso de incumplimientos graves, la caducidad debe ser una medida posible, de aplicación rápida y efectiva. Las compensaciones a los usuarios tienen que ser oportunas y proporcionales al daño sufrido. De otra manera, no sirven, generan más rabia y frustración.
Por último, las rentabilidades que alcanzan estas empresas deben ser más razonables y esto tiene que traducirse, a su vez, en tarifas más bajas.
Así como el país exige, con toda razón, mayores estándares de transparencia y probidad en toda la gestión pública, también tiene derecho a esperar estándares más altos de calidad y servicio a las empresas titulares de concesiones.
Chile no puede seguir actuando como país subdesarrollado. El Estado debe cumplir sus funciones esenciales y para ello lo primero es que la concesión de Essal sea caducada, no importa si se trata de inversionistas chilenos o extranjeros.
Habrá que discutir también la posibilidad de que el Estado se haga cargo directamente de estos servicios. En el caso del agua potable, esto se liga también con el control del agua, cuya escasez se ha transformado en un problema crítico no solo en las regiones del norte y centro del país, sino también en el sur, producto del cambio climático.
Lo hemos dicho en la discusión sobre la reforma del Código de Aguas, y también es válido aquí: el agua es un bien nacional de uso público y el Estado debe asegurar, en primer lugar, el suministro para el consumo humano.
En estos tiempos, ¿pueden las empresas privadas hacerse cargo de llevar la escasa agua hasta todos los centros poblados? Los camiones aljibes hace años que son una realidad permanente, parte del paisaje, para muchos chilenos, incluso en el sur, y las empresas no tienen interés en hacerse cargo de esta función. Es como sucede en la educación: no les interesa educar a los niños más vulnerables, sino solo a aquellos que permiten extraer una rápida utilidad.
Señor Presidente, conozco Osorno y a su gente desde hace décadas. Hice una parte importante de mi vida en esa ciudad. Sé que los osorninos son gente tranquila y ponderada, de esfuerzo y de trabajo. Sé que han sido pacientes respecto de muchos temas, y sé también que esta crisis superó con creces sus límites.
No todos los días salen cinco mil personas a marchar a las calles por una causa común. Sé que perdieron la confianza en la empresa sanitaria y también en sus autoridades. Sé que esperan algo más que una compensación económica de un par de meses de agua gratis.
El desafío es cómo le devolvemos a Osorno -y al país, que fue testigo de esta crisis- todo lo que ha perdido en estas semanas. Créanme que es mucho más que el agua.
He dicho.
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Saludo a los miembros de la Agrupación de Profesores Jubilados de la comuna de Hualqui, que se encuentran en las tribunas.
--(Aplausos en la Sala y en tribunas).
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El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Allamand, en el tiempo que ha dispuesto su bancada.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, quiero partir señalando que los hechos ocurridos en Osorno han generado -yo diría- dos reacciones: indignación en los afectados, pero también alarma en la ciudadanía.
Se ha sabido, por ejemplo, que esta empresa en los últimos años ha sido objeto de más de ochenta multas. Y en el año 2018 la Superintendencia encargó que se hiciera una auditoría al funcionamiento de esta empresa para poder adoptar las medidas correspondientes.
¿Qué dice esa auditoría? Que el equipamiento de la empresa es antiguo; que hay ausencia de planes de limpieza; que hay un mantenimiento irregular de la maquinaria; que falta control sobre los operarios; que hay lechos de agua sucios; que existe omisión de información y de entrega de muchos datos a la autoridad.
Dicho lo anterior, señor Presidente, uno podría preguntarse si una empresa que funciona con este grado de precariedad debe continuar prestando este servicio.
Quiero también hacer presente que aquí no estamos hablando de una empresa -lo digo coloquialmente- que no tenga espaldas. Nos referimos a una compañía que es filial de Aguas Andinas, que a su turno es propiedad de uno de los grupos económicos más importantes del mundo en esta área.
¿Qué demuestran los hechos que he reseñado? Demuestran, por parte de la empresa Essal, un auténtico desprecio por sus clientes, ya que saben que se trata de clientes cautivos, porque estamos frente a un monopolio natural.
Yo creo, señor Presidente -y así lo he señalado en los últimos días-, que aquí la única sanción que corresponde aplicar es la caducidad de la concesión.
Algunos ya han empezado a esgrimir que no existirían los fundamentos jurídicos para ello.
Pero basta mirar el artículo 34° de la Ley General de Servicios Sanitarios, que señala a la letra que "El prestador estará obligado a controlar permanentemente y a su cargo, la calidad del servicio suministrado", de acuerdo con las distintas normas que exigen a estas empresas la continuidad del servicio.
Por su parte, el artículo 26° de la misma ley dispone que procederá la caducidad "si las condiciones del servicio suministrado no corresponde a las exigencias establecidas en la ley o en sus reglamentos".
En consecuencia, señor Presidente, yo creo que desde el punto de vista jurídico, sin perjuicio de los análisis que formule la Superintendencia, existe fundamento para decretar la caducidad de la concesión.
Algunos han señalado que una medida de esta naturaleza afectaría la credibilidad de Chile con relación a las inversiones extranjeras. Pero este es un argumento falaz que no se justifica.
Lo que en definitiva da garantías a la inversión extranjera son dos cosas. Por una parte, la certeza jurídica con que estas empresas deben operar, que tiene que ver, precisamente, con su marco regulatorio. Pero también es importante para los efectos de la inversión extranjera dejar claramente establecido que cuando haya incumplimientos flagrantes como el que estamos abordando existirá también la disposición de la autoridad para aplicar las sanciones que resulten pertinentes.
Dicho lo anterior, señor Presidente, me asiste la certeza de que aquí también debemos tener cuidado con el virus del populismo, que muchas veces afecta la toma de decisiones políticas o incluso la controversia.
Que exista una situación de tal precariedad en una industria, y quizás en otras -es un tema que tendrá que resolverse-, no puede llevar a que neguemos todas las ventajas del sistema que a contar de los años 90 se instauró en el país. Somos uno de los pocos países en el mundo, por ejemplo, que exhiben hoy día un total cumplimiento en lo que dice relación con el tratamiento de aguas servidas.
Señor Presidente, más allá de mi convicción de que aquí corresponde caducar la concesión, creo que esta sesión debiera servir para a lo menos adoptar dos conclusiones.
En primer lugar, efectivamente, tenemos una Superintendencia que es muy precaria en cuanto a su personal. Y también uno podría decir que desde el punto de vista de sus facultades requiere un significativo robustecimiento. Se necesita una Superintendencia con verdadera musculatura, desde el punto de vista organizativo, de su personal y de sus atribuciones.
Y también corresponde que revisemos en general la ley que afecta a las empresas sanitarias. ¿Cuáles son las condiciones que se les imponen? ¿Cómo deben responder frente a los requerimientos de la autoridad? Ya he señalado que quizás hay que fortalecer esos requerimientos. Pero lo que no puede ocurrir es que, en definitiva, mantengamos una normativa que a todas luces requiere una modernización.
Termino mis palabras reiterando que lo ocurrido no puede repetirse; que aquí se necesita una sanción apegada a derecho y que, simultáneamente, sea ejemplarizadora. Y nos corresponde a nosotros, al Congreso y al Ejecutivo, hacer de esta situación tan desastrosa una oportunidad para mejorar el sistema, para contar con una Superintendencia más robusta y para tener una legislación más moderna y efectiva.
He dicho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, en el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, lo ocurrido la semana pasada en Osorno es un hecho grave. Entraña una conducta abusiva y desdeñosa con las personas y comunidades, un maltrato que la ciudadanía no se merece. Es algo que debe hacernos pensar, sensibilizar a la opinión del país y movilizar a los poderes públicos en defensa de los principios sobre los que se funda nuestra convivencia civil y política.
Lo de Essal es otro testimonio de lo que ya vivimos con las alzas desmedidas de las tarifas eléctricas, en las autopistas urbanas, solo por nombrar algunas como ejemplo.
Lo acontecido en Osorno no es un hecho fortuito y circunstancial: lo vivimos también en marzo de 2017 en Freirina. Una vez más, son estos actos los que revelan negligencia y abandono. Un comportamiento irresponsable que se reitera en Osorno como en el resto del país, donde concesionarias privadas que deberían actuar como instituciones públicas y empresarios y gerentes que no tendrían que responder como hoy día lo están haciendo -con desidia- no son capaces de garantizar la continuidad de un servicio vital para la población, como es el agua potable.
Una interrupción del servicio que dura once días y afecta a miles de hogares así lo confirma.
Y lo que es peor: un corte que debió ser efectuado de emergencia por el inminente riesgo de que los usuarios consumieran agua contaminada con combustible. Más de una tonelada de petróleo se había filtrado hacia los contenedores de agua, llegando incluso al río Rahue, cuyos tributarios son usados por otras tantas familias y comunidades locales.
Y la razón de fondo, según se desprende del testimonio proporcionado por el único empleado que en ese momento se encontraba a cargo de operar la planta, no puede ser más indignante. No funcionaba el flujómetro del estanque de petróleo, y por eso había que realizar el cálculo del llenado contando los minutos desde que se abrían las válvulas, lo que el operador olvidó hacer. ¡La salud de la población dependiendo de un marcador en mal estado! Y todo ello, con el único propósito de elevar las ganancias sustituyendo electricidad por diésel.
No fueron estas las garantías de inversión y modernización que las empresas privadas ofrecieron al momento de tomar a su cargo el servicio. Es más, en los años en que viene operando el modelo de negocios ninguna empresa sanitaria ha cumplido al cien por ciento los mínimos de inversión comprometida. Es evidente que la propiedad privada, por sí sola, no ha sido el sistema que mejor resguarda la función social y la correcta asignación de los recursos, como se pretendía por parte de aquellos que llevaron adelante este modelo.
Aquí, señor Presidente, ha sido el Estado de Chile el que ha vulnerado los derechos de los habitantes de Osorno al no cautelar eficientemente la continuidad de los servicios públicos esenciales. Aunque el Estado haya concesionado y privatizado la gestión del agua, sigue teniendo la obligación de supervisar al prestador del servicio y de velar para que dicha administración se lleve a cabo de una forma coherente con el efectivo ejercicio del derecho por parte de los ciudadanos.
A su vez, las empresas privadas quedan comprometidas con los estándares internacionales y con las categorías que constituyen el derecho al agua y al saneamiento y, por tanto, pasan a ser titulares de obligaciones y responsabilidades del derecho.
Queremos agradecer al alcalde de Osorno y al concejal Osvaldo Hernández, quien ha mantenido permanente contacto con nuestra bancada de la Democracia Cristiana.
Pensamos que esta mala experiencia vivida en Osorno debe anunciar una nueva etapa en la conquista de más y mejores derechos.
Por eso, animamos a sacar adelante la modificación que claramente nos lleve a modernizar la legislación en materia de servicios públicos sanitarios.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador Iván Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, quiero un minuto, no solamente para agradecer, sino que para felicitar al equipo de Gobierno encabezado por el Intendente de la Región de Los Lagos, Harry Jürgensen; a la Gobernadora de Llanquihue; al Gobernador de Osorno, a todo el Gobierno regional y al equipo de Ministros y Subsecretarios, junto al Presidente Piñera, que estuvieron ahí en los momentos difíciles.
Y yo no voy a caer en la tentación de generar una discusión política de quienes se aprovecharon de esto, de quienes no estuvieron en la emergencia pero sí ante las cámaras de televisión. Porque si hay un equipo que actuó correctamente, en el sentido que correspondía, fue precisamente el del Intendente regional.
Aún más, los que criticaron no estuvieron, pero sí estuvieron día a día, con bajo perfil, trabajando con la gente, ayudándola directamente, los Diputados Javier Hernández y Harry Jürgensen, que estuvieron con la gente, no haciendo declaraciones.
Y lo que encuentro increíble es que haya habido autoridades, que más bien son candidatos a Senadores, a Diputados, a Gobernadores Regionales en la zona, que hicieron declaraciones temerarias que no obedecían a la realidad.
Este no es un problema del Gobierno. Y algunos han querido endosarle alguna responsabilidad. ¡Es como si yo le echara la culpa a la ex Presidenta Bachelet por la erupción del volcán en nuestra zona! ¡Son desastres!
Pero la particularidad del que nos ocupa está en que tiene que ver con el ser humano, con una empresa que es importante, de capitales extranjeros.
Y no nos vamos a ir, como alguien dijo por ahí, a la "chimuchina" política, porque sabemos perfectamente que esta empresa es transversal políticamente.
Y si alguien tiene una responsabilidad, es el Presidente de Essal, de Aguas Andinas, el señor Pickering, que se demoró una semana en pedir disculpas. Y yo no sé lo que pensarán los dueños de la empresa que todavía no le han pedido la renuncia.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero señalarle que lo ocurrido en Osorno ¡es claramente una cadena de errores humanos, desidia y, lisa y llanamente, incompetencia! Essal, o Empresa Sanitaria de Los Lagos, se ha constituido en todo un símbolo de mala administración y, aún peor, de incompetencia. ¡Essal ha incumplido!
Pero este hecho es solo el más grave dentro de una larga serie de incumplimientos. Dentro del área de concesión, que comprende parte de la región de Los Ríos y de Los Lagos, incluyendo Palena y Chiloé, la empresa, como aquí se ha señalado, ha tenido 85 procedimientos sancionatorios, tanto administrativos como judiciales, ¡solo desde el año 2014! Es decir, estamos hablando de un promedio de 20 procedimientos sancionatorios al año.
Y quiero aquí aprovechar de felicitar un proyecto que presentó la Senadora Allende, aunque el Gobierno también le ha hecho algunas modificaciones. Cuando yo fui parte de esa Comisión tratamos de sacarlo adelante; pero, por múltiples razones, no se pudo, y ahora se está viendo.
Lo importante es que hayan aprovechado este momento para incorporar en ese proyecto de ley que lo que constituya una acción negligente de contaminación de fuentes de abastecimiento ¡sea un delito!, un delito ambiental, con penas de cárcel.
¡Si este proyecto hubiese estado aprobado, créame que no tendríamos todavía de Presidente de Essal al señor Pickering!
Tampoco voy a entrar en esto de que quién privatizó el agua, la luz, en fin, por un modelo con el que algunos pueden estar muy en desacuerdo. Pero el modelo se implementó de buena fe. Ahora, los que no han cumplido han sido algunas empresas como esta. ¡El emblema de la negligencia es Essal, y nosotros le pedimos a esa empresa y a Aguas Andinas que respondan a una comunidad humillada, a un Presidente al que se le mintió!
Como señalaba uno de mis antecesores, las declaraciones del operario de la planta Caipulli, supuestamente responsable de la contaminación de los estanques, son reveladoras, y hay que recalcarlas: era el único trabajador de la planta, la zona de trasvasije no tenía luz, por lo que debía iluminar con una linterna; entre las 18 y las 23 horas...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A costa de su Comité, le damos otro minuto, señor Senador.
El señor MOREIRA.- Yo tengo diez minutos.
La señora VON BAER.- ¡Todos los que quiera!
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, fíjese que no había luz, y para iluminar tenía que recurrir a una linterna. Entre las 18 y las 23 horas se ocupaba un generador eléctrico, porque en ese rango la energía es muy cara, muy costosa para la empresa. ¡Pobrecita! Y si esto no fuera suficiente, el estanque de ese generador tenía malo el medidor -¡pucha que le va mal a esta empresa!-, por lo que se debía verificar el nivel de llenado ¡con una piedra!, como en la Edad Media.
¡Primitivo el sistema de seguridad! ¡Primitivo!
¡Dejar en las manos de un trabajador, que se puede equivocar, que puede no llegar -porque puede pasar cualquier cosa-, el abastecimiento de agua de 180 mil personas es una vergüenza!
¿Saben ustedes cuáles fueron las ganancias del año pasado de la empresa Essal en la Región de Los Lagos? ¡11.800 millones de pesos! Y hoy día ellos se exponen a una multa de solo 300 millones, 400 millones. Algunos dicen que podría ser de 3 mil millones.
Por eso, yo he pedido en forma responsable, no populista, que se hagan, como compensación, mínimo tres cosas: seis meses de gratuidad para los 58 mil clientes afectados; alguna línea de crédito de parte de nuestro Gobierno -se lo hemos pedido al Ministro de Economía- para ir en ayuda de las empresas, del comercio que sufrió; y, finalmente, llevar adelante este proyecto de ley que modifica las sanitarias.
Cabe recordar que el proyecto no comenzó producto de lo de Osorno; viene desde hace mucho tiempo. En ese sentido, hay consenso en que tenemos que aprobarlo lo antes posible.
Cuando yo cumpla diez minutos, quiero que usted me lo señale, señor Presidente.
El desastre de Essal produjo en la gente de Osorno, primero, sorpresa ante la falta de este vital elemento, para luego pasar a la incertidumbre ante la prolongación de los cortes. Finalmente, ¡rabia! producto de la indolencia de la empresa.
Las marchas de los últimos días prueban que la ciudadanía está despierta y busca justicia. Pero esas 5 mil personas estaban protestando por Essal, no por el Gobierno, como algunos han querido hacerlo aparecer.
Entonces, ¡no politicemos la desgracia ajena!
La gente ha buscado justicia por un servicio que dejó de prestarse por casi diez días; compensación por los daños económicos al comercio; resarcimiento a todos y cada uno de los habitantes de esta histórica ciudad, porque se han visto afectados en su derecho más básico.
Yo quiero terminar, señor Presidente, señalando que es muy importante que se aumenten los recursos destinados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que tiene un déficit abismal e inexplicable de personal, en especial cuando se trata de fiscalizar empresas con servicios monopólicos. Actualmente cuenta con menos de 200 funcionarios para verificar el funcionamiento de toda la red de agua potable y alcantarillado a nivel nacional. ¡Claramente insuficiente!
A pesar de eso, en días pasados se ha iniciado una fiscalización en sistemas de agua. De un total de 174 plantas, se ha podido lograr una fiscalización en 33, para evitar que todo este proceso...
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Está en los diez minutos, señor Senador.
Le damos uno más.
El señor MOREIRA.- Dos.
¿Qué ha hecho el Gobierno? De estas 174 empresas que se están hoy día fiscalizando, ya llevamos 33 y queremos evitar que vuelva a suceder lo que ha sucedido, porque la ley antigua era una ley de relajo. Y ahí el Estado, más allá de los gobiernos, tuvo su responsabilidad.
Señor Presidente, quiero señalar que la mejor forma de otorgar certezas jurídicas es hacer cumplir la legislación, ¡caiga quien caiga!, y no escondiendo los problemas debajo de la alfombra.
En el día de ayer los Senadores de Chile Vamos le hemos pedido formalmente al Presidente de la República que inicie los trámites que sean necesarios -sabemos que, en virtud de la ley, son engorrosos- para revocar la concesión a Essal, como una medida ejemplarizadora, para que las otras sanitarias tomen conciencia.
En la Región de Los Lagos, con un alto componente de ruralidad, aún hoy ¡más de 200 mil personas no cuentan con agua potable y alcantarillado, no obstante ser la tercera región a nivel nacional!
¡Esas debieran ser las prioridades!
¡De esos temas deberíamos estar discutiendo!
¡Para eso se debería citar a sesiones especiales, para revisar los temas de futuro pendientes, no para tener que referirnos a incumplimientos, desidia, inoperancia, negligencia, incompetencia de una empresa que ha abusado de la buena fe, la paciencia y la legislación nacional!
Treinta segundos más, señor Presidente.
Essal ha sido un desastre con mayúsculas para Osorno, para la Región. ¡Basta conocer los problemas que tenemos en Puerto Varas!
¡Basta conocer los problemas que existen en Los Muermos, donde hoy día hay juicios, sentencias!
No puede ser que una empresa que gana 11 mil y tantos millones de pesos haya invertido ¡cero! en una de las regiones más importantes del país.
¡Que esto sea el comienzo de una nueva etapa, pero no sacando esa ventajita política!
Yo reitero mi gratitud al Intendente regional; a los Diputados Javier Hernández y Harry Jürgensen; a los Gobernadores y Gobernadoras; a todos los Seremis; a los jefes de los servicios públicos; a todos quienes colocaron los pies en la calle para ayudar a la gente.
La señora MUÑOZ.- ¡No hay que politizar el debate, Senador...!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene, a continuación, la palabra la Senadora Ximena Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, la grave situación de la empresa sanitaria Essal en Osorno nos desafía a colocar mayor celeridad a los procesos de modificación del sistema sanitario en Chile.
Primero, quiero hacer algunas reflexiones respecto a la institucionalidad sanitaria.
-Es urgente fortalecer y modernizar la gestión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en cuanto a capacidades fiscalizadoras y atribuciones, para que pueda fiscalizar de manera efectiva y oportuna.
-Es urgente robustecer los procesos sancionatorios. Estamos frente a una situación donde la empresa Essal tuvo más de 80 procesos sancionatorios, pero estos no están generando incentivos reales para que las sanitarias mejoren la calidad y la continuidad del servicio.
No puede ser que solo en lo que va del año 2019 la Superintendencia haya acogido el 70 el ciento de los recursos de reposición presentados por las sanitarias, lo cual dista diametralmente de lo que ocurría en el año 2017, cuando la Superintendencia de Servicios Sanitarios rechazaba el 80 el ciento de los recursos.
Creo que ese es un tema que hay que abordar, investigar, porque evidentemente existe una variable que tendría que explicar esta cuantiosa diferencia.
-Además, hoy día es necesario replantear las funciones y composición, por ejemplo, del Panel de Expertos, para que un equipo técnico estable e independiente participe en los procesos relacionados con las tarifas y la solución de las controversias.
¿Cómo se explica hoy que para un proceso de fijación tarifaria existan en promedio diferencias de 50 puntos entre la propuesta de la sanitaria y la de la Superintendencia de Servicios Sanitarios? Por ejemplo, en el último proceso de Aguas Andinas, la empresa sanitaria planteó un aumento de 30 por ciento de la tarifa y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, una rebaja de 15 por ciento.
¿Qué ocurre en la práctica en todas las empresas sanitarias en el proceso de ajuste tarifario? Finalmente quedan más o menos en la tarifa que mantienen a la fecha.
Debemos incorporar mayores procesos de transparencia y de participación ciudadana efectiva como un derecho de todos los ciudadanos. Es necesario romper con la asimetría de información que hay entre las sanitarias y la ciudadanía. Hoy en día la gente no tiene acceso ni sabe cómo operan los procesos de formulación tarifaria en las sanitarias, y las encuestas de percepción que aplica la Superintendencia de Servicios Sanitarios no tienen ningún efecto sobre el comportamiento de las empresas.
Por ello, estimo conveniente la creación de un "consejo ciudadano de usuarios de agua", dotado de apoyo técnico para equiparar fuerzas y disminuir las asimetrías de información entre los ciudadanos y las sanitarias.
Otro de los desafíos creo que tiene que ver el cambio climático. Si bien las sanitarias siempre informan que se ha invertido mucho, eso ocurrió el año 2000 en el marco de las plantas de tratamiento. Pero hoy día se exige mayor inversión en infraestructura resiliente para el cambio climático. Este incide en la disponibilidad del recurso hídrico, tan necesario para garantizar el derecho al agua potable a todas las personas y para avanzar en fortalecer la matriz productiva chilena.
Por eso, resulta fundamental que los planes de desarrollo incorporen en forma permanente, quinquenalmente, procesos de innovación tecnológica; para ello propongo la creación del Instituto Nacional del Agua, que estudie y proponga tecnología y normas de calidad que sean vinculantes para las sanitarias.
Hoy día la propuesta la hace la propia empresa. Y, finalmente, la autoridad sanitaria y la SISS terminan acogiéndolas.
Otra variable importante tiene que ver el tema de las tarifas. Debemos buscar nuevas fórmulas para evaluar las rebajas en ellas, más aún cuando he citado esta diferencia de 50 puntos para los ajustes tarifarios.
Solo un ejemplo desde la región que represento: ¿cómo es posible que Aysén, con una de las reservas de agua más grandes del mundo, sea la región con la tarifa más alta de Chile: 3,12 dólares por metro cúbico de agua potable en comparación con el promedio nacional de 1,4 dólares por metro cúbico, y donde la empresa sanitaria Aguas Patagonia ha alcanzado rentabilidades anuales superiores al 20 por ciento?
La industria sanitaria se ha profundizado; se ha ido consolidando en dos décadas, en las que el riesgo del país además se ha mantenido bajo, por lo que hoy existen oportunidades para buscar rebajas en la tarifa. La actual legislación para el cálculo de tarifa plantea un piso de 7 por ciento como tasa de costo capital, lo cual en la realidad de la industria y del mercado de capitales no tiene lugar. Numerosos estudios financieros de economistas y de equipos técnicos parlamentarios...
El señor QUINTANA (Presidente).- Le doy un minuto más, señora Senadora.
La señora ÓRDENES.-... han concluido, en base a modelos financieros, que la tasa de costo de capital debería estar en el rango del 5 o 5,5 por ciento como máximo. Por eso es necesario también trabajar la modificación de cálculo de la tasa de costo de capital, fundamental en la fijación de los procesos tarifarios.
El caso de Osorno yo creo que abrió un gran tema que tenemos que abordar de manera integral.
El Presidente de la República tiene la facultad de declarar la caducidad de Essal, y espero que acoja el acuerdo que se ha tomado transversalmente en ese sentido.
Las razones están establecidas en la ley, pero son muy amplias: el incumplimiento al contrato de concesiones, al programa de desarrollo y el hecho de que la calidad del servicio obviamente dista significativamente de las exigencias que se han establecido.
Así que estaremos también atentos al informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y esperamos que el Presidente de la República pueda resolver respecto de la caducidad.
En cuanto a la responsabilidad del gobierno corporativo, quiero hablar en general de las empresas sanitarias: cómo estas determinan las políticas de gestión y recursos para sus funcionarios.
Por ejemplo, el tema de la piedra yo creo que hoy día es un ícono. No puede ser. La responsabilidad no es del operario. Ahí había más falencias respecto de los procesos de cloración, respecto de la ubicación del estanque de combustible, respecto de la limpieza; en fin. Estaba en riesgo la fuente de captación. Ahí, entiendo, existían también informes. Entonces, quiero ver cuál es el rol que cumple el ente fiscalizador. Yo concuerdo en que hay que fortalecerlo, pero hoy día eso exige una investigación.
Por último, señor Presidente, creo que hay que incorporar entre las razones para la declaración de caducidad el poner en peligro la vida y la salud de las personas, así como la ocurrencia reiterada de procesos sancionatorios.
Iremos a la Contraloría General de la República.
La SISS durante el año 2018 tomó conocimiento de estas irregularidades y graves incumplimientos de Essal, y no se han adoptado medidas sobre el particular. Dados estos nuevos antecedentes, solicitaremos a la Contraloría que investigue los hechos y se pronuncie sobre la regularidad de los procesos sancionatorios introducidos por la Superintendencia.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, yo le encuentro razón al Senador Moreira en que no hay que politizar esto, lo cual hizo larga y ampliamente... Porque uno podría traer a colación también muchas evaluaciones del funcionamiento tardío de autoridades, de informaciones que se dieron que no correspondían a la verdad.
Pero yo me quiero centrar en el aspecto sanitario. ¿Por qué? Porque creo que nosotros, más que hablar del problema, tenemos que pensar que disponemos de atribuciones para resolverlo. Y esa es a mi juicio la tarea del Senado: ver de qué manera nosotros podemos impedir que situaciones como estas se vuelvan a repetir.
Yo, por lo menos, tengo la convicción muy clara de que aquí hubo negligencias gravísimas que eran totalmente anticipables y evitables. Por ejemplo, el tener un contenedor de petróleo en el mismo lugar donde está la toma de agua. Cualquiera que tenga mínima idea de riesgo sabe que eso no puede existir.
Es decir, la primera irresponsabilidad es de la empresa. Yo de ninguna manera trataría de quitarle la responsabilidad que tiene. Pero qué pasa con nuestras autoridades. Por ejemplo, la Superintendencia durante años -porque eso lleva ahí mucho tiempo- nunca tuvo un esquema de previsión de riesgo. Y es evidente que si el estanque de petróleo, que está al lado de la captación de agua, por un sismo, por cualquier razón, o por la que ocurrió, tenía un vertimiento iba a contaminar la toma de agua.
Y el petróleo es un contaminante muy complejo, mucho más complejo que los contaminantes bacteriológicos, etcétera, etcétera.
Entonces, lo primero que cabe señalar, como ya se ha dicho acá, es que en este ámbito hay un historial de irresponsabilidad.
¿Pero cuál es la situación? Tenemos una institucionalidad tremendamente -yo diría- insuficiente para abordar la magnitud del problema desde todo punto de vista: desde la fiscalización, desde la capacidad técnica para controlar, pero también desde las sanciones.
El propio Senador Allamand indicaba que en este caso había más de ochenta procesos sancionatorios.
Yo fui director del Sesma. Cuando un pequeño restorán o un carro manicero tenía cinco o diez infracciones, ¿qué se hacía? Se clausuraba.
Pero aquí se trata de una empresa que registra 85 procesos sancionatorios y tiene en sus manos la responsabilidad más importante para la vida de un ser humano, que es el suministro de agua. Si a pesar de esas 85 multas ahora no se aplica una sanción mayor, a mí me parece que hay un problema.
Ese solo hecho debiera permitir que a futuro se clausurara.
Otros ejemplos de la misma concesionaria, como también se han mencionado acá, son dos vertimientos graves con contaminaciones fecales en el río Clavito de Los Muermos y en el lago Llanquihue. De hecho, fueron formalizados gerentes en el caso de Llanquihue por el vertimiento de aguas servidas.
Esa situación más los 85 procesos sancionatorios bastan para tomar la decisión. En mi opinión, solo con las infracciones queda en evidencia que dicha empresa debió haber sido clausurada.
¿Negligencia? A lo mejor sí, de parte de todos los Presidentes anteriores que permitieron que esto continuara, porque los antecedentes para que determinaran caducar la concesión estaban a la vista.
Pero no podemos dejar que el Presidente sea el que cada vez tenga que ejercer la facultad sancionatoria. Debe ser una atribución de la Superintendencia del ramo.
En segundo lugar, todas las leyes internacionales señalan que un riesgo grave de contaminación que provoque daño a la salud de las personas, como aquí sucedió, debiera ser causal para ejercer un proceso de caducidad.
Ante ello, ¿qué quiero proponer?
Además de todas las medidas de modernización, presentamos un proyecto de ley ayer precisamente para establecer la caducidad de la concesión, ya sea por multas o infracciones reiteradas, por contaminación, por riesgo y grave daño a la salud. ¿Para qué? Para que a futuro la autoridad tenga esas atribuciones y esto nunca más vuelva a ocurrir.
Un desincentivo de 600 millones de pesos, que es la multa máxima que puede pagar esta empresa, cuando el año pasado repartieron 12 mil millones de pesos, el cien por ciento de las utilidades, ¡es un "pelo de la cola"!
Creo que no debemos seguir permitiendo que esto siga funcionando de la misma manera.
Por lo demás, el día de ayer agregamos una sanción penal en el proyecto de ley sobre delito ambiental. Incorporamos un tipo penal específico para las sanitarias, que no estaba contemplado en ninguna ley ni en las iniciativas que habíamos presentado (yo mismo, junto con Isabel Allende y otros Senadores), con el objeto de que a futuro un gerente de este tipo de empresa sepa que no solamente va a tener que pagar una multa y correr el riesgo de la caducidad, sino que también podrá recibir una sanción penal personal.
Pienso que tenemos que avanzar por ese camino.
¿Me da un minuto extra, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- Sí. Pero le recuerdo que hay dos Senadores más inscritos de su bancada.
El señor GIRARDI.- Más allá de todas las responsabilidades políticas que se tendrán que evaluar -eso hay que hacerlo igual, porque debemos analizar cómo funciona nuestro Estado, independiente del gobierno de turno frente a una situación de crisis-, tenemos que aprender.
A mi juicio, haber dejado a 200 mil personas sin agua, incluidos niños y niñas, lo que causó un trauma psicológico -va a ser un problema para toda la vida- por la amenaza que genera, es un hecho que no puede quedar impune.
Lo último que deseo señalar es que tal vez esta situación nos permita enseñar el valor del agua.
Desafortunadamente, Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada. Yo lamento mucho que el Ministro que está acá, cuando era Ministro de Economía, haya dicho que el agua tenía que ser privada a perpetuidad. Eso no da cuenta del cambio climático ni de los desafíos futuros.
Ahora viene un desafío democrático mayor: recuperar el agua para todos los chilenos.
Los chilenos fueron expropiados de su derecho al agua en el 80, porque hasta entonces les pertenecía. Hay que devolvérselo. Un pequeño grupo hoy día se hizo de esos derechos de agua.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, la jurisdicción de la empresa que hoy día está cuestionada comprende la Región de Los Lagos y parte de la Región de Los Ríos. Abarca un total de 66.997 kilómetros cuadrados y atiende la cifra no menor de 32 localidades de las provincias de Ranco, Valdivia, Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena.
Es una empresa que hoy día presta un servicio fundamental para la vida humana y la actividad productiva.
Sus servicios abastecen a una población superior a los 630 mil habitantes. Y en este caso puntual, como bien lo dijo el Senador que me antecedió, son prácticamente 200 mil las personas afectadas.
Debido a la interrupción del suministro de agua potable acaecida en Osorno estos últimos días -específicamente, se inició el 8 de julio-, se generó una pérdida muy importante para la actividad económica: casi 8 millones de dólares. Y los comerciantes han tenido una gran complejidad en sus vidas después de lo que ocurrió.
A mí me resulta incomprensible haber escuchado en televisión, en coincidencia con los informes que hemos conocido, que una empresa con una gran rentabilidad -y está bien que la tenga- no haya invertido hace muchos años, más allá de lo que diga la licitación, en tecnología avanzada que permita detectar y anticiparse a situaciones como esta.
Lo que se licitó -y lo hizo el Estado de Chile- fue agua potable para consumo humano. No se trata de una empresa que vende juguetes o hamburguesas, sino de una que tiene la vida humana a su cargo, dado que el consumo de agua es esencial para la vida de todos los ciudadanos chilenos.
En ese contexto y coincidiendo con muchas de las personas que me antecedieron, hago presente que resulta fundamental analizar la institucionalidad pública y fortalecerla. Además, debemos hacer un mea culpa hoy día todos, porque, de una u otra manera, estas situaciones generan un descrédito no solo a las empresas, sino también a nosotros como parlamentarios y a los gobiernos, más allá de la administración de turno, como muchos han dicho aquí.
Por otro lado, es claro y evidente que tendremos que analizar la legislación vigente para poder anticiparnos a situaciones como la ocurrida en Osorno.
Por último, cabe hacer -por qué no- una reflexión respecto a la conducta de esta empresa, que a todas luces refleja, como se ha repetido, mucha falta de ética y de compromiso con la vida humana, con los ciudadanos.
Enriquecerse, lucrar, no es un pecado. El pecado es colocar en riesgo a muchas familias (a niños, a adultos mayores, en general), dadas las circunstancias descritas.
Lo que pasó en Osorno nos debe llamar a actuar rápidamente, pero, por sobre todo, a anticiparnos, que es un problema que el país en su conjunto no asume como conducta.
En el año y medio que llevo en este Senado, muchas veces hemos estado discutiendo en sesiones especiales sobre lo que tenemos que realizar para contrarrestar eso que no se hizo antes.
No sé qué debemos hacer, pero sí sé que hay que reflexionar profundamente al respecto y no tenemos que esperar que ocurran este tipo de situaciones para legislar, para cambiar procedimientos administrativos y para mejorar todos los procesos que llevaron a este problema que afecta a una ciudadanía que lo único que quiere es vivir en paz, en tranquilidad; desarrollar su actividad económica, y que las autoridades que la representan hagamos nuestra pega.
En mi opinión, aquí claramente se requiere terminar con el contrato, situación que debe hacerse con responsabilidad, porque efectivamente hay normas en las licitaciones y los procedimientos que debemos resguardar.
Pero sí tenemos que revisar -y con urgencia- toda la situación, de manera integral y con acuciosidad, para que esta credibilidad, que cuesta tanto ganarse, no la sigamos perdiendo.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-¡Jorge Mateluna es inocente, y lo vamos a probar, señor Presidente!
La indignación creció en Osorno.
Muchos de los que vivimos el corte de agua el 27F el 2010 en la Región del Biobío pudimos comprender cabalmente esa indignación. Pero ahí se trató de un terremoto, el quinto -con tsunami incluido- más grande del mundo. Por eso no hubo agua.
En el caso de Osorno, ¿dónde están los responsables? A la gente le interesa saber eso y qué se va a hacer para que tal situación no vuelva a ocurrir.
Yo diría que los responsables están aquí.
Atrás mío está el Ejecutivo: el Ministro Alfredo Moreno, el Ministro Juan Andrés Fontaine, el Superintendente Jorge Rivas.
Aquí está el Senado, el Congreso Nacional.
Ello, porque el 18 de junio del 2003 se aprobó la posibilidad de vender el 35 por ciento de propiedad del Estado a los privados en materia de sanitarias, con lo cual las empresas se quedaron con el cien por ciento de la propiedad.
¡Allí comienza la historia!
¡Renunciamos al control interno y lo reemplazamos por la fiscalización externa!
Señor Presidente, en esa oportunidad 105 Diputados votaron a favor de vender el 35 por ciento; solo 5 Diputados votamos en contra: Navarro, Rossi, Longton, Vilches y Paredes.
Entonces advertimos: "Aquí se está sentando la base para un monopolio de un sistema único".
En Chile hay educación privada y educación pública; hay salud privada y salud pública. ¡Por qué un servicio tan esencial como el agua potable -el agua es vida- va a estar en manos cien por ciento de los privados!
Votamos en contra y con dolor. Creo que no nos equivocamos, aunque entonces fuimos castigados, fuimos tratados de traidores.
Dijimos que la empresa privada se mueve por el lucro, y lo que importa con relación al consumo del agua es la salud de la población, por sobre todo lucro.
¡Fracasó el modelo!
¡Fracasó la fiscalización externa!
Hay que retomar el control interno. Jamás debió salir de las manos del Estado el control que ejercía sobre estas empresas.
Además, perdimos tuición sobre las tarifas.
Señor Presidente, las tarifas son fijadas por la Superintendencia y las sanitarias. Emite un informe técnico la primera, otro las empresas y participa un tercer árbitro. Así se fijan cada cinco años. ¿Y saben qué? Los informes son secretos. Solo después de que se establece el valor tarifario por cinco años es posible conocer esos informes.
El 2012 Essal fue traspasada totalmente al servicio público.
Aquí se ha señalado que hay ganancias extraordinarias: 11 mil millones de pesos. Y creo que, frente a eso, terminar con la concesión es nada. ¡No resuelve nada terminar con la concesión!
¿Acaso va a venir una empresa que lo va a hacer mejor?
¿Cuál es la fiscalización?
¿Cuál es la ley que la va a regular?
Señor Presidente, el control interno del Estado sobre este tema esencial tiene que ser discutido.
El señor QUINTANA (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le quedaban tres minutos a su Comité.
El señor NAVARRO.- Voy a usar todo ese tiempo.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ya los ocupó.
Habló el Senador Guillier antes.
El señor NAVARRO.- Me queda un minuto.
El señor MOREIRA.- Dele un minuto extra.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡El Senador Moreira cede un minuto...!
El señor MOREIRA.- ¡No, no, no...!
El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente.
El Presidente Piñera ha prometido multas; Guillermo Pickering ha pedido disculpas; el Senador Moreira -mundo paralelo- ha dado agradecimiento.
Tenemos que tomar medidas para que este problema no se vuelva a repetir, señor Presidente.
Aquí hay responsabilidades, y el Estado debe asumir la que le corresponde.
La Superintendencia de Servicios Sanitarios cuenta con cinco funcionarios en la Región de Los Lagos, con diez en la Región del Biobío, y una sola oficina. La Superintendencia es un sabueso sin dientes, señor Presidente, para poder morder, para defender efectivamente a los usuarios, a los consumidores.
La crisis se ha planteado también en Punta Arenas, en Puerto Natales, donde se ha reclamado por la contaminación. Lo ha planteado el Senador Bianchi. ¡Y no se han logrado acciones concretas!
OxyChile, empresa que produce gas cloro, está en huelga hace dieciséis días. Espero que el Superintendente responda ante ello, porque no hay gas cloro para seguir produciendo agua potable, lo que afectaría a 7 millones de usuarios en la Región Metropolitana, a 3 millones en e sur de Chile.
¡Si no hay cloro, no vamos a tener agua potable!
El Estado tiene que recuperar su responsabilidad.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¡Se le devuelven los minutos al Comité de la UDI...!
El señor COLOMA.- No los dimos. Fue una concesión de usted, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora Adriana Muñoz.
¡Si le falta tiempo, el Senador Moreira, quien anda muy generoso, le podrá conceder minutos...!
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, pese a que le queda muy poco tiempo a mi bancada, quiero solidarizar con los habitantes de Osorno por lo que han vivido y respaldar su indignación.
Cuesta entender que a estas alturas de la vida ocurra una situación de la magnitud como la que hemos presenciado.
Lamentablemente, cada cierto tiempo, en diversos aspectos de la actividad nacional, se han venido sucediendo hechos que revelan la inoperancia, la negligencia o el franco dolo de algunos empresarios. Como ejemplo, pueden señalarse casos de colusión, contaminación y mal servicio.
El discurso desde los empresarios siempre es muy categórico, en cuanto a que el Estado es ineficiente. Pero también el sector privado es muy ineficiente, lo que se ha demostrado en muchas situaciones.
En el caso de Osorno, las declaraciones del operario a cargo de los fallidos procesos de Essal han sido categóricas en mostrar falta de personal, equipamiento obsoleto y en mal estado y, en general, ahorros absurdos a costa de la salud de los osorninos.
Desde el retorno a la democracia, señor Presidente, se impuso como consigna el "Estado subsidiario" y la necesidad de un Estado mínimo, recalcándose majaderamente que este es ineficiente, con lo cual se fundamenta que no se puede invertir recursos de toda la nación en un aparato estatal débil.
Esta doctrina, señor Presidente, lamentablemente está enmarcada en la actual Carta Fundamental. El Estado subsidiario es el corazón de la Constitución del 80. Por eso es urgente un cambio constitucional.
Cada cierto tiempo vemos la debilidad del Estado.
Por ejemplo, el Sernac, aunque hemos hecho leyes para reforzarlo, es insuficiente. Como dice el Senador Navarro, no tiene dientes para regular las relaciones comerciales.
La normativa ambiental, como señalaba el Senador Girardi,...
El señor QUINTANA (Presidente).- Se le acabó su tiempo, señora Senadora.
Tiene un minuto más.
La señora MUÑOZ.- Concluyo, señor Presidente.
Decía que la normativa ambiental resulta débil para sancionar los casos más graves de daño al medio ambiente.
Por último, aquí se ha señalado que no es bueno politizar este debate. A mi juicio, este es un tema de gran debate político. No se trata de una materia propia de un gobierno o de otro. De hecho, las administraciones de la Concertación no enfrentaron esta situación. Por algo tenemos un Código de Aguas intacto.
Creo que aquí se debe hacer gran política y ponerle el cascabel al gato.
No es posible que los derechos de aguas no consuntivos estén en manos cien por ciento de empresas transnacionales, como es el caso de las sanitarias.
De una vez por todas, hay que definir este punto. Para ello, hagamos gran política. No se trata de decir: "Mira, este gobierno aquí y este otro gobierno allá".
Chile entero no puede seguir haciéndose el sordo respecto de tener el agua privatizada. Hoy día el agua no es de las chilenas y de los chilenos,...
El señor NAVARRO.- ¡Debe ser de todos los chilenos!
La señora MUÑOZ.-... y vamos a estar permanentemente enfrentando casos como el de Osorno, donde el derecho humano al agua se confronta con el lucro, la ganancia y el negocio.
Ese es el debate político que tenemos que hacer hoy día en nuestro país.
He dicho.
El señor QUINTANA (Presidente).- Pido la autorización de la Sala para que la Senadora Ximena Rincón me reemplace en la testera.
Acordado.
--Pasa a presidir la sesión la Senadora señora Rincón, en calidad de Presidenta accidental.
El señor NAVARRO.- ¿Va a hablar, señor Presidente?
El señor QUINTANA (Presidente).- No. Estamos esperando que intervenga el Ejecutivo.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador José García, hasta por cinco minutos.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, primero, quiero reiterar lo que todos quienes me han precedido han expresado: lo sucedido en Osorno es extraordinariamente grave, pues ha puesto es riesgo la salud de la población.
Es algo que nosotros, como representantes de la ciudadanía, no podemos permitir ni pasar por alto.
Aquí debe aplicarse una sanción ejemplar de acuerdo con la ley, respetando nuestro Estado de Derecho. ¡Tiene que haber una sanción ejemplar! No puede ser que transcurra el tiempo y las responsabilidades se diluyan. Por tanto, todos deberemos estar vigilantes para que esas sanciones efectivamente se materialicen.
También tiene que haber reparación y compensación.
Las familias, los usuarios de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Osorno, las pymes que se vieron afectadas, los negocios que no pudieron abrir por varios días, los establecimientos a los que les fue imposible cumplir con sus trabajos -seguramente en los próximos días van a enfrentar dificultades para pagar los sueldos, para pagar sus impuestos, para pagar la previsión social-, ¡deben tener un apoyo!
¡No los podemos olvidar! ¡No los podemos dejar solos!
En ese sentido, hago un llamado al Gobierno para que, a través de las distintas instituciones, se preocupe de las familias, de los usuarios y, particularmente, de las pymes.
Finalmente, señor Presidente, quiero decir que en la Región de La Araucanía no hemos tenido dificultades hasta ahora -y espero que no las tengamos- con la empresa de servicios sanitarios. Pero sí hay muchos problemas con las distribuidoras eléctricas: los apagones son frecuentes.
El Ministro Moreno, estoy seguro de que en el mes de febrero, cuando estuvo también en nuestra región a propósito de los incendios forestales, supo cómo sufríamos con los distintos apagones -algunos justificados por los incendios; otros simplemente no- y cómo los pequeños emprendedores, incluidos los pequeños emprendedores turísticos, perdían todo, perdían toda la mercadería perecible que habían adquirido para atender a sus clientes. Y estos apagones ocurren con demasiada frecuencia, la mayoría de ellos sin justificación.
Tenemos grandes dificultades con las empresas telefónicas. Si uno sale un poco de Temuco, se encuentra con que ya no hay cobertura.
Y para qué decir lo que ocurre con el servicio de internet.
Lamentablemente, hay empresas -no todas- que cometen abusos, que siempre están llevando las situaciones al límite (a ver si me pillan; a ver si me quedo con el cumplimiento más mínimo), cuando, en realidad, deben prestar servicios de excelencia, al nivel de lo que exige el siglo XXI.
No nos podemos quedar detenidos en tener que actuar, permanentemente, ¡permanentemente!, cuando las situaciones de emergencia ya se han producido. Hay que actuar preventivamente. Y, en ese sentido, yo tengo la convicción de que es necesario revisar nuestra institucionalidad pública, reforzar las normas legales, así como las plantas funcionarias de nuestras superintendencias.
Hay que actuar con prevención. Aprendamos de esta lección, aprendamos de lo que ha ocurrido en Osorno, y tomemos todas las medidas, incluidas las de carácter legal, e introduzcamos las reformas necesarias para que hechos de este tipo no se vuelvan a repetir.
Gracias.
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Tiene la palabra el Senador De Urresti, por tres minutos.
El señor DE URRESTI.- Señora Presidenta, hemos escuchado distintas intervenciones en esta Sala, pero aquí hay un antecedente que resulta imposible rebatir.
Tenemos una empresa, Essal, que exhibe un verdadero prontuario en materia de infracciones. ¡Prontuario! No solo por la situación de Osorno, sino por más de 85 infracciones.
Tengo aquí el proyecto de avenimiento que tuvo que enfrentar en nuestra Región de Los Ríos a propósito del vertimiento de aguas servidas al lago. Algo que costó meses, años de discusión, de movilización, de trabajo, simplemente se fue dilatando en el tiempo ante la negativa absoluta de la empresa a hacer las inversiones. Producto de una visión tenaz, persistente, se logró sentar a Essal en el tribunal ambiental y firmar una conciliación.
Pero, como digo, tenemos una empresa que se niega absolutamente a hacer inversiones. Y esto tiene que ser un antecedente.
Lo que ocurrió en Osorno no es consecuencia del error de un funcionario, una cosa que las precarias condiciones vienen a reflejar, sino que constituye una práctica. Estamos frente a una empresa que lo único que ha hecho es rentabilizar sus utilidades y simplemente bajar los costos, sin efectuar inversiones en Panguipulli, en Puerto Varas, en Osorno, por lo que estamos expuestos en varias ciudades.
Que no le tiemblen los pantalones, señor Superintendente: ¡caducidad a través del decreto fundado que debe dictar el Presidente de la República! ¡Porque esa es la sanción! ¡Qué otra más cabría! ¡Y formalización de los ejecutivos! Aquí hay delincuentes, hay personas que no trepidaron en contaminar las aguas de los ríos. Hay que establecer sanciones penales en contra de ellos.
Están acá el actual titular y el ex Ministro de Obras Públicas. Con ambos hemos estado en la Comisión del ramo. Y se los hemos señalado. Durante más de un año hemos estado trabajando para elaborar las bases de un proyecto de ley que modifique el boletín 10.795-33. Era una iniciativa que venía con vicios de constitucionalidad. Y hemos dado todas las garantías y las posibilidades para llevar adelante la transformación de un proyecto que, a través de una moción o un mensaje, pueda convertirse en ley.
Ahí están los acuerdos, y ahí vamos a ver si el Gobierno quiere avanzar efectivamente en esta materia o si simplemente nos vamos a quedar en la retórica. Le pido al actual y al ex Ministro, con quienes trabajamos en la Comisión, que le saquen la firma al Presidente de la República.
Por último, existe un elemento que he escuchado poco pero acerca del cual no nos podemos hacer los lesos. El gobierno corporativo de estas empresas no resiste más. No puede ser que esté capturado por exfuncionarios de gobierno, cualquiera que este sea. Eso no ocurre en un país serio. Y que lo sepan los españoles, que lo sepan los canadienses, a través de Ontario, de las otras sanitarias.
¡Vamos a denunciarlos en tribunales internacionales!
¡No es posible!
La señora RINCÓN (Presidenta accidental).- Gracias, Senador De Urresti.
Tiene la palabra la Senadora Von Baer, por cuatro minutos.
La señora VON BAER.- Señora Presidenta, lo han dicho los colegas en la Sala: lo ocurrido en las últimas semanas en Osorno es impresentable, es vergonzoso, sobre todo ver actuar a una empresa con la negligencia que vimos, afectando la vida de los habitantes de esa ciudad. Por eso todos los sectores políticos han pedido las máximas sanciones.
La pregunta que nosotros nos debemos hacer, entonces, es cuál es el rol que le corresponde al Estado frente a esta situación, donde tenemos a una empresa que no ha cumplido en Osorno, pero que también ha evidenciado problemas en otras partes del país, como en la Región de Los Ríos y en algunos lugares de la Región de Los Lagos.
Cuando se trata de enfrentar esta situación, fácilmente se dice: "¿Sabe? Lo que aquí hay que hacer es terminar con el sistema público-privado que hoy tenemos".
Sin embargo, yo quiero recordar quizás algunos números y la razón por la cual en su minuto, a principios de los noventa, se adoptó la decisión de concesionar el sistema.
Voy a dar un ejemplo.
En el año 1989, la cobertura de tratamiento de aguas servidas para la población total era de solo 8 por ciento. Para el 2014, luego de propiciarse y optarse por el involucramiento de los privados en la provisión de este servicio público, la cobertura llegó al 99,93 por ciento. ¿Falta todavía por avanzar? Sí, pero tuvimos un salto del 8 al 99,9 por ciento en materia de tratamiento de aguas servidas.
En la misma línea, la cobertura de servicios de agua potable en zonas urbanas alcanzó también el cien por ciento.
Todavía nos falta, pero la pregunta, señora Presidenta, es: ¿cuál es el camino que tenemos que recorrer? En mi opinión, el camino que tenemos que recorrer es modernizar nuestra legislación para permitir una mayor fiscalización y que esa fiscalización cambie la conducta de las empresas.
El año 2017 se efectuaron 76 fiscalizaciones; el 2018, el doble: 147 fiscalizaciones. Con respecto a la empresa Essal, el 2017 tuvo 121 sanciones; el 2018, 539, y el 2019, 465. O sea, el Estado ha aumentado la fiscalización y se han incrementado también las sanciones, pero, por alguna razón, las empresas no están respondiendo.
¿Significa eso que el sistema completo está fracasado? ¡No, señora Presidenta! No creo que el sistema completo esté fracasado, y ya mencioné los números. En lo que sí hemos fracasado es en mejorar el comportamiento de las empresas a través de las sanciones que dicta el Estado.
Por lo tanto, es ahí donde tenemos que cambiar la legislación, para escalonar de mejor manera las sanciones y para que estas se traduzcan, efectivamente, en un cambio en la conducta de las empresas, de modo que tengan planes para enfrentar emergencias -cosa que no sucedió en Osorno-, pero, sobre todo, para que formulen planes de desarrollo que verdaderamente se cumplan y, de esa forma, puedan entregar, de manera correcta y eficiente, el servicio a los usuarios de agua potable y del sistema de alcantarillado.
En ese sentido, señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar nuestra legislación en el ámbito de las sanitarias.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación, ha solicitado la palabra el señor Ministro de Obras Públicas.
El señor MORENO (Ministro de Obras Públicas).- Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir que lo sucedido en Osorno es una crisis de enormes proporciones y que, tal como han señalado diversas Senadoras y Senadores, está basada en los errores, en las negligencias y en las imprevisiones gravísimas de la empresa Essal. Y por esa razón nosotros compartimos plenamente la indignación de los habitantes de esa ciudad y también la grave preocupación que ha manifestado cada uno de los asistentes a esta sesión.
Déjenme señalar que a mí me correspondió estar durante la última semana de esta crisis, en forma permanente, en Osorno, y me tocó vivir y compartir todos estos días con las personas más débiles, a las que les tocaron los peores sufrimientos en este episodio; las colas para abastecerse de agua potable, y más aún, el temor de la población por la calidad y el incierto restablecimiento del suministro de agua potable.
El Gobierno, inmediatamente, desde el primer momento, el miércoles 12, cuando se produjo la situación, de la cual se enteró al día siguiente, jueves 13, destinó a Osorno al Subsecretario de Obras Públicas, a la Subsecretaria de Salud y al Superintendente de Servicios Sanitarios, que hoy me acompaña. Y, adicionalmente, el Gobierno regional, presidido por su Intendente y todos los Seremis, se puso a trabajar, se ubicó en Osorno y se hizo cargo de la contingencia.
¿Cuál fue el problema que tuvimos? El problema que tuvimos es que la única planta que abastece de agua potable a esa ciudad, es decir, a 180 mil personas, no estaba en condiciones de entregar agua en la cantidad y en la calidad suficientes.
Lo que se hizo es más largo en días, pero, finalmente, significó abastecer a esa enorme población a través de más de 200 estanques apostados en distintos lugares de Osorno. Hubo que conseguir, trasladar y luego operar en el lugar más de 140 camiones aljibes. Y se dictó la alerta sanitaria, que permitió llevar adelante todos los gastos y todas las iniciativas necesarias, pues el riesgo que enfrentábamos era que se creara una grave emergencia sanitaria por falta de suministro de agua potable a una gran cantidad de personas.
El abastecimiento a los centros de salud, a las personas postradas en sus casas, a todos quienes no pudieran abastecerse de manera adecuada a través de los estanques, tuvo que ser encargado al Ejército de Chile, que puso cuatro plantas que permitieron proveer agua potable, así como camiones y personal que hubo que trasladar a Osorno para lograr abastecer, como digo, al hospital regional y a las personas que no podían salir de sus casas. Otro tanto hizo Bomberos, en fin. Se echó mano a todas las unidades disponibles.
Adicionalmente, cada camión y cada carga de agua tenían que ser revisados en un punto que creamos frente a la Gobernación de Osorno, en la plaza, porque no se sabía si los camiones estaban en condiciones sanitarias adecuadas para ser utilizados. Cada carga de agua provenía de empresas, campos y otros lugares que nos abastecieron de ella para poderla distribuir.
Además -y es el tercer punto que quería mencionar-, esto significó también una fiscalización detallada a toda la planta. Como el proceso de darse cuenta, avisar y cortar el suministro fue muy lento, la contaminación se expandió a todas las instalaciones, desde la captación, el sistema de decantación, los sistema de filtrado, las cañerías hacia los estanques, el principal estanque de distribución. Por lo tanto, todo el sistema de agua potable de Osorno se encontraba contaminado con combustible, problema al cual hubo que hacerle frente.
Solamente se contaba con pozos capaces de abastecer a menos del 30 por ciento de lo que la población requería. Este es un punto que después, al finalizar, quisiera volver a tocar, porque tiene que ver con el grado de vulnerabilidad y de resiliencia de los sistemas que tenemos.
La empresa señaló, inicialmente, que podía resolver el problema dentro de 24 horas utilizando los sistemas de retrolavado de su planta, que eran los habituales. Rápidamente quedó demostrado que aquello no era posible. A todo esto, Essal había anunciado que el corte duraría 24 horas. Lo hizo públicamente en su página web, en fin, donde indicó que el suministro quedaría repuesto en ese lapso.
Para poder efectuar la reparación, hubo que trasladar desde Santiago centenas de toneladas de material para reemplazar todos los filtros de la planta. Los filtros corresponden a 250 toneladas de material: piedras, arena, gravilla, carboncillo, en fin, elementos que, puestos en determinada forma, permiten filtrar el agua.
Fue necesario descontaminar toda la planta, y luego hubo que verificar, en cada parte de ella, que el proceso de descontaminación había resultado exitoso, con equipos de salud que debieron destinarse en forma permanente a cada uno de esos puntos y también con equipos permanentes de la Superintendencia.
Finalmente, decidieron que podían dar el agua nuevamente y, como ustedes saben, eso duró poco tiempo porque no fueron capaces de abastecer toda la demanda de Osorno. Otra vez hubo cortes de agua que hubo que ir a ver. La empresa señaló que se habían producido porque había mucha demanda, porque había turbiedad. Tuvimos que salir a señalar, públicamente, que, siendo ciertos esos dos factores, el fundamental era que solamente estaba operando una parte, una de las dos líneas de floco decantación que hay antes de los filtros, pues la otra no la habían reparado. Hubo que rehacer esta segunda línea y nuevamente fue necesario obtener los materiales, trasladarlos -eran varias toneladas- e instalarlos.
Finalmente, hemos monitoreado la producción y la calidad del agua en forma permanente, hasta ahora. Al día de hoy siguen allí fiscalizadores de la Superintendencia y de los Servicios de Salud, revisando no solo la planta, sino también la distribución, en todos los lugares donde las personas hagan un llamado y manifiesten preocupación por el suministro. Esto ha significado, para la Superintendencia, tener entre ocho y diez personas en las instalaciones de manera permanente.
Hoy día, y desde el domingo, tenemos repuesto el abastecimiento en Osorno, tanto en calidad como en cantidad. Los establecimientos de salud, desconectados y abastecidos por los mecanismos que mencioné, ya se están conectando de nuevo a la red. Por lo tanto, la ciudad está funcionando adecuadamente.
Junto con eso, el Presidente ha considerado fundamental, y se lo ha solicitado a la Superintendencia, que se haga una fiscalización extraordinaria a todas las plantas y sistemas de agua potable del país, la cual se inició tan pronto como él lo pidió, el día 17 de julio, y que significa verificar que en ninguna otra parte del territorio pueda producirse un problema similar a este, de una grave contaminación, por el lugar y la forma en que se operan los combustibles en un recinto tan delicado como una planta de agua potable.
Hoy estamos en la primera etapa de ese trabajo. Se han priorizado 106 de los 174 sistemas de agua potable que hay con captaciones de superficie. Ya llevamos 33 revisados. Y esperamos llegar a los 106 durante la próxima semana, para luego pasar al resto y completar los 174.
En cuanto a las fiscalizaciones, cabe mencionar, tal como se ha señalado aquí, que en el año 2018 se dieron las mayores sanciones, efectivas y pagadas, al sistema de todas las sanitarias, incluida la empresa Essal. Y al primer semestre de 2019, hasta antes de estos hechos, ellas ya superaban con creces las del período anterior, que eran las máximas.
El mismo 2018 se realizó también una auditoría, cosa que nunca se había hecho. Se contrató a una empresa, a la que se le pidió específicamente no ver lo que hace Essal, que es la producción y distribución de agua en Osorno. Se ha señalado que esta información existía y se conocía, pero esta información fue conocida porque la Superintendencia solicitó y contrató los servicios de un equipo de expertos para ir a esa planta, no por lo que ha ocurrido ahora, sino porque ya se vislumbraban las vulnerabilidades que tenía y las posibilidades de que hubiera cortes de suministro en Osorno.
Esa auditoría detectó las numerosas falencias que ya son de público conocimiento. Y la Superintendencia ofició, entonces, a Essal que tenía que reemplazar todos los elementos que no estaban acordes y superar todas y cada una de esas falencias, dándole como plazo máximo para tal fin septiembre del año 2019.
Finalmente, varios de los Senadores se han referido a la Ley de Servicios Sanitarios.
Algunos días antes de que se produjeran estos eventos tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Obras Públicas que lleva este tema en el Senado, y precisamente con el Senador De Urresti y los miembros de esa Comisión coincidimos en la necesidad, antes de lo que hemos visto, de modificar la Ley de Servicios Sanitarios.
Quisiera mencionar algunas de las cosas que se conversaron en esa sesión: la necesidad de que existan mayores sanciones, pero no solamente ello -insisto, esto fue antes de lo de Osorno-, sino que la Superintendencia disponga de más atribuciones, como bien se ha señalado. Además, que se otorguen mayores recursos (solo por dar una idea, la Superintendencia cuenta con menos de tres fiscalizadores por región, ¡por región tiene menos de tres fiscalizadores!). Y, finalmente, un punto que yo considero de gran importancia, tal como señalaba la Senadora Órdenes y otros Senadores: la necesidad de analizar el sistema y la provisión de agua potable en Chile, en el contexto del cambio climático y de otros factores.
Es muy relevante que miremos no solamente el abastecimiento, las tarifas y todas las otras cosas que son muy significativas, sino también la vulnerabilidad: cuál es la posibilidad de que tengamos, como nos sucedió en este caso, una ciudad, de 200 mil personas, sin abastecimiento de un día para otro y por un período prolongado, o con un porcentaje muy alto del abastecimiento perdido.
Hoy día se dio una contaminación interna, por las razones que ya aquí se han mencionado; pero bien podría ocurrir una contaminación externa. En el caso de Osorno, por ejemplo, podría suceder que hubiera una contaminación en el río Rahue, donde esta planta capta el agua, por un accidente, un vertimiento o lo que fuera. El efecto sería exactamente el mismo, y contamos -vuelvo a insistir- con solo dos pozos alternativos.
Nosotros le hemos indicado a la empresa Essal que tiene que construir inmediatamente más pozos en Osorno para poder tener un mayor porcentaje de abastecimiento si es que ocurre cualquier cosa. No digo lo que sucedió, ¡cualquier cosa! Y esto es cierto no solamente para el abastecimiento de agua potable, también tiene que ver con el abastecimiento de riego para la agricultura y otras actividades.
Y, como mencioné, dado el cambio climático, esto es un elemento que tenemos que mirar en todas las regiones, porque todas las regiones -piensen ustedes que esto pasó en Osorno, donde el agua abunda- están sufriendo sequía. Yo la llamaría "sequía relativa". O sea, tienen mucho menos agua que antes y, por lo tanto, las obras que tienen no son suficientes para asegurar un nivel razonable de seguridad como el que tenían antes para el abastecimiento de agua.
Solo quería mencionar que se afirmó que el 70 por ciento de las reposiciones de las sanitarias fueron aceptadas. El número es al revés: más del 70 por ciento de las reposiciones que pidieron las sanitarias fueron denegadas.
Finalmente, en cuanto a lo que se señaló respecto del panel de expertos, una de las cosas que propusimos en la Comisión de Obras Públicas fue precisamente eso. Hoy día para la fijación de tarifas se conforma un panel ad hoc: se nombra a una persona de la compañía, a otra de la Superintendencia y a un tercero de común acuerdo. Ese es el panel que finalmente zanja las diferencias. Por lo tanto, todo queda dependiendo de una sola persona, que es ese tercero. Y nos parece que ha funcionado mucho mejor el sistema que existe respecto a otras obras públicas, en que hay un panel de expertos permanente que cuenta con conocimiento; que compara lo que pasa en un lado con lo que pasa en otro, y que tiene una dedicación, una remuneración y una responsabilidad adecuadas para este tema.
Y tal como acordamos en la Comisión de Obras Públicas, vamos a enviar a la brevedad un proyecto (espero que podamos hacerlo incluso más rápido de lo que señalamos en esa instancia), y por supuesto aquel va a ser uno de los cambios, porque aquí también hay que modificar lo relativo a cómo se generan las tarifas y cómo se resuelven las discusiones entre una parte y otra.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
Me ha solicitado también la palabra el Ministro de Economía.
Estamos en la hora de término de la sesión. Voy a pedir unanimidad para prorrogarla y así poder escucharlo.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Tiene la palabra, Ministro señor Fontaine.
El señor FONTAINE (Ministro de Economía, Fomento y Turismo).- Señor Presidente, voy a ser muy breve.
Los Senadores han expresado, con toda razón, su indignación por el grave daño que sufrieron numerosas personas y empresas por los cortes de agua en Osorno. Y lo que yo quiero informar es que conforme precisamente a esa situación, el Ministerio de Economía y el Sernac convocaron a un proceso voluntario colectivo para recibir todos los antecedentes de los daños ocurridos, estimarlos y fijar las compensaciones correspondientes tanto a los consumidores, personas naturales, como a las empresas afectadas, específicamente, la micro y pequeña empresa.
El proceso voluntario colectivo es una fórmula que se creó en la última modificación a la Ley de Protección al Consumidor, como ustedes deben saber, y esta va a ser la primera vez que se utilice ese procedimiento voluntario colectivo.
La Ley de Protección al Consumidor dice relación con personas naturales y, en consecuencia, excluye los daños a empresas, por ejemplo, microempresas y pequeñas empresas. Por eso hemos decidido participar como Ministerio de Economía en el proceso, a efectos de hacernos cargo de extender o de lograr que la empresa extienda más bien las indemnizaciones correspondientes a las micro y pequeñas empresas, que el llamado "estatuto pyme" declara que deben ser tratadas para casos de este tipo como personas naturales.
La empresa Essal ha aceptado el procedimiento voluntario colectivo. En el día de mañana se reúne por primera vez la mesa en el Ministerio de Economía, con participación del Subsecretario de Economía, del Sernac, de representantes de consumidores y de mipes afectadas (micro y pequeñas empresas) y con la propia empresa Essal.
La indemnización que fija la ley, que corresponde a la facturación de 10 días por cada uno de los días sin agua, es la base sobre la cual se evalúa esto. En caso de que los daños sean superiores al monto que resulta de ese cálculo, se le pedirá a la empresa que entregue indemnizaciones adicionales.
Esa es la negociación que se va a realizar en esta mesa si es que prosperan esas conversaciones. Esperamos que muy prontamente sea posible entregarles a los consumidores y a las micro y pequeñas empresas afectados una justa indemnización. Si no hay acuerdo en la mesa se procederá con las acciones colectivas en los tribunales.
En los casos de las empresas medianas y grandes, ellas van a ser apoyadas por nosotros. Pero ahí el recurso se presentará directamente a los tribunales, porque no existe un proceso equivalente al voluntario colectivo, sin perjuicio de que, dependiendo de cómo prosperen los recursos ante los tribunales, podría naturalmente llegarse a un acuerdo extrajudicial.
Eso es cuanto quería informar. Estamos avanzando en este proceso y nos encontramos optimistas respecto de la posibilidad de arribar a buen puerto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Ministro.
Quedan dos minutos.
Tiene la palabra el señor Superintendente.
El señor RIVAS (Superintendente de Servicios Sanitarios subrogante).- Señor Presidente, en estos pocos minutos, solo quiero relevar dos conceptos respecto de la fiscalización, ya que ha estado tan en boga nuestro rol fiscalizador como Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Y me gustaría reflejar dos ideas fuerza.
Primero, con lo que nosotros tenemos, que es poco, sí podemos hacer más cosas. Considero que en Osorno hicimos bastante. Logramos ejecutar una auditoría, como se señaló, en diciembre, ya que se habían estado detectando falencias en los meses y años anteriores. Pero tenemos que mejorar nuestras coordinaciones como Estado. Nosotros debemos fiscalizar junto con la SEC, que es la encargada de los temas relacionados con combustibles y su manejo. Y ya estamos trabajando en eso. Las fiscalizaciones que practicamos esta semana fueron acompañadas en algunos casos por fiscalizadores de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y contamos con alguna información proporcionada por ellos que vamos a comenzar a mirar.
En segundo término, efectivamente nos faltan recursos y atribuciones. Hoy día tenemos menos de tres fiscalizadores en regiones grandes. Por lo tanto, resulta imposible pensar en una fiscalización efectiva, presente en todo momento. Hay regiones que cuentan con 20 o 30 sistemas, y con dos a tres personas es imposible acceder a ellos. Además, muchas veces cuentan solo con un vehículo para trasladarse, algunas veces con más de diez años de antigüedad, que no funciona bien.
Entonces, tenemos algunas limitaciones de recursos y también de atribuciones. Nosotros estamos enfocados en fiscalizar resultados, es decir, en garantizar la continuidad y la calidad del servicio. Pero no nos hemos puesto a fiscalizar cómo se llega a esos resultados. Y hoy día vemos que es insuficiente centrarse solo en estos, y que debemos indagar cómo se alcanzan. Y para eso necesitamos, por supuesto, más recursos y asimismo cambiar nuestro foco, y eso ya lo estamos instruyendo.
Yo llevo solo cuatro meses en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y dos meses como subrogante del Superintendente, pero ya he visto que tenemos opciones de mejora y estamos trabajando en ello.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Superintendente. Va a tener bastante trabajo, seguramente, en los próximos meses. Y deseamos que el proceso avance.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.