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CREACIÓN DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS


El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos en el Senado tiene una significación múltiple.
En primer lugar, se trata de una obligación establecida en la ley que creó la nueva institucionalidad ambiental, en el sentido de enviar al Congreso Nacional una iniciativa que transforme a la Conaf en un servicio público, y, asimismo, de remitir otra que cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es precisamente a lo que se refiere este proyecto en particular. ¿Con qué objeto? Con el de separar dos organismos diferentes en funciones relacionadas, en lo grueso, con la política forestal, por una parte, en cuanto al control y la protección ante los incendios forestales, y, por otra, con la protección a la biodiversidad.
En segundo lugar, esta iniciativa no solo traspasa las actuales competencias que posee la Corporación Nacional Forestal respecto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, centradas mayormente en bosques y otras áreas protegidas, sino que incorpora nuevas áreas, como las marinas, santuarios de la naturaleza y humedales, que hoy están muy débilmente protegidos.
Posteriormente, haré referencia a la situación de la Conaf o el nuevo Sernafor que se está discutiendo, respecto del cual tengo diferencias con el proyecto, que quisiera hacer explícitas.
Esta iniciativa también incorpora nuevas funciones asociadas a los inventarios de especies y ecosistemas, a los ecosistemas amenazados, a los planes de restauración de ecosistemas degradados y a las atribuciones para intervenir sobre especies exóticas.
Es bien importante remarcar algunos hitos muy relevantes.
Actualmente, más de un millón 300 mil kilómetros cuadrados de nuevas áreas marinas están protegidos, pasando del 4 al 42 por ciento de nuestro mar, así como 4 millones y medio de kilómetros cuadrados de parques nacionales en el extremo sur de Chile. Todo eso se alcanzó en el Gobierno anterior, bajo la dirección de la Presidenta Michelle Bachelet.
Si hemos sido capaces de incrementar la protección de la naturaleza con la magnitud que muestran esos datos, ciertamente que necesitamos instituciones fuertes para que esta protección sea efectiva y no meramente declarativa. Sin embargo, los cambios institucionales deben hacerse bien, de manera que signifiquen un avance, permitan abordar los problemas de competencias y generen instituciones robustas, con atribuciones efectivas y teniendo siempre muy presentes los derechos de los trabajadores.
A mi juicio, aun considerando que esta iniciativa de ley avanza en general en el camino correcto, mantiene falencias que deben ser resueltas, algunas de ellas especialmente importantes.
En primer lugar, y se votará en particular dicho articulado, se incorpora el concepto de compensación en biodiversidad, el que asume la pérdida de la biodiversidad como un hecho y crea mecanismos para compensar esa pérdida, utilizando criterios económicos bastante cuestionables, como son los biobancos o bancos de compensación. Esto no es algo accesorio, se trata de algo complejo, en que subyace una forma de valoración del patrimonio natural y la búsqueda de equivalencias para reemplazar unas especies por otras. Y, por tanto, creo que es un tema que debiera ser debatido con mayor profundidad.
En segundo lugar, este proyecto presenta un severo problema de financiamiento, sobre todo si se considera el aumento de las áreas protegidas. Varios Senadores han hecho referencia al respecto, porque de los 39 mil millones de pesos considerados, solo 11 mil 600 millones estarán destinados a la administración de las áreas protegidas, a su cuidado y a su protección, valga la redundancia. Estamos hablando en total de unos 15 mil 500 millones para este ámbito. Los otros 11 mil 600 millones de pesos serán destinados a la administración.
Por tanto, los recursos no son suficientes, y no tiene sentido crear una institucionalidad cuando no se cuenta con herramientas para que esta funcione adecuadamente.
En tercer lugar, el traspaso de las áreas silvestres protegidas desde la Conaf al nuevo servicio no está resuelto adecuadamente y de manera apropiada, en mi concepto, pues las capacidades institucionales de la Conaf en esta materia son del conjunto de la institución y no solo del equipo específico que aborda este tema. De hecho, cuando se debatió en la Comisión de Agricultura el proyecto de Sernafor en particular, yo voté en contra de una disposición que era coherente con la contenida en este articulado.
Creo que se está tomando una decisión errónea, que puede tener un impacto negativo en cuanto al objetivo perseguido por todos respecto de las áreas protegidas. Me parece que -le pido un minuto más, señor Presidente- la mantención de esta competencia en la Conaf habría tenido más sentido, sobre todo por las capacidades institucionales que hoy día existen. Y, por eso, soy contrario al cambio que se expresa en este proyecto -reitero- en relación con el texto que establece el Sernafor.
No obstante, considero que esta iniciativa debe ser aprobada, y se han solicitado votaciones separadas respecto de ciertos articulados que tendrán que ser debatidos y, por cierto, resueltos en este Congreso, algunos de los cuales obviamente votaré en contra sobre la base de las consideraciones que he señalado anteriormente.
Lo importante aquí es que el estándar ambiental en Chile es cada vez más exigente; hay un cambio cultural que hace que la sociedad esté mucho más alerta en esta materia; existe conciencia sobre el impacto del calentamiento global, y, sobre todo, conciencia respecto de la responsabilidad que a todos nos corresponde en estas áreas. Por eso, la creación de una nueva institucionalidad robusta va en la senda correcta para efectos de que nuestro país haga su trabajo y su contribución a fin de vivir en un planeta al que todos protejamos bajo un modelo de desarrollo sustentable.